AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 29 Agosto 2018

El Gobierno y Llarena: a remolque de la sociedad civil
EDITORIAL El Mundo 29 Agosto 2018

La última mentira de Carles Puigdemont, cuyos abogados manipularon la traducción de las palabras de Pablo Llarena para fundamentar su demanda contra el juez, causa especial escándalo. Sustituyeron una fórmula condicional en castellano por una tajante afirmación en francés, de modo que pareciese que Llarena vulneró el derecho de sus investigados a la presunción de inocencia. Pero tan burda argucia puede deparar consecuencias judiciales opuestas a las deseadas por sus autores. Diversos juristas estiman que los letrados de Puigdemont -entre los cuales figura Gonzalo Boye, condenado por colaboración con ETA- han podido incurrir en un delito de estafa procesal que podría causar incluso su expulsión de la actividad profesional colegiada. De hecho, una plataforma de abogados ha anunciado una querella contra el juez belga si admite a trámite una demanda civil cuyo fundamento fáctico es una grosera falacia. Ahora los responsables del falseamiento alegan que todo se debió a un error de traducción, pero semejante argumento suena inverosímil; más bien parece un subterfugio dictado por el miedo a las consecuencias.

Resulta lamentable que, al igual que sucede con quienes se oponen a la ocupación simbólica del espacio público por parte del independentismo, tenga que ser la sociedad civil la que reaccione en defensa del Estado democrático, mientras el Gobierno se refugia en una neutralidad cobarde. Debió apoyar desde el principio al juez que ha tenido que responder al golpe separatista con la ley en la mano y sin concesiones a la conveniencia política. Ahora se apresura a enmendar su error primero, que consistió en prestar crédito a la tesis de Puigdemont recurriendo a una artificial distinción entre función jurisdiccional y responsabilidad privada. Como si la reivindicación del garantismo de nuestro Estado de derecho contenida en las expresiones de Llarena pudiera desvincularse de su tarea institucional. La reacción indignada de la oposición política, de las asociaciones judiciales -incluyendo a última hora la de los fiscales progresistas- y de la sociedad en general obligó a la ministra Dolores Delgado a cambiar de opinión anunciando la contratación de un bufete que asuma la defensa del instructor injustamente demandado. De poco sirve que Delgado intente ahora hacer ver que no se ha producido tal rectificación, cuando hasta Pedro Sánchez la desautorizó desde Chile apelando inequívocamente a una «cuestión de Estado», en la línea defendida por este periódico. Todo un varapalo para el crédito de la ministra y para la coherencia del Ejecutivo.

Sería deseable que Sánchez asumiese de una vez por todas que no puede subordinar su supervivencia política a la complacencia de las fuerzas separatistas teledirigidas por el fugado de Waterloo. Porque su satisfacción es inviable, pero sobre todo porque los españoles no se lo merecen.

Segunda carta abierta a la vicepresidenta
ANTONIO ESCOHOTADO El Mundo 29 Agosto 2018

Meses atrás, le rogaba que precisase qué tipo de concurso público adjudicaría los 200 millones de euros en propaganda contra la violencia de género, porque quiero aportar algunos eslóganes. No tuvo la bondad de contestar, al estar ya adjudicado el tema, y el otro día la citaba su periódico diciendo que los restos de Franco serán evacuados a corto plazo, "pues un dictador no puede tener tumba de Estado en una democracia". Nada parejo le he oído decir de Castro, aunque fusilar disidentes y convertir Cuba en un economato crónicamente desabastecido palidezca ante los genocidios inducidos por ejércitos suyos (Fidel los llamaba "misiones") en Guinea-Bissau, Angola, Mozambique y Etiopía.

Me pregunto si le choca el gasto unido al aspecto de Lenin desde 1923; pero diría que le importa poco todo cuanto no sea sembrar discordia y recoger frutos como ahora, repartiendo dinero público a clientelas particulares. Tampoco la noto informada sobre cosa distinta de emular a Tarzán saltando de una liana administrativa a otra, sin tocar el suelo donde los demás se esfuerzan por vivir de servicios demandados, tras descubrir cuán desahogada y satisfactoria es para el ávido de mando la vida del político profesional. ¿Quizá mejor la política, y profesional, para hablar inclusivamente?

Soy un viejo, señora, y si estoy contento con palmarla en cualquier momento es porque aprendí a cumplirme estudiando, cuando en la veintena estuve dispuesto a atentar contra Franco, e incluso perdí algún tiempo en la embajada de Libia, donde nos prometían una o varias bazucas a tales fines. Es grotesco imaginarlo siquiera, pues todo viviente debe sernos sagrado salvo en supuestos de defensa propia o ajena, si bien el enjuague montado por usted y sus aliados -desde la retirada infame de Rajoy- me devuelve la ira de aquellos años, cuando Franco parecía el principal obstáculo para sumarnos a un régimen de libertades garantizadas.

Algo después de morir, cuando su dictadura había pasado a dictablanda, y poco después a Estado de las Autonomías, ¿se acuerda de quiénes reaccionaron con gallardía al asalto de Tejero? Su partido no se cubrió de gloria entonces, pero González y Guerra estuvieron a años luz del actual, convocaron aquél referéndum sobre la OTAN y ganaron limpiamente sucesivos comicios, mientras el país iba creciendo de noche, cuando la recién nacida casta política dormía. Los fastos del Quinto Centenario hicieron aflorar parte de los desechos creados por el neocaciquismo, aunque España siguió creciendo y se puso octava del mundo por renta nacional, poco antes o después de ceder las riendas al PP.

Ustedes involucionaron entretanto hacia la posmodernidad, cada vez más inclinados a exhumar el guerracivilismo, y el atentado de Atocha -aún rodeado de enigmas- introdujo los dos mandatos de Zapatero, concluidos con la peor crisis económica desde 1936, cuando la peseta se hundió como el actual bolívar, porque la tercera reserva planetaria de oro podía haber respaldado al país desde Londres, Nueva York o París, pero Negrín prefirió despachar la mayor parte a Moscú. Qué inteligente fue aquello, y qué inteligente es hoy su Gabinete pretendiendo ampliar el límite de gasto público, a despecho del compromiso suscrito con la UE, y la siempre frágil confianza del inversor internacional, que repercute de inmediato en la prima de riesgo.

Tampoco pueden hacer otra cosa, cuando el encaje de bolillos montado sobre la moción de censura les movió a multiplicar ministerios, altos cargos y designaciones a dedo. Si no siguen excitando cualquier foco de resentimiento, y huyendo hacia delante, votar les pondrá de patitas en la calle, tanto a ustedes como a los aliados que fueron comprando por el camino. No es poca cosa que hilar un artículo de aquí con otro de allá les haya permitido subvertir el espíritu del ordenamiento jurídico, bloqueando tanto el respeto por el interés general como la expresión de la voluntad popular.

Por lo demás, ni aquí ni en la Conchinchina cabe que una moción de censura demore, en vez de acelerar, la consulta a los ciudadanos, y su ejemplo ayudará a prevenir maniobras parejas. Bastará establecer que en ningún caso la desconfianza evocada por un partido será pretexto para aplazar una expresión de confianza o desconfianza hacia el resto. Con irrefutables razones prohíbe el derecho la colusión o pacto hecho en perjuicio de terceros, tantas veces aprovechada para manipular los precios, y en éste para vivir ustedes del cuento.

