AGLI Recortes de Prensa   Jueves 2 Agosto 2018

Las tonterías de Pedro Sánchez
Javier Caraballo El Confidencial 2 Agosto 2018

Dices que antes que decepcionada, empiezas a estar cabreada y que eso te sienta peor todavía porque afecta más a tu estado de ánimo. La decepción se supera y, mientras eso sucede, lo único que puede ocurrir es que te encuentres aplatanada, pero el cabreo es otra cosa. El cabreo hay que digerirlo, tiene su tiempo de crispación interior hasta que se pasa, y siempre se corre el riesgo de hacer algo o de decir algo de lo que después te acabas arrepintiendo. No será el caso, porque se trata de política, y no están los líderes a mano para decirles lo que se piensa de ellos. Por eso me lo cuentas, porque no tienes la oportunidad de echarte a la cara a Pedro Sánchez y decirle lo que piensas: “A ver, Pedro, ¿por qué no dejas de hacer tonterías? Con todo lo que has conseguido, con el mérito que tiene lo que has hecho, con la ilusión que has vuelto a despertar en nosotros, muchos votantes socialistas desencantados, a qué viene cometer esos errores tan elementales. Con no hacer tonterías, tienes suficiente en esta legislatura, el tiempo que dure. ¿Cómo no te das cuenta de que lo único que tienes que hacer es dar ejemplo, que otra cosa no puedes, y te empeñas en equivocarte en eso, que es elemental?”.

Dices que se trata de cabreo y no decepción, porque la diferencia entre una cosa y otra es que lo primero habría podido evitarse y lo segundo no. Lo que puede evitarse y no se hace, irrita más que cuando algo viene mal dado, o es imposible de conseguir. En esos casos, lo que opera es el viejo proverbio chino que nos aconseja mirar los problemas con distancia y despreocupación porque “si algo tiene remedio, no debes preocuparte porque tiene remedio; pero si no tiene remedio, no te preocupes porque no tiene remedio”. Esa misma filosofía la plasmó también el refranero español con una sentencia más contundente: “A lo que no tiene remedio, litro y medio”. La barra de un bar, que es el gran psicólogo de la humanidad para aliviar los desengaños de la vida. Esa decepción, en todo caso, llegará, si es que se produce, mucho más adelante y siempre estará relacionada con acciones de gobierno, con promesas y reformas que no se cumplan, pero eso no va a ocurrir en esta legislatura tan inesperada.

Dices que nadie va a exigirle a Pedro Sánchez que acabe en un año y medio con la precariedad laboral y los contratos de miseria, herencias de la crisis que la patronal querrá perpetuar para seguir ganando mas dinero. Nadie puede exigir que la igualdad real entre hombres y mujeres se establezca en este tiempo, ni que se restablezcan los servicios sociales que han dejado tiritando con los recortes.

Dices que por esa misma cuestión, que sabiendo que nadie de los suyos va a exigirle más allá de lo que está haciendo, te cabrean tanto las tonterías de Pedro Sánchez. “A ver, que es muy fácil, que todo esto ya está inventado, ¡limítate a no meter la pata! La gente de izquierda te lo va a perdonar todo en este año y medio, menos que te equivoques en las formas”. ¿Se puede prever lo que va a ocurrir si uno se va a un concierto de música en un avión oficial? Evidentemente, porque no es la primera vez. ¿Se pueden calcular los comentarios jocosos después de publicar un reportaje de la vida cotidiana de Pedro Sánchez como si se hubiera criado en la Casa Blanca? Por supuesto, eso que lo haga Tom Cruise, que gana dinero con las películas, pero no un presidente socialista del Gobierno de España. ¿Y las vacaciones, el último error absurdo de Pedro Sánchez? Después de llevar un mes y medio en el cargo, a qué viene eso de cogerse el mes de agosto de vacaciones, casi al completo, como si llevase en el cargo toda la vida. A la playa a Mojácar y luego al Palacio de las Marismillas, en Doñana. ¿No hubiera sido más fácil ofrecer el ejemplo de un presidente de izquierdas haciendo algo distinto de lo que haría cualquier otro presidente? Si vas a un concierto con tu familia, lo haces en tu coche, de la misma forma que lo habrías hecho tres meses antes de ser presidente del Gobierno. O en turista de avión o de tren. Si haces un reportaje de fotos, que no sea una pedantería ostentosa; más discurso político y menos fotos con gafas negras. Si necesitas coger vacaciones, te aguantas, porque ningún trabajador en España tiene un mes de vacaciones cuando ha encontrado empleo un mes y medio antes. Y la medida de un presidente socialista en las formas siempre tiene que ser la de las clases trabajadoras.

Dices que lo peor de esos tres errores de libro han sido las justificaciones que se han ofrecido 'a posteriori' desde La Moncloa, porque no solo no han mejorado nada sino que, objetivamente, han acabado agravando aún mas lo sucedido. Es como una cadena de despropósitos: primero caes en un error de libro, perfectamente evitable, y después, cuando el personal te critica y la oposición pide explicaciones, ofreces una explicación absurda en la que, el más paciente, pensará que lo están tomando por gilipollas. En cada episodio, ha ocurrido algo parecido. Cuando el reportaje aquel primero de Pedro Sánchez haciendo deporte en los jardines del Palacio de la Moncloa, lo que dijeron sus asesores es que “las formas en política son el fondo”. Y se puede estar de acuerdo con esa afirmación si no fuera porque unos días más tarde, cuando iba camino de Bruselas para una cumbre comunitaria, publicaron otro reportaje artístico del presidente en el avión presidencial, hablando con los asesores y siempre con las gafas de sol puestas. Y para remate, un detalle de sus manos: “Las manos del presidente marcan la determinación del Gobierno”.

Dices que aún fue peor después, cuando el incidente del avión oficial para ir a un concierto de The Killers. En vez de reconocer que fue un error, en vez de admitir que fue una decisión precipitada o que los asesores aconsejaron el avión oficial porque era mucho más eficaz y rentable por las medidas de seguridad que hay que adoptar, en vez de cualquier explicación razonable, se opta por la tomadura de pelo: “El presidente tuvo agenda institucional todo el día, y por la noche se acercó a un evento cultural. Es decir, tuvo agenda de cultura por la noche”. ¿De verdad era necesaria esa bobada?

Dices que tu preocupación mayor ha llegado con las vacaciones, porque otra vez ha sucedido lo mismo cuando han comenzado a llegar las criticas: si son tres veces seguidas, ya podemos descartar que se trate de errores puntuales, esa forma de actuar marca tendencia. En vez de reconsiderar esas ‘megavacaciones’ al mes de llegar al cargo, o simplemente de reconocer que el presidente está cansado y le han aconsejado que desconecte unos días, en vez de cualquier explicación humanamente comprensible, ya ha salido un portavoz oficial que ha querido justificarlo diciendo que las vacaciones de Pedro Sánchez son “un derecho y un deber”. Es decir, que encima de todo, se quiere poner de ejemplo. A los que estén quemados de trabajar, pero el sueldo no les da para unas vacaciones familiares en la playa o en la sierra, lo del ‘derecho y el deber’ les debe haber sentado como una patada en el culo. “¡Que te lo estoy diciendo, a ver, que es muy fácil, Pedro Sánchez, que todo esto ya está inventado, limítate a no meter la pata!”. Luego te has marchado, acaso más relajada porque también el cabreo, como las burbujas de la cerveza y del champán, va desapareciendo en cuanto se abre la botella.

La pomada de la Calvo
Nos ponen a un bolchevique a enseñarle a Cervantes ideología de género
Hermann Tertsch ABC 2 Agosto 2018

Con España incendiada por la ola de calor, por el desprecio generalizado de las leyes por gobernantes y gobernados, por la coacción y la violencia impune en fronteras y en arterias bloqueadas de ciudades secuestradas, es importantísimo mantener el buen humor para evitar que la furia juegue alguna mala pasada al sufrido ciudadano. No vayan a acabar detenidos los pacíficos contribuyentes que pagan la fiesta en un país en el que hoy todo matón tiene patente de corso para la permanente impunidad de sus tropelías. Para reírnos siempre tendremos a Carmen Calvo. Su patosa pretenciosidad es fuente inagotable de chistes y gracietas que distraen a los españoles de sus muchas cuitas. Nadie se equivoca tanto cuando habla sin decir nada.

Ayer Calvo oficiaba la toma de posesión de Luis García Montero como director del Instituto Cervantes. Un acto al nivel de la vicepresidenta, desde luego, porque se trataba de celebrar a un muy mediocre poeta cuyo único mérito para llegar a dirigir el buque insignia de la cultura española en el mundo es ser uno de los jefes de la «pomada cultural» del izquierdismo carpetovetónico, tan sectario como paleto todo el. Y dentro del mismo, ser además un comunista tan odiador como su mujer, Almudena Grandes, la escritora de la revancha miliciana y bolchevique por antonomasia, mascarón de proa de toda la nueva apología del chequismo que triunfa en la izquierda desde aquel aciago marzo de 2004 en que Zapatero lanzó su maldición contra la Transición y sus instituciones. Calvo se puso a dar consejos y le dijo a este Beria del ripio que lo único que importa es la igualdad. «Llevas el mejor nombre: Cervantes. Hay que proteger a don Alonso, pero también a Sancho, a Aldonza y a Dulcinea, porque no hay mejor cultura que la igualdad». La igualdad es la cultura. ¿Quién da más? El dinero público no es de nadie. La cultura es el GPS para moverse en sociedad. Esa también es de ayer.

Calvo es vicepresidenta del Gobierno de España y, lo que es más grave aun, catedrática de Derecho Constitucional. Eso puede agriarnos el humor. Lo de vicepresidente es una circunstancia casual y discrecional que es lamentable, pero como tal asumible. Lo que revela el grado de deterioro del Estado y su administración es que Calvo sea catedrática de Derecho Constitucional. Ella que dirige lo que tantas veces parece una banda de gamberras que ofenden a la Constitución, al sentido común y a la lengua a diario. Y capaces de poner a un enemigo de la Constitución y de la Monarquía a dirigir el Cervantes.

Sánchez también tiene un título inexplicable. Es doctor en Economía aunque su tesis doctoral esté bajo siete llaves y es sospechosa de haber sido presentada en fraude de ley. Quien la vio dice que es un bodrio vergonzoso que no habría pasado una reválida del bachillerato franquista. La hiciera el equipo del ministerio de Miguel Sebastián como se dice, o no, lo decepcionante es el desinterés absoluto por la tesis doctoral del presidente que muestra esa jauría de sabuesos periodísticos que tantísimo ha ladrado sobre unas supuestas irregularidades de Pablo Casado, que han resultado falsas. Ahora ya, como no tienen master para hincar el diente, han convertido a Casado en «xenófobo» y «racista». Por pedir que se combata la inmigración ilegal y se fomente la legal. Por pedir seguridad en las fronteras y medios para que las fuerzas de seguridad cumplan con su deber. Circulan por ahí buenos videos en los que el santo laico de la izquierda española, aquel brillante farsante que es Barack Obama, dice exactamente lo mismo que Casado. Al final, el problema de Casado va a ser que es blanco.

Abuso de poder desde el Gobierno
ANDRÉS BETANCOR El Mundo 2 Agosto 2018

El poder público tiene una fuente, la soberanía nacional (artículo 1.2 Constitución), se ejerce conforme a la Ley (art. 9 CE) y sirve a un objetivo: el interés general (art. 103 CE). Así debería ser. Sin embargo, el poder puede ser ilegal, arbitrario y abusivo; en pocas ocasiones estas tres características se suman, fruto de una concepción (política) que admite su servicio a los intereses particulares del gobernante y a los de su partido. La utilización por el presidente Pedro Sánchez del avión oficial para asistir a un concierto del Festival de Benicàssim es la muestra más descarnada, pero no la más relevante. Siguiendo la tradición del bipartidismo, el Gobierno está procediendo al nombramiento de altos cargos entre los acólitos sin atender a un criterio mínimo de razonabilidad: reunir los méritos y la experiencia adecuados a las tareas a desempeñar.

Desde la toma de posesión de Sánchez, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el nombramiento de más de 275 altos cargos. A éstos habría que añadir los que no se publican en el BOE, como los presidentes y directores de entidades y de empresas del denominado sector público empresarial que son designados, siguiendo las indicaciones del Gobierno, por sus propios órganos de dirección. La relevancia de estos nombramientos es incuestionable. El daño que puede hacer, por ejemplo, el Director General del Libro, no es equivalente al de la mala elección de un presidente de una sociedad que factura miles de millones y cuenta con miles de empleados. Sólo las empresas del grupo Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) facturan casi 4.000 millones y cuentan con 73.000 empleados; Correos, una de las integrantes del grupo, factura más de 1.600 millones y tiene 50.000 empleados.

Según el Inventario de Entes del Sector Público Estatal, dependen de la Administración General del Estado, en el denominado sector público empresarial, 144 sociedades y 13 entidades públicas empresariales. Si nos centramos de forma concreta en los nombramientos más escandalosos, por ejemplo, en las empresas de la SEPI, los nuevos presidentes de Correos, Navantia, Enusa, Saeca, Cetarsa, entre otros, no cuentan, según los currículos facilitados, con méritos y experiencia relacionados con la actividad de la empresa. No parece razonable pasar de jefe de gabinete del secretario general del PSOE a la presidencia de la más importante empresa española de transporte de correspondencia y mensajería; de los incendios forestales a la construcción de buques; de la vocalía de una fundación municipal (además investigada por irregularidades) al combustible nuclear; de la formación marítima a los seguros agrarios; de la cooperación al desarrollo al tabaco... Y no son los únicos casos. Entre las entidades públicas empresariales, el nuevo presidente de Paradores sólo puede mostrar su experiencia política, como el de Seacsa (promoción cultural); y el de Sasemar (salvamento marítimo), siendo generosos, con el transporte terrestre.

Con todo, lo más sobresaliente no es la ausencia de formación y experiencia en el sector de actividad; sino en la gestión empresarial. Probablemente, no han visto un balance en su vida. Con este requisito en la mano, la lista podría incrementarse sustancialmente. Tener conocimiento en el ámbito correspondiente, no los convierte en unos gestores competentes.

No pongo en duda la cualificación de los nombrados; pero falta la única realmente relevante: la adecuada al puesto para el que han sido escogidos. Todos o casi todos tienen en común el mérito político. Se ha calculado que el 44% de la Ejecutiva federal del PSOE ha sido nombrado para ocupar cargos en la Administración. El mérito político conduce a resultados como pasar de movimientos sociales al salvamento marítimo (Sasemar).

La Ley exige que "el nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas... Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar" (art. 2 Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado). Y se añade, "en la valoración de la formación se tendrán en cuenta los conocimientos académicos adquiridos y en la valoración de la experiencia se prestará especial atención a la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos desempeñados, que guarden relación con el contenido y funciones del puesto para el que se le nombra".

No es una regla perfecta porque falla la pieza esencial: un controlador adecuado, o sea, independiente. El citado artículo dispone que "la idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo". O sea, quienes proponen y nombran son los que asumen la tarea de verificar el cumplimiento del requisito de idoneidad. Y, en caso de falseamiento o incumplimiento, se considerará infracción muy grave. En tal caso, ¿quién sanciona? El Consejo de Ministros, o sea, el órgano en el que se sientan el presidente y los ministros responsables, en última instancia, de lo que sucede. Al final, sólo podrá corregirse en vía judicial. Otra vez más son los tribunales la última trinchera del Estado de derecho. No tendría que ser así. Debería existir un procedimiento previo de verificación para impedir, al menos, los casos más escandalosos.

Es otro rasgo, lamentable, del bipartidismo. Se alcanza el poder reclamando "regeneración" hasta que se cruza el umbral de La Moncloa. Una vez instalado, vence el impulso de premiar, con los cargos públicos (y sus sueldos, algunos importantes), a los fieles. El poder y sus prebendas son convertidas en patrimonio, cual botín, que repartir.

