AGLI Recortes de Prensa   Sábado 25 Agosto 2018

La falacia de la estabilidad presupuestaria
Juan Carlos Bermejo. vozpopuli  25 Agosto 2018

No hace ni tres meses que oíamos a Mariano Rajoy afirmar que estaba orgulloso de dejar una España mejor de la que se encontró al llegar al Gobierno, cuando lo cierto y verdad es que ha aumentado la deuda pública en más de 645.000 millones de euros, ha destruido una cuarta parte de la clase media, la brecha social es la mayor en décadas y ha convertido a España en un país de camareros.

Además, presumió de “salvar a España” con un rescate bancario que para lo único que sirvió fue para devolver los préstamos a las Cajas alemanas y francesas a cambio de regar sin freno de euros baratos la economía para seguir financiando la industria política y endeudando a los españoles por dos generaciones con una cantidad imposible de devolver.

Esta semana la Comisión Europea ha anunciado que Grecia ha “concluido el rescate”, y el comisario Moscovici, afirma sin ruborizarse que “esto es un fin de ciclo para Grecia, pero también el fin de la crisis para la Eurozona”.

Resulta insultante que Moscovici haga tal afirmación (como ya hicieron los burócratas de Bruselas en 2006 al afirmar que no había que preocuparse por la crisis) cuando sabe perfectamente que todos los indicadores ya sugieren una desaceleración de la economía que se verá acrecentada en otoño debido especialmente a la subida del precio del petróleo, así como a la evolución del cambio euro/dólar, que reducirá el poder de compra y la demanda interna.

Por ejemplo, en España, los datos de desaparición de cotizantes autónomos y por cuenta ajena a la Seguridad Social del mes de julio son un hecho muy revelador de que la economía se está contrayendo.

Grecia, ha quedado devastada, con una caída brutal del PIB, un IVA del 24% generalizado, las pensiones reducidas un 30% y los salarios en picado con bajadas de hasta un 70% en comparación con antes de los “rescates” de los que Moscovici se siente tan orgulloso. Les recuerdo que los griegos siguen en un pseudocorralito dónde les prohíben sacar más de 400 euros en efectivo a la semana.

Por otro lado, el Banco Central Europeo comenzará este mes de septiembre a reducir el importe destinado a compra de deuda de los Estados en 15.000 millones mensuales, hasta llegar a cero en enero de 2019. La prima de riesgo comenzará a crecer, los tipos a subir y las familias y empresas aún verán más reducido su poder de compra e inversión, por lo que la recesión está garantizada, y Moscovici lo sabe muy bien.

Mientras tanto, en España, Sánchez ha sido capaz de pasar por debajo del listón que había dejado Rajoy, y lo ha hecho arrastrándose, ya que lo dejó a ras de suelo. Sólo en el primer mes de su Gobierno, junio, ha incrementado la deuda pública más de un 40% respecto al mes anterior, y a este ritmo, en muy probable que la deuda publica termine el año en los 1,7 billones de euros, es decir, en el 145% del PIB.

Sánchez ha tirado la casa por la ventana para financiar a crédito la creación de los nuevos ministerios y para pagar a las decenas de miles de enchufados que ha colocado en tiempo récord, haciendo gala de la famosa frase de su vicepresidenta “el dinero público no es de nadie”.

Pero quizás la mayor decepción ha sido la ministra Calviño, que a pesar de que ella, a diferencia de su jefe, sabe sumar y restar, no ha puesto ningún reparo en seguirle el juego, a pesar de que sabe muy bien, que no habrá dinero para pagar la fiesta y en enero de 2019 España dejará de estar bajo el Protocolo de Déficit Excesivo, lo que provocará que el Gobierno tenga que enseñar “las vergüenzas” reales de la economía española.

Entretanto, Sánchez voverá a la carga en septiembre para conseguir que el Congreso le apruebe el techo de gasto y el objetivo de déficit para cumplir la famosa Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la que todos se amparan pero que nadie cumple, con la complacencia de Moscovici y sus secuaces.

El artículo 135 de la Constitución Española prohíbe exceder el déficit estructural marcado por la Unión Europea y sólo podrá superarse en caso de catástrofes, recesión o emergencia extraordinaria aprobado por el Congreso, sin embargo, Sánchez pretende elevarlo un 0,5% sin ningún motivo.

Los gobiernos de Rajoy, y ahora de Sánchez, incumplen sistemáticamente el artículo 135 de la Constitución que establece que la deuda pública no puede exceder del 60% del PIB.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que la variación al alza del techo de gasto no podrá superar la tasa de crecimiento del PIB (ahora en el 2,4%) y Sánchez pretende elevarlo un 4,4% vulnerando la Ley.

El pasado mes de julio, el Congreso rechazó la propuesta de Sánchez, pero no porque vulnerara la Ley, sino porque a su socio principal, Podemos, le parecía poco el aumento del gasto y del déficit.

Si Sánchez quiere obtener 15.000 millones de euros para proyectos sociales, lo tiene muy sencillo, sólo tiene que cerrar 2000 empresas públicas inútiles que no sirven nada más que para colocar a familiares, amigos y correligionarios, y ya tendría esos fondos sin tener que aumentar la deuda, el déficit ni subir impuestos. Eso sí, tendría que decirles a los miembros de su “familia” y a las otras “familias” (la popular y la separatista), que tienen que buscarse la vida como un español más de a pie, pero a eso me temo que Sánchez no se va a atrever, ya que para él lo más urgente es sacar los huesos de Franco del Valle de los Caídos para tratar de lavar la imagen de un partido socialista corrompido hasta el tuétano.

PD: Hoy les dedico el tema “Peace of Mind” de Boston.

La irresponsabilidad populista nos costará una multa de Bruselas
Daniel Lacalle El Espanol 25 Agosto 2018

"Truth is a masquerade down here" Shelba Lynne

El asalto antidemocrático perpetrado por Podemos y el PSOE para forzar el hachazo fiscal y el aumento de gasto clientelar sin aprobación del parlamento o el senado es mucho más que una irresponsabilidad. Nos puede costar una multa de la Unión Europea y poner en riesgo la recuperación.

Conviene aclarar varios puntos.

No, el acuerdo populista no “sube las pensiones”. Toda la “subida” se consume en mayores impuestos. El pensionista medio verá la subida de pensiones expropiada en nuevas cargas fiscales.

No, no se va a “garantizar el estado de bienestar”. Aumentando el déficit estructural y la deuda -no por una crisis, sino en bonanza- se pone en peligro lo que fingen proteger. Porque esos mayores déficits suponen mayores recortes en el futuro.

No, subir impuestos no es “abandonar la austeridad”, es hacer mayores recortes a todos los ciudadanos en su poder adquisitivo. Porque es una falacia que las subidas sean a las “grandes fortunas”. Llamar grandes fortunas a quienes ganan más de 45-60.000 euros es un insulto al contribuyente. Pero creerse que 600.000 contribuyentes -el total de esas mal llamadas rentas “altas” en España- van a soportar más de 100.000 millones de euros de nuevo gasto en cuatro años, es de una ingenuidad ridícula.

La multa de Bruselas puede caernos por lo de siempre. Hacer estimaciones de ingresos fiscales irrisorias y gastar mucho más de lo presupuestado, que es lo que invita este asalto al techo de gasto. La media de desviación frente a las estimaciones de ingresos presupuestados en España ha sido de 5.800 millones de euros anuales en el periodo 2014-17 y de 12.000 millones de euros en 2008-2011.

No, subir impuestos no es “abandonar la austeridad”, es hacer mayores recortes a todos los ciudadanos en su poder adquisitivo.

El legado con el que se han encontrado España es una economía que crece al 3% anual, crea 500.000 puestos de trabajo siendo el segundo mayor creado de empleo fijo de la eurozona, ha reducido el déficit un 70% desde el 2011 y ha mantenido la deuda sobre PIB bajo control desde 2014, tras tener que rescatar a las Comunidades Autónomas, a las cajas públicas, solucionar el pago a proveedores que hundió a miles de pymes por impago de las administraciones públicas, unos compromisos incumplidos de más de 120.000 millones de euros que se periodificaron irresponsablemente en 2011.

Con este irresponsable y antidemocrático decretazo se dispararía el déficit y se aumentaría la deuda mucho más, justo cuando deberíamos empezar a reducirla en términos absolutos, como mostraba la senda de compromisos con Europa.

Esto debería ser muy preocupante. Pero al Ministerio de Economía ni se le ve ni se le intuye. Ni tenemos una estrategia de Tesoro para el tsunami de vencimientos de deuda que se nos presenta, ni estrategia de comunicación ante el incumplimiento de nuestros propios objetivos de déficit y ante el asalto fiscal anunciado.

El otro día me comentaba un gran inversor norteamericano que el gobierno de coalición de izquierdas de Portugal había llevado a cabo una intensa campaña de información a inversores nada más llegar al gobierno. Esa intensa campaña de comunicación les ayudó a moderar sus agresivas “promesas”, a mantener una fiscalidad mucho más atractiva que la española, a ser mucho más prudentes y a garantizar una mínima estabilidad.

En el gobierno de España, de la minoría absoluta, de la foto y el decretazo, se creen que invertir en España es un privilegio que los políticos conceden a los “incautos” inversores. Ni una sola acción de comunicación, porque el ministerio de Economía y de Hacienda de España es una orden de Moncloa de “diles que sí” a todas las exigencias del populismo de ultraizquierda.

Y ese “diles que sí” para mantenerse en el sillón nos va a costar mucho a los españoles (lean ).

Muy probablemente, una multa de Bruselas. Porque los gastos clientelares que se van a disparar aumentando el techo de gasto no los va a controlar nadie. Y los ingresos de ciencia ficción estimados no se cumplirán.

Y, para seguir, una irresponsabilidad cuando España se enfrentaba al final de los estímulos con los deberes hechos y la confianza en la economía a máximos, y volvemos a lanzarnos a aumentar los desequilibrios, el déficit estructural y los impuestos. Así, pone en peligro eso que dicen defender.

Se creen que invertir en España es un privilegio que los políticos conceden a los “incautos” inversores.

Ni una sola medida para reducir las administraciones paralelas y redes clientelares, que nos cuestan más de 28.000 millones de euros anuales, ni una sola palabra de eficiencia en el gasto, ni una sola mención de devolver a los ciudadanos el esfuerzo realizado. Porque la carga fiscal ya existente a familias y empresas no se va a reducir en ningún tramo. En ninguno. Va a subir a todos por los impuestos indirectos, y a la mayoría de los mayores contribuyentes, vía cargas directas.

España se situará en 2019 como el único país de la eurozona que acomete la ralentización de la economía y el fin de los estímulos del BCE saltándose sus objetivos de estabilidad, aumentando mucho más el gasto corriente y aumentando de manera irresponsable los impuestos, no solo en contra de lo que hacen las economías líderes sino en contra de la lógica.

Cuando el objetivo no es construir y fortalecer la recuperación, sino destruir y crear clientes rehenes del asistencialismo, la lógica no impera. Impera el sectarismo.

Mejor padres del porvenir que hijos del pasado
EDITORIAL El Mundo 25 Agosto 2018

Poner a la opinión pública a debatir sobre Franco era el plan de los asesores de Pedro Sánchez, y hay que reconocer que lo han logrado. Ojalá pudiéramos asegurar que este editorial será el último que, por imperativo de la actualidad, ceba la propaganda con que un Gobierno en minoría intenta estirar su supervivencia y predisponer el ciclo electoral en su favor. Sin embargo, el "largo proceso" que exigirá la exhumación y ya anunció Carmen Calvo nos hace temer que aún tendremos que perder más tiempo y energía en fatigar la memoria del dictador que murió en el poder hace 43 años, momento en el que España inició el camino ejemplar -considerando las alternativas- hacia la democracia consolidada que hoy disfrutamos.

