AGLI Recortes de Prensa   Martes 14 Agosto 2018

Evitar el veneno del despilfarro del erario
EDITORIAL ABC 14 Agosto 2018

En los últimos seis años, los ayuntamientos han ahorrado 32.000 millones de euros gracias a las normas de austeridad puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy, urgidas por al calamitoso estado de las arcas públicas que dejó el zapaterismo, que se fue de La Moncloa gastando al año 90.000 millones de euros más de lo que generaba la economía española. Las corporaciones locales han sido, por tanto, vitales para devolver el déficit a parámetros asumibles por el país y tolerados por las instituciones europeas. Los Ayuntamientos han podido reducir sensiblemente su deuda (en 17.000 millones de euros) y, además, han colocado otros 24.000 millones en su tesorería. Solo en el último año, las entidades locales lograron un ahorro neto de 7.000 millones. En general, han reducido su agujero financiero un 70 por ciento desde 2011.

Las limitaciones del gasto público no eran por tanto un austericidio caprichoso sino una necesidad, la única manera de salvar de la quiebra todo el sistema financiero del Estado. Naturalmente, el esfuerzo tuvo sus sacrificios, dolorosos, que corrieron a cargo de los ciudadanos. Pero al menos sirvieron para sanear las cuentas y detener el disparatado despilfarro que se había instalado como inercia venenosa en las administraciones durante la época de las «vacas gordas». Conviene, por tanto, no perder la perspectiva y seguir aplicando las normas de contención en el gasto que, con acierto, puso en marcha el Ejecutivo popular. El nuevo Gobierno del PSOE, partido que tiene históricamente acreditada su tendencia al despilfarro, ha comenzado a levantar la mano. No olvidemos que su vicepresidenta Carmen Calvo se encumbró en materia financiera afirmando que «el dinero público no es de nadie». El peligro es que se avecina un año cuajado de elecciones, terreno abonado para utilizar los recursos públicos como banderín de enganche de votos de los gobiernos en ejercicio, un tentación que debe quedar desterrada si no queremos desandar el camino y volver a las arenas movedizas y sufrimientos que trajo la crisis.

¿Cargarse las vacas lecheras de la economía española?
José María Gay de Liébana okdiario 14 Agosto 2018

Rodeado de la paz pirenaica, en el Valle de la Cerdaña, donde la luz natural irradia durante todo el día gracias a su orientación Este–Oeste, con mañanas radiantes y soleadas que invitan, si el calor lo permite, a caminar detrás de una bola de golf —que no a jugar sino a intentar dar algún golpe mínimamente aceptable—, con tardes tormentosas en las que descarga agua y más agua —¡bendita sea sobre todo cuando vemos los embalses y pantanos cada vez más llenos!—, recapacito acerca de las subidas fiscales que vienen con el nuevo Gobierno: demenciales absolutamente. En el mundo hay esos odiados paraísos fiscales, que tanta inquina política levantan y que sin embargo tantos montones de dinero mueven, con las empresas buscando su socaire, y los infiernos fiscales. España en estos momentos, de no remediarse la tempestad tributaria que está a punto de desatarse, va camino de convertirse para las empresas en un castigado infierno fiscal. Y de los infiernos evidentemente todo quisque quiere huir.

Era una mañana cualquiera, en un aeropuerto europeo cualquiera. Volaba con destino a Madrid. Tras acomodarme en el avión —¡qué es un decir porque hoy en día volar es un ejercicio de puro masoquismo con espacios de low cost!— mi vecino de asiento, directivo norteamericano de un fondo inversor, con su limitado pero grandilocuente castellano, cosa que agradezco, me suelta: “España no previsible. Hoy blanco, mañana negro. Leyes no estables, Inseguridad jurídica. Nosotros tenemos demandas presentadas contra el Gobierno español en tribunales internacionales”. ¡Vaya imagen que damos, pienso para mis adentros, mientras voy asintiendo atento a las explicaciones del vecino norteamericano! Ni que decir tiene que esa percepción sobre nuestro país impide prosperar en los negocios y atraer más inversión internacional.

Ahora, nos encontramos en trance de soportar un duro golpe para nuestras empresas que uno, igual pensando muy mal, llegaría a barruntar si con el cariz de la reforma tributaria, que a modo de globo sonda se va lanzando, con el impuesto sobre sociedades como eje de todos los males habidos y por haber, estamos ante una estratagema de acoso y derribo al sector empresarial. ¿No será ese el objetivo final de tanta izquierda metida en labores de Gobierno? Porque reformar el impuesto sobre sociedades imponiendo un tipo del 15% sobre el resultado contable, agravado con suprimir de cuajo toda la compleja arquitectura de deducciones que los gobiernos de turno han ido tejiendo y por añadidura eliminar exenciones a plusvalías y dividendos e incluso hacer tributar en España beneficios que ya han pagado impuestos en los países dónde se han obtenido, no solo contraviene los convenios suscritos por España para evitar la doble imposición, también penetra en el ámbito de la inconstitucionalidad.