De confundir clases con castas partió el absurdo de una sociedad sin clases, coronado por la estafa de imponer en su sitio carnés del partido, jerarquizados por antigüedad, como si lo intolerable fuese la movilidad social, no la inmovilidad, como en Cuba, Nicaragua o Venezuela por quedarnos en la órbita hispánica. Terminadas las vacaciones estivales, será temerario seguir cruzados de brazos ante la combinación de expolio, incompetencia y males mayores unidos a que ustedes continúen campando por sus respetos.

La posición actual de la ciudadanía no puede prolongarse sin evolucionar hacia formas agravadas de abyección y ruina, tanto más ridículas cuanto que ustedes carecen en realidad de existencia, y son los fosfenos dejados tras de sí por el señor Zapatero, hoy portavoz de Maduro. A su juicio sería "complotar" pararle los pies a quien se burla del Estado de derecho, y a quienes pretenden ustedes imitar inhabilitando al Senado.

He ahí que no queremos ni su hambruna ni las premisas conducentes a ella. Mucho me arrepiento de pensar en una bazuca para suprimir a Franco; pero créame si le digo que estoy bien inclinado a blandirla para hacer valer una guerrilla de la concordia, y un decir sí al conocimiento, la veracidad y el mérito, sin los cuales no hay compasión digna de ese nombre, ni asomo de justicia o afluencia. O convocan elecciones, o cuenten con un viejo achacoso y medio cojo invitando a pelear.

Antonio Escohotado es filósofo y escritor. Su última obra publicada son los tres volúmenes que conforman Los enemigos del comercio (Espasa, 2016).

El PSOE y la desinflamación
RAÚL CONDE El Mundo 29 Agosto 2018

Nada de lo que Pedro Sánchez ha hecho hasta ahora, o de lo que ha dejado de hacer por incapacidad parlamentaria, le ha pasado factura. Al contrario. Marca la agenda, sube en los sondeos y polariza el tablero exhumando a Franco. "Es una aberración que un dictador esté enterrado en una especie de mausoleo ampuloso". La oposición podía haber hecho suya esta sensata reflexión del maestro Víctor Márquez Reviriego en El Confidencial. En cambio, ha preferido balbucear subterfugios, llegando al absurdo de fabular como revolucionario a un partido institucional y aliado de la monarquía como el PSOE. Así que mientras Casado y Rivera sigan en la trinchera, y con Podemos zambullido en la negociación presupuestaria, sólo el soberanismo parece interponerse en la senda del Gobierno.

Torra y Puigdemont calentarán el otoño aprovechando los aniversarios del 1-O y el gatillazo de la DUI del 27-O. De ahí la intensificación de la guerra de los lazos amarillos, a caballo entre la libertad de expresión y una ocupación inaceptable del espacio público. El extremismo verbal no mueve más que a los convencidos, pero tampoco tiene costes si no es seguido de actos ilegales. Tras su fracaso, al independentismo sólo le queda elegir entre la farsa o la violencia. Por eso exige la autodeterminación mientras se aquieta a las comisiones bilaterales. Aún no ha aterrizado en la realidad y el Ejecutivo le allana la pista rebajando el pistón dialéctico y pagando a la fuerza la defensa de Llarena. La reyerta de los lazos preludia la erupción que provocará el juicio por rebelión a unos políticos expuestos a largas penas por violar el marco estatutario. Y, dados los antecedentes, el rechazo de ERC a unas autonómicas anticipadas no parece suficiente garantía para evitar que Puigdemont vuelva a imponerse.

Haya o no urnas pronto, seguirá la retórica incendiaria y la voluntad de división. Pero mientras los independentistas no vuelvan a la vía rupturista, el PSOE podrá exhibir como un activo la desinflamación del conflicto. En caso contrario, la legislatura acabará en desastre. Sánchez, lejos de plantear una salida a la canadiense, se limita a ofrecer mejoras en el autogobierno. Cambia la melodía, pero la partitura es la delimitada en el 78. El conjunto del soberanismo aún no ha asumido que la lista más votada el 21-D fue Ciudadanos y que plantear un órdago con el 47% de los sufragios sólo conduce al choque, la frustración y la irritación. Ortega estaba en lo cierto: el problema catalán no tiene solución. La salida pasa por apañarse y convivir.

La inmigración, el problema insoluble
Amando de Miguel  Libertad Digital 29 Agosto 2018

No hace falta recurrir a la voz migrante. Son los que se trasladan de un país a otro, huyendo de la miseria económica o política de su tierra natal; o bien les mueve la esperanza de encontrar un mejor acomodo en el lugar de destino. Desde el lugar de salida, pasan por emigrantes; desde el de entrada aparecen como inmigrantes. El de migrantes es un término ocioso, que ahora se ha puesto de moda. Puede que se recurra a él por la tontería de que los otros términos pueden resultar ofensivos. Pero no tienen por qué.

Vamos a cuentas. España fue casi siempre un país de emigrantes. Por ejemplo, hace un siglo los indianos que intentaban hacer fortuna al otro loado del charco (el Atlántico). O bien, hace una generación, los que trataron de prosperar en Alemania o en otros países centrales de Europa.

Mas, a fines del siglo XX, España se transformó de repente en un país de fuerte atractivo para los inmigrantes. Procedían más bien de Hispanoamérica, de la Europa del Este y en menor medida de algunos países asiáticos o africanos. En los últimos años esa última procedencia se convierte en masiva, hasta extremos de una verdadera invasión pacífica. El suceso no es nuevo. Ciertas calamidades históricas, como la caída del Imperio Romano o la invasión árabe de Hispania, no fueron tanto incidentes bélicos como una previa, lenta y continua inmigración de extranjeros (bárbaros, musulmanes). La acumulación cuantitativa lleva a un cambio cualitativo. En unos lustros España será otra, aunque solo sea por la masiva presencia de los inmigrantes asiáticos y africanos, fundamentalmente musulmanes.

No se sabe cómo detener la actual oleada de inmigrantes y refugiados que proceden sobre todo de ciertos países asiáticos o africanos. La tradición racionalista de Occidente nos ha llevado a la idea de que todos los problemas sociales tienen que tener una solución. Pero, así como hay problemas matemáticos insolubles o con soluciones indeterminadas, también este de la inmigración masiva de asiáticos y africanos no permite ninguna salida viable.

El actual Gobierno de izquierdas pretende una astuta maniobra: conceder el derecho de votar a los inmigrantes legales o ilegales, de momento en las elecciones municipales. De esa forma la conjunción del PSOE y Podemos se reafirmará en el poder a escala nacional. Se trata de una maniobra sumamente ingenua, puesto que una gran parte de los inmigrantes acabará formando un partido islámico.

La posición del Gobierno parece bastante ambigua. Por un lado dice favorecer la entrada masiva de inmigrantes. Pero por otro se acoge a la política de regalar dinero público (español o europeo) a los mandamases de los países del Magreb para que contengan la riada de emigrantes. En realidad, lo que sucede es que las mafias siguen fomentando la masiva invasión de embarcaciones atestadas de emigrantes que quieren entrar en España y en otros países europeos. Volvemos a los tiempos de Witiza. ¡Qué tozuda es la Historia!

En nuestro país no se ha producido todavía el fenómeno de xenofobia que se da en otros de la Unión Europea, pero no tardará en aparecer. Solo hay que resaltar una estadística invisible: en una parte desproporcionada de los casos de uxoricidio (oficialmente "violencia doméstica") los asesinos son inmigrantes. Es algo que oficialmente no se reconoce.

