AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 22 Agosto 2018

El plan general contra la democracia
Pío Moa Gaceta.es 22 Agosto 2018

El ultraje a los restos de Franco, pues no se trata de otra cosa, entra en un plan general para revertir la democracia acordada en 1976 por inmensa mayoría popular en referéndum. Democracia a partir del franquismo y no contra él, sino contra los rupturistas, que se sentían identificados con el Frente Popular y su “legalidad”. La democracia incluía la monarquía, decidida por Franco, y daba cierta importancia a la Iglesia católica, aunque esta ya se empeñaba en desacreditarse a sí misma fomentando organizaciones comunistas, terroristas y separatistas.

El ultraje a los restos Franco, es muy propio del partido que más ladrones y asesinos ha generado en España, ahora bajo el mando de una persona ligada familiarmente al negocio de la prostitución homosexual. Y entra en un plan más general, cuyos puntos básicos son, de manera próxima, la liquidación de las libertades políticas persiguiendo a los discrepantes de la totalitaria ley de memoria histórica; en segundo lugar el socavamiento de la monarquía, pues aunque esta pretenda hacerse “la loca” en relación con Franco, no existiría hoy sin este, y podría llegar a caer, como en el 31, sin que nadie la defienda; y por fin una ulterior corrosión de la Iglesia. A quienes no somos católicos ni monárquicos, pero vemos en el cristianismo la raíz de nuestra cultura, y en la monarquía un elemento de estabilidad y continuidad histórica, nos indigna especialmente el ataque hipócrita a las libertades democráticas so pretexto de “apología del franquismo”.

Nada ha sido más nefasto que la identificación de antifranquismo con democracia ya desde tiempos de Suárez y la vil colaboración de la derecha en la maniobra, junto con la torpeza de los minoritarios sectores antidemócratas procedentes del franquismo. Franco venció en 1939 a quienes intentaban disgregar España y hundir al país en la barbarie totalitaria. Y ahora, quienes se consideran herederos de los bárbaros y los separatistas, de aquella orgía de “estupidez y canallería” como la definió Gregorio Marañón, y que fueron derrotados en 1976, se sienten ya con fuerza para volver a las andadas. Quien quiera entender, entienda.

¿Victoria póstuma o ridículo portentoso?
Vicente A. C. M. Periodista Digital 22 Agosto 2018

PEDRO SÁNCHEZ VENGA A “LOS ROJOS” DE SU DERROTA EXHUMANDO LOS RESTOS DE FRANCO VIA DECRETAZO.

La obsesión de Pedro Sánchez y el PSOE que le encumbró, heredero del más sectario, revanchista y populista de José Luís Rodríguez Zapatero, sigue siendo sin duda vencer al odiado dictador tras no haberlo podido hacer mientras tuvo vida y el Régimen seguía con su estructura y poder intactos incluso años después hasta su suicidio voluntario. Y esta obsesión pasa por destruir todos los símbolos que recordaban la derrota militar y la posterior etapa de dictadura de 40 años hasta que Francisco Franco murió aquel noviembre de 1975 y fue enterrado en la Basílica del Valle de los Caídos en el Altar Mayor junto al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, asesinado vilmente por la República en el patio de la cárcel de Alicante tras una farsa de juicio ignominioso carente de toda legalidad y legitimidad.

Y ¿qué se persigue exhumando esos restos? Oficialmente es no reconocer al dictador con derecho a reposar en el mismo lugar donde se encuentran aquellos a los que se enfrentó militarmente en la guerra civil. Porque lo que molesta realmente no es que estén allí los restos, sino que la basílica en sí se transformase en un lugar de peregrinación donde rendir recuerdo a esas figuras que los llamados “rojos” interpretan como “los fascistas”. Y es un error de bulto. Francisco Franco nunca simpatizó con los fascistas, de hecho, estos eran profundamente antimonárquicos y Franco solo era “franquista”. Un militar que no dudó en aprovecharse del auge del fascismo en Europa y alinearse con los nazis de Hitler y el fascio de Mussolini. Un dictador que supo imponer su régimen y tratar al pueblo español con la dureza y disciplina cuartelaría. Un hombre acomplejado y burgués que quiso relacionarse con la realeza de España, llegando a casar a su hija con un aristócrata. Un hombre que pudo y no quiso reinstaurar la monarquía hasta que se aseguró la fidelidad de su sucesor al mando, D. Juan Carlos, o al menos eso creía, al que llegó a nombrar su heredero político al mando del Régimen saltándose a su padre, D. Juan, legítimo heredero de la Corona, y le coronó como Rey en la famosa Ley de Sucesión.

Se trata pues de una victoria póstuma sobre un fantasma que lleva 43 años enterrado. Pero también se trata de iniciar el camino de la destrucción definitiva del último símbolo de una derrota en la que el PSOE, aliado con la ultraizquierda comunista, traicionó la esencia de la democracia de la segunda República y dio paso a una dictadura que perduró durante 40 años. Y es que los errores o, mejor decir, las traiciones del PSOE, le ha costado a España y a los españoles dolor y sangre y esa larga travesía del desierto sin libertades y de represión. Y es ahora, cuando ya ni quedan actores de aquellos lejanos tiempos, que este PSOE, apoyado otra vez en las ultraizquierdas, revive ese pasado y reabre unas heridas que parecían ya muy cicatrizadas tras otra larga etapa de democracia imperfecta e inestable de los últimos 40 años desde que se aprobó la vigente Constitución de España en 1978.

Este empeño en abrir tumbas, exhumar restos y cerrar o dinamitar la Basílica, es más que buscar justicia o colmar las reclamaciones de los familiares de los enterrados en el monumento funerario, una enfermedad, una obsesión enfermiza que no lleva a ninguna parte salvo la de avivar unas ascuas que ya deberían estar apagadas. Y ya se sabe que el odio solo genera odio y violencia, sobre todo en un momento en que vuelven a resurgir en Europa y en los USA sentimientos xenófobos y ultranacionalismos enarbolando banderas, con un nuevo auge de las posiciones de extrema derecha como contrapeso del imperialismo renacido de la antigua URSS, ahora Confederación Rusa, con un Vladimir Putin dispuesto a ser el gallo en este nuevo gallinero mundial, tras una breve etapa de apertura pseudo democrática.

