AGLI Recortes de Prensa   Lunes 27 Agosto 2018

El totalitario Sánchez: expolio fiscal sin techo de gasto
Roberto Centeno El Confidencial 27 Agosto 2018

Los comunistas bolivarianos de Podemos con un apoyo electoral actual (CIS) de solo un 15,6%, exigen al PSOE el mayor expolio fiscal a las familias de nuestra historia. Unas familias que ya se encuentran gravadas con algunas de las tasas impositivas más altas no solo de Europa sino de toda la OCDE. Pero dada la orgía de despilfarro iniciada por Sánchez que obliga a un endeudamiento insostenible – 7.120 millones de euros en Junio, un 46% más que en Mayo- el PSOE no solo validará la propuesta, es que en su nueva deriva totalitaria inédita en Europa, está dispuesto a saltarse la legalidad y la Constitución a su antojo. Una minoría izquierdista antidemocrática apoyada por los enemigos de España, decidida a imponerse a golpe de Decreto.

Podemos ha remitido al Gobierno un documento de 17 páginas, en el que exige para su apoyo a los PGE 2019, lo que eufemísticamente denominan “una subida de impuestos a las rentas más altas y a las empresas, entre otras, así como una renegociación del objetivo de déficit con Bruselas por encima del 1,8% para 2019”. Un auténtico Himalaya de mentiras, porque en realidad afectará al 80% de las familias. Habla además de “acabar con la austeridad”, gastando 150.000 millones de euros más en cuatro años, en un país que se ha endeudado en 660.000 millones de euros en seis años, equivalente al 58% del PIB la cifra más alta de toda nuestra historia en tan corto periodo de tiempo, y no hablan para nada del acabar con el gigantesco despilfarro de dinero público gastado sin control alguno.

Cien mil millones es la cifra de despilfarro anual (1) – de los cuales 15.000 por la desastrosa gestión de la Sanidad y de la Educación – del disparatado Estado autonómico, que nos ha hecho crecer durante 40 años por debajo de nuestro potencial, que ha degradado el trabajo a nivel tercermundista, que ha arruinado el futuro de las nuevas generaciones durante décadas, y que nos llevará a un rescate a la griega en cuanto el BCE deje de comprar deuda en enero, y tengamos que pagar enormes intereses para que los mercados nos presten los 140.000 millones año que necesitaremos para renovar vencimientos y deuda nueva, algo que estos demagogos iletrados ignoran totalmente. Como ha reconocido la ministra de Economía en Bruselas la deuda total es hoy el 136 % del PIB – no el 99% de la PDE de que hablan ignorantes y juntaletras – por encima de Italia – 130%- a quien Trump acaba de prometer sustituir al BCE en la compra bonos durante 2.019.

Expolio histórico al 80% de las familias
Al parecer empezarán por subir el tipo marginal del IRPF para rentas superiores a 60.000 euros, algo que afectará a 750.000 personas. Seguirán con la elevación de los impuestos de los gasóleos al nivel de las gasolinas, algo inexistente en Europa donde la fiscalidad es entre 10 y 15 céntimos menor en los primeros, y que supondrá un expolio de 2.300 millones de euros a 15 millones de conductores de rentas bajas y autónomos. Un auténtico robo, porque la mejora del medio ambiente en todo el mundo desarrollado se está haciendo mediante subvenciones y ayudas fiscales a los coches eléctricos, y es que esta izquierda totalitaria piensa que los españoles somos imbéciles.

A este se añadirán otros impuestos a las emisiones de CO2 que elevarán el precio del gas, la electricidad - ha subido un 27% en julio - y las gasolinas, que afectarán a un 90% de las familias, tanto que las más humildes no podrán calentar sus hogares en invierno. Siguiendo con este expolio histórico, se eliminarán los topes máximos de las cotizaciones sociales lo que afectará a dos millones de personas de clase media, que deberán pagar unos 2.100 millones año adicionales, y los autónomos de bajas rentas, votantes muchos de ellos de Podemos, y beneficiados hoy por la tarifa plana deberán pagar 1.000 millones más. Respecto a los planes de pensiones, eliminarán las deducciones fiscales lo que afectará a 8 millones de persona.

Dentro de la línea demagógica habitual, afirman que de lo que se trata no es de expoliar a las familias sino de “que los que más tienen contribuyan con una mayor generosidad al sostenimiento de los servicios públicos”, una memez que no hay por dónde cogerla. Y la ministra de Hacienda, una experta en exprimir a los contribuyentes como bien saben los andaluces, considera que se van a encontrar "con Podemos en la negociación”, y en particular irán a por las "grandes corporaciones que ahora escapan al control de Hacienda”. Pero en esto ya están dando marcha atrás: banca y grandes empresas mantienen con vida a los grandes medios de comunicación y, en un momento en que sus resultados siguen cayendo en picado (en televisión el impacto de Netflix es brutal), pueden obligarles a dejar de engañar y manipular lo que sería el fin de la izquierda.

Finalmente y a través de la extensión a todas las CCAA de los impuestos de Patrimonio, Donaciones y sobre todo Sucesiones donde la Doña piensa aplicar los tipos máximos con los que arruinaba a los andaluces, acabarán destruyendo a la clase media que ya lo ha sido en un 18% respecto a lo que era en 1975, una clase media tan adormecida que es incapaz de defenderse de su ruina. Como decía mi maestro Antonio García Trevijano, el más grande pensador político de todo el s. XX y feroz crítico de la cobardía de la sociedad actual: “Los últimos españoles valientes murieron en la Guerra Civil”.

El totalitarismo de Podemos y Sánchez
Pero hay algo tan obvio que resulta inaudito que ni PP ni Ciudadanos lo utilicen todos los días y a todas horas. A Podemos se les puede acusar de ser antiespañoles, anticristianos y de pretender destruir los valores esenciales de una sociedad estable, pero nadie les puede acusar de no ser claros en su objetivos totalitarios de “asalto a los cielos”. Iglesias lo explicó con todo detalle en un amplio artículo titulado 'Understandig Podemos' que reproduje aquí en Junio 2015: sus referentes a aplicar en España son los regímenes populistas latinoamericanos, y Venezuela en particular, el país más rico en recursos del continente al que la dictadura bolivariana, que Iglesias sueña implantar en lo que quede de España, ha llevado a la miseria más absoluta.

Un ejemplo práctico es analizar lo que Podemos ha hecho donde ha gobernado, y el caso más ilustrativo es sin duda Madrid. Aunque prometieron justo lo contrario, Podemos expolia a los madrileños con los impuestos locales más altos de España, y a la vez la han convertido en la capital más sucia y peor cuidada de Europa. En concreto y según un reciente estudio del Consejo General de Economistas, el IBI en Madrid que supone más de 50% de los impuestos locales, es el más alto de España, con una media de 439 euros año un 40% por encima de la media nacional, y casi tres veces que Bilbao o Vitoria, que dado el robo del cupo vasco y de los IVAs no devueltos les permite vivir a costa del resto de los españoles y tener la mayor renta.

El PP advirtió el viernes de que movilizará a los españoles en defensa de la democracia y la libertad ante la deriva totalitaria del Gobierno, así que a ver si es verdad porque Sánchez está decidido a seguir el camino de Maduro pero mucho peor: no está dispuesto a defender ni la unidad de España ni nuestra soberanía donde acaba de dejar vendidos a quienes defienden al Estado - al juez Llarena y al Supremo - ante los belgas, para satisfacer a quienes quieren destruir a ese Estado, algo jamás visto en una democracia. Y en cuanto a Rivera, que junto con Rajoy regaló el gobierno a Sánchez, está desparecido.

Solo una guía divina que imbuyera a todos de sentido común y que se dieran cuenta que esto solo nos lleva al desastre, podía evitar el que este se materialice. Pero con la más baja calidad de políticos de Europa ('Der Spigel') y de toda nuestra historia, eso no va a suceder. Mientras tanto la economía continúa desacelerándose, las exportaciones se estancan y el desequilibrio exterior empeora hasta lo insostenible. El déficit comercial ascendió a 14.500 millones de euros en el primer semestre, un 31,5% de aumento; los ingresos por turismo que aumentaron un 12,4% en 2.017 apenas crecerán este año y el déficit público superará el 3% del PIB este año, mientras que el BCE comprador de la mayor parte de nuestra deuda hoy dejará de hacerlo en 4 meses.

(1). Duplicidades entre AAPP, 34.000 millones. Empresas públicas y organismos inútiles, 15.000 millones. Cupo vasco-navarro e IVAs no devueltos, 13.000 millones.
Desastrosa gestión Sanidad y Educación y miles de enchufados por políticos y sindicalistas, 15.000 millones.
Exceso sueldos funcionarios autonómicos y locales vs. funcionarios Estado, 20.000 millones.
Más coches oficiales que EEUU, mas asesores que no asesoran que ningún otro país , etc, 3.000.

Cataluña, de mal en peor
EDITORIAL  Libertad Digital 27 Agosto 2018

Como era clamorosamente previsible, la situación en Cataluña no ha hecho sino empeorar desde que las fuerzas separatistas recuperaron el control de la Generalidad, que de hecho en ningún momento dejó de estar en sus manos, ya que el nefasto Rajoy jamás superó su proverbial cobardía dontancredista y aplicó el artículo 155 de la Constitución de la peor de las maneras posibles, es decir, vaciándolo de contenido y dando así alas a los golpistas, a quienes en todo momento se transmitió la idea de que no había intención de hacerles pagar por sus fechorías liberticidas.

La Cataluña presidida por el descalificable supremacista Quim Torra es una sociedad sometida a la dictadura del miedo nacionalista, con las calles tomadas por despreciables bandas batasunoides que empuercan el espacio público con el bilioso amarillo golpista y unos indignos Mozos de Escuadra devenidos en policía política que, lejos de proteger a las víctimas del fanatismo separatista, las acosa y amedrenta.

Este estado de cosas es ominosamente intolerable. Jamás debió entregarse el poder a Torra y su banda. Jamás debió aplicarse el artículo 155 de la manera en que se aplicó, inicua por inocua. Jamás se debió consentir que las cruciales palabras del Rey a los catalanes víctimas del odio nacionalista, "No estáis solos", cayeran en saco roto.