La falta de idoneidad es causa de mala gestión, la cual ocasiona importantes pérdidas. El sector público es ineficiente porque está en manos de incompetentes; y lo está porque la formación y la experiencia de los directivos designados no son valoradas según las necesidades del puesto a ocupar. No es un problema, sólo, de gestión, sino de gestores. Y la raíz está en la discrecionalidad, sin control, que se les ofrece a los políticos para nombrar a sus acólitos, con desprecio a los ciudadanos.

Las consecuencias van más allá de las meramente económicas. M. Ignatieff, en su último libro (Virtudes cotidianas. El orden moral en un mundo dividido) afirma que "el objetivo de una sociedad liberal [como la nuestra] es crear leyes e instituciones que hagan que la virtud sea cotidiana": buenas instituciones y buenas virtudes, el círculo virtuoso del progreso. Las malas instituciones, en cambio, desalientan el comportamiento virtuoso de los ciudadanos, lo que alimenta, en un proceso sin fin, los peores defectos de los gobernantes como la inclinación al abuso. Lord Acton proclamaba que todo poder tiende a corromper y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Son las instituciones las que evitan que se cumpla la Ley de hierro de la oligarquía; la que arrastra, también, a los ciudadanos. Porque "la virtud cotidiana en la vida privada depende de unas instituciones públicas fiables" (Ignatieff).

La ilegalidad, la arbitrariedad y el abuso del poder quiebran la legitimidad, la confianza y la seguridad en las instituciones; el marco que hace posible la convivencia conforme a las aspiraciones de la libertad. Los políticos, con comportamientos como el aquí expuesto, creen que su conducta cínica e hipócrita, basada en la mentira, no tiene castigo. En el fondo piensan que los ciudadanos, en las mismas circunstancias, harían lo mismo. El cinismo y la hipocresía de unos alienta el de los otros. Se rompe el círculo virtuoso; se va socavando la legitimidad de nuestras instituciones y también la de nuestro modo de convivencia.

El griterío "regenerador" en la oposición, el silencio en el Gobierno; el reparto del botín, sin complejos y sin remordimiento, van resquebrajando la lucha contra la corrupción ("todos son iguales") y la defensa de la igual dignidad de todos los españoles. El desprecio hacia el ciudadano es devuelto con desprecio a la Política, a los políticos y a las instituciones. El cinismo y la hipocresía se convierten en ilegitimidad de las instituciones; si se empeñan en tratar a los ciudadanos como niños a los que se puede engañar, éstos, a su vez, los tratarán como niños. Y esta infantilización de la democracia sólo beneficia a los corruptos, a los oportunistas y a los golpistas secesionistas.

Andrés Betancor es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra.

Una redefinición de Europa
Alejo Vidal-Quadras Gaceta.es 2 Agosto 2018

La Historia no se detiene y, contrariamente a lo que postuló Fukuyama en los exaltantes días que siguieron a la caída del Muro de Berlín, jamás alcanza un final, La Unión Europea fue creada tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial como experimento post-histórico destinado a no repetirlos – “plus jamais ça” – en la creencia de que la cooperación económica facilitaría la cohesión política y la aparición de una identidad supra y transnacional capaz de conjurar con su racionalidad los viejos fantasmas sangrientos del nacionalismo excluyente y del populismo demagógico. Superpongamos a la condición potencialmente agresiva de alemán, francés, italiano o británico, se dijeron los padres fundadores, una ciudadanía europea ilustrada que haga permeables las fronteras a las mercancías, las personas y los capitales, e impermeables a los tanques y a los cañones. Sin duda, un hermoso sueño mientras duró, una bella utopía que la crisis financiera global iniciada en 2009 y la inmigración irregular masiva amenazan con destruir.

Las organizaciones internacionales se ponen en marcha en un determinado contexto geoestratégico que puede cambiar, obligándolas a adaptarse o a devenir obsoletas y perecer. La OTAN, sin ir más lejos, surgió por las necesidades de la Guerra Fría en un mundo bipolar. La desaparición de la Unión Soviética en 1989 modificó por completo el escenario de defensa y seguridad del bloque occidental y la Alianza Atlántica se vio obligada a replantearse su razón de ser y su misión. Lo mismo le está sucediendo a la Unión Europea, construida sobre unas bases conceptuales y una traumática experiencia bélica que han perdido gran parte de su fuerza movilizadora en las nuevas generaciones de europeos, cuyas preocupaciones y cuyo marco mental son otros muy distintos a los imperantes en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado.

Hoy las elites de Bruselas y los Gobiernos de los Estados-Miembros fundadores, sobre todo Francia y Alemania, se enfrentan a tres problemas que todavía no han sido capaces de resolver: la llegada a la Casa Blanca de un Presidente hostil a la Unión Europea, a la que percibe como un enemigo y no como su mejor y más fiel aliado, la reaparición de los antiguos demonios del nacionalismo egoísta y del populismo autoritario al calor de las consecuencias de la gran recesión y de la afluencia incontrolada de refugiados procedentes de Oriente Medio y de África, y la emergencia de nuevos poderes no necesariamente amistosos como Rusia o China, que complican los equilibrios comerciales y el mantenimiento de un orden mundial estable basado en el derecho y en el respeto a las reglas. Este cuadro inquietante e imprevisible en su evolución exige que la Unión Europea se redefina y encuentre un relato convincente que vuelva a suscitar la adhesión de sus ciudadanos porque el euroescepticismo no sólo ha alzado su hirsuta cabeza en la Europa central y oriental, sino que está presente en forma de partidos populistas de extrema derecha o de extrema izquierda en rápido crecimiento en la Europa occidental.

Durante siete décadas los europeos hemos vivido cómodamente protegidos por el paraguas nuclear norteamericano y nos hemos desenvuelto con soltura en el orden liberal global liderado por Washington concentrados en la construcción interior de nuestra estructura de integración continental y en nuestro papel de primera potencia comercial del planeta. En los últimos años, el entorno ha mutado y nuestro enfoque y nuestra estrategia han de responder a desafíos que no contemplábamos hace tan sólo diez años. Hemos de ser conscientes de que la Administración Trump, por paradójico y perturbador que resulte, está decidida a romper con la política internacional imperante en su país y que ningún Presidente había alterado en sus rasgos esenciales desde 1945. Y también hemos de asimilar que la reacción nacionalista defensiva de Estados-Miembros como Polonia, Hungría, Austria o Italia no son patologías a combatir con sanciones, sino que obedecen a inquietudes reales y a dificultades tangibles que hay que afrontar.

La situación es de suma gravedad y no hay que descartar que en la delirante concepción de Trump de America First la desmembración de la Unión Europea sea un objetivo deseable. En este contexto, y el Brexit ha sido un aviso muy serio, o las instituciones comunitarias adquieren conciencia de la magnitud de los problemas a los que nos enfrentamos o la Historia, que sigue su curso frenético e impredecible, las enterrará.

El sueldo de Torra y los bulos
Pablo Planas  Libertad Digital 2 Agosto 2018

El presidente de la Generalidad en Barcelona, Quim Torra, tiene la fea costumbre de mentir en nombre de todos los catalanes, cosa por la que seguramente se ha subido el sueldo un 5,2%, hasta los 146.926 euros, siete mil más que su jefe Puigdemont. Como quien no quiere la cosa, el viajante de ratafía cobra casi el doble que el presidente del Gobierno. Claro que Torra es un presidente catalán de la Generalidad, lo que no es comparable con ser el presidente de esa escoria infecta de ADN averiado que somos los españoles, según el racista.

Torra es un fulero compulsivo que gasta pólvora del rey contra el Rey. La última idiotez dicha en nombre del pueblo entero es: "Nunca es tarde para pedir perdón, pero Felipe VI ya no es el rey de los catalanes". A saber de dónde habrá sacado Torra la especie de que el Rey va a pedir perdón y quién coño se cree que es para decir que los catalanes no tienen rey. Cierto que la monarquía carece de buena prensa en Cataluña, pero cada vez que personajes como Torra y Colau se meten con el Rey crean miles de felipistas horrorizados ante el panorama de una república amarilla del tres por ciento y los narcopisos.

La difusión de bulos, ahora fake news, es otra de la especialidades de Torra, que en dos días ha hecho correr los infundios de que Llarena cenaba con espías del CNI cuando fue sometido a la típica bienvenida catalana ("hijoputa, fascista, las calles serán siempre nuestras") y que la presidenta de Estonia se había manifestado a favor de la liberación de los "presos políticos" golpistas. Todo mentira, en la línea habitual, pero cuela.

Así es que Torra calla que se ha puesto un sueldo de futbolista por criticar al Rey y difundir bulos y el Gobierno, en vez de hacer algo al respecto, se reúne con los golpistas en una comisión bilateral para hablar de autodeterminación, presos y "exiliados". Podrían hablar del taxi, pero prefieren cargarse la monarquía constitucional para dar gusto a los Pujolone, a Artur, el Astucias, Mas, al pastelero loco y ahora a este presidente Chistorra del churro naziamarillo que se lo lleva crudo.

¿Por qué no entran en el Peñón de Gibraltar?
Agapito Maestre  Libertad Digital 2 Agosto 2018

Todo el mundo sabe que Gibraltar es una colonia británica entre dos ciudades españolas, la Línea de la Concepción y Algeciras. También todo el mundo sabe que las pateras cargadas de inmigrantes no entran jamás en la colonia de Su Graciosa Majestad. Prefieren quedarse al lado, o sea desembarcan con extrema facilidad en nuestras playas. La pregunta obvia es: ¿por qué los inmigrantes eligen las costas españolas, bien la playa de la Atunara o El Rinconcillo, y no las del Peñón de los ingleses? Mil respuestas hay para resolver el enigma, pero todas ellas acabarán levantando acta de lo evidente: Inglaterra no permitiría lo que acepta de mejor o peor grado España. Mientras que el Reino Unido defiende sus fronteras con el monopolio legítimo de la violencia, España cede a todas las tentaciones buenistas y de la falsa corrección política. La solidaridad española, dirán los demagógicos gobernantes de la Moncloa, no tiene comparación con la insolidaridad británica.

Pero no se trata de un problema de solidaridad sino de defensa de las fronteras nacionales: o nos defendemos o nos invaden. Los inmigrantes africanos saben bien dónde van y por qué no desembarcan en territorio inglés. Son conscientes de que Inglaterra recibiría a tiros a los ilegales o, sencillamente, los devolvería a su lugar de origen. Las mafias que se dedican al tráfico humano en el Estrecho de Gibraltar saben que Inglaterra protege como Dios manda sus fronteras, y por eso optan por España, tan flexible que se diría que la nación está en almoneda. No es ni siquiera nación. Es un conglomerado de cantones desgobernados por un fulano, llamado presidente del Gobierno, que está apoyado por un nazi que preside el cantón de Cataluña. España, hoy por hoy, no es un país con un Gobierno normal, sino un gentío dirigido por gente sin escrúpulos que dice cosas anacrónicas y ridículas. Basta escuchar a la vicepresidenta del Gobierno para saber de qué va esta vaina… Y el presidente, el señor Sánchez, ¿qué dice? Nada, porque aún no ha dado una rueda de prensa para explicarnos sus planes y someterse al llamado control de la prensa libre. Dos meses en la presidencia del Gobierno, se dice pronto, y aún no ha dado una rueda de prensa. Esto, reitero, no es una democracia de opinión pública sino un gentío de corte venezolano.

Pero a lo que iba, ¿por qué los inmigrantes ilegales no desembarcan en el Peñón de Gibraltar, la colonia británica, que los ingleses tienen en la península para vergüenza de todos los españoles? Porque ni las ONG ni las mafias organizadas en el tráfico de seres humanos y mercancías prohibidas quieren jugárselas con un país, como Inglaterra, que se hace respetar con el recurso fundamental de los grandes Estados: la violencia legítima. El Gobierno español, por el contrario, no sólo renuncia a defender sus fronteras con sus fuerzas de seguridad y de orden público, sino que vilipendia, insulta y persigue a quien esgrime que es menester que España defienda sus fronteras con lo único que tiene el Estado: el monopolio legítimo de la violencia. Cuando un Estado abandona ese recurso, está al borde del abismo. Cuando unos dirigentes del Estado tratan de ponérselo fácil a los delincuentes ilegales y dicen que retirarán las concertinas o vallas de alta seguridad para que los ilegales tengan menos dificultades para asaltar nuestras fronteras, entonces tenemos todo el derecho del mundo a llamarles traidores…

Los pobres africanos que tratan de llegar a Europa tienen intuiciones claras y distinguen bien una sociedad vertebrada, como es la británica, de otra vieja, acobarda y con un Gobierno débil y desnortado, como el de Sánchez. En fin, los inmigrantes no tocan el Peñón de Gibraltar porque no quieren arriesgarse a perder sus vidas. Prefieren la España que promociona la vida aunque sea a costa de su propia existencia. Así de echaos palante son los los nuevos celtiberos que votan a la casta política que nos pastorea. Por otro lado, tengo la sensación de que las mafias y los inmigrantes conocen bien la historia de Inglaterra en América y su contraste con la historia de España: mientras que la primera jamás respetó a los indios, casi los aniquiló allí por donde pasó, la historia de España no sólo los integró sino que se mezcló con ellos, en realidad, los españoles somos tan indios que no necesitamos hacer el indio, lo somos. Para hacer el indio ya están los presidentes de los cantones y su jefe de la Moncloa. País de cartón piedra.

Casado y la peor izquierda, ante el drama de la inmigración
EDITORIAL  Libertad Digital 2 Agosto 2018

Ni la oposición a la temeraria política de "papeles para todos" debe ser patrimonio exclusivo de la extrema derecha ni, menos aún, los buenos sentimientos hacia quienes huyen de la opresión, la guerra y la miseria del Tercer Mundo deben serlo de la extrema izquierda. Todo el mundo puede hacerse cargo de las tremendas penalidades que viven los inmigrantes que tratan de buscar un mejor porvenir en Europa y, al mismo tiempo, ser plenamente consciente de que la solución a este grave problema no radica en abrir de par en par las fronteras para que los Estados de la Unión se hagan cargo de estos parias y dejen que deambulen por las calles como vagabundos o delincuentes. En este sentido, nada más miserable, delirante y hasta suicida que equiparar el control de las fronteras y la tolerancia cero hacia la inmigración ilegal con la xenofobia, el racismo y el fascismo, entre otras cosas porque nada banaliza y contribuye más a cebar las filas de los movimientos ultras que el calificar de "fascista" a quien considera, con toda la razón, que el "papeles para todos" es un desastre para todos, incluidos sus supuestos beneficiarios.

A este respecto, hay que celebrar el esperanzador y cada vez más desacomplejado giro que algunos Gobiernos democristianos y socialdemócratas europeos están dando en pro de un control más estricto de la inmigración, sin temor o aun a riesgo de que se les tache de xenófobos y racistas desde una extrema izquierda que, sin vergüenza, por otro lado jalea a regímenes que gobiernan mediante el terror y son máquinas de generar inmigrantes económicos, refugiados y exiliados. Así, el partido socialdemócrata alemán ha acordado recientemente con sus socios democristianos un paquete de medidas para frenar la inmigración irregular y endurecer la política de asilo tras el rotundo fracaso de la política precedente de Angela Merkel.

En España, líderes como Albert Rivera o el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, cada vez tienen menos reparos a la hora de exigir un estricto control de las fronteras y salir en defensa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que las protegen. El líder de Ciudadanos, tras una visita Ceuta, ha pasado incluso a la ofensiva con la presentación de una proposición no de ley para que los grupos presentes en el Congreso "apoyen de manera explícita a los agentes de la Guardia Civil y la Policía que día tras día defienden nuestras fronteras con una intachable profesionalidad". En cuanto a Casado, en su visita a Algeciras ha tenido el acierto de demostrar que estrechar la mano a los inmigrantes y preocuparse por su situación no es incompatible con criticar el efecto llamada que están provocando "la falta de responsabilidad, el buenísimo y la demagogia del Gobierno".

