AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 8 Agosto 2018

La España del recambio
Fran Carrillo okdiario 8 Agosto 2018

Hubo un tiempo en el que la sana alternancia política suponía el crecimiento de la raigambre democrática de una nación. Hoy, la podredumbre del sistema bipartidista ha convertido esa alternancia en una mera sucesión de intereses conjuntos. Los siete años del PP en el Gobierno protagonizaron una agenda socialdemócrata consistente en subir impuestos sin reducir el gasto público, aumentar las corruptelas en las diferentes administraciones y entregar España a los enjuagues nacionalistas. Rajoy y Soraya aseguraron al PSOE la continuidad que éste merecía y necesitaba, a costa del bienestar del conjunto de los españoles. Pero el PSOE, que conserva de la izquierda pura su dominio de la propaganda, articula cada día desde el Ministerio de la Ocurrencia la foto de rigor para vender lo que no hace y presumir de aquello que carece: rigor, verdad y sobre todo proyecto. Sucede cuando llegas a trompicones a un Gobierno para el que no estás preparado.

Un Gobierno puesto en bandeja por los enemigos de España con la connivencia de quien debería haber sido su guardián aquel fatídico 1 de junio: el bolso de Soraya. Desde entonces, el PSOE, con máscara pero sin caretas, viene demostrando que aquella moción de censura no fue contra la corrupción, sino para cambiar de corruptos. No fue para limpiar la democracia, sino para mutar el hollín que la ensucia. No vinieron a darle color a una España en blanco y negro, sino para resucitar los peores instintos y fantasmas de un pasado que el PSOE necesita para alterar a su tropa, hambrienta tras años de escasez ideológica. El Gobierno fotopolítico de Sánchez sabe que las deudas se pagan con deuda, y por ello acude a los españoles en forma de impuestos para decirles, con el pétreo rostro que sólo un mentiroso compulsivo posee, que “así se refuerza el Estado del Bienestar”. Misma estrategia que usó el PP en 2011 cuando engañó a los ciudadanos prometiéndoles una bajada de impuestos.

Mientras, las prebendas al nacionalismo no dejaban de aumentar. El “honesto” Sánchez sigue en la misma senda. Quitarnos a todos para darle a algunos —como hacía el PP—. Sus leales del PSOE colocados en las principales empresas públicas —como hacía el PP—, sus amigos y los amigos de sus amigos colocados en puestos de relevancia con sueldos descollantes —como hacía el PP—. Sus aliados de Podemos y separatistas con vía libre para seguir delinquiendo o asaltando los cielos de la tele pública —como hacía el PP—. Y así hasta el final. Confunden un estado de propietarios con la peligrosa consideración de que el Estado es de su propiedad. Pero no es el Estado lo que les importa, sino mantenerse en los estados de poder. Una vez ocupadas las instituciones públicas, el desalojo, incluso mediante las urnas, será más complejo. Lo hicieron con RTVE, bajo control socialista desde los años 80, lo hacen con empresas como Correos, Red Eléctrica o Paradores Nacionales.

Lo hacen con el Banco de España y la CNMV, con el CIS o la OCDE. La familia socialista y popular siempre acaban siendo recompensadas por el líder. Antes los amigos que el mérito. Esa es la España de hoy, cuyo cortijo —antes patio— de Monipodio lleva repartiéndose sin escrúpulos este bipartidismo que, ya no es que dé síntomas de agotamiento, sino que muestra un claro desfallecimiento con parada cardiorrespiratoria. El Leviatán de PSOE y PP es un monstruo que amenaza las libertades de todos los ciudadanos, que excluye la necesaria igualdad de oportunidades y que frena la saludable meritocracia. Ambos partidos ya no esconden que quieren ser lo mismo. En el fondo y en las formas. El cambalache parlamentario, digno de función circense, muta en acuerdos de Estado para protegerse mutuamente, para que sus privilegios de aforados se mantengan, para que sus prebendas nunca cesen. No hay agenda del cambio que valga. Eso es una pantomima. Porque lo único que les interesa, lo que siempre les ha convenido, es la España del recambio. Alternancia, pero nunca alternativa.

Los "dedazos" de Pedro Sánchez
EDITORIAL  Libertad Digital 8 Agosto 2018

Se suponía que había llegado al Gobierno para regenerar la vida pública y dar la voz a los ciudadanos mediante la inmediata convocatoria de elecciones generales. Está visto, sin embargo, que Pedro Sánchez está decidido a agotar la legislatura no sin antes colocar en la administración y en las empresas públicas al mayor número posible de amigos y correligionarios. En este sentido, este mismo martes la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha manifestado su "disconformidad" con el nombramiento de "embajadores políticos" no diplomáticos y ha pedido que se "limiten al máximo" en clara referencia a los bochornosos nombramientos del ex alcalde de Lérida, Ángel Ros, como embajador en Andorra, y de dos miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Andrés Perelló y Manuel Escudero como embajadores ante la UNESCO y la OCDE, respectivamente.

Otro tanto se podría decir del nombramiento como nuevo presidente de Correos a quien era Jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Juan Manuel Serrano; o el nombramiento como nuevo presidente del CIS del miembro de la Ejecutiva y secretario de Estudios y Programas del PSOE, José Félix Tezanos.

Con todo, más escandalosa y arbitraria es la destitución como presidente de ENUSA de José Luis González, que llevaba 20 años al frente de esta empresa pública industrial y es licenciado en ingeniería industrial y especialista en Técnicas Energéticas, por el miembro del PSOE valenciano, Vicente Berlanga Arona, licenciado en …Filosofía. Aun teniendo que aceptar el dedazo partidista, ¿no hay acaso entre los amigos y correligionarios de Sánchez nadie con un perfil técnico y profesional acorde a la gestión del suministro de uranio enriquecido a las empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares españolas como para tener que encomendárselo a un licenciado en Filosofía sin el menor conocimiento y experiencia profesional en el sector energético?

Así no es de extrañar, tal y como denunciaba recientemente Ciudadanos, que Sánchez ya lleve colocados al 44% de los miembros de la Ejecutiva del PSOE en cargos públicos y que los sueldos anuales de estos "aliados y amiguetes" del presidente del Gobierno al frente de distintos organismos y empresas públicas sumen más de 2,3 millones de euros.

Si ya es de por sí lamentable, aunque no concurra el enchufismo, que el número de empleados públicos de nuestro elefantiásico sector público se haya incrementado en 19.000 personas en los últimos seis meses, fundamentalmente por culpa de las comunidades autónomas, no menos bochornoso es que muchos de los altos cargos de la administración central y del sector público empresarial sean designados exclusivamente por criterios de afinidad política. Lo que está claro es que la regeneración política prometida por Sánchez no se ha traducido hasta la fecha en otra cosa que no sea un nutritivo pesebre a cargo de los contribuyentes.

Míster política cosmética
OKDIARIO 8 Agosto 2018

El brillo del Gobierno del Partido Socialista se quedó en la foto del principio. Pedro Sánchez confeccionó un elenco de ministros que acaparó la atención de las cámaras, pero que tiempo después se ha quedado en un escaparate sin fondo. Con la crisis migratoria propiciada por la mala gestión de los socialistas, el Valle de los Caídos convertido en epicentro de una gran cortina de humo comunicativa y con una severa subida de impuestos a la vuelta de la esquina, la propaganda y la política cosmética sigue siendo el rasgo más distintivo del actual Ejecutivo, tanto que Sánchez ha gastado 42.000 euros en atrezo presidencial para el próximo año.

Si bien la partida quizá no sea muy elevada desde el punto de vista cuantitativo, sí perfila la realidad de un Gobierno extremadamente débil para hacer política por y para los españoles —84 diputados y el apoyo de los radicales vascos y catalanes resulta insostenible— pero que sin embargo trata de agarrarse al poder a base de anécdotas. Anécdotas que, por otra parte, van con cargo al bolsillo de todos los españoles. Así las cosas, es ya habitual que en las ruedas de prensa de Pedro Sánchez aparezcan fotos en una pantalla con los últimos eventos gubernamentales.