Más significativo es un hecho demográfico. Los españoles nativos mantienen unas tasas de fecundidad bajísimas. Los inmigrantes suelen tener más hijos. Empezamos a ver que el alumnado de las escuelas infantiles se compone en gran medida de vástagos de la inmigración. Cabe la salida de que se generalice el mestizaje entre los indígenas y los inmigrantes, pero, aun así, el proceso será lento y no sin tensiones.

Lazos amarillos, almas negras
Roberto L. Blanco Valdés okdiario 29 Agosto 2018

La frase «La calle es mía», atribuida falsamente, al parecer, al Fraga que ocupó durante la Transición el Ministerio del Interior, la han convertido en realidad los nacionalistas catalanes («La calle es nuestra») con una acción -plantar por doquier lazos amarillos- cuyo objetivo no es otro que adueñarse del espacio público, expulsando así de él a los millones de ciudadanos no nacionalistas que viven en Cataluña y que son tan catalanes como quienes están obsesionados con privarlos de esa condición.

La libertad de expresión, que en democracia debe tener límites muy amplios, cubre, por supuesto, a quienes la utilizan para defender majaderías e ideas peregrinas. La de que en España hay presos políticos y exiliados por razones ideológicas es una de las más estrafalarias que hemos oído en mucho tiempo. Pero, por más que sufra la realidad ante mentiras tan obscenas, no es posible impedir que el sectarismo patológico lleve a los nacionalistas a defender por medios legales a los presuntos rebeldes encarcelados provisionalmente por la comisión de gravísimos delitos y a los fugados de la justicia, considerándolos presos políticos y exiliados y tratando de transmitir así la mamarrachada de que uno de los principales Estados democráticos del mundo sería en realidad una dictadura.

Más allá del rechazo político que debiera generar siempre la manipulación de la verdad, nada hay, por tanto, legalmente que oponer a que los independentistas se adornen personalmente con los lazos amarillos de la desvergonzada farsa que han organizado o los cuelguen de los balcones y ventanas de las viviendas o negocios de su propiedad. Sin embargo, lo que desde hace meses lleva haciendo el secesionismo, con esa sistemática opresora típica de todo movimiento autoritario, es algo muy distinto: ocupar con sus lazos plazas, calles, parques, playas y demás lugares públicos, convirtiéndolos así en zona nacional, lo que no deja de resultar paradójico dado que son las propias autoridades secesionistas las que se han sublevado contra el Estado democrático y su legalidad constitucional y estatutaria.

Es precisamente ese tan inicuo como insólito objetivo -expropiar por la fuerza bruta de los hechos consumados a millones de pacíficos catalanes no nacionalistas el espacio público que tienen el mismo derecho a disfrutar que los nacionalistas- lo que convierte la política de ocupación con lazos amarillos en una manifestación más del fanatismo y el supremacismo de quienes se consideran con derecho a maltratar a quienes no piensan como ellos. Y es ese mismo objetivo el que convierte en una acción de pura resistencia democrática y de reivindicación de la libertad la de los que, con todo derecho, protestan ante un abuso de poder tan intolerable quitando los lazos amarillos colocados previamente por quienes demuestran tener un alma más negra que el carbón.

Los lazis hacen cosas de lazis
Liberal Enfurruñada okdiario 29 Agosto 2018

Cuando las tropas aliadas vencieron a Alemania en la II Guerra Mundial y sus ejércitos fueron descubriendo los campos de concentración no había civiles alemanes que se declarasen nazis, todos negaban saber lo que ocurría en esos campos de exterminio, así que los aliados los pusieron a enterrar judíos para que se enterasen de lo que habían consentido. Pero claro, desde la primera deportación en masa de 1938 hasta el suicidio de Hitler en abril de 1945 habían pasado muchas cosas. Ni siquiera la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, la de los Cristales Rotos, llegó de repente. Aunque el antisemitismo y los pogromos son muy anteriores al nazismo, Hitler publicó ‘Mein Kampf’ en 1925, seis años después del Tratado de Versalles que puso fin a la I Guerra Mundial, humillación que sirvió de excusa a los nazis para generar odio hacia los judíos, a quienes culpaban de la derrota alemana. Más de 20 años de nazismo en los que cada vez se llegaba un poco más allá y muchos civiles alemanes consentían.

Horrorizados por las consecuencias de la I Guerra Mundial, fueron muchos los políticos europeos que se esforzaban en mantener la paz con la Alemania del Tercer Reich. La cabeza visible de esta política de apaciguamiento que permitió a Hitler llegar hasta donde llegó fue el primer ministro del Reino Unido, Neville Chamberlain a quien Winston Churchill dirigió esta conocida sentencia: «Tuvo usted para elegir entre la humillación y la guerra, eligió la humillación y nos llevará a la guerra». Aceptar las agresiones de un matón para evitar una confrontación que puede ser desagradable, intentando apaciguarlo, no suele dar buen resultado. Ese atacante se crece, sus embestidas aumentan conforme comprueba que son impunes y se incrementan sus simpatizantes cuando se dan cuenta de que la violencia es útil para conseguir sus objetivos.

Este sábado, en Barcelona, una mala bestia lazi le ha roto la nariz de un puñetazo a una señora que, con sus hijos, quitaba lazos amarillos de los espacios públicos. No ha sido la primera ni será la última agresión lazi. El lazo amarillo representa hoy en Cataluña lo mismo que la esvástica representó en Alemania durante los años 20, nacionalismo xenófobo, racista y violento. Ese que hace que el alcalde de l’Ametlla de Mar llame “bicho” a Arcadi Espada por pintar de rojo un lazo amarillo colocado en una rotonda del pueblo. O el que provoca que Torra escriba cosas como que los no independentistas somos “carroñeros, víboras, hienas, bestias con forma humana que sorben odio”. Igual que los nazis llamaban ratas a los judíos los lazis deshumanizan a los que opinan diferente y todos sabemos adónde lleva ese camino porque las agresiones ya han empezado.

No se puede dejar crecer a la bestia, la violencia, el racismo y la xenofobia lazis deben ser cortados de raíz porque el apaciguamiento tendría unas consecuencias fácilmente predecibles. Los partidos políticos constitucionalistas deben ponerse al frente de ese movimiento ciudadano de resistencia contra el lazismo que intenta limpiar los espacios públicos de lazos amarillos. Ya que los Mozos de Escuadra no lo hacen, hay que proteger físicamente a estos héroes de la resistencia y denunciar ante la justicia a sus agresores y a los Mozos que no les defienden, para que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Se deben organizar excursiones con brigadas de limpieza que desde otras comunidades se desplacen allí para ayudarles y demostrarles que no están solos. Toda España debe tomarse en serio el lazismo antes de que sea demasiado tarde, como pasó con el nazismo.

El abrazo roto
Ignacio Camacho ABC 29 Agosto 2018

Como la pedagogía de la banalidad ha transmitido una visión demasiado sintética o superficial de la Historia moderna, conviene recordar que el relato de la Transición como un pacto controlado a punta de fusil por los tardofranquistas es una posverdad fraudulenta. Falsa de toda falsedad, hasta el punto de que la principal, casi la única resistencia al cambio provino de la extrema derecha, el Ejército y algunos sectores del antiguo régimen opuestos a la reconciliación entre vencedores y perdedores de la guerra. La legalización del PCE estuvo a punto de desencadenar un cuartelazo, y en los cuartos de banderas Suárez y el mismo Rey fueron tachados de traidores entregados a la izquierda por propiciar el abrazo, simbolizado en la amnistía, de los dos bandos que se habían masacrado en la contienda. Tampoco se trató de un acuerdo de olvido sino de recíproco desagravio y de pragmática transigencia. Toda esa narrativa de la vergüenza, divulgada por el populismo rupturista en su nostalgia de trincheras, constituye una invención surgida durante el zapaterismo al cabo de tres décadas, y ha podido calar en cierta opinión pública gracias a la ausencia de una exposición objetiva de los hechos en la escuela. El cuestionamiento de la legitimidad democrática como una fórmula impuesta –¡¡bendita imposición!!– por fuerzas oscuras es una idea que sólo sostuvo, hasta el siglo XXI, el desquiciado discurso de ETA.