Pedro Sánchez con su equipo de sectarios del Gobierno van a aprobar este viernes en el Consejo de Ministros un Decreto Ley para exhumar los restos del dictador, sin que la familia quiera hacerse cargo de ellos y además se niega en rotundo a esa exhumación. Lo que cabe preguntar es ¿qué piensan hacer una vez exhumados?¿ A dónde los van a llevar? ¿Harán el traslado con nocturnidad y mantendrán el anonimato de su nuevo lugar de descanso para no convertirlo en lugar de peregrinación? ¿Qué piensan hacer con todos los restos indiferenciados e inidentificados que reposan en la Basílica? ¿Será esta la venganza póstuma de ultraje a su verdugo ahora que ya no está vivo?

De todas formas no queda muy estético este trato vejatorio ni el método drástico de acudir al "decretazo" y creo que deberían copiar a otros Estados donde, como en la Rusia comunista, coexisten mausoleos de los zares declarados enemigos del pueblo ruso durante décadas por los comunistas, con el del dictador asesino Stalin cuya momia es venerada por millones de rusos. Quien remueve el pasado reabriendo heridas está condenado a que los sucesos se repitan. Una especie de maldición como la que se atribuye a la profanación de las tumbas faraónicas.

Lo sensato era no haberle dado importancia y dejar que el tiempo se encargase de apagar ese rescoldo que ya apenas pervivía en una minoría de vetustos nostálgicos y no resucitar a un fantasma en una época en la que los valores están en entredicho por una involución de nacionalismos, xenofobia y demagogia populista que puede traer un pasado que nadie desea que se repita. En este caso lo racional, lo prudente era seguir la estrategia preferida de Mariano Rajoy de no hacer nada y dejar que el tiempo lo resuelva, ya que inexorablemente el tiempo, por causas naturales, acaba por imponerse.

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

La primavera que nunca existió
Hermann Tertsch ABC 22 Agosto 2018

Ha pasado medio siglo de aquel sueño que se desvaneció. Y que tantos han pretendido mantener vivo como el enésimo señuelo para una nueva edición del engaño. Querían construir un «socialismo con rostro humano» -«socialismus s lidskou tvárí»- y ya entonces estaba claro que ese socialismo no existe. En cuanto el rostro era humano de verdad y demandaba libertades y derechos individuales, se volvía contra el socialismo y se convertía en un movimiento anticomunista. Exigía soberanía nacional y desafiaba a la hegemonía soviética. En eso tenía toda la razón Moscú. Como en 1953 Berlín este, en 1956 Hungría y Polonia, Checoslovaquia intentó la cuadratura del círculo y en siete meses reveló su fracaso. El 5 de enero de 1968, en el Congreso del Partido Comunista, Alexander Dubcek había logrado hacerse con la dirección y lanzó un proyecto reformista liberalizador. No eran nuevos estos intentos de apertura en el bloque soviético. La creatividad y la frescura cultural e iniciativa popular en aquellos meses en que se volvió a creer que la libertad era posible se generaron inmensas ilusiones.

En la propia Checoslovaquia tras un estalinismo especialmente canalla y humillante en el régimen comunista europeo más occidental y desarrollado. También en los otros países del Pacto de Varsovia donde se disipaba el efecto paralizante del terror por el aplastamiento del levantamiento húngaro. En Occidente veían aquellas reformas como un bienvenido pulso y desafío a Breznev llegado al poder en 1964. En agosto dejó claro que su doctrina reafirmaba la limitación de la soberanía de sus aliados. Los fracasos rotundos de la revuelta estudiantil de 1968 en París, Fráncfort y otras ciudades occidentales y de la Primavera de Praga no supusieron, en contra de toda lógica, el final definitivo de los intentos de construir el socialismo. Esos que hoy continúan cien años y cien millones de muertos después de comenzar en octubre de 1917. El engañó colectivo también en las democracias permitió que siguiera viva esa llama tóxica de un proyecto criminal y totalitario. Lo que explica que en cada generación haya un número determinado de gentes que creen que el socialismo fracasó con sus millones de asesinatos e infinita miseria y hambre solo porque no estaban ellos para aplicarlo correctamente. Y que ahora sí, en su intento se conseguirá. Así han ido creciendo las montañas de cadáveres que se elevan hacia el cielo.

Política de mentiras y de apariencias
Ramón Pérez-Maura ABC 22 Agosto 2018

Pedro Sánchez sigue disfrutando de unas vacaciones inverosímiles. A los dos meses de empezar en su nuevo empleo se ha tomado varias semanas de esparcimiento. ¿En qué empresa pública o privada se permitiría eso? Ya sabemos que en ninguna, pero a Sánchez eso le da igual. Él ha tenido dos meses agotadores colocando a los suyos y como en España tampoco hay mayores problemas, se ha ido a descansar.

Para que no se hable de su molicie, Sánchez quiere aparentar que trabaja presentando un plan genial para exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Al parecer se va a hacer, por vía de decreto ley, una modificación de la llamada ley de la memoria histórica. Se pretende así que la familia no pueda reivindicar sus derechos. Si eres nieto de Franco no tienes derechos. Pues podrán modificar esa ley y decir lo que tengan por conveniente. Pero esa ley nada tiene que ver con el fondo del asunto. Por más que «El País» dijese ayer que «el presidente Sánchez habló con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y éste le dejó claro que no habrá oposición de la Iglesia» la verdad es otra. En primer lugar el cardenal Osoro me afirma que nunca ha hablado con el presidente Sánchez. Nunca. Y en segundo lugar su posición sigue siendo la misma: el Gobierno tiene que llegar a un acuerdo con la familia. Y si no lo hace, ni el prior de la Basílica ni él pueden autorizar la exhumación. Pero aquí interesa mentir y confundir. A partir de ahí se añade que hasta el Papa Francisco está a favor de este acto político. No sé yo a quién le habrá dicho el Papa que él está a favor de violar la jurisprudencia del Supremo español según la cual los restos mortales de cualquiera son propiedad de su familia y que son los descendientes quienes tienen que disponer qué se hace de ellos. Se miente también hablando del «Concordato» de 1953 como causa «franquista» de la inviolabilidad de los lugares sagrados. La realidad es que ese Concordato ya no está en vigor y esa inviolabilidad se deriva de los acuerdos bilaterales con la Santa Sede firmados por el ministro de Exteriores Marcelino Oreja cinco días después de entrar en vigor la Constitución de 1978. Así que la única salida posible, respetando la ley, es que el Gobierno convenza a la familia, lo que no parece fácil porque, como es lógico, los nietos del general no quieren que se haga un uso político de los restos mortales de su abuelo. ¿Por qué iban a aceptarlo?