Una forma de cultivar el autobombo que, ante la laxitud del discurso político e ideológico del presidente, —salvo cuando hace concesiones a independentistas vascos y catalanes—, parece destinada a desviar la atención de quien observa, como si la alocución presidencial fuera lo de menos cuando, en realidad, ha de ser lo de más. Sánchez pretende cuidar la escenografía de sus comparecencias hasta el punto de incluir el uso de la moqueta para “facilitar la ornamentación adecuada a la relevancia de las intervenciones”. Todo esto se complementa, además, con un aumento en el coste salarial de sus ministros del 30% y del 25% en el caso de sus asesores. Mientras los españoles se preguntan qué pasa con Cataluña, con la inmigración o con el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, Sánchez y sus asesores parecen abducidos por una suerte de mundo feliz como el que perfiló Aldous Huxley.

Valle de los Caídos
Revés para Sánchez: 200 familias de víctimas se niegan a las primeras exhumaciones en el Valle
María Jamardo okdiario 8 Agosto 2018

Más de 200 familias de víctimas identificadas de ambos bandos (nacional y republicano) que descansan en las criptas del Sepulcro de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, se oponen a la manipulación de los restos de sus antepasados y complican la exhumación de los hermanos Lapeña, tal y como solicitan sus descendientes.

La complejidad de los trabajos de recuperación de los restos de los 81 caídos no individualizados, procedentes de Calatayud, que sería necesario abordar para acceder a la identificación vía ADN de ambos sindicalistas republicanos —si es que se encontrasen en dicha ubicación, cuestión sobre la que la familia Lapeña alberga dudas— hace que su recuperación sea de “extrema complejidad” sin lesionar los derechos de terceros que protege expresamente el Auto emitido el 30 de marzo de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de San Lorenzo de El Escorial.

Pendientes del informe técnico-jurídico del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por encargo de Patrimonio Nacional —una vez finalizados los trabajos de campo preliminares, el pasado 23 de abril, para determinar la viabilidad del acceso de los miembros del Consejo Médico Forense al piso tercero de la Cripta—, desde la institución aseguran que “no se producirá ninguna actuación para la exhumación de restos mientras no se reciba” el mismo.

El informe fue inicialmente paralizado por un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos ante la Audiencia Nacional, que desistió en su postura el pasado mes de marzo.

Patrimonio Nacional confirma que si dicho informe —que se conocerá en próximas semanas— estableciese la posibilidad de acceso hasta los restos cadavéricos no identificados, sería imprescindible un segundo dictamen forense para determinar el procedimiento aplicable a la “localización, identificación y exhumación de los restos cadavéricos de los Sres. Lapeña” subordinado siempre al cumplimiento de “lo señalado en el informe de la Abogacía General del Estado”.

De acuerdo con ello, si finalmente se comprobase que los columbarios en los que podrían encontrarse los restos de los hermanos Lapeña se han convertido actualmente en un osario, en el que se encuentran confundidos con los restos cadavéricos de las demás personas inhumadas, la familia tendrá que interponer la correspondiente demanda para que sea la Justicia la que se pronuncie en firme sobre la exhumación solicitada, si los derechos de las más de 200 familias de víctimas identificadas —que se oponen a cualquier tipo de manipulación— pudiesen verse afectados.

Contrarreloj de Sánchez
El reloj juega en contra de Pedro Sánchez en materia de Memoria Histórica. Si tras su llegada al Gobierno se comprometía a exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos antes del verano y ampliaba la propuesta a todas las víctimas de la Guerra Civil, ahora el inquilino de Moncloa pospone sin fecha concreta la cuestión, consciente de las dificultades técnico-jurídicas para su ejecución.

El caso de los hermanos Lapeña, es paradigmático de una situación en la que el Gobierno deberá enfrentarse a la disconformidad de todas aquellas familias cuyos parientes identificados se encuentren inhumados en el mismo piso de la mencionada cripta del cementerio del Valle de los Caídos.

Únicamente una sentencia judicial —dictada en un proceso declarativo en el que podrán personarse los demás interesados— definirá los intereses en conflicto y la aplicación del principio de proporcionalidad resolviendo, en definitiva, si se desarrollan todas las tareas necesarias para localizar, identificar y, en su caso, exhumar a los Lapeña Altabás o si por el contrario las mismas no pueden acometerse para priorizar el derecho de las demás familias a mantener la ubicación intacta de los restos de sus antepasados.

Vieja y nueva política
GABRIEL TORTELLA El Mundo 8 Agosto 2018

El desarrollo del drama parlamentario que presenciamos a fines del pasado mayo me ha traído a la memoria insistentemente el título de la famosa conferencia de Ortega con que osadamente encabezo estas líneas. Aunque las circunstancias actuales son diferentes de las del tiempo en que Ortega pronunció su exposición (24 mayo 1914), existen, por desgracia, paralelos entre ambas épocas. El filósofo hablaba en nombre de la recién creada Liga de Educación Política Española, con objeto de darla a conocer y de iniciar su labor de curación de un sistema político y de un cuerpo social que en España estaban "enfermos". No podía saber el gran pensador cuán crucial era el momento escogido para su discurso: pocos meses más tarde estallaría la Primera Guerra Mundial, que marcaría una gran divisoria en la historia contemporánea y cuyas consecuencias de todo orden harían olvidar sus propósitos de educación política, aunque no ciertamente la conferencia en sí.

Reprochaba el filósofo al sistema político español que sus partidos se habían ido "anquilosando, petrificando, y consecuentemente, habían perdido toda intimidad con la nación". Se trataba de "partidos fantasmas, que defienden los fantasmas de unas ideas" (algo muy parecido diría Cambó ocho años más tarde en sus Memorias). Sólo salvaba Ortega de este anquilosamiento al "partido socialista y al movimiento sindical... las únicas potencias de modernidad que existen hoy en la vida pública española".

Acertaba plenamente nuestro filósofo: entonces. Las cosas han cambiado mucho en este siglo largo que ha transcurrido desde su famosa conferencia. Las ideas socialistas han triunfado en este intervalo y hoy socialismo y sindicalismo pertenecen plenamente a la vieja política, de pensamiento fantasmal y petrificado. Basta simplemente considerar las triquiñuelas de ilusionista a que recurre hoy el PSOE para hacerse con el poder cueste lo que cueste (si lo sabrá el sufrido contribuyente) y sin atreverse a consultar al electorado antes de embarcarse en una huida hacia delante con la esperanza de ganarse a los votantes con guiños y prebendas. El Partido Socialista está hoy firmemente incrustado en esa vieja política que, como denunciaba Ortega, no ofrece grandes ideas de reforma y mejora, sino simplemente envoltorios vacíos con colores pretendidamente atractivos (exhumación de Franco, aborto infantil y un largo etcétera). No es el único: pero es la formación que lideró esa turbia maniobra parlamentaria del pasado mes de mayo para impedir la manifestación de la voluntad popular. Para ello, el socialismo de Sánchez concitó a un abigarrado aquelarre de partidos hoy ya viejos (algunos catalanes se renuevan sólo en el nombre, como ciertas damas provectas se maquillan para quitarse años y pasados incómodos) a los que unía un solo objetivo: impedir que el pueblo votara para dar un giro a la política antigua, cobarde y suicida que el sistema español viene ofreciendo como solución al problema más grave que tiene planteado nuestro país desde hace ya muchos años: el separatismo. Y esa vieja solución se resume en tres palabras: ceder, conceder y subvencionar.

La vieja política de hoy conserva persistentes resabios del franquismo: es incapaz de librarse de la pesada herencia de aquel régimen que, con su machacona condena de "rojos y separatistas", confirió a estas opciones políticas una aureola totalmente injustificada. El cuerpo político español parece incapaz de desprenderse, de curarse del absurdo prejuicio de que si para Franco rojos y separatistas eran los enemigos, algo bueno habían de tener. Ello ha dado lugar a dos graves anomalías de la opinión política española: de un lado, lo que podríamos llamar la asimetría cainita; de otro, una suicida tolerancia del separatismo.