La capacidad económica es la referencia proclamada por nuestra Constitución para pagar impuestos y tal capacidad se determina por ley siendo la base imponible del Impuesto sobre Sociedades su medidor. Actuar así, por parte del Gobierno, equivale a echarse en su contra a todo el empresariado español porque los autónomos, con sus cotizaciones, también están en el punto de mira de un Gobierno reformador. La indecencia en trance llevaría a qué a las empresas, que acumularon pérdidas en los amargos años de crisis y que contra viento y marea han sido capaces de sobrevivir, se les niegue o recorte, en plan inmundicia, el justo derecho a compensar aquellos déficits. Todo sea por insensatos afanes tributarios que sirven para engrosar la recaudación con la finalidad de seguir sosteniendo un país cuyo gasto público es más que recortable.

El test playero

La propaganda no es infalible, el público piensa y anota
Luis Ventoso ABC 14 Agosto 2018

Como normal general no parece adecuado que los ciudadanos abucheen e insulten a sus gobernantes electos cuando se los topan por la rúe. Hay vías civilizadas para expresar disconformidad, como votar a otro partido u organizar manifestaciones regladas. Lo que pasa es que Sánchez no es un gobernante electo. Ha suplantado la voluntad popular y ha ocupado el poder de la mano de los separatistas antiespañoles tras perder por goleada dos elecciones consecutivas. Por eso, lo confieso, aún no queriendo, se me escapó una sonrisilla irónica y de justicia poética cuando vi el vídeo del homenaje que le tributaron los comensales de los restaurantes playeros de Bajo de Guía, en Sanlúcar (Cádiz).

Sánchez había ido a pasear por Sanlúcar con Merkel (a la que ahora adula tras pasarse años despellejando sus supuestas políticas «austericidas»). Para retornar a la dacha estival de Doñana, la comitiva necesitó embarcar en la playa. Como saben, Sánchez nos ha venido explicando en tono profético que «ahora los españoles por fin se reconocen en su Gobierno». En efecto. Fue divisarlo y la clientela de las terrazas se levantó en tropel para expresar a voces su inquebrantable adhesión al nuevo Gobierno bonito, exhumador y de progreso: «¡Okupa!» / «Fuera, fuera» / «¡Elecciones ya!» / «Chorizo». Tales fueron las flores con que aquellas gargantas enardecidas engalanaban al presidente por accidente.

Tal vez se dio la fatídica casualidad de que todos aquellos ardorosos comensales eran militantes del PP. Pero no parece. Allí había de todo y además Andalucía es el feudo del PSOE por excelencia. Entonces, ¿qué pudo haber ocurrido? Pues lo que ha pasado es que Sánchez y su camarilla de publicistas han ignorado la primera máxima que debe atender todo político con los pies en el suelo: el pueblo no es gilipollas. La propaganda no lo arregla todo. Si en 2015 enfatizabas que nada más llegar al poder derogarías «la reforma laboral entera» y ahora no lo haces, la gente anota. Si apoyabas el 155 y llamabas Le Pen y «supremacista» a Torra y ahora te dedicas a lisonjearlo para intentar comer el turrón en La Moncloa, el público se percata. Si te hacías cruces ante una sentencia que en nada salpicaba a Rajoy y que usaste para echarlo, pero luego pones en marcha un bochornoso sistema de enchufismo; el personal se da cuenta. Si en tu toma de posesión prometes que convocarás elecciones en breve y luego te haces el longuis, el respetable puede que te tache de mentiroso (y con razón). Si en junio traes al «Aquarius» presumiendo de bondad y sin calibrar las consecuencias y en agosto mandas al mismo «Aquarius» -enfrentado a idéntico drama- a tomar viento; el pueblo español se percata de que eres un cantamañanas. Y a lo mejor se enoja. Y quiere elecciones. Y cuando te ve delante, pues expresa a voces lo que tu no le dejas opinar en las urnas.

«Dudo de que Sánchez sea capaz de hablar media hora de sus propuestas para España». La frase es prestada. La soltó en noviembre de 2016 un tipo bregado, canoso, listo. Un tal Felipe González. Hizo pleno al quince.