El Gobierno debería proceder a la intervención inmediata de la Generalidad y combatir con todas las herramientas que la Ley pone a su disposición a los golpistas que están devastando Cataluña. Pero, por desgracia, no lo hará. Por desgracia, Pedro Sánchez tiene toda la intención de ser aún peor que Mariano Rajoy, porque de hecho es aún más cobarde que él y tiene aún menos escrúpulos, no en vano es presidente del Gobierno por obra y gracia de los propios golpistas, de los neocomunistas que sin dudarlo transformarían cuanto antes España en la Venezuela de su admirado asesino Nicolás Maduro y de los voceros de la banda terrorista ETA.

Que nadie se llame a engaño: nada bueno cabe esperar de lo peor. Dejarse engañar es ya no sólo cobardía sino complicidad.

Los caballos de Troya de la España democrática
Pedro de Tena  Libertad Digital 27 Agosto 2018

No necesitamos a ningún Homero contemporáneo para comprender que en la España de hoy se han instalado dos caballos de Troya. En la ciudad de La Ilíada también hubo dos. Uno, el de madera, el ingenioso invento del taimado Ulises, que introdujo el fin de la historia en la vieja fortaleza de Ilión, hasta entonces inexpugnable. El segundo, el desconocimiento del adversario, ignorancia letal que condujo a introducir en el corazón de la acrópolis troyana al caballo exterminador, cuya construcción y significado no supieron interpretar. De las tres decisiones que se barajaron, se eligió la peor. Las dos primeras conllevaban la destrucción del caballo y la última, la que se prefirió, conservarlo en la ciudad, con el trágico desenlace ya conocido.

El proceso de la reconciliación española, que consumó la Transición de la mano de la Monarquía y Adolfo Suárez, fue iniciado mucho antes. Incluso el PCE de Santiago Carrillo y la Pasionaria, en junio de 1956, en su muy poco leída Declaración por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español, puso su granito de arena para lograr ese objetivo, aun cuando la muerte de Stalin les impelía a un cambio interesado de estrategia.

Aquella reconciliación, palabra usada en el texto del PCE de hace 62 años nada menos que 24 veces, se consideraba la única opción para la convivencia nacional: "Fuera de la reconciliación nacional no hay más camino que el de la violencia"; y se añadía: "Crece en España una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos. Y no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte". Es más, definía que "la pasada guerra civil deja de ser la línea divisoria entre los españoles, y en primer plano, aparecen ante éstos los problemas de la libertad, de la soberanía nacional y del desarrollo económico del país".

Pero la reconciliación, que parecía consolidada tras dos generaciones democráticas, cuenta ahora con dos caballos de Troya, siempre dos y esencialmente los mismos. Uno, la herencia de una izquierda incapaz de reflexionar sobre sus fundamentos teóricos y su comportamiento histórico y, por ello, insensible para pedir perdón por sus desmanes pasados, que llevaron a Machado a escribir su

Españolito que vienes
al mundo te guarde Dios.
Una de las dos Españas,
ha de helarte el corazón.

Lean bien, porque eran dos las que helaban, no una sola.

La alianza de algunas elites socialistas-separatistas-podemitas es el principal mecanismo estratégico con voluntad de acabar con la democracia española de 1978 instalada en un artilugio legal y constitucional que permite que con solo 84 escaños, sin programa de gobierno conocido, por la vía del decreto-ley y mediante procedimientos desnaturalizados como una moción de censura usada falsamente para convocar elecciones urgentes, se esté gobernando de hecho desde un sectarismo desconocido desde la infernal etapa de Zapatero, hoy cómplice del Gobierno de Maduro e inspirador del actual estado de cosas.

Pero hay otro caballo de Troya: los demócratas sinceros. Ni siquiera dentro del PSOE, ni del comunismo tradicional que aún queda, ni en el centroderecha ni en ninguna parte de los defensores de una democracia reconciliada hay iniciativas que conduzcan a impedir el desastre que se avecina. Aquí estamos, ante la trampa, debatiendo qué hacer mientras en el seno del artilugio totalitario se afilan las espadas. Los troyanos tomaron la peor decisión. A ver nosotros.

Gerifaltes de germanía
Amando de Miguel  Libertad Digital 27 Agosto 2018

¿A quién se le ocurre montar el tenebroso número de sacar la momia de Franco de su tumba? Al que asó la manteca. La única explicación de tamaño disparate es que, con tal añagaza, se mantiene entretenido al personal para que no se percate de lo que le viene encima. La sectaria decisión del presidente de Gobierno como profanador de tumbas es la del nieto de un general que entró con Franco en marzo de 1939 para "liberar" a Madrid. Es lo que se llama amnesia histórica. Sería del mayor interés que se investigara la progenie ideológica de los abuelos de los actuales mandamases.

Lo de desenterrar (ahora dicen "exhumar") a Franco no es nada si lo comparamos con la coherente decisión de dinamitar la cruz más grandiosa del mundo, la que se alza en el Valle de los Caídos. La hazaña la ha propuesto un tal Aitor, un jelkide del Partido Nacionalista Vasco. Si Sabino Arana levantara la cabeza no se lo creería. Su partido fue siempre el de los meapilas de las Vascongadas.

Todo lo anterior no es más que un indicio para el intento de desamortizar (una vez más) las propiedades de la Iglesia católica. Excelente bocado para hacer olvidar el alza de los impuestos, o mejor, tributos. Podría manejarse como amenaza para evitar que la Iglesia se opusiera a los devaneos autoritarios del régimen. El presidente Sánchez se coloca muy gustoso las ínfulas del atuendo de los dictadores.

Poco a poco, el régimen español se va pareciendo cada vez más al de Venezuela. Gobierna nominalmente el Partido Socialista, pero va del bracete ideológico con los populistas de Podemos, ayudados por los hoplitas de los nacionalistas vascos y catalanes. Resulta indicativo que, ante la hecatombe venezolana, el Gobierno de Sánchez no haya dicho esta boca es mía. Más llamativo aún es el estruendoso silencio de los chicos de Podemos, amamantados en su día por la munificencia de la revolución chavista y luego madurista. Podrían mostrarse un poco más agradecidos con sus mentores.

La comparación del régimen español actual con la tiranía venezolana podría parecer un tanto estrambótica. Pero da mala espina esa querencia de nuestro apolíneo presidente del Gobierno por gobernar a golpe de decreto e intentar suprimir el control del Senado sobre sus decisiones. Peor indicio es haber dejado la Televisión Española en manos de los esbirros de Podemos.

Todos esos males los aguantan los españoles con estólida indiferencia. Bastante tienen con el fútbol. Se han resignado a la teoría de que el poder político es un instrumento maravilloso para que los más aguerridos que llegan a la cumbre se lo pasen por el forro de sus caprichos. Quiero decir que van a utilizar los resortes del poder para enriquecerse y hacer favores a sus amigos. Una definición así la despliega maravillosamente el régimen de Maduro en Venezuela, bajo el asombrado retrato de Bolívar.

La culpa principal de los desmanes descritos reside en la anquilosada organización de los partidos políticos españoles; han dejado de ser instrumentos para seleccionar a los servidores públicos. Da la impresión de que lo único que les interesa es participar de los privilegios del poder. Todo lo cual lleva a la inevitable ley de hierro de la política en España. Consiste en aumentar el gasto público todo lo posible con el consiguiente latrocinio de los crecientes impuestos.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

El Estado desertor
LUIS MIGUEL FUENTES El Mundo 27 Agosto 2018

No fue en Cataluña, sino en un bar de Cádiz, bajo la foto de Serrat jovencísimo, como un chico que caza pájaros en el Poble Sec. Allí, el independentista catalán me decía que lo suyo no se definía en lo étnico o lo congénito, sino en la adhesión a la causa (conversión o muerte civil, pensé). Su fuerza estaba en eso y en que en muchos lugares de Cataluña España ya no existía. O sea, ya habían ganado, así, sólo con reclutas y vacas.

Cataluña es más que sus Sacromontes de payeses, pero el Estado no puede desaparecer como entre meandros amazónicos, no puede tener por ahí agujeros, barbechos ni deserciones. Y, sin embargo, el Estado ha ido desertando de Cataluña, sustituido por asambleas de cayados, príncipes de la pela o brigadas con matasuegras y martillos. No ha sido por el espejito mágico de Sánchez, la pachorra de Rajoy o la sonrisa de helio de ZP: ha ocurrido desde el comienzo de la democracia. El Estado daba pasitos hacia atrás en Cataluña, y la lengua, la educación, los medios, las fuerzas de seguridad e incluso los estancos se disponían para servir a la ortodoxia. Hasta que nos hemos encontrado con esto, con que en Cataluña la ley no existe o inventan la suya cada mañana sus barrenderos municipales, sus lecheros espías o su policía política y moral.

Los árboles y las fuentes se llenan de lazos amarillos como de ridículos patos de goma. Éstas y otras monas pintadas, sagradas como falos orientales, han terminado por expulsar al Estado con una marejada de basura. Y sirven para detectar al disidente, desamparado. A ver cómo defendemos ahora el espacio público, ya sea una rotonda con vendimiador o un parlamento con musas de tapiz. Y no sólo porque el Estado dimita en Cataluña, sino por nuestra propia cultura de lo público. Hemos dejado que el espacio público desaparezca. En realidad no nos importa lo público, nos importa lo nuestro, así que el espacio común ha ido sustituyéndose por la posibilidad, el hueco, el turno para colocarle lo nuestro a los demás como unos pies en la cara. Desde esos ayuntamientos como maceteros republicanos al crucifijo en el aula o el Ejército sacando Cristos como quemados en un incendio de flores. Iba a decir que nos falta una ley efectiva sobre el uso de los espacios públicos y el civismo como una laicidad que englobe toda ideología. Pero cualquier ley es inútil si el Estado decide fugarse para que cada molinero pueda tener su paisito y el Gobierno, una legislatura vistosa.

