AGLI Recortes de Prensa   Viernes 24 Agosto 2018

Sánchez bordea el autoritarismo
EDITORIAL El Mundo 24 Agosto 2018

El precio del poder en minoría de Pedro Sánchez es una galopante erosión de nuestra arquitectura institucional. No se puede extraer otra conclusión a la vista de su impúdico abuso del decreto-ley, a despecho del requisito de «extraordinaria y urgente necesidad» que exige la Constitución Española (CE). Lejos de toda autocrítica, por pura supervivencia, el Gobierno anuncia ahora una reforma exprés pactada con su socio preferente, Podemos, para saltarse el voto del Senado al techo de gasto. Pero entregarse al criterio populista de los enemigos del sistema del 78 tiene como consecuencia el rápido desgaste de los contrapoderes democráticos, además de enviar un mensaje de desafío a Bruselas y los mercados que devolvería a España al estado de sospecha financiera que tan trabajosamente ha abandonado. Todo para garantizarse un plan expansivo de gasto que favorezca el clientelismo antes de que se agote la legislatura.

Sánchez se está convirtiendo en el campeón de la fobia a la voluntad popular: la que se expresa en las urnas, negándose a convocar las elecciones prometidas, y la ya expresada en los escaños del Senado, cámara que pretende vaciar de funciones por la única razón de que allí el PP cuenta con mayoría absoluta. «Una mayoría espuria», según Pablo Echenique, «el último reducto de poder» con el que debe terminar la alianza entre socialismo, populismo y nacionalismo que forjó el triunfo de la moción de censura. Con razón advertía la oposición de la deriva chavista de semejante plan del Ejecutivo para usurpar terreno al Legislativo, e incluso al Judicial, pues el decreto-ley bloquea la capacidad de recurso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. De hecho, fue la abierta ilegalidad de los planes del presidente lo único que finalmente hizo torcer su voluntad y le va a obligar a pasar su reforma por el escrutinio del Congreso. Por contra, lo que Sánchez pretendió ayer hasta el último momento era un grosero ataque a la separación de poderes más propio de Orbán o Maduro que de una democracia liberal. ¿Qué más da sacar 84 escaños que 184 si todo presidente puede imponer su voluntad sin frenos?

En lugar de asumir que no tiene suficientes escaños porque los españoles lo han querido así, Sánchez siempre opta por intentar obviar el Parlamento. Ayer lo volvió a hacer, aunque la advertencia que sin duda recibió de que su intención era clamorosamente inconstitucional, por pretender modificar por decreto una ley orgánica como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que desarrolla el artículo 135 de la CE, le hizo aceptar a última hora que el PSOE presentara una proposición de ley en el Congreso.

Ser demócrata consiste en debatir las leyes; en no invadir las competencias de otros poderes del Estado; en abstenerse de una política de hechos consumados de ardua reparación. Por este camino, el sanchismo rebaja la calidad democrática hasta niveles desconocidos.

La tentación bolivariana del PSOE
 La Razon  24 Agosto 2018

La mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado –147 senadores frente a 61 socialistas– tiene su origen, como no podía ser de otra forma, en la voluntad popular libremente expresada en las urnas. Es un hecho democrático que nadie ponía en duda hasta que el voto de Cámara Alta ha pasado a ser decisivo para aprobar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que incluye el llamado «techo de gasto».

Confrontados a esta realidad, que, además, es consustancial a un Estado en el que rige la separación de poderes, los representantes de Podemos, formación de extrema izquierda ideológicamente vinculada al llamado «socialismo bolivariano», han propuesto al actual Gobierno socialista que tome un dudoso atajo legislativo, en forma de real decreto, para eludir el obstáculo bajo la argumentación de que se trata de una «mayoría espuria», en expresión del secretario de organización podemita, Pablo Echenique, o de la manera de «quitarle a Pablo Casado y al PP el último reducto de poder que tiene en el Senado», en palabras de la portavoz adjunta del partido morado, Ione Belarra.

Estamos, sin necesidad de entrar en matices, ante la misma lógica política que ha venido aplicando el chavismo en la desgraciada Venezuela, donde ha fulminado las bases de la democracia, cooptando desde el Ejecutivo al resto de los poderes del Estado. Es, con pocas distancias que salvar, el intento de suplantar la democracia representativa por la llamada «democracia directa» que ya han ensayado los populistas de Podemos en los ayuntamientos que gobiernan.

El asunto es grave, puesto que nos encontramos ante un Gobierno, como el de Pedro Sánchez, que depende para su continuidad de una extrema izquierda cuya estrategia última es la de superar parlamentariamente al PSOE y a la que no le es ajena en absoluto la táctica del clientelismo político. Porque, más allá de la maniobra neutralizadora del Senado, lo que está en cuestión es la estabilidad financiera del Estado y las políticas de crecimiento económico que difícilmente podrán mantenerse en un escenario de mayor gasto público y presión fiscal, que, inevitablemente, recaerá sobre las clases medias y las empresas privadas, pero que acabará por trasladarse, vía precios, al conjunto de la población.

Si bien el socialismo bolivariano, que, en definitiva, no es más que la suma de fórmulas económicas fallidas y concentración de poder, no parece una opción creíble para un país que forma parte de la Unión Europea, no se debería despreciar el riesgo que representa para la convivencia democrática y el progreso social. El Gobierno de Pedro Sánchez está en su derecho, si le asiste una mayoría parlamentaria suficiente, de proponer una nueva reforma de la Ley de Estabilidad, que sería la tercera, para retirar la capacidad de veto del Senado, pero debe alejarse de tentaciones chavistas y seguir los procedimientos reglados en nuestro sistema parlamentario.

No hay excusas para el atajo, mucho menos si éstas lo que buscan es la deslegitimación de los votos que el Partido Popular obtuvo en la Cámara Alta, como trata de instalar Podemos en la opinión pública. Comprendemos las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez para poder sacar adelante su proyecto presupuestario, que no compartimos, pero la vía democrática pasa por el respeto a las reglas del juego, que incluye el de las mayorías parlamentarias, y por la negociación con el resto de las fuerzas políticas. Es, por cierto, lo que hizo el ex presidente Mariano Rajoy cuando consiguió que este mismo Congreso le aprobara las cuentas públicas con las que está gobernando Pedro Sánchez. El PSOE no tiene por qué mirar sólo a su izquierda ni caer en las trampas del populismo más rancio. Hay otras opciones políticas mucho más razonables.

El Gobierno se bolivarianiza
EDITORIAL  Libertad Digital 24 Agosto 2018

Urge la convocatoria de unas elecciones generales que devuelvan a Sánchez a la marginalidad política a la que le condenaron repetidamente los electores y de la que jamás debió salir.