No hace mucho Teresa Giménez Barbat comentaba que en Alemania a nadie se le ocurriría relacionar a la CDU con el nazismo; sin embargo, en España no son infrecuentes las acusaciones de que el PP es heredero del franquismo. Y lo más curioso es que el PP, en lugar de emparentar al PSOE con las chekas o con Paracuellos, pongo por caso, ha aceptado con mansedumbre las acusaciones de sus detractores, esforzándose solamente en demostrar que ya está muy enmendado y regenerado. La insistencia de la izquierda en descalificar al centroderecha acusándole de ser "derecha extrema", como repetía el inefable Rodríguez Zapatero, tiene graves consecuencias; la peor de todas, el cainismo: si la derecha es tan impresentable, la colaboración con ella es imposible; por lo tanto, es preferible aliarse con los separatistas que con el Partido Popular

Esto lleva a la situación actual y concede a los separatistas una situación de privilegio político que explica que, con un 4,6% de los votos, tengan en jaque permanente a todo el sistema político español y lo desprestigien a los ojos de nuestros socios y aliados. Esto se ha visto ahora en los tribunales europeos, que han venido a decirnos: "¿Cómo quieren ustedes que definamos como reos de un delito de rebelión a unos políticos con los que ustedes pactan amigablemente a diario? No nos pidan que les resolvamos el problema que ustedes no se atreven a afrontar, que les saquemos del fuego sus propias castañas". Este humillante varapalo ha sido la consecuencia directa de este viejo cainismo que no sólo se remonta a Franco, sino que viene de muy atrás, desde el Trágala gaditano, si no desde antes. Ya decía Machado que las dos Españas nos helarían el corazón. Pues siguen haciéndolo. La asimetría cainita, esa vieja lacra de nuestra política, trae consigo una tolerancia irresponsable con los separatistas. Ejemplo perfecto de esta afirmación lo encarna el actual presidente del Gobierno.

¿Quién representa hoy la nueva política? Sin duda Ciudadanos que, con todos sus defectos e indefiniciones, ofrece la superación del viejo cainismo, con una posición de centro que conlleva una renuncia a la descalificación de los demás partidos constitucionalistas. Ciudadanos se ha mostrado dispuesto a aliarse tanto con el Partido Popular como con el PSOE, actitud que cierra la brecha creada por el cainismo. Por eso concita el odio sarraceno de los separatistas, que agreden y acosan a Rivera y Arrimadas con métodos reminiscentes de los primeros años del hitlerismo. Y por eso se unió contra Ciudadanos todo esa turbamulta de la vieja política que protagonizó la lamentable tragicomedia de la moción de censura del pasado mayo, incluida, y esto fue lo más tragicómico de todo, la víctima propiciatoria, el propio PP, demostrando hasta qué punto formaba parte del viejo bloque.

El Partido Popular, que humilló la cabeza y ofreció el pescuezo al verdugo antes que defenderse gallardamente y, si fuere necesario, convocar nuevas elecciones, demostró hasta qué punto tenía interiorizado el cainismo de que era víctima. En aquel episodio lamentable, la vieja política se retrató, coaligándose contra las elecciones, contra la democracia, con tal de cerrar el paso a la nueva política, es decir, a Ciudadanos, el único partido que se oponía claramente al separatismo y que creyó ingenuamente que su posición inequívoca sería una baza decisiva a su favor. Resultó ser una baza decisiva en su contra. Triunfó la vieja política, la de la cesión, concesión y subvención al separatismo.

El tiro pudo haberles salido por la culata a los de la vieja política cuando el PP se rebeló contra ella y eligió por sorpresa a Pablo Casado, que representa algo muy distinto a la ambigüedad de Rajoy. Contra él se concitan, con el tema del máster, los que, sin estar libres de pecado, están dispuestos a lanzar la primera piedra y las que hagan falta para impedir la renovación política.

Decía Ortega de las Cortes de 1914 que "no pueden vivir, porque para un organismo de esta naturaleza vivir al día, en continuo susto, sin poder tomar una trayectoria un poco amplia, equivale a no poder vivir". Igualito que ahora. Ha pasado más de un siglo y la vieja política sigue con nosotros. ¿Hasta cuándo?

Gabriel Tortella, economista e historiador, cuenta, entre sus publicaciones recientes con Cataluña en España. Historia y mito (con J.L. García Ruiz, C. E. Núñez y G. Quiroga) y "¿Es España una nación?", en Claves, mayo-junio 2018.

Vox recurre ante el TSJ andaluz la prohibición de realizar un acto en Algeciras
OKDIARIO 8 Agosto 2018

El partido político Vox ha interpuesto un recurso urgente ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía al entender que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados por parte de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz tras haber sido prohibido un acto que estaba convocado para este 8 de agosto en la Plaza Alta de Algeciras.

Vox ya se estaba encontrando con numerosos problemas para celebrar este acto en Algeciras contra la inmigración irregular. En un principio, la formación liderada por Santiago Abascal pretendía organizar el acto en un establecimiento hotelero, teniendo incluso contratado el evento. Pero, según denunció el presidente provincial de Vox en Cádiz, Juan Carlos Sanz, “ante las presiones de la izquierda y de algunas organizaciones, nos comunicaron la cancelación del mismo. Les han dicho que como se celebre les pondrán piquetes en el hotel lo que queda de verano”.

A continuación buscaron otro hotel en el que poder realizar el evento, pero se encontraron con que todos les ponían problemas “asegurando que están al completo para esa fecha”.

Vox tomó la decisión de convocar el acto en la Plaza Alta de la localidad gaditana de Algeciras, pero se han encontrado con que la Subdelegación del Gobierno también les ha prohibido realizar una convocatoria en la vía pública. Ha denunciado Santiago Abascal que, así, “la mafia socialista de la delegación del Gobierno se une a los radicales de ultraizquierda para impedir que hablemos en Algeciras en la calle. Nos quedan los tribunales. Un Gobierno que atropella de esta manera la libertad de expresión es un gobierno ilegítimo”.

Así, el líder de la formación Vox mostraba en las redes el recurso urgente interpuesto ante el TSJ de Andalucía.

Rajoy solicita el coche oficial y el personal a su cargo que le corresponden como expresidente
En el portal de Transparencia se señala que ningún expresidente ha renunciado a esta dotación y que Mariano Rajoy la ha pedido y está pendiente de tramitación
Vozpópuli 8 Agosto 2018

El expresidente del Gobierno y exlíder del PP Mariano Rajoy no ha renunciado a la dotación que le corresponde por haber desempeñado este cargo. A pesar de que corrió la noticia de que Rajoy había sido el primer presidente que habría renunciado a los privilegios asociados a su fin al frente del Ejecutivo, Maldita.es ha confirmado que se trata de un bulo.

Según informa el digital, Rajoy ya habría solicitado el acceso a las prerrogativas que se recogen en el Estatuto del expresidente. En el portal de Transparencia se señala que ningún expresidente ha renunciado a esta dotación y que Mariano Rajoy la ha pedido y está pendiente de tramitación.

De esta forma, Rajoy tiene derecho a que se cubran los gastos de dos puestos de trabajo de libre designación a su servicio, una dotación para gastos de oficina (alquiler, atención de carácter social...), un coche oficial con conductor, la escolta que el Ministerio de Interior crea necesaria y acceso libre y gratuito a las Compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos del Estado.

En 2017 cada expresidente contó con 74.580 euros de dotación
La dotación se reparte de forma equidistante entre los expresidentes vivos. El pasado año, se dividieron entre Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero un total de 223.740 euros. Por lo tanto, cada expresidente contó con 74.580 euros. Para este 2018 está pendiente de conocerse la dotación puesto que los Presupuestos del Gobierno Rajoy no incluyeron ningún incremento de esta partida.