Vocación de trascendencia
Para resultar «trascendente» de veras, Sánchez necesita ganar unas elecciones que le otorguen legitimidad completa
Ignacio Camacho ABC  27 Agosto 2018

Que no cunda por ahora el pánico. Esa Agenda 2030 de la que Sánchez ha hablado a sus ministros no es todavía la suya sino el programa de la ONU a medio plazo. Un programa para el que por cierto creó, nada más llegar a La Moncloa, un Alto Comisariado con su correspondiente oficina, sus asesores y sus funcionarios. Pero al menos en público no se ha fijado aún la meta de estar en el poder hasta ese año, por más que ese espíritu «de trascendencia» con que arenga a su equipo indica una clara voluntad de perpetuarse en el cargo. Es posible que ni siquiera él mismo sepa con certeza cuánto va a durar este mandato. Con socios tan poco fiables como los que se ha buscado, lo más razonable parece pensar en corto e ir paso a paso; el siguiente objetivo es comer turrón en palacio, y que sus asesores le preparen una escenografía navideña al estilo de Obama iluminando el árbol. Más allá de eso le conviene hacer pocos planes porque los puede cargar el diablo.

Dure lo que dure la legislatura, y aunque disfrute del mando con esa delectación tan manifiesta, el presidente no podrá quitarse el estigma de haber alcanzado la cúspide por la puerta trasera. Sin ser un usurpador, porque la moción de censura es un mecanismo de constitucionalidad plena, hasta que convoque elecciones y las gane no gozará de legitimidad completa. Ese pecado original sólo lo puede limpiar con una victoria que le borre la marca de perdedor y otorgue a su liderazgo carta de naturaleza. No cabe duda de que desde el Gobierno la tiene más cerca; lleva la iniciativa en el debate, los focos mediáticos alumbran su cabeza y dispone de la prerrogativa de repartir recursos entre la clientela. Por eso en apenas tres meses se ha puesto -aunque a cierta derecha le moleste oírlo-por delante en las encuestas. En todas, con mayor o menor diferencia, aunque sólo la del CIS le concede una prima de ventaja graciosamente atribuida por su sociólogo de cabecera.

De ahí que la decisión sobre el momento adecuado para hacer caja en las urnas constituya su gran prueba estratégica. La que le puede convertir en Pedro el Breve o atornillarlo en la presidencia. Hay precedentes de ilustres colegas que por confiar en los sondeos adelantaron los comicios y acabaron en la cuneta, aunque también de quienes se acomodaron en el disfrute de las prebendas hasta que se las birlaron mientras dormían la siesta. He ahí el dilema. Por lógica, mientras más se apalanque más se le verá el cartón a su inestabilidad aventurera y más difícil le resultará sostenerse a base de piruetas.

Cosa distinta es lo de la trascendencia. Convoque pronto o tarde, gane o pierda, para trascender no basta con instalarse en una poltrona e ir soltando ocurrencias pasajeras. Se necesita una política de luces largas que consolide prestigio, respeto e influencia. Y a ser posible, de vez en cuando, proyectos de futuro y alguna idea.

Convocan una gran manifestación el 9 de septiembre en Barcelona para exigir a Sánchez que convoque elecciones
El próximo 9 de septiembre se celebrará una gran manifestación en Barcelona con el lema “Recuperemos la dignidad” que pedirá elecciones generales.
Libertad Digital 27 Agosto 2018

Ciudadanos independientes, partidos políticos, asociaciones culturales, vecinales y hasta deportivas, están respondiendo a la convocatoria del empresario José Manuel Opazo y se reunirán el próximo nueve de septiembre en una gran manifestación que recorrerá las calles de Barcelona con el lema "Recuperemos la dignidad".

La convocatoria pretende ser un llamamiento a "los que amamos España", contra el separatismo, por "la memoria de las víctimas de los terroristas" y para decirle a Pedro Sánchez que los españoles "no aceptamos que ningún Presidente del Gobierno se apoye en los votos de radicales, separatistas y simpatizantes de terroristas para mantenerse en el poder".

Los convocantes han publicado un manifiesto en el que explican que su marcha no es una cuestión "de ideologías, ni de odios, ni de enfrentamientos, sino de mantener unido, en hermandad y con espíritu constructivo el país que nuestros padres nos dejaron y que habrá de ser de nuestros hijos".

El texto dice que no se puede entregar el país "a los que lo quieren destruir solo por un puñado de votos o solo para tener su pequeño país a su capricho", por lo que exige la convocatoria de elecciones "porque España es nuestra, de 46 millones de personas, no de una, ni de un grupito".

"Ya va siendo hora de que les digamos a nuestros políticos lo que queremos y esperamos de ellos y que no les vamos a permitir que rompan lo que es nuestro y que nos ha costado tanto esfuerzo construir", sigue el texto, que concluye con un llamamiento claro: "¡Pongamos entre todos a España en el lugar que se merece y que es el que nuestros hijos nos reclamarán mañana!" y una advertencia igualmente clara: "¡España no es botín de terroristas ni separatistas!".

La manifestación partirá de la Avenida Paralelo, frente al teatro El Molino a las 12 de la mañana del domingo día 9, desde ahí avanzará por esta misma avenida hasta Plaza de España y allí girará para entrar en la avenida Reina María Cristina. El escenario estará en la calzada central frente al Auditorio Nacional, o sea, un poco más abajo de la avenida Rius y Taulet.

Diversos grupos de voluntarios llevan varias semanas publicitando la convocatoria, especialmente en puentes sobre las principales autopistas de Cataluña, lo que la pasada semana llevó ya a algunos momentos de tensión con separatistas.

ABANDONO DEL JUEZ LLARENA
VOX se querella contra Justicia por prevaricación y negación de auxilio
La Gaceta  27 Agosto 2018

El partido presidido por Santiago Abascal considera que la ministra de Justicia ha incurrido en los delitos de prevaricación y denegación de auxilio por negarse a defender a Llarena.

Acosado por la presión, el Gobierno anunciaba este domingo su intención de defender al juez Pablo Llarena en el proceso que contra él ha abierto el expresidente Carles Puigdemont. Sin emnargo, el Ministerio de Justicia parece seguir instalado en el abandono, motivo por el que VOX presentaba una querella contra la ministra de Justicia.

La querella, presentada este domingo la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se dirige contra la ministra de Justicia Dolores Delgado “por prevaricación (artículo 404 del Código Penal) y por denegación de auxilio (artículo 412, apartados 1, del Código Penal) por negarse a defender al magistrado Pablo Llarena tras una demanda civil interpuestas por el golpista fugado de la Justicia Carles Puigdemont ante la justicia belga, a tenor de la propia nota de prensa del Ministerio de Justicia del pasado jueves y la comparecencia de la vicepresidenta Carmen Calvo del pasado viernes que afirmaron que no defenderían al Magistrado por sus declaraciones en las II Jornadas sobre delitos económicos y responsabilidad penal de las empresas celebradas en Oviedo, objeto de la demanda de Puigdemont, y que no han sido rectificadas posteriormente por ningún miembro del Gobierno”.

“En la querella -explica VOX- se afirma que el Gobierno debe asumir la defensa del Magistrado a través de los Servicios Jurídicos del Estado argumentando que, con fecha del 13 de mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia suscribieron un convenio de colaboración con amparo en lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas (Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio) que establece que “los Abogados del Estado podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y empleados del Estado, sus Organismos Públicos y Órganos Constitucionales, cualquiera que sea su posición procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el cargo”.

En dicho convenio además se establece en su cláusula segunda que “el Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, prestará asistencia letrada en juicio a los Jueces y Magistrados, en los términos, con los requisitos y siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 46 a 49 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, así como en las restantes disposiciones legales o reglamentarias aplicables a esta función desempeñada por los Abogados del Estado”.

Por otro lado, en la querella se explica que en afirmaciones realizadas por Llarena el pasado 22 de febrero de 2018 en las jornadas de Oviedo, objeto de la demanda presentada por Puigdemont, no se expresó una valoración diferente de la que ya constaban en las distintas resoluciones judiciales dictadas tanto por él mismo como por la Audiencia Nacional previamente, y que eran conocidas a través de las propias notas de prensa del Alto Tribunal como de las noticias publicadas en prensa, y que por tanto no eran más que mera reproducción, con las mismas o distintas palabras, de lo expresado anteriormente por resolución judicial –y por tanto, en el ejercicio de su función jurisdiccional-.

Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de VOX, ha afirmado, tras presentar la querella, que: “Con esta querella demostramos, una vez más, que donde no está dispuesto a llegar el Gobierno de España para amparar a aquellos ciudadanos que defienden la libertad, la Constitución y la unidad de España, estará siempre VOX, fiel a su compromiso con los españoles”.

DURAS CRÍTICAS AL GOBIERNO
Alternativa Sindical de Policía: ‘Todos somos el juez Llarena’
La Gaceta  27 Agosto 2018

La Alternativa Sindical de Policia (ASP) ha enviado un comunicado este lunes en el que denuncia el desamparo globalizado, no sólo de los jueces, sino también de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, ante el desafío separatista.

“Reza el artículo 472 del Código Penal de la siguiente manera: Son reos, entre otros, del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

Así comienza el comunicado enviado este lunes por la ASP, que hace un repaso por la situación que vive España con motivo del desafío separatista y en el que denuncia, además, el desamparo del cuerpo policial por parte del Gobierno de la nación.

“La orden europea de detención y entrega, o euroorden, es una resolución judicial emitida por un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada o bien para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad. Sustituye a la tradicional extradición sobre la base de prescindir de la intervención de la autoridad política, permitiendo que la persecución internacional de los delitos tenga lugar directamente entre autoridades judiciales. El Gobierno de cada país intervendrá única y exclusivamente para prestar apoyo técnico, en especial para procurar la traducción de la Orden de Detención al idioma del país en el que deba ser ejecutada.

El artículo 117 CE, en su párrafo 3, dispone que el ejercicio de la potestad jurisdiccional “corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales” (no a los Jueces y Magistrados), mientras que, el artículo 118 CE habla de la obligación de cumplir las resoluciones firmes de los ‘Jueces y Tribunales'”.

Los incumplimientos de Cataluña
A continuación, el comunicado de ASP hace un repaso por los desafíos legales del separatismo catalán:

“En reiteradas ocasiones el Gobierno Autónomo de Cataluña ha incumplido lo dispuesto en el artículo 118 de la Carta Magna; y así con fecha del día 01 de octubre de 2017, llevó a cabo la proclamación unilateral de la Independencia de Cataluña del resto del Estado Español; por tanto, todos sus miembros cometieron el delito de rebelión; mal que le pese a algunos llamar “presuntos delincuentes a políticos que vulneran el ordenamiento constitucional”.