En menos de tres meses de gobierno, Pedro Sánchez y el PSOE están logrando un grado de ignominia que a otros les cuesta años alcanzar: su rendición moral ante el separatismo violento, sus vaivenes en política migratoria al calor de las necesidades de la propaganda, su ocupación de los medios de comunicación y las empresas públicas son difícilmente comparables a los de ningún Ejecutivo anterior, además de producirse sin el aval de un triunfo electoral que no lo justifica todo, desde luego, pero sí hace más legítima la acción política.

Pero probablemente lo peor del gobernante Sánchez es su fijación con los decretazos, para gobernar de espaldas al Parlamento y hasta atacar derechos y libertades fundamentales. El cambio en el Código Civil que permitirá sustraer de la tutela judicial algo tan importante como la patria potestad es de una gravedad enorme, pero como se justifica en la nefasta política de género parece que cualquier atropello puede ser consentido, y ni siquiera se escucha la más mínima protesta desde medios de izquierda que han estado años alertando falsamente de la "pérdida de derechos" bajo Gobiernos del PP.

De igual modo, el acuerdo con Podemos para cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria mientras se está tramitando el techo de gasto para 2019 es de una gravedad extrema: eliminar al Senado del trámite es forzar la legalidad para adecuarla a la conveniencia del Gobierno despreciando el resultado democrático de las urnas.

Se trata de una medida digna de ese chavismo que suprime una cámara legislativa cuando el resultado electoral no le conviene y atenta contra los principios básicos de separación de poderes; es una inmoralidad absoluta forzada, para colmo, desde una abrumadora minoría parlamentaria, de ahí que a Sánchez le vaya a ser necesario el apoyo no sólo de los comunistas que quieren trasladar a España el dramáticamente fracasado modelo bolivariano, sino de los separatistas golpistas.

Todo aderezado con las mentiras del presidente, que en su única comparecencia ante los medios en casi 90 días presumía de que iba a "gobernar con el Parlamento", y con los despropósitos de una portavoz socialista que, o bien cree que los españoles son imbéciles, o bien tiene un desconocimiento de los pilares básicos del sistema democrático aún mayor de lo que cabría esperar, dada su nula formación académica.

Pedro Sánchez no ha tenido mucho tiempo para gobernar, pero sí para despreciar, cuando no directamente atacar, pilares básicos del sistema democrático. Por eso lo mantienen enemigos jurados de las libertades como los comunistas y los separatistas. Por eso precisamente urge la convocatoria de unas elecciones generales que le devuelvan a la marginalidad política a la que le condenaron repetidamente los electores y de la que jamás debió salir.

Las cacicadas de Sánchez y Podemos
EDITORIAL ABC 24 Agosto 2018

El acuerdo alcanzado anteanoche por el Gobierno y Podemos para hurtar al PP su derecho a vetar los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, es sencillamente abusivo y ajeno a la regla de la voluntad de las mayorías en democracia. Sánchez y Pablo Iglesias, en connivencia con el PNV, han decidido romper todas las reglas del juego democrático respetadas hasta ahora en los últimos cuarenta años, burlar la decisión de las urnas en la Cámara Alta, e imponer una medida de cariz autoritario limitando la capacidad constitucional atribuida al Senado de controlar al Ejecutivo. Así, si la mayoría absoluta lograda legítimamente por el PP en el Senado estorba, se obvia directamente modificando una ley con nocturnidad en pleno mes de agosto, se pervierte la arquitectura real de las mayorías decretada por las urnas, y se recurre de modo autoritario y abusivo a una vulneración fáctica de la separación de poderes. La conclusión es sencilla: si Sánchez y Podemos carecen de opciones reales, porque así lo han querido los ciudadanos, de imponer unos Presupuestos Generales del Estado que destrocen el déficit y aumenten los impuestos a la clase media, se elimina el problema mediante la cacicada de restringir la capacidad legislativa del Senado… y asunto arreglado. Podemos, partido al que dan exactamente igual las cuentas públicas y el futuro de España, ni siquiera se ha molestado en ocultar la verdad y Pablo Echenique ha dejado claro que solo se trataba de «eliminar la última palanca de poder» del PP. Es decir, de reproducir el eterno «cordón sanitario» contra el PP, que en este caso representa además el sentir mayoritario -y absoluto- de la ciudadanía en la Cámara Alta. Por eso resulta doblemente escandaloso.

Si la argumentación de Sánchez y de Podemos de que la mayoría del Congreso es legítima para poder gobernar con 84 diputados, no pueden despreciar otra mayoría igual de legítima como la del PP en el Senado porque no hacen más que prostituir cínicamente las urnas y el propio espíritu de la Constitución. Este episodio recuerda bastante a lo que ocurre en regímenes populistas en los que, cuando molesta una Cámara con capacidad para vetar las decisiones de un Gobierno forzado como el de Sánchez, se deroga una ley y se impone de manera artificial y prefabricada otra mayoría distinta a la acordada en las elecciones bajo una falsa apariencia de legitimidad. Lo ocurrido ahora se basa en un concepto excluyente y sectario de la resolución de las urnas, en virtud de la cual la mayoría progresista del Congreso es legítima y la mayoría conservadora del Senado, no. España se está convirtiendo en el paraíso de la presunción de inocencia para todo lo que hace la izquierda, aunque sea abusivo y gobierne por decreto, y de la presunción de culpabilidad para la derecha, haga lo que haga.

La Transición ha muerto, ¡viva la Transición!
MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO* El Mundo 24 Agosto 2018

A menudo se habla de la crisis de la socialdemocracia y de sus muchos años de esquizofrenia. Si alguien tenía dudas, bastó comprobar en mayo de 2010 la frivolidad con que el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero sustituyó una política económica de alegre endeudamiento por otra de ajuste brusco. Por supuesto, no fue gratis y ahí están las movilizaciones del 15-M y los resultados de las elecciones generales para corroborarlo. No obstante, el PSOE parece haber resistido mejor que sus homólogos europeos. Buena parte de la explicación reside en el terreno cultural: los prejuicios de raíz socialdemócrata han mostrado una resiliencia encomiable.

Por consiguiente, no es extraño que el PSOE, recién regresado a la presidencia del Gobierno, trate de situar la competición partidista en un campo cultural en el que los conservadores se sientan incómodos y ellos, a su vez, puedan ajustar cuentas con Podemos, ese hijo odiado que lleva un tiempo explotando con cierto éxito la esquizofrenia de los primeros. Porque los líderes de Podemos no han perdido el tiempo. Hace mucho que andan propagando la idea de que si ha habido una crisis en la economía y la política española no ha sido por razones coyunturales, sino porque la democracia española nació con fórceps; es decir, después de la muerte del dictador la Transición se controló desde arriba para permitir que "los de siempre" siguieran en el poder. Y así, mientras que la derecha disfrutaba con el nuevo sistema político, la izquierda, tanto el PSOE como el PCE, habría contribuido a legitimar esa continuidad perniciosa, primero apoyando y elogiando la Transición y después gobernando con esas reglas. Ante esa traición, Podemos aspira a ser el partido de las víctimas del franquismo, o lo que es lo mismo: el partido de la ruptura que todavía estaría por hacer.