Sin sueldo vitalicio
Respecto al sueldo vitalicio, pese a la confusión que este hecho provoca, los expresidentes no disponen del mismo. No obstante, a quienes hayan desempeñado este cargo sí les corresponde una indemnización por cese que alcanza el 80% de su sueldo durante un máximo de dos años tras abandonar su cargo que es incompatible con cualquier otro cargo público o privado. Rajoy, al reincorporarse a su plaza como registrador de la sociedad, no habría adquirido esta indemnización.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Hay que aumentar, no replegar

OKDIARIO 8 Agosto 2018

El Gobierno de Pedro Sánchez está a punto de volver a equivocarse gravemente en sus cesiones y ya van demasiadas veces. ¿En qué piensa el presidente del Ejecutivo cuando acepta un repliegue parcial de Policía y Guardia Civil en el País Vasco? Dado el contexto que se vive en la región, en vez de replegar, debería aumentar el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con el acercamiento de los presos etarras, los homenajes que están recibiendo en sus pueblos —¿qué pasa con el enaltecimiento del terrorismo?— y la negativa gubernamental a sancionar por ley este tipo de actos, la presencia de guardias civiles y policías es más perentoria que nunca en los últimos años.

ETA no ha desaparecido en el País Vasco, tampoco en sus regiones limítrofes —por mucho que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) haya decidido de forma equivocada retirar el plus de peligrosidad a los 200 espías destinados en la zona—. Basta con recordar la brutal paliza que recibieron dos agentes de la Benemérita en la localidad navarra de Alsasua por parte de varios miembros de la kale borroka. La violencia callejera o las declaraciones de algunos de sus antiguos líderes en forma de amenazas veladas son hechos denotativos de una realidad que necesita una especial vigilancia. Dichas tácticas de intimidación, lejos de disminuir, crecen. Más, si cabe, después de la laxitud que Sánchez está mostrando ante las peticiones del Partido Nacionalista Vasco y de los proetarras de Bildu. El partido del etarra Arnaldo Otegi, precisamente, reclama la “retirada total” de ambos cuerpos, amén del Ejército español.

Con esta nueva cesión, el PSOE alimenta las ansias de independencia de los más radicales. Una aspiración a la que estorba la presencia de Guardia Civil y Policía Nacional. De hecho, detrás de esta petición de repliegue también está la presión de un colectivo de los policías vascos —Ertzain Abertzaleen Elkartea— que exigen recuperar las “señas de identidad” entre dichos efectivos. Entre sus principios fundamentales está una declaración clarividente: “Reconocemos Euskadi como nuestra Patria”. Una dialéctica que recuerda a la utilizada en Cataluña por los mossos independentistas que propiciaron el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Sin ir más lejos, estos policías vascos apoyaron en su momento a Josep Lluís Trapero. Sánchez tiene la alerta de los antecedentes y del propio sentido común. Si consiente una disminución de guardias civiles y policías en el País Vasco, estará colaborando a que el Estado de Derecho sea más endeble en España.

Hemorragia empresarial en Cataluña

ABC 8 Agosto 2018

EL Gobierno de Pedro Sánchez está empeñado en crear un escenario de normalidad ficticia para acomodar su relación con la Generalitat de Cataluña, que no es otra cosa que la coartada para pagar con competencias y financiación el precio de los votos nacionalistas a la moción de censura. Sin embargo, la realidad de Cataluña dista mucho de la normalidad por decreto que pretende Sánchez, porque el nacionalismo está restringiendo libertades y derechos y está consiguiendo derogar paulatinamente la Constitución en todos los ámbitos de la actividad de sus administraciones públicas, dominadas por el separatismo. La realidad cierta de Cataluña es, entre otros datos, las casi 2.000 empresas que entre enero y junio de 2018 confirmaron su salida de Cataluña. En concreto, en la primera mitad del año se fueron 1.886 empresas de las que 1.066 se dirigieron a Madrid, es decir, más de la mitad, el 56 por ciento según la estadística trimestral del Colegio de Registradores. Una hégira que simboliza que la economía catalana, pese a la aplicación del artículo 155 y la elección de un nuevo Govern, no ha vuelto a recuperar la tracción que tenía anteriormente. Cuando en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat se debaten las cifras del déficit y la deuda de la administración catalana, el Gobierno de Sánchez debería exigir responsabilidades al ejecutivo nacionalista por la fuga de empresas. Asimismo, BBVA Research estima que el PIB crecerá un 2.5% por debajo del 2,7% de media que augura para el conjunto de España. En el sector turismo las pernoctaciones en Cataluña se han reducido un 2.8% desde octubre a junio, mientras que en el conjunto de España han crecido un 0,2%.

Es evidente que la economía catalana está en crisis y necesita al Estado, porque ni se financia por sí sola ni consigue fondos en los mercados. Pero es la penitencia de su propio pecado, porque si una Comunidad Autónoma con el tejido industrial y económico de Cataluña está casi en suspensión de pagos es porque está mal gestionada y porque sus dirigentes han confundido sus prioridades. Las empresas se van -por ahora muchas de ellas sólo a efectos fiscales, pero no tardará la fuga de centros de dirección y de producción- porque el separatismo ha creado un ambiente irrespirable para la libertad empresarial, lo mismo que para las libertades individuales. Sánchez y sus ministros no sólo no se enfrentan a los separatistas con sus responsabilidades por la ruina de Cataluña, sino que han decidido colaborar activamente con la Generalitat para falsear esta realidad como si fuera un problema de financiación de políticas sociales. No hay en Cataluña normalidad más que la que crea la factoría de ficciones en que se ha convertido La Moncloa. Y ya se sabe que no hay nada más peligroso que un político que se cree sus propias mentiras.

Trato de favor a los presos del «procés»
 La Razon 8 Agosto 2018

España es un Estado de Derecho, en el que todos somos iguales ante la Ley. Otra cosa es cuando toca aplicar reglamentos y ordenanzas y actuamos de parte. Esto es, a favor de la parte interesada... El mejor ejemplo lo tenemos en la manera en que son tratados los llamados presos del «procés». Los políticos independentistas catalanes que no han huido –un verbo que refleja lo que hicieron Puigdemont y otros tantos por más que a ellos no les guste esa definición– están en prisiones catalanas. Todos a la espera de juicio. Y están en ellas ante la gravedad de los hechos. Un desafío al Estado que les ha supuesto unas consecuencias de las que, hoy por hoy, sus compañeros del exterior no intentan aliviarles.

Como hoy publica LA RAZÓN, lo excepcional en el trato a los presos comenzó desde el mismo momento en que fueron trasladados a cárceles catalanas. La Generalitat tiene transferidas las competencias penitenciarias y, en este caso, se ha visto que hacen ejercicio de ellas con claros distingos y favores a ciertos reclusos. Desde el mismo momento del traslado a cárceles catalanas desde la Comunidad de Madrid no se cumplió el protocolo. El furgón de la Guardia Civil fue sustituido por furgonetas camufladas. De la misma manera, los presos que podrían considerarse conflictivos fueron trasladados a otros módulos de las prisiones.

En términos profesionales se produjo un «esponjamiento» de esas prisiones. Los reclusos con delitos violentos, sexuales o domésticos fueron «limpiados» del entorno de los llamados «presos del procés». Ocupan celdas individuales, con televisión y en los primeros momentos recibieron la visita casi diaria de sus abogados. Por no hablar de las de los políticos independentistas, que peregrinaban a Lledoners a la búsqueda de consuelo e ideas. Para que nada les falte –con independencia de lo que opinen los sindicatos de funcionarios de prisiones–, la dirección de Instituciones Penitenciarias catalanas ha reforzado la prisión de Lledoners con diez funcionarios más. Un agravio comparativo frente a otras cárceles con mayor conflictividad e internos peligrosos, como Brians II o Quatre Camins.

Esta doble vara de medir ya fue anunciada y alertada por los trabajadores de la cárcel. Los sindicatos de funcionarios de prisiones –cuando se decidió el traslado a Cataluña de los presos del «procés»– exigieron a la consejera de Justicia, Ester Capella, que la Generalitat no diese ningún privilegio y actuase con «neutralidad absoluta» en el trato a los presos independentistas. La presión que padecen los funcionarios, además, es evidente. El despliegue de lazos amarillos y de pintadas, además de las manifestaciones que cada cierto tiempo organizan los CDR u organizaciones como Òmnium Cultural o la ANC buscan crear un clima de amenaza y coacción a los funcionarios que deben custodiar a los presos preventivos. Que deben asegurar que se cumpla la Ley y lo dictaminado por los jueces y los tribunales.