El juez Pablo Llarena Conde, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no hizo sino cumplir con su mandato constitucional de llevar a cabo las actuaciones judiciales tendentes a esclarecer unos hechos que, tras las pruebas aportadas, constituyeron delito de rebelión, por lo que ordenó el ingreso en prisión de los políticos rebeldes y proclives a la confrontación con el resto de la sociedad española, con su declaración de independencia de España.

Algunos “cobardes” huyeron como ratas que huyen de barco que se hunde y buscaron amparo ante órganos judiciales “incompetentes” en materia que ocupa en la comisión del delito de extrema gravedad llevado a cabo por ellos.

Dichos tribunales, más proclives al amparo del delincuente que en defender los derechos y libertades, y el ordenamiento jurídico y constitucional de un Estado Europeo, se ve que no entienden el significado de “euroorden”; es decir puesta a disposición de los tribunales reclamantes del delincuente huido de la justicia de un país y que se refugia en otro país. Nadie les ha pedido la opinión a unos jueces de tres al cuarto, de patio de recreo, de un determinado territorio, para que juzguen un delito cometido allende sus fronteras. Ello pone de manifiesto que la Unión Europea hace agua por todos sitios y se anhela volver a ostentar la soberanía que merece el pueblo Español y el respeto debido a sus órganos constitucionales y del que todos nos dotamos allá por el año 1978, mediante la Carta Magna. “Quien la hace la paga”, ha de ser la máxima de toda actuación; con el debido respeto a los derechos fundamentales, evidentemente.

Esos mismos derechos que amparan a unos delincuentes, y ponen en tela de juicio la actuación de un profesional de la magistratura; a quien abandona hasta su propio gobierno, al no solicitar amparo del mismo, para que tenga que declarar antes unos jueces que no se merecen sino el menosprecio de la sociedad española en su conjunto.

Pero votos mandan para ostentar el poder ganado fuera del proceso lógico de la urnas; y por tanto hay que contentar a parlamentos que abogan por criminalizar a policías y guardias civiles y congratularse con independentistas, que no hacen sino adoctrinamiento de su ideología que, cuanto menos raya la ilegalidad, al estar presionando al conjunto de ciudadanos de un determinado territorio que no piensan como ellos; sometiéndolos a escarnios, a escraches y cuantas otras tantas aberraciones les permita un determinado gobierno, más proclive a romper las estructuras del estado español que a hacer cumplir las leyes y ejercer su mandato acorde a las normas legales de las que todos nos hemos dotado. (…) Nunca antes un poder ejecutivo ha defraudado tanto a una sociedad en su conjunto que aboga por la convivencia pacífica, por el cumplimiento de la ley, y el amparo ante los órganos judiciales; claro que en cierto modo es comprensible, si lo que se desea es incumplir sistemáticamente la palabra dada de convocar elecciones, de hacer más justa la sociedad española, a cambio de mantenerse un poquito más en el poder. Nunca antes las mieles del “triunfo” supieron a gloria cuando se hace abuso de un poder no legitimado por las urnas.

Todos, en cierto modo somos Pablo Llanera, porque todos en cierto modo estamos desamparados por el gobierno de España”, concluye el comunicado de la ASP.

LA FAMILIA, INDIGNADA
La exhumación de Franco, ‘revanchismo retrospectivo sin precedentes’
La Gaceta   27 Agosto 2018

La familia de Francisco Franco ha advertido de que agotará los recursos legales a su alcance para impedir la exhumación en el Valle de los Caídos de los restos mortales de Francisco Franco, cuyo traslado ampara un real decreto publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El BOE publica este sábado el real decreto, aprobado en el último Consejo de Ministros y que permitirá exhumar al dictador al puntualizar que a partir de ahora el Valle de los Caídos será un “lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas” de la Guerra Civil donde “solo podrán yacer los restos mortales” de los fallecidos en la contienda.

El texto, que entra en vigor este domingo y modifica la Ley de Memoria Histórica de 2007, declara “de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales” del dictador.

Esta decisión, según el real decreto, reúne los requisitos constitucionales de “extraordinaria y urgente necesidad” que habilitan al Gobierno de tomarla mediante real decreto, con la que se cumple una proposición no de ley del año pasado y los “reiterados requerimientos” de Naciones Unidas sobre este asunto.

“La presencia en el recinto de los restos mortales de Francisco Franco dificulta el cumplimiento efectivo del mandato legal de no exaltación del franquismo y el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda”, argumenta el texto.

El procedimiento que rige el real decreto establece una caducidad de doce meses a contar desde el inicio de los trámites a través de un acuerdo de incoación que adoptará el Consejo de Ministros el próximo viernes.

Sin colaboración de la familia
Dicho acuerdo designará un órgano instructor y dará 15 días a los interesados para que puedan personarse y presentar las alegaciones, así como a comunicar el destino que deseen para los restos mortales de Franco.

Para ello, el Ejecutivo podrá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento en el que vaya a efectuarse la inhumación.

De existir “discrepancia entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura”.

Tras la publicación del real decreto, los nietos de Franco han emitido un comunicado en el que señalan que “bajo ningún concepto” colaborarán “activa o pasivamente” en la decisión del Gobierno.

Y añaden que se reservan la opción de agotar “todos los recursos legales” a su alcance, sin descartar ninguna otra acción legal que garantice sus derechos como “únicos legitimados para decidir el destino de los restos mortales” de su abuelo.

En ese sentido, la familia expresa su “confianza en los tribunales de justicia y en la legalidad vigente”, desde su punto de vista “gravemente vulnerada” por el texto legal aprobado ayer, y “muy especialmente en la Comunidad Benedictina que tiene encomendada la custodia de los restos”.

Los familiares recuerdan que dicha orden “ha manifestado que no accederá a ninguna exhumación en contra de la familia del difunto”, por lo que esperan que el Gobierno “no podrá culminar su propósito de vejar los mismos en un acto de revanchismo retrospectivo sin precedentes en el mundo civilizado”.

“Sin perjuicio de lo anterior, no permitiremos jamás que el Gobierno disponga de los restos de nuestro abuelo en la forma que tenga por conveniente, por lo que, si se produjera una exhumación de los mismos en contra de nuestra voluntad, exigiremos que se nos haga entrega de los mismos para proceder a darles cristiana sepultura”, concluye la nota.

En una entrevista, uno de los nietos del dictador, Francis Franco, descartó la hipótesis de trasladar los restos a El Pardo, donde ya fue enterrada su abuela Carmen Polo, aduciendo motivos de seguridad.

El real decreto ha cosechado las críticas de Ciudadanos e Izquierda Unida.

El primer partido ha considerado que no se dan las “circunstancias formales” para utilizar el real decreto ya que la exhumación “se podría haber previsto” en 40 años, y pide una fórmula “más adecuada” para llevar a cabo la exhumación con “consenso”.

Por su parte, Izquierda Unida (IU) ha considerado insuficiente el texto y ha pedido que se retire igualmente el cuerpo del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera y se convierta el complejo en un memorial dedicado a las víctimas de la dictadura.

El PSOE, por su parte, ha acusado al PP de utilizar “algaradas y cortinas de humo” sobre la exhumación para que “se deje de hablar de la corrupción en su partido”.

En declaraciones a Efe, el presidente de la Fundación Franco, Juan Chicharro, ha opinado que la intención del Gobierno de exhumar a Franco es sólo el principio: “Después vendrá la demolición de la gran cruz y la expulsión de los benedictinos para convertirlo, finalmente, en un parque temático”.

Puede leer aquí el comunicado íntegro de la Familia Martinez-Bordiú Franco:

“Ante la confusión creada por la tergiversación que algunos medios de comunicación han hecho de las declaraciones efectuadas por miembros de nuestra familia, nos vemos obligados, al objeto de evitar cualquier malentendido, a hacer las siguientes manifestaciones:

Primero: Bajo ningún concepto la familia MARTINEZ-BORDIU FRANCO colaborará activa o pasivamente con la inicua pretensión del Gobierno plasmada en el Real Decreto Ley aprobado ayer, reiterando por consiguiente nuestra más firme y unánime oposición a cualquier exhumación traslado de los restos de nuestro abuelo, D. Francisco Franco Bahamonde.

Segundo: en coherencia con lo anterior, en nuestra condición de interesados en el expediente de exhumación que se incoará mediante acuerdo del Consejo de Ministros del próximo viernes, haremos pública nuestra oposición agotando todos los recursos legales que están a nuestro alcance sin descartar cualesquiera otras acciones legales para impedir que se vulneren nuestros legítimos derechos en cuanto únicos legitimados para decidir el destino de los restos mortales de nuestro abuelo.

Tercero: Reafirmamos nuestra confianza en los tribunales de justicia y en la legalidad vigente -gravemente vulnerada por el Real Decretó Ley aprobado-así como, muy especialmente, en la Comunidad Benedictina que tiene encomendada la custodia de los restos de nuestro abuelo y ha manifestado que no accederá a ninguna exhumación en contra de la familia del difunto, por lo que esperamos que el gobierno no podrá culminar su propósito de vejar los mismos en un acto de revanchismo retrospectivo sin precedentes en el mundo civilizado.

Sin perjuicio de lo anterior, no permitiremos jamás que el Gobierno disponga de los restos de nuestro abuelo en la forma que tenga por conveniente, por lo que se se produjera una exhumación de los mismos en contra de nuestra voluntad, exigiremos que se nos haga entrega de los mismos para proceder a darles Cristiana sepultura como corresponde a la fe en la que vivió y murió nuestro abuelo, sin perjuicio de persistir en la defensa de los derechos que nos corresponden.

En Madrid, a 25 de agosto de 2018”

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Una traición con graves consecuencias.
Vicente A. C. M Periodista Digital 27 Agosto 2018

CARLES PUIGDEMONT Y EL RESTO DE LOS PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA POR EL GOLPE DE ESTADO SIGUEN SIENDO IMAGEN Y PARTE ACTIVA DEL DESPRESTIGIO DE ESPAÑA EN TODOS LOS FOROS.