Mientras Sánchez hace que nos enzarcemos en este debate para no hablar de lo que de verdad importa, se siguen diciendo todo tipo de medias verdades que en realidad son mentiras. Se habla de que en Alemania o en Italia sería inimaginable un mausoleo a Hitler o Mussolini. Y, afortunadamente, es así. En cambio se obvia mencionar que el mayor genocida del siglo XX, el que más muertos ha causado en el mundo entero sigue contando con un espléndido mausoleo en Europa al que en democracia se sigue haciendo peregrinar a los escolares. Y confieso que yo mismo he estado en ese lugar. Está en la Plaza Roja de Moscú y allí es exhibido Vladímir Ilich Uliánov «Lenin» con una impudicia sin igual. Los muertos que ha causado en todo el mundo el comunismo de Marx, redefinido y ajustado por Lenin, están por encima de los cien millones de personas. A lo que hay que sumar los encarcelados y perseguidos políticos. Probablemente por encima de 500 millones. Pero Lenin era un «dictador bueno». Pues ustedes me disculparán el atrevimiento, pero yo creo que un poquito menos «bueno» que Franco. Comparen España 1975 y la URSS 1989. Con perdón.

La fractura inminente de la izquierda
Manuel Marín ABC 22 Agosto 2018

Con la «operación diálogo» en Cataluña estancada y abocada al fracaso tras la amenaza de Joaquim Torra de «atacar» al Estado en un otoño conflictivo, Pedro Sánchez ha empezado a asumir como factible la celebración de nuevas elecciones en esa autonomía. Cataluña quedará en septiembre al albur de los tuits de Puigdemont, de la apertura de juicio a los acusados de rebelión, de un Torra erigido en presidente accidental, y del secretismo con que el PNV y ERC intentan reconducir la deriva separatista para facilitar a Sánchez una hipotética reelección en 2020.

Cataluña es sinónimo de metástasis, y los gestos de permisividad del PSOE solo están orientados a conseguir votos cuando se celebren elecciones generales. Sánchez sabe bien que no sacará nada en claro de Puigdemont y Torra, y que el resto será la perpetuación artificial de un delirio del que el Gobierno se protege en términos de mercadotecnia haciendo «política» a sabiendas de su flagrante inutilidad. Por eso, los intentos de mutua desactivación entre el PSOE y Podemos, socios coyunturales hasta que rompan camino de las urnas, serán determinantes este otoño.

Salvo una rectificación estratégica de Podemos que hoy no se maneja, será cuestión de tiempo comprobar cómo fuerza al PSOE a perder las votaciones en el Congreso para alterar la senda de déficit pactada con la Comisión Europea y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Más allá de Cataluña, el principal lastre ideológico para Sánchez será gobernar todo un año con la prórroga de los Presupuestos Generales aprobados por Mariano Rajoy.

Difícilmente accederá Podemos a realizar el trabajo sucio del PSOE porque le interesa la figura de un presidente en eterna derrota parlamentaria. Avalar las cuentas de Sánchez sería un suicidio asistido porque la incapacidad política de Pablo Iglesias para rentabilizar el éxito de la moción de censura de Sánchez corre en paralelo con la carencia de empatía mediática que sufre desde hace meses. Por eso Podemos afrontará desde este otoño una triple estrategia como mecanismo de autodefensa electoral frente al PSOE. Primero, presentar a Sánchez como cómplice de una política económica restrictiva y de recortes de la que Podemos no será un acólito más porque el riesgo de desnaturalizar más su marca electoral es notable.

Segundo, tratar de recuperar los estandartes ideológicos que Sánchez ha monopolizado, aunque ya sea tarde. Podemos ha perdido la iniciativa de una memoria histórica sectaria y revanchista que comenzaron sus más relevantes alcaldes, y ahora le resulta imposible competir con el fragor propagandístico del proceso para la exhumación de los restos de Franco.

Y tercero, recuperar su difuminado perfil de revolucionario «asaltante del cielo», y no de burgués acomodaticio de chalé y sueldo público. Hoy Podemos empieza a quedar inerme ante la radicalización estética y de fondo de Sánchez. Con Iglesias ajeno a sus principios fundacionales, el PSOE promueve la agitación ideológica por la izquierda y la salvaguarda del bipartidismo por la derecha. Se trata de que la ley D´hondt, la única que realmente parece importar en España, le cuadre. No hay más.

Una urgencia que es solo política
EDITORIAL El Mundo 22 Agosto 2018

En un nuevo ejemplo de oportunismo político, el Gobierno aprobará el viernes un real decreto-ley para exhumar de forma apremiante los restos de Franco del Valle de los Caídos, según anunció ayer el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao. Dada su debilidad parlamentaria, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tomado por costumbre suplantar las funciones del poder Legislativo (en el que solo dispone de 84 escaños ), violentando la letra y el espíritu de la Constitución, que establece en su artículo 86.1 que la fórmula de los decretos-leyes está reservada exclusivamente para casos de "extraordinaria y urgente necesidad". Algo que no está justificado en esta ocasión, ya que el dictador lleva enterrado en la basílica de Cuelgamuros casi 43 años y no existe demanda social alguna para hacerlo de esta forma apresurada. En su sentencia 152/2017, el Tribunal Constitucional afirmó igualmente que un real decreto-ley es "una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes y, en consecuencia, está sometida en cuanto a su ejercicio a la necesaria concurrencia de determinados requisitos que lo legitiman".

Desde Moncloa argumentan que la fórmula jurídica elegida estaría motivada por su promesa de cumplir con la proposición no de ley de impulso de la Ley de Memoria Histórica aprobada en el Congreso en mayo de 2017. Sin embargo, el Gobierno podría poner en marcha una iniciativa legislativa que se debatiese y votase en las Cortes. Es obvio que Pedro Sánchez prefiere seguir removiendo el pasado como fórmula electoral en lugar de ocuparse de los problemas reales a los que se enfrentan los ciudadanos. De esta manera pretende también evitar las posibles demandas judiciales que paralicen o retrasen un proyecto que pretende ejecutar antes de que se agote su corta legislatura. Pero además de no tratarse de una cuestión de "urgente necesidad", con el real decreto-ley se podrían estar violentando algunos derechos individuales, en este caso de la familia, que se ha opuesto de forma reiterada a que se trasladen los restos del ex jefe del Estado. El citado artículo de la Constitución es claro también a este respecto.