Resulta desalentador que a estas alturas –tiempos de incuria en que hay que luchar por lo evidente, decía Brecht, más o menos– parezca necesario aclarar todo esto. Lo es porque la política irresponsable de gestos que ha implantado Sánchez conduce de nuevo a las orillas del enfrentamiento. Porque la polémica sobre la momia de Franco está desenterrando fantasmas superados cuyo hechizo tétrico seduce, por ignorancia, por sesgo ideológico o por ambas cosas, a algunos españoles modernos. Porque el desgaste del sistema ha quebrado la confianza en los valores del respeto, la concordia y el consenso. Porque nadie tiene derecho a despreciar el único modelo de convivencia que en este país ha tenido éxito. Y porque nunca se ha construido un proyecto de futuro removiendo tumbas y desenterrando muertos.

La Transición ahora cuestionada por esta especie de antifranquismo en diferido significó el triunfo de la tercera España sobre un pasado bipolar de cainismo simétrico, y lo hizo posible la conciencia de que después de la mutua carnicería y su larga secuela dictatorial no existía ningún bando perfecto ni quedaba ninguna memoria libre de remordimientos. Eso es lo que, frente a la teoría sectaria del Lado Correcto de la Historia, hay que seguir defendiendo: una España de claroscuros, autocrítica con sus defectos, dispuesta a bajarse de las aceras del extremismo sempiterno y de la sangre antigua para circular, con la luz larga encendida, por la calle de en medio.

Y tras Franco, todos los de su bando
Ramón Pérez-Maura ABC 29 Agosto 2018

Tiene delito que quienes nunca fuimos franquistas, ni por edad, ni por nuestros lazos familiares, tengamos que salir a denunciar la mentira que en este momento rodea al régimen del dictador. La mentira nunca hace libre a nadie. Porque Franco fue un dictador, pero no el genocida equiparable a Hitler y Mussolini que se quiere ahora caricaturizar. De los cuatro países que derrotaron al nazismo y al fascismo, tres tuvieron máximos dirigentes que mostraron su cercanía y apoyo a Franco. Es decir, no debían de ver en él a un Hitler o un Mussolini. Los dos generales de aquella guerra que llegaron a presidentes, Eisenhower y De Gaulle, vinieron a Madrid a dejarse ver con Franco. El norteamericano recorrió la Castellana en un descapotable con la multitud -entre la que estaba Juan Luis Cebrián- aclamando «¡Ike! ¡Ike! ¡Ike!» y «¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!». De Gaulle vino a abrazar a Franco a los 15 días de dejar la Presidencia. Y Churchill dejó por escrito su opinión sobre Franco, bastante positiva la mayoría de las veces -aunque no todas-. Pero claro, como Stalin no se iba a humillar, nunca reconoció lo que había pasado en España. Ahora va a resultar que el respeto a los Derechos Humanos lo define Stalin. Hogaño, la mayoría en las Cortes Españolas prefiere apoyar la posición de Stalin que la de Churchill, De Gaulle y Eisenhower. No paramos de mejorar.

Y puestos a denostar a Franco, lo siguiente es el agravio a todos los muertos de nuestra guerra civil que estuvieron en su bando. Porque es mentira que el objetivo de la reforma de la Ley de la Memoria Histórica sea rendir homenaje a todas las víctimas. No hay más que ver el proyecto de ley que presentó Margarita Robles hace ocho meses, el 22 de diciembre de 2017, para reformar esa ley. Ahí queda claro que las únicas víctimas de la guerra fueron los del bando republicano. Dice ese proyecto en su artículo 2 que: «A efectos de la presente Ley se consideran víctimas todos aquellos y aquellas, con independencia de su nacionalidad que, por su lucha por los derechos y libertades fundamentales del pueblo español, hayan sufrido los mencionados daños como consecuencia de acciones u omisiones que violan las normas...». Yo no discutiré que todos, de uno y otro bando, creían que luchaban por la libertad. Incluso Enrique Líster, El Campesino y Agapito García Atadell, de espeluznante memoria en la Casa de ABC. Me gustaría saber si los muertos que ellos asesinaban sin ninguna medida estaban mejor asesinados que los que dicen que mataba el general Queipo de Llano. Me gustaría, en fin, que el presidente Sánchez o la ministra Robles nos aclaren si todos los muertos del bando vencedor son también víctimas y, por lo tanto, van a quedar sepultados donde están si es que sus familias no quieren llevarse sus restos.

Vivimos una inmensa impostura. Yo hago un modesto llamamiento a quienes sienten afinidades ideológicas de izquierda. Sean conscientes de a dónde está llevando este país el presidente del Gobierno. Se está buscando la confrontación una vez más. Se está mintiendo y, lo que es peor, Partido Popular y Ciudadanos no tienen el valor de hacer frente a la mentira porque les da miedo el qué dirán. Yo no sé -aunque algo me lo imagino- lo que dirán en el futuro. Lo que sí sé es lo que podemos decir ahora: que un régimen político que funda su legislación en la mentira pierde toda legitimidad. Y quien no se atreve a votar contra esa mentira en las Cámaras difícilmente podrá nunca reivindicar la legitimidad de su acción política.

Por qué Franco debe estar en el Valle de los Caídos
Pío Moa Gaceta.es 29 Agosto 2018

En torno al manifiesto católico por Franco, me preguntan algunos dónde hay que firmar. Lo he escrito para que circule al máximo y cree opinión, y para que quienes dispongan de medios para organizar actos y recogidas de firmas, lo hagan. Hay muchos. Por mi parte, no puedo hacer más que exponer un discurso coherente e incisivo, que a mi juicio es lo principal. Que se aproveche o no, ya sale de mis posibilidades.
La propuesta de manifiesto católico por Franco: http://www.piomoa.es/?p=7788

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El Valle de los Caídos es probablemente el monumento más grandioso y artísticamente logrado del siglo XX en cualquier lugar del mundo. Fue creado a iniciativa personal de Franco para conmemorar la victoria en la guerra civil, y poco después tomó el carácter de la reconciliación, al trasladar allí restos de soldados del bando enemigo. La reconciliación nunca fue aceptada por los dirigentes del Frente Popular ni de los políticos que se identificaron mucho más tarde con ellos. Y es lógico, entre otras cosas porque la reconciliación simbolizada en el Valle se hacía bajo el signo de la cruz, y si algo unió al Frente Popular derrotado en la guerra fue un odio visceral a la cultura cristiana, raíz de la cultura española y europea, y su decisión de erradicarla matando al clero y a numerosos católicos, e incendiando iglesias, monasterios, bibliotecas y centros de enseñanza.