Aun así, está visto que la izquierda española, que nada hace por promover que la democracia y el capitalismo acaben con los regímenes despóticos, colectivistas y tercermundistas que provocan auténticos éxodos en los países que subyugan, sigue empecinada en arrojar a la hoguera de la xenofobia, el racismo y el fascismo a quienes consideran que la solución no radica en acoger a todo el mundo. Con total desvergüenza, dirigentes del PSOE y de Podemos han arremetido contra la "insultante incoherencia" en que supuestamente habría incurrido Casado al asegurar que no es posible que haya "papeles para todos" y a la vez "irse a Algeciras a estrecharles la mano". Para la izquierda menos canalla, quizá lo coherente habría sido que Casado hiciera lo que suele hacer ella, mentir con total desfachatez o decir una cosa y luego hacer otra totalmente distinta.

Afortunadamente, las posiciones de la peor izquierda y de los medios de comunicación más irresponsables cada vez tienen menos predicamento en Europa... y entre los propios votantes del PSOE y de Podemos; razón de más para desembarazarse de las falsas asociaciones y los atenazadores complejos que impone una muy tóxica corrección política.

Lengua de España
ARCADI ESPADA El Mundo 2 Agosto 2018

La melopea es el estado natural en el que vive y piensa la izquierda española. Luis García Montero, por ejemplo. En reciente entrevista triunfal al cuidado de la prensa socialdemócrata, el flamante director del Instituto Cervantes declaraba: "La defensa del español tiene que ver con las situaciones reales del mundo (...) Cuando veo determinadas ofensas a México o Centroamérica las siento como propias". Ahí queda poéticamente simplificado, como por oficio, el programa del nuevo director. Hasta ahora la defensa del español se asociaba con la expansión de la Raza. O con la expansión de la Pasta. Pero ahora se trata de defender el español porque es la lengua de los humillados de América. Puramente cómico. Por supuesto, los humillados tienen una opinión distinta del asunto: solo hay que ver con qué rapidez adoptan, entre las primeras medidas para sobrevivir en el mundo real, la de aprender inglés.

Aparte de los humillados, el nuevo director va a tratar de contentar a los ofendidos. Una de sus prioridades será la defensa y promoción de las otras lenguas que se hablan en España. Es verdad que los estatutos del centro amparan su voluntad. Tanta verdad como que lo real ha hecho retórico ese mandato: el interés por el asturleonés, el aragonés, el aranés, el catalán, el gallego y el vasco es incomprensiblemente limitado fuera de España. El tratamiento de estas lenguas como lenguas españolas, que es el que prefiere el nuevo director, es además profundamente inadecuado. España no es la suma, sino la unión, de todas sus regiones. O sea, a lo que debería aspirar Europa. Esto tiene una correspondencia perfecta en el ámbito lingüístico. La lengua de España es solo una, porque solo en una se entienden todos los españoles. Una koiné no es solo una característica técnica, sino también moral. De nuevo esto se percibe correctamente echando un vistazo a Europa, donde es imposible, por desgracia, hablar de la lengua de Europa y obligatorio hacerlo de sus lenguas.

Las lenguas no son patrimonio de humanidad ninguna, sino un molesto objeto de resignación. La consideración genérica sirve para entender perfectamente por qué el conjunto de los españoles no debe contribuir a fortalecer sus resignaciones. Allá cada catalán, gallego o vasco haga lo que le parezca en sus babeles y se lo pague. La intención nacionalista de hacer del castellano en España una especie de inglés en Europa -una lengua a la que no pueden discutir su poder, pero sí su representatividad- es obvia. Lo extraordinario es que altos funcionarios del Estado español se muestren plenamente dispuestos a la colaboración.

La izquierda agita el fantasma populista
Jorge Vilches. vozpopuli  2 Agosto 2018

La operación para echar al rincón de la extrema derecha al PP, y en menor medida a Ciudadanos, es cualquier cosa menos sutil. El socialismo de Sánchez, sin más programa que un spot sin fin, se aferra a la creación de diferencias con sus competidores como forma de hacer política. Es un zapaterismo degradado y agresivo con el que el presidente del Gobierno establece la agenda política no para resolver problemas, sino para marcar distancias.

La táctica es convertir cada tema en una dicotomía de trinchera donde el adversario recibe etiquetas que lo sitúan en el reverso tenebroso. Los dos campos más señalados en este sentido son la “memoria histórica” y la inmigración. Los socialistas y sus gurús creen que pueden agrupar todo el voto que hay a la izquierda de Cs si agitan dos fantasmas: el franquismo y la xenofobia.

La primera cuestión, los restos de Franco y de su régimen, es más que evidente: el político que se niegue a sacar los restos del dictador y convertir el Valle en un centro para la subvención de “historiadores de la memoria” se convierte automáticamente en franquista. No faltan para esto los colaboradores espontáneos que posan con banderas y saludos fascistas al pie de la Basílica, cargando de razón a la izquierda política y mediática.

La segunda cuestión, la referida a la xenofobia, requiere más atención. El fantasma del rechazo al extranjero y el trasfondo del racismo precisaba de un acto mediático, simbólico, fotogénico y emocional que marcara un antes y un después. La operación del Aquarius era perfecta para iniciar la estrategia: un salvamento humanitario irreprochable. Era la manera de ir marcando las líneas del conflicto político imaginario. A un lado, la izquierda, con su superioridad moral y su faro emocional; al otro lado, la derecha cruel, hipócrita, xenófoba y racista, colindando con el fascismo.

El cálculo contaba con la sobreactuación de Salvini, el ministro italiano, fiel representante del populismo nacionalista. Construido el relato de buenos y malos, no había más que confirmar esas trincheras en la Unión Europea, fuente de la corrección política y de la ingeniería con dinero público. Así, Sánchez obtuvo la palmada de Macron y los 53 millones de Juncker para atender a los inmigrantes ilegales en España, que es una buena forma de que no pasen los Pirineos.

Luego vinieron las acusaciones teatrales de los cargos socialistas. Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Migraciones con Zapatero y no por casualidad rescatada por Sánchez para ejercer el mismo empleo, vinculó a Casado con Matteo Salvini y las “derechas reaccionarias”. El pecado del nuevo líder del PP fue afirmar, tras el asalto a la valla de Ceuta, que “no es posible” que “el Estado del bienestar” en España absorba la llegada de “millones de africanos”.

No ha faltado a la campaña de propaganda Carmen Calvo -a quien hay que recordar que ya no es oposición, sino Gobierno- al afirmar que Casado y Rivera “promueven la xenofobia”. De hecho, el PSOE ha puesto en marcha un hashtag que llama “el Salvini español” al jefe del PP, y los socialistas andaluces lo califican de “el Le Pen español”.

Sin embargo, no solo el PP no tiene ninguna de las trazas del populismo -han salido bastantes obras académicas al respecto en los últimos años-, sino que este juego gubernamental es peligroso. No me refiero solo al ejemplo paradigmático del socialismo francés, que intentó agitar la xenofobia para dividir a la derecha y se encontró con que el electorado comunista se pasó al Frente Nacional. Estoy hablando del uso de un drama humanitario para hacer baja política, de aquella que saca lo peor del hombre y genera enfrentamiento social.

Pedro Sánchez, siguiendo la estilo de Zapatero, ha dado así la vuelta a la definición de la política gubernamental: el arte de crear conflictos para generar identidad y mover al electorado. En este caso, el socialista utiliza el problema de la inmigración para agitar el fantasma de una derecha populista que en España no existe. Mal asunto.

Inmigración y la razón de la sinrazón
Enrique de Santiago okdiario 2 Agosto 2018

Te encuentras con que, personas extrajeras con discapacidades severas, a las que se acogió en este país, con cariño, y se las dotó de todo tipo de servicios, nos pagan con la “explotación” de los trabajadores a los que mantienen de forma irregular y “estafar” a la Seguridad Social, a la que no pagan para, cuando algún político nacional se le ocurre afirmar que la inmigración debe de regularse y no aceptar la entrada masiva e indiscriminada de extranjeros, permitirse el lujo de afirmar que son “enemigos de la razón”. ¿De qué razón, majete? ¿De la tuya? ¿De la de no respetar España? ¿De la de morder la mano que te dio de comer? ¿La de que tenemos recursos finitos para necesidades infinitas y que, por tanto, se han de poner límites e imponer prioridades a las necesidades que se van a cubrir?

La propiedad es un derecho fundamental no sólo recogido en nuestra Constitución, que estos memos quieren destruir, sino también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y una explicación de la existencia de las fronteras como un derecho inalienable de propiedad de la nación a su territorio, que se defiende, incluso, con la fuerza, que será aplicada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, de producirse una acción violenta, por el Ejército. Con toda esta mierda de la posverdad, pretenden que el ejército sea una panda de señoritas Pepis destinadas a repartir flores y la policía unas hermanitas de la caridad, y miren ustedes que entre las labores de la milicia está la ayuda humanitaria y los servicios sociales, es una realidad. Que el empleo de la fuerza debe de ser el último recurso a utilizar por un Estado democrático, no es discutible; pero, también, que las policías y los ejércitos son los depositarios únicos del uso de la fuerza y no se debe de tener miedo a su utilización, si la situación lo precisa, es algo indiscutible.

Resulta sorprendente que quien se ha dedicado a la aplicación del Derecho Penal sin sentimientos, de forma quirúrgica, ahora pretenda que las fronteras sean entradas a la discoteca sin portero y sin derecho de admisión, para permitirse el lujo de criticar a los demás, tras crear una situación de colapso en la que la Policía debe de abandonar las labores propias de servicio al ciudadano, para dedicarse a entregar mantas y cama a quienes, de forma violenta, entraron en nuestro país, agrediendo a nuestros guardias civiles y policías. El problema de las migraciones no es un problema que pueda, ni deba, resolver España en soledad y, como es lógico, la ayuda humanitaria no se le debe negar a nadie; pero la frontera debe de ser sacrosanta, no se puede permitir la violencia de los invasores sin repelerla con toda la fuerza precisa y con el buenismo o la falsa moralidad no damos solución a los que migran por motivos muy variados.

Las causas de las invasiones modernas se han de resolver en origen, con la práctica de políticas de enseñar a pescar y no de regalar peces y, cuando se acoge a cualquier persona, ésta debe asumir la cultura y forma de vida española o irse a otro lugar. Nunca se me ocurre ir a casa ajena e imponer mis costumbres, sino que, dentro de los límites de la cortesía y el buen hacer, las realizaré sin imposición, acomodándome a las del que me acoge. Tampoco pretendo meter 10 zapatos en una caja en la que sólo caben 5… ¿para cuándo aplicaremos la razón?

Llegó el caos ciudadano y el Gobierno claudicó
“La derrota suele ser pasajera, es la claudicación la que la vuelve permanente” Marilyn vos Savant.
Miguel Massane diariosigloxxi 2 Agosto 2018

Cuando un gobierno está sustentado en la nada, muy difícilmente podrá cumplir con su función de gobernar un país, de defender los derechos de sus ciudadanos, de hacer que las leyes se cumplan y que la justicia sobresalga contra aquellos que utilizan la presión y el chantaje para intentar conseguir sus objetivos pese a lo injustos, descabellados o irrazonables que sean. Este Gobierno, presidido por el señor Pedro Sánchez es, desde sus comienzos, un inmenso bluff creado a base de engaños, oportunismo, descalificaciones del adversario y promesas irrealizables; construido sobre una apuesta política en la que el tiempo tiene mucho que ver y, la capacidad de resistencia de este personaje, sin duda alguna, va a resultar determinante. No tienen programa de gobierno, no disponen de recursos para llevar a cabo todos los cambios que han venido anunciando, no cuentan con los apoyos precisos en las Cortes y, por si fuera poco, van a tener que hacer juegos malabares si quieren hacer creer a la UE que son capaces de hacer sus cambios sociales sin incumplir con los límites impuestos para el déficit público y la Deuda nacional.

Los ministros, al menos la mayoría de ellos, se han convertido en meros voceros de las “supuestas virtudes del socialismo” en lugar de hábiles gestores de sus respectivos ministerios. Apenas hace un mes que se hicieron cargo de la gobernanza del país cuando ya se encuentran enfrentados a gravísimos problemas con los que lidiar sin que, hasta estos momentos, hayan sido capaces de solucionarlos de una manera satisfactoria, antes bien, lo único que se les ocurre para justificar su evidente incapacidad, es la habitual cantinela de toda la izquierda que, cuando consigue el poder, se aferra a él con uñas y dientes, utilizando como medio de exculpar sus errores el sistema de atribuir al gobierno anterior la responsabilidad de aquellos temas que se ven incapaces de solucionar.

Hoy se ha confirmado lo que ya se venía temiendo. Ante el desafío abierto, intolerable, chulesco y violento del gremio del taxi, que comenzó por colapsar Barcelona y, gracias a la evidente pasividad de las autoridades autonómicas y nacionales, se ha ido extendiendo hasta adquirir proporciones verdaderamente preocupantes. En dos reuniones que se podrían haber ahorrado, dado el talante, evidentemente propicio a las teorías de los taxistas, esgrimido por los representantes del ministerio de Fomento que, por lo visto, no quieren coger el toro por los cuernos y se aferran a la postura de transferir (una más de las pocas que le quedan al Estado) a la Comunidades autónomas y a los municipios las competencias sobre este tema. La táctica del señor Sánchez: de esquivar los problemas, conseguir aplazarlos y evitar compromisos que le pudieran perjudicar a la hora de convocar las elecciones en las que tiene puestas todas sus esperanzas sigue siendo lo que viene marcando su política actual.

Es obvio que las formas, la impunidad, la agresividad, el desprecio por la ciudadanía y por las resoluciones judiciales de estos taxistas que, así y todo, intentan decir que lo que quieren que se cumpla la ley, cuando lo que es cierto es que sus actuaciones durante estos cinco días, en los que han tenido en vilo a la mayoría de las ciudades importantes de España, no ha sido más que una demostración de cómo un puñado de salvajes han atentado contra los derechos de millones de ciudadanos españoles, a los que los ha impedido ir al trabajo, acudir a sus citas, iniciar sus vacaciones y, por si fuera poco, poner a parir a los turistas que nos visitan masivamente cada año por estas fechas, sin que ninguna autoridad, salvo los ejemplares guardias municipales de Bilbao que han sancionado con multas de 500 euros a los taxistas por su lentitud conduciendo.

Nunca habíamos tomado partido en esta batalla entre los taxistas y las empresas de alquiler de coches con conductor. Sin embargo, la publicidad que se le ha dado a este contencioso, la evidencia de que el servicio de taxis se ha convertido en uno de los pocos monopolios que siguen vigentes en este país, en perjuicio de los legítimos derechos de los ciudadanos a beneficiarse de la sana competencia, que abarataría los precios, excesivamente elevados, de los viajes en taxis, y el escándalo de la impunidad de la que gozan gracias a una falta de toma clara de posiciones de las autoridades municipales; nos han hecho interesarnos en un asunto en el que, evidentemente se trasluce el caos en el que se ha convertido la vida en estos municipios, que han caído en manos de comunistas o socialistas, en los que la tolerancia, la inacción, la falta de autoridad y las concesiones al grupo de okupas y antisistema van convirtiendo la vida de las personas de orden en un calvario difícil de soportar.