Con la aprobación el próximo viernes de este real decreto-ley, el Gobierno actúa de igual manera que hizo el pasado día 3, cuando el Consejo de Ministros recurrió a la misma fórmula jurídica para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En ese caso, tampoco se trataba de un caso de extraordinaria urgencia, con el agravante de que implicaba la modificación del Código Civil en los artículos que regulan la relación entre las personas.

Incapacitado para gobernar, dada su falta de apoyos legislativos, Sánchez ha iniciado una deriva populista que le lleva a justificar cualquier medio para lograr sus fines políticos. Pero en un Estado de derecho el respeto a la ley debería primar sobre los objetivos electoralistas.

Menos quitar Francos y más quitar lazos
Carmelo Jordá  Libertad Digital 22 Agosto 2018

El Gobierno de Sánchez ha llegado a la Moncloa a lomos de las múltiples urgencias sociales que hacían imprescindible desalojar a Mariano Rajoy, aunque fuese apoyándose en una mezcla imposible de separatistas racistas, populistas bolivarianos, nacionalistas aranistas tan o más racistas que los de antes e incluso con unos amiguetes de ETA como guinda del nauseabundo pastel.

¿Qué ha sido de todas aquellas urgencias, de aquellos agobios, de tan tremendas necesidades? Parafraseando a Cervantes: fuese Rajoy, y no hubo nada.

Y así estamos: incapaces de una política que merezca tal nombre, se entretienen, y nos entretienen, con una propaganda basada en espectáculos tan sórdidos como el de remover los huesos de los muertos y las memorias históricas de una generación que ni vivió la Guerra Civil ni casi conoció el franquismo –cuatro años y medio tenía Pedro Sánchez cuando el dictador llegó al Valle de los Caídos–, pero que está dispuesta a ganar la guerra y a matar a Franco, ambas cosas con un ligero desfase temporal.

Se atreven con los huesos de Franco y con el Valle de los Caídos en la seguridad de que la operación será un éxito mediático, con la esperanza de ir noqueando a Podemos y de que, con suerte, el PP y Ciudadanos tropiecen cuando la horda periodística agite el viejo espantajo.

Sin embargo con lo que no se atreven es con los fascistas de ahora, los que sí están vivitos y coleando, repartiendo carnés de idoneidad genética y lazos amarillos, construyendo una Cataluña que cada vez se parece más a aquella unidad de destino en lo universal, solo que en otro idioma.

A eso no le prestan atención, de eso se mantienen exquisitamente equidistantes: las amenazas son sólo frases, lo mismo da poner lazos que quitarlos, los intolerantes son esos señores del PP y de Ciudadanos que no se dejan insultar, los muy fachas. Y mientras tanto hay catalanes de bien que se arriesgan a que, literalmente, les partan la cara por limpiar las calles de la basura plástica amarilla, catalanes a los que el Gobierno no puede ayudar porque está muy ocupado manoseando los huesos de un señor que se murió hace más de cuarenta años.

Llámenme loco, pero yo diría que el futuro de España no pasa por un Valle de los Caídos que en realidad no importa nadie y que hagas lo que hagas no va a servir para mejorar la vida de nadie; sí pasa, en cambio, por las calles y las plazas de una Cataluña en la que el totalitarismo campa a sus anchas y nos estamos jugando seguir siendo un Estado de Derecho, una democracia de ciudadanos libres e iguales.

¡Ay, si estos redentores de pacotilla fuesen tan valientes para enfrentarse a los vivos como lo son para encararse con los muertos! ¡Ay, si se esforzasen menos en quitar Francos y más en quitar lazos!

Uso político del icono de Franco
 La Razon  22 Agosto 2018

Probablemente, un amplio sector de la opinión pública española no entenderá qué motivos puede aducir el actual Gobierno socialista para recurrir a una medida legislativa excepcional, como puede ser la aprobación de una norma de supuesto único, para proceder a la exhumación del cadáver de Francisco Franco de su tumba en la basílica del Valle de los Caídos. En efecto, ni estamos ante una situación de emergencia nacional ni parece que, cuarenta y tres años después de la muerte del dictador, se puedan invocar razones de urgencia, más allá de la peculiar situación política del propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Ciertamente, el recurso a un decreto que modifique a conveniencia la Ley de Memoria Histórica, tiene la virtud de soslayar la previsible oposición de la familia, que no podría iniciar una acción jurisdiccional hasta que se llevara a cabo el acto administrativo en sí, pero no blinda a los representantes públicos de ulteriores responsabilidades judiciales si, como es previsible, los afectados, a quienes protegen las leyes vigentes, denuncian un delito de profanación de sepulturas, previsto en el artículo 526 del Código Penal.

Por otra parte, tampoco parece muy claro qué fórmula adoptará el decreto ley en el caso, nada improbable, de que la Iglesia no llegue a un acuerdo con la familia de Franco para autorizar una intervención oficial en un lugar de culto, cuya titularidad y libertad de gestión está amparada por un tratado internacional, como son los acuerdos entra el Vaticano y el Estado español de 1978. Se trata de un aspecto importante del asunto porque, al contrario de las manifestaciones hechas por los portavoces oficiosos del Gobierno, las fuentes del arzobispado madrileño consultadas por LA RAZÓN afirman que no se ha llegado a acuerdo alguno con representantes gubernamentales y que lo habitual en estos casos es respetar los deseos de los deudos.

De cualquier forma, y dado que no es factible que la familia del dictador pueda conseguir una medida cautelar, ya que no estaríamos ante un acto irreversible, lo más probable es que el presidente del Gobierno vea cumplido su objetivo político, por más que las virtudes del mismo se nos escapen, como a la mayoría de los ciudadanos, y aunque sea por la vía poco adecuada de la ingeniería legal y de las leyes especiales, que no suelen ser propias de las democracias.