Todo tiene que ver con la causa del proceso secesionista a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera poner límites a lo que debe o no defender de los ataques constantes de los prófugos de la Justicia Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros en su refugio seguro en países como Bélgica o Escocia. Y desde luego que la culpa de esta situación se debe sin duda a la torpeza (si pensamos bien) del Gobierno de Mariano Rajoy cuando, en un alarde de ingenuidad, se atrevió a anunciar un viernes que el lunes siguiente presentaría denuncias contra todos los responsables del Gobierno de la Generalidad, recientemente cesados por las medidas de intervención del articulo 155 de la Constitución aprobadas en el Senado con el apoyo condicionado y pacato del PSOE y de CIUDADANOS, entre otros. No les faltó tiempo a los aludidos para prepararse, reunirse y ante los futuros acontecimientos emprender una huida programada y hasta con tintes rocambolescos hacia Bélgica, país que consideraban el refugio más adecuado a sus intereses. No se preparó ni se previo ningún operativo de seguimiento, ni de impedimento de salida del territorio nacional, entre otras cosas porque aún no existía citación judicial ni orden de búsqueda y detención hasta bastantes días más tarde por incomparecencia, ya huidos.

Así que el discurso de los fugados es que la citación les viene cuando “casualmente” se encontraban pasando unos días en Bélgica y es en ese momento cuando deciden permanecer allí a la espera de acontecimientos como fue el que la juez Carmen Lamela decretase prisión provisional para el ex vicepresidente Oriol Junqueras y otros exconsejeros. Desde entonces su estrategia fue la de rechazar cualquier intento de extradición que se cursase contra ellos alegando persecución política y ahondando en el discurso de la violación de derechos fundamentales, como el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Un discurso que fue aceptado por el juez belga encargado de dar curso a la euroorden de extradición que interpuso la jueza Carmen Lamela, que luego perdería la mayor parte de la causa a favor del Tribunal Supremo y del juez Pablo Llarena.

Desde la fuga del fin de semana del 28 de octubre del 2017 ya han pasado 10 meses en los que ha habido acontecimientos relevantes que afectan a este proceso. El primero fue la celebración de unas nuevas elecciones autonómicas con la cúpula golpista encabezando candidaturas independentistas de nuevo cuño como el partido creado por Carles Puigdemont, Junts Per Catalunya en la que él fugitivo confeccionó la lista donde representantes de su antiguo partido PDeCAT fueron relegados hasta la posición 32 y donde el la encabezaba y se incluían a destacados dirigentes golpistas como Jordi Sánchez de la ANC y Jordi Cuixart de Omnium Cultural, presos por decisión de la jueza Carmen Lamela y confirmados en esa situación por el juez Pablo Llarena. El resultado fue un refrendo en escaños, que no en votos, por parte de los partidos golpistas relegando a CIUDADANOS, el partido más votado, a la oposición.

Fueron estériles los constantes intentos de los golpistas de restituir al Gobierno de la Generalidad cesado, chocando con las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo y Constitucional al negar la presencia de los presos y de los exiliados para su investidura, incluso la telemática vía video conferencia. Una dilación que fue mediáticamente usada por Carles Puigdemont designando a los sucesivos aspirantes a Presidente del Gobierno de la Generalidad en un bloqueo institucional sin precedente, hasta que se optó por un candidato que en el momento de su designación estaba a la espera de una decisión judicial sobre su implicación en el golpe de Estado. De hecho, llegó a celebrarse la primera sesión de investidura, que hubo de ser suspendida tras la entrada en prisión provisional del candidato por orden judicial. Es en ese momento cuando Carles Puigdemont acelera los pasos políticos y decide crear lo que llamó “el espacio libre de la República” fijándolo en su nueva residencia en la ciudad belga de Waterloo en un chalé de lujo. En paralelo crea el que llama "Consejo de la República y la Presidencia" en el exilio, de la que se auto nombra Presidente, y la estructura paralela al Parlamento autonómico con la "Asamblea de cargos electos". Toda una parafernalia que le procura un chiringuito ante la imposibilidad manifiesta de poder ser restituido como Presidente en el exilio. Una sede que se ha convertido en lugar común de exaltación de los golpistas y homenajes a los fugitivos. Una especie de lugar de peregrinación vergonzante.

Y ya solo quedaba designar a un candidato títere de demostrada lealtad por el proceso independentista y se decidió por un xenófobo editorialista fuertemente radicalizado, Joaquim Torra, que ha sabido mantener su papel de “chico de los recados” o el de fiel mayordomo que guarda con esmero las dependencias del Señor hasta su vuelta para que encuentre todo como estaba antes de su forzado exilio. Así que, por fin, la Generalidad tiene a un perfecto transmisor y altavoz de las ordenes que emanan desde Bélgica y que está sabiendo llevar la desobediencia a límites de la ilegalidad, pero sin traspasarla por ahora. Mucha palabrería y pocos hechos, salvo el intento de restituir las famosas embajadas clausuradas por Mariano Rajoy o el fútil intento de restablecer las leyes anuladas por el Tribunal Constitucional. Ya han pasado cien días desde que Torra fue nombrado y su labor institucional puede calificarse de inédita.

El otro acontecimiento de relevancia extrema ha sido sin duda el asalto al poder por parte de Pedro Sánchez y su PSOE, que esta vez no ha dudado en contar con el apoyo de los enemigos de España: nacionalistas y separatistas vascos del PNV y BILDU, y el de los partidos golpistas catalanes de ERC y PDeCAT (ahora mandados por JxCAT de Puigdemont) y los ultraizquierdistas bolivarianos de UNIDOS PODEMOS. Un cambio radical que apenas llevamos tres meses y que ya pone en duda la firmeza de un Gobierno de España que está incurriendo en concesiones inaceptables como pago a ese mercenario apoyo. Una de ellas ha sido la de abrir "una mesa de diálogo” con los golpistas y el xenófobo radical Joaquim Torra sin excluir ningún tema, ni siquiera el del Referéndum pactado; o la del acercamiento de los presos etarras a cárceles de El País Vasco; o lo propio con los presos del golpe de Estado acercándoles a cárceles en Cataluña. Y ahora, la falta de amparo ante los ataques contra la Justicia de España por parte de los fugitivos Carles Puigdemont y exconsejeros, en la que pretenden anular la instrucción y por tanto el auto de encausamiento y el juicio alegando falta de imparcialidad del juez Instructor Pablo Llarena.

La última decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, solo apoyada por la Asociación de jueces para la democracia, de clara tendencia izquierdista, que no progresista, deja en total indefensión al juez Llarena y, lo que es peor, pone en manos de un juez metomentodo belga nada menos que el futuro de la Instrucción y del posible juicio a los golpistas. Una clara, inexplicable e inaceptable dejación de funciones que ya critiqué profusamente en otro escrito esta semana. Porque España, su Justicia y su democracia se juega mucho en ese envite de los que no son más que delincuentes acogidos por la justicia de un país miembro de la UE que se ha pasado las euroórdenes emitidas por el Tribunal Supremo de España por “el arco del triunfo” y se ha burlado de la democracia y de la Justicia de España. Y ahora, este juez de primera instancia de un juzgado de lo civil belga puede hacer lo mismo si el Gobierno de España decide abstenerse por consideraciones tan inverosímiles como el que se trata de “declaraciones personales” emitidas por el juez. ¡Hace falta desfachatez y nulo sentido de la responsabilidad y de valorar lo que está en juego para el Estado de Derecho!

Porque los prófugos y los golpistas lo tienen suficientemente claro y no dejan oportunidad, como la que ha tenido Carles Puigdemont en su foro de debate este fin de semana en Edimburgo (Escocia). En su comparecencia ha repetido sus falaces argumentaciones y apelaciones al Derecho de los pueblos a decidir, sin que nadie de los asistentes pudiese rebatirle que mentía con toda la desfachatez del mundo. Entre las “perlas” de este miserable delincuente está cuando dice que “Nunca suspendería la declaración de independencia del 1 de octubre” y que “el caso catalán puede ayudar a otros a resolver su problema de autodeterminación”. Y eso además de decir que en España se producen violaciones de derechos fundamentales y demás verborrea victimista y envenenada.

Pedro Sánchez y su Ejecutivo van a llevar a un camino sin salida todo el trabajo de instrucción y de enjuiciamiento, porque que nadie dude que Carles Puigdemont hará un uso torticero de la demanda presentada contra el juez Pablo Llarena, en caso de producirse una condena (que de simbólica no tiene nada a pesar de solicitar 1 euro por demandante) y que justificará que el conjunto de la Instrucción y actos posteriores quedarían anulados por haber existido falta de parcialidad avalada por la condena de un juez belga en primera instancia. Así que es imprescindible el que sea la Abogacía del Estado por un lado la que tome las riendas de este lacerante caso de fraude de ley aprovechando otras instancias internacionales no precisamente proclives a admitir las razones de la Justicia de España, con claros prejuicios. De no hacerlo, Pedro Sánchez y su Gobierno estarán siendo cómplices de este fraude de ley. por otro lado, sería conveniente comenzar de inmediato una campaña de desprestigio de los fugados, así como exponer a la UE una posición de fuerza frente a estos comportamientos inaceptables de otros países miembros respecto a la clara injerencia de sus Justicias.

Quedan pocos días para que el juez belga siga adelante con la resolución de su demanda civil con y sin la presencia del juez o de sus representantes legales y dicte sentencia. Así que urge tomarse este asunto sin adoptar posiciones equidistantes totalmente inapropiadas e inaceptables en un asunto de esta gravedad para el prestigio de España, de su Justicia y de la democracia. EL PSOE debe abandonar posiciones sectarias y personalistas y asumir la defensa del Estado de Derecho, en el que el juez Pablo Llarena es ahora una pieza fundamental. Si cae él, caerá toda la credibilidad del Sistema judicial.