El PSOE tiene un grave problema con esta forma de manipular el pasado: si bien el discurso cultural predominante entre los votantes de extrema izquierda comulga con ella, el partido de Felipe González no puede aceptar sin más una interpretación de la Transición que implica la inmediata descalificación de un bipartidismo del que han sido protagonistas. Además, como han mostrado distintas encuestas, una amplia mayoría de españoles -y de votantes del centroizquierda- sigue viendo con orgullo la Transición.

Y aquí es donde Franco y el Valle de los Caídos emergen como una oportunidad, aunque muy arriesgada, para un gobierno socialista débil y pendiente del calendario electoral. Es probable que Pedro Sánchez haya sacado una lección de sus anteriores disputas con Pablo Iglesias: cada vez que un dirigente de Podemos se refiere despectivamente a la Transición, señala que las víctimas del franquismo no recibieron la justicia que merecían o recuerda que Franco sigue enterrado junto a los muertos de ambos bandos, no está debilitando a sus competidores por la derecha, sino que está colocando a los electores de izquierdas una propaganda de la que se concluye que el Partido Socialista también es responsable de los supuestos déficits de la democracia española. Y es que el partido legado por Rodríguez Zapatero tiene un problema de envergadura: hasta las políticas culturales de este último, los socialistas no habían apelado al antifranquismo más que en pequeñas dosis oportunistas. Pero a partir de 2006 la situación varió. Mientras no había competidor por la izquierda, se podía invocar al mismo tiempo el legado de Felipe González y la «memoria» de la Segunda República. La patente contradicción entre uno y otro no tenía quien la mostrara con fuerza. Sin embargo, con la irrupción de Podemos todo cambió. Estos explotaron el cinismo de Zapatero y defendieron con igual entusiasmo tanto que el franquismo no estaba del todo muerto como que el PSOE de Felipe González era uno de los principales culpables. En esta tesitura, a un Pedro Sánchez convertido en líder del PSOE contra el lobby del felipismo, sólo le quedaba ver en la crítica de Podemos una oportunidad de redimir a su partido y ajustar cuentas con su propio pasado.

La propuesta de desenterrar a Franco con el apoyo de Podemos y por la vía de urgencia es, así, la oportunidad de poner al PSOE donde nunca estuvo desde que murió el dictador: supone aceptar como válida la premisa de algunos historiadores de extrema izquierda, así como de los dirigentes de Podemos, según la cual la dictadura no murió con la aprobación de la Constitución. Toca enterrarla de verdad, aunque sea simbólicamente. Sánchez ha creído que tiene la oportunidad de matar no dos, sino tres pájaros de un tiro poco antes de presentarse a las urnas: con Franco fuera del Valle de los Caídos noqueará por unas semanas a un PP en supuesta transición; desarmará en parte la crítica de la extrema izquierda; y pondrá tierra entre el viejo pactismo felipista -tan identificado con el bipartidismo- y un socialismo renovado.

Pero Franco y el Valle de los Caídos, como todo lo que se refiere a la convulsa historia de la España del siglo XX, pueden resultar una caja de los truenos. No en vano, la Comisión de Expertos sobre el Futuro del Valle de los Caídos reunida en 2011 empezaba su lista de recomendaciones advirtiendo sobre "las dificultades políticas y sociales que supone la ejecución" de aquellas. Porque, ciertamente, si los propagandistas de Podemos tienen razón en algo es en asegurar que durante la Transición no hubo una ruptura radical con el pasado. Franco no fue derribado ni por un golpe ni por una revolución, sino por una enfermedad. El hecho de que fuera enterrado con todos los honores el 23 de noviembre de 1975 en la basílica del Valle de los Caídos no fue un impedimento para que el PSOE y el PCE se sumaran al programa de reforma pactada propuesto por el Gobierno de Suárez y contribuyeran valientemente a la aprobación de la Constitución de 1978.

Para el Partido Popular, como para Ciudadanos, la comprensible defensa numantina del legado del pacto constituyente no debiera impedirles ver que la Transición es parte ya de un pasado cada vez más lejano. Y que los acontecimientos políticos recientes y los nuevos competidores han socavado parcialmente las bases culturales sobre las que descansaba el prestigio de aquella. Tal vez sea el momento de aprovechar para recomponer el valor de la Transición a partir de una superación de sus contradicciones, aun cuando aquellas fueran tan valiosas para su éxito. A diferencia del PSOE, ni el PP ni Cs son partidos históricos a los que la exhumación de los restos de Franco vaya a despertar un fantasma mal enterrado. Los primeros pueden intentar ganar a Podemos por su izquierda, pero con los huesos del dictador en busca de sepultura podrían tener también que explicar qué fue de su terrible contribución a la violencia en los años 30 (la revolución de octubre de 1934 o las matanzas de la retaguardia republicana durante la guerra, entre otros) y, peor aún, por qué el Valle de los Caídos no constituyó un impedimento de urgencia para apoyar la Constitución, ganar las elecciones y gobernar durante varias legislaturas.

La democracia española afronta desafíos estructurales que pueden debilitarla gravemente. Algunos recurrirán a la nostalgia y apelarán al espíritu de reconciliación de la Transición para criticar la política «memorial» -por parcial- y encastillarse en que no debe desenterrase el pasado porque eso dividirá a los españoles. Es comprensible. Sin embargo, es probable que haya una oportunidad para que los partidos de la oposición aprovechen el órdago del Gobierno socialista y reviertan su finalidad, proponiendo cambios en la configuración del Valle de los Caídos, partiendo de un debate sobre las recomendaciones de la Comisión de expertos de 2011 y exigiendo que no sea mediante decreto-ley. Quizás haya llegado el momento de proclamar simbólicamente el entierro de la Transición para poder salvar su legado y fortalecer la democracia española para otros cuarenta años. Porque un acuerdo entre PSOE, PP y Cs sobre una nueva finalidad (y tal vez denominación, aunque la Comisión de Expertos, con criterio fundado, optó por mantener el nombre actual) para el Valle de los Caídos, previo traslado pactado de los restos de Franco, demostraría que la ausencia de ruptura entre 1975 y 1978 fue, precisamente, lo que permitió construir una democracia más sólida y duradera que la de la Segunda República.

*Manuel Álvarez Tardío es profesor de Historia del Pensamiento Político.

Exhumación de Franco
El Gobierno aprueba por “urgencia” sacar a Franco del Valle de los Caídos 42 años después
El Gobierno aprueba el decreto ley para la exhumación "urgente" de los restos de Franco.
Nacho Doral okdiario 24 Agosto 2018

El Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, ha aprobado el decreto que autorizará la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, 42 años después de que fuera enterrado allí. “No se puede perder ni un solo instante”, ha asegurado Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.