No es de recibo que los enviados del ministerio de Fomento a negociar con los taxistas (ya es una demostración de debilidad que los que han organizado el pitote en todas las grandes capitales de España hayan sido los que hayan obligado al Gobierno a ceder) se hayan mostrado antes las dos partes con las que se han reunido, abiertamente favorables a los responsables del desaguisado, de modo que los que han acudido en representación de Uber y Cabify hayan salido con la impresión de que no se habían escuchado sus argumentaciones ya que, al parecer, la decisión del ministerio ya estaba tomada de antemano y no precisamente de un modo favorable a unos señores a los que se les han concedido licencias, que han invertido mucho dinero en sus coches y que, para más INRI, a los que no se les permite circular sin ser objeto de graves agresiones con daños materiales muy importantes en un centenar de sus vehículos.

Lo que sí es cierto es que, estos taxistas que se han saltado todas las normas convirtiendo su huelga en un medio de poner a las ciudades en estado de sitio, impidiendo la libertad de los ciudadanos a desplazarse por ellas para atender a sus necesidades, han abierto la veda para que, cualquier otro gremio que se vea con fuerza de invadir las calles, amenazar a los viandantes y utilizar la violencia sin importarle los daños que causen a quienes les estorben, utilice la misma estrategia para conseguir aquello que quiera obtener. Todo tiene su lógica y, si unas autoridades comunitarias, como ha sido el caso de la Autonomía catalana, pueden levantarse en contra del Estado, imponer sus normas, incumplir las leyes, incluso la Constitución, huir al extranjero para, desde allí dirigir la revolución en Cataluña e, incluso, tener una casona en Waterloo (Bélgica) con un rótulo a la puerta donde se puede leer “ República catalana”, sin que el gobierno de aquella nación ponga ningún impedimento, cuando es obvio que se trata de un intento de perjudicar en su integridad soberana a la nación española y sin que, el Gobierno socialista haya hecho la menor referencia a semejante incongruencia.

No sabemos hasta dónde llegará esta farsa contra la unidad de España, ni tampoco hacia qué clase de fracaso nos van a llevar los actuales gobernantes inermes ante la inmigración y el problema catalán; pero de algo si vamos a estar seguros, de que vamos a conservar nuestro voto como oro en paño y no vamos a dárselo más que a aquel partido que nos haya demostrado hasta la hartura que va a luchar con todos su medios contra semejantes depredadores de la prosperidad del país y de la democracia en España.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no somos capaces de llegar a entender cómo, en unos pocos años ( sí es cierto que con una crisis de por medio) nuestra nación puede haber dado semejante cambio, hayamos perdido todos aquellos valores familiares y éticos que durante tantos siglos se fueron manteniendo y, por añadidura, todas las personas que mantienen sus principios morales, que no creen en filosofías relativistas y que son capaces de sentir en su interior un amor a su patria España, hemos sido tan tolerantes e incapaces de mostrar de una forma pública, nuestro desagrado y rechazo a todos estos nuevos métodos de entender la gobernación de una nación, prescindiendo de instituciones de tanta solera como son la familia, la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la hermandad entre todos los españoles. Faltará ver si todo esto no acaba como sucedió en otras ocasiones en las que se produjeron situaciones similares a éstas por las que estamos pasando. Dios dirá.

Así empezó Hugo Chávez
OKDIARIO 2 Agosto 2018

Manipuladores en lo público, censores en lo privado. Pablo Iglesias y Podemos supuran tics chavistas casi con cada propuesta. Especialmente cuando el tema concierne a los medios de comunicación. En ese particular, las analogías entre el difunto dictador Hugo Chávez y los populistas españoles resultan más que evidentes. Desde que Pedro Sánchez alcanzara la Presidencia del Gobierno, Iglesias ha tratado de cobrarse su apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy a través de la consecución de un papel preponderante en RTVE. Ahora, además, no sólo pretende mangonear el Ente informativo de todos los españoles, sino que también quiere medrar en los contenidos de las televisiones privadas. Por muy precaria que sea la estabilidad gestora del Ejecutivo socialista debido a sus 84 diputados, Sánchez no puede permitir estas veleidades a los populistas bolivarianos.

En primer lugar, por el bien general de los ciudadanos; en segundo lugar, por su propio interés, ya que si Podemos se hiciera con el control de los medios de comunicación, sería el principio del fin para el PSOE y también para el propio Pedro Sánchez. Tras una propuesta en apariencia inocua como que las televisiones privadas emitan una cuota de música en catalán hay una aviesa intención de manipulación ideológica mediante la imposición. Socavar los medios privados para fortalecer unos medios públicos caídos en la desgracia de la manipulación sería el sueño de los podemitas. Algo que ya hizo Hugo Chávez en Venezuela durante su mandato: revocación de licencias a las corporaciones críticas, imposiciones a medios contrarios, cierre masivo de emisoras y vetos y restricciones a la información en Internet. Medidas que fueron denunciadas por Reporteros Sin Fronteras.

El origen de toda aquella maniobra que censuró —entre otras muchas realidades— la violencia gubernamental durante las elecciones parlamentarias de 2010 en el país caribeño, llevó a miles de profesionales fuera del país. Iglesias lleva desde hace tiempo intentando hacerse con el control informativo en España. Su voluntad de intervenir las privadas es una prueba más de que tras dar el visto bueno a Begoña Alegría como jefa de informativos de RTVE —simpatizante y seguidora del partido de Iglesias— , o el apoyo al independentista Jaume Roures para que se haga cargo de las externalizaciones de la cadena, no hay más que un plan preconcebido para convertir los medios públicos y privados en auténticas sedes de propaganda. El PSOE, que por ahora ha actuado bien con el nombramiento de Rosa Maria Mateo, no debe caer de ninguna manera en la trampa de Iglesias. De lo contrario, daría los primeros pasos para convertir España en un remedio de la coerción informativa que sigue amordazando Venezuela en la actualidad y que nació de las obsesiones dictatoriales de Hugo Chávez.

El 'Bienvenido Mr. Marshall' de la extradición de Puigdemont
Fide El Confidencial 2 Agosto 2018

I. Quien, como funcionario, abogado, juez o fiscal, tenga experiencia práctica en la ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega (en adelante: euroorden), o también en los antiguos procesos —más restrictivos— de extradición, estará perplejo ante lo sucedido con Puigdemont. En pocas palabras: basta conocer someramente la práctica de este tipo de instrumentos internacionales para concluir que el Tribunal Supremo español no estaba pidiendo nada distinto de lo que nuestros tribunales vienen dando a Alemania y a otros países con normalidad desde hace años, aunque justo en este caso concreto el tribunal alemán se haya permitido obstruir la tramitación.

Bien sencilla es la razón del sistema de la euroorden: como ya no hay fronteras internas, que se detenga a una persona en Berlín o París para trasladarla a Madrid o Valencia —allá donde esté reclamada por un juez—, es tan natural —e indispensable— como si se le detiene en Sevilla o Valencia y es puesta a disposición judicial ante un juzgado en Málaga o Barcelona. De eso se trata y esto lo entiende cualquiera, por mucho que como los estados de la Unión Europea todavía mantienen cuotas de soberanía, el sistema conlleve aún cierta burocracia judicial. Pero la idea es que en la práctica sea eso: puro y simple papeleo, sin más.

II. Se han publicado ya valiosas contribuciones de juristas de mucho prestigio que han explicado lo anterior desde puntos de vista teóricos y que demuestran en detalle que asiste plena razón al Tribunal Supremo español. Por ello, limitaremos nuestras líneas a un breve recordatorio desde una perspectiva práctica de cómo se sustancian las euroórdenes en España en su día a día, para así poder decir con conocimiento de causa qué le era exigible al tribunal alemán si quería —como debía— cumplir con un obvio principio de reconocimiento mutuo o hasta de simple reciprocidad con la Justicia española.

La respuesta es limpia: nuestra praxis demuestra sin fisuras que España cumplimenta las euroórdenes que recibe sin obstaculizarlas lo más mínimo, sin artificios ni martingalas, de tal manera que resulta claro que en el caso Puigdemont el tribunal alemán no ha estado en absoluto a la recíproca.

III. La euroorden tiene, en primer lugar, una tramitación directísima si el país que reclama lo hace por algún delito que se encuentra contenido en un listado de 32 ilícitos ya predeterminados que conllevan entrega inmediata. Es el caso de la malversación de caudales públicos, por lo que respecto de dicho delito debió producirse la entrega sin más.

Y sin embargo, el tribunal alemán se dedicó a solicitar información suplementaria al Tribunal Supremo español, para decidir si procedía o no la euroorden por malversación. Ergo: aunque finalmente la Audiencia de Schleswig-Holstein haya decidido acceder a la entrega por este delito de malversación, ya el haber pedido información al Tribunal Supremo es muy, pero que muy revelador de una determinada actitud del tribunal alemán. Para ser exactos: una actitud crasamente contraria al sistema de la euroorden y, sobre todo, al principio de reconocimiento mutuo que debió —y no lo hizo— presidir su decisión.

Y así, basta comprobar cómo operan nuestros tribunales, para visualizar de forma nítida el grado de deslealtad al principio de reconocimiento mutuo y a la Justicia española con la que se ha comportado el tribunal alemán. Citemos, casi escogida al azar, una de las decenas de resoluciones, que ya desde mediados de 2000 resuelven así en España: basta con comprobar “la identidad, autoridad judicial que la expide, naturaleza y tipificación del delito, relato de hechos y pena máxima a imponer”, pues cuando “las infracciones han sido encuadradas por la autoridad judicial alemana en la categoría” de alguno de los 32 delitos predeterminados, “es procedente la entrega sin control sobre la tipificación de los hechos” (AAN/Sala de lo Penal/27-3-07). ¿Leen Vds. que la Justicia española pida información suplementaria o muestre desconfianzas desleales? No, ¿verdad? Hay un 'formulario tipo' y basta con ello. ¿A quién acabamos de leer que se fía el ‘encuadre’ del delito? Pues al país requirente, justo lo contrario de lo hecho por la Sala de Schleswig-Holstein, que se lo ha arrogado para sí misma, siendo en realidad el país requerido.

Créame el lector: como esta, hay decenas de resoluciones españolas, y no solo con Alemania, sino con el resto de los países adscritos al sistema de la euroorden.

IV. Esta misma actitud obstruccionista y contraria a derecho del tribunal alemán es la que ha llevado a denegar la entrega por los delitos de rebelión y sedición. Pues aunque estos delitos no estén entre los 32 de concesión directa, existe jurisprudencia más que de sobra para poder concluir que la entrega era obvia, y que de nuevo se ha quebrantado el principio de mutuo reconocimiento o, si se prefiere, de reciprocidad entre países amigos que operan bajo el espacio Schengen.

Y así, también ya desde la segunda mitad de 2000, existen resoluciones que lo ratifican: para un caso en el que Alemania reclamaba —fuera del listado de los 32— que le entregaran a una madre española que había traído a su hija a España impidiendo al padre el acceso a la niña (hecho descrito por los alemanes en apenas una docena de líneas), los breves y únicos fundamentos jurídicos de la resolución española fueron: “Concurren los requisitos legales y formales en la euroorden expedida por la Fiscalía de Maguncia, por dos delitos de sustracción de menores. (…) Se ha efectuado indicación de la identidad y nacionalidad de la reclamada, autoridad judicial que la expide, resolución de detención antecedente, naturaleza y tipificación del delito, relato de hechos y pena máxima a imponer y además las infracciones han sido encuadradas por la autoridad judicial alemana en la categoría del apartado 2 del art. 9 de la Ley. (…) es procedente la entrega a Alemania” (AAN/Sala de lo Penal/18-4-07). Más no dice la resolución española de entrega, ni falta que hace.

¿Han leído Vds., a pesar de que el delito no es de los 32 de entrega directísima, que el tribunal español pregunte o ponga en duda lo que le comunicaron desde Alemania? ¿Que se plantee si es verdad o no que la madre había sustraído los hijos al padre o que discuta en qué pruebas se basa el juzgado alemán? No, ¿verdad?

Es más: en cuanto al requisito de la doble incriminación —si lo sucedido es delito tanto en España como en Alemania—, basta leer incluso los procedimientos de extradición que se sustanciaban bajo la vigencia del Convenio Europeo de Extradición antes de instaurarse la euroorden, para ver que ya entonces simplemente se comprobaba si según el relato del país requirente había delito, pero jamás se ponía en duda dicho relato y menos se analizaban las pruebas para llegar a dicho relato, es decir, justo lo que excediéndose ha hecho el tribunal alemán, que hasta ha creído la versión de Puigdemont en contra de lo afirmado por el Tribunal Supremo.

La ‘entradilla’ que se repetía en dichos procesos de extradición daba buena cuenta de que los hechos, según se le relataban al tribunal español, no se discutían: “Fundamentos de derecho: los hechos así relatados constituyen delitos de encubrimiento, intento de estafa electrónica, (…) del Código Penal alemán; y se corresponden con los delitos de encubrimiento, tentativa de estafa (…) del Código Penal español. Concurren, por tanto, los requisitos de doble incriminación (…) El tribunal acuerda: acceder a la extradición de Alexander a Alemania” (AAN/Sala de lo Penal/27-11-06). Como vemos, nuestros tribunales se referían a los hechos “así relatados”, es decir, como Alemania se los relataba a España en sus peticiones, sin modificarlos. También justo lo contrario de lo que ha hecho el Tribunal de Schleswig-Holstein.

V. (Desiderátum) Defendiendo en una ocasión a un cliente frente a una extracción solicitada por EEUU, se tuvo oportunidad de estudiar el cuadro estadístico de reciprocidad: y resultó que en los últimos años EEUU había instado en España cerca de 160 extradiciones, y habíamos concedido todas menos un par de ellas; y bien al contrario, la estadística demostraba que España había solicitado durante esos mismos años a EEUU unas 25 extradiciones, de las cuales no nos habían concedido prácticamente ninguna —unas estaban pendientes 'sine die', otras habían sido denegadas, de otras nada se sabía, etc.—.

“Un vergonzante” —dije en el alegato final del juicio— “Bienvenido Mr. Marshall procesal-extradicional, incompatible con el principio de reciprocidad”. España recibía con alegría las extradiciones que pedía ese pueblo con poderío —EEUU—, y ellos pasaban, pasaban muy de largo de nuestras peticiones. El juicio se ganó y la extradición fue denegada a los EEUU en esa particular ocasión.

La Justicia alemana ha debido estar encantada de cómo se recibían en España sus euroórdenes en los últimos años: puro trámite, una confianza casi ciega

Sin duda que la Justicia alemana ha debido estar encantada de cómo se recibían con alegría en España sus euroórdenes en los últimos años: puro trámite, una confianza casi ciega. Y no decimos que eso fuese incorrecto, pero resulta que a lo que se ve no hay mutuo reconocimiento, ni reciprocidad. ¿Y entonces? Pues entonces esta realidad deja dos insatisfactorias alternativas: o bien España se replantea seguir cumplimentando de la forma vista las euroórdenes alemanas —casi con agasajo, entregando sin más—, y empezamos a realizar por cada petición su correspondiente pre-juicio, como el que Alemania ha hecho en el caso Puigdemont —solicitudes de información, valoración de los hechos y pruebas, dar pábulo a la declaración no contradicha del 'extraditurus', etc.—, lo cual sería justa reciprocidad con la Justicia alemana, pero a la vez el fin del sistema de la euroorden. O bien España continúa como hasta ahora, respetando los parámetros de la euroorden, pero entonces tendremos el relatado 'Bienvenido Mr. Marshall' extradicional en estado puro: España recibiría con papanatismo judicial las peticiones alemanas, mientras Alemania pasaría de largo de las españolas.

Con el fugado de nuevo en Bélgica, quizá ya solo quede que al menos en algún momento, al hilo de este u otro supuesto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ponga las cosas en su sitio y reproche lo sucedido —y lo que 'de facto' sigue sucediendo en Bélgica—, porque es intolerable. Y si eso no llega, hablar de 'Unión' Europea será una filfa.