El agente Zapatero y la tortura
Hay alarmantes lazos entre España y la criminal dictadura de Maduro
Hermann Tertsch ABC 14 Agosto 2018

Llegan terribles nuevas procedentes de Venezuela que nos afectan gravemente a los españoles. Ya no se puede mirar en España hacia otro lado como tantos han hecho tanto tiempo. Son noticias que dicen también mucho sobre lo que pasa en España donde gobierna hoy un hombre, Pedro Sánchez, cuyo principal apoyo político y parlamentario es una franquicia del régimen criminal comunista que ha destruido aquel país hasta unos límites inimaginables. Venezuela sufre sin cesar un dolor de espanto por miedo, violencia, hambre, tortura y privaciones sin fin. Un dolor que no se habría dado en estas dimensiones y con semejante brutalidad sin la implicación de asesores comunistas españoles durante la construcción de la dictadura y sin la increíble pero ya muy constatada implicación como estrecho colaborador de Maduro, el criminal que preside aquel régimen, de un expresidente del gobierno de España. Se trata del socialista Rodríguez Zapatero, cuya influencia en el gobierno de Sánchez también es muy grande. Zapatero es hoy asesor común de Maduro y de nuestro jefe de Gobierno. Y Sánchez está bajo la influencia combinada del asesor de Maduro y de Podemos que debe su existencia y obediencia a aquella dictadura. Ante estos datos, quizás debieran alarmarse un poco más los españoles.

La humillación como forma para destruir al individuo, quebrar a la persona, su voluntad, su autoestima, es tan vieja como el poder y la tiranía. En tiempos modernos todas las dictaduras lo han hecho, aunque los nazis y los comunistas, esos dos gemelos del diablo, son los más afamados especialistas. Los nazis en el poder no existen desde 1945, los comunistas sí y son como siempre maestros de humillación y tortura. El SEBIN, la policía política de la dictadura de Maduro, distribuyó hace tres días unas imágenes del diputado Juan Requesens, detenido en flagrante violación de su inmunidad parlamentaria. En ellas aparece en unos calzoncillos manchados por lo que parecen excrementos y con síntomas de haber sido drogado. Requesens fue detenido ilegalmente en la redada montada por el régimen tras el supuesto atentado contra Maduro el 4 de agosto. El partido de Requesens ha denunciado que, además de drogado, fue amenazado con la ejecución de su familia y la violación de su hermana.

Pues aquí, en lo más turbio y sórdido de las sentinas violentas de un régimen comunista criminal y narcotraficante aparece Zapatero. Porque un compañero de partido del torturado Requesens, Julio Borges, ha acusado al expresidente del Gobierno español de amenazarle con la cárcel si no se plegaba a la voluntad del dictador Maduro. Zapatero llegó hace más de dos años a Venezuela pretendiendo ser un mediador. Pronto la oposición le acusó de ser un agente más de la dictadura de Maduro, que por grandes cantidades de dinero nunca especificadas, defiende al régimen y maniobra para levantar sanciones internacionales a los criminales de la cúpula. Zapatero es el único líder europeo con la impudicia de defender a la narcodictadura. Su mediación se resume en el balance de Felipe González: Ha logrado «multiplicar por seis la cifra de presos políticos». Zapatero dijo el domingo que la acusación de Borges era «una burda calumnia». Pero no son las primeras de este tipo contra él. Hace tiempo presos políticos denunciaron visitas de Zapatero para hacer exigencias que favorecían a la dictadura. Convendría que en España se abra un debate sobre lo que Zapatero hace en Venezuela. Que el socialista Zapatero, considerado agente de un dictador comunista y narcotraficante que tortura a diputados de su parlamento, sea asesor de Sánchez e ídolo de su Gobierno, dice mucho de lo peligrosamente que vivimos los españoles últimamente.

Trinque
DAVID GISTAU ABC 14 Agosto 2018

El sanchismo se comporta ante los recursos del Estado como una partida de saqueadores arramplando un botín. ¿Hay motivo para el escándalo? Pues depende de la ingenuidad con la que cada uno haya hecho la observación de estas cuatro décadas largas de patente de corso partitocrática. Adriana Lastra, que no suele decir cosas por las que haya que salir corriendo a comprar un cincel, acertó de un modo que ni ella pretendía cuando, preguntada sobre la desfachatez de las colocaciones de Sánchez, respondió que lo raro sería colocar a "los de la derecha". Ahí quedó delatada una mentalidad de la cual Lastra ni siquiera es culpable -contagia por ósmosis a cualquiera que haya sido educado por un partido político- y que resume a la perfección la verdadera naturaleza de la alternancia: el turnismo del trinque. Sólo los partidos nacionalistas que lograron patrimonializar un poder regional llegaron a trincar sin dar turno y completaron el botín a veces en la dimensión nacional, cuando la condición de bisagra les concedió una capacidad coercitiva mayor: en la actualidad, al PNV, partido que ha convertido el chantaje en medio de vida, sólo le falta poner a Sánchez a lavar sus coches oficiales los domingos.