Por otra parte, la exhumación del cadáver de Francisco Franco, presentada como el gran proyecto de legislatura, podrá satisfacer a quienes pretenden hacer de esta especie de antifranquismo sobrevenido una estrategia política contra la derecha española, a la que consideran, desde su estulticia, manchada por un pecado original, pero no tendrá más consecuencias prácticas que las portadas coyunturales de la Prensa internacional, el malestar, si cabe, de los cada vez más escasos nostálgicos del régimen franquista y la mirada irónica de una mayoría social que ha crecido en democracia, vive las dificultades del presente y considera que sus representantes políticos harían mejor en dejar de remover cadáveres y preocuparse por mejorar el futuro de todos.

Sin embargo, la sociedad española está muy por encima de las obsesiones guerracivilistas de una izquierda cada vez más radical, que pretende obviar sus propias responsabilidades en aquella gran tragedia civil y que, consecuencia de los nuevos tiempos que vive el mundo, carece de alternativas válidas para afrontar los desafíos del presente y del más inmediato futuro. Y una consideración final: si Pedro Sánchez cree que con este tipo de guiños puede conservar los apoyos parlamentarios de la extrema izquierda y de los separatistas catalanes, se equivoca. La piedra de toque sigue estando en la elaboración de los Presupuestos del Estado.

CONTRA LA CRIPTA DE LA FAMILIA
Con novedad en el Alcázar… Moscardó, objetivo de la ‘Memoria Histórica’
La Gaceta  22 Agosto 2018

Empeñada en recuperar ‘las dos españas’, la izquierda redobla su apuesta y busca, no sólo la salida de Franco del Valle de los Caídos sino ‘medidas’ contra la cripta del general Moscardó y el museo del Ejército del Alcázar de Toledo.

La exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos ha reabierto un debate en las últimas semanas del que se ha hecho eco el Foro por la Memoria de Toledo, que estudia la posibilidad de llevar a cabo alguna iniciativa en relación con los golpistas enterrados en el Alcázar.

Así lo ha afirmado, en declaraciones a Efe, el presidente del Foro por la Memoria de Toledo, Emilio Sales, quien ha precisado que en el edificio que ahora alberga el Museo del Ejército están los restos mortales del general Moscardó y su familia, y de Jaime Milans del Bosch.

Sales se ha referido a la decisión que previsiblemente adoptará el Consejo de Ministros el próximo viernes para iniciar los trámites de exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, pero ha matizado que, aunque esto le parece “importante”, el Valle seguirá siendo un símbolo del franquismo y, por ello, ha considerado que tendrán que seguir tomando más iniciativas al respecto.

En concreto, en relación con Alcázar de Toledo, ha explicado que los llamados “defensores del Alcázar” tenían el privilegio de ser enterrados allí, y la cripta en la que se encuentran los restos de Moscardó tiene la característica de ser “una cripta privada en un edificio público”. Esta situación “chirría un poco”, pero sin embargo ha indicado que lo que más llama la atención es que el Museo del Ejército “sea también un centro de exaltación franquista”, Sales dixit.

En cualquier caso, el presidente del Foro por la Memoria ha recalcado que están analizando la situación para decidir qué tipo de iniciativas tomar, y aun así esperarán a ver cómo se desarrolla el acuerdo que está previsto que apruebe el Gobierno central el próximo viernes porque “no va a ser coser y cantar, será un tema complicado de llevar a cabo”, ha opinado.

En principio, el Foro tendrá que analizar la situación jurídica de la cripta privada del Alcázar de Toledo, que tiene visitas restringidas, y además sigue en vigor la potestad de que allí puedan enterrarse los llamados ‘defensores del Alcázar’.

Una vez analizada la situación jurídica, el Foro estudiará las fórmulas y fijará el criterio que utilizará sobre el recinto del Alcázar, por lo que aún desconoce si las iniciativas irán encaminadas a exhumar los restos mortales de los golpistas o en otro sentido.

A este respecto, Sales ha considerado que es “sui generis” tener en un edificio público una zona privada de exaltación a “determinados personajes”.

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O Sánchez termina entre rejas o terminaremos entre rejas los demócratas
Pío Moa Gaceta.es 22 Agosto 2018

Pocas cosas hay más grotescas que las indignaciones por los homenajes a los etarras en Vascongadas y las exigencias irrisorias de que pidan perdón. El mayor homenaje rendido a la ETA ha sido su rescate de la ruina por ZP y Rajoy, premiando sus asesinatos con legalidad, gran cantidad de dinero público, acceso a los censos de la población, presencia institucional y proyección internacional. Este fue un crimen decisivo que de hecho ha convertido la democracia y el estado de derecho en una farsa de arriba abajo. Pero al parecer, los que se indignan y exigen “arrepentimiento” no se han enterado de nada. Es cierto que el nivel del análisis político en España es de chiste, pero se ha llegado a un punto de bajura y de bajeza incomparable.

Ya he explicado por qué ZP rescató a la ETA. En primer lugar, porque el PSOE coincide con ella en un 90% de ideología: antifranquismo febril, socialismo, LGTBI, “memoria histórica”… La diferencia está en el grado de odio a España, que en la ETA es feroz y en el PSOE se acerca más a la indiferencia. En segundo lugar, porque la ETA siempre fue vista como un modelo de antifranquismo, y en cierto modo como autora de la democracia. Y en tercer lugar porque ZP esperaba conseguir el premio Nobel de la paz, con que le tentaban los propios etarras.

En cuanto al PP, siguió con Rajoy al PSOE porque carece de cualquier principio que no sea engañar a sus votantes para disfrutar del poder y el dinero. Simplemente carece de ideología y de patriotismo, es un partido-mafia típico.

El resultado es una política cada vez más “a la venezolana”. Y conviene recordar la tranquilidad y seguridad con que se afirmaba en Venezuela que “eso, aquí, no puede pasar”. Los ilusos y los necios llegan a hacer más daño que los malvados.

La evolución histórica ha sido esta: la gran mayoría de la población se decantó por una democracia desde y no contra el franquismo. Quienes querían la ruptura para enlazar ideal y legalmente con el Frente Popular estaban muy débiles (a pesar del apoyo recibido de la Iglesia) y hubieron de contemporizar más o menos, centrando el principal ácido de su propaganda en un permanente ataque al franquismo, al que la derecha apenas replicaba. Es más, gran parte de la derecha (Cebrián y Ansón son sus representantes “ideológicos” mayores, seguidos por los políticos, desde Suárez ) se sumó a la campaña antifranquista, para pasar por demócrata. Y fue finalmente Zapatero el que creyó llegada la oportunidad de pasar a la ruptura que no fue posible en 1976. Lo cual se manifestó, para empezar, en la complicidad criminal con la ETA y la imposición de una ley totalitaria llamada de memoria histórica, junto con otras semejantes en favor de los separatismos y el despotismo LGTBI.