Ahora los «presos» están bajo la custodia de un organismo del Estado que se denomina Generalitat de Cataluña. Él y no otro debe asegurarse de que se cumplan las leyes. Al igual que en la televisión pública catalana o en la escuela, el sesgo nacionalista marca el camino. Que en las cárceles catalanas se bascule hacia un perfil ideológico no se entiende. El principio de igualdad ante la ley se rompe. Todo ello está encuadrado en la misma ofensiva independentista de confusión: ignorar la separación de poderes entre el poder Ejecutivo y el Judicial para exigir «el acercamiento a su casa» de los presos, cuando no su indulto. Algo imposible sin haber sido juzgados. Los «presos» son, hoy por hoy, el clavo ardiendo de un «procés» fallecido.

Fugado y escoltado a costa del contribuyente.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 8 Agosto 2018

PRIMER ACTO DE DESOBEDIENCIA DE LOS GOLPISTAS: PONER ESCOLTAS OFICIALES A PUIGDEMONT ¿QUÉ HARÁ ESTE GOBIERNO?

Cualquier excusa es buena para que los golpistas mantengan su pulso de legalidades con el Gobierno de España y el del Parlamento de Cataluña sobre el de España. La última se refiere a la diferencia de criterio a la hora de asignar escolta oficial al cesado y fugitivo expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, que ha encontrado refugio en un país de la UE, Bélgica, y en un Estado de Alemania, Schleswig- Holstein, cuyos jueces se oponen a su entrega a la justicia de España cuestionando los delitos imputados por el Tribunal Supremo de España. La perversidad en este caso reside en que el Gobierno de la Generalidad quiere hacer abstracción total de la situación procesal del fugado y solo contempla el derecho adquirido y reconocido en la normativa autonómica de Cataluña en cuanto a las prebendas que acompañan a las figuras de los expresidentes de la Generalidad. Y para ello usa sus propios servicios jurídicos como intérpretes del derecho normativo, que nunca, por pura lógica de jerarquización del Derecho puede estar en un plano superior al del Estado.

De hecho, de no haber dudado sobre la legalidad de lo que intentan hacer, no hubieran consultado ni al Ministerio de Interior, como responsable máximo de las FFyCCSE, incluidas las autonómicas como los Mossos de Escuadra.ni al Ministerio de Exteriores, responsable de las relaciones a nivel internacional de España, que engloba y representa a todas y cada una de sus autonomías, incluida Cataluña, por supuesto, por muchas "embajadas" que abran que no dejan de ser mera delegaciones comerciales territoriales. La respuesta del Ministerio de Interior ha sido la de denegar la asignación de escoltas oficiales con Mossos de Escuadra desplazados, entre otros por el simple hecho de que se trata de un fugitivo e la Justicia con una orden de detención en todo el territorio nacional, y una de extradición, suspendida en dos ocasiones a causa de la resistencia desleal de unos jueces extranjeros, que enmiendan el criterio del Tribunal Supremo de España en un acto de deslealtad manifiesta y de injerencia inadmisible en lo que es competencia exclusiva de un Estado democrático socio de la UE e integrante del espacio Schengen de libre circulación de personas.

Es curioso el que los golpistas que ahora están al mando de la Generalidad usen solo aquellos informes de sus servicios jurídicos que no les llevan la contraria en sus pretensiones. De hecho han sido ya varias veces en las que la Mesa del Parlamento autonómico ha hecho caso omiso de esos informes negativos y ha dado curso a debates de leyes o admitir puntos conflictivos en las agendas del día, etc. En el caso dela petición de asignación de escoltas oficiales para Carles Puigdemont, el argumento es que la ley solo recoge el derecho y no distingue ni de situaciones procesales, ni siquiera la de poder ir a prisión si el escolta en cuestión regresa con el susodicho escoltado de visita furtiva a España, momento en que estaría obligado a detenerle y ponerle a disposición del Tribunal Supremo. Un argumento que no solo va contra la lógica, sino que pretende forzar una situación de conflicto en la incongruencia misma de estar libremente fugado y sin poder ser detenido por la mezquina y cómplice protección de los jueces belgas y alemanes y disponer de escoltas oficiales, posiblemente armados, para defender su integridad física.

Hay una máxima en la interpretación de la ley cuando ésta se muestra tan ambigua porque el legislador no ha considerado, por absurdo, entrar a clarificar y contemplar situaciones tan estrambóticas como las que rodean a los fugados de la Justicia acogidos como exiliados políticos cuando son en realidad delincuentes golpistas responsables de unas asonadas con violencia y el intento de secesión unilateral de una parte del territorio de España. Se trata de la “interpretación extensiva” que trata de comprender el significado natural de los vocablos empleados en la disposición, en un sentido amplio, así como también la “interpretación lógica” que trata de averiguar lo que quiso decir el legislador, y para lograrlo, se reconstruye el pensamiento del mismo, acudiendo a fuentes como: la exposición de motivos, las circunstancias existentes en la época, entre otras. El caso es que haber dado un golpe de Estado unilateral, provocado que el Estado reaccionase con unas medidas de intervención de la autonomía, con el cese del Gobierno de la Generalidad en pleno, su posterior denuncia y decreto de detención y prisión provisional para algunos, la fuga de otros, etc.,no se pueden considerar supuestos normales que el legislador tuviese en mente a la hora de reconocer derechos a excargos como los expresidentes del gobierno autonómico. Como bien dice el Ministro de Exteriores Josep Borrell: habría que preguntarles a esos jueces que deniegan la extradición de estos delincuentes lo que hubieran hecho e interpretado esos jueces tan “estupendos” en el caso de que se tratase de una parte de su país donde hubieran ocurrido los hechos. Y añadiría, y vieran cómo jueces de un país socio de la UE amparan y protegen a los autores de ser juzgados por sus crímenes en el país que les reclama.

Lo que intenta el Gobierno de la Generalidad es un acto más dentro del desafío secesionista y provocar una situación ilógica y absurda en la que un fugitivo obtiene la protección de la policía del país que le quiere detener por prófugo de la Justicia. Es como si un fugitivo nazi refugiado en Argentina reclamado por Israel como criminal de guerra tuviese escolta de agentes del Mossad. Esta aberración ha de ser impedida por todos los medios y obligar a la Generalidad a cumplir con la cadena de mando y dejarse de debates jurídicos que solo intentan pervertir y burlar una norma que solo tiene sentido en situaciones consideradas normales, cuando la situación del fugitivo y procesado Carles Puigdemont pendiente de su detención para ser enjuiciado, dista mucho de ser normal. En cuanto a considerar la extensión del derecho si el cargo se desplaza fuera de la autonomía, considerando además que eso incluye fuera de España, es otra falsa interpretación que no contempla el carácter limitativo de ese derecho en determinados supuestos, ya que el costo de los servicios sería injustificable e inadmisible en casos de desplazamientos de larga duración en el extranjero. Por otro lado, no se puede conceder un trato privilegiado a quien no ostenta ninguna representación del Estado.

Creo necesario y urgente el que el Gobierno de España deniegue esta petición del Gobierno de la Generalidad y advierta de que cualquier desobediencia será denunciada y deberán responder los responsables de esta. No se trataría solo de una mera falta administrativa sino de un acto de prevaricación y malversación de fondos públicos por uso indebido de medios públicos como es el caso de los Mossos que integrasen la escolta asignada. Queda por ver que Pedro Sánchez no ceda a lo que sería otra vergüenza más que añadir al esperpento de la libertad de la que gozan los fugitivos de la Justicia de España, cuyo Gobierno es incapaz de hacerla respetar entre sus socios de la UE y de que se burlen con total impunidad.

Mientras tanto, Pedro Sánchez descansa en Doñana tras sus dos meses de intenso trabajo como Presidente, promocionado via moción de censura por medio, del Gobierno de España y su primera vista al palacio de Marivent con comida al más puro estilo Yanqui. Espero que pueda atender los asuntos de Estado en quien, como se decia de Francisco Franco, ese dictador que le obsesiona, está siempre vigía en la defensa de la Patria. Pues eso, a defender a la Patria de los ataques de sus enemigos y no mirar para otro lado.