A falta de capacidad legislativa para emprender reformas, el Gobierno optó desde la elección del gabinete por el efectismo gestual y la política simbólica. A falta de escaños, se centró en el relato. Y a falta de relato programático de futuro, eligió el morbo fácil del ayer más negro, en la senda divisiva incoada por Zapatero. La estrategia resulta tan incompatible con el sentido de Estado -el que abundó a izquierda y derecha en la Transición- como rentable para el partidismo de mirada corta: el objetivo es recuperar votos fugados a Podemos arrebatándole la bandera del antifranquismo (en diferido) y de colocar a la oposición en la incómoda tesitura de tener que comprar entero el marco socialista o bien aparentar connivencia con el franquismo.

Por esta única razón ha escogido Sánchez la vía del decreto-ley. Si le moviera una intención sincera de reconciliación nacional, habría liderado la búsqueda del máximo consenso parlamentario para cumplir con la deseable resignificación de un monumento cuyas siniestras resonancias no cabe negar. Pero Sánchez no se priva de la tentación polarizadora, de la taxonomía de la infamia, de un maniqueísmo tramposo que ponga al español incauto a discutirle al compatriota su pedigrí democrático. De eso se trata por debajo de la retórica de la vicepresidenta, y cuanto más dure -y durará, porque se ha obviado toda persuasión previa con la familia y la Iglesia-, mayor rentabilidad política.

Hace mucho que los españoles -salvo una excéntrica minoría que las terminales mediáticas gubernamentales se apresurarán a agigantar- asumieron lo que pasó, superaron agravios lacerantes y pactaron el abrazo inaugural de un tiempo nuevo. Lo cual no exime a los historiadores de su tarea, pero debería disuadir a los pescadores de río revuelto, a los profesionales de la agitación en beneficio de parte. No hemos tenido esa suerte con los dos últimos líderes del PSOE. El cordón sanitario y la adjudicación de credenciales de facha son golosinas ya viejas pero aún demasiado atractivas para el infantilismo político que se ha adueñado de la izquierda, aunque no solo de la izquierda. En la oposición se echan de menos los argumentos serenos, en vez de refugiarse en pegas formales y frases hechas. La democracia española no necesitó mover el cadáver de Franco por decreto para figurar en lo más alto de los rankings mundiales; pero ha perdido una ocasión de mejorarse con una exhumación bien hecha, aglutinadora de voluntades.

Miguel de Unamuno, que conocía el amargo precio del cainismo, nos invitó a ser antes padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. Ojalá Pedro Sánchez fuera tan sensible a las lecciones de Unamuno como a las tácticas de sus spin doctors.

‘ESTUPEFACTOS’
Jueces y fiscales leen la cartilla al Gobierno Sánchez y amparan a Llarena
La Gaceta  25 Agosto 2018

Se pronuncian después de que la vicepresidenta dejara claro que el amparo legal y el apoyo al juez corresponde al propio Poder Judicial y no al Gobierno de España.

Cinco asociaciones de jueces y fiscales han exigido al Gobierno, a través de un comunicado “en defensa de la soberanía jurisdiccional de España”, que asuma la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la justicia belga.

En la nota, que está firmada por la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales, acusan al Ejecutivo de “dejación de funciones”.

El comunicado se ha hecho público después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegurase que el Ejecutivo defenderá la jurisdicción de España en la demanda civil contra Llarena en Bélgica, pero dejara claro que el amparo legal y el apoyo al juez le corresponde al propio Poder Judicial.

Los jueces y fiscales argumentan que “el ministerio ofrece reparos a las conclusiones del Servicio Jurídico del Estado, y condiciona la personación ante la justicia belga a los términos en los que resulte admitida la demanda”.

Los firmantes, además de mostrar su “estupor ante un proceso judicial como el iniciado en los tribunales belgas”, defienden la integridad de los jueces españoles, la independencia del poder judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que no puede ser fiscalizada -directa o indirectamente- por los tribunales de un país extranjero “valiéndose además de cauces que incurren en claro fraude de ley”.

“Las asociaciones judiciales y fiscales mencionadas quieren expresar, en primer lugar, su sorpresa ante lo que solo puede calificarse -en este caso- como una clara dejación de funciones por parte del Gobierno de España”, agrega.

Recuerdan que “en el informe de la Abogacía del Estado de hace tan sólo unos días se entendió que concurrían los requisitos contemplados en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado para que España, a través del Ministerio de Justicia, se personase ante los juzgados y tribunales belgas en este asunto”.

“La afirmación de que si la jurisdicción española ‘si se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda, el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España’, solo se entiende desde el desconocimiento absoluto de los trámites procesales -o peor aún, desde el propósito de no hacer nada”, explican los firmantes.

Y explican que “el ordenamiento belga exige que, previamente a la vista que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la demanda, se aleguen -previa personación- las cuestiones que pudieran obstar para la admisibilidad, en particular las de carácter procesal como la inmunidad jurisdiccional o la falta de jurisdicción-, de manera que, si no se invocan con antelación, una vez iniciada la vista -y admitida, en su caso, la demanda- ya no podrán ser alegadas”.

Recuerdan que fuentes oficiales del Gobierno belga comunicaron al Gobierno que “la inmunidad debe invocarse ante el tribunal” porque “no hay garantía de que el juez invoque la inmunidad de España automáticamente”, y recomendaron a España “asegurar la defensa de su inmunidad in limine litis ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas”.

“Si España -dijeron las fuentes belgas, según la nota de los jueces y fiscales españoles- no se presentara ante el tribunal, este tribunal podrá considerar que España renuncia a su inmunidad jurisdiccional”.

Añade el comunicado que “tampoco cabe entender improcedente la defensa por parte del Estado español del magistrado sr. Llarena ante acciones legales en el extranjero bajo la excusa de que éstas pueden tener causa en opiniones privadas, que ni siquiera se citan”.

“Un mínimo conocimiento del conjunto de iniciativas desarrolladas a lo largo del sumario instruido ante el Tribunal Supremo contra los demandantes fugados evidencia sin reservas o hipotéticos matices, que se intenta solamente desautorizar por medios muy diversos la actuación del instructor, y a través de este cauce, no se persigue otra cosa que desautorizar el propio proceso en su conjunto”, afirman las asociaciones.

“Instamos del Ministerio de Justicia, una clara y abierta defensa de la jurisdicción española, sin reparos como los que ha expuesto, y que dé cumplimiento a las medidas que se la han solicitado desde el CGPJ al estimar la petición de amparo promovida por el magistrado instructor, mediante la inmediata personación en el procedimiento, exigiendo que se asuma, en la forma que resulte oportuna, la defensa del magistrado afectado, que no es otra cosa que defender a la justicia española en su conjunto”, consideran.

Asimismo solicitan del CGPJ que “se adopten las medidas necesarias para materializar la declaración de amparo que realizó en defensa de la independencia del Magistrado D. Pablo Llanera, al amparo de los arts. 117 122.2 CE y el art. 14 LOPJ, asegurando la defensa del referido Magistrado en caso de inacción del Gobierno”.

Lea aquí el comunicado íntegro:

“Hemos conocido a través de los medios de comunicación la decisión del Ministerio de Justicia en torno a la defensa del Magistrado del Tribunal Supremo D. Pablo Llarena, contra quien se ha interpuesto una demanda ante los órganos judiciales belgas por su actuación en el asunto del que ha sido instructor recientemente. El Ministerio ofrece reparos a las conclusiones del Servicio Jurídico del Estado, y condiciona la personación ante la Justicia belga a los términos en los que resulte admitida la demanda.

1.- Las asociaciones judiciales, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y Foro Judicial Independiente, así como las asociaciones de fiscales, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales, además de mostrar su estupor ante un proceso judicial como el que se ha iniciado en los tribunales belgas, defienden la integridad de los Jueces españoles, la independencia de nuestro Poder Judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que no puede ser fiscalizada –directa o indirectamente- por los tribunales de un país extranjero valiéndose además de cauces que incurren en claro fraude de ley.

2.- Ante la decisión del Ministerio de Justicia, las asociaciones judiciales y fiscales mencionadas quieren expresar, en primer lugar, su sorpresa ante lo que solo puede calificarse –en este caso- como una clara dejación de funciones por parte del Gobierno de España.

3.- El Estado, a través de sus órganos constitucionales, primero el Ejecutivo, pero también el Consejo General del Poder Judicial –que ya ha concedido amparo al Magistrado- tiene la obligación de adoptar todas las medidas jurídicas necesarias para garantizar la defensa del Magistrado D. Pablo Llanera por actuaciones desarrolladas en el ejercicio de la función jurisdiccional, como presupuesto para salvaguardar su independencia y la de todo el Poder Judicial.

Defender a la Justicia española no es otra cosa que defender la propia soberanía del Estado, como pilar esencial de nuestra propia configuración política.

Escudarse en matices como los anunciados por la Sra. Ministra de Justicia para rechazar la defensa de un Magistrado que viene siendo objeto de ataques intolerables precisamente por su actuación ajustada a cuanto nos impone la Constitución, implica una incomprensible dejación de la propia defensa del Estado.

4.- Descendiendo al caso concreto, en el informe de la Abogacía del Estado de hace tan sólo unos días se entendió que concurrían los requisitos contemplados en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado para que España, a través del Ministerio de Justicia, se personase ante los juzgados y tribunales belgas en este asunto.

La afirmación de que si la jurisdicción española «si se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda, el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España», solo se entiende desde el desconocimiento absoluto de los trámites procesales –o peor aún, desde el propósito de no hacer nada-, puesto que el ordenamiento belga exige que, previamente a la vista que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la demanda, se aleguen –previa personación- las cuestiones que pudieran obstar para la admisibilidad, en particular las de carácter procesal como la inmunidad jurisdiccional o la falta de jurisdicción-, de manera que, si no se invocan con antelación, una vez iniciada la vista –y admitida, en su caso, la demanda- ya no podrán ser alegadas.

Cumple recordar, además, que fuentes oficiales del Gobierno belga comunicaron al Gobierno español que «la inmunidad debe invocarse ante el tribunal» porque «no hay garantía de que el juez invoque la inmunidad de España automáticamente», recomendando a España «asegurar la defensa de su inmunidad in limine litis ante el Tribunal de Primera Instancias de Bruselas. Si España no se presentara ante el tribunal, este tribunal podrá considerar que España renuncia a su inmunidad jurisdiccional».

Tampoco cabe entender improcedente la defensa por parte del Estado español del Magistrado Sr. Llarena ante acciones legales en el extranjero bajo la excusa de que éstas pueden tener causa en opiniones privadas, que ni siquiera se citan.

Un mínimo conocimiento del conjunto de iniciativas desarrolladas a lo largo del sumario instruido ante el Tribunal Supremo contra los demandantes fugados evidencia sin reservas o hipotéticos matices, que se intenta solamente desautorizar por medios muy diversos la actuación del instructor, y a través de este cauce, no se persigue otra cosa que desautorizar el propio proceso en su conjunto.

5.- Por ello, instamos del Ministerio de Justicia, una clara y abierta defensa de la jurisdicción española, sin reparos como los que ha expuesto, y que dé cumplimiento a las medidas que se la han solicitado desde el Consejo General del Poder Judicial al estimar la petición de amparo promovida por el Magistrado instructor, mediante la inmediata personación en el procedimiento, exigiendo que se asuma, en la forma que resulte oportuna, la defensa del Magistrado afectado, que no es otra cosa que defender a la Justicia española en su conjunto.

6.- Asimismo, solicitamos del Consejo General del Poder Judicial que se adopten las medidas necesarias para materializar la declaración de amparo que realizó en defensa de la independencia del Magistrado D. Pablo Llanera, al amparo de los arts. 117 122.2 CE y el art. 14 LOPJ, asegurando la defensa del referido Magistrado en caso de inacción del Gobierno.

* Asociación Profesional de la Magistratura
Asociación Judicial Francisco de Vitoria
Foro Judicial Independiente
Asociación de Fiscales
Asociación Profesional Independiente de Fiscales

Madrid, 24 de agosto de 2018?