Ha hecho muy bien el Tribunal Supremo rechazando la entrega sesgada que pretendía el tribunal alemán; el plan Marshall ya no pasó una vez por España.

*Javier Sánchez-Vera es doctor en Derecho por la Universidad de Bonn y catedrático acreditado de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. Oliva-Ayala Abogados SLP (OTRI). Miembro del Consejo Académico de Fide.

Denuncia de Ciudadanos
Sánchez lleva 15 dedazos de afines al PSOE en empresas públicas con 2,6 millones en sueldos
Segundo Sanz okdiario 2 Agosto 2018

Ciudadanos ha elaborado un informe en el que denuncia al menos 15 dedazos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en empresas públicas estatales. Así, el partido de Albert Rivera critica que el 44% de los miembros de la Ejecutiva del PSOE han sido colocados en cargos públicos. Y cifra además en 2.603.000 euros el importe total de las retribuciones anuales que percibirán estos altos cargos vinculados al PSOE y en buena parte con carné del partido.

La formación naranja viene denunciado que el Ejecutivo socialista no haya optado por perfiles técnicos en estos puestos de la Administración siguiendo criterios de mérito, capacidad y neutralidad. También forma parte del listado Luis García Montero, excandidato de IU para la Comunidad de Madrid.

Según ese informe del partido centrista, al que ha tenido acceso OKDARIO en su versión más actualizada, los protagonistas de esos dedazos, con las retribuciones anuales que percibirán en tales puestos (de entre 91.000 y 500.000 euros), son los siguientes:

–Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas con Zapatero y responsable del programa económico de Pedro Sánchez en las generales de 2015 y 2016: 500.000 euros anuales como presidente de Red Eléctrica.

–Jesús Huerta, alto cargo de la Junta de Andalucía: 220.000 euros como presidente de Loterías del Estado.
–José Vicente Berlanga, exvicesecretario general del PSOE en la Comunidad Valenciana: 210.000 euros como presidente de Enusa.
–Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de la Ejecutiva Federal del PSOE: 190.000 euros como presidente de Correos.

–Óscar López, exsecretario de Organización del PSOE y exsenador: 180.000 euros como presidente de Paradores Nacionales de Turismo.
-Isaías Taboas, exsecretario de Estado con Zapatero: 160.000 euros como presidente de Renfe.
–Juan Andrés Tovar, exalcalde y exsenador extremeño: 160.000 euros como presidente de Cetarsa.

–María Ornella Chacón, exconsejera de Obras Públicas y Transportes de Canarias: 110.000 euros como presidenta de Puertos del Estado.
–Alejandro Soler, exalcalde de Elche: 110.000 euros como director general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes).
–David Cierco, exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Pozuelo: 110.000 euros como director general de Red.es.

–José Félix Tezanos, exmiembro de la Ejecutiva del PSOE: 97.000 euros como presidente del CIS.
–Luis García Montero, excandidato de IU para la Comunidad de Madrid: 91.000 euros como director del Instituto Cervantes.
–Vicente Fernández, exinterventor general de la Junta de Andalucía: 220.000 euros como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

–Isabel Pardo de Vera, exdirectora de Movilidad en la Diputación de Pontevedra con el PSOE: 160.000 euros como presidenta de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
–Ignacio López: secretario Ejecutivo de Movimientos Sociales del PSOE: 85.000 euros como director de Salvamento Marítimo.

Ciudadanos ha solicitado ya en el Congreso de los Diputados la comparecencia de cinco de estos altos cargos (los responsables de la SEPI, Salvamento Marítimo, Correos, Enusa y Paradores Nacionales) para conocer “cuál es su mérito, si es que lo tienen, más allá de ser amigos de Sánchez“, para estar al frente de esas empresas y organismos públicos.

Además, la formación naranja ha pedido conjuntamente con el PP que la Diputación Permanente se reúna en agosto para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el titular de Fomento, José Luis Ábalos, detallen en sesiones extraordinarias de las respectivas comisiones qué política de nombramientos sigue el Gobierno de Sánchez.

Policías detallan la cruda realidad migratoria: ‘Hay efecto llamada’
La Gaceta  2 Agosto 2018

Sólo en Marruecos hay más de 50.000 subsaharianos esperando acceder a suelo español y que en Libia, según las fuentes oficiales Frontex hay más de un millón.

La verdad sobre la inmigración. Más allá de las declaraciones de los políticos, datos y la cruda realidad a través de un completo informe del sindicato de Policía ASP. Hasta treinta millones de personas podrían intentar acceder a Europa en las próximas décadas, afirma la corporación policial. Por su enorme interés, reproducimos a continuación el comunicado íntegro:

“El sindicato policial Alternativa Sindical de Policía (ASP), sindicato de la Policía Nacional con representación en el Consejo de Policía, confirma las informaciones vertidas por fuentes policiales de los últimos días donde se denunciaba que sólo en Libia hay cerca de un millón de inmigrantes irregulares subsaharianos con intención de acceder a Europa.(A los que habría que sumar otros 300.000 que en los tres últimos años han llegado a la costa europea principalmente por Italia).

En la misma línea, ya en 2015, la jefa de la diplomacia europea, la italiana Federica Mogherini, habló de unos 500.000 desplazados que podrían tratar de cruzar el mar mediterráneo desde Libia. Continuando con las cifras de Libia, en el mes de marzo de 2016, el Gobierno francés en boca de su ministro Jean-Yves Le Drian, ya subía la cifra a “800.000 inmigrantes concentrados en Libia para acceder a Europa”.

Tercer año de sequía en Sahel y posibilidad de desplazamientos masivos
Por otra parte, según las fuentes oficiales desplegadas por la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), así por los equipos bilaterales de países de la Unión Europea desplegados en casi todos los países del África subsahariana, como algunas ONGs coinciden en una situación dramática para 2018 debido al larga sequía que azota desde 2014 la parte central y occidental de Sahel y que ha sumido a uno de cada cinco habitantes en la necesidad de ayuda humanitaria urgente, y donde en la parte occidental (norte de Senegal, sur de Mauritania, Burkina Faso, Niger, Chad, y Mali), la falta de lluvias no sólo ha afectado a las cosechas, sino que ha diezmado al ganado y ha afectado al resto de medios de subsistencia. En la misma línea y citando fuentes oficiales, solo en Chad, más de cinco millones de personas van a necesitar ayuda humanitaria en 2018.

Todo esto sin contar con los conflictos armados de Nigeria, Sudán del sur y Somalia, donde también los dos últimos están castigados por las sequías, provocan que si la situación de hambruna extrema y conflictos no varían, según las estimaciones de fuentes policiales extranjeras y europeas desplegadas en la zona, en las próximos décadas habría una cifra superior a 30 millones de africanos con intención de emigrar hacia Europa siempre confluyen dos requisitos, primero; que continuara abierta alguna ruta de éxito de entrada en Europa como lo que ocurre actualmente en Libia y segunda; que tuvieran las condiciones económicas favorables para poder hacer frente al pago exigido por las mafias dedicadas al tráfico de personas para alcanzar suelo europeo. Por otra parte, parece que desde el mes de julio las autoridades libias están controlando las salidas de embarcaciones con destino a Italia y también están empezando a realizar devoluciones de centenares de inmigrantes hacia Níger y Chad principalmente, se está produciendo un movimiento de masas hacia el oeste, principalmente hacia centro de Argelia, buscando la ruta hacia Marruecos a través de los antiguos pasos fronterizos del norte, principalmente de Magnia.

Así las cosas, el pasado 31 de julio, Karima Benyaich, la embajadora de Marruecos en España, explicaba en Madrid que “en Marruecos se está sufriendo una nueva situación, por una parte soportamos un flujo mayor de llegadas a cerrarse las vías orientales y centrales del mediterráneo a mayor presión”.

Pagamos para que nos hagan el trabajo sucio
Conviene no olvidar que solo desde 2015 han llegado a Europa más de un millón de refugiados procedentes de Siria, Afganistán e Irak a través de las fronteras de Turquía, y desde 2016, sólo a Italia han llegado vía marítima más de 313.000 inmigrantes irregulares (181.380 en 2016, 119.310 en 2017 y 13.808 hasta junio de 2018). Estas cifras, por mucho que se quieran maquillar o justificar representan un fracaso absoluto de la gestión migratoria de la Unión Europea, donde la única solución encontrada es pagar 3.000 millones de euros al año a Turquía para que tapone las fronteras con Siria y 130 millones de euros iniciales a Libia acordados en la pasada cumbre de La Valetta (Malta) celebrada el pasado 3 de febrero de 2017 que corte la llegada de miles de subsaharianos que aguardan en sus costas. Lo mismo hacemos con Marruecos que el día de ayer pidió otros 66 millones de euros, por supuesto no sin antes, las correspondientes avalanchas sobre las costas españolas.

Europa aplica una doble moral
Nos da vergüenza ajena observar la actitud de los gobiernos de la UE, cuando de puertas para fuera, pagan a través de los fondos europeos a Marruecos, Argelina, Túnez, Egipto, Libia, Mauritania y Turquía para que repriman policial y militarmente las rutas de inmigración irregular con destino a Europa, y de puertas para dentro anuncian a bombo y platillo sonrisas, apoyos, declaraciones oficiales, así como medidas sociales para los que logren vulnerar nuestras fronteras, enviando un mensaje de buenismo infantil.

Desde hacemás de veinte años, los gobiernos de la Unión Europea vienen ocultando la realidad a unas sociedades europeas que en algunos sectores se creen el mensaje de “espacio de libertad y acogida” mientras al mismo tiempo pagamos cada año a los países del norte de áfrica para que repriman a los inmigrantes. En esa línea, han sido numerosas las denuncias de las ONGs sobre la represión ejercida sobre los migrantes subsaharianos para impedir que alcancen suelo europeo.

1º.- El primer hecho fue el ametrallamiento y muerte de 14 subsaharianos el 29 de septiembre de 2005 en el puesto fronterizo de Biutz (Ceuta)
2º.- Situación denunciada por MSF cuando en repetidas ocasiones ha denunciado como los inmigrantes irregulares han sido trasladados al desierto en camiones y abandonados allí
3º.- En junio de 2018 cuando Argelia abandonó en el desierto a 18.000 inmigrantes.

Por tanto podemos afirmar que “los éxitos en el control de la inmigración irregular no son de Frontex, ni de la Guardia Civil, ni de la Policía Nacional, ni de las policías europeas, ni de las armadas desplegadas en el mediterráneo, sino de cinco países del norte de áfrica que previo pago, nos hacen el trabajo sucio”.
Marruecos abre la espita

Por último conviene recordar que el país más perjudicado por un efecto llamada en Europa es Marruecos, debido a que es el primer país que absorbe el impacto de la llegada de esas bolsas de miles subsaharianos a la espera de acceder a Europa a través de España. Tanto es así que Rabat en 2014 y 2016 se vio en la obligación de acometer dos procesos de regularización extraordinarios de inmigrantes donde se regularizaron a 52.000 inmigrantes, la mayoría subsaharianos. Aún así, en Marruecos hay más de 50.000 subsaharianos irregulares, la mayoría con la intención de alcanzar suelo europeo a través del estrecho de Gibraltar que deambulan por las ciudades costeras del norte del país (Tánger, Nador, Tetuán) y que ya empiezan a ser un problema social y de orden público en el país. Policía y Guardia Civil abandonados En primer lugar, las fuerzas de seguridad tenemos prohibido el uso de material antidisturbios en las avalanchas violentas que se producen en las vallas de Ceuta y Melilla, cuando sin embargo, en cualquier otro escenario dentro de nuestro territorio se debería emplear la fuerza en casos similares.

En segundo lugar, las llamadas “devoluciones en caliente” (devolverá todo aquel que salta) a pie de valla están prohibidas por la Unión Europea.

En tercer lugar, el gobierno actual ha manifestado su intención de retirar las concertinas de las vallas. Y por si fuera poco, la Policía Nacional no puede expulsar a la gran mayoría de los inmigrantes irregulares, debido a que éstos ocultan sus verdaderas identidades y nacionalidades, para semanas después, empadronarse en ayuntamientos y obtener la tarjeta sanitaria, después de exhibir ante los mostradores de ayuntamientos y comunidades autónomas sus pasaportes verdaderos, sin que esas instituciones comuniquen de oficio a la Policía Nacional las identidades verdaderas de los irregulares.

La situación actual ha sobrepasado la denominación de colapso, debido a la falta de plazas en los CIEs, hay que alojar a miles de subsaharianos en pabellones deportivos de la costa de Cádiz bajo la custodia de dos o tres policías nacionales. Los expedientes de devolución y expulsión se abren con nombre y nacionalidades falsas (que ellos mismos nos dan, para evitar ser identificados y al conocer realmente su país de origen, puedan ser expulsados), al convertirse en irregulares inexpulsables, posteriormente en gran medida, son captados por las mafias chinas para el desarrollo de venta ambulante ilegal en las principales ciudades españolas.

El Gobierno no es sincero en sus cifras
Lo que no ayuda en nada, y ya es una máxima de todos los gobiernos, es ocultar la realidad y ayer en un medio de comunicación, el actual Director General de la Guardia Civil, Félix Azón, ha declarado que “es razonable pensar que hay personas intentando entrar en España, pero no millones, sino algunos cientos”. Cuando él sabe por sus servicios de información que sólo en Marruecos hay más de 50.000 subsaharianos esperando acceder a suelo español y que en Libia, según las fuentes oficiales Frontex hay más de un millón. Recordamos al señor Azón que de la situación general expuesta no es culpa de su gobierno, ni tampoco del anterior, ya que ambos han logrado mantener una estrecha relación con Marruecos para conseguir la estabilidad de flujos en el estrecho, pero que con gestos como el del AQUARIUS, tarjeta sanitaria a irregulares y retirada de concertinas, aparte de las sonrisas de su público, también se puede originar falsas esperanzas en gente que lo está pasando mal y pueda plantearse venir”.


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El precio de una moción en censura
EDITORIAL ABC 2 Agosto 2018

A cambio de su apoyo parlamentario, la Generalitat de Torra recibe un cheque en infraestructuras rechazado por el Constitucional

La comisión bilateral Estado-Generalitat terminó ayer como estaba previsto: el Gobierno se movió en círculo con su discurso vacío sobre la «normalidad» y el «diálogo», aunque la consecuencia práctica de lo que la ministra Meritxel Batet llama «proyecto para Cataluña» consiste en el enésimo saneamiento de la economía catalana. Otra vez el Gobierno socialista reduce su estrategia a financiar mejor a la Generalitat, asfixiada por su deuda y su déficit. Incluso Batet retomó la disposición estatutaria, cuestionada por el Tribunal Constitucional, que garantiza a Cataluña un porcentaje de inversiones en infraestructuras en función de su PIB. Lo hizo de tapadillo, sin llamar a las cosas por su nombre y privando a la opinión pública del debate que exige un privilegio de esta magnitud, contrario a la Constitución e intolerable para el resto de España. Oyendo a Batet, los separatistas no han roto un plato en su vida y la culpa de la crispación es, por supuesto, del PP. Practicó la ministra más apología del Estatuto catalán que de la Constitución.

Por su parte, los representantes de la Generalitad catalana, salieron con la tranquilidad de quien ha conseguido una reunión de tú a tú con el Estado mientras se burla a diario de ese mismo Estado con descalificaciones al Rey, a la Justicia y a los españoles en su conjunto. En este juego de apariencias, gana el separatismo, porque su presencia en un foro organizado a su medida lo legitima ante su público independentista y transmite el mensaje de que el Estado ha perdido el pulso. Los separatistas catalanes saben que han recuperado margen de actuación gracias a un Gobierno que renunció a utilizar el foro bilateral de ayer para exigir lo único importante en este momento, que es la lealtad a la Constitución y a las leyes.