¡Que pasen si pueden un buen día!

Más de 3.000 efectivos
Gobierno y PNV se ponen de acuerdo en retirar policías y guardias civiles del País Vasco
Luz Sela okdiario 8 Agosto 2018

El Gobierno de Pedro Sánchez y el del lehendakari Íñigo Urkullu están de acuerdo en la necesidad de reducir los efectivos de Policía y Guardia Civil en el País Vasco para ajustarlos a las necesidades “reales” en el ámbito de sus competencias. En la actualidad, unos 2.300 guardias civiles y 1.300 policías prestan sus servicios en esta comunidad autónoma, por unos 8.000 ertzainas, un ratio superior a otras regiones españolas con policía autonómica propia.

En la actualidad, las Fuerzas de Seguridad del Estado se encargan, en el ámbito de la seguridad ciudadana, de la vigilancia de aeropuertos, costas, puertos, fronteras, aduanas y escolta de autoridades del Estado y extranjeras. Expiden DNI, pasaportes y asumen las políticas de extranjería. Además de investigación de temas como el terrorismo o el narcotráfico. Desde 2011, la cifra de efectivos ya ha caído casi un 20%, aunque el ratio es el doble, por ejemplo, de Cataluña.

La histórica reivindicación del nacionalismo vasco ha cobrado fuerza en las últimas semanas, y sobre todo en el nuevo contexto surgido tras la disolución de la banda terrorista ETA y la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

Desde el PNV, el recorte de los efectivos a términos absolutamente “residuales” se entiende como una obligación de acuerdo al artículo 17 del Estatuto de Gernika y de los acuerdos de 1989, que concluyen que la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE) debe ajustarse a las competencias que les corresponden, en tanto se defiende a la Ertzaintza como “policía integral” en el País Vasco.

El PSE suscribe la reclamación
La reclamación encuentra calado entre los socialistas. En febrero pasado, el PSE —de la ‘pedrista’ Idoia Mendia— se unió a una petición del PNV en el Parlamento vasco para reclamar, en el plazo de un año, la “adecuación” de los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional de acuerdo a “las necesidades reales de seguridad” según su “estricto ámbito competencial”, un giro total en la postura que hasta entonces había mantenido el partido ahora en el Gobierno.

La petición se suscribía como enmienda a una moción de EH Bildu en la que se reclamaba la “retirada total” de estos efectivos, junto con el Ejército español. Los socios de gobierno subrayaban que la medida iba “conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Gernika y en el ordenamiento jurídico vigente” y reclamaban al Departamento de Seguridad “trabajar en el seno de la Junta de Seguridad de cara a fijar los criterios de repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Euskadi”.

Desde el PNV se ha insistido en los últimos meses en esa cuestión, y el partido la reclama en el cumplimiento que exige a Sánchez del Estatuto de Gernika.

Dicho Estatuto determina que la seguridad ciudadana es competencia de la Ertzaintza, aunque reserva a las FSE la capacidad de intervenir “en el mantenimiento del orden público” por iniciativa propia cuando “estimen que el interés general del Estado está gravemente comprometido”. La reclamación encuentra además acomodo en el acuerdo de 13 de marzo de 1989 sobre Delimitación de Servicios entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Autónoma Vasca.

Los nacionalistas recibieron con críticas, en febrero, el anuncio del entonces delegado del Gobierno, Javier de Andrés, de ampliar el número de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados al País Vasco. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, arremetió contra el “empeño” en “mantener” la tasa de agentes. “El Gobierno español no quiere atender esta nueva realidad y se niega a cumplir los mandatos del Estatuto. El Gobierno español sigue siendo un gobierno insumiso”, denunció el parlamentario del PNV, Íñigo Iturrate.

Una nueva asociación por el repliegue
Las presiones llegan también desde el colectivo de la Policía vasca donde, en las últimas semanas, se ha formalizado una corriente que impulsa la reivindicación de una policía ‘integral’, Ertzain Abertzaleen Elkartea.

La asociación, apoyada de manera informal desde sectores del PNV, insta a recuperar las “señas de identidad” en el cuerpo policial vasco. “Reconocemos Euskadi como nuestra Patria”, rezan entre sus principios, en los que defienden también el fomento del uso del euskera y del “orgullo de la cultura y de las señas de identidad del Pueblo Vasco”.

Sus principales impulsores, Teodoro Zuloaga e Iris Patxo, firmaron, con otros agentes, una carta de apoyo a los Mossos en los momentos más críticos del desafío independentista catalán, en la que mostraban su “solidaridad” y “reconocimiento” y opinaban que “la defensa y la garantía de la paz, la seguridad y la libertad del pueblo catalán están en buenas manos”. “Especial apoyo y agradecimiento para el major, Josep Lluís Trapero, que con su ejemplar actuación de acuerdo al principio de jerarquía y subordinación a la autoridad, tan injustamente está siendo tratado por algunos sectores de la sociedad catalana y española”, suscribían.

Desde otros sindicatos, como ERNE —mayoritario entre la Ertzaintza— se asegura que “las competencias de los cuerpos policiales están perfectamente delimitadas” en el País Vasco y no se ve necesaria una adecuación en tanto “no existan duplicidades”. “Es, sobre todo, una cuestión política que corresponde valorar al Gobierno de España de acuerdo a sus necesidades en otras regiones”, concluyen fuentes del sindicato.

A Santi Potros lo sacamos de la cárcel con nuestros votos
Liberal Enfurruñada okdiaio 8 Agosto 2018

Esta semana los españoles hemos tenido que sufrir, otra vez, la indignante afrenta de ver como un sanguinario asesino salía de la cárcel mirando a las cámaras desafiante. Con sus ojos inyectados en sangre, Santi Potros nos decía a cada uno de nosotros que él también nos ha vencido y humillado. A sus 70 años de edad salió de la cárcel sano y fuerte. Capaz, si le da la gana, de seguir asesinando como hizo hasta que en 1987 fue detenido. Y los responsables de la victoria de Santi Potros somos nosotros, los votantes españoles. Nosotros hemos consentido legislatura tras legislatura que nuestros políticos de la UCD, del PSOE y del PP, o sea, de todos los partidos políticos que han gobernado España, legislaran de forma que los sanguinarios asesinos etarras hayan salido de prisión uno detrás de otro, ciscándose en nuestras víctimas.

Y encima los muy sinvergüenzas de nuestros políticos tienen la cara dura de echarse las manos a la cabeza, indignados, cada vez que una de estas bestias asesinas es puesta en libertad, porque así lo han dispuesto ellos. Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero son los que han decidido, con nuestros votos, ponerlos en libertad. No os dejéis engañar, nuestros políticos son expertos en tergiversar las cosas para que parezcan lo que no son. Te hablan de una tal “doctrina Parot” que tú no sabes muy bien lo que es. De “decisiones marco de la Unión Europea” que te suenan a chino. Del “Tribunal Europeo de Derechos Humanos” que, además de parecer algo muy moderno y progresista, aparenta ser de inevitable cumplimiento.

Y hasta te hablan del “Convenio Europeo de Derechos Humanos” que ya es como si te dijeran “palabra de Dios”. Pero es todo falso, burdas mentiras con las que la mayoría de los españoles se conforman asumiendo como inevitable que una bestia sanguinaria como Santi Potros salga de la cárcel y se vaya a una herriko taberna a pegarse el homenaje padre para celebrar que él también nos ha vencido, que él está de fiesta mientras sus víctimas sólo pueden llorar a sus muertos, a los asesinados por ese hijo de Satanás. En Estados Unidos, Rusia, Japón, China, Bielorrusia, Cuba y hasta un total de 58 países existe la pena de muerte. Y la prisión permanente, revisable o no, está hoy vigente en Francia, Inglaterra, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, Argentina, Chile, etc.