España
Bruselas vigila los excesos de Sánchez
La Comisión analizará con lupa los futuros presupuestos para evitar que el Gobierno dispare el déficit tras la maniobra del PSOE y Podemos con la Ley de Estabilidad. Emitirá en noviembre un dictamen sobre las posibles desviaciones
Paula Sendín / Alejandro Maisanaba. La Razon  25 Agosto 2018

La Comisión Europea (CE) permanecerá vigilante sobre los Presupuestos Generales del Estado. Después de que el Gobierno del PSOE se conjurara con Unidos Podemos para cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y eliminar así el veto del Senado a la senda de déficit (donde el PP tiene la mayoría absoluta), Bruselas se encuentra a la espera de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez corrija su «déficit excesivo» este año y lo rebaje el año próximo, tal y como ya indicó el pasado mes de julio la CE.

Fuentes comunitarias indicaron a LA RAZÓN que, por el momento, habrá que esperar a que España presente a Bruselas el borrador de presupuesto de 2019 el próximo 15 de octubre, el mismo día que debe informar sobre medidas para corregir el déficit de las cuentas públicas. A partir de entonces, el Ejecutivo comunitario podrá examinar con lupa las cuentas, lo que le llevará algo más de un mes, según indicaron las mismas fuentes, que estiman que no será hasta finales de noviembre cuando pueda pronunciarse sobre si España se ha mantenido dentro de los límites pactados con Bruselas el pasado mes de julio. El Gobierno negoció con la Comisión y consiguió rebajar el déficit del año que viene, fijado previamente en un 1,3% del PIB por el Ejecutivo Mariano Rajoy, y dejarlo en un 1,8%, cinco décimas por encima de lo previsto. Según la ministra de Economía, Nadia Calviño, los planes del Gobierno del PP «no eran realistas».

El Gobierno consiguió torcer el brazo de Bruselas un poco más y también elevó el desvío de este año a un 2,7 % del PIB, frente al 2,2% que inicialmente le exigía la Comisión Europea. Para mantener este objetivo, el Gobierno debe realizar ajustes de consolidación fiscal, según advirtió el Ejecutivo comunitario, que se mantiene vigilante con las nuevas medidas que tiene pensado emprender Madrid. Tampoco quedan claras sus intenciones, con la nueva proposición de ley de devolver al Congreso la capacidad de levantar el veto del Senado, si éste rechazara la senda de estabilidad del Gobierno.

La ministra de Hacienda, María José Montero, ya aseguró que no se saldrían de las líneas rojas marcadas por Bruselas, pero el aumento de gastos en pensiones, sanidad y autopistas mantienen en vilo a la Comisión Europea. Sólo si España logra dejar atrás la barrera del «excesivo» 3% –es el único país de la UE por encima de esta cota– se le permitiría salir del programa de vigilancia comunitaria. Pero, por el momento, España sigue en el procedimiento de déficit excesivo.

Entre los expertos economistas consultados por LA RAZÓN hay división de opiniones sobre la jugada del Gobierno de Sánchez. Desde el punto de vista legal, José Ramón Pin Arboledas, profesor del IESE y director de la Universidad del Atlántico Medio de Canarias, considera que no hace falta modificar la ley de estabilidad con una proposición de ley porque, tras el veto del Senado, la propuesta del techo de gasto volvería al Congreso, donde el PSOE tiene «muy complicado» alcanzar un acuerdo con el número de diputados que tiene el grupo parlamentario. Pin considera que la modificación de la ley supondrá una «ruptura de una línea fina de confianza». De acuerdo con esta idea se mueve Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, que no duda de que el cambio en la ley «rompa con la dinámica» de acuerdos entre el Gobierno y el Ejecutivo comunitario. Por otra parte, Enrique Quemada, presidente de ONEtoONE, duda de que aumentar más o menos el gasto preocupe a los mercados porque, con la situación actual en Italia y con el Brexit, ya hay suficientes complicaciones como «para que el techo de gasto español sea un problema para la UE».

La izquierda rompe el consenso
 La Razon 25 Agosto 2018

Presentar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos como el momento en el que España alcanza la democracia plena es una distorsión de la realidad. Decir que era una cuestión que afectaba a la «dignidad de este país» es, valga la redundancia, indigno. Así se expresó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al dar a conocer el real decreto por el que se pondrá en marcha la apertura de la tumba del que fue Jefe de Estado. No esconden estas palabras la intención de presentar a Pedro Sánchez como único presidente de nuestra democracia que ha sido capaz de emprender la gesta. Podría haber utilizado otra fórmula para anunciarlo y evitar una ofensa de tal calibre: «Ningún país que se sienta digno consigo, ninguna democracia de nuestro entorno ha sostenido una situación así cuarenta años».

Sánchez, que llegó la Gobierno sin programa, ha conseguido poner en el primer lugar de su agenda política aspectos ideológicos con los que marcar un terreno político venenoso, de ahí que haya optado por la fórmula del real decreto para solventar un asunto sobre el que ya se había pronunciado el Congreso de los Diputados en mayo de 2017 sin ningún voto en contra de la exhumación de Franco. Dado que no es común que se dé esta unanimidad y que sea además sobre una cuestión que históricamente había delimitado la frontera de la Transición, hubiera sido una ocasión para profundizar en ese acuerdo. No se ha hecho, tal vez porque no era el objetivo de este Gobierno participar en un consenso que de verdad sirviera para entender la memoria histórica no como un espacio de enfrentamiento –con idénticos bandos que en la Guerra Civil, por supuesto–, sino un terreno para forjar un nuevo pacto, precisamente ahora coincidiendo con el 40 aniversario de la constitución y un momento en el que es frontalmente atacada.

La urgencia esgrimida para justificar el uso del decreto no se sostiene. Primero, porque el acuerdo unánime de mayo de 2017 precisamente evitaba esa herramienta legal y abría las puertas para el diálogo pedagógico que evitase la trinchera franquistas/antifranquistas, inexistente en el Parlamento y en la sociedad española. Segundo, porque es falso que exista una recomendación oficial de la ONU, como Carmen Calvo expuso: se trata de la recomendación de un relator del organismo «para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición». Ni es lo mismo, ni el Gobierno debería esforzarse en situar a España entre las naciones que vulneran los derechos humanos para defender sus argumentos.

En cuanto al decreto, se basa en añadir un párrafo en el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica de 2007 –los dos primeros se refieren al uso estrictamente religioso de la basílica y la prohibición de actos de exaltación de la Guerra Civil y el fraquismo– referente a qué restos deben custodiarse en la basílica: «En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda». Es intención del Gobierno que se interprete en el sentido de que Franco no fue una víctima de la guerra, sino que tras 40 años de dictadura murió por causas naturales y, que por lo tanto, sus restos deben estar en otro lugar. Es una artimaña legal que no está a la altura de la madurez de la sociedad española y de la democracia que nos hemos dado. Se abre un proceso largo, que necesitará la conformidad de la familia, el asentimiento de la Iglesia –«acatará el mandato legal una vez sea firme y ejecutivo»–, sin descartar recursos y, lo que será peor: el ejercicio de tergiversación histórica en el que la izquierda, una vez más, culpará a sus adversarios de todas las causa de la Guerra Civil. La agenda política ya está marcada: ofensiva independentista en Cataluña, impedir el veto del PP en el Senado y desenterrar a Franco.

Se rompe la alianza chavista
Malos tiempos para el chavismo, al menos fuera de España
Hermann Tertsch ABC 25 Agosto 2018

Malos tiempos para el chavismo, al menos fuera de España. En América, salta en pedazos el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, uno de los grandes juguetes multinacionales creados en Iberoamérica por Chávez para la cohesión, manipulación y control del socialismo del Siglo XXI. Ecuador, uno de los países más afectados por la llegada masiva de venezolanos ha anunciado su decisión unilateral de abandonar dicha alianza. Quitó manifiesta así su condena hacia la política de Maduro que considera causante de la situación. «Condenamos la situación inhumana con la que el gobierno de Venezuela ha sometido a sus ciudadanos», ha declarado la presidencia ecuatoriana.

En los buenos tiempos, en los que Caracas financiaba generosamente y La Habana controlaba ideológicamente esta alianza, quiso ser federación compacta política, ideológica, policial y militar que garantizara la obediencia y disciplina de todos los países miembros. Pero la brutal realidad del hundimiento total de Venezuela y las grandes oleadas de emigrantes que la catástrofe humanitaria del socialismo ha desencadenado, rompen las lealtades. Todos los vecinos de Venezuela ven como Maduro y su régimen criminal son ya una bomba de relojería para la estabilidad de toda la región. Con cerca de cinco millones de venezolanos en el éxodo desesperado en la actualidad, el cierre de fronteras es virtualmente imposible.

Es un espectáculo dantesco. Los países fronterizos con Venezuela son literalmente invadidos por muchedumbres en miseria y desesperación generada por el régimen socialista en el país más rico de Hispanoamérica. Solo la implacable tiranía de la ideología sobre la razón explica cómo el país con las mayores reservas de petróleo del mundo puede haber caído a niveles de miseria peores que los haitianos. Y ha convertido el hambre y la muerte por enfermedades antes desaparecidas en uno de los más terribles dramas del principio de milenio. Los cómplices y otrora vasallos del chavismo en América se alejan así de la obcecación criminal del régimen narcocomunista de Caracas. Sus aliados en España sin embargo, no. Ahí están, triunfantes, dictando al gobierno Sanchez la política económica y su asalto a las instituciones con un proyecto como el que causa aquellos océanos de miseria, dolor y muerte. Allá nosotros.

Entrevista con el vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional
Rodríguez Arribas: “El decreto sobre Franco permite al Gobierno sortear un delito de exhumación ilegal”
OKDIARIO 25 Agosto 2018

CiudadanOK ha querido conocer la visión de Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional y magistrado jubilado del Tribunal Supremo, sobre la exhumación de los restos de Franco que ja aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez mediante un real decreto.

“El decreto ley constituye una intromisión del Poder Ejecutivo en el Legislativo y por lo tanto tiene que ser interpretada y aplicada siempre de manera restrictiva”, afirma. Además, explica que al aprobar la exhumación con esta fórmula privan a la familia de poder recurrir, ya que los particulares no pueden recurrir leyes.

Sobre el Valle de los Caídos argumenta que no se trata de un cementerio normal: “Es una basílica, un templo de la Iglesia Católica”. Y es que los acuerdos del Estado con la Iglesia “tienen la condición de tratado internacional” por lo que el abad de recinto podría no dar su consentimiento ya que el acuerdo “garantiza la inviolabilidad de los lugares de culto”.

Rodríguez Arribas explica que sacar un cuerpo de un cementerio “por las bravas” es un delito de “exhumación ilegal”, y considera que este es precisamente el motivo de que se haya recurrido a un decreto ley.

Antes de fin de año
El Ejecutivo, por su parte, mantiene impasible sus plazos a pesar de las dudas jurídicas en torno al uso del decreto ley y la negativa de la familia Franco a desenterrar a su antepasado. El Gobierno Sánchez calcula que con los plazos establecidos por el real decreto ley para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se irá a “final de año” para realizar esta tarea en un tiempo máximo de doce meses, tal y como recoge la normativa aprobada hoy.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, los doce meses fijados de caducidad, tras la convalidación del decreto en el Congreso, es “un tiempo máximo” pero que la previsión es que no tenga que agotarse.

Calvo ha recordado que el decreto ley empezará su tramitación con un periodo de treinta días para su convalidación en el Congreso, y a partir de ahí su caducidad es de un año, “plazo más que suficiente” para que se lleve a cabo el “objetivo final” que es sacar los restos del dictador.