Se ha dicho que la reconciliación nacional se efectuó a la muerte de Franco, pero la reconciliación muy mayoritaria se produjo ya en los años 40, como lo prueba el fracaso del maquis y la ausencia de oposición al nuevo régimen… salvo por los comunistas, el sector más totalitario del derrotado Frente Popular. En la transición solo se reconciliaron los políticos. Y solo cuando Franco, después de muerto, infligió una segunda derrota al Frente Popular en el referéndum de 1976. Entonces los que se consideraban herederos del bando derrotado intentaron una “ruptura” radical con el franquismo para enlazar con la supuesta legitimidad del Frente Popular. Pero la decisión abrumadoramente mayoritaria del pueblo fue la democracia “de la ley a la ley”, es decir, no contra sino desde el franquismo y por tanto contra la ruptura.

Y era natural: una democracia solo funciona en sociedades prósperas, con amplia clase media y sin los odios tremendos que destrozaron la república. Y esa prosperidad y superación de los odios eran la herencia evidente del régimen de Franco. En consecuencia, los políticos que proponían la ruptura debieron aceptar, o más bien resignarse, a una reconciliación que, como han demostrado con el tiempo, no sentían realmente, de modo que cuando han vuelto a cobrar fuerza, tratan de despertar los viejos odios y tratan de vengarse simbólicamente ultrajando los restos de Franco expulsándolos del Valle de los Caídos, dentro de una campaña más vasta con ánimo de cercenar las libertades democráticas so pretexto de “apología del franquismo”.

Para ello han ideado una campaña de absolutas falsedades, hablando de 20.000 presos republicanos condenados a trabajo esclavo para edificar el monumento y otras infamias que dejo aquí de lado. Lo esencial es el argumento de que una democracia no debe tener en un monumento tal la tumba de un dictador, victorioso sobre un Frente Popular supuestamente democrático. Esto es un insulto a la historia, a la democracia y a la verdad. Se hace indispensable, entonces, que la opinión pública conozca lo que fue realmente el Frente Popular más allá de las propagandas, porque ello es indispensable para sanear la democracia actual, perturbada por una falsificación sistemática de la historia.

El Frente Popular fue, de hecho, una coalición de partidos separatistas basados en un racismo demencial, de partidos totalitarios, especialmente socialistas y comunistas, y de grupos golpistas republicanos de izquierda, como el de Azaña. Solo esta constatación basta para entender que no hubo un solo demócrata entre ellos, aunque hablasen incesantemente de democracia. Y para entender el sentido de la guerra civil como una lucha entre los que aspiraban a disgregar España, imponer un totalitarismo y arrasar la cultura cristiana, y los que se oponían a todo ello. Solo reconociendo esta verdad se superará la guerra civil.

El Frente Popular llegó al poder mediante un golpe de estado, pues unas elecciones fraudulentas son un golpe de estado, y las elecciones de febrero de 1936 fueron falsificadas por las izquierdas como está documentalmente probado. Aquel fraude destruyó la legalidad republicana (pero ellos se seguían llamando republicanos, con la misma desenvoltura con que se proclaman demócratas). Y a continuación de dicho golpe, el Frente Popular sumió al país en una orgía de crímenes, incendios y arbitrariedades, anotadas por el propio Azaña, y culminados en el asesinato de un jefe de la oposición, Calvo Sotelo. Otro rasgo del Frente Popular fueron los odios entre sus mismos componentes, que ya entonces se asesinaban entre ellos y que en plena guerra civil causarían persecuciones sangrientas y dos guerras civiles menores entre sus partidos.

Franco y otros se sublevaron contra aquella situación de descomposición de la ley y del país. Rebelión legítima, pues alzarse contra una tiranía semejante lo es. Se consideran dos tipos de legitimidad: la de origen, que es indiscutible salvo para quienes identifican democracia con fraude, corrupción y tiranía; y la de ejercicio, manifestada en el progreso de la sociedad. Y el franquismo transformó la sociedad española, que pasó de la miseria a la prosperidad y de un clima de odios irreconciliables a la moderación política. Y lo hizo con un régimen de autoridad que restringía, sin anularlas, las libertades políticas para los partidos de aquel Frente Popular o sus sucesores. Solo en esas condiciones era posible salir del círculo vicioso de la pobreza y los rencores, y hacer factible finalmente la democracia, votada por gran mayoría en 1976.

Pues bien, el máximo artífice personal de la nueva España fue Franco, y el Valle de los Caídos su símbolo. Por eso, más allá de argumentos legales o familiares, el argumento de la historia y la verdad impone que el lugar de sus restos es y debe ser aquel en que se halla.

La argucia de que una democracia no puede admitir un monumento al dictador, sugiere que quienes lo emplean son demócratas. Para entender que no es así bastará un breve repaso histórico: 1. El PSOE, en alianza con separatistas, anarquistas y extremistas republicanos, intentó derrocar violentamente en 1917 al régimen liberal de la Restauración. 2. Pasó luego a colaborar con la dictadura de Primo de Rivera. 3. Terminada esta, colaboró en 1930 con un golpe militar para traer la república y que fracasó. 4. Durante la república juzgó que había condiciones para imponer un régimen de tipo soviético mediante una guerra civil y la organizó, con esas mismas palabras, y la intentó, junto con los separatistas catalanes y los comunistas, en 1934. 5. Al fracasar, dejando grandes destrucciones y 1.300 muertos, fue un artífice principal del Frente Popular, de la falsificación electoral y de las violencias subsiguientes y autor directo del asesinato de Calvo Sotelo. 6. Ya durante la guerra envió las reservas financieras de España a Stalin, a quien convirtió en amo prácticamente del Frente Popular. 7. Organizó también el expolio sistemático de gigantescas sumas de bienes públicos y privados, con los que se mantuvieron sus jefes en el exilio. 8. Durante el franquismo su oposición, al revés que la de los comunistas, fue casi nula. 9. Al morir Franco fue, junto con los comunistas, separatistas y otros, principal impulsor de la “ruptura” que quería enlazar con el Frente Popular. Como puede verse , un historial democrático intachable

Ante el fracaso del rupturismo el PSOE debió reconsiderar ciertas cuestiones, pero básicamente siguió con sus tradiciones, manifestadas en una corrupción masiva, colaboración con la ETA, explícita en la “salida política”, no incompatible con cierto terrorismo de gobierno (el PSOE tiene su propio historial terrorista, y Felipe González se libró por los pelos de la cárcel). Financiación y colaboración con los separatismos (igual que el PP, por cierto). Rescate de la ETA después de que el gobierno de Aznar la llevara a la ruina, y recompensa a sus crímenes convirtiéndola en una potencia política y dañando gravísimamente el estado de derecho (ETA y PSOE comparten hasta un 90% de ideología, suele olvidarse este pequeño detalle). Demagogia y derroche económico. El PSOE, “partido de los obreros”, logró elevar el número de parados a un millón en la república, a tres millones con Felipe González y a cinco millones con Zapatero. No está mal. Asimismo ha implantado leyes antijurídicas como las llamadas “de género”, y abiertamente totalitarias como la de “memoria histórica”, tratando de imponer desde el poder, al modo de Corea del Norte, su propia versión de la historia… Podríamos seguir muy largamente.

No, el PSOE no es ni ha sido nunca un partido democrático, sino, siempre, la más grave amenaza para la libertad de todos en el siglo XX y lo que va del XXI. No ha contribuido en lo más mínimo a la democracia actual, sino que se ha beneficiado de ella, parasitándola y envileciéndola con la corrupción y la mentira sistemática, porque no vive en la mentira, sino DE la mentira. Y este es el partido, que de acuerdo con la ETA legalizada, con los separatistas que vuelven a amenazar gravemente la nación española, scn el propio PP, quiere profanar y ultrajar la tumba de quien tan merecidamente lo derrotó en la guerra y trajo paz, orden, progreso y libertad personal a la sociedad española.