Que el sanchismo, por tanto, reclame ahora su botín y la barra libre proveedora, prerrogativas de quien gobierna, no constituye una novedad en democracia. Sí existen, sin embargo, tres detalles diferenciadores que lo hacen todo más grosero. Uno, la carencia de autoridad moral por no haber sido legitimado este cotarro extractivo por las urnas, algo que en realidad sobrevuela todo -el síndrome de okupa- cuanto este Gobierno es o intenta ser. Dos, la impresión de que el propio Gobierno se siente precario y sabe que podría disponer de muy poco tiempo en el poder, lo cual acrecienta el frenesí de la rapiña: trincar cuanto se pueda y mientras se pueda.

El tercer elemento es el más importante. El PSOE está lejos de ser un partido nuevo, de hecho, es tan del sistema que pasó décadas intentando que en España no se diferenciara el PSOE del sistema, como si cualquier otro gobernante fuera un usurpador. Pero sí ha intentado robar a Podemos las consignas curativas acerca de la regeneración de un régimen al que sólo la derecha habría corrompido. Que luego, a la primera oportunidad, olvide los votos de regeneración y se comporte como una banda embriagada de trinque es algo que le penalizará incluso habiendo completado en poco tiempo un control mediático apabullante.

Dictadura Lingüística Valencia
Las universidades públicas valencianas subvencionan con 3.500 € las tesis doctorales en catalán

María Jamardo pkdiario 14 Agosto 2018

Las universidades públicas valencianas, en colaboración con el Servicio de Política Lingüística de la comunidad autónoma de Ximo Puig y Mónica Oltra, subvencionan tesis doctorales y trabajos de fin de grado en valenciano, catalán e inglés, pero no contemplan ayudas para los escritos en español.

En los datos públicos disponibles para los centros de enseñanza superior de Valencia que recogen los incentivos para material docente y tesis doctorales durante el periodo 2018 (del 8 de enero al 20 de diciembre) se prevé la asignación de fondos públicos orientados a mejorar “la calidad lingüística en la elaboración en valenciano e inglés” e “impulsar su uso en el ámbito universitario”.

Asignación ‘a dedo’
La dotación económica prevista para las tesis doctorales de los alumnos de la Universidad de Valencia es de hasta 1.200 € por ayuda, pero la propia convocatoria posibilita la solicitud de diversas asignaciones de manera simultánea hasta un límite máximo por beneficiario que no podrá superar los 3.500 € anuales.

El criterio para la asignación de dichos pagos y su cuantía —según la que se determina si el doctorando es merecedor de optar a percibir la asignación económica— es el volumen del material y la calidad lingüística del mismo, extremo este último que corresponde unilateral y discrecionalmente al Servicio de Política Lingüística de la Generalidad Valenciana.

“Potenciar la lengua propia”
La Universidad de Valencia, la Universidad Jaume I, la Universidad Politécnica de Valencia o la Universidad de Alicante, entre otras, tienen como una de sus finalidades “potenciar el conocimiento y el uso de la lengua propia atendiendo a su consolidación y plena normalización en toda la comunidad universitaria y, más concretamente, impulsar la docencia y los trabajos de investigación en valenciano”.

La iniciativa pretende estimular la “investigación en valenciano y mejorar el lenguaje científico y la terminología en catalán del estudiante de doctorado” y por ello, desde el Área de Normalización Lingüística de los centros se ofrece apoyo a las “personas matriculadas en programas de doctorado” que presenten sus trabajos de investigación en catalán o valenciano.

El denominador común de todas las convocatorias y ayudas previstas es prestar ayudas económicas a aquellas personas que elijan presentar sus estudios de fin de grado o sus tesis de investigación como doctorandos de las universidades públicas valencianas en cualquier idioma “distinto del español”.

El apoyo en materia de asesoramiento lingüístico se reserva a los servicios de lenguas y cultura de los diferentes centros y obliga a los alumnos a contactar con dichos departamentos con carácter previo al arranque de los trabajos propuestos.


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Terroristas y justicia
Ana Velasco Vidal-Abarca  Libertad Digital 14 Agosto 2018

Dos terroristas han obtenido el tercer grado penitenciario y van a ser acercados a la cárcel de Basauri desde la de Villabona. A estos individuos no se les denomina terroristas sino "presos" empleando la terminología que impone ETA. Se les describe como una afable pareja que ha estado veinte años en la cárcel –fueron condenados a más de setenta cada uno- y no se entra en detalles de cuántos atentados ayudaron a cometer. Son padres de una inocente niña a la que podrán criar en libertad y en su pueblo natal. Y será así porque el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, aquel que decidió excarcelar al enfermo Bolinaga para que el Gobierno no prevaricase –ministro del interior dixit- lo ha propuesto con criterios estrictamente profesionales. Todo es legal e intachable. Faltaría más.