La irresponsabilidad del Gobierno con Llarena
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN El Espanol 25 Agosto 2018

Que el Gobierno deje a los pies de los caballos al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena es un hecho que se agrava según pasan los días. Contra el criterio técnico de la Abogacía del Estado, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se niega a que el Estado defienda al magistrado por la demanda a la que hace frente en Bélgica en una maniobra tramposa del expresidente catalán Puigdemont y los exconsejeros fugados. El Estado sólo asistirá a Llarena si la resolución de admisión se refiere a la causa por rebelión.

Es más, según cuenta EL ESPAÑOL, existe un segundo informe de la Abogacía del Estado que también ha sido desoído. En él se detalla que las declaraciones de Llarena que la ministra valora como "privadas" no pueden considerarse ajenas al desempeño del cargo judicial, aparte de haber sido manipuladas en la demanda de Puigdemont. A la vista de la transcripción íntegra que el tramposo expresidente catalán hurta a los jueces belgas, queda claro que Llarena se manifestó siempre en "calidad de instructor de la causa especial".

El absurdo
Porque ya no es sólo el absurdo que supone que un prófugo demande a la máxima representación de la soberanía judicial del Estado. Lo más flagrante es que sea el Gobierno quien deje desamparado al juez del Supremo y renuncie a hacer valer la inmunidad jurisdiccional de España desde el primer momento, antes de la admisión a trámite de la demanda. Y que se pliegue, además, a una cuestión secundaria de fondo manipulada por los independentistas encausados.

Desentenderse de la defensa de Llarena evidencia que el Ejecutivo consiente un ataque a la independencia judicial. Los secesionistas saben del talante maleable del Gobierno y del escaso peso político y jurídico de la titular de Justicia. Puigdemont es también consciente de que Bélgica es un país receptivo a sus pretensiones, ya sea por ignorancia, mala fe o resentimiento histórico: tanto él como su círculo se saben intocables en ese santuario mientras marcan la agenda a los jueces belgas.

Inacción
Desde esa perspectiva, y con la inacción de un Gobierno que deja que Torra amenace a quienes retiran propaganda independentista de las calles, los fugados del 1-O se ven envalentonados a la hora de presentar internacionalmente a Llarena como una suerte de inquisidor.

Además de los escraches y las amenazas a él y a su familia, Pablo Llarena tiene que sufrir que el Gobierno lo deje desasistido como servidor público. Algo intolerable que ataca al corazón de nuestra soberanía y sobre el que los magistrados ya han llamado públicamente la atención.

La exhumación de Franco
El blanqueo del Gobierno a través del 'decretazo'
El autor sostiene que el decreto de exhumación de Franco es en realidad una reforma encubierta de la ley de Memoria Histórica que fue aprobada en el Parlamento.
Santiago Milans del Bosch El Espanol 25 Agosto 2018

Las cosas son lo que son y no como se quieren hacer llamar (como ocurre en el ámbito de los delitos: por mucha apariencia de legalidad externa que haya, si el origen es ilícito, el acto formalmente legal es delictivo). Porque, al igual que en el blanqueo de capitales, al final lo que no vale es premiar la argucia de los 'ingenieros financieros/jurídicos', como tampoco de los 'ingenieros políticos', que con la apariencia legal muestran el producto como si nada hubiera pasado antes.

Esto es lo que ocurre con el Real Decreto-Ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros: los ingenieros del Gobierno nos quieren hacer creer que lo publicado es un RDL, que responde a las exigencias constitucionales de carácter excepcional que motivaron su regulación en la Constitución. Y así lo llaman, pese a no responder en absoluto a su finalidad y tratarse ni más ni menos que de una reforma legal, de una ley, la llamada de memoria histórica, que fue aprobada por ambas Cámaras, Congreso y Senado, y que requiere para su modificación de igual sistema democrático de debate. Lo contrario es sustraer al Parlamento su función legislativa.

Los antecedentes, públicamente expuestos por el Gobierno a modo de globos sondas y fake news durante los últimos meses, y el que fuera rechazada en su día una proposición de ley de reforma de la Ley 52/2007, de memoria histórica son, además, muestras evidentes de que lo que la dirección ideológica del Gobierno pretende es una reforma legislativa aprobada por ellos, no por quienes ostentan la representación democrática del pueblo español, únicos legitimados para aprobar leyes, del signo que sean, de acuerdo con el régimen democrático de su elaboración y aprobación y el respeto a la Constitución y a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Esto, a mi juicio, no es lo que ocurre con este RDL. El Gobierno ha aprobado de manera deliberada y consciente -únicamente por motivos de rentabilidad política, que no de necesidad urgente para el bien común o necesidad social coyuntural e inaplazable- una ley, haciéndola pasar por un RDL, para reformar otra ley anterior, hurtando al Parlamento de sus funciones legislativas y dándole apariencia de que era urgente hacerlo así sabiendo que no lo era, lo que constituye un acto de blanqueo legislativo totalmente reprochable desde el punto de vista jurídico y del sentido común. Repugna legislar vía 'decretazo' fuera de los supuestos constitucionalmente previstos.

Que las Cortes aprueben, tras la presentación de enmiendas, los debates en las Comisiones y la votación por los diputados y senadores, lo que crean por conveniente. Y por el mismo sistema, propio de las democracias, que se reformen las leyes que se crea conveniente modificar. Pero en un Estado democrático esto es función del Parlamento, no del Gobierno, el cual ha de limitarse a dirigir la acción política del Ejecutivo de manera objetiva, conforme a la ley y sin contravenir la misma, según estipula el artículo 103 de la Constitución.

El Decreto-Ley es un mecanismo excepcional previsto para atajar situaciones concretas e imprevistas que han surgido sin esperarse, que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes. No parece que éste sea el supuesto del RDL aprobado este viernes, dirigido, por motivos políticos, a acordar la exhumación del cadáver embalsamado de Francisco Franco, enterrado en lugar sagrado -y, por tanto, inviolable- por decisión del anterior jefe del Estado, padre de Felipe VI, y asentida por su viuda y familiares.

Y no lo es porque difícilmente puede ser considerado “de extraordinaria y urgente necesidad” resolver “de forma rápida una calamidad sobrevenida”, cuando tiene por única finalidad la exhumación de quien lleva ahí enterrado desde 1975, modificando una ley que data de 2007 y cuando el propio RDL prevé un procedimiento con “plazo de caducidad de 12 meses”.

Que el Ejecutivo “legisle” por 'decretazo' no es, desde luego, lo querido por la Constitución, que lo ciñe a casos de extraordinaria y urgente necesidad y que debe limitarse a supuestos tasados que afecten a la seguridad colectiva, a la defensa nacional o a situaciones de emergencia.

Efectivamente, el artículo 86 de la Constitución faculta al Gobierno para dictar normas con rango formal de ley en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad que requieren una rápida intervención. Así entendido, el Decreto-Ley es una excepción al procedimiento legislativo ordinario, y como tal sometida en cuanto a su ejercicio a la necesaria concurrencia de determinados requisitos que la legitime, es decir, que concurra el presupuesto habilitante y que no se adentre en la regulación de las materias expresamente excluidas en el citado artículo.

Ese presupuesto es un límite jurídico a la actuación mediante Decreto-Ley susceptible de control por parte del Tribunal Constitucional, que podrá, en supuestos de uso abusivo o arbitrario, declarar su inconstitucionalidad por inexistencia del presupuesto habilitante por invasión de las facultades reservadas a las Cortes Generales por la Constitución.

El RDL aprobado prevé, como mecanismo “blanqueador” de la ilegalidad, un procedimiento “para la exhumación y traslado de los restos mortales” de Francisco Franco en la añadida disposición adicional 6ª a la Ley 52/2007. Pero la prudencia y el respeto al Estado de Derecho han de ser razones que aconsejen no llevar a cabo ningún acto de carácter irreversible, no urgente y previsiblemente ilegal hasta que el Congreso -ya no el Senado- proceda a su convalidación, si es que ésta tiene lugar. Prudencia y sentido común que, desde el punto de vista jurídico, en esta materia especialmente tan significativa, dados los visos de inconstitucional de determinados preceptos de la Ley 52/2007 y las reiteradas nulidades de actos administrativos dictados a su amparo acordadas por multitud de órganos judiciales de la jurisdicción contencioso-administrativa de toda la geografía española, es más que evidente por afectar, además de a derechos humanos, a la jerarquía normativa. En este caso, un tratado internacional suscrito conforme al artículo 96 de la Constitución, como lo es el Acuerdo del Estado español con la Santa Sede de 1979, que declara inviolables los lugares sagrados y de culto.

Tras su promulgación y publicación, el RDL, debido a su excepcionalidad y urgencia, ha de ser sometido inmediatamente a debate y votación de la totalidad en el Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. Durante este plazo, las Cortes podrán tramitarlo como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. De no convalidarse en el plazo previsto, pierde su vigencia debido al carácter provisional de los Decretos-Leyes. Y si se convalidara por el Congreso, dado lo inconstitucional del contenido y continente del RDL, la única vía impugnatoria directa contra el mismo sería el recurso de inconstitucionalidad en el plazo de tres meses ante el Tribunal Constitucional. Para esta impugnación están legitimados, además del presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados y cincuenta senadores.

***Santiago Milans del Bosch y Jordán de Urries, jurista. Magistrado y fiscal en excedencia. Abogado en ejercicio

******************* Sección "bilingüe" ***********************

En Cuelgamuros nace el sanchismo-leninismo
Federico Jiménez Losantos  Libertad Digital 25 Agosto 2018

En una sociedad civilizada, no digamos si se proclama Estado de Derecho, el Gobierno no puede sacar un cadáver de una fosa.

La tumba de Franco no debería ser saqueada por Falconetti y la cheka gubernamental por muchas razones. La primera y básica, por civilización: en una sociedad civilizada, no digamos si se proclama Estado de Derecho, el Gobierno no puede sacar un cadáver de una fosa donde lleva medio siglo como venganza por su significado político. Solo podría hacerlo la familia. Y eso, teniendo en cuenta ese significado para la gente que así lo valora.

La segunda es, precisamente el significado político del muerto. En 1936, Franco –como han recordado centenares de militares de todas las armas- era ya el militar español más prestigioso de España, de ahí los encendidos elogios de Indalecio Prieto en Cuenca poco antes de que sus pistoleros asesinaran a Calvo Sotelo y sólo por casualidad no pudieron hacerlo, aunque a sus casas fueron, con Gil Robles y Goicoechea, los jefes de la oposición parlamentaria. Tras organizar la Legión ideada por Millán Astray se desempeñó con extraordinario valor en más de cien combates –por esos méritos de guerra fue el general más joven de Europa-, pese a no ser republicano, aceptó públicamente, por disciplina, el arbitrario cierre de la Academia Militar de Zaragoza, que dirigía. Y en 1934, coordinó desde Madrid, por orden del legítimo gobierno de la II República, la represión del golpe de estado del PSOE y ERC, los mismos partidos que de forma ilegítima, aunque legal, forman la actual mayoría de gobierno con el PNV, los bildutarras y los representantes en España de la dictadura genocida de Venezuela, los comunistas de Podemos. Los que ahora van a desenterrarlo.

En 1936, Franco fue el último general importante en sumarse al Alzamiento, y sólo se decidió tras el asesinato de Calvo Sotelo, como tantos otros, civiles y militares, que formaron lo que pronto se llamó el Bando Nacional en la Guerra Civil. En nuestra guerra, como en la rusa, se decidió fundamentalmente si en España se imponía, como quería el PSOE, un régimen revolucionario calcado de la URSS o si la contrarrevolución lograba impedirlo. Si triunfaron los blancos sobre los rojos fue en buena medida gracias a Franco, que unificó el abigarrado bando nacional, militar y políticamente, y logró una victoria que en 1936 parecía imposible.
El respeto debido a media España

La dictadura que siguió, en sus primeros años, fue una consecuencia directa de la guerra y de la guerra de guerrillas que ordenó Stalin y ejecutó el PCE de Carrillo, duró desde 1945 a 1949 y provocó miles de muertos. Pero durante la guerra civil y la guerra de guerrillas, "el maquis", que los comunistas declararon al régimen para continuar y ganar la guerra perdida en los campos de batalla, Franco no sólo mantuvo el apoyo de la media España que se unió tras él, no con él, y ganó la guerra civil que le habían declarado el PSOE y los partidos del Frente Popular, sino que logró un apoyo pasivo masivo de los que, aun viniendo del otro bando, no querían seguir en perpetua guerra civil.