El decreto modifica dos aspectos puntuales de la Ley de Memoria Histórica, asegura el Gobierno que cumpliendo las recomendaciones de la ONU al Estado español.

El Ejecutivo esgrime, además, la resolución del Congreso de los Diputados que el año pasado aprobó la exhumación de los restos del dictador sin ningún voto en contra.

Calvo ha explicado que el decreto añade un párrafo al artículo 16 de la ley que indica el “carácter urgente” de hacer esta exhumación e indica al Gobierno “el procedimiento para hacerlo”.

“Es inasumible que Franco tenga una tumba de Estado en un lugar que pertenece a Patrimonio Nacional”, ha asegurado Calvo.

La familia tendrá 15 días para hacerse cargo de los restos de Franco. Si no lo hace, el Gobierno decidirá qué hace con ellos, “asegurando una digna sepultura”, según la vicepresidenta.

La familia Franco “podrá ser escuchada” y dispondrá de quince días, a partir del 31 de agosto, para decidir a qué lugar quieren que sean trasladados los restos.

A final de año
El Ejecutivo calcula que con los plazos de tiempo establecidos por el decreto ley para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se irá a “final de año” para realizar esta tarea en un tiempo máximo de doce meses, tal y como establece la normativa aprobada hoy.

Según ha explicado Calvo, los doce meses establecidos de caducidad, tras la convalidación del decreto en el Congreso, es “un tiempo máximo” pero que la previsión es que no tenga que agotarse.

Calvo ha recordado que el decreto ley empezará su tramitación con un periodo de treinta días para su convalidación en el Congreso, y a partir de ahí su caducidad es de un año, “plazo más que suficiente” para que se lleve a cabo el “objetivo final” que es sacar los restos del dictador.

Santiago Carrillo fue el responsable de la matanza de 5.000 personas en Paracuellos
OKDIARIO 24 Agosto 2018

El uso partidista y selectivo que el PSOE y Podemos hacen de la Memoria Histórica no puede borrar los crímenes cometidos por destacas figuras políticas de la izquierda como el ex secretario general del PCE Santiago Carrillo, al que todos los historiadores señalan como el máximo responsable del asesinato de cerca de 5.000 personas en las matanzas de Paracuellos de Jarama.

Estas ejecuciones masivas se prolongaron durante cerca de un mes, a partir del 6 de noviembre de 1936, cuando el presidente socialista Francisco Largo Caballero decide trasladar el Gobierno a Valencia, dado que las tropas de Franco se aproximaban a Madrid.

Santiago Carrillo contaba entonces 21 años y se había convertido en el secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSC), fruto de la alianza entre las organizaciones juveniles del PSOE y el Partido Comunista. Carrillo logró que, antes de abandonar la capital, el Gobierno de Largo le nombrara responsable de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid.

Fusilados por ser católicos
En este cargo debía decidir el futuro de los más de 5.400 presos políticos que permanecían hacinados en las cárceles madrileñas desde el principio de la guerra. Entre ellos había numerosos religiosos, y muchos otros que se encontraban en la cárcel, sencillamente, porque habían sido señalados por ser católicos.

En la noche del 6 de noviembre, ya bajo la responsabilidad de Santiago Carrillo como consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, se inician las primeras “sacas”: traslados de presos que, en grupos de 400 o 500, son conducidos a Paracuellos de Jarama para ser fusilados. El objetivo no era otro que evitar que fueran liberados cuando las tropas de Franco llegaran a Madrid.

Las matanzas de Paracuellos se prolongaron desde 6 de noviembre al 4 de diciembre de 1936, aunque algunos historiadores sitúan el comienzo de los asesinatos un poco antes, a finales de octubre. Santiago Carrillo en ningún caso podía alegar que desconocía estos hechos, pues varios políticos de la República y representantes internacionales intentaron mediar para frenar las ejecuciones.

La checa de Fomento
Ya el 7 de noviembre, tras la noticia de los primeros fusilamientos registrados la madrugada anterior, el cónsul de Noruega, Félix Schlayer, se había dirigido personalmente a carrillo para pedirle que frenara estos asesinatos y garantizara la seguridad de los presos. Pero el joven líder de las Juventudes Socialistas le respondió airadamente que los presos no corrían ningún peligro. Los fusilamientos se habían iniciado sólo unas horas antes.

De la logística del traslado de preso y los fusilamientos se encargó el Comité Provincial de Investigación Pública (conocido como la checa de Fomento), bajo la responsabilidad de Santiago Carrillo y su número 2, Segundo Serrano Poncela, al que había nombrado director general de Seguridad.

El historiador británico Paul Preston señala que Santiago Carrillo quizá “no fue quien dio las órdenes, que seguramente vinieron de Moscú y de la cúpula del partido en España, ni tampoco ejecutó la matanza, pero sí fue un elemento clave en su organización. Su responsabilidad va mucho más allá de lo que él nunca ha reconocido ni públicamente ni en sus memorias”.

Y luego dedicó buena parte de su vida, sobre todo tras el restablecimiento de la democracia, a borrar la huella de aquellos crímenes esparciendo “abundantes falsedades y confusiones deliberadas“, señala Preston, quien cifra entre 2.000 y 5.000 el número de personas asesinadas en Paracuellos.

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Maduro en La Moncloa
Hay alarmantes razones para exigir en la calle elecciones generales de inmediato
Hermann Tertsch ABC 24 Agosto 2018

«En Cataluña, el presidente de la Generalidad, con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su responsabilidad, se ha permitido proclamar el Estat Catalá. Ante esa situación, el Gobierno de la República ha tomado el acuerdo de proclamar el estado de guerra en todo el país. Al hacerlo público, el Gobierno declara que ha esperado hasta agotar todos los medios que la ley pone en sus manos, sin humillación ni quebranto de su autoridad. En las horas de la paz no escatimó transigencia. Declarado el estado de guerra, aplicará sin debilidad ni crueldad, pero enérgicamente, la ley marcial.

Está seguro de que (…) ante la posición antipatriótica de un Gobierno de Cataluña, que se ha declarado faccioso, el alma entera del país entero, se levantará en un arranque de solidaridad nacional (…) a ponerse al lado del Gobierno para restablecer, con el imperio de la Constitución, del Estatuto y de todas las leyes de la República, la unidad moral y política, que hace de todos los españoles un pueblo libre, de gloriosa tradición y glorioso porvenir. Todos los españoles sentirán en el rostro el sonrojo de la locura que han cometido unos cuantos. El Gobierno les pide que no den asilo en su corazón a ningún sentimiento de odio contra pueblo alguno de nuestra Patria. El patriotismo de Cataluña sabrá imponerse allí mismo a la locura separatista y sabrá conservar las libertades (…) bajo un Gobierno que sea leal a la Constitución. En Madrid, como en todas partes, una exaltación de la ciudadanía nos acompaña. Con ella y bajo el imperio de la ley vamos a seguir la gloriosa historia de España».