Por su propia dinámica, este proceso lleva a una especie de venezolanización, que Sánchez quiere culminar con el ultraje a la tumba de Franco y la liquidación de las libertades políticas, empezando por las de quienes defiendan la verdad histórica. Lo más asombroso de este proceso es que en un país donde se proclama demócrata casi todo el mundo, desde la ETA o Podemos al PP, así como políticos, intelectuales y periodistas, una corrosión tan clara de los principios y libertades políticos no haya sido denunciada por casi nadie. En rigor no conozco a nadie aparte de mí mismo. Y esto es precisamente lo alarmante: la estupidez es, una vez más, peor que la maldad.

Muchos hablan de que ya es hora de superar la guerra civil. Solo se superará cuando se admita la verdad evidente: en ella lucharon los que querían disgregar España, imponer regímenes totalitarios y arrasar la cultura cristiana, y los que se oponían y afortunadamente vencieron. No hay ninguna otra posible superación que el reconocimiento de la verdad.

Y más en los concreto y actual, la profanación de la tumba de Franco, si se produce, debe ser la chispa de una resistencia enérgica contra los criminales herederos del Frente Popular que están destrozando la democracia y la misma España. O Sánchez y compañía acaban entre rejas, o acabaremos entre rejas los demócratas.
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Solo un escritor satírico tipo Quevedo o Valle Inclán podría describir adecuadamente la farsa esperpéntica de la actual política española:
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2018-08-18/involucion-permanente-el-erotico-crimen-del-ateneo-127489.html

El rapto de España
Fran Carrillo okdiario 22 Agosto 2018

Desde que Isócrates alzara en sus discursos la retórica como forma también innoble de envilecer las relaciones humanas y Platón las elevara a categoría de diálogos, la palabra siempre ha sido el salvoconducto del buen gobernante. Supone un artefacto de indudable categoría para quien considera que las soluciones se acercan en la convergencia del relato. En el contexto actual, la división es muy notable entre quienes piden diálogo a toda costa incluso con aquellos que no admiten dicha palabra en su diccionario y quienes avalamos que dar alas al sectarismo ‘odiológico’ de los Torra, Puigdemont y Cía solo alimentaría más confrontación social.

España vive hodierno secuestrada bajo la lógica demoscópica del acuerdo, esa paradoja política que obliga a parlamentar con aquellos cuya dialéctica solo entiende de calibres del 35. Como Europa bajo el manto de toro con el que Zeus la sacó de lo que hoy es el Líbano hasta Creta, la nación más antigua del continente, presidida por Pedro Sánchez, el primer presidente fotopolítico de la gestocracia, vive sumergida bajo la aplicación del falaz sacramento del diálogo, raptada de toda ensoñación de libertad e igualdad conjunta. Llegará un día en que entendamos que no hay nada que dialogar con quien no respeta las opiniones ajenas, agrede la discrepancia, violenta la disidente y acosa al diferente. Y no habrá nada malo en ello. Hemos llegado al extremo de tener que aceptar que el totalitarismo es un actor más en el terreno de la palabra.

Quien esto escribe no recuerda, en esa memoria de la infancia que todo lo retiene y registra, como afirmaba Proust, un día sin peticiones de negociación con aquellos que no creen en la fuerza de la palabra, sino en la política de hechos consumados. Desde ETA hasta los nacionalismos periféricos, con especial profusión en ese PNV que sigue recogiendo las nueces de los árboles que otros mueven y de un nacionalismo catalán que perdió el norte el día en que salió a la luz todos sus excesos corruptos. Aplicar el consenso sin exigencias supone reconocer la debilidad de un Estado supeditado al chantaje permanente. Asistimos a la versión 2.0 del talante de Zapatero. A diferencia de aquel, Sánchez tiene más deudas que pagar y obligaciones que cumplir.

La Constitución nos exige lealtad hasta su reforma, guardando y haciendo guardar sus preceptos de obligado cumplimiento por todos, en especial por las autoridades públicas. Si Torra como subordinado del Estado y representante de este en Cataluña hace continua dejación de funciones y llama a “atacar” y luego “acusar” a la fuente de su legitimidad como President, la respuesta por parte de quien preside el Gobierno debe ser contundente y proporcional al desafío. Pero, al igual que sucedió con Zapatero, Sánchez huye del necesario patriotismo constitucional para abrazar el federalismo asimétrico maragalliano, más asimétrico y más desigual que nunca, que prioriza los privilegios de los insolidarios que buscan la ruptura y no la defensa de la igualdad y la libertad de todos los españoles.

Hagamos un paralelismo histórico. Torra desea suerte a los Comités de Defensa de la República en su lucha contra el Rey de España. Como hacía Ernst Röhm con sus SA (Sturmabteilung), esas tropas de asalto que tenían como finalidad proteger al Führer como los fascios de combate protegían en Italia al Duce de sus enemigos. Torra llama a atacar al Estado español, como hacía Hitler a sus tropas para derrocar la legítima República de Weimar a la que acusaba de todos sus males. Por su parte, Himmler ideó el señalamiento del disidente en función de ideología, llamando a asaltar y acosar sus sedes políticas. Como hacen los CDR bajo manto del separatismo político. Estamos en ese punto de la historia en el que quienes agreden se hacen los ofendidos y los agredidos tienen que justificar que se aplique la ley.

No hay medias tintas con el totalitarismo ni diálogo que valga mientras no se respete el marco común de convivencia. Si queremos salir de este secuestro, hay que cortarle la cabeza al ciempiés, de raíz. Y eso se consigue aplicando el Estado de Derecho en su totalidad. Pero me temo que España seguirá como rehén de sus enemigos por la inacción de quién debería ser el principal responsable de su liberación: el Presidente de los ochenta y cuatro escaños.