Ese rechazo fue la base del amplísimo respaldo popular al régimen franquista, que, además, desde 1959 dirigió la política económica más eficaz y próspera de nuestra historia moderna. En dieciséis años, de 1959 a 1975, fecha de su muerte, la España de Franco se convirtió en la octava potencia económica del mundo, y sentó con Ullastres las bases de adhesión al Mercado Común Europeo, clave en la integración política que culminó ya en democracia y a pesar de Francia, con UCD y el PSOE. Sin el "milagro económico" del franquismo es inimaginable una economía española, incluidos los servicios sociales, plenamente integrada en Europa. Por respeto a esa España de Franco, ningún Gobierno debería desenterrarlo.

La Transición enterró el franquismo
Pero hay una razón más que todavía no entienden los defensores del régimen constitucional, y es que no fue la dictadura, sino la Transición, es decir, la democracia, la que quiso enterrar a Franco en Cuelgamuros. Esa Transición incruenta y que incluyó una amnistía general a todos los delitos de sangre cometidos en la guerra y la dictadura, hasta los abyectos etarras, supuso la autodisolución voluntaria del régimen que habían apoyado todos los que con Franco ganaron la guerra. Y eso supuso también el perdón de los vencidos en la guerra civil. Dos generaciones después, cuando media España se había ya casado con la otra media, el perdón republicano, por fuerza o patriotismo, era fácil. Lo difícil, lo milagroso, es que una dictadura militar y civil, con todos los ases en la mano para seguir disfrutando del Poder, lo abandone y lo haga "pasando de la Ley a la Ley", en frase de Torcuato que sirvió al designio del heredero de Franco, el Rey. Y así fue.

Juan Carlos I decidió, como prueba de respeto al bando nacional, el militar y el civil, que dejaba voluntariamente el Poder, enterrar a Franco junto a José Antonio, las dos figuras, mítica e histórica, de la media España que había ganado la guerra y aceptaba la democracia si garantizaba la paz y la convivencia civil. El rey actuó con un gran sentido estético e histórico, no sólo porque la Corona había sido reinstaurada por Franco –no restaurada en la persona de su desnortado y denostado padre Don Juan, un zascandil- sino porque el Ejército de Franco debía convertirse, bajo su mando, en el garante del cambio de régimen. Sin el Ejército, el nacional, el que había, ni hubiera sido posible la Transición, ni la democracia ni la llegada al Poder de la Izquierda, cuya primera manifestación, antes de ganar las elecciones el PSOE, fue ver a La Pasionaria presidiendo la Mesa de Edad de las Cortes y a Carrillo, el genocida de Paracuellos, como figurón del nuevo régimen.

Las mentiras del Izbestia sanchista-leninista
Es mentira como dice el Izbestia (antes El País) que el Valle de los Caídos se levantara como monumento a la victoria del bando nacional –ya sólo por eso merecería respeto- o para enterrar a Franco –todavía más-. La Basílica expresa la idea de reconciliación nacional que en los años 50 tenían Franco, la Iglesia, el Ejército y la gran masa civil que coincidía con ellos en apreciar la victoria o, al menos, los logros sociales del régimen. Si a unos no les gusta, basta con que no vayan a verla. ¿Por qué destruirla?

Si Rivera tiene la idea, cateta y ridícula, de un Arlington manchego, que lo haga donde quiera o le dejen, pero sin profanar tumbas ni memorias respetables. Si Casado recuerda o insiste en recordar que tuvo un tío represaliado por el franquismo, que piense en Paracuellos y se le pasará. Le bastaría recordar –como hacen muchos de sus posibles votantes- que si es católico bautizado es porque Franco defendió a los católicos del genocidio perpetrado y conseguido a medias por los partidos asaltatumbas de hoy. Y que la familia y la propiedad, de la que dimanan todas las libertades y que él también defiende, fueron respetadas y protegidas por Franco y los suyos frente a los que, como los predecesores de Falconetti, querían destruirlas.

¿Qué es el sanchismo-leninismo?
Pero hay algo más, que, enredados como están PP y Cs con el destape bolivariano de Falconetti, no acaban de entender. Si gobierna por decreto-ley contra la Ley, si en tres meses ya ha demostrado que aspira no sólo a cargarse el régimen de la Transición sino a eternizarse en el Poder, ¿a qué esperan ellos para impedirlo?

Recordemos que, de golpe y porrazo, al mejor estilo del Gorila Rojo, el Gobierno de Sánchez y Torra, de Iglesias y los sabinotarras, se ha cargado la patria potestad y la jurisdicción ordinaria en favor de no se sabe qué cuidadoras sociales para vengar a la secuestradora Juana Rivas. Con el Estado de Derecho en manos de su elector Torra, Falconetti, vía Delgado, ha apuñalado vilmente al juez Llarena. Ha tomado, de la mano de Pablenin, RTVE y ha echado a los profesionales que no fueran de su cuerda, en la que se ha ahorcado la noticia del empleo de Begoña como sacamantecas del Erario. Y ha decidido, siempre por decreto, cargarse el techo de gasto, para lo cual la bachillera Adriana Lastra ha decretado que el Senado se opone a la soberanía nacional, que hasta ahora ostentaba con el Congreso.

Antes, Falconetti rompió con el numerito del Aquarius cualquier política contra la inmigración ilegal, negocio de esas ONG para las que atracaba dinero público Begoña, Reina del Estrecho. Antes, el ministro del Interior, fantasma del Marlaska que fue grande, dijo que quitaba las concertinas de las vallas de Melilla y ahora se calla cuando los asaltos son con ácido y heces contra nuestros agentes. En Cataluña, sencillamente, mandan los golpistas. En cultura, han puesto a un Maxi mini, pero que ha dicho tales gansadas sobre Franco y del Valle que sólo la Ignorante Mayor del Reino, Carmen la de Cabra, puede superarlas. Eso sí, con facilidad.

El sanchismo-leninismo es un régimen de arbitrariedad y saqueo de fondos públicos perpetrado por analfabetos. Una tribu de necios que ha descubierto en la superioridad moral de la Izquierda y la omnipresencia y omnipotencia en los medios de comunicación el chollo de su vida, a costa de la ruina de la nuestra. O se les echa cuanto antes o no va a haber manera de echarlos. Ellos quieren hacer irreversible lo que hace tres meses decían momentáneo e instrumental: echar a Rajoy. Lo que realmente quieren es imponer y administrar a conveniencia el régimen que soñaba la ETA y que Roures actualizó en su dacha con Pablenin y Junqueras, el del Pacto del Tinell, del 11M y ZP: una Derecha sin derechos y un Estado sin España.

Lo que no entiende la Derecha
Lo que no entiende el centro ni la derecha, porque no entienden a la Izquierda, es que la cuna simbólica de ese régimen sanchista-leninista, con Falconetti a la cabeza y Pablenin en la sala de edición, es precisamente la fosa abierta, profanada por consenso parlamentario, de Franco. Y que la cuna del populismo instalado ya en La Moncloa es la tumba del régimen constitucional. No sólo porque se cargue el Senado o las leyes a decretazos sino porque impone una legitimidad nueva que parte de la negación del franquismo y de la Transición, de la paz civil pactada hace cuarenta años y refrendada masivamente por la nación en 1978. Por razones morales, éticas y estéticas no debería desenterrarse a Franco. Por razones políticas y de partido, PP y Cs deben impedirlo o, al menos, votar en contra. Si aceptan este trágala siniestro, acabarán tragando lo que venga.

¿Qué vendrá? Fácil es preverlo. Al cumplir 100 años, el PSOE quiso blanquear su pasado de latrocinios con una campaña de carteles que, bajo las enharinadas sienes de González, decían: "Cien años de honradez". Los excomunistas, la única oposición al franquismo, agregaron "y cuarenta de vacaciones". Un liberal añadió: "¡Y ni un minuto más!". Este año, al cumplirse los cuarenta de la Constitución, Falconetti y el régimen de sus enemigos, que eso es el sanchismo-leninismo, dirán también: "Y ni un minuto más". Y se irán a celebrarlo a Cuelgamuros, donde, con la estúpida incomparecencia de la Oposición, nace esta miserable dictadura.

¿A quién defiende este Gobierno okupa?
Vicente A. C. M. Periodista Digital 25 Agosto 2018

EL GOBIERNO NO DEFENDERÁ AL JUEZ PABLO LLARENA EN EL JUZGADO BELGA QUE HA ADMITIDO LA DEMANDA CIVIL DE LOS GOLPISTAS EXILIADOS.

El Gobierno de Pedro Sánchez, desoyendo lo que le solicitaba el CGPJ, ha rechazado defender al juez Instructor del Tribunal Supremo de la causa del golpe de Estado “por los actos privados que se le atribuyen” y que pensaría en contratar los servicios de un bufete de abogados belgas solo “si, en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por el ex presidente y cuatro ex consellers de la Generalitat contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos”. Y en ese caso sería para “para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”.

¿Y cuales han sido los argumentos dados por el juez belga para atreverse nada menos que a citar a un juez del Tribunal Supremo de España en su juzgado de primera instancia? Pues la verdad es que no ha trascendido nada de esa argumentación que sí que ha debido llegar al juez Decano de Madrid, Antonio Viejo, que se ha limitado a contestar al juez belga que no la tramita “en cumplimiento del artículo 1 del Reglamento 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo”. En dicho artículo se indica que “No se aplicará, en particular, a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos, o a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad”. En este caso se trataría del último de los supuestos.

Pero el caso es que el juez belga cita al juez del TS Pablo Llarena admitiendo se supone que las declaraciones que los demandantes consideran como evidencias de falta de imparcialidad del juez, para el que piden una condena simbólica de 1 euro. Pero el objetivo no era otro que argumentar en España la recusación del juez Llarena por “tener una causa abierta contra ellos”, lo que se debe considerar como determinante para apartarle de la Instrucción. Un intento desesperado que usa a una más que proclive justicia belga como cómplice necesario para cometer lo que debe calificarse como fraude de ley. ¿Y cuáles son esas declaraciones tan lesivas para los encausados? Pues al parecer fueron unas declaraciones que Pablo Llarena hizo a la prensa tras una conferencia en Oviedo el pasado febrero y que son las siguientes:

“Bueno, yo no voy a referirme a ningún asunto que no esté bajo mi jurisdicción. Lo que sí que es cierto es que un delito político es aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que, sin embargo, por una consideración política esos comportamientos son perseguidos.
No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos - si es que eso ha sido así - pues tienen que ser investigados".

"La voluntad de la instrucción ha sido y sigue siendo llevar la indagación con absoluta celeridad, es una cuestión de la que está pendiente toda España, la población de Catalunya, y en ese sentido cuanto antes se esclarezca creo que va a ser mucho mejor para todos. En todo caso tiene que ser en un respeto absoluto de las pretensiones de las partes y los derechos de aquellas personas que están sometidas al proceso”.

La argumentación de los demandantes es considerar que al referirse a ellos como “no son presos políticos” estaría prejuzgando, es decir emitiendo un juicio de valor antes de que se determine en sentencia en el juicio. Porque lo que defienden estos miserables y cobardes fugitivos es que los presos en España por la causa del golpe de Estado, lo son por sus ideas políticas y no por haber cometido los delitos que se les imputan. En resumen, se trata de considerar lo que es simplemente una defensa del Estado de Derecho y de la imparcialidad judicial, que hace el juez Llarena al decir que en España no existen presos políticos, en una prueba irrefutable de parcialidad por prejuicio. Y lo peor del caso es que un juez de instrucción de primera instancia de un país miembro de la UE se haya prestado a ser un títere en manos de estos facinerosos golpistas y cobardes fugitivos.