Hasta aquí un extracto del parte oficial del Consejo de Ministros del día 6 de octubre de 1934 publicado al día siguiente junto al Decreto de proclamación del Estado de Guerra firmado por el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Ese texto marca quizás el momento más digno de los seis años de existencia de la República que nació con mal pie y murió en catástrofe sangrienta. Entonces hubo un gobierno en Madrid que afrontó con responsabilidad y patriotismo el momento dramático que había intentado evitar. Ni hoy ni el año pasado han tenido España y su Monarquía un gobierno con el coraje para asumir la carga de la respuesta proporcional que requiere el desafío separatista. Al contrario, hay graves sospechas de que el gobierno socialista, anómalo e ilegítimo por legal que sea, aprovecha la deriva de las fuerzas separatistas y su alianza con los comunistas de Podemos para asestar un golpe de consecuencias imprevisibles a la Constitución y a las instituciones. Ha lanzado una campaña masiva de propaganda contra la oposición de «las derechas» -en inaudito recurso a fraseología prebélica- y en defensa de las agresiones del separatismo a la legalidad. Con un obsceno recurso al Decreto Ley para dinamitar la convivencia, destruir el equilibrio de poderes y minar el sistema constitucional. El acuerdo de Sánchez con los comunistas para ignorar al Senado en la tramitación de presupuestos es un atropello político, una violación de procedimiento y un intolerable vaciamiento de competencias de la Cámara Alta. Con similitud al golpe de Nicolás Maduro contra el Parlamento venezolano surgido de las elecciones del 5 de diciembre de 2015. Sabiendo quién marca la agenda de este gobierno de 84 escaños, pelele de fuerzas antidemocráticas y algunas dependientes de dictaduras extranjeras, los españoles tienen muchas razones para sentir una profunda preocupación por su seguridad y su democracia. Son las mismas razones que tiene la oposición para llamar a los españoles a exigir en la calle elecciones generales de inmediato. Para el retorno a una normalidad constitucional hoy ya inexistente.

La vía del nepotismo.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 24 Agosto 2018

EL NEPOTISMO DE PEDRO SÁNCHEZ ILEGITIMA SU PERMANENCIA EN EL PODER.

Lo primero que hay que resaltar es que Pedro Sánchez lleva estos tres meses instalado en la Moncloa con el ánimo de mantenerse en el poder e imponer su programa de Gobierno como forma de “normalizar” la vida política de España. Solo hay que recordar las palabras de su discurso de investidura para ver cómo la realidad de sus actos le ha llevado a crispar aún más esa vida política y a supeditar su acción de Gobierno a las exigencias de los enemigos de España. En aquel discurso se comprometió a:

“He afirmado públicamente ante los medios de comunicación y ante la opinión pública mi voluntad de encabezar ese Gobierno:

- Un Gobierno socialista.
- Un gobierno Paritario.
- Un gobierno Europeísta.
- Un Gobierno garante de la estabilidad presupuestaria y económica. Cumplidor, en consecuencia, con sus deberes europeos.
- Un Gobierno que cumplirá y hará cumplir la Constitución.
- Un Gobierno que hará del diálogo su forma de hacer política. Con todas y cada una de las fuerzas parlamentarias, con todos y cada uno de los Gobiernos autonómicos.
- Un Gobierno con una hoja de ruta clara que consensuaremos con los grupos parlamentarios mayoritarios en esta Cámara: primero, recuperar la estabilidad, la normalidad política que ha sido violentada, sacudida como consecuencia de la falta de asunción de responsabilidades políticas por parte del actual presidente del Gobierno. Segundo, atender a las urgencias que tenga el país y tercero, convocar las elecciones generales para que lo españoles y españolas decidan el rumbo que dar al país con su voto.

Tres etapas guiadas por el consenso como herramienta fundamental. Un Gobierno, mi Gobierno, que va a entender como uno de sus principales cometidos la construcción de un consenso para convocar unas elecciones generales. “

Un discurso que apostaba por mantener unos Presupuestos Generales diciendo que : “Quiero comprometerme ante esta Cámara, señorías, en primer término, al compromiso de cumplir con las obligaciones derivadas como Estado miembro de la Unión Europea. De este compromiso se deriva, y quiero subrayarlo, nuestra voluntad de gobernar manteniendo los Presupuestos Generales del Estado aprobados por esta Cámara, y todavía pendientes de tramitación en el Senado”. Para reafirmar a continuación que :” Y lo haremos a pesar de la manifiesta oposición de mi grupo a unas cuentas que no abordan los grandes retos pendientes de nuestro país; no cuestionan un modelo de crecimiento basado en la precariedad, generador de la desigualdad que amenazan la cohesión social y territorial. Unas cuentas que también han merecido reproches, tanto de la propia Comisión Europea como de la AIREF, por los riesgos evidentes de incumplimiento del objetivo de déficit público, en un país como el nuestro, todavía sometido al Procedimiento Excesivo de Déficit Público.”

¿Qué queda de ese compromiso formal y lo de convocar elecciones? Creo que los hechos han demostrado que todo aquello que dijo era pura mentira, una forma ruin de lograr convencer para alcanzar su único objetivo de un plan de ambición personal de ser designado Presidente del Gobierno de España, tras su vergonzosa salida como Diputado en su traición a su propio partido, que intenta disfrazar de decisión coherente para no tener que enfrentarse a una disciplina de voto que terminaría por permitir la investidura de Mariano Rajoy tras meses de bloqueo institucional y dos derrotas consecutivas del PSOE en las elecciones. Y una vez alcanzado su objetivo, su pretensión es imponer, con la ayuda de sus secuaces del Gobierno como el sectario Ábalos o Carmen Calvo, su sectario programa no avalado por las urnas e ilegítimo, no dudando en usar los apoyos de los enemigos de España, esos partidos que persiguen la desmembración de España o como PODEMOS, la instauración de un régimen totalitario de signo ultraizquierdista radical de corte bolivariano en una involución democrática inaceptable.