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

El apaciguamiento con Torra no sirve
 La Razon 27 Agosto 2018

La estrategia apaciguadora de Pedro Sánchez con el separatismo catalán, forzada por la necesidad de contar con los votos nacionalistas para mantenerse en el Gobierno, no parece que esté cumpliendo el objetivo de propiciar la vuelta a la responsabilidad institucional de las autoridades autonómicas catalanas. Todo lo contrario, desde la Generalitat y sus organizaciones afines se mantiene el discurso rupturista y amenazante de siempre, con un problema añadido: que la violencia verbal explícita de muchos representantes del independentismo que desempeñan cargos públicos está llegando a las calles de los pueblos y ciudades de Cataluña, donde, cada vez más, menudean los enfrentamientos entre ciudadanos de a pie de distintas posiciones políticas. Es, entre otras cosas, la batalla por los lazos amarillos que ya ha provocado altercados y agresiones –como la que sufrió una española de origen ruso en el parque barcelonés de la Ciudadela, a la que un energúmeno nacionalista le fracturó la nariz–, y en la que las policías autonómicas y municipales catalanas están actuando con una parcialidad alarmante ante la pasividad inexplicable de la nueva delegada del Gobierno.

La situación tiene todos los visos de ir a peor este próximo otoño a tenor de los movimientos que preparan los cuadros extremistas de los CDR («Comités de Defensa de la República») que deben dar contenido insurreccional a la anunciada reactivación del proceso soberanista por parte de la Generalitat de Cataluña. Los informes recogidos por LA RAZÓN advierten de que los CDR preparan ocupaciones permanentes de ayuntamientos y otras sedes institucionales en el marco de la celebración de la Diada y del primer aniversario de la proclamación de la república por el ex presidente fugado Carles Puigdemont, además de intensificar su presencia en las calles. Aunque detrás de estos movimientos se detecta con facilidad la maniobra política de Puigdemont y del actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, para hacerse con la dirección única del separatismo catalán y debilitar las posiciones de ERC –no se cuenta con el PDeCat tras la defenestración de Marta Pascal– el Gobierno de la nación no debería despreciar el potencial desestabilizador de unos individuos que consideran cómplices del Estado a los actuales partidos independentistas catalanes, incluidas las CUP, y que declaran por escrito su voluntad de quemar las calles tras las celebraciones del 11 de septiembre, que este año se prevén menos multitudinarias que en momentos anteriores.

Si bien el Gobierno de Pedro Sánchez tiene los instrumentos suficientes, incluso sin recurrir a la vía judicial, para atajar esta estrategia de la tensión, que sólo entiende la oferta de diálogo como una vía más para el reconocimiento del derecho de autodeterminación, como ayer insistía desde Escocia Carles Puigdemont, no parece que tenga la necesaria voluntad política para aplicarlos. Una vez más, los catalanes no independentistas, que son la mayoría, comprueban la clamorosa ausencia del Estado en el Principado, mientras el separatismo aparenta omnipresencia en las calles a golpe de lazos amarillos colocados con el apoyo de los consistorios. De ahí que hayamos de insistir en que sólo la reconstrucción del consenso constitucionalista que hizo posible la derrota separatista y mantuvo la institucionalidad en la región, con la aplicación del artículo 155 , proporciona garantías frente a la reactivación del proceso separatista que prepara la Generalitat para este otoño, que se presume, y es de temer, caliente.

Camino al enfrentamiento
Rocío Esteban. Madrid. La Razon 27 Agosto 2018

El color amarillo se ha convertido en el sujeto aliado del independentismo, y hoy lejos de precipitar una solución pacífica al desafío soberanista ha enrevesado el conflicto del llamado encaje de Cataluña dentro de España. El independentismo ha abrazado la simbología de los lazos amarillos como bandera de protesta por el encarcelamiento de los principales líderes responsables del 1-O. La consecuencia inmediata de los simbolismos separatistas ya está aquí: una preocupante disputa entre la sociedad catalana en las calle por la colocación de los lazos representativos de la lucha por la autodeterminación y en contra del marco normativo.

Ante la gravedad de estos últimos acontecimientos, después de que el sábado una mujer fuera agredida mientras retiraba lazos amarillos en Barcelona, LA RAZÓN ha consultado a varios expertos y líderes catalanes acerca de la situación y consecuencias de división por la puesta y retirada de lazos. La catedrática en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona Teresa Freixes advierte de que estas situaciones violentas pueden desencandenar en una «situación de amedrentamiento callejero» y «enfrentamiento» entre quienes colocan estas simbologías soberanistas y quienes las retiran. Además, incide en que existe una «falsa equidistancia» porque los que los colocan «infringen normas legales» y los que los quitan sólo devuelven la «neutralidad» a los espacios públicos, y recuerda que tanto el Tribunal Superior de Justicia catalán como el Tribunal Supremo exigen que «fuera de campaña electoral el espacio esté limpio de simbología partidista».

Por su parte, el compositor y escritor catalán Sabino Méndez asegura que estos altercados van «in crescendo» entre ambos grupos y «dividen a la sociedad» y –alerta– vienen promovidos «por las instituciones».

El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona Frencesc de Carreras pone el foco no sólo en la división de la sociedad sino «en el fanatismo que se ha instalado en los gobernantes de la Generalitat». Sobre ellos, Carreras descarga la responsabilidad de que exista un «grupo organizado» protegido por ellos mismos «que ataca a la sociedad catalana y desafía a la ley». «Es una situación extremadamente peligrosa», advierte. El líder de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, cree que la Generalitat catalana a través de su president, Quim Torra, hace una división entre «buenos y malos catalanes» y vincula estos hechos al lenguaje utilizado por éste último; «es cada vez más agresivo», describe.

El camino hacia la división en Cataluña estaría acreditado así según los expertos consultados. Por ello, Rosiñol pide «calma y diálogo», pero, ¿quiénes son los responsables y cuál es la solución? «Desfanatizar a la sociedad, admitir que hay que hablar», insiste Méndez. Freixes aduce que son las autoridades administrativas las que «deben hacer cumplir las leyes». Es decir, los ayuntamientos deben dar cumplimiento a las ordenanzas municipales. Apunta que en Lleida «estos problemas no existen» porque el ayuntamiento «ha garantizado el cumplimiento de la ley». Francesc de Carreras cree que para encontrar una solución, los independentistas deben «dar un paso atrás» o si no el devenir catalán debe dirigirse a la convocatoria de elecciones «en las que los partidos constitucionalistas estén unidos», matiza. Responsabiliza al PSOE porque «no puede estar en dos bandos a la vez; o uno defiende la ley o no». También cree que el Gobierno debe actuar porque «la Generalitat ha desafiado al Estado y el Ejecutivo ha callado», lo cual, –dice– «envalentona a radicales». Rosiñol también insiste en que los poderes públicos de Cataluña «hacen omisión de sus obligaciones».

La violencia que se experimenta en Barcelona
Miquel Giménez. vozpopuli  27 Agosto 2018

La farsa de la revolución de las sonrisas ha terminado. Años de violencia verbal, política y social han acabado por mostrar al separatismo como lo que realmente es: matonismo fascista

Despejad la calle
El tristemente célebre himno nazi, Horst Wessel Lied, empieza con unas estrofas que todos deberíamos tener muy en cuenta en la Cataluña de hoy. “Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen ! SA marschiert mit ruhig festem Schritt» lo que en buen castellano significa “¡Arriba la bandera! ¡Las filas prietas! Las SA marchan con paso firme y tranquilo”. El himno en honor al proxeneta Wessel, que Goebbels transmutó en héroe y mártir del nacionalsocialismo, concluye afirmando que las calles deben estar despejadas para los batallones de asalto, las tropas pardas.

Y bien, ¿acaso en Cataluña no estamos hartos de escuchar que “Las calles serán siempre nuestras” en labios de los separatistas? ¿Acaso el mismo presidente de la Generalitat Torra no afirma que ha llegado el momento de atacar al Estado? ¿Los asaltos a sedes de partidos constitucionalistas, a medios de comunicación contrarios al proceso, los escraches a personalidades que han tenido que marcharse de Cataluña por oponerse a la independencia no han servido como aviso para todo aquel que quisiera ver y oír? La respuesta, triste y terrible respuesta, es que no. Ha sido preciso que una mujer que se dedicaba a retirar lazos amarillos de la calle fuera salvajemente agredida para que algunos empiecen a ver la harina de la que está hecho el pan del separatismo.

Cuando desde formaciones como Ciudadanos o el PP se advirtió de que esto iba a acabar mal, cuando algunos periodistas tildábamos de nazi-fascistas a los CDR, cuando desde Societat Civil, Dolça Catalunya o Somatemps se insistía en la peligrosísima espiral en la que se hallaba sumida la vida pública catalana, los biempensantes socialistas se encogían de hombros. Es más bonito vivir en el La Land de Iceta y sus bailes, claro. Y esperar a ver qué cargos caen desde Moncloa, Pedro, por Dios, échame algo.

Pero hete aquí que a una mujer, a una ciudadana pacífica, que ejerce su derecho a retirar propaganda colocada en un espacio público, propaganda que defiende algo ilegal, propaganda que se usa como método intimidatorio, como pica en el Flandes catalán, le han roto la nariz de un puñetazo. Simplemente por eso, por no ser de los que mantienen la ideología del odio, por no compartir la locura alentada desde los despachitos oficiales de la Generalitat, del PDECAT, de las CUP, de Esquerra, de todos los que chupan del bote de la mamandurria secesionista.

Ahora todo son prisas, urgencias y aspavientos para, en suma, acabar por no hacer nada. Porque en mi tierra, sépalo una vez el ministro Marlaska, los Mossos te pueden multar con cientos de miles de euros por retirar la propaganda ilegal separatista, los cargos públicos pueden señalar y poner en la diana, vituperando hasta la náusea, a personas que, como Arcadi Espada, tienen el coraje cívico de plantarle cara al matonismo supremacista, jugándose su prestigio profesional, su trabajo e incluso su integridad física en aras de un ideal superior, pero a los que dan puñetazos no les pasa nada. Por cierto, Arcadi, toda mi solidaridad, admiración y afecto.

Libertad de expresión, lo llaman algunos. Defensa propia contra el aparato del Estado, gritan otros. Legítima defensa contra la opresión española, claman los chiquilicuatres con escaño pagado por todos. Es evidente que la nariz de esa heroína cívica contiene en sí misma al Estado, las fuerzas de seguridad, el 155, el tratado de Utrecht, Felipe V o Franco. Hace falta ser miserable para justificar tamaña agresión, como han hecho rápidamente los palanganeros mediáticos separatistas.