En España hemos tenido que sufrir seis décadas de terrorismo. Años en los que unas malas bestias sedientas de sangre han asesinado a casi 1.000 personas en más de 4.000 atentados en los que dejaron miles de heridos, viudas, huérfanos, secuestrados, extorsionados y 349 asesinatos sin resolver. Pero hasta 2015, cuando ya no era aplicable a ningún etarra, no se le ocurrió a Mariano Rajoy que debíamos instaurar la prisión permanente revisable para que todos estos carniceros se pudrieran en la cárcel. Pena que PNV, PSOE y Podemos quieren derogar, con la abstención de Ciudadanos. Santi Potros acumula 3.100 años de condena por los 40 asesinatos que se le han podido demostrar, aunque seguramente sea el responsable de más de 100. Pero ha cumplido apenas 31 años en prisión y esto es así porque así lo han querido los políticos a los que los españoles hemos votado, nosotros lo sacamos de prisión con nuestros votos. Se nos debería caer la cara de vergüenza al verlo salir. Yo sólo puedo pedirle perdón a sus víctimas y prometerles, arrepentida y avergonzada, que no volveré a votar a quienes les traicionan.

El secesionismo basa su trama en noticias manipuladas
La información falseada viaja más rápido y se propaga mejor que la verdad. El nacionalismo catalán utiliza las «fake news» para lograr impactos a su favor
Daniel Tercero. Barcelona ABC 8 Agosto 2018

La ONU ha criticado la decisión de que unos dirigentes políticos estén en prisión preventiva en España acusados de rebelión, desobediencia y malversación; la presidenta de Estonia, Kersti Kaljulaid, ha apoyado una campaña a favor de los presos políticos; de hecho, en España hay presos políticos y exiliados por sus ideas políticas; el juez Pablo Llarena se reunió en Gerona con «miembros» del CNI y el exministro Jorge Fernández Díaz; «The Economist» ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que libere a los presos políticos; Cataluña tiene derecho a la autodeterminación; en Barcelona se instalará la sede mundial de Facebook para combatir las fake news; existe una República Catalana, al menos en Waterloo (Bélgica); la revista «Time» ilustró su portada con una imagen de la plaza de San Jaime de Barcelona bajo el título: «La revolución de los paraguas»; el conductor del coche que arrasó con una parte de las cruces amarillas de la plaza Mayor de Vic (Barcelona) lo hizo por motivos políticos; el presidente de Armenia, Armén Sarkissian, negó el saludo al embajador español en EE.UU., Pedro Morenés, tras el rifirrafe entre este y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en Washington hace solo unas semanas; la Comisión Europea y la Unión Europea han concluido que la Justicia española es la peor de Europa; el Ministerio de Defensa movilizó efectivos en Cataluña antes del 1 de octubre de 2017; Gambia y Estonia reconocieron la independencia de Cataluña tras el 27 de octubre...

Y así hasta una larga lista que conformarían las «fake news» que líderes políticos, asesores de los mismos, medios de comunicación y personajes públicos, todos independentistas, propagan cada día gracias, sobre todo, a las redes sociales de internet.

El nacionalismo catalán moderno basa su estrategia, en el mejor de los casos, en la tergiversación de la realidad y el control de su explicación. Los políticos secesionistas y los líderes de opinión que les respaldan creen que tienen una misión y todo vale para llevarla a cabo. A las «fake news» de 2018 se llega tras pasar por las «fake news» de antaño que no hace mucho se basaban en el supuesto «excesivo» déficit fiscal que sufre la Generalitat y el «maltrato» en inversiones por parte del Gobierno de España en las infraestructuras de Cataluña.

Sin rubor alguno
La Fundéu recomienda utilizar como alternativas a «fake news» las expresiones «noticias falsas» y «noticias falseadas». El matiz no es menor. Una información falsa «puede serlo por faltar a la verdad de forma involuntaria o premeditadamente»; pero el adjetivo «falseado» no deja lugar a dudas: «Sugiere un matiz de adulteración o corrupción premeditadas». En Cataluña, el nacionalismo, ahora en forma de independentismo, ha creado un sistema por el que se distribuyen noticias falseadas, sobre todo, para consumo de los convencidos y para que los dudosos dejen de estarlo, y se posicionen a favor de la causa que lidera Carles Puigdemont.

Esta clasificación de los catalanes, en función de su convencimiento secesionista, aparece en el documento de trabajo «Enfocats. Reenfocando el proceso de independencia para un resultado existoso», que se encontró en la Consejería de Economía y Hacienda en uno de los registros judiciales de finales de 2017. En este «reenfoque» se diferencian los distintos caminos de actuación (siete) para que la propaganda independentista llegue a toda la ciudadanía y se sume el mayor número posible. No es lo mismo dirigirse a los «convencidos hiperventilados» que a los «convencidos del no», pasando por los «convencidos históricos», los «convencidos recientes pero débiles», los «regeneracionistas fraternales», los «indecisos» y los «actualmente impermeables».

En este entramado es fundamental el uso de las noticias falseadas, porque algo queda. Y contar con la colaboración de los medios de comunicación, sin los que las «fake news» no pasarían de mero chismorreo digital. Lo explicó hace unos días Argelia Queralt, doctora en Derecho y profesora en la Universidad de Barcelona, desde las páginas de la edición catalana de «El País»: «En Cataluña hay medios privados, convertidos en referentes informativos, apoyados con grandes contribuciones públicas y absolutamente rendidos a la causa que mienten en sus informaciones, y lo hacen sin rubor alguno.

Hacer trampas con datos que son públicos es muy complicado porque una contrastación básica sirve para poder desmontarlas. Pero esto no les impide seguir en su labor paraperiodística, contribuyendo a mantener la burbuja procesista. Además, existen medios online, que con el pretexto de la defensa de la República (sí, aquella que no existió nunca) crean noticias -o sea, las inventan- con el objetivo de emponzoñar el debate y de falsear la realidad».

Con este sistema se mantiene cautivo al convencido, que perdonará, por ejemplo, que la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, diera por bueno 48 horas después de demostrarse que era falso que el juez Pablo Llarena se hubiera reunido con «miembros» del CNI y con el exministro Fernández Díaz; o que el presidente autonómico retuité la imagen manipulada de la presidenta de Estonia para hacerla pasar por defensora de los presos políticos.

Hasta tal punto lleva el independentismo su ficción que sus líderes no son capaces de lidiar con la contradicción de defender que el 1-O no fue un referéndum o creer, por ejemplo, que cambiando el nombre de Convergència por el de PDECat (pero manteniendo las sedes, los números de teléfono, las cuentas de Facebook, la estructura organizativa, etcétera) la Justicia pensará que no son el mismo partido.

El apoyo que nunca fue de Estonia
El nacionalismo catalán no tiene el monopolio de la manipulación de imágenes, ni esta práctica se puso de moda con la aparición del mundo digital. Eso sí, los líderes independentistas son auténticos protagonistas de esta práctica. Quim Torra, presidente de la Generalitat, retuiteó hace unos días una imagen de Kersti Kaljulaid, presidenta de Estonia, en la que esta sujetaba con sus manos una hoja amarilla -con el logo utilizado por Òmnium Cultural- con el hashtag #FreePoliticalPrisoners. Todo falso.

En realidad, Kaljulaid había posado tiempo atrás, en mayo, para pedir la libertad del cineasta ucraniano Oleg Sentsov, encarcelado en Rusia. En la hoja amarilla, en lugar del FreePoliticalPrisoners figuraba un FreeSentsov. En octubre, Estonia protagonizó, con Gambia, otro bulo en internet. ¡Habían reconocido la independencia de Cataluña! También falso. Como cuando los dirigentes secesionistas aseguraban que, tras la declaración de independencia, «el mundo nos reconocerá».

El juez Llarena se vio con el CNI en Gerona
31 de julio. Martes de la semana pasada. Rueda de prensa de la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, tras la reunión del Gobierno catalán. Le preguntan por el escrache que sufrió el magistrado del Supremo Pablo Llarena en Mont-ras (Gerona) al salir de cenar. Lo condena. Pero añade a la pregunta de los periodistas si también tiene que hacer una valoración del encuentro de Llarena con «miembros» del CNI y con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Estupefacción en la sala de prensa. Un periodista le advierte que en la cena no estuvo el exministro sino su hermano Alberto Fernández Díaz y que hace dos días que se desmintió el bulo. ¿También lo del CNI?, añade la portavoz autonómica, dando veracidad a lo que dos días antes había publicado el digital Vilaweb sin ninguna base periodística. ¿Cree Artadi que el CNI se reuniría con un juez del Supremo, que investiga las ilegalidades del secesionismo catalán, en un restaurante a la luz pública en Gerona?