Una forma de gobernar que rechaza la democracia y secuestra las libertades de los ciudadanos. Pues no otra cosa es hurtar la convocatoria urgente de elecciones generales para que los españoles decidamos a quienes damos nuestra confianza, si es que alguna formación política lo consigue . Y no creo que sea precisamente el PSOE, asfixiado por tantos o más casos de corrupción, de igual o peor calibre que los que aludió Pedro Sánchez para justificar su moción de censura. Una forma de gobernar que tiene nombre y es el de “nepotismo”. ¿Dónde quedó la promesa de no recurrir al Decreto Ley como norma de Gobierno del PSOE? Desde luego que Pedro Sánchez es consciente de su debilidad parlamentaria y que si quiere mantenerse en el poder necesita el apoyo de esos partidos que le dieron su apoyo de forma mercenaria y con condiciones que ahora debe satisfacer. Tanto PODEMOS como PNV, BILDU o los partidos golpistas catalanes de ERC y PDeCAT, han dejado muy clara cual es el precio por su apoyo y Pedro Sánchez y este hipócrita PSOE están dispuestos a pagarlo y traicionar a España y a los españoles.

España no se merece tener en el Gobierno a un grupo de sectarios apátridas dispuestos a todo con tal de mantenerse en el poder lo máximo, aunque para ello el precio sea llevara España a su ruina, a su desprestigio y a su desmembración. España, ni los españoles, podemos permitir el secuestro de las Instituciones o su descarado ninguneo para eludir las vías democráticas que la Constitución tiene establecidas y gobernar vía decreto Ley en asuntos que son de rango superior como es la Ley Orgánica de Presupuestos Generales del Estado. De hacerlo se estaría cometiendo un delito de prevaricación.

Espero que por el bien de la democracia el PSOE se abstenga de actuar con PODEMOS esta vulneración flagrante de la Ley e imponer unos Presupuestos que incumplen la ley de estabilidad presupuestaria y el compromiso de España con la UE, de forma similar al camino que emprendió Grecia y que le ha costado tan caro a su sociedad. Y es que PODEMOS es la misma imagen reflejada del partido populista Syriza y debemos recordar que es un partido de corte bolivariano cuyos principales dirigentes asesoraron al régimen de Hugo Chávez de Venezuela y acepta como Pablo Iglesias, subvenciones de sistemas como el de Irán. Un partido que intenta instaurar la dictadura del comunismo más rancio y antidemocrático que existe.

Si Pedro Sánchez llega a consumar su enésima traición al pueblo español, sería legítimo el que las fuerzas democráticas que defienden el Estado de Derecho tomen medidas coactivas tendentes a forzar el cumplimiento de los compromisos de este sujeto en su discurso que le llevó al triunfo de su moción de censura y su designación como nuevo Presidente del futuro Gobierno de España. Esos partidos deben de ser la piedra infranqueable que se encuentre en su camino que lleva a España al enfrentamiento social.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

La desfachatez de los invasores
Eduardo Goligorsky  Libertad Digital 24 Agosto 2018

Es imperioso que la sociedad española se movilice para poner fin a la desfachatez de los invasores de las cuatro provincias de la región catalana.

La sentencia farisaica del tribunal de Schleswig-Holstein, que negó los obvios delitos de rebelión y sedición que había perpetrado el prófugo Carles Puigdemont, llenó de júbilo a sus camaradas, y dolió a la Justicia española y a las víctimas de estos delitos. Sin embargo, nadie hizo el suficiente hincapié en el hecho de que incluso los benévolos jueces regionales habían aceptado el cargo de malversación. Y esto obliga a preguntar a dos millones de ciudadanos cómo es posible que se dejen embaucar por un imputado de malversación, cuando nadie que esté en su sano juicio empleará siquiera como administrador de su finca o contable de su empresa a un sinvergüenza con semejantes antecedentes penales.

Tinglado subversivo
La malversación es, aunque parezca una fechoría menos punible que la rebelión y la sedición, la viga maestra que apuntala todo el tinglado subversivo. Sin los fondos sustraídos al erario público no se podría mantener a un sibarita trashumante y su corte de parásitos en territorios extranjeros, desde donde proyectan sus tentáculos invasores sobre las cuatro provincias okupadas del Reino de España.

Las movilizaciones de masas, la burocracia obediente a la voz del amo, el aparato monolítico de propaganda, las células de activistas, los grupos de choque, los simulacros de embajadas consumen el dinero que estaba destinado originariamente a la educación, la sanidad y los servicios sociales, en tanto que las necesidades más perentorias las cubre el Estado, o sea todos los contribuyentes españoles, a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Un despojo que ni siquiera el artículo 155 alcanzó a frenar y cuyos ejecutores se envalentonan cada día más porque saben que han comprado, con sus escaños, la complicidad de un Gobierno entreguista.

Impunidad garantizada
La desfachatez de los invasores de las cuatro provincias del Reino de España ha llegado a su punto crítico. Al fin y al cabo han comprobado que el pelele de la Moncloa se baja aun más los pantalones cuando "rechaza abrir nuevos frentes judiciales contra (sic) Catalunya" (LV, 4/8), garantizando así la impunidad de la nueva camarilla de golpistas alzados, ellos sí, y no los frentes judiciales, contra la Cataluña civilizada. Esto, mientras la minoría tribal del censo promete seguir apoyando como presidente a un malversador de baja estofa al que nadie compraría un supuesto cupón premiado de la ONCE.

Este panorama es el que da ánimos a los timadores para tomarles el pelo a los unos y los otros. El cerebro de la operación confirma en Waterloo que todo fue un farol y que los amotinados sabían que ningún país reconocería a la repúblika mostrenca, y el mismo día (LV, 18/8) su testaferro fanfarronea en Barcelona diciendo que "Europa nos ha dado la razón". Pecados veniales si se los compara con los testimonios cotidianos de su odio enfermizo contra la patria común.

Ku Klux Klan identitario
La locuacidad, hiperactividad y proximidad de Quim Torra lo han convertido circunstancialmente en el monstruo protagónico de este guiñol, compitiendo con el malversador mayor de la troupe. Fue bochornoso ver al republikano sobrevenido, rodeado por figurantes disfrazados de mercenarios miquelets, celebrando en Talamanca la última victoria de la dinastía de los Habsburgo sobre la dinastía de los Borbones. Todo muy republikano. Y presa de delirios épicos, Torra exclamó en el apogeo de la chirigota (LV, 14/7)

Para hacer efectiva esta república necesitaremos toda la capacidad de sacrificio, toda la disposición hasta las últimas consecuencias. Es tan simple como esto, es la esperanza de la libertad. Nos hace falta saber que si no somos libres, no somos nada.

Cegado por la megalomanía, Torra pretende parangonar sus discursos sobre las virtudes del sacrificio con los de Winston Churchill, cuya imagen lleva prendida en la solapa, junto al lazo amarillo. Si aquel estadista del Imperio Británico, conservador y patriota hasta la médula, hubiera tropezado con un maniático irlandés, escocés o galés poseído por las alucinaciones independentistas de Torra, o con un paleto hostil a la Corona, lo habría despedido asestándole una soberbia patada en el culo. Mandela le habría dispensado el mismo trato a un negro racista que calificara a los blancos de "bestias con forma humana". Ni siquiera toleró los excesos a su esposa Winnie.