Pero aún peor es que el Gobierno de España considere que solo se trata de una demanda civil por unas declaraciones realizadas en una comparecencia privada, como si las preguntas que se hicieron no tuviesen total relación con la causa y que pese a su escrupulosa veracidad, haya sido usada como justificante de una persecución política. Una demanda que ha sido presentada en Bélgica a sabiendas de la vergonzosa receptividad de la mayoría de los jueces de ese país en admitir causas que no les competen. Esa demanda en España nunca habría sido admitida a trámite. Así que la respuesta del Gobierno es totalmente inaceptable. No se trata de asumir los gastos privados de defensa del juez Pablo Llarena, al menos para representarle en la mezquina citación del 4 de septiembre, - que no se ha formalizado al no dársele trámite-, en ese juzgado belga ante un desconocido juez que se ha prestado a este vergonzoso juego. Se trata de defender a la Justicia de España, gravemente vilipendiada por la Justicia de Bélgica y también por la de Escocia, la de Suiza y de un Estado del norte de Alemania, y poner en duda la cooperación en el área de la Justicia en la UE y la nula reciprocidad demostrada al cuestionar a la justicia de un Estado democrático miembro.

Se trata de defender a la Justicia, a los Tribunales de España y a sus jueces de unos facinerosos delincuentes fugados y acogidos por esos países en una clara complicidad y connivencia con los fines secesionistas que estos persiguen y que se atrevieron a proclamar en forma de declaración unilateral de independencia, nada menos que de una parte del territorio de un Estado como España. Se trata de defender el honor y el prestigio de una democracia que no encierra a la disidencia en las cárceles por sus ideas. Se trata de reafirmar con contundencia que en España, desde la transición de la dictadura a la democracia hace ya más de 40 años, “no existen presos políticos” sino personas de determinados partidos políticos con altos cargos de responsabilidad en Instituciones públicas, como era el Parlamento y el Gobierno de la Generalidad, que aprovecharon aquellos para cometer sus fechorías: violando leyes, prevaricando, malversando fondos públicos, despreciando el Estatuto de Autonomía y la Constitución de España en un acto de rebelión con el resultado de declarar e instaurar una República independiente en Cataluña basada en un referéndum declarado ilegal e inconstitucional.

El Gobierno no puede escudarse en una simple alusión a lo que son los “Autos de la Instrucción” que emite el juez Pablo Llarena y su Instrucción del caso del golpe de Estado, sin incluir también esas declaraciones que son perfectamente correctas y escrupulosamente verídicas que, en ningún momento, representan un prejuicio ni motivo por el que el juez deba ser recusado y mucho menos cuestionado por un juzgado de primera instancia de otro país extranjero. Es deber del Gobierno de España hacer una defensa de lo que es la independencia judicial de España y elevar una protesta oficial y advertencias a los Gobiernos de esos países y en el Parlamento de la UE de que de seguir así en esos determinados países de la UE en la actitud hostil contra las demandas de extradición del Tribunal Supremo, España se planteará seriamente seguir colaborando y contribuyendo a ese espacio de seguridad Schengen que se demuestra ineficaz por las reticencias de las justicias de esos países cuestionando las peticiones de extradición y la acogida de prófugos, e incluso la admisión de demandas contra los jueces instructores de las causas penales existentes contra ellos. Una actitud colaboracionista con los delincuentes inaceptable y claramente hostil con la Justicia de un país socio.

No se trata de defender un asunto de litigio privado, ni de estar atentos a si se inmiscuye o no el juez belga en la Instrucción del golpe de Estado. Se trata de que se inste y sea la propia Fiscalía de Bélgica la que le haga ver al juez de instrucción metomentodo, que ha aceptado la demanda, lo erróneo de su admisión y citación del juez español, y a reconsiderar su posición e inadmitirla por un burdo intento de fraude de ley. Se trata de defender al Estado de Derecho y el prestigio de España. Y ya sé que eso a Pedro Sánchez y su equipo de Gobierno le pone nervioso, le produce urticaria y le resulta incómodo, pero es que se trata de cumplir por una vez con su deber, al menos mientras no abandonen su okupación monclovita y convoquen elecciones generales.

Desde aquí mi apoyo personal al juez Pablo Llarena al que le digo que no está solo y que somos mayoría los españoles que le agradecemos su sacrificio profesional y personal, en el que incluyo a su familia y la vergonzosa persecución y acoso que está recibiendo por parte de los golpistas que siguen actuando con absoluta impunidad através de us hordas de CDR's y grupos de presión netamente fascistas.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

Interpretación de los signos golpistas
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 25 Agosto 2018

Según Juan Eduardo Cirlot, autor del mejor Diccionario de símbolos que he leído: “Lo simbólico jamás podrá sustituir a lo histórico, por mucho que se pretenda arraigarlo en lo real”. Lo cual significa que España seguirá siendo España a pesar de las sucias maniobras que Torra, capo en funciones de la Generalidad, ejecuta obedeciendo los delirios del fugado y también mafioso Puigdemont. Unir símbolos diversos, como el lazo y el color amarillo, no da el pego sino que desune, pues solo representa a esa parte folclórica y provinciana que defiende la locura de acabar con el idílico país de Guardiola.

Cirlot describe: “Dentro de los lazos, redes y cordajes, aparecen con frecuencia monstruos, animales y figuras humanas. Ya en el sistema jeroglífico egipcio existía el lazo, signo correspondiente a la letra T y equivalente gramatical del posesivo (dominar, poseer)”. O sea, es un símbolo similar al del envolvimiento. Los chamanes y brujas del golpismo hacen del lazo su arma característica. Para todo poseso, encarna el supremo privilegio del dominio. Qué ingenuos son estos agitadores, luchan por zafarse de la ligadura del Estado y no cuentan con más fuerza de choque que ese lazo que parece un churro.

Prosigue Cirlot: “El color del sol que de tan lejos llega, surge de las tinieblas como mensajero de la luz y, luego, vuelve a desaparecer en la tenebrosidad”. El amarillo no tiene término medio. O estimula la inteligencia subversiva o genera tarados irrecuperables. Es el color especial de los celos, de la cobardía y la codicia. Tutela el desastre, anuncia la mala suerte. Su brillo atrae a los bobos como alondras al espejuelo. Sánchez, adicto a embustes y traiciones, otros atributos de este maldito color, cayó en sus redes. Es un buen color para pintar la cocina y todas las ciudades de Cataluña.

Mientras los tabarneses se vacunan contra la fiebre amarilla, japos y demás turistas se lanzan desde lo alto de Montjuic al vacío. Huyen de los pelmazos que ansían reclutarles en la causa golpista a cambio de un polo de limón. Propaganda y lazos hasta en la sopa.

¿Inmigración o conquista? Ceuta desamparada por el gobierno
Miguel Massanet diariosigloxxi 25 Agosto 2018

La abulia del gobierno de Sánchez y su empeño en mantenerse en el poder amenazan gravemente la estabilidad de España y su recuperación económica.

Los peores presagios se empiezan a materializar a medida que, el señor P.Sánchez y su gobierno, se empeñan en dirigir el país por medio de acuerdos contra natura con sus compañeros de la extrema izquierda. Nada que no se pudiera esperar de quienes aprovecharon la amenaza separatista de Cataluña y la supresión del 155 para lanzar su más duro ataque contra la línea de flotación del PP. Y es que, señores, la ambición, el ego, la desfachatez y el rencor de este señor que nos mal gobierna no tienen límites. Promovió una moción de censura para hacerse con el poder aunque para ello no tuvo más remedio que ponerse en manos de separatistas y comunistas con los que contrajo la gran deuda que va a tener que pagar, aunque ello pueda conducir a situar a España en peores condiciones de las en que la abandonó el señor Rodríguez Zapatero cuando tuvo que convocar elecciones en el 2011.

Como la demagogia es su medio preferido para poder mantener a las masas enganchadas a aquellos temas en los que está interesado en tenerlas fijadas, es obvio que no deja de actuar de manera que fuere verdad, fuere mentira, sea bueno para España y los españoles o no, ponga en peligro la convivencia entre los españoles o sirva para crear odios sobrevenidos, es obvio que el señor P.Sánchez no cejará en su empeño de mantenerse en el candelero aunque, por mucho que lo hubiera criticado en los tiempos del señor Rajoy, el siga gobernando a decretazos sabiendo que, el conseguir el apoyo del resto de grupos para promulgar las leyes que pretende promulgar, a través del cedazo del Parlamento de la nación, no le iba a ser posible hacerlo.

Cometió un grave error, no sólo de estrategia sino también de táctica, cuando permitió en medio de alharacas propagandísticas y fuegos artificiales en loor de su persona, que el barco de la ONG, Aquarius, pudiera desembarcar su cargamento de inmigrantes en el puerto de Valencia. Dijo que quería despertar la conciencia de Europa. Pretendió hacer ver que pintaba algo en la UE cuando consiguió que, la señora Merkel, le hiciera caso y llegara a un acuerdo con él, ¡en el que se comprometió a aceptar en España a todos los migrantes que le hubiera enviado a Alemania y que, en aquel país, fuesen rechazados! Es decir, lo que nuestro refranero califica como “ir por lana y salir trasquilado”. Apeló al espíritu acogedor de los españoles, a aquella frase del señor ministro de Trabajo socialista, el señor Jesús Caldera y su famoso “papeles para todos”, a la indefensión de las pobres gentes que se arriesgan a todo para sobrevivir etc.; todo muy bello, muy hermoso y muy bueno para rodearse de un aura de buenismo que, sin duda, le ha ayudado a recoger algunos votos para cuando convoque elecciones. Otra cosa será cuando, como ya está sucediendo, empiecen a verse los resultados en nuestra economía de este despilfarro en el que se ha metido.

¿Efecto llamada? ¡Qué va, un hecho puntual, según el señor Borrell, sin mayor trascendencia! Desde aquel día los traficantes de personas humanas ya saben hacia dónde han de dirigir sus migrantes para que sean acogidos sin problemas. La ciudad de Ceuta ¿por decisión de Mohamet VI o por saturación (se habla de que hay 40.000 personas que esperan en el norte de Marruecos para entrar en España)? Malas lenguas hablan de que el rey de Marruecos no le ha perdonado a Sánchez el desaire de no haber sido el primero en ser visitado por el nuevo presidente de España. ¿Un error, un descuido u otra torpeza propia de este señor, empeñado en destrozar todo lo bueno (muchas han sido las cosas buenas del gobierno de Rajoy, aunque también ha tenido grandes equivocaciones que lo precipitaron hacia esta “muerte súbita” personificada en la moción de censura del PSOE)? Desde el efecto llamada ( hoy ya nadie lo niega) cada día nos entran por el sur de España de 300 a 500 inmigrantes que tienen saturados todos los centros de acogida de Algeciras, Tarifa y el resto de ciudades costeras cercanas al estrecho de Gibraltar.

No obstante, nada comparable al pandemónium que tiene lugar en nuestra ciudad africana de Ceuta. Una guarnición escasa, sacrificada, limitada en el uso de medios de disuasión (no se les permiten disparar bolas de goma, ni otros instrumentos disuasorios para repeler, con eficacia, la gran desventaja de que unos pocos guardia civiles o policías tengan que enfrentarse, prácticamente sin medios, ante unas multitudes de asaltantes dispuestos a todo con tal de conseguir entrar en territorio español. Siete han sido los guardias heridos en el asalto de ayer, uno de ellos un cabo herido de consideración a causa de las quemaduras por cal viva y ácidos que estos energúmenos utilizan para conseguir sus objetivos. Nada de pacíficos ni amigables.