También ha sido legal la salida de prisión de Arróspide el asesino de cuarenta personas, que a sus venerables setenta años merece disfrutar de una apacible ancianidad en libertad bajo el amparo de nuestro impecable ordenamiento jurídico. Y por supuesto serán legales e inobjetables las futuras salidas de la cárcel de otros "presos" - ya nos anuncian la de un "enfermo" que está en Almería- a los que pronto se aceptará que sean llamados "políticos" como hicieron hace unos días en televisión, por "error".

Es verdad, todos los Gobiernos en algún momento han empleado la política penitenciaria en sus oscuras negociaciones con la banda terrorista y ahora lo siguen haciendo a través del interlocutor interpuesto que siempre ha sido el PNV. Nada es casual ni se puede analizar de forma aislada. En los últimos siete años, desde la oportuna derogación de la doctrina Parot, hasta la Vía Nanclares, o las progresiones de grado, se han empleado todo tipo de recursos para facilitar al máximo la reducción del cumplimiento efectivo de las penas impuestas por los tribunales. Más de trescientos etarras han salido de la cárcel, muchos de ellos recibiendo alborozados homenajes en sus pueblos, tolerados como si no tuvieran importancia.

Nos explican que para para lograr beneficios penitenciarios, los "presos", antes llamados terroristas, tienen que asumir unos requisitos imprescindibles como pedir perdón, hacer frente a la responsabilidad civil o colaborar con la justicia. Pero nos ocultan que la petición de perdón es un mero formalismo legal, un trámite administrativo con una contrapartida que deja las sentencias judiciales y su cumplimiento al albur de mentiras y privilegios para unos reos de primera división. Y nos ocultan también el monto de la responsabilidad civil que han satisfecho unos terroristas que la mayoría de las veces son insolventes o cómo van a colaborar con la justicia si tienen el firme propósito de no "delatar" a sus "compañeros".

Hay más de 300 asesinatos cometidos por ETA que están aún sin resolver y sigue habiendo juicios. ¿Cómo piensan los gobiernos de turno dar satisfacción a las exigencias de impunidad para criminales que tengan por delante decenas de años de condena? No sé cómo pero lo harán. Quizá cuando consideren que la sociedad está lo suficientemente anestesiada promulguen una amnistía o vayan concediendo indultos "discretos" poco a poco. No sería la primera vez.

Mientras, las familias de las víctimas, de esos que ya no pueden clamar pidiendo justicia, se quedarán cada vez más solas o serán utilizadas por unos o por otros para desgastar al contrincante político hasta que ya no sirvan ni siquiera para eso.

Víctimas y PP, un sonado divorcio
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 14 Agosto 2018

Maite Araluce es la presidenta desde el pasado mes de mayo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). La respaldó el 97% de los votos de la asamblea de la organización. Su padre, Juan María Araluce Villar, fue asesinado por la banda terrorista el 4 de octubre de 1976. Era presidente de la Diputación Foral de Guipúzcoa y en el atentado –ametrallamiento- murieron su chófer y tres policías de su escolta. Ocurrió en San Sebastián, donde Gregorio Ordóñez fue también asesinado el 23 de enero de 1995 en el bar La Cepa en la parte vieja donostiarra. Su hermana, Consuelo, es la presidente del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Gregorio Ordóñez era el líder del PP en Guipúzcoa.

Pues bien: ambas presidentas han declarado que los traslados con acercamiento de los etarras Olga Sanz y Javier Moreno desde la cárcel de Villabona (Asturias) a la de Basauri (Vizcaya) son “legales” y no merecen su crítica. Los dos etarras han progresado judicialmente al tercer grado, se han arrepentido de su pasado criminal renunciando expresamente a la violencia y han mostrado su disposición a colaborar con las autoridades. El Gobierno considera este movimiento como un “gesto”, aunque, según informaba ayer 'El Correo de Bilbao', el presidente Sánchez pretende iniciar una cautelosa política de acercamiento de una parte reducida de los 218 presos etarras recluidos en 19 cárceles españolas, siguiendo los pasos de la política de Emmanuel Macron.

El criterio que utilizaría el Ejecutivo sería el de trasladar a cárceles del País Vasco, o a muy cercanas, a reclusos sin autoría en crímenes de sangre, enfermos de gravedad y aquellos de edad avanzada (70 o más años). El Ministerio del Interior trataría de informar previamente a las organizaciones de las víctimas para recabar su conformidad, “o comprensión” ('sic', de fuentes del Ministerio), aunque “ve difícil” consensuar esta corrección de rumbo penitenciario con el PP, aunque “quizás sí con Ciudadanos”. De momento, la sintonía entre la AVT y Covite con el Partido Popular se ha roto. Y el divorcio se ha producido por dos circunstancias que merecen alguna reflexión en la sede de la calle Génova.