El secuestro de Churchill y Mandela para utilizarlos con fines espurios es otro de los muchos atropellos en que incurre nuestro Ku Klux Klan identitario.

Coqueteo mendaz
Y para rematar sus exabruptos, después de visitar a los golpistas presos en la cárcel de Lledoners, Torra apostó por "atacar este Estado español injusto" ("El presidente quiere pasar al ataque", LV, 18/8). Ni más ni menos que lo que se proponían los yihadistas, tan empeñados en resucitar Al Ándalus como los republikanos lo están en volver al reino de los Habsburgo. Comparten odios, aunque estén anclados en pasados distintos. Eso sí, los secesionistas no disimulan su afinidad con los terroristas cuando denuncian públicamente la venta de armas a Arabia Saudí, conscientes de que estas se emplean para combatir al Estado Islámico, planificador de los atentados. ¿Lo hacen instintivamente o hay vasos comunicantes ocultos?

Es sintomático, empero, que el belicoso Torra dulcifique su oratoria cuando aborda el tema de los atentados contra España y la civilización. En el acto que se celebró en Ripoll en memoria de las víctimas del 17-A, este paladín de la hispanofobia y de la fractura de la sociedad catalana se disfrazó de apóstol de la fraternidad y predicó, ensalzando los valores que él mismo pisotea (LV, 17/8):

Un pueblo solo será pueblo con los valores de solidaridad, cohesión y convivencia.

Más cinismo, imposible: solidaridad, cohesión y convivencia suenan a blasfemia en boca del artífice de la discriminación cainita. Lógicamente, el coqueteo mendaz del histrión con los correligionarios de los yihadistas cayó en saco roto.

Aclara el diario:
Apenas hubo presencia de representantes de la nutrida comunidad musulmana del municipio.

Diálogo con los terroristas
La voluntad de entablar diálogo y bases de convivencia con los terroristas –con todos los terroristas– tampoco es nueva. No es casual que el Ayuntamiento de la señora Colau –que no de Barcelona– eligiera a Gemma Nierga para recitar, únicamente en catalán, en el aniversario de la masacre del 17-A, un sermón conciliador con el bando enemigo, al pie de una pancarta soezmente subversiva y deleznablemente expansionista (en representación usurpada de los míticos Países Catalanes) desplegada con la tolerancia de la policía local.

Hace dieciocho años, durante el acto de homenaje a Ernest Lluch, asesinado por ETA, esta misma activista se apartó del texto acordado para agregar una exhortación a dialogar con los terroristas cuando el cadáver de su víctima todavía estaba tibio (El País, 14/11/2000). Y hubo, entonces como ahora, descerebrados que la aplaudieron.

Artículo 116 de la Constitución
Es imperioso que la sociedad española se movilice para poner fin a la desfachatez de los invasores de las cuatro provincias de la región catalana, donde millones de ciudadanos viven bajo el yugo de un malversador y su testaferro. Los golpistas y sus fuerzas de choque amenazan con un "otoño caliente", cuyos preparativos han puesto jactanciosamente en marcha, y no se puede contar con este Gobierno, que está demasiado comprometido con la anti-España, para tomar las medidas drásticas que la situación exige.

Ojalá perdure en el PSOE un vestigio del patriotismo cívico que ya cuajó una vez con la destitución del pelele en mala hora exhumado por un minúsculo rebaño sectario. Ciudadanos, el PP y una fracción sana del PSOE deberían sumar los escaños indispensables para recuperar la normalidad democrática, que ya no pasa por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino por la del 116, que contempla los estados de alarma, de excepción y de sitio. Los padres de la Constitución fueron sabios cuando nos proporcionaron estas defensas contra la involución totalitaria. No desaprovechemos su clarividencia.

Beaumont da la puntilla a Sánchez poniendo las cartas democráticas sobre la mesa
ESdiario 24 Agosto 2018

El doble rasero de Sánchez con Torra empieza a superar todos los límites.
En poco tiempo que lleva gobernando, el líder del PSOE ya ha demostrado que el "escrúpulo" con las reglas del juego democrático es de lo más moldeable para él. Ya está casi todo inventado.

La actitud de Quim Torra en los últimos días demuestra que el presidente de la Generalitat después de una pequeña tregua vuelve por los fueros más radicales del independentismo y los analistas políticos empiezan a advertir de lo que pueda pasar.

Más que nada porque casi todo está inventado ya como recuerda este viernes Antonio Martín Beaumont en su columna de La Razón: "La calle es mía. La equivocada declaración de Manuel Fraga siendo ministro de Interior cuando gobernaban otros tiempos, es a la que parece agarrarse Quim Torra cuando reina la democracia en España. Cruces en las playas, sombrillas amarillas, lazos en las farolas, esteladas, pancartas vindicativas de “presos políticos”, marquesinas de autobús con sogas amarillas para ahorcar a los Reyes y hasta un restaurante leridano cuyo menú ofrece Guardia Civil a la brasa son muestras, a las bravas, de que el espacio de todos ha sido "expropiado" por el independentismo para que sea ocupado exclusivamente por su simbología".

La contradicción es de tal calibre que Beaumont ironiza escandalizado que "quemar la bandera de España, pitar al Rey o el himno nacional, recibir al Jefe del Estado con una pancarta con su cabeza boca abajo debemos entenderlo como muestras de saludable libertad de expresión" pero "quitar los lazos amarillos de las calles de todos es una práctica tan intolerante que obliga a la actuación de los Mossos para identificar a los insolentes y que la Generalitat pueda imponerles la debida multa por incívicos".

Es, a juicio del periodista, "el mundo al revés: tolerancia con lo ilícito y palo largo con el que simplemente pide respeto a la ley".

Vamos, que "Cataluña se desliza de forma tosca y preocupante hacia el sueño de cualquier totalitarismo, donde el derecho a expresarse sólo lo tiene una parte de sus habitantes. Todo muy moderno, pacífico y cosmopolita, como reza el agitprop indepe. Ellos son los respetuosos con las leyes, libertades y derechos de todos; los otros son los carcas, violentos y fachas", se queja el director de ESdiario.

Y por si fuera poco, "mientras esto ocurre en Cataluña, el Gobierno de Pedro Sánchez, tan escrupuloso con las formas democráticas como para querer arrebatar por decreto la potestad de veto del Senado sobre el techo de gasto público, sigue calibrando el decretazo para bajar los restos de Franco de Cuelgamuros de manera urgente. Porque, naturalmente, una democracia consolidada no puede seguir consintiendo ni un día más tener a un dictador enterrado en un monumento público como el Valle de los Caídos".