¿Es esta una forma de acudir a un país para pedir que se los admita? ¿Son estas las formas con las que unos que pretenden asilo porque dicen que vienen de lugares donde no se puede vivir a causa de los enfrentamientos que se producen en ellos? Tendremos que empezar a pensar si, lo que quieren que nos traguemos estas autoridades, tan tolerantes y complacientes con aquellos que pretenden convivir con nosotros, son las personas destrozadas, humildes que nos dicen, que se presentan en España buscando protección contra los que en sus países quieren masacrarlos o más bien feroces sujetos, llenos de energía, agresivos, conquistadores y dispuestos a crear el terror en las calles de Ceuta con sus comportamientos desaforados y sus maneras que nos hacen recordar a aquellos caníbales pintarrajeados de las películas del mítico Tarzán de los Monos, de Edgar Rice Borrougs, que tanto nos entretuvieron durante nuestra juventud.

Es evidente que el “buenismo” que se ha instalado entre muchos de nuestros periodistas, esta corriente de extrema tolerancia hacia la invasión que se está iniciando ( en realidad, ya hace años que lo padecemos) y este fatalismo que hemos escuchado de boca de algunos distinguidos periodistas, también distinguidos por su postura de que la mejor manera de enfrentarse a un problema es cediendo, negociando, aceptando que no tiene otra solución que darle la razón al contrario, sin tener en cuenta y analizando las futuras consecuencias de que en España vayan entrando a miles personas de otras culturas ( sin garantía alguna de que no sean criminales, islamistas, etc.) que se traen a sus familias, que se agrupan para formar guetos y que practican religiones, algunas de las cuales ya sabemos cuáles son sus objetivos. En el mejor de los casos, dado el índice de natalidad de estas gentes que nos visitan para quedarse, en unos pocos años van a resultar potentes lobbies políticos capaces de desbancar y ocupar escaños en nuestras instituciones capaces de cambiar nuestro propio sistema democrático con otro semejante a los absolutistas que dirigen sus países de origen.

No podemos dejar de recordar lo que desde el EI han venido manteniendo respecto a lo que consideran ellos a nuestro país. El Ándalus es uno de sus objetivos primeros. Se puede conquistar mediante la guerra “santa”, pero también introduciendo lo que se puede considerar como una quinta columna que vaya creciendo hasta que sean lo suficientemente fuertes para dar su golpe de Estado y también cabe que, entre un número tan elevado de inmigrantes que van asaltando nuestras fronteras por todos los medios existentes, se vayan colando peligrosos yijadistas que fácilmente pueden sortear a la policía de fronteras cuando, como es evidente, de los centros de internamiento en los que son acogidos, cada día huyen y quedan en libertad por todas las tierra de España un número indeterminado de ellos.

Acogimiento, caridad, compartir buenos sentimientos… si, señores, de acuerdo, pero sin dejar de considerar los peligros que una decisión precipitada, cargada de contenidos políticos, sin estar en condiciones de proporcionarles trabajo a todos, expuestos a que se vayan constituyendo bandas peligrosas, como es el caso evidente de los “manteros” de Barcelona, que ya han dejado de ser unos pobres inmigrantes que se ganan la vida como pueden para ser capaces de enfrentarse a los mossos y la guardia urbana, que cuentan con la protección de la alcaldesa de Barcelona, la señora Colau, que se habla de que desde el mismo ayuntamiento de la capital catalana se les avisa para que, cuando hay prevista alguna redada, ellos estén advertidos con unas horas de antelación. ¿Estado de derecho? Si, en Cataluña, nada más obtienen protección aquellos que han decidido desafiar al gobierno de España con la absurda pretensión de crear de dicha comunidad un estado independiente. Se ponen lazos amarillos (un negocio que seguramente habrá enriquecido a algunos avispados que, incluso, los han confeccionado de metal para hacerlos más atractivos) como protesta por el encarcelamiento de unos señores que se levantaron abiertamente contra el Estado pretendiendo crear una república catalana. El resto de los que no comulgan con semejantes ideas ¡olvidados por el Gobierno de Madrid sólo pendiente de sus intereses electorales!

Pero, a los que se pretende multar, por alguien que poca materia gris debe tener en un cerebro ocupado masivamente por el sectarismo independentista, son a aquellos que consecuentes con la ley quieren evitar que las calles de las ciudades catalanas se conviertan en un exponente de apoyo a unos presuntos delincuentes que han infringido delitos tipificados como graves o muy graves en nuestro CP.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, mucho nos tememos que muchas de las previsiones que nos sugirieron las conductas de nuestros políticos durante los últimos meses parece que van tomando forma y, desgraciadamente, van adquiriendo tintes de que, si alguien no lo remedia y duda de que esto suceda, nos vamos a encontrar en manos de una coalición PSOE- PODEMOS, cuyos resultado, no es preciso ser muy inteligentes para poder prever.

Al Gobierno se le va el país de las manos
Franco, Cataluña, los Presupuestos y la inmigración: los cuatro grandes asuntos han cobrado vida propia y no responden a los controles de sujeción que el Ejecutivo creyó disponer sobre ellos
José Antonio Zarzalejos EC  25 Agosto 2018

Culminada la operación de márketing con el “gobierno bonito”, escalado el ránking en la encuesta del CIS, desplegada una política de gestos y mostrado un elenco de intenciones para su potencial electorado, Pedro Sánchez debió hacer lo que se había propuesto inicialmente: convocar comicios “cuanto antes” y rehabilitar la política española, viciada desde que el PP comenzó en 2016 a gobernar en minoría y tras girar la legislatura con el éxito de una moción de censura constructiva que llevó al PSOE a la Moncloa con un grupo parlamentario aún menor que el popular (84 escaños) al que se sumó una “coalición de rechazo” de carácter puntual que, aunque no se fraguó en pactos previos, va librando a Sánchez letras de cambio pagaderas a pronto plazo.

El presidente del Gobierno, sin embargo, ha creído que con una formidable (y poco pensada) maniobra de distracción (la exhumación de los restos de Franco) y con un vuelco en la política en Cataluña (que no contó nunca con el pacto previo de los independentistas) podría dar cuerpo a una gobernación que superase la coyuntura y llegase a 2020. Confiando, además, en que la flexibilidad de aumentar en 5 décimas el techo de gasto (5.000 millones más, pasando el objetivo del déficit del 1,3% al 1,8%) convencería a sus potenciales socios para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que evitasen la prórroga de los actuales elaborados y aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy.

No se previó que el PP tenía capacidad de bloquear la senda de déficit en el Senado. Para revertir el veto senatorial el grupo socialista presentó ayer una proposición de ley para modificar la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiara que es orgánica y no puede alterarse mediante decreto ley. Los nuevos Presupuestos quedan así diferidos “ad calendas graecas” porque aunque se pretende una tramitación urgente y en lectura única de la nueva ley, la Mesa del Congreso está controlada por el PP y Ciudadanos que no aceptarán la pretensión procedimental del PSOE. Mientras tanto, el Consejo de Ministros –infringiendo el plazo legal- ha guardado el techo de gasto en el cajón.

Franco, Cataluña, los Presupuestos y la inmigración, se le han ido al Gobierno de las manos, los cuatro asuntos han cobrado vida propia y no responden a los controles de sujeción que el Ejecutivo creyó disponer sobre ellos. Ha ocurrido con la exhumación de los restos de Franco. Al margen de que el procedimiento sea inadecuado (en general todos los gobiernos han utilizado abusivamente los decretos leyes), retirar del Valle de los Caídos los restos del dictador provoca en la política española un enorme estímulo ideológico que tiene efecto multiplicador.

Ya veremos que dice la Iglesia y la familia sobre el asunto. Pero, de momento, la decisión gubernamental ha provocado la reclamación de anulación de determinadas sentencias del franquismo, cuestión que plantea un serio problema de seguridad jurídica. Igualmente, al hilo de la exhumación de Franco, desde la extrema izquierda se pide la revisión de la ley de Amnistía de 1977 (¡nada menos!) porque se considera que es una ley “de punto final” (del franquismo).

La polémica, también, ha llegado a las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa ha abierto informaciones reservadas de las que podrían deducirse expedientes disciplinarios a uniformados en la reserva que han suscrito manifiestos a favor y en contra de lo que representó Francisco Franco. A mayor abundamiento, el aparentemente discreto ministro de Cultura, José Guirao, en unas frívolas declaraciones propone que el Valle de los Caídos cumpla el papel simbólico de los “campos de concentración” del nazismo, mientras la afluencia de visitantes a Cuelgamuros ha convertido el mausoleo del dictador en un destino turístico en el que es difícil discernir dónde termina la curiosidad y comienza la adhesión.

La exhumación de Franco requería un pacto de Estado. No era asunto menor para solucionar con la actual precariedad política y plantea una confrontación revisionista histórica de complejas consecuencias. Es cierto que había que dar solución al Valle de los Caídos y al enterramiento definitivo de Franco porque mediaba un mandato del Congreso, pero ¿así y ahora? A poco que medite el Gobierno al respecto llegará a la conclusión de que sus aspiraciones no se corresponden con sus capacidades políticas y parlamentarias. Y también de que acoger solidariamente, en julio, al Aquarius es contradictorio con la devolución a Marruecos, casi “en caliente”, de 116 inmigrantes, en agosto, apelando para ello a un viejo acuerdo de 1992. De nuevo, rectificación para recuperar el control perdido sobre el fenómeno migratorio, por más que Carmen Calvo se emplee en negar lo contrario.

En Cataluña se ha roto el pacto constitucionalista del 155. Era preciso rectificar la posición táctica del Gobierno de Rajoy en esa crisis. Aunque con un entusiasmo digno de mejor causa y unas tragaderas dilatadas, Sánchez lo ha intentado. Su esfuerzo está al borde del fracaso y no por la “deslealtad” de la oposición (Calvo, dixit), sino por la de los independentistas que quieren seguir siéndolo. Las terceras vías, propias del PSC y de no pocos sectores sociales en Cataluña y en el resto de España, han sido dinamitadas por el radicalismo rampante de Torra y Puigdemont que han pasado al “ataque” al Estado.

Aunque el presidente del Gobierno afirmó enfáticamente que no quería utilizar la vía judicial en Cataluña ya la ha tenido que emplear por partida doble: ante el TC para impugnar la reiteración de la declaración soberanista, y esta misma semana, ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra la reapertura de siete delegaciones de la Generalitat en otros tantos países extranjeros. La respuesta desde Barcelona es la habitual: la “embajadas” siguen adelante. Y en el ínterin, el Gobierno catalán no compareció en la Comisión de Política Fiscal y Financiera. De fondo, la utilización sectaria de los Mossos contra los ciudadanos que retiran los lazos amarillos justifica que se convoque una junta de seguridad Estado-Generalitat que sólo se ha reunido en contados casos.

El reto del presidente y del Gobierno no consiste en alterar la realidad que le es tan adversa, sino en crear otra a través de una convocatoria electoral que rehabilite la vida política española, permita una coalición estable y responda a una planificación programática y no a la virtualidad de la gobernación de Sánchez que es, cada día, menos verosímil. La moción de censura de junio pasado tenía una lógica que el presidente ha contravenido.

La causa de Llarena es la causa del Estado
EDITORIAL El Mundo 25 Agosto 2018

Sorprende y decepciona la decisión del Ministerio de Justicia de no asumir la defensa del juez Pablo Llarena tras la demanda interpuesta contra él por Carles Puigdemont en Bélgica. El fugado de la Justicia española y otros cuatro ex consellers acusan al magistrado de falta de imparcialidad por unas declaraciones realizadas tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado febrero. Al parecer, Llarena habría dicho algo tan ordinario y puesto en razón como que en España no hay presos políticos. Pero a la Justicia belga -sintagma que se acerca al oxímoron con decisiones como esta, sumadas a su ya tradicional desprecio a la institución de la euroorden- le ha faltado tiempo para admitir a trámite la demanda de Puigdemont, que persigue la inhabilitación de Llarena para que no pueda seguir investigándoles.