En primer lugar, Pablo Casado, al criticar el traslado de Sanz y Moreno no reparó en las circunstancias que concurrían en ambos que, sin embargo, sí fueron estrictamente valoradas por Araluce y por Ordóñez. Y en segundo lugar, el líder del PP adujo que este movimiento carcelario era “un pago” de Sánchez al PNV. Las organizaciones de las víctimas –muy plurales y distintas, con percepciones dispares sobre la política penitenciaria- están doblemente hartas. Tanto de formar parte de la munición político-partidista del PP como del doble juego de sus dirigentes con el PNV, que pasa de socio a adversario a conveniencia de la coyuntura.

Recuerdan bien que nadie como Rajoy, tanto en 2017 (ley de cupo) como en 2018 (concesiones presupuestarias exorbitantes) abonó compensaciones muy altas por el apoyo de los votos nacionalistas. El 3 de mayo pasado, el lendakari Urkullu declaró a 'El País' –sin que mediara desmentido alguno- que “Rajoy es sensible a un cambio en la política penitenciaria”. Puede que Sánchez “esté pagando” precio por el apoyo peneuvista a la moción de censura, pero el que sin duda lo abonó generosamente fue Rajoy que, además, fue, efectivamente, “sensible” a determinados movimientos penitenciarios que no le dio tiempo a efectuar. Pablo Casado, al desconocer imprudentemente la trayectoria reciente de su partido, y utilizar un argumentario superado, ha propiciado una inédita y grave discrepancia con las principales asociaciones que agrupan a las víctimas del terrorismo.

El alejamiento de los presos terroristas de sus lugares de domicilio y origen, y su dispersión, fueron medidas adoptadas a finales de los años ochenta por Enrique Múgica, ministro de Justicia, y por el fallecido Antoni Asunción, director general de Instituciones Penitenciarias. Trataban de quebrar los vínculos grupales que cohesionaban a los terroristas y distanciarles de ambientes sociales que les resultaban favorables. Ambas medidas fueron un éxito porque los reclusos 'duros' dejaron de intimidar a los más 'blandos', que comenzaron a reclamar beneficios penitenciarios y, a la postre, a abjurar de su pasado criminal.

Lo que no se ha conseguido del colectivo de presos etarras aún dispersos y alejados es que su arrepentimiento conlleve una efectiva colaboración con la Justicia, necesaria para esclarecer centenares de asesinatos de la banda terrorista ETA. Las víctimas no se oponen, en consecuencia, a una rectificación de la política penitenciaria pero exigen que sea el resultado de un cambio de actitud radical de los reclusos que debiera objetivarse en la petición de perdón, pero sobre todo en su contribución al esclarecimiento de crímenes cuya autoría concreta se desconoce. Nada más lógico y comprensible.

Estamos en ese punto. Superada, en consecuencia, la fase en la que el PP podía esgrimir que era “el partido que amparaba a las víctimas”. El encontronazo sonado entre Araluce, Ordóñez y Pablo Casado constituye un episodio mucho más serio de lo que se ha valorado e implica un divorcio a través del cual las víctimas del terrorismo quieren recobrar un margen de maniobra que han ido perdiendo. Su papel es de Estado, no de partido. Entre otras muchas razones porque hay víctimas –decenas y decenas- que están próximas al PSOE y a la política de Sánchez y porque el mundo en que estas se mueven, emocionalmente complejo y políticamente plural, requiere de un espacio que, en las actuales circunstancias históricas, debe ser autónomo de los partidos.

¿Qué democracia es la que se inventan los soberanistas catalanes?

“Tres notas definen, a mi juicio, la democracia: participación activa de todos los sectores sociales en la tarea del poder; respeto auténtico, no retórico, por los derechos humanos; superación del nacionalismo belicoso” Joaquín Ruiz Jiménez
Miguel Massanet diariosigloxxi 14 Agosto 2018

En ocasiones uno siente como si todo lo que ha aprendido durante su vida no fuera más que un conjunto de sandeces cuando observa a determinados personajes atribuirse por su cuenta la correcta interpretación de ciertos términos que, por raro que pueda ser en boca de personas a las que se les atribuye una cierta dosis de sentido común, no dudan en utilizarnos de una manera sectaria, irregular, desbaratada y absolutamente contraria a la que la hermenéutica política le ha venido asignando desde que alguien lo definió, ya en tiempo de los primeros siglos de Grecia, como: “Se conoce como democracia a la forma de gobierno que se caracteriza por hacer que el poder recaiga sobre el pueblo. Es decir, que las decisiones tomadas por el Ejecutivo sean consultadas por un grupo elegido por la población. El origen etimológico de la palabra proviene del griego y significa pueblo y gobierno.”