El PSOE declaró a la separatista Òmnium Cultural asociación de “utilidad pública” en 2009
María Jamardo okdiario 24 Agosto 2018

Òmnium preparó en enero de este año una nueva hoja de ruta con 2021 como objetivo para la independencia
La asociación financiada con dinero público de la Generalitat fue calificada por la Guardia Civil como una “maquinaria de adulteración social para sembrar odio”

El PSOE declaró a la separatista Òmnium Cultural asociación de utilidad pública en 2009, con José Montilla al frente de la Generalitat y siendo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Sería el Ejecutivo de este último quien, en septiembre de 2007, transfiriese al Gobierno catalán competencias en la materia.

La Consejería de Justicia, dirigida entonces por la también socialista Montserrat Tura, concedió a la entidad independentista la categoría de utilidad pública lo que le permitió acogerse, desde dicha fecha, a los beneficios previstos en la Ley Orgánica 1/2002, que regula el derecho de asociación en España.

Según el artículo 33 de dicha norma, las asociaciones de utilidad pública podrán “disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconozcan a favor de las mismas, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente” y de los “beneficios económicos que las leyes establezcan a favor de las mismas” además de recibir “asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la legislación específica”.

En la práctica, esto permitió que Òmnium Cultural accediese a mayor número de ayudas públicas e incrementase las cuantías de las subvenciones directas a fondo perdido recibidas hasta entonces, para la financiación de las actividades propias del objeto con el que fue constituida.

Así como que haya podido desgravarse, en las declaraciones de IRPF e impuesto de Sociedades, los importes de todas las aportaciones y donaciones recibidas, tanto de personas físicas como jurídicas.

12 millones de euros públicos
Òmnium Cultural, entidad presidida por Jordi Cuixart -actualmente en prisión provisional como presunto autor de un delito de sedición-, habría recibido, según los informes resultantes de las investigaciones policiales tras el 1O, inyecciones de dinero público por valor de 12 millones de euros con el objetivo de fomentar un “permanente clima de confrontación social” en Cataluña.

Algunas de las conclusiones que la Guardia Civil extrae de sus pesquisas determinan que la separatista Òmnium Cultural habría conseguido la millonaria suma gracias a las inyecciones de dinero público proporcionadas durante años por los diferentes gobiernos de la Generalitat.

Los agentes responsables del caso consideran que bajo la presidencia de Carles Puigdemont, tanto Òmnium Cultural y la ANC, habrían puesto en marcha “una auténtica maquinaria de adulteración social” dedicada a “sembrar un sentimiento de odio”a España orientado a la ruptura del orden constitucional y a la consecución de la declaración de independencia en Cataluña.

Y para ello la Administración catalana habría alimentado, sistemática y reiteradamente a las entidades separatistas, a través de diferentes instituciones locales y autonómicas, con ingentes y generosas cantidades de dinero público.

Sancionado por no enseñar que los catalanes "son una raza superior"
Ignasi JorroCronica Global 24 Agosto 2018

Sancionado por negarse a enseñar a sus alumnos que los catalanes "son una raza superior". Francisco Oya es el primer profesor expedientado en Cataluña por combatir el adoctrinamiento escolar en las aulas de la región. El docente, que está de baja, está apartado como docente de Historia por la Generalitat desde el pasado 18 de abril.

Según ha informado ABC, el Gobierno catalán le abrió un expediente sancionador, el primero incoado por un asunto de esta índole, por la manera en la que impartía sus clases de Historia en el instituto Joan Boscà de Barcelona a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Ahora, el profesional se encuentra de baja médica por prescripción facultativa.

"Acoso muy duro"
Oya ha admitido que en los últimos meses el acoso contra su persona "ha sido muy duro". Esos episodios de amenazas han hecho mella en su salud. "Tengo un problema de salud de base y me han aconsejado que salga de la primera línea de fuego", reconoce. Defiende que las autoridades educativas le apartaron por "ir a contracorriente" y "mostrarse crítico con las tesis independentistas" en clase.

El profesor llevaba tiempo en la diana del Departamento de Enseñanza, pero el detonante del conflicto que mantiene con la Consejería que ahora dirige Josep Bargalló (ERC) fue la entrega de material docente complementario a sus alumnos. Aportó información alternativa a sus alumnos de segundo curso para combatir el "sesgo" de los libros oficiales, que ofrecían una versión "idílica" de Cataluña, explica.

Prohibición: "No los puedes dar"
Tras ese episodio, los estudiantes fueron a quejarse al director del centro con el material que Oya habia repartido. "Éste no tardó en llamarme al despacho y prohibirme que se los diera a los alumnos. Después vino la inspección", aclara. El docente se negó a cumplir la orden apelando a la libertad de cátedra. "No podía consentir que mis alumnos llegaran a la selectividad con una información sesgada sobre el catalanismo y sus líderes. Pensé que para tener una visión más equilibrada y menos positiva debían conocer también su cara B. Saber quién fue Prat de la Riba en realidad, conocer su cara racista", indica.

Según él, "los alumnos han de conocer la historia, no la propaganda o la visión canónica de un determinado movimiento". Pese a sus argumentos, Enseñanza lo expedientó y lo apartó de la clase de Historia. Ahora no imparte la asignatura de forma "provisional".

Catalanes, "una raza superior"
Los materiales de la discordia, que le costaron perder temporalmente su puesto de docente, no son polémicos, simplemente cuestionan la versión oficial de la Historia que se imparte en el centro. "En España, la población puede dividirse en dos razas. La aria (celta, grecolatina, goda) o sea del Ebro al Pirineo; y la que ocupa del Ebro al Estrecho, que, en su mayor parte, no es aria sino semita, presemita y aun mongólica [gitana] (…) Nosotros, que somos indogermánicos, de origen y de corazón, no podemos sufrir la preponderancia de tales elementos de razas inferiores", reza el inicio del dosier que repartió. La cita es del escrito Pompeu Gener, una de las figuras del nacionalismo catalán del siglo XIX.

También repartió Oya citas de Enric Prat de la Riba, considerado uno de los padres del catalanismo. Una de ellas, recogida en La Veu de Catalunya, reza: "Cataluña tiene la fuerza de la prosperidad económica, con su acompañamiento natural de energías intelectuales, morales y artísticas; la tiene menos intensa, es verdad, que las naciones extranjeras bien gobernadas; pero es, con contadas si bien honrosas excepciones, prácticamente la única dentro de España, la principal representante de la civilización europea en ese fajo mal atado de kabilas africanos que el Estado español encarna".

"Supremacismo hasta ahora"
El profesor Francisco Oya descarta que todo el nacionalismo catalán sea todo él supremacista. "No en su totalidad, pero sí que es un componente importante y tiene una continuidad histórica hasta nuestros días. Esto me parece evidente", defiende.

Su forma de impartir la asignatura, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), es válida. La corte de fiscaliza el cumplimiento de la Carta Magna reconoce que los profesores tienen más libertad para exponer de forma razonada sus ideas y creencias a partir de bachillerato. Esto es, a los alumnos de entre 16 y 18 años.


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