Estas cosas, cuya realidad está ampliamente demostrada, debieran ser conocidas generalmente por todos los españoles, si queremos que la democracia sane, porque está muy enferma, y se regenere. La libertad no puede basarse en el engaño, como viene sucediendo. Franco debe descansar en el Valle de los Caídos por imposición de la historia y el gobierno delincuente debería ir ante los jueces.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Falsemiento de prueba de cargo.

Vicente A. C. M. Periodista Digital 29 Agosto 2018

CARLES PUIGDEMONT Y EL RESTO DE DENUNCIANTES FALSEARON EN LA TRADUCCIÓN LA PARTE CLAVE DE LAS “DECLARACIONES PRIVADAS” DEL JUEZ PABLO LLARENA CAMBIANDO DRÁSTICAMENTE SU SIGNIFICADO EN SU DENUNCIA EN FRANCÉS ENTREGADA AL JUEZ BELGA.

Ha sido el diario EL MUNDO el que ha tenido acceso al documento completo de la denuncia presentada el pasado junio por los golpistas fugitivos Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros contra el juez Pablo Llarena ante un juzgado de lo Civil de primera instancia en Bélgica. Por curioso que parezca, de todos los que han debido tener acceso legal al documento de forma oficial, ninguno ha sabido encontrar este error de bulto cuando lo que sí que se disponía era de las pruebas audiovisuales y transcritas del contenido de las declaraciones y su exacta literalidad. El caso es que el error de traducción detectado resulta determinante como para desmontar toda la argumentación de los demandantes que lo aportaron como prueba de cargo contra el juez, ya que expresa justo todo contrario de lo que el juez declaró públicamente. Y eso que ahora califican de "error de traducción involuntario" resulta tan increíble como el no haber visto desde el principio la intencionalidad de los golpistas de apartar de la Instrucción a quien finalmente los ha llevado a su encausamiento y enjuiciamiento por graves delitos como el de rebelión y el de malversación de fondos públicos, declarándoles en rebeldía por encontrarse prófugos de la Justicia al no presentarse a declarar ni acceder a ser extraditados.

Resulta sorprendente el que se considere un error cuando cualquier traductor profesional que merezca tal nombre y haya sido capacitado para ese trabajo nunca incurriría en la interpretación en la que sí incurrió el que los golpistas y sus abogados eligieron para “ayudar” al juez belga a comprender los argumentos de su demanda. Porque si de las declaraciones privadas aludidas del pasado febrero se desprende algo, es precisamente el respeto escrupuloso del juez Llarena a no emitir juicio previo, es decir a no manifestar opiniones sobre algo tan relevante como la causa que instruía y que estaba en su punto álgido con la fuga de esos golpistas y a espera en esas fechas de una posible extradición por Alemania del principal responsable, Carles Puigdemont.

La frase en cuestión que fundamenta la demanda es la que se refiere a laperte donde declaró que:

“Bueno, yo no voy a referirme a ningún asunto que no esté bajo mi jurisdicción. Lo que sí que es cierto es que un delito político es aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que, sin embargo, por una consideración política esos comportamientos son perseguidos.
No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos - si es que eso ha sido así - pues tienen que ser investigados”.

En concreto ese “entrecomillado “ de “si es que ha sido así”. En la versión traducida entregada al juez lo que se indica es lo siguiente:

“Les delites politiques sont les comportements qui normalement ne seralent pas sanctionnées par l’ordre juridique pénal et qui néanmoins, pour une considération politique, ces comportements sont poursuivis. Ce n’est pas le cas que Nous travaillons à la Cour Supreme, il s’agit de comportements que son inclus dans notre Code penal et que, peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a Conduit à des personnes à le commettre , et oui c’est ce qui s’est produit, il fau faire une enquête.” Es precisamente ese entrecomillado del “oui c’est ce qui s’est produit, que se traduce por un “sí, eso es lo que sucedió” el que cambia de forma radical un condicional en aseveración tajante de un hecho que nunca se produjo.

Y es ese supuesto “error” de traducción que alegan ahora el que evidencia la clara manipulación e intento de engaño, inverosímil dada la catadura de los implicados, como el etarra Boye y los mismos golpistas, lo que anula todo este intento de manchar el prestigio no solo del juez Pablo Llarena sino de todo el Sistema Judicial español y deja la demanda sin efecto alguno. Porque hubiera bastado el que el juez de primera instancia belga hubiese inadmitido esa traducción sin garantías y ordenado una con las necesarias garantías para ser usada como prueba. Sobre todo, por la existencia de documentación audiovisual que solo apoya la versión escrita en español. Ante esta nueva confirmación de la falsedad de la principal prueba aportada por los demandantes, se hace innecesario proseguir con la instrucción y debería declararse nula en todas sus actuaciones incluyendo la extemporánea citación al demandado juez Pablo Llarena.

Sería bueno el que la Abogacía del Estado iniciase los trámites para exigir esa nulidad de actuaciones y la inadmisión de esta demanda. Tampoco estaría de más el interponer una querella contra los demandantes por falseamiento de pruebas, y así desnudar a estos acogidos por esa judicatura belga tan comprensiva con los terroristas y delincuentes de otros países. Una vergüenza que en algún momento debería pasarle factura a un Estado que se comporta de forma tan mezquina, hipócrita y desleal con el resto de sus socios de la UE.

Solo espero que los golpistas dejen de sentirse protegidos en ese cómodo refugio, y sientan el acoso y la vigilancia de todos sus pasos y ver, al igual que ha pasado con un fugitivo criminal nazi, como finalmente va a ser juzgado y condenado por sus crímenes. EL juicio contra el golpe de Estado no se va a parar, incluso aunque el Gobierno de Pedro Sánchez intente interferir e influir en el tono de las acusaciones a través de la Fiscalía del Estado. La Justicia tiene sus tiempos, pero una vez en marcha ya no hay nada que la pare. Habrá juicio y habrá condenas acordes con la gravedad de los delitos imputados. Y para los fugitivos, declarados en rebeldía, serán igualmente juzgados y condenados, aunque no se pueda hacer efectiva si no deciden regresar y se mantienen fugados en países reacios a colaborar con la Justicia de España.

Lo verdaderamente miserable ha sido la actitud de vaivén del Gobierno de Pedro Sánchez que solo ha cedido de su miserable posición inicial transmitida por la Ministra de Justicia, Delgado, tras una clamorosa protesta y presión de casi la totalidad de las instancias judiciales, jueces, fiscales y partidos políticos que no forman parte del grupo de socios del PSOE en esta farsa de legislatura impostada tras una moción de censura con el apoyo de los enemigos de España.

NO ha sido una rectificación voluntaria sino forzada ante la amenaza de verse demandado por una injustificable posición favorable a los intereses de los golpistas, que son socios de legislatura de este hipotecado Gobierno. Ahora lo que tiene que hacer es cumplir con su deber y personalizarse en la demanda para aportar la prueba de cargo que la debe anular y no seguir con esta farsa de distracción de los golpistas fugitivos de la Justicia.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡ Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

No basta con desautorizar a la ministra de Justicia
EDITORIAL  Libertad Digital 29 Agosto 2018

Lo más grave no es que la querella contra Llarena se sustente en falsedades, sino que el Gobierno de España tenga por sustento a los golpistas.