Ramon Tremosa, desde la Unión Europea
El eurodiputado del PDECat Ramon Tremosa, asesorado convenientemente para estas lides por su lugarteniente Aleix Sarri, es una fábrica de «fake news». Tremosa -que llevó al Parlamento Europeo el pisotón de Pepe, jugador del Real Madrid, a Messi, líder del F. C. Barcelona, durante un partido- tiene entre sus trofeos de mentiras, por ejemplo, la portada de la revista «Time» con una imagen de la plaza de San Jaime de Barcelona bajo el título: «La revolución de los paraguas», cuando en realidad la revista llevaba una imagen de Hong Kong; una felicitación a «EuskalHerria» con una imagen de cientos de bilbaínos protestando por la aplicación del artículo 155 en Cataluña, cuando en realidad eran seguidores del Athlétic de Bilbao; o la pacífica resistencia de una joven ante un antidisturbios durante el 1 de octubre en Barcelona, cuando en realidad la imagen era de un país Sudamericano.

Sarri, por su parte, es un buen aprendiz de Tremosa. Su asesor personal es capaz de difundir «fake news» como que la Justicia española es la peor de Europa o que el editorial de «The Economist» advierte al Gobierno de los «presos políticos», algo que se desmonta con leer la revista británica.

Mossos D'Esquadra
La mosso suspendida por meterse con Puigdemont recauda más de 10.000€ en cinco días
Raquel Tejero okdiario 8 Agosto 2018

“Soy una Cabo del cuerpo de mozos de escuadra y necesito vuestro apoyo para presentar una querella criminal contra los portavoces de ‘Mozos x la independencia‘”. Así comienza la petición que Inma Alcolea, agente del cuerpo policial catalán, ha abierto en una plataforma de Internet para recaudar dinero y luchar contra la persecución que sufre y que provocó su suspensión. Por el momento, la cifra reunida asciende a más de 10.000 euros.

Alcolea sostiene que todo comenzó cuando su madre publicó por error unos mensajes desde su cuenta de Facebook, creyendo que se trataba del suyo propio, en los que criticaba al entonces presidente catalán, Carles Puigdemont. A partir de ahí, comenzó una persecución que cambiaría su vida para siempre, y que llevó incluso a un expediente y a la suspensión de empleo y sueldo.

Para poder hacerse cargo del proceso judicial, la agente ha tenido que recurrir a una plataforma de ‘crowdfunding’, Gofundme, con la que pretende recaudar una suma que le permita poder afrontar económicamente su defensa.

En apenas una semana, Alcolea ya ha logrado reunir más de 10.000 euros. Admite, en declaraciones a OKDIARIO, que se siente “enormemente agradecida por la respuesta ciudadana”.

Pese a que las donaciones pueden hacerse de forma anónima, muchas de las aportaciones aparecen con hombre y apellido, en señal de apoyo a la agentes de los Mossos d’Esquadra.

Por el momento, la donación de mayor importe la ha realizado la plataforma ‘Unidos por España’ que ha aportado 500 euros.

A continuación se reproduce la petición de la agente:

Soy una Cabo del cuerpo de mozos de escuadra y necesito vuestro apoyo para presentar una querella criminal contra los portavoces de mozos x la independencia, Donaire y Alsina x continuamente ser objeto de sus calumnias , injurias y provocar en sus seguidores odio hacia mi persona, levantando falsos testimonios sobre mí o sobre mi expediente administrativo en las redes q ellos administran y en las personales del primero.

Tengo también pendiente un juicio por una demanda q interpongo al Diario de Gerona x colgar en su diario y sin mi permiso la fotografía de mi hijo menor de edad, junto a la noticia de mi expediente disciplinario, vulnerando la ley de protección de la imagen del menor.

Así mismo, he demandado a esta administración de la Generalidad (q ilegalmente ha intentado la secesión de España) y tengo varios contenciosos contra ella por una sanción disciplinaria junto a tres medidas cautelares aplicadas en de enero 2017 a marzo 2018 que me tienen inmersa en un expediente,(lo caducan y lo vuelven a iniciar) y dos traslados de lugar de trabajo impuestos de manera injusta y desproporcionada a 140 km y a 120 km el segundo.

El primer juicio de medidas cautelares se lo he ganado a la Administración pero, mientras la juez me da 300 euros de costas, solo la procuradora me cuesta 338 euros, sin contar lo ya gastado en procedimientos administrativos.Ademas la Generalidad siempre recurre si pierde, y ellos lo hacen gratis.

Gracias a un sindicato de mozos de escuadra, el SAP/UGT q, no solo no me ayudó en nada, después de 21 años pagándole, sino q me perjudicó gravemente, con una asesoría jurídica nefasta y solicitando sin mi permiso a esta Administración , después de la suspensión cautelar de mi sueldo, un traslado coactivo en mi lugar de trabajo a 140 km de mi domicilio, Actualmente tengo un presupuesto de 16.000 euros para sufragar a mis abogados en todos estos procesos. Os pediría ayuda para poder obtener una condena contra esos mozos independentistas, q representan a muchos otros, q silenciosos x las redes sociales piden la secesión de España y q no merecerían pertenecer a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

También para q se condene a un diario, al q sufragan mis impuestos, gracias a la Generalidad de Cataluña q mantiene a los medios públicos separatistas,y q incumple leyes tan graves y básicas como la protección de la imagen de los menores. También luchar contra los agravios de una administración q ha intentado hundirme a nivel personal, profesional y económico pero q no lo va a conseguir.

Un profesor de Valencia: “Con 15 años de experiencia iré al paro por no saber valenciano”
Raquel Tejero okdiario 8 Agosto 2018

La dictadura lingüística de Ximo Puig y Mónica Oltra amenaza con dejar sin trabajo a miles de valencianos que trabajan para la Administración pero no disponen del título que acredita su nivel de conocimiento de la lengua valenciana. Marcos —que así llamaremos a este profesor que ha accedido a contar su historia en OKDIARIO y que prefiere preservar su identidad— tiene más de 15 años de experiencia como profesor y el próximo curso se quedará en el paro.

“Por no tener el requisito lingüístico nos vamos a la calle, no directamente a la calle porque no nos quitan nuestro puesto de bolsa pero nos obligan a desactivarnos”, explica. Lo que significa que, sólo en caso de que presente el título, podrá preservar su puesto en la lista de interinos de la Generalitat Valenciana.

“En el sistema está entrando gente que no tiene experiencia profesional a nivel de docencia ni a nivel de nuestra profesión”, asegura el entrevistado.

Ahora, según las nuevas directrices “el requisito que prevalece es el requisito lingüístico”. Según relata este docente, “puedes tener cero años de experiencia y cero años de experiencia profesional pero, por tener un título de valenciano, te sitúas por delante de gente con mucha experiencia”, lamenta.

El caso de Marcos es uno más de los muchos profesionales que ven amenazados sus puestos de trabajo: “Llevo quince años trabajando para la Administración como profesor de cocina y pastelería y soy el número 6 de mi bolsa”, asegura. Sin embargo, tras el decretazo, “si Consellería detecta que te dan un puesto de trabajo y no reúnes el requisito de la capacitación del valenciano te quitan de la bolsa y pierdes tus derechos de por vida”.

El profesor, que dice sentirse “deprimido y frustrado”, sólo puede esperar a que llegue septiembre y que le “den el paro”. Según el entrevistado, ha intentado en múltiples ocasiones hacerse con el título pero no lo ha conseguido.

Su crítica no se basa únicamente en el requisito, sino en la implantación sorpresiva del mismo que ha impedido a muchos poder formarse para ello: “Ahora los jóvenes ya tienen ese nivel porque lo estudian en el colegio, pero nosotros no”, sentencia.
 


Recortes de Prensa   Página Inicial