Pero, para los anales de la historia, quedarán como lo que son, unos canallas que, a la hora de la verdad, o se piran al extranjero con el rabo entre las piernas, o se quedan aquí chuleando a la democracia porque tenemos unos gobiernos que se orinan en los pañales que se han fabricado con nuestra Carta Magna. Lo dicho, nazis-fascistas, además de mentirosos y cobardes.

Para TV3 se trata solo de un "incidente"
Es muy difícil explicarle a alguien que no viva en Cataluña el terrible desgarro que se vive en mi tierra cada día, a cada momento, en cada conversación. Todo confluye hacia el albañal de lo mismo, la independencia, el odio que sienten los separatistas que no conoce de nada que no sea su grito fanático, su actitud agresiva, su locura que se alimenta de las mentiras que fabrican los medios separatas.

TV3 ha rebajado a la categoría de “incidente” la agresión física a la persona que retiraba propaganda separatista. Incidente, poco más. Algunos dicen que fue ella quien provocó la discusión, que le dio una patada en los testículos al siempre amable y sonriente separatista que le afeaba su conducta tan poco digna de alguien que vive, come y respira gracias a la munificencia de la raza catalana, siempre protectora con sus inferiores. Veamos qué dice el presunto agresor, Joan Bautista. Como San Pedro, lo niega todo, pero no tres veces, sino cien y las que sean menester. No fue una discusión política, no le afeó la conducta por retirar lazos amarillos, recibió una patada en salva sea la parte y, claro, entonces le rompió el tabique nasal. Lo lógico cuando discutes del tiempo, la calidad del agua en las ciudades o el carácter pintoresco de los lémures.

No contento con eso, dice que fue perseguido por la señora, móvil en ristre, que menos mal que llegaron los Mossos y que el pobre padece depresión, toma antidepresivos y no le gustan las peleas ni se considera una persona agresiva. Es decir, la señora era poco menos que un sicario colombiano con un mal día y él un inocente defensor de la democracia, los presos políticos, los exiliados, la república y el mandato del 1-O. Con todo eso, no es extraño que padezca depresión.

Lo terrible es que en la calle esto ya se ve como algo normal, inevitable. La gente, más sabia que los políticos o los periodistas, dice que cualquier día de estos habrá un muerto. La voz de Clío, la musa de la historia, habla por ellos. Porque eso de que Barcelona es una ciudad de paz, como grazna Colau, es un cuento chino. Barcelona fue ciudad de pistolerismo, dinamiteros y asesinatos políticos desde mediados del siglo XIX hasta la república. Barcelona es la ciudad que albergó a las checas de Sant Elíes, Vallmajor o la de la calle Zaragoza, por citar unas cuantas. Barcelona conoció los paseos en la carretera de la Rabassada, los atentados de ETA, desde Hipercor al asesinato de Ernst Lluch, o, más recientemente, el atentado de las Ramblas.

De paz, poca. Estos pagos son un laboratorio de pruebas para los extremistas criminales, son el lugar donde se experimenta socialmente a ver qué pasa. Y, si la cosa tiene éxito, se traspasa el modelo al resto de España. El resto de compatriotas deberían tener muy presente todo esto. Hoy ha pasado aquí. ¿Y mañana?

La violencia independentista crece, se consiente y se 'blanquea'
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN El Espanol 27 Agosto 2018

Cada día que pasa aumenta la conflictividad en Cataluña. No sólo es que el independentismo haya llevado la fractura social a un punto de no retorno, es que podemos estar en las vísperas de que todo degenere en violencia. Este domingo, el prófugo Puigdemont volvió a agitar la confrontación al advertir que "los conflictos violentos se originan al negar la autodeterminación".

El independentismo sabe perfectamente mezclar agitación y victimismo, tanto en su relato como en sus acciones para enrarecer la convivencia. No hay que olvidar que el mundo nacionalista tiene en sus manos las estructuras de Estado de la Generalitat destinadas a la propaganda y a la coacción de los derechos fundamentales de la mitad de sus ciudadanos. En este punto, resultan particularmente inquietantes las declaraciones del exdiputado de Junts pel Sí Germà Bel, que planteó por Twitter la necesidad de una "milicia armada" en Cataluña.

Acoso
Como cuenta EL ESPAÑOL, los partidos independentistas y la prensa afín están blanqueando estas muestras crecientes de violencia hasta el punto de demonizar a quienes las sufren, como en el caso de la mujer agredida en Barcelona mientras quitaba simbología independentista.

En esta lógica se explica también la reciente campaña de acoso y señalamiento a la que se ha visto sometido el periodista y fundador de Ciudadanos, Arcadi Espada, tras pintar la bandera de España en un lazo amarillo en Ametlla de Mar y ser calificado como "bicho" por el regidor de la localidad.

Envalentonados
Es evidente que los nacionalistas se ven sin freno alguno, envalentonados ante la inacción manifiesta del Gobierno que ya les ha concedido la ocupación del espacio público.

Que el PP anuncie una plataforma para defender a quienes sean multados por la Generalitat por arrancar propaganda independentista evidencia hasta qué punto el Estado está ya ausente en Cataluña. Y un Estado ausente es la antesala del caos. Sánchez debe actuar de inmediato.

Sánchez huye de la tensión catalana
Pablo Sebastián Republica 27 Agosto 2018

Hace tiempo que el Gobierno de España debió haber denunciado a Bélgica como país de asilo de delincuentes (hasta de terroristas, como ocurrió con un miembro de ETA) y ahí incluido golpistas como el prófugo Puigdemont. El que violó descaradamente, la legislación española y catalana y el orden constitucional.

Un Puigdemontal que el país belga ha acogido como si de un exiliado de la política se tratara. Incluso semejante personaje ha presentado en Bélgica una demanda contra el juez Llarena del Tribunal Supremo español en la que se afirma que ‘España es un Estado delincuente’.

Ante estos hechos que inhabilitan a Bélgica y a su sistema judicial como el país que aloje a las primeras instituciones de la UE, el Gobierno de España no se moviliza y no quiere asumir la defensa de Llarena y de España.

Y a la vez Sánchez , mira hacia otro lado cuando empiezan a producirse casos de violencia en Cataluña por la invasión de lazos amarillos que los soberanistas despliegan en espacios públicos y las instituciones, mientras los Mossos acosan a quienes retiran los lazos y ya se ha producido una agresión física a una mujer que retiraba estos lazos con los que se ataca la convivencia y la vida democrática.

Sánchez huye de la tensión catalana mientras Torra calienta el ambiente en pos de un enfrentamiento civil, al tiempo que mantiene cerrado el Parlament y que, para celebrar sus primeros 100 días en la Generalitat, se traslada a Bélgica a recibir instrucciones de un Puigdemont que quiere ver a Sánchez con el deseo de que el presidente español le haga una nueva propuesta para Cataluña.

Y mientras tanto nos acercamos a otras jornadas de alta tensión como serán la Diada del 11 de septiembre y al primer aniversario del referéndum del 1-O, en las que se espera el renacer del movimiento soberanista.

Hace unos meses dijimos que el juez Llarena y España debieron de aceptar que Alemania extraditara a Puigdemont a España aunque sólo fuera por el delito de malversación, lo que le habría dejado en la cárcel al menos por 10 años, cerrando de paso el frente internacional catalán.

Pero esto no se hizo y seguimos enredados en la espiral catalana donde nos tememos que Sánchez a través del PSC mantiene negociaciones secretas con el PDeCAT y ERC, para reducir a través de una propuesta de la fiscalía del Estado el nivel de las acusaciones y delitos que se les imputan a los hoy procesados por el golpe de Estado catalán, cuyos juicios se abrirán durante el otoño.

Pero Sánchez no tiene prisa porque antes necesita aprobar el decreto sobre el traslado de los restos de Franco, el techo de gasto de 2019 y toda una serie de propuestas económicas y sociales. Y para todo ello es fundamental que cuente con el voto de nacionalistas vascos y catalanes en el Congreso de los Diputados.

Por ello Sánchez huye de la tensión catalana que denuncian Cs y el PP porque él necesita ganar tiempo y cumplir sus promesas progresistas de la mano de Podemos antes de entrar de lleno en el curso electoral de 2019. El problema que puede tener Sánchez está en que en Cataluña aumenten los casos de enfrentamiento civil. Y si eso ocurre entonces el delicado castillo de naipes del Presidente Sánchez se podrá caer.

Pero mientras tanto el jefe del Gobierno español continúa disfrutando del poder y con solo 84 diputados impone su ritmo de crucero convencido, cuál experto funambulista, de que con sus pactos con nacionalistas y Podemos, llegara a las elecciones generales de 2020 y entonces renovará el poder.

Nariz a un puño pegada
José García Domínguez  Libertad Digital 27 Agosto 2018

El sábado supe en primera instancia del ataque de un energúmeno contra la ciudadana cuya familia retiraba de la vía pública residuos plásticos allí depositados por los separatistas gracias a la edición digital del diario El Mundo. "Un hombre lesiona la nariz a una mujer…". Así, con aséptica distancia brechtiana, el redactor de la noticia acusaba recibo de lo sucedido en la ciudad de Barcelona, en concreto cerca de la puerta principal de acceso a la Ciudadela, el mismo lugar donde el pasado octubre la Generalidad instaló una pantalla gigante de televisión para retransmitir en directo a los fieles el golpe de Estado que se estaba consumando en el interior del edificio del Parlament. Lo sustantivo del incidente, pues, sería que, según rezaba lacónico el titular, la nariz de una mujer se acababa de estampar no se sabe bien contra qué, ya que la palabra puño había sido obviada del enunciado acaso por sus desagradables connotaciones intolerantes y machistas, a resultas de lo cual le habría surgido una lesión nasal a la señora en cuestión. Innegable creatividad, la del enunciado, que se enriquecía aún más tras dotar el texto de una novedosa dimensión transitiva al verbo lesionar. De ahí que no fuera la mujer quien se lesionase la nariz, sino que se la lesionara, siempre ignorándose el cómo, un tercero que pasaba por allí.