Mientras Pedro Sánchez y su Gobierno siguen anclados en el zapaterista argumento de que hay que hacer que Cataluña -es decir, los nacionalistas- esté cómoda en España, los separatistas se mueven en una fase más avanzada para su propósito, que es el de romper España y no cómo quedarse en ella. Cuando todo fracase, el PSOE no dudará en presentarse como víctima de un engaño o apóstol de la concordia, pero nada hay de lo uno ni de lo otro. La gestión de la crisis separatista por el PSOE no responde a una necesidad de diálogo, que no la hay, con el separatismo, ni a una reacción inteligente ante cambios, que no existen salvo a peor, entre los nacionalistas. Es el punto final que pone el PSOE a la lucha del Estado contra el independentismo para volver a la senda de la relativización del pacto constitucional de 1978 y de la coalición entre la izquierda y el nacionalismo para eliminar políticamente al PP. Basta de ingenuidades con la agenda catalana de Pedro Sánchez: es el precio de su investidura

A espaldas de los dinamiteros
Toni Bolaño. La Razon 2 Agosto 2018

La distancia política entre el Gobierno de la Generalitat y el de España es evidente, pero no ha sido impedimento para que Ernest Maragall, el responsable de la parte catalana, diera todo el boato a la ocasión. El lugar elegido para la reunión de la Comisión Bilateral, renacida después de siete años sin dar un palo al agua, fue la Sala dels Tarongers –Sala de los Naranjos– a la que se accede por el patio del mismo nombre. Fue construida en 1585 y decorada con piezas de cerámica vidriada. De esa época sólo se salvó una parte del pavimento que pudo ser reconstruido tras recuperar las piezas desechadas en las obras de 1908. Es una de las tres salas nobles con acceso desde el Pati dels Tarongers –situada entre la sala Torres García, utilizada para actos protocolarios, y la sala Tarradellas, presidida por un mural de Antoni Tapies, dónde se reúne el Gobierno de la Generalitat– el centro neurálgico del Palau de la Generalitat. No fue una decisión baladí, porque el encuentro requería todo el protocolo, al menos en las formas.

Sin embargo, el presidente Joaquim Torra iba a su bola, mejor dicho a la bola de Carles Puigdemont, en las horas previas reclamando soluciones concretas sobre la autodeterminación y los presos soberanistas. Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, le contestó «que la normalidad sea la norma». El problema radica en que tanto Puigdemont como Torra quieren que no haya normalidad, porque la normalidad va en contra de su estrategia. Puigdemont, el neoperonista residente en Bruselas, quiere mantener el empate infinito en el que vive la sociedad catalana para mantener su hegemonía y para lograr este objetivo necesita inestabilidad permanente.

Los acuerdos emborronan su mejor escenario. Rechaza la distensión porque su tesis es la debilidad del Gobierno de España para alcanzar la República, subyugando a ERC a la que está sometiendo a un fuerte «pressing» descalificando su estrategia. No quiere diálogo ni con Sánchez ni con ERC. Su táctica es debilitar a Sánchez y tildar a los republicanos de traidores presionando con una pinza con la CUP. Su talante tiene su prueba del algodón. En 10 meses, Oriol Junqueras no ha tenido ni un solo contacto epistolar con Puigdemont. Era su vicepresidente, pero le niega el pan y la sal, a pesar de que abogados y dirigentes republicanos se ofrecieron para hacer llegar notas de Puigdemont a la cárcel. «En el fondo, a Puigdemont le interesa que haya presos. Es la línea medular de su estrategia para erigirse en el “líder”. No le interesa un Junqueras en la calle», afirma un dirigente independentista. Un líder republicano confirma esta tensión: «Si Puigdemont le ha enviado una carta, Oriol nunca la ha recibido».

La Bilateral era la prueba de fuego, aunque todos –menos Puigdemont y sus «hooligans»– daban por bueno que la reunión de ayer era el principio de la normalización. Resultados pocos, pero reanudar el diálogo era un hito. El resultado ha sido el previsto. Empezar a trabajar en comisiones y subcomisiones y escuchar las posiciones del contrario. Sin más, pero tras más de cuatro horas de reunión la normalización se ha conseguido. Si interesaba la ruptura bastaba con unos minutos y adiós muy buenas. Los Maragall, Batet, Aragonés, Cunillera e, incluso, Artadi, estaban más por encontrar caminos que por dinamitarlos. Actuaron a espaldas de los dinamiteros. En esta opción está Torra, Puigdemont y también Albert Rivera. Ayer José Manuel Villegas equiparaba diálogo a rendición. «Puigdemont quiere a Ciudadanos fuerte para hundir cualquier posibilidad de acercamiento», apuntan desde sectores que se reivindican como PDeCAT. «Ciudadanos les sirve en bandeja la tensión», remachan.

Tras el encuentro, los negociadores saben que esto es el comienzo. Los republicanos han logrado hoy evitar que Puigdemont agreda el incipiente diálogo, aunque saben que lo hará, tarde o temprano. El nudo gordiano está en el campo judicial. La negociación política avanzará en función de la actitud de la Fiscalía, pero eso no estaba en el orden del día de la Bilateral.

Independentismo en Cataluña
Sánchez dispuesto a incluir la “identidad catalana” en una disposición de la Constitución
Segundo Sanz okdiario 2 Agosto 2018

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a dar un estatus especial a Cataluña en la Constitución, introduciendo en la Carta Marga una “disposición adicional” con la que contentar a los separatistas de Quim Torra y Carles Puigdemont. Así consta en el documento ‘Ideas para una reforma de la Constitución’, elaborado por Santiago Muñoz Machado y otros catedráticos y convertido en el eje fundamental del plan diseñado por Moncloa para afrontar el conflicto de Cataluña, según señalan fuentes gubernamentales.

La hoja de ruta de la Administración Sánchez en la negociación con el independentismo catalán pilota sobre un referéndum de autogobierno en torno a un nuevo Estatut y una reforma constitucional en paralelo, según ha deslizado ya el propio Ejecutivo. Estos dos brazos de una misma estrategia constituyen las aportaciones esenciales del citado documento, presentado a finales del año pasado y ahora mismo sobre la mesa de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.

La propia Batet declaró este miércoles al término de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que no se reunía desde hacía siete años, que “no existe el derecho de autodeterminación ni en el marco constitucional interno ni en el derecho internacional” y apeló tanto al Estatut como a la Constitución como “vías democráticas de participación” de la ciudadanía. “Hemos insistido en que es mucho mejor generar consensos que constatar discrepancias y divisiones”, comentó sobre lo expuesto por el Ejecutivo en la reunión.

Dentro de esa eventual reforma de la Constitución para dar encaje a un nuevo modelo territorial, el trabajo de Muñoz Machado plantea “la incorporacio´n de una Disposicio´n Adicional especi´fica para Catalun~a en la que se aborden las cuestiones identitarias, competenciales y de relacio´n con el Estado”. Según el grupo de juristas, “esto permitiri´a reconocer la singularidad de Catalun~a sin necesidad de modificar el art. 2 de la Constitucio´n y simplificar el procedimiento en cuanto no se modifica el marco constitucional comu´n sino que se establece un re´gimen juri´dico singular”.

De esta manera, se burlaría el principio recogido en dicho artículo 2 de la Carta Marga, que reconoce “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Y además, permitiría reformar la Constitución por la vía abreviada, es decir, la del artículo 167, más sencilla que el procedimiento agravado.

Desigualdad con otras CCAA
Todo un agravio o desigualdad de trato respecto a otras comunidades autónomas. Algo que también quedó patente este miércoles al prometer la ministra Batet a los separatistas que el Gobierno de Sánchez recuperará la disposición adicional tercera del Estatut, según la cual la inversión del Estado en infraestructuras de Cataluña, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será en función del peso que tenga el PIB de esta región en el PIB español. Se da la circunstancia de que el Tribunal Constitucional anuló esta disposición.

El pasado mayo en una conferencia en Londres, el secretario general del PSOE manifestó que la reforma de la Constitución española es la única “alternativa real” para solucionar la crisis territorial en Cataluña. Una reforma que iría ligada a la celebración de un referéndum de autogobierno sobre la actualización del Estatut con los capítulos tumbados por el Tribunal Constitución. A esto se refirió, según las mismas fuentes gubernamentales, la ministra Batet en una entrevista en La Vanguardia el pasado domingo, donde afirmó que “lo que los catalanes tiene que votar es un acuerdo político”.

Cesiones
En este contexto, el documento de Muñoz Machado aboga por trasladar a la Carta Magna contenidos del Estatuto de Autonomi´a de 2006 que la sentencia del TC “desactivo´ no por su contenido sino al entender que el Estatuto era una fuente inadecuada en cuanto la regulacio´n afectaba al funcionamiento de todo el Estado”.

Así, los juristas apuntan al “reconocimiento de la participacio´n autono´mica en las decisiones del Estado, tanto en el ejercicio de competencias estatales (comisio´n bilateral, informe previo), como en la designacio´n de integrantes de o´rganos constitucionales (Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial); a la inclusio´n de principios en el sistema de financiacio´n autono´mica; a la organizacio´n federal del poder judicial; o a la flexibilizacio´n de la organizacio´n del territorio (vegueri´as)”, entre otros asuntos.

El Gobierno blanquea al separatismo en lugar de ayudar a derrotarlo sin ambages
ESdiario 2 Agosto 2018

No tiene ningún mérito no cruzar 'líneas rojas' para satisfacer al soberanismo: simplemente no se puede. Pero sí se debe luchar contra sus argumentos y consecuencias, y Sánchez no lo hace.

La misma parafernalia y liturgia del encuentro 'bilateral' entre el Gobierno y la Generalitat es un error, con independencia de que la comisión exista, pues la manera y el momento elegidos para desarrollarla legitima de algún modo una cierta equiparación entre ambas instituciones y da pábulo a la inexistente diferenciación entre el Estado, que es el todo, y la Generalitat, que es una parte del mismo y no un ente ajeno.

El Ejecutivo de Sánchez no puede dar lo que no está en su mano, y en ese sentido negarse a cruzar las líneas rojas que exige flanquear el separatismo -independencia o referéndum y políticos presos- no tiene especial mérito: ni aunque el PSOE quisiera hacerlo, que no quiere, tendría la posibilidad institucional, legal y social para lograrlo.

El Gobierno alimenta al soberanismo, aunque no cruce líneas rojas, porque le acepta con normalidad todos sus abusos y excesos

Pero sí está en su mano desmontar el relato, las falsedades y el pernicioso discurso que impulsa al soberanismo; en una pelea intelectual y política que Sánchez no sólo no libra, sino que contribuye a alimentar por necesidad parlamentaria o por convicción: al hablar de una supuesta España federal, coquetear con la idea de una imprecisa votación, aceptar la necesidad de una especie de nuevo Estatut o tolerar como si nada el boicot independentista a la Jefatura del Estado; el presidente y su Gobierno están renunciando a la primera de sus obligaciones políticas, que es defender la España constitucional tal cual existe.

Doble juego infausto
Lejos de eso, Sánchez pretende que su actitud sirva a la vez para demostrarle al conjunto de los españoles que no está blanqueando al independentismo y, a éste, que su vocación dialogante incluye un ancho margen de maniobra. Y con ello desprecia dos evidencias: el formidable hartazgo de la sociedad española -y muy especialmente su representación en Cataluña- y la nula disposición del soberanismo a conformarse con una simple actitud y con migajas.

Ganar tiempo, que es lo que pretende Sánchez y evidenció en el encuentro bilateral la ministra Meritxell Batet, tal vez le sirva a él para disipar la extendida sensación de que alcanzó La Moncloa con pactos ocultos con el nacionalismo que le puso en ella; pero no tiene una utilidad concreta para la estabilidad institucional de España ni desactiva para nada el vigor rupturista del nacionalismo.
Diálogo de sordos en el Palau: el Gobierno confirma que Torra mantiene el órdago del 1-O

Y de eso se trata. De hacer todo lo posible por desactivar un movimiento ilegal e inmoral cuyo victimismo artificial es tan impostado como alimentado por la equidistancia de un Gobierno que intenta patrimonializar una actitud de diálogo que nunca ha faltado en España pero nunca ha sido suficiente para el secesionismo.

¿Talante?
Éste quiere la independencia, por las bravas, y adopta todas las decisiones, actitudes y discursos necesarios para lograrlo, colonizando el espacio público catalán hasta un extremo deplorable y excluyente.

Frente a eso, presumir de talante, tolerar los abusos y asumir que España tiene una deuda, aunque no se pueda saldar como quiere el separatismo, es un error mayúsculo que auxilia y consolida una ideología edificada sobre el agravio de España aunque en realidad su condición real sea la de agresora de la convivencia

La unidad de España no se negocia
OKDIARIO 2 Agosto 2018

La elección de Pablo Casado como presidente del Partido Popular conllevará, entre otros aspectos, el fortalecimiento en la defensa de la unidad de España. Ante un contexto como el que vivimos, con un Gobierno atenazado por la exigua representación parlamentaria de sus 84 diputados y dependiente del apoyo de separatistas vascos y catalanes, la labor y determinación de Casado se antojan fundamentales. De ahí que resulte esencial que en su reunión de este jueves con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa le deje bien claro que el PP sólo aceptará pactos de Estado si el presidente del Gobierno no cede al chantaje separatista. Al fin y al cabo, la unidad debe ser uno de los principios inexcusables en cualquier país que se precie. Un aspecto innegociable.

Algo que, en teoría, debería aceptar Sánchez si su pensamiento fuera el de gobernar para los españoles del futuro y no de cara a su supervivencia personal y con la vista puesta en llegar como presidente, sea al precio que sea, a las próximas elecciones generales. Sin ir más lejos, el líder socialista apoyó la aplicación del artículo 155 que hizo Mariano Rajoy. No obstante, los antecedentes más inmediatos no son nada esperanzadores. El jefe del Ejecutivo depende demasiado de los golpistas tras conseguir su apoyo para auparse a la Presidencia del Gobierno. De ahí que, con su cargo hipotecado, sea más necesario que nunca un partido fuerte de centroderecha que, como encarna Pablo Casado, no permita el más mínimo desliz en este sentido y que, en caso de producirse, esté preparado para hacer política sin complejos contra los que pretenden romper España.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, sabe de la debilidad del Gobierno socialista y tratará de sacar tantos réditos políticos como le sea posible. De hecho, tal y como publica OKDIARIO, Pedro Sánchez estaría dispuesto a incluir la “identidad catalana” en una disposición de nuestra Carta Magna. Algo que, desde luego, debe encontrar la oposición frontal tanto del PP como del resto de formaciones constitucionales. De lo contrario, España estará secuestrada por sus enemigos mucho antes de que sus ciudadanos puedan acudir a las urnas.

Sin lealtad no es posible el diálogo
EDITORIAL El Mundo 2 Agosto 2018

COMO ERA de esperar, la reunión entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro de Sánchez no llegó a ningún acuerdo material. En primer lugar, porque la Comisión bilateral no se reunía desde julio de 2011 y ambos gobiernos apenas han tenido tiempo de trabajar. Pero fundamentalmente porque el encuentro tenía un interés primordial para el Govern separatista: legitimar, con un diálogo lógicamente rechazado por el Ejecutivo de Rajoy, sus reiteradas pretensiones de volver a organizar un referéndum de autodeterminación y exigir al Gobierno la liberación de los políticos golpistas encarcelados por el Supremo. Con estos planteamientos de partida, que la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, había calificado de irrenunciables, carece de sentido hablar de normalización institucional, tal y como reiteró la ministra de Política Territorial Meritxell Batet al final de la reunión, para justificar el encuentro.