Vaya por delante que ningún Gobierno debió conformarse con el apoyo de formaciones golpistas que abiertamente insisten en desafiar el Estado de Derecho y hacer trizas la convivencia nacional. Dicho esto, las declaraciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en las que justificaba la pasividad del Ejecutivo, en general, y de su departamento, muy en particular, ante la nauseabunda demanda presentada el pasado 5 de junio en Bélgica por el prófugo Carles Puigdemont contra el juez que instruye la causa del golpe de Estado en Cataluña, Pablo Llarena, van mucho más allá de una ya de por sí criticable muestra de agradecimiento por el respaldo separatista a la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno: constituyen una clamorosa dejación de funciones por parte de una ministra de Justicia que se muestra desleal e impasible ante el descarado intento de desacreditar internacionalmente al sistema judicial español, al que la denuncia contra Llarena sitúa "al lado de Kazajistán entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales".

Es lógico que ante una denuncia de estas características –en la que, como se ha sabido ahora, los separatistas además falsearon la traducción de unas declaraciones de Llarena para presentarlas como violaciones de la presunción de inocencia de los acusados– el magistrado del Tribunal Supremo solicitase el amparo del Consejo General del Poder Judicial. No menos lógico resultaron las protestas de la mayor parte de asociaciones de jueces y fiscales, incluida la Unión Progresista de Fiscales a la que pertenece la propia Dolores Delgado. Lo que sólo se puede entender desde la hipoteca que este Gobierno tiene con los separatistas son las repulsivas declaraciones en las que la ministra de Justicia se lavaba las manos afirmando que la denuncia obedecía a "expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez ante las que el Gobierno no puede actuar".

Es cierto que la postura de Delgado ha sido finalmente desautorizada por el presidente del Gobierno, hasta el punto de que la propia ministra ha tenido que afirmar que se tomarán todas las medidas necesarias "para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del reino de Bélgica", y que defenderá a Llarena "hasta las últimas consecuencias". Sin embargo, estos bandazos no hacen más que dar alas a unos separatistas que argumentan que la causa judicial contra el golpismo secesionista sólo obedece a razones políticas y, desde luego, no borran la necesidad de destituir de forma fulminante a tan incompetente ministra. Hay que recordar, además, que Delgado no tuvo reparos en su día en manifestarse en apoyo del prevaricador Baltasar Garzón, y que ahora es la principal impulsora del rescate de una demagógica y en el fondo antijurídica jurisdicción universal a cargo de amigos del condenado Garzón y del abogado de un proetarra.

Con todo, es de esperar que la deseable destitución de Delgado no se produzca y que todo quede en una reprobación en el Senado gracias a la mayoría que allí (aún) ostenta el PP. Y es que no cabe olvidar que lo más grave aquí no es que la querella de los golpistas contra Llarena se sustente en falsedades, sino que el Gobierno de España tenga como sustento a los golpistas.

Estado sin Estado
Javier Barraycoa Gaceta.es  29 Agosto 2018

El título de este artículo es calculadamente ambiguo. Es evidente que vivimos bajo un Estado, y es evidente que el Estado ya no existe. Esta aporía sólo tiene solución dependiendo del sentido que le demos a la palabra Estado. Por un lado, el Estado puede ser considerado como una maquinaria administrativa que tiene amplios espacios de control y regulación social. Dependiendo de los niveles de administración que se establezcan, de las competencias que se asuman, de las reglamentaciones que se establezcan y la capacidad para mantener esta maquinaria y darle una orientación, entonces el ciudadano podrá ser más o menos feliz. Que existe el Estado en este sentido es evidente. Me siguen llegando multas a casa, sé que me tocará volver a hacer la declaración de renta, me tocará pagar el IBI y el IVA, el impuesto de circulación, y tendré que pasar la ITV. Sí, el Estado existe.

Pero si entendemos el Estado como mera maquinaria administrativa, capaz de autorregular la sucesión de sus mandatarios (en este caso a través de elecciones) cuya única finalidad es mantener el dispositivo de control social y acomodar a una casta política capaz de intercambiar engranajes y piezas sin rubor para mantenerse dentro de la maquinaria, entonces todo es absurdo. Es -por ilustrar- como si un reloj funcionara pero hubiera perdido las manillas. O alguien las hubiera regalado (como quien traspasa competencias) por mantenerse con la cajita que funciona, de momento, pero no tiene agujas. Con otras palabras, el Estado tiene que tener una finalidad que no sea el mantenimiento de una casta política al precio que sea. Sería tan estulto como un niño feliz con que le regalaran un reloj sin agujas. Y más absurdo es cuando los inquilinos del reloj, por mantenerse en el poder, se reparten piezas sin ton ni son para que otros, con trozos del artefacto, intentaran construir el suyo propio. No pongo paréntesis para explicar que me refiero a los separatistas porque es demasiado evidente. El separatismo construye su Estado -sí, sigue construyendo su Estado- con las piezas del Estado español. Y eso es lo más penoso de todo, que no se den cuenta -unos y otros- que eso es imposible.

La segunda forma de entender el Estado, que nos libraría de estos absurdos, es que el Estado fuera -en sentido griego- una Polis o comunidad política. Por definición, el bien de la Polis es la unidad y su fin -ya lo hemos repetido en ocasiones- conseguir la virtud de sus ciudadanos. La unidad en una comunidad política se pierde cuando desaparece el principio de autoridad. Entonces la disgregación y el conflicto son inevitables. Lo expuesto hasta ahora tiene como intención intentar explicar la extraña sensación que todos padecemos. Por un lado, instintivamente, percibimos que estamos ante un proceso de desintegración social; pero por otro lado -formalmente- no nos dejan de recordar que estamos en un Estado (y para colmo de Derecho) indestructible. Y este es el drama, el Estado administrativo es como la maquinaria de un reloj que sigue funcionando, pero sin agujas, los engranajes se están descompensando, y los inquilinos han regalado demasiadas piezas para que éste aguante mucho tiempo, pero de momento parece que tira.

En igualmente patente que en nuestra sociedad ha desaparecido el principio de autoridad. Y a eso le llamamos anarquía; una anarquía de momento más mental que corporal, porque los engranajes del reloj aún giran. Pero ya decía Aristóteles que es mejor una tiranía -pues mantiene un asomo de principio de autoridad- que no la anarquía. Cuando desaparece la autoridad, no nos engañemos, no se abre un espacio para la libertad. Por el contrario, es el momento de la emergencia de la anarquía y su amante el totalitarismo. Y aquí está la clave: la anarquía y el totalitarismo no se excluyen; se conjugan, se contornean y conviven desquiciando a una sociedad entera. Esto es lo que nos está minando como sociedad y como alamas sin darnos cuenta. Es la incapacidad que tenemos de percibir que estamos sometidos a este doble yugo lo que nos hace sentir espiritualmente desencajados en este tiempo histórico que nos ha tocado vivir. La sociedad ha dejado de ser comunidad política, para convertirse en Estado administrativo a punto de colapsar y desintegrarse en trocitos, mientras que sus responsables niegan la mayor.

Podríamos poner ejemplos como el de una experiodista que se ha empeñado en dinamitar la Jefatura del Estado desde dentro; el de alcaldesas que se creen con el derecho de decidir que el vicio es virtud y la virtud vicio y así lo inculcan (sí, es una referencia a Inmaculada Colau a la que invitamos a pasearse por el Raval); el de policías regionales como los Mozos de Escuadra que se creen una policía política al servicio de un demente que retoza en Waterloo feliz, porque cree que le han entregado buena parte de las piezas indispensable para que funcione su reloj y deje de funcionar el otro. Ya nadie les recuerda a los Mossos que son funcionarios de un Estado pilotado por un guaperas llamado Pedro Sánchez; El ejemplo más grave es el de un presidente de gobierno que cree que tiene el poder absoluto para, a base de decretazos, profanar tumbas, acallar magistrados o imponer el programa mundialista sobre una sociedad teóricamente soberana.