La zona gris
Ignacio Camacho ABC 22 Agosto 2018

A Pedro Sánchez y a Quim Torra los une el común interés de evitar que las próximas elecciones generales, sean cuando sean, las gane el centro-derecha. El presidente de la Generalitat necesita margen político para cohesionar sus fuerzas, y el del Gobierno trata de consolidar un estado de opinión nacional en el que Cataluña deje de constituir el principal problema. A partir de ahí, ambos han venido a establecer un statu quo de mutua conveniencia que otorga al independentismo cierta tolerancia mientras no vuelva a echar el carro por las piedras. Las bravatas, las amenazas o la agitación callejera forman parte de ese espacio de transigencia apaciguadora que el Gabinete concede a los separatistas para que mantengan la tensión interna; si no lanzan otro desafío explícito contra el orden constitucional, pueden hacer más o menos lo que quieran. Sánchez aplica a la cuestión catalana una estrategia basada en el guión de Miquel Iceta: molestar lo mínimo posible para recuperar al menos en parte el voto del soberanismo de izquierdas, ese sector que sin ser partidario estricto de la secesión consideró el 155 como una agresión o una ofensa. De momento no le va mal en las encuestas; si la tendencia se empezara a torcer siempre podrá convocar a las urnas alegando deslealtad manifiesta, o incluso disfrazarse de hombre de Estado para arrebatar a la oposición la bandera de la firmeza. Si algo caracteriza su trayectoria es el desparpajo con que es capaz de defender una cosa y su opuesta.

El PP y Ciudadanos son conscientes de que su electorado natural se muestra hipersensible a la provocación del nacionalismo, y trabajan -disputándose la iniciativa entre ellos- para mantener el espíritu de resistencia vivo. Con Cataluña en el eje del debate, como marco mental decisivo, pueden disputarle al PSOE la hegemonía que a día de hoy han perdido. Pero la buena acogida de la moción de censura, que ha devuelto a la socialdemocracia un papel de protagonismo, demuestra que una porción significativa de españoles consideraba el desalojo de Rajoy una prioridad mayor que la de un conflicto que ha llevado la convivencia del país a un estado de máximo estrés y desequilibrio. En ese sentido, la confrontación electoral apunta a un duelo entre dos conceptos de España: uno compacto, estable, consistente, y otro relativista y líquido. El presidente cree que puede tener ventaja manteniéndose en una zona gris de vagos compromisos en la que el máximo grado de tirantez o de hostilidad civil sean polémicas simbólicas como la de los lazos amarillos.

Su riesgo estriba en que el separatismo no vive en la razón ni en la realidad sino en el mito, y nunca renuncia a alimentar su desvarío con el combustible del victimismo. Y aunque Sánchez logre sostenerse en el poder, será la nación la que acabará pagando su error de hacer política con gente poseída por un trastorno perceptivo.

La retirada de lazos… y de libertades
Juan Gonzalo Ospina okdiario 22 Agosto 2018

El mundo al revés. La vorágine independentista más radical no actúa de manera causal o arbitraria sino comedida y muy meticulosa. Quizá no sean grandes estrategas pero sí amantes del tacticismo y la provocación. En el traído, llevado y manido debate de los lazos amarillos, por un lado los mossos no son capaces de quitar una pancarta de 12×2 metros que repudia al rey, argumentando “que no supone riesgos para bienes o personas” (aun cuando fuentes policiales afirman que la pancarta dejaba ventanas ciegas suponiendo un riesgo al propio monarca); pero por otro lado esos mismos agentes sí son capaces de perseguir a quienes actúan contra el pensamiento único, esta vez, aquellos insolentes que quitan lazos amarillos de las vías públicas.

La cuestión, dadas las coordenadas, cae por su propio peso: ¿es legal que los mossos persigan a quienes retiran los lazos cuando hacen caso omiso a los que los colocan? Con la ley en la mano, parece que no. Colocar estos símbolos, así como retirarlos, es una acción amparada en el derecho fundamental a la libertad de expresión, regulada en el artículo 20 de nuestra Constitución. Por consiguiente, ni puede ser perseguida como un ilícito administrativo y mucho menos por la vía penal. Sin embargo, la Generalitat, en su nuevo malabarismo legal, anuncia que sancionará a quienes retiren estos lazos como autores de una infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ‘Ley Mordaza’.

El hecho cierto es que ningún artículo de la referida Ley prevé la sanción a quien retira del espacio público un objeto sin generar desperfectos al mobiliario urbano, aunque el artículo 36.3 sí sanciona a quien “cause desordenes en las vías públicas…”, y el 37.13 tasa como infracción leve a quien “produzca daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública”. El derecho administrativo se regula con el mismo rigor que el derecho penal. Por ello, si una ley no tipifica una conducta, ¿qué razón de ser tiene la multa? Retirar lazos amarillos no tiene la consideración de desorden público ni produce daño al mobiliario. Así, de imponerse una sanción por la Generalitat a esta conducta en la vía administrativa, no tardarán los juzgados de lo Contencioso-Administrativo en revocar estas sanciones, en las que subyace un fin espurio de amedrentar y asustar a quien piensa de manera diferente, en un claro fraude de ley.

Estas amenazas administrativas sirven como claro “chantaje” de la Generalitat a quienes no son independentistas. ¿Por qué? Porque un ciudadano al que se le imponga una sanción administrativa de 600 euros, para salir ileso, tendrá que recurrir la sanción; primero en vía administrativa hasta llegar a la judicial, con lo que supondrá la contratación de un abogado o en su caso, la inversión de tiempo y esfuerzo para descargarse un formulario que le permita recurrir cada acto administrativo en lo que es un clara desigualdad de armas en el procedimiento; pero, a mayor abundamiento, con la Generalitat gozando de la fuerza pública para sancionar y recurrir las sanciones, con fondos públicos.

En esta tesitura, ¿en qué responsabilidad penal podrían incurrir aquellos mossos que a sabiendas de su ilegalidad sancionan a los ‘retiradores de lazos’? El Código Penal castiga y protege los distintos bienes jurídicos con el fin de salvaguardar cualquier tipo de abuso: desde la prevaricación al delito de falsedad en documento oficial del artículo 390.1.4º (Sentencia Tribunal Supremo 531/2013) o de denuncia falsa; y, cómo no, el más grave: la detención ilegal (Sentencia del Tribunal Supremo 694/2016). Ningún ciudadano tiene que ser perturbado de su libertad si no existe causa legal para ello, si no hay indicios o sospechas fundadas de que ha participado en un ilícito: quitar lazos amarillos no lo es.