En Cataluña, desde antes inclusive de que el señor Artur Mas levantara la bandera del independentismo, ya hubo alguien que se empeñó en usar el término democrático para avalar la apócrifo y absurda pretensión de pretender que, dentro de una nación regida por los principios democráticos vigentes en todos los países de nuestro entorno, una parte de la misma, una minoría que pretende ser distinta al resto de la ciudadanía, que tiene ínfulas de pertenecer a una raza superior ¿les suena a ustedes esta extraña forma de pensar de cuando en Alemania el señor Adolfo Hitler fundó la Orden Negra como descendiente espiritual de los héroes de la Alemania pagana y medieval. Ya en la tetralogía de grandes óperas: el Oro del Ring, La valquiria, Sigfrido y el Ocaso de los dioses, del compositor favorito del Fürer alemán, Richard Wagner, en la que se desarrollaba una tierra de dioses, gigantes, dragones, superhéroes y enanos subhumanos esclavizados, en la que un anillo mágico y una espada encantada otorgaba a su propietario un poder y una invencibilidad ilimitados. A este sentimiento de raza privilegiada también contribuyó el filósofo Friedrich Nietzsche en cuya obra Hombre y superhombre dividió el mundo en maestros y esclavos. De estos precedentes surgió la sociedad Thule (La tierra del fin del mundo) de donde se suponía que había surgido la raza germánica.

En realidad la historia de Cataluña y sus ansias independentistas no llega a tener el boato, el rango o los orígenes presuntamente divinos del nazismo alemán y, contrariamente a lo que se podría esperar de quienes presumen de ser superiores al resto de españoles, toda su pretendida justificación para pretender tener el derecho de ser una nación distinta de España se basa en una sonada derrota sufrida por el señor Casanova por parte de las tropas del borbón Felipe V y no en una guerra “independentista” sino en una cuestión de sucesión dinásticas entre los Austrias y los Borbones. Llama pues la atención que todos los que han ocupado puestos preeminentes en la política catalana desde que surgió con fuerza el movimiento independentista, a falta de mejores avales, de pretendidas estirpes dinásticas, como ocurre en el caso de la Escocia en el Reino Unido, que nunca tuvieron, se han dedicado a apelar a una supuesta democracia con laa que han pretendido imponerse a un país democrático como es España contra cuya democracia intentan luchar. ¿Habrase visto una situación más absurda y carente de la más mínima legitimidad?

El colmo del evidente intento de rebelión de quienes se han levantado en contra de las leyes del Estado, con la pretensión de emanciparse de la tutela del Estado español, estriba en que se les ha pretendido calificar como presos políticos a quienes, sin el menor escrúpulo, pese a ser funcionarios públicos del Estado español, no dudaron en rebelarse en contra del mandato del Parlamento español y desoír al TC cuando les advirtió de que el Parlamento de Cataluña no tenía entre sus funciones la de levantarse contra el mandato constitucional y celebrar un referendo sin estar debidamente autorizados para ello. Un referendo que, por otra parte estaba basado en consultar al pueblo catalán si quería seguir dentro de España o bien adoptar por la independencia, algo que de haberse accedido a que se celebrase hubiera supuesto que el Estado español estaba dispuesto a hacerse el haraquiri.

Ahora todo rueda a cerca de los próximos juicios que van a tener lugar dentro de unos meses. El señor Puigdemont y toda su camarilla de prófugos de la Justicia, intentan por todos los medios que el pueblo catalán (entendemos que los favorables a la independencia) se levante, aprovechando el día 17 del corriente mes, fecha en la que se conmemora el trágico atentado que tuvo lugar en Barcelona, a la que van a asistir, si no se produce contraorden, el Jefe del Estado y el presidente del Gobierno, para presidir el acto. Una circunstancia que ha obligado a los organizadores de las protestas contra la figura del monarca al que se niegan a reconocer como tal, ante la repulsa generalizada a que se atacase impunemente a SM a querer hacer marcha atrás lo que no implica que algunos extremistas, tanto de Crida per la Republique Catalana o la CUP, decidan motu proprio organizarle una algarada a Felipe VI que ponga en graves aprietos a las fuerzas del orden encargadas de la seguridad del monarca. En otro comentario ya expresamos nuestras dudas sobre que se le obligara al monarca a formar parte de una manifestación en la que, los separatistas, tuvieran ocasión de mostrar su rechazo a la monarquía.