Y así se lo recordó el consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, al final del mismo. Para el político soberanista, la única normalidad de la que está dispuesta hablar la Generalitat es la del derecho a decidir (una posibilidad que no está recogida en la Constitución), la de la liberación de los «encarcelados» y la vuelta de los «exiliados», algo que no está en la mano del Gobierno, puesto que se trata de un procedimiento judicial abierto. Pero además, Maragall desmintió a Batet al destacar que, contrariamente a lo que afirmó la ministra socialista, el Gobierno no tiene ningún "proyecto" para Cataluña. Y aun así, Batet no dudó en hablar de lealtad institucional para referirse a esta nueva etapa.

El Gobierno de Sánchez, sin embargo, incidió en su irresponsabilidad institucional al comprometerse a realizar varias concesiones al Govern. En primer lugar, Batet anunció un replanteamiento de los recursos que el Estado tiene interpuestos ante el Constitucional sobre actuaciones ilegales de la Generalitat. En lo económico, Batet propuso una nueva senda del déficit de dos décimas más para que Cataluña pueda gastar 480 millones de euros adicionales. Además, anticipó nuevas inversiones en infraestructuras, la ejecución de los traspasos pendientes y la conversión del endeudamiento estructural a corto plazo, en uno a largo.

La estrategia del Gobierno, que se negó a hablar de los detenidos y de la organización de un nuevo referéndum, consintió en ofrecer un desarrollo lo más amplio posible del Estatut, incluida la disposición adicional 3ª, sobre inversiones adicionales en infraestructuras, y en invitar a los nacionalistas a participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir un nuevo modelo de financiación autonómica. Pero todo ello fue interpretado por Maragall como un intento de que renunciasen a sus postulados independentistas. «Aguantaremos, insistiremos», concluyó. Todo un aviso para Pedro Sánchez.

Choque entre Gobierno y Generalitat
 La Razon 2 Agosto 2018

Los partidos independentistas catalanes en el Congreso, ERC y PDeCAT, dieron su apoyo a Pedro Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy con la pretensión de que, a cambio, el nuevo presidente del Gobierno debería afrontar un diálogo donde se hablase «de todo». Ese «todo» debería incluir como condición necesaria pactar un referéndum de autodeterminación –ya sin el eufemismo maleable de «derecho a decidir»–, además de tratar sobre la situación de los dirigentes encarcelados por la declaración unilateral de independencia del 27 octubre.

Se trata de dos requisitos que no son menores y que situarían al Gobierno en una posición imposible: no puede alterar el principio fundamental de la soberanía nacional. Ni debe hacerlo, ni tiene medios para cerrar un acuerdo de este calibre. Respecto a los presos, se trata de un caso sub iudice y poco puede añadir el Ejecutivo. Demasiado precipitado es hablar de indultos cuando ni siquiera han sido juzgados.

Los representantes de la Generalitat en la reunión bilateral con el Gobierno que tuvo lugar ayer en Barcelona pudieron plantear esas cuestiones, ser escuchados, pero no atendidas las plegarias, o por lo menos en los términos que deseaban. ¿Pueden los representantes del Gobierno ofrecer algo? Pueden poner encima de la mesa cuestiones que tengan solución material –infraestructuras, traspasos de competencias, resolver contenciones administrativos, incluso analizar los dieciséis recursos a leyes catalanas que están en el Constitucional sin resolver...-, pero nada que modifique aspectos que vayan en contra del orden constitucional, que colmen las aspiraciones identitarias del nacionalismo y que culmine el «proceso» con éxito.

En este aspecto, no hay posibilidades de negociar sobre la autodeterminación o indultos, y no hay nada como rebajar la expectativas cuando se ponen condiciones inalcanzables. Por no hacer el ridículo y no incidir aún más en la frustración a la que está condenado el independentismo. De rebajar la expectativas ya se han encargado los propios dirigentes independentistas. Pueden alardear, como así han hecho, de tener al Gobierno a sus pies, aunque lo único que tienen a su alcance es hacerlo caer, pero puede que todavía no haya llegado el momento electoralmente más favorable para el «presidente legítimo» de la Generalitat. Fue Carles Puigdemont desde Waterloo, el pasado domingo, quien advirtió a Sánchez de que su «tiempo de gracia» se estaba acabando. Eso nunca se advierte, a no ser que ya esté decidido. En la víspera de la reunión bilateral, la portavoz de la Generalitat y mano derecha del «legítimo», Elsa Artadi, habló de «pasar de las palabras a los hechos». Por su parte, Joaquim Torra se encargó de agitar la nieve de bola de cristal con una frase propia de 1714: «Felipe VI ya no es el Rey de los catalanes».

Con estos ingredientes es difícil llegar a dialogar sobre algo sustancial, a no ser que las cuestiones identitarias queden aparcadas. Lo dijo Ernest Maragall, consejero de Exteriores –para remarcar la bilateralidad entre Estados– en un patética comparecencia cuando dijo que el concepto de «normalidad» que tiene la Generalitat no es el mismo que el del Gobierno. Cumplir la legalidad sólo requiere cumplirla y no hay margen para interpretaciones subjetivas –o nacionalista– de lo que es la «normalidad». Lo normal es que la Generalitat renuncie a la vía independentista y a romper la unidad territorial de España. Habrá más encuentros, pero todo indica que la agenda que se va a cumplir es la de Puigdemont: agitación de la calle el 11 de septiembre y aniversario del 1-O, subida del tono sentimental y elecciones autonómicas. Plebiscitarias o no –se puede elegir una vez conocido el resultado–, se trata de que el independentismo más radical se sitúe en el centro.

El ‘prusés’ cuida de los suyos
Ramón De España Cronica Global 2 Agosto 2018

Tras una breve travesía del desierto, durante la que se habrá visto obligado a echar mano de sus ahorritos, el prestigioso leguleyo Quico Homs ha sido recolocado por sus jefes en una entelequia denominada Comisión Jurídica Asesora: aunque a veces parezca que no, el prusés siempre acaba haciéndose cargo de los suyos. No sé el caso que piensa hacerle el Govern a esa Comisión Jurídica Asesora –como sea el mismo que les hace a los letrados del Parlament, se la podrían haber ahorrado—, pero es evidente que Quico está ahí para llevarse un buen jornal a casa, dado que, como abogado, solo se le ha visto en un juzgado en calidad de imputado. O sea, que esto es la Operación Salvemos a Quico, una pamema para soltarle unos cuartos a gente como él, y tampoco se molestan mucho en disimularlo. Hace tiempo que el Régimen no disimula. Hace lo que quiere cuando quiere y, si no te parece bien, jódete.

Paralelamente al salvamento del gran jurista Homs, el leal mayordomo Quim Torra se ha subido el sueldo un 5%, supongo que porque la ratafía se está poniendo por las nubes. Ya gana el 81% más que el presidente del Gobierno central, ocupándose, en teoría, de menos gente. Sánchez se preocupa, también en teoría, por 40 millones de ciudadanos, pero cobra la mitad que uno que se supone que atiende a las necesidades de 7 millones, en un claro agravio comparativo. ¿7 millones? ¡Ni eso! Con tener contentos a los dos millones de independentistas, Chis Torra ya va que chuta: a los demás nos pueden ir dando mucho por saco. Y no es el único que cobra más que el presidente del Gobierno de verdad: otros 240 altos cargos del Régimen superan también el sueldo del pelagatos de la Moncloa. Como no se ha hecho realidad la promesa de Francesc Pujols de que algún día los catalanes, por el mero hecho de serlo, iríamos por el mundo y lo tendríamos todo pagado, ha habido que seleccionar a un sector de la sociedad para que viva como pretendía el filósofo favorito de Dalí.

Lo de cobrar más que nadie por ser catalán viene de los tiempos de Pujol. Se creó TV3 y los sueldos fueron, desde el principio, superiores a los de TVE. Se puso en marcha la policía autonómica y sus miembros cobraban más que los de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Se ve que en Cataluña siempre nos ha sobrado la pasta: eso sí, siempre va a parar a manos de los mismos, de los buenos catalanes. Últimamente hemos visto cómo el líder de los mossos constitucionalistas era llamado a capítulo por la autoridad competente mientras el agente que ayudó a Puchi a fugarse era ascendido a súper asesor de no sé qué, en vez de haber sido expulsado del cuerpo en su momento.

Para prosperar en TV3 y Catalunya Ràdio hay que ser del Régimen, pues cuanto más te signifiques más pasta te caerá: véanse los casos de Xavier Graset y Laura Rosel. A Ricard Ustrell, que no parecía precisamente un perverso unionista, le han quitado su programa en Catalunya Ràdio por tibio y se lo han dado a uno que, hasta ahora, era el segundo de a bordo de Mònica Terribas, guía y ejemplo para todo tipo de trepas patrióticos.

Todo esto son señales de nuestra mala salud democrática, pues lo mismo se hacía durante el franquismo –a los nuestros, programas en prime time, y los desafectos a hacer pasillos— y lo mismo hace Vladimir Putin​, que si eres amigo o adulador te irá de miedo, pero si vas de quejica y disidente te pueden acabar pegando un tiro. Tal vez sea que la Cataluña nacionalista no pretende ser una democracia al uso, sino un Régimen de prácticas mafiosas como el ruso. Si esa es la intención, hay que reconocer que se trata de un triunfo total.

Oasis en la granja nacionalista
Como en el libro de Orwell, durante la reunión de la "comisión bilateral" fue difícil saber quiénes eran los nacionalistas y quiénes los constitucionalistas.
Batet aludió a una fantasmal "lealtad federal" y dijo estar en Barcelona para defender el Estatuto y el Estado autonómico, sin mencionar la Constitución.
El Gobierno rechaza crear la comisión sobre el referéndum que le propone Maragall.
Cristian Campos El Espanol 2 Agosto 2018

Como en las páginas finales de Rebelión en la granja, los ciudadanos españoles miraron por la ventana de esa sala de la Generalidad en la que el miércoles por la tarde se reunieron los representantes del Gobierno central y los del Gobierno regional catalán y fueron incapaces de distinguir a los cerdos de los humanos y a los humanos de los cerdos.

A un lado de la mesa, y en representación del bloque separatista, estaban —entre otros— Elsa Artadi, Ernest Maragall y Pere Aragonès. Al otro lado, y en representación del bloque apaciguador, Meritxell Batet y Teresa Cunillera. Cinco nacionalistas que no suman juntos medio constitucionalista. Lo de los cerdos es una metáfora de Orwell: las quejas, al británico.

Como en el libro de Orwell, la delegación de granjeros fue invitada a visitar la granja por los cerdos rebeldes, deseosos de demostrar que la revolución de la que tanto se había hablado tal no era tan fiera como la pintaban. También como en el libro, fue una gran alegría para el granjero que llevaba la voz cantante comprobar que un largo periodo de desconfianzas y desavenencias llegaba a su fin. Y como en el libro de nuevo, el granjero de la voz cantante comprobó cómo los animales inferiores de la granja trabajan más y reciben menos pienso que los de las granjas vecinas.

Para los duros con las metáforas: los animales inferiores de la granja son los catalanes constitucionalistas y el pienso, sus derechos civiles y políticos.

A diferencia del libro, sin embargo, la reunión no duró lo suficiente como para que cerdos y granjeros acabaran peleándose durante la partida de cartas por ese as de espadas que ambos guardan en sus mangas. Según todas las señales, ese fragmento del libro de Orwell acabará materializándose en el momento en el que a Carles Puigdemont le interese forzar elecciones generales anticipadas. El prófugo, por cierto, no tuiteó nada sobre la reunión en toda la jornada. No es su estrategia.

Meritxell Batet salió del cónclave nacionalista diciendo que ella estaba ahí para defender "el autogobierno, el Estado autonómico y el Estatut de Cataluña". Como es harto sabido, la Constitución, como la monarquía, no necesita ser defendida en Cataluña y de ahí la omisión de la ministra de Política Territorial.

También aludió Batet a una llamativa "lealtad federal" entre administraciones. Los más benevolentes lo calificaron de "lapsus": Batet habría dicho "federal" por "constitucional". Habrá que dudarlo, vista la alergia de la ministra por una Constitución que ofreció reformar aún sabiendo que no tiene los apoyos necesarios, ni de lejos, para ello.

En cuanto al resto, la postura de Batet no se diferencia en nada de la sostenida públicamente por el PP en su momento respecto a los presos y un hipotético referéndum de independencia: la vía judicial escapa a las competencias del Ejecutivo y el "derecho de autodeterminación" no existe tal y como lo plantean los separatistas. Por ese lado, ningún cambio con respecto al PP de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, más allá del lema del diálogo.

Por su parte, Ernest Maragall, que está aprovechando hasta el último aliento la prórroga política que le ha sido concedida por el nacionalismo gracias a su más o menos reciente conversión al separatismo, anunció la creación, en octubre, de varias comisiones para el estudio de los temas pendientes. Es decir, patada a seguir y, como se dice en catalán, "quien día pasa, año empuja".

Dicho lo cual, el separatismo logró su principal objetivo, que no eran unas hipotéticas concesiones sobre los presos o un referéndum de independencia, sino la escenificación de un diálogo bilateral que consolide la idea de que el Gobierno regional es una administración jerárquicamente equivalente a la del Gobierno central en vez de subordinada a esta.

Decía en la mañana del miércoles Francisco Marhuenda en la tertulia de Es la mañana de Federico que "comisión bilateral" es el término correcto para la reunión que tuvo lugar entre ambos Gobierno pues el adjetivo "bilateral" sólo alude al hecho de que esa comisión reúne a dos partes dialogantes y no a tres o cuatro o cinco. Tan cierto, efectivamente, como que los representantes de la Generalidad han utilizado el término "bilateral" en el mismo sentido en el que se usa el término en derecho internacional. Es decir, en el contexto de dos Estados soberanos que se reconocen mútuamente la capacidad de negociar en igualdad de condiciones.

Con la escenificación de ambos Gobiernos, el central y el regional, ganan tiempo de cara a un 11 de septiembre en el que ambos medirán la temperatura callejera del fervor separatista. ERC, que no se fía de los espejismos callejeros, tan espectaculares como pasajeros e inanes, ha encargado ya una encuesta que le permitirá conocer cuántos hiperventilados existen en realidad en estos momentos en Cataluña y cuántos separatistas se han enfriado lo suficiente como para aceptar ese futuro trágala autonomista que le espera al nacionalismo.

También ganan tiempo ambos Gobiernos hasta que se compruebe cuál es el recorrido en la práctica de esa Crida caudillista y atrapalotodo con la que Carles Puigdemont pretende comerse el pastel nacionalista catalán. Pedro Sánchez confía por su parte en amansar al nacionalismo lo suficiente como para que este no le fuerce a convocar unas elecciones anticipadas que le darían, según todas las recientes encuestas electorales, la presidencia a un Pablo Casado apoyado por Albert Rivera.

Vuelve, en definitiva, el oasis a la granja nacionalista.

Encontronazo bilateral por el referéndum y los presos
El Govern carga con dureza contra el PSOE por rechazar el referéndum. «No existe el derecho a la autodeterminación», replica Batet, quien habla de «proyecto integrador para Cataluña»
Cristina Rubio. La Razon 2 Agosto 2018

La Generalitat y el Gobierno tomaron el pulso al conflicto territorial entre Cataluña y el resto de España en una comisión bilateral con aires históricos, la primera desde 2011, entonces con Convergència en la plaza Sant Jaume y el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. Ayer, siete años después y tras el estallido de la mayor crisis en democracia a raíz del proceso independentista, el Govern y el Ejecutivo central se volvieron a sentar en la misma mesa y constataron el choque entre administraciones en cuestiones de calado como el referéndum o los presos.

La cita se saldó con posiciones completamente contrarias sobre la fórmula de encaje territorial y los dirigentes independentistas encarcelados, y con un tímido acercamiento en cuestiones sectoriales tras casi cuatro horas de reunión. En palabras de la propia ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, hubo «algunas discrepancias importantes» y «propuestas para avanzar en políticas que mejorarían la vida de los catalanes».