En un Estado de Derecho, las leyes, su interpretación y su aplicación han de interpretarse desde la ajustada separación de poderes, teniendo la judicatura la última palabra. La ciudadanía tiene el derecho a vivir en libertad y ésta, nunca lo olvidemos, “sólo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder supremo” (Cicerón).

Ayuntamiento de Valencia
Ribó impone su dictadura lingüística en Valencia y destierra el español de las actas municipales
Agustín de Grado okdiario 22 Agosto 2018

El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), ha asestado un nuevo golpe al idioma español en su estrategia para desterrarlo de la administración municipal: las actas de las juntas de distrito ya sólo quedarán registradas en valenciano, único idioma que venía aplicando también para las actas de los plenos del Ayuntamiento. Además, ha retirado de la web municipal todas las actas anteriores que sí estaban en los dos idiomas. La dictadura lingüística avanza en la tercera ciudad de España.

La decisión de suprimir el español en las actas de las juntas municipales llega después de que el Defensor del Pueblo exigiera a Ribó publicar también en castellano las actas del Pleno de la Corporación, así como las resoluciones de su gobierno, para evitar la discriminación lingüística.

El Defensor del Pueblo constató que el alcalde nacionalista no respetaba los derechos lingüísticos de todos los valencianos al imponer el valenciano como único idioma en la publicación de las actas de las sesiones del Pleno municipal y en las resoluciones del gobierno municipal. En una resolución adelantada por OKDIARIO el pasado mes de febrero, el Defensor del Pueblo recriminaba al gobierno municipal por discriminar a los castellanoparlantes.

Para todos los valencianos
El Defensor del Pueblo reconocía que la Ayuntamiento estaba legalmente habilitado para redactar sus documentos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la región, el español y el valenciano. Pero eso no significaba —explicaba la resolución— que los ciudadanos que desconocen el valenciano no pudieran ver sus derechos lesionados.

En este sentido, el Defensor del Pueblo explicaba que surgía un problema cuando el derecho de la administración municipal a publicar en uno solo de los dos idiomas oficiales impide a los ciudadanos entender el contenido de las actas y resoluciones, puesto que no todos los ciudadanos de Valencia entienden el valenciano y porque el Ayuntamiento se relaciona no sólo con vecinos de la ciudad, sino también con otros sujetos personales y jurídicos que no residen ni en la capital valenciana ni siquiera en la misma Comunidad autónoma.

De tal forma que —explicaba el Defensor del Pueblo— “cuando alguno de los acuerdos adoptados afectan de manera individual y específica a determinados ciudadanos, la publicación de las actas podría equivaler en algún caso al cumplimiento de la obligación de notificar a los interesados en un procedimiento las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, por lo que es relevante la lengua que se use para que entiendan el contenido de esos acuerdos”.

Entiendía el Defensor del Pueblo que cuando el gobierno municipal de Ribó impone exclusivamente el valenciano en sus actas, acuerdos y resoluciones, lo está haciendo sin tener en cuenta una realidad social existente y olvidando que “todos tienen derecho a acceder a la información pública” en los términos previsto en el artículo 105.b de la Constitución, que protege el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo resolvía instando al gobierno municipal de Joan Ribó a publicar en versión bilingüe tanto las actas de sus reuniones como las del Pleno en la web del Ayuntamiento y en el Tablón de Edictos. La respuesta del alcalde ha sido la contraria: suprimir el español de las únicas actas municipales que aún lo conservaban.

Constitucionalistas denuncian a la Generalitat por “persecución política” a los que retiran lazos
OKDIARIO 22 Agosto 2018

El presidente de la asociación constitucionalista Impulso Ciudadano, José Domingo, ha presentado una denuncia contra la cúpula de la Consejería de Interior de la Generalitat por “persecución política” a los que retiran lazos amarillos y símbolos independentistas de la vía pública, a la vez que ha afirmado que esta medida tiene el fin de conseguir la segregación ideológica de estos ciudadanos.

Lo ha declarado a los periodistas ante la Fiscalía Superior de Cataluña junto al vicepresidente de su asociación Carlos Silva y tras registrar la denuncia contra el consejero Miquel Buch; el director de Mossos, Andreu Joan Martínez, y el comisario jefe del cuerpo, Miquel Esquius.

Domingo considera que, mientras se están levantando actas contra ciudadanos que retiran esta simbología -como ha sucedido con los 14 identificados en municipios de Tarragona-, no se apercibe a los que los colocan, lo que supone una actuación “claramente discriminatoria” por parte de Mossos.

Cree que los que retiran los lazos no incurren en una infracción porque están “amparados en el deber que tiene cualquier ciudadano en proceder a retirar cualquier elemento contrario a las ordenanzas cívicas, como una persona que recoge un papel de la calle y lo deposita en una papelera”.

Persecución con fin de segregación
“Se está produciendo una situación de clara persecución por parte de la policía autonómica, pero fundamentalmente ordenada por sus jefes políticos, y se está haciendo esta persecución con una finalidad de segregación ideológica”, ha afirmado.

Domingo pide que la policía catalana actúe contra quien coloca estos símbolos: no cometen un delito pero están “alterando el mobiliario urbano y produciendo contaminación al medio ambiente”, lo que considera una infracción administrativa.

Ha dicho que el artículo 37 de la Ley de seguridad ciudadana califica como infracción leve los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública cuando no constituyan infracción penal y obligan a reparación del daño.

“Es decir, si se pinta un lazo en un arcén o una pared debe ser objeto de apertura de un expediente sancionador y de apertura de un expediente disciplinario”, ha requerido.

Plan de Interior
Ha explicado que desconoce si los Mossos han levantado algún expediente por este motivo, pero que sí sabe que algunas policías locales catalanas lo han hecho, y ha exigido Fiscalía que inste a la policía catalana a actuar contra los que colocan símbolos en el espacio público.

“Estamos ante un supuesto de segregación ideológica, de persecución política, ordenada por los responsables de Interior y también del presidente”, y ha pedido en la denuncia que se aporte el plan específico operativo que Interior ha diseñado para preservar el respeto ideológico y que fue anunciado por los tres denunciados el 2 de agosto.

También ha pedido que se aporten todas las actas levantadas por los Mossos con motivo tanto de la retirada como de la colocación de estos símbolos, y que se aporten los correos, órdenes e instrucciones que se ha dado desde la cúpula de Interior a Mossos.
 


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