Estamos ante la evidencia de que el señor P.Sánchez, el líder del PSOE, se encuentra en la tesitura de intentar, por todos los medios a su alcance, demostrar que está en condiciones de dominar la situación en España, y esto supone calmar a los revolucionarios independentistas que amenazan con que esta postura contagie a los vascos de Urkullu que ya están llevando a cabo movimientos de solidaridad con los catalanes, dispuestos a que, todo lo que se les conceda también se les sea otorgado a los vascos. Lo que todavía parece que no se sabe es lo que está dispuesto a concederles a los catalanes y a los vascos el señor Sánchez para conseguir su apoyo en todo lo que quede de legislatura. No obstante hay algo que les puede fallar y, en este caso, se trata de los de Podemos, evidentemente en una situación poco airosa desde que los del PSOE pusieron en marcha y ganaron la moción de censura.

Tanto Ciudadanos como Podemos quedaron colgados del pincel con la maniobra de Sánchez y faltará ver lo que Podemos va a querer sacar del PSOE después de que los socialistas hayan querido invadir su terreno al escorarse a la izquierda para, precisamente, conseguir los votos de los más críticos con el PP y Ciudadanos. Puede que el tiempo que todavía queda para las próximas elecciones de marzo del 2020, pueda resultarle un camino demasiado escabroso para un partido socialista que pretende gobernar con 84 escaños en el Parlamento y que, para obtener la mayoría suficiente para sacar adelante sus proyectos de ley sabe que va a necesitar el apoyo de comunistas, separatistas y algún voto disperso más, algo que, si no es imposible sobre el papel, es evidente que, en la realidad, va a depender de demasiadas circunstancias para que se pueda afirmar que, el PSOE, puede mantenerse en el poder todo lo que le queda de legislatura.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, estamos deseando que la nueva dirección del PP, desde su lugar en la oposición y con la ventaja de tener la mayoría absoluta en el Senado, inicie su nueva campaña marcando de cerca, como lo hizo él antes cuando gobernaba Rajoy, cada una de las decisiones que tome el nuevo ejecutivo, sin que ello signifique que no deba apoyar al Gobierno en lo que sea avorable el pueblo español, pero siendo inflexible en todo aquellos que signifique cesiones al soberanismo separatista o al mantenimiento de nuestro sistema de gobierno, señalado en nuestra Constitución de 1978.

Madrid, ciudad de la guerra
ARCADI ESPADA El Mundo 14 Agosto 2018

Barcelona, ciudad de paz es el lema de la concentración que ha escogido el Ayuntamiento que gobierna Ada Colau para conmemorar el primer aniversario del atentado de las Ramblas. Son palabras bien escogidas y reveladoras. Primero, desde el punto de vista histórico. A principios del siglo XX Barcelona fue llamada "la ciudad de las bombas": no había ninguna ciudad europea con semejante olor a sangre y a pólvora. Ya en gloriosa vida de Ada Colau Barcelona fue la ciudad donde un nacionalista catalán, hoy diputado, mató a un alcalde adosándole una bomba al pecho; donde un grupo de nacionalistas vascos hizo volar un Corte Inglés con los clientes dentro y donde un grupo de nacionalistas islámicos atropelló con una camioneta a todo bicho -eso es- viviente que encontró a su paso. Barcelona, ciudad de paz es una ficción, pero una ficción maligna. Forma parte del habitual cuento de la ficción que se explican los catalanes. Por alguna razón extravagante los catalanes han decidido que son más pacíficos que el resto de la Humanidad. Acaso conscientes de su patética pretensión de carácter y cuando operaba en el territorio alguna forma, aun rudimentaria, de la ironía, fue popularísimo un estribillo que se cantaba en las juergas y que dice: "Som gent pacífica i no ens agrada cridar". La peculiaridad era que se repetía una y otra vez, en voz cada vez más alta, hasta que los cantores morían desgañitados.

Pero en el lema no hay solo la mentira fáctica o un wishful thinking tan compartido por los humanos que deviene en absolutamente banal. Lo que acaba por propiciar que se convierta en un lema, lo que dice con una indecibilidad casi hermética, lo que no se ve pero deslumbra son los dos adverbios vinculados: «Aquí no». Un pobre hombre nacionalista, que en razón de serlo llegaría a vicepresidente del gobierno catalán, acertó a expresarlo hace años con milagrosa bajeza cuando le pidió a ETA que antes de atentar mirara donde lo hacía. La petición no era hija solamente de la exigencia tribal que trata de proteger el nosotros a cuenta de los otros. Revelaba, sobre todo, la desesperada necesidad de mantener sin profanaciones la catalana tierra. Los catalanes saben que el terror y los asesinatos existen. Son gente realista y saben también que su capacidad de evitarlos es ciertamente relativa. Por eso se limitan, con civilizada cortesía, no a pedir que desaparezcan, que ya lo comprenden, sino a pedir que no les afecten. Aquí no.

Lo que no han podido tolerar del atentado de las Ramblas fue que quebrara el llamado hecho diferencial.
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