De Bélgica esperamos ya poco, pero del Gobierno de España tenemos derecho a esperar que no compre las burdas patrañas de la propaganda separatista, según las cuales Llarena quedaría invalidado como juez instructor por opinar que España es una democracia plena. Ante semejante base argumental, la ministra del ramo niega el respaldo al magistrado porque "supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función". ¿Cómo va a ser ajeno a la función de Llarena explicar que en España no hay presos políticos? Bien está que el Ministerio anuncie que se personará si los tribunales belgas entran a cuestionar la instrucción del procés, pero al mismo tiempo abandona a Llarena en la absurda demanda presentada por el ex president. Aquí no cabe ensayar una distinción sutil entre actos privados y bien público. ¿Es que el departamento que dirige Dolores Delgado no se da cuenta de que la causa de Llarena es la causa del Estado, y de que defender al juez de las maniobras torticeras de Puigdemont también equivale a defender la soberanía jurisdiccional de España y la integridad de la Nación? Sospechamos que sí, y que Delgado contradice el amparo concedido al instructor por el Consejo General del Poder Judicial -y recomendado por la Abogacía del Estado- por desleal conveniencia política, puesto que así lo exige la garrafal estrategia de apaciguamiento adoptada por Pedro Sánchez.

España
Jueces y fiscales acusan al Gobierno de dejar «vendido» a Llarena
Acusan al Gobierno de dejación de funciones en la defensa del magistrado.
larazon.es.  25 Agosto 2018

Todas las asociaciones de jueces y fiscales de España, a excepción de las progresistas Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), se han adherido este viernes al comunicado en defensa del instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Este comunicado, elaborado inicialmente por la asociación mayoritaria --Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece el juez Llarena-- ha sido firmado también por las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente y por las de fiscales Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

El informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre la forma de actuar ante la demanda civil en Bélgica contra Llarena, defiende que concurren los requisitos para que España se persone en dicho procedimiento sin los reparos añadidos por el Ministerio de Justicia, que condiciona dicha personación a los términos en los que resulte admitida la demanda.

El Ministerio de Dolores Delgado anunció este jueves que los Servicios Jurídicos del Estado defenderían la soberanía de la jurisdicción de los tribunales españoles ante la justicia belga pero que "en ningún caso" ello debía entenderse como una defensa personal del magistrado del alto tribunal por "actos privados que se le atribuyen" en la demanda, que ha sido promovida por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros.

Los investigados por el 'procés' piden que se condene a Llarena a indemnizarles con un euro de forma simbólica por su imparcialidad y utilizan como argumento unas manifestaciones que el magistrado del Tribunal Supremo español realizó tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero. En dicho acto señaló que en la causa por el 'procés' independentista en Cataluña "no hay presos políticos".

La afirmación de que el Gobierno actuará "en la medida proporcional y adecuada" para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España, se entiende desde diversos ámbitos jurídicos -entre los que figuran los compañeros de Llarena en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)- desde "el desconocimiento absoluto de los trámites procesales o peor aún, desde el propósito de no hacer nada", según ha manifestado la asociación mayoritaria de jueces en un comunicado.

Como el ordenamiento belga exige que antes de la vista que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la demanda se aleguen los argumentos por las diferentes partes, si este trámite no se realiza en el momento adecuado España no podrá oponerse a la demanda, advierten.

SI NO SE PERSONA, PIERDE INMUNIDAD
A ello se añade que fuentes oficiales del Gobierno belga comunicaron al Gobierno español que la inmunidad debe invocarse ante el tribunal y le recomendaron "asegurar la defensa de su inmunidad in limine litis ante el Tribunal de Primera Instancias de Bruselas". Si España no se presentara ante el tribunal, este tribunal podrá considerar que renuncia a su inmunidad jurisdiccional.

Añade que tampoco cabe entender improcedente la defensa por parte del Estado español del Magistrado Llarena ante acciones legales en el extranjero bajo la excusa de que éstas pueden tener causa en opiniones privadas, que ni siquiera se citan, según la asociación de jueces.

Consideran que un mínimo conocimiento del conjunto de iniciativas desarrolladas a lo largo del sumario instruido ante el Tribunal Supremo contra los demandantes fugados evidencia sin reservas o hipotéticos matices, que "se intenta solamente desautorizar por medios muy diversos la actuación del instructor, y a través de este cauce, no se persigue otra cosa que desautorizar el propio proceso en su conjunto".

RECLAMA DEFENSA SIN REPAROS
Por ello, la APM insta al Ministerio de Justicia a ejercer "una clara y abierta defensa de la jurisdicción española, sin reparos como los que ha expuesto, y que dé cumplimiento a las medidas que se la han solicitado desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al estimar la petición de amparo promovida por el propio Llarena.

Por otra parte, los jueces de la APM piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopte las medidas necesarias para materializar la declaración de amparo que realizó en defensa de la independencia del Magistrado la pasada semana asegurando su defensa en caso de "inacción del Gobierno".

Finalmente, y en el caso de no adoptarse las medidas necesarias para salvaguardar la independencia judicial y la inmunidad jurisdiccional de España, la APM anuncia valorará la adopción de "las medidas oportunas para suplir la inacción e interesar la depuración de las responsabilidades penales y administrativas en que se hubiera podido incurrir por dicha pasividad".

DEJACIÓN DE FUNCIONES
Magistrados del Tribunal Supremo han acogido con estupor la decisión del Ministerio de Justicia de no asumir la defensa del instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por lo que este departamento ha denominado "actos privados que se le atribuyen" en relación con la demanda civil que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros han planteado contra él ante un juez belga.

Consideran que los investigados buscan hacer daño personal al magistrado y no sólo desacreditar el proceso y que Justicia ha caído en la estrategia de éstos, dejando "vendido" a Llarena, que ahora tendrá que pagar un abogado de su bolsillo que le costará miles de euros.

Según han manifestado a Europa Press fuentes de este órgano, a Llarena se le ha demandado ante el juez belga por ser instructor de la causa del proceso independentista en Cataluña y no por otra cosa, si bien para conseguir sus fines las defensas de Puigdemont y sus consejeros buscaron unas manifestaciones del magistrado en un acto público que les permitieran decir que es demandado por actos "privados".

Bilateralidad imposible
Ramón Rodríguez Arribas ABC 25 Agosto 2018

La reciente convocatoria de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado sugiere algunas consideraciones jurídico-constitucionales. El art.183.1 del reformado Estatuto de Autonomía de Cataluña dice: «La Comisión Bilateral Generalitat-Estado, constituye el marco general y permanente de relación entre los gobiernos de la Generalitat y el Estado a los siguientes efectos: a) la participación y la colaboración de la Generalitat en el ejercicio de las competencias estatales que afecten a la autonomía de Cataluña».

Este precepto fue uno de los impugnados en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, por un lado, por más de cincuenta parlamentarios del PP y por otro, por el Defensor del Pueblo. Hay que señalar esta última circunstancia, porque se suele ignorar, cuando no ocultar, la existencia de ese segundo recurso promovido por la referida Institución, entonces ejemplarmente presidida por Enrique Mújica.

La argumentación para que fuera declarada inconstitucional la creación de esa Comisión Bilateral, se fundaba, dicho sea en apretada síntesis, en que, del texto literal del precepto estatutario antes transcrito, se podría derivar una relación al mismo nivel entre el Estado, que es el todo, y una de las partes que lo integran, como es la Generalitat de Cataluña, y por otro lado, era posible que una Comunidad Autónoma condicionara el ejercicio de las competencias que la Constitución confía libremente al Estado y además, podía hacer quebrar los acuerdos y decisiones adoptados por el conjunto de Comunidades Autónomas con el Estado.

El Tribunal Constitucional resolvió el problema, sin declarar la inconstitucionalidad del precepto, pero mediante una incisiva interpretación conforme del mismo diciendo, entre otras cosas, lo siguiente: «… la bilateralidad proclamada, entre otros, como principio estructurador de “las relaciones de la Generalitat con el Estado” (art. 3.1 EAC), solo puede referirse a las que median entre la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Estado central, esto es, entre dos elementos constitutivos del Estado español, que comprende a una y a otro» (…) «en ningún caso entre el Estado español y la Generalitat de Cataluña; y en ningún caso, tampoco, con carácter exclusivo, esto es, con abstracción de otros marcos de relación». Y refiriéndose a los problemas que plantea la bilateralidad, tanto del art. 3.1, como también del art. 174 del Estatuto, agrega que «han de resolverse con la exclusión por inconstitucional de cualquier interpretación que quiera ver en ambos preceptos la referencia a una dualidad imposible entre el Estado español y la Comunidad Autónoma de Cataluña o a la no menos inviable participación stricto sensu … de la Generalitat de Cataluña en el ejercicio de competencias ajenas»… nada menos que las del Estado, añadimos nosotros.

Mediante esta fórmula, el intérprete supremo de la Constitución Española vino a salir al paso de los problemas que planteaba el sentido literal del artículo creador de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, estableciendo de manera positiva, imperativa e insoslayable, la única interpretación compatible con el texto constitucional, de manera que, cualquier otra que pretenda darse o aplicarse, será irremediablemente inconstitucional. Pues bien, basta observar las declaraciones formuladas por los representantes de la Generalitat antes y después de la reunión de la Comisión Bilateral, incluidas las referencias públicas a reservarse decisiones «unilaterales», y hasta anunciar que « van a atacar al Estado» para apreciar que continúan sin someterse al orden jurídico constitucional y estatutario y que se mantienen al margen de la Ley, incluida la simbólica manifestación de asistir a las reuniones portando de manera desafiante los lazos amarillos, con los que pretenden reclamar la libertad de inexistentes presos políticos, que naturalmente formulan en vano porque ningún Poder Ejecutivo de un Estado de Derecho puede enmendar la plana a los jueces.

Con la máxima comprensión y el sincero reconocimiento de su buena fe, para los que sostienen abierta esa puerta, en la creencia de que puede servir para volver a una convivencia civilizada en ese rincón de España, es imprescindible recordar que solo puede conseguirse cuando recíprocamente se aceptan las mismas reglas del juego y también es necesario advertir que mantener otra situación indefinidamente, es decir, aceptar que una de las partes siga proclamando, sin cesión alguna, su actitud de rechazo a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía de Cataluña, no conduce a ninguna parte, porque ni se puede legitimar la transgresión de la Ley y la desobediencia a los Tribunales, ni parece que esté próximo un cambio radical de actitud de quienes siguen hablando de independencia, secesión y república, con manifestaciones que no pueden considerarse inocuas ni carentes de eficacia jurídica, como no lo son la injuria, la calumnia, la amenaza, la coacción y la conspiración para la sedición y la rebelión, aunque se ejecuten solo con palabras.

Tristemente, los actuales dirigentes de la Generalitat de Cataluña no parecen haber escarmentado y continúan en la misma posición de sus predecesores que les llevó a la prisión o a la condición de huidos de la Justicia. Resulta poco esperanzador que, en el seno de un órgano de cooperación entre Administraciones públicas, se intente plantear de nuevo la celebración de un referéndum de autodeterminación, que ninguna Constitución democrática puede admitir, excluyendo además a los restantes cuarenta millones de españoles, lo que supone mantener viva la agresión a la unidad de España, cuando saben que el Gobierno de la Nación ni siquiera puede hablar de ello.

Y es que ha llegado la hora de reconocer que, como todo, el diálogo también tiene límites; veámoslo: sobre la restauración de la pena de muerte o de la esclavitud, sobre la aceptación de la superioridad de la raza blanca o la inferioridad de la mujer, sobre la licitud de su maltrato, sobre la admisión de la ablación del clítoris, sobre la negación de derechos a los inmigrantes... no puede aceptarse hablar sin caer en la indignidad, porque se afecta a valores y principios inviolables. Pues bien, sobre la destrucción de la unidad de España, sobre la desaparición de la igualdad de los españoles y sobre la vulneración del Estado de Derecho, tampoco se puede ni hablar con nadie.

Ramón Rodríguez Arribas es fue vicepresidente del Tribunal Constitucional


Recortes de Prensa   Página Inicial