Satisfacción en Moncloa
En un comunicado, posterior, el Gobierno dijo estar «satisfecho» y señaló que «el resultado es que se pone en marcha un calendario que activará todas las comisiones y subcomisiones previstas en septiembre». Su objetivo ayer era poner en marcha el «diálogo».

«Tenemos conceptos de normalidad muy diferentes, en ningún momento se ha presentado ninguna propuesta real para Cataluña», cargó por su parte el consejero de Exteriores de la Generalitat, Ernest Maragall, quien quiso poner el acento en las «discrepancias obvias y profundas entre administraciones».

La reunión estuvo encabezada por la propia Batet junto a los secretarios de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor; Hacienda, Inés María Bardón; Infraestructuras, Pedro Saura; y Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla; además de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Por parte de la Generalitat estuvieron la consejera de Presidència, Elsa Artadi, acompañada de Maragall; el vicepresidente económico, Pere Aragonès; y el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, entre otros dirigentes.

Pese al acercamiento «institucional» tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno con los votos del PDeCAT y Esquerra, ayer se volvieron a poner sobre la mesa las enormes diferencias entre administraciones con dos focos de conflicto: el encaje territorial y la situación de los dirigentes independentistas presos. Sobre el primer aspecto, el Gobierno central estaría dispuesto a negociar un nuevo Estatut que sea refrendado en una consulta. Es decir, reforzar el autogobierno catalán con más competencias para tratar de frenar la hemorragia abierta en los últimos años, oferta que los independentistas no están dispuestos a aceptar.

Además, los socialistas rechazaron la constitución un grupo de trabajo a favor del derecho a la autodeterminación como pidieron ayer desde la Generalitat. «No existe el derecho a la autodeterminación», resumió Batet, quien prometió un «proyecto integrador para Cataluña». «Ganaremos a pesar de nos digan que de eso no se puede hablar», advirtió por el otro lado el titular de Exteriores, Ernest Maragall.

De hecho, la intención del independentismo es forzar al Estado a negociar un referéndum para los catalanes, algo que ayer volvió a quedar claro. Sin acuerdo en este punto, el Govern también insistió en hablar de los líderes independentistas encarcelados, otra línea roja que el Ejecutivo de Sánchez no está dispuesto a cruzar. «Nos hemos querido centrar en aquellas cuestiones que sí se pueden abordar desde ambos Ejecutivos», resumió Batet marcando la frontera del diálogo.

Hay que tener en cuenta que ahora la partida también se libra desde el Congreso: el PDeCAT, controlado por Carles Puigdemont, es partidario de boicotear cualquier iniciativa socialista en la Cámara Baja si no hay avances concretos sobre el derecho a la autodeterminación y los presos. Su objetivo es mantener el pulso hasta otoño e intentar forzar al PSOE para obtener una propuesta concreta en la segunda comisión bilateral. El as bajo la manga del Gobierno de Torra es hacer saltar por los aires el diálogo y convocar elecciones en Cataluña a partir del 27 de octubre.

El encontronazo entre administraciones sí se suavizó en temas de gestión ordinaria: la reunión en el Palau de la Generalitat sirvió para constatar la voluntad del Ejecutivo central de desbloquear las leyes sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional. La propia Batet ha afrontado la cuestión y ayer aportó informes sobre cada una de ellas, muchas aprobadas con el apoyo del PSC.

Por ejemplo, el Gobierno es partidario de recuperar la ley de medidas urgentes para la emergencia habitacional y la pobreza energética, la de igualdad de género, la del cambio climático, la regulación del cannabis o la sanidad universal, entre otras.

Otro de los tímidos puntos de acercamiento es en materia de financiación y de transferencias competenciales. Ayer, ambas administraciones abordaron las inversiones pendientes en infraestructuras –el Corredor Mediterráneo, por ejemplo, que el PSOE está dispuesto a ejecutar–, transporte –especialmente en Cercanías– o la famosa disposición adicional tercera del Estatut, que el Govern cifra en 6.000 millones de euros.

Este acercamiento en temas de gestión diaria evidencia también las dos velocidades del movimiento independentista. Esquerra, con el vicepresidente económico Pere Aragonès a la cabeza, es partidaria de llegar a acuerdos económicos con el PSOE al margen de la gestión política, mientras que Junts per Catalunya busca reducirlo todo al conflicto territorial y a la batalla por un referéndum acordado. Es decir, Puigdemont prioriza el relato político y los republicanos tiran de pragmatismo sin olvidar a los independentistas presos.

A la comisión bilateral le seguirá la puesta en marcha de las comisiones previstas en el Estatut y las que se derivan de la cita de ayer.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN BILATERAL
El Ejecutivo de Sánchez, de ‘tú a tú’ con el separatismo catalán
La Gaceta  2 Agosto 2018

Poco después de los graves insultos a España vertidos desde Bélgica y con el derecho de autodeterminación en la mesa de los separatistas, el Ejecutivo de Sánchez resucita la Comisión Bilateral con el golpismo.

La Generalitat de Cataluña y el Gobierno del Estado reactivan este miércoles la Comisión Bilateral, que no se reúne desde 2011, con una sesión de trabajo en cuyo orden del día figuran, a petición del ejecutivo catalán, temas como el referéndum o los presos soberanistas, además de cuestiones económicas y sectoriales.

La reunión, que comienza a las 16.30 horas en el Palau de la Generalitat, contará con la presencia de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que presidirá la delegación del Gobierno central y de los secretarios de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor; de Hacienda, Inés María Bardón; de Infraestructuras, Pedro Saura, y de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, así como la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Por parte de la Generalitat, estarán presentes el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Ernest Maragall, que encabezará la delegación catalana.

Junto a Maragall se sentarán el vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès; la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, además de la secretaria general de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Mercè Salvat, el delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell; el director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, y el director general de Relaciones Institucionales, Aleix Villatoro.

La ‘reciprocidad’ de Sánchez
Será la primera reunión de este órgano -creado a partir del Estatut aprobado en 2006- desde la celebrada en julio de 2011, aún en la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La reunión se centrará en la recuperación de las relaciones entre ambos gobiernos, con el objetivo de avanzar en el diálogo institucional, pese a las discrepancias en relación con el proceso soberanista en Cataluña. Al Ejecutivo de Sánchez parecen no importarle los desplantes del separatismo catalán -incluido el presidente autonómico Quim Torra- ni los insultos a la justicia española. Los ministros de Sánchez, en cambio, observan en los últimos gestos hostiles del separatismo “reciprocidad en el diálogo”.

Así, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez quiere que la reunión sirva para avanzar en “los acuerdos necesarios para hacer efectivas las políticas públicas de Estado y Generalitat y asegurar la prestación de los servicios a los ciudadanos”, según ha señalado en un comunicado, el ejecutivo que preside Quim Torra reclama “pasos adelante” para alcanzar una “solución política” sobre Cataluña. No en vano, la propia Artadi hablaba este martes de su única y verdadera reivindicación, que estará hoy sobre la mesa: el derecho a la autodeterminación.

En el orden del día, que consta de 13 puntos, figuran algunas “consideraciones” que ambos ejecutivos tienen interés en poner encima de la mesa, aunque las posiciones de partida de cada uno ya hacen augurar que no habrá acuerdo y de hecho no serán objeto de negociación.

Mientras el Gobierno central quiere plantear la participación de la Generalitat en los órganos multilaterales de cooperación y coordinación, el Govern tiene intención de exponer su postura sobre el referéndum de autodeterminación y la situación de los presos.

Artadi reclamó al Gobierno de Sánchez que dé “pasos adelante” en cuestiones como el referéndum y los presos, para lo que le concedió “cierto margen” desde ahora hasta la próxima reunión en otoño, pero no “tiempo infinito”.

El Gobierno rechaza el referéndum que pide Cataluña: “La autodeterminación no existe en el marco legal”
OKDIARIO 2 Agosto 2018

El Gobierno rechaza la posibilidad de que Cataluña pueda convocar un referéndum para independizarse porque “la autodeterminación no existe en el marco legal”. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha anunciado este miércoles que el Gobierno activará todas las comisiones mixtas entre la Generalitat y el Estado que se prevén en el Estatut y lo hará para abordar cuestiones relativas a financiación, infraestructuras, inversiones y traspasos pendientes.

Lo ha dicho en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado que se ha celebrado este miércoles, la primera que se ha hecho en siete años y que ha durado casi tres horas y media. Ha garantizado “lealtad institucional” a la Generalitat y ha indicado que “no concibe” que el gobierno catalán no la tenga, al tiempo que ha avisado de que “solo se pueden producir avances de verdad si se mantiene esa lealtad institucional”.

Batet ha celebrado el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno y ha proclamado: “El Gobierno de España tiene un proyecto para Cataluña”. Ha querido Batet insistir en que en comparación con el anterior gobierno del PP, el actual “sí tiene un proyecto para Cataluña”, celebrando “la recuperación del diálogo como método”.

En este sentido, Batet ha indicado que la reunión ha tenido un tono “cordial y franco” porque cada parte ha expuesto con “normalidad sus posiciones” y se han producido “discrepancias importantes”, sobre todo en la cuestiones relativas al proceso soberanista.

Pero “hablar de las grandes discrepancias es importante, me parece importante que se produzcan en este dialogo en lugar de que se hagan mandando mensajes a través de titulares”, ha añadido la ministra.

“No ha ido bien” dicen en el Govern
La reunión de la comisión Estado-Generalitat no ha ido bien. Así de contundentes se muestran desde el Govern de la Generalitat, tras más de cuatro horas de reunión con una delegación del gobierno encabezada por la ministra Meritxell Batet.

Uno de los representantes del Govern en la reunión asegura que “el gobierno no tiene sensibilidad hacía los presos y la voluntad de una mayoría de los catalanes” y apunta que “sin ello, es imposible mantener un diálogo y una relación fluida”. Las profundas diferencias entre ambas delegaciones sobre los políticos presos y el derecho a la autodeterminación, han sido dos cuestiones que para los representantes del Govern “evidencian la falta de voluntad política”.

Desde el PDeCAT, una de las voces más autorizadas de la formación afirma que “la negativa del gobierno a reconocer la existencia de presos políticos o al derecho a decidir, nos obliga a adoptar una postura más distante con el ejecutivo de Sánchez”. A la práctica, reconoce, esto significa que el PDeCAT continuará bloqueando la agenda política del gobierno del PSOE con sus ocho diputados y no le permitirá aprobar ninguna ley. Asegura este dirigente pedequiano que “Puigdemont no aceptará que jueguen con nosotros así”.

Por parte de Esquerra, la valoración es un poco más positiva. Los republicanos, más moderados que el PDeCAT, ven con buenos ojos la predisposición del gobierno de Sánchez a continuar hablando sobre infraestructuras, transferencia de competencias y cobro de la deuda del estado con la administración catalana, cuestión que compete directamente a las consejerías de ERC. Aunque reconocen que “nos hubiese gustado ver delante un interlocutor más humano”, aseguran que “ver que nos escuchan ya es un gran paso hacia adelante”.

El Govern insiste con el referéndum
El conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall, ha asegurado este miércoles que no ha percibido del Gobierno central ningún proyecto para Cataluña, al contrario de lo que ha afirmado la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, al término de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat.

“En la reunión ni se ha mencionado ni se ha aportado la más mínima definición de este proyecto para Cataluña”, ha afirmado en rueda de prensa después del encuentro entre ambas administraciones, y ha reivindicado que la ciudadanía catalana pueda decidir su futuro.

Maragall ha celebrado que se haya establecido un calendario para que diversas comisiones y subcomisiones aborden antes de septiembre cuestiones concretas que afectan al Estado y a la Generalitat, pero ha lamentado Gobierno “en ningún momento ha planteado ninguna idea ni propuesta de fondo” para la situación política de Cataluña.

Smithsonian Folklife Festival
Torra gastó 650.000 euros en montar el ‘show’ en EEUU en el que se enfrentó con Morenés
Luz Sela okdiario

El presidente catalán, Quim Torra, destinó 650.000 euros para llevar su propaganda independentista a EEUU en el marco del Smithsonian Folklife, un festival folk celebrado en Washington a finales de junio en el que también participó el entonces embajador español Pedro Morenés. Los discursos cruzados de ambos provocaron una enorme tensión a cuenta de la crisis catalana.

El 12 de junio, el Govern aprobó una transferencia de créditos presupuestarios para destinar esa cantidad al Instituto Ramón Llull, encargado de organizar la participación de Cataluña en el festival.

La cita resultaba prioritaria para los dirigentes independentistas, en vistas a llevar su mensaje a EEUU y más aún considerando la presencia de Morenés.

En su discurso, Torra criticó la existencia de “presos políticos”, habló de “represión” por parte del Estado español y reprochó el “exilio” del expresidente Carles Puigdemont. Sus declaraciones llevaron a Morenés a desmentirle punto por punto, a lo que Torra-y su delegación, de un centenar de personas-respondieron abandonando el lugar. La tensión fue tal que organización del festival decidió suspender los discursos previstos para el día siguiente para evitar una nueva confrontación.

En su discurso, Torra aprovechó para, en inglés, arremeter contra el procesamiento judicial contra los acusados de rebelión y malversación, y lamentó la existencia de miembros del Gobierno “en el exilio”, en referencia a los prófugos de la Justicia.

A continuación, Morenés destacó que Cataluña “goza ahora de la etapa de mayor autogobierno, mayor libertad y mayor prosperidad de la historia” en el contexto del sistema “autonómico” nacido en la transición democrática española, y recordó que “es uno de los más descentralizados del mundo, más incluso que algunos Estados que se etiquetan como federales”. En este sentido,

El embajador citó diversos reconocimientos internacionales de la calidad democrática en España, como el de la organización Freedom House, The Economist Unit y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También recordó que la Constitución de 1978 fue aprobada con el 88,45% de los votos a favor, un porcentaje que llegó al 90% en Cataluña.

“Por eso, con hechos y datos, permítanme que corrija esta propaganda que difunde el Sr. Torra, porque nuestros amigos americanos gustan de tener datos y hechos para aseverar sus opiniones”, añadió. “En España no hay presos políticos. No lo digo yo. Lo han dicho los informes de Amnesty Internacional y Human Rights Watch. Hay unos políticos que, a pesar de haber sido reiteradamente advertidos por sus propios servicios jurídicos, decidieron retorcer el Reglamento del Parlamento y violar el estatuto de Autonomía de Catalunya y la Constitución. Si se permitiera hacer política fuera de la ley, violando la ley, se acabaría la democracia. Y por eso actúan los jueces: para defender la democracia y el Estado de Derecho. Por eso hay políticos en prisión: por violar las leyes”.

“Sr. Torra, su petición de autodeterminación no tiene eco en este escenario. Debe recordar que la mayoría de la población catalana no vota a favor de posiciones secesionistas. Respete Vd. a la mayoría, es un principio de la democracia y gobierne para todos, no sólo para los suyos. Porque los catalanes no independentistas resulta que existen, que son libres y merecen su respeto”, concluyó Morenés.

Las provocaciones de la Generalitat no se quedaron solo en el discurso de Torra. El programa cultural incluyó también una actuación musical cuya letra defendía la “libertad” y el “derecho a decidir”.

El Smithsonian es un foro apreciado por su gran visibilidad y por el eco que acostumbran a tener sus invitados. Se trata de un evento cultural en el que participan distintas regiones, lo que lo convierte en un escaparate para sus reivindicaciones políticas.

No obstante, el clima de la participación de Torra desagradó a la organización, que se vio obligada a desmarcarse a través de un comunicado en el que rechazaba cualquier vinculación ideológica

“Los comentarios realizados durante el evento no representan al Smithsonian ni al Festival Folklife. El Smithsonian no toma ninguna posición respecto a la actual situación política en Cataluña y España”, destacó.
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