Aún no había acabado yo de comprender si era la nariz la que le había pegado al otro transeúnte con intención de lesionarlo o si sucedió al revés cuando un urgente de TV3 se hacía eco del mismo asunto en los siguientes términos: "Incidente con una mujer herida cuando retiraba lazos amarillos en Barcelona". Nada de agresiones, ataques, violencias ultras, narices rotas, nacionalistas tarados lanzándose como bestias contra una madre de familia ante sus tres hijos. No, no, solo un incidente con una mujer herida, punto. Todo muy claro: la mujer iba por una calle, se produjo un incidente y, como consecuencia, resultó herida. Para qué andar con más explicaciones. Por su parte, el redactor de La Vanguardia, y relatando la misma cuestión, lograría consumar el prodigio no menor de sostener en un único y mismo párrafo que la agresión fue "supuesta" pero que, supuesta y todo, "no fue una agresión por motivos políticos". O sea, que fue supuesta, pero que, de no ser supuesta sino real, carecería de motivos políticos. ¿Y cómo sabe La Vanguardia que la supuesta agresión no fue una agresión supuesta por motivos políticos? Muy fácil. Porque el tipo que propinó el puñetazo a la señora, que es la fuente autorizada en cuyo testimonio basa la información el periódico, declaró que no le pegó el puñetazo porque la familia arrancase los lazos amarillos, sino que se lo pegó porque, después de arrancarlos, los dejaba depositados en el suelo en lugar de arrojarlos a una papelera.

Por lo demás, "extranjera de mierda, vete a tu país", la frase que pronunció la fuente de La Vanguardia antes de partirle el tabique nasal a su víctima, nada tendría que ver con un eventual móvil xenófobo por su parte. En ningún caso estaríamos, pues, ante un separatista violento, racista y asilvestrado sino frente un obseso de la limpieza vial en grado superlativo. Aclarado ya ese extremo por el rotativo del Grande de España, elnacional.cat, hipersubvencionado chiringuito digital dirigido por Pepe Antich, corría ya a denunciar a toda plana: "Ciudadanos no rectifica pese a desmentirse [sic] el móvil político de la agresión". Eso sí, en el cuerpo de la información no se terminaba de dejar claro por ningún lado qué es exactamente lo que Ciudadanos tendría que rectificar. VilaWeb, otra gacetilla electrónica de referencia en el universo comarcal catalanista, no se andaba con tantas sutilezas retóricas como Antich al clamar también a toda plana: "La operación mediática de Ciudadanos contra los Mossos condiciona al Gobierno español". Mucho más ponderado y formal, el corresponsal doméstico de El País desenterraba por su parte la célebre doctrina que siempre hizo suya Franco –"Haga como yo, no se meta nunca en política"– para explicar a sus lectores que la causa de que ahora haya incidentes con los lazos es que Inés Arrimadas ha instado a los constitucionalistas a que los retiren del espacio público. Si no los retirasen, concluye de modo implícito El País, no pasaría nada. Claro que no. Y la República Popular China es el ejemplo, podría haber añadido. En fin, la última hora, me dicen, es que los Mossos todavía no han detenido a la mujer. Aunque todo se andará.

La brutalidad de los lazos amarillos; la indiferencia de Sánchez para replicarlo
ESdiario 27 Agosto 2018

El lazo amarillo simboliza el objetivo totalitario del soberanismo contra el ciudadano que no piensa igual. Y la inacción del Gobierno, las deudas de Sánchez con Torra.

Existe una diferencia fundamental entre instalar lazos amarillos y quitarlos: lo primero invade el espacio público compartido, con la tutela cuando no el impulso de las propias instituciones catalanas; mientras que lo segundo es una simple respuesta cívica, individual y sin amparo, de ciudadanos anónimos que aspiran a restituir ese espacio común.

Más allá de cuestiones jurídicas y policiales, la guerra de los lazos simboliza como pocas cosas el carácter totalitario del soberanismo, su infumable sentimiento de propiedad de Cataluña y el desnortamiento de sus dirigentes institucionales: su manera de que sólo haya independentistas es, nada menos, echar de un modo u otro a quienes no lo sean.

Un separatista apalea a una mujer por quitar lazos y le rompe la nariz
La salvaje agresión a una mujer o la identificación del periodista Arcadi Espada, en un caso por retirar lazos y en el otro por repintarlos con los colores de España, culminan el contraste entre la impunidad desvergonzada de unos y la indefensión de otros.

Y sucede, de manera nada casual, mientras el presidente de la Generalitat clama en público por la separación y anuncia que no retrocederán "ni un milímetro".

¿Y el Gobierno?
Todo ello dibuja un escenario trágico para las libertades individuales, el Estado de Derecho y la simple convivencia del que sólo parece no darse cuenta el Gobierno, con su presidente a la cabeza: que Sánchez y sus ministros hablen de "normalidad" con Cataluña atiende en exclusiva a su necesidad de que así lo parezca para camuflar su indigno pacto con los nacionalistas, que le llevó al PSOE a La Moncloa.

El único que no quiere enterarse del acoso institucional en Cataluña es Sánchez. Por interés personal

La indiferencia inicial hacia el juez Llarena, instructor desde el Supremo de la causa principal contra el procés y diana de los ataques personales incitados por Puigdemont y sus secuaces; corona la indiferencia de Sánchez con unas gotas de indignidad que además le serán inútiles: el soberanismo no retrocederá, pero su Gobierno le ha blanqueado durante semanas pretendiendo esparcir la idea ante la opinión pública de que, con el nuevo presidente, todo había mejorado.

El ataque total, organizado y subvencionado del nacionalismo a todo aquel que no comparta su delirio no tiene parangón en Europa. Pero tampoco lo tiene la inane respuesta del Ejecutivo, instalado en la pasividad y dependiente de todos esos partidos para sacar adelante cualquier iniciativa que, en un contexto democrático elemental, prosperan cuando se tienen mayorías derivadas de las urnas y no de los despachos.

Amenazados
Las libertades civiles llevan mucho tiempo amenazadas en Cataluña por un nacionalismo salvaje y casi etnicista, pero lo verdaderamente preocupante es que no se sepa dar la respuesta que tal estrategia exige. Ganar tiempo y mirar para otro lado, como hace Sánchez, no está a la altura de las necesidades de España. Y tampoco de la defensa que, cada día, merecen pero no reciben miles de catalanes asfixiados por el supremacismo.

El clamor de la sociedad obliga al Gobierno a cambiar de opinión sobre Llarena

ESdiario 27 Agosto 2018

La primera intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez era dejar "vendido" al juez que trae de cabeza al independentismo y seguir así el juego a Puigdemont, pero le han hecho cambiar de opinión

Lejos de su primera intención de dejar "vendido" a su suerte al juez Pablo Llarena, y tras el clamor de la Judicatura el Gobierno ha anunciado que ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en Bélgica contra él, entre los que se encuentra la contratación de un despacho de abogados de ese país.

Después de la que se ha liado estos días, el Ejecutivo socialista ha indicado en un comunicado que ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial "hasta este momento" en relación a la demanda contra el juez del Tribunal Supremo para defender los intereses del país, y que atenderá las peticiones "de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española" que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial.

Cabe recordar que Llarena, instructor de la causa abierta por el procés, debe comparecer el 4 de septiembre en Bélgica a raíz de la demanda civil presentada allí contra él por el expresidente catalán Carles Puigdemont, que alegó que no respetó su derecho a la presunción de inocencia. "El Ministerio de Justicia espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados por el Tribunal Supremo", ha especificado el Gobierno.

Este comunicado se produce después de que durante el fin de semana distintas asociaciones de jueces y fiscales, así como los partidos políticos, se hayan pronunciado sobre este asunto, en su mayoría reclamando al Gobierno que asumiese la defensa de Llarena.

Tras el comunicado conjunto publicado el viernes, la Unión Progresista de Fiscales instó este sábado al Estado a personarse en el procedimiento abierto en Bélgica para defender la inmunidad de jurisdicción de los tribunales españoles.

Partido Popular y Ciudadanos también han reclamado al Gobierno a lo largo del fin de semana que actuase en defensa del magistrado y anunciaron peticiones de comparecencia e iniciativas parlamentarias en este sentido.

Intentan reunir 500.000 firmas para forzar a Pedro Sánchez a convocar elecciones ya
La iniciativa se puede apoyaren la web www.eleccionesya.es.
OKDIARIO 27 Agosto 2018

Una asociación ha logrado reunir en pocas horas más de 72.800 firmas para forzar al Gobierno de Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas cuanto antes. El objetivo es alcanzar las 500.000 firmas, para poder tramitar esta petición en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los Diputados.

Los impulsores de la propuesta defienden que hay que modificar el procedimiento de la Moción de Censura, para que dé paso a la convocatoria inmediata de unas elecciones, en lugar de facilitar un Gobierno como el de Pedro Sánchez, que depende del apoyo de los independentistas (PDeCAT, ERCy PNV), los proetarras de Bildu, la extrema izquierda de Podemos, y su constelación de partidos satélites.

Se puede apoyar esta iniciativa en la web www.eleccionesya.es. “El objetivo de una moción de censura en una democracia que representa los intereses del pueblo es precisamente dar la voz, de nuevo, al pueblo, no hacer un Gobierno de coalición de toda la oposición. Si hay que cambiar esa ley, que se cambie ya”, señalan los organizadores.

También se muestran convencidos de que el actual Gobierno de Pedro Sanchez “no está luchando por los intereses de España ni de sus votantes, sino por sus propios intereses partidistas. Los votantes del PSOE no querían una coalición separatista. El PSOE no ha convocado elecciones, porque los sondeos no le favorecen”.

Los impulsores de este proyecto advierten del “riesgo de balcanización” que supone para España el permanente chantaje que ejercen sobre el presidente Pedro Sánchez los partidos que le han llevado a la Moncloa y subrayan: “Somos más los españolistas que los anti españolistas”.

“Condenamos totalmente la corrupción“, añaden, “pero también hay corruptos en otros partidos que forman parte del actual Gobierno”. Del mismo modo, cuestionan que la moción de censura contra el PP haya llevado al Gobierno a “un partido que ha tenido el peor resultado de su historia“, el PSOE.

Por este motivo, quieren llevar al Congreso de los Diputados más de 500.000 firmas para que se modifique la regulación de las mociones de censura y se convoquen nuevas elecciones, con el fin de dar paso a un nuevo Gobierno elegido en las urnas, que no esté en manos de los partidos independentistas.


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