Pedro Sánchez encarna mejor que nadie el dictador-anarquista embebido de narcisismo. Cree tener el poder de cambiarlo todo, de enchufar a todos, de no someterse a nada, incluso se cree bello. En definitiva, es un niño malcriado, al volante de un Estado sin alma y casi sin gasolina. Sólo cabe poner la cuenta a tras para saber cuando nos estrellaremos. Pero claro, las agujas las regalaron hace tiempo con la transferencia en materia de educación, la policía autonómica o cualquier otra menudencia. O sea, que ni eso podemos hacer. En fin, recemos para que en uno de esos traspasos de competencias al menos no regalaran el airbag a los nacionalistas. Tic-tac.

La España que convive
Fran Carrillo okdiario 29 Agosto 2018

“En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”. Así terminaba aquel primero de abril de 1939 una inhumana Guerra Civil que daría paso a cuatro décadas de dictadura inmisericorde. Palabras aquellas de Franco antesala de un nuevo periodo basado en la ruptura en dos de un país que enfrentó hasta lazos de sangre sin mácula de fanatismo. Cuando reunidos, muerto el dictador, los padres de la Transición decidieron construir una nueva España, basada en un patriotismo constitucional de mejor cuño, donde todos cupieran, y en la que todos convivieran, estaban pensando en algo más allá de la reconciliación. En un proyecto imperecedero donde las reformas constitucionales fueran una obligación del empuje de los tiempos, una adecuación legal al contexto de la calle. Nunca imaginaron nuestros founders modernos que su transversal idea se resquebrajaría por la insolidaridad de los herederos de algunos de los allí presentes. El nacionalismo siempre fue un chantaje actualizado, una ucronía que dibujaba epopeyas para consumo del votante cautivo.

Por aquel entonces, los Roca, Sole Tura y aliados no creían en lo salvífico de una independencia. Hoy, sus continuadores, abrazando la modernidad carca del racismo y la xenofobia, tampoco creen en ella, pero sólo piensan en ella. Porque mientras piensan, dividen y mientras dividen, sobreviven – y muy bien- en esa utopía. El separatismo que sufrimos, como carne que emponzoña toda relación humana de afecto, y apoyado por el golpismo político y militante, alienta esa espiral de confrontación donde todo vale, incluida la agresión sin límite hacia el discrepante. Por su parte, el Gobierno central, mediante su continuada y calculada inacción, y en virtud de los pactos establecidos entre las bambalinas de una moción de censura, pone en jaque la convivencia que la mayoría de españoles esperan y desean de sus representantes públicos, alineándose con quienes llevan registrados el sello de la división y el enfrentamiento.

Por ello es preciso hacer frente a este desafío desde la firme convicción que otorga la defensa de una historia y unos valores. Bajo un prisma centrista, moderado y creyente en aquellos principios que han construido nuestra democracia en este periodo de bienestar conjunto. Hoy, la España que vive a espaldas del odio —la gran mayoría— prefiere respirar de frente a la convivencia, superando juntos estadios de división y espectáculos de bilis. Es preciso reforzar la autoridad de la Justicia en nuestro país, donde jueces y fiscales no sean agredidos en aquellos territorios de la nación en los que ejercen con total independencia y honorabilidad su función. Es también prioritario garantizar los mecanismos de cooperación con nuestros socios europeos en el control de fronteras, así como respetar las legislaciones nacionales y proteger la igualdad de todos los ciudadanos españoles residan en la comunidad que residan.

La España que convive defiende sin complejos la unidad del territorio nacional, en su plural y maravillosa diversidad. La España que convive defiende la aplicación de la ley allá donde ésta no se aplica por quienes deberían ser representantes del Estado pero son golpistas contra el Estado. La España que convive tiende la mano a la concordia y al pacto, a izquierda y derecha, entre familias políticas diferentes, consciente que toda nación debe su futuro a los acuerdos del presente. La España que convive es la de Savater y Serrat, la de Mendoza y Boadella, la que fue de Baroja y Unamuno, de Pla y Dalí. Es la de aquellos que abarrotaron las calles de Barcelona hace menos de un año reclamando seny y firmeza ante el extremismo. Es la que no quiere más casos como el de Lidia, la mujer agredida el pasado sábado por combatir la mentira institucional. La España que convive grita ¡basta ya! de totalitarismo callejero. Y es la que jamás callará ante los guardianes del silencio que todo lo apresa, franquistas sociológicos, amantes de la ruptura que aún quieren seguir en la guerra.

El silencio dispara la sospecha
OKDIARIO 29 Agosto 2018

La sucesión de hechos sobre las malas prácticas del PSOE valenciano hacen insostenible el silencio de Pedro Sánchez. Por mucho que sus socios nacionalistas, independentistas y populistas hayan evitado su comparencia en el Congreso —algún rédito buscarán a costa de todos los españoles—, la credibilidad del presidente del Gobierno y su partido pasa por dar explicaciones claras sobre las actividades opacas que han caracterizado al PSPV-PSOE. En el inagotable catálogo de acciones sospechosas, lo último es la publicación de una auditoría que revela que la ministra de Sanidad, Carmen Montón, pagó 24,5 millones de euros sin contratos cuando era consellera del mismo sector en la Generalitat Valenciana.

Si ésa es la ejemplaridad que argumentaba el PSOE como motivo para su moción de censura, entonces los socialistas no deberían estar ni en el Gobierno de España ni en el valenciano. Resulta llamativa la doble vara de medir que desempeñan. Apoyados por Compromís, hicieron casus belli de cada caso del Partido Popular en la comunidad autónoma cuando estaban en la oposición. Hasta el punto de ponerlos como paradigma de lo que nunca harían como dirigentes políticos. Una vez llegados al poder, tanto ellos como el PSOE nacional utilizan la callada por respuesta en un asunto con demasiados interrogantes sin resolver. La presencia de la propia Carmen Montón en el Ejecutivo llama poderosamente la atención.

Al margen de esta auditoría, que revela la nula existencia de los principios fundamentales exigibles en la contratación pública, Carmen Montón enchufó a 23 amigos y familiares durante su actividad autonómica. Entre ellos, a su propio marido, que tuvo que dimitir a los tres días. A pesar de semejante currículo, y de desviar pacientes a hospitales de una empresa acusada de financiar al PSOE valenciano, Montón ostenta una cartera ministerial. Ver para creer. Especialmente cuando el propio Pedro Sánchez dijo en la moción contra Mariano Rajoy que “no hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción”. Si los socialistas no tienen nada que esconder, no deben tener miedo de dar explicaciones y disipar cualquier duda. De lo contrario —como estamos viendo desde que se hicieran cargo del Ejecutivo— la inestabilidad carcomerá hasta el cimiento más sólido de España. Las consecuencias, como siempre, las pagarán los ciudadanos.

Teoría y práctica del 'nacional-lazismo'
Jesús Nieto Jurado El Espanol 29 Agosto 2018

Los despachitos de Quim Torra con el prófugo reflejan una feliz coyunda internacional en Waterloo. Desde allí amenazan a la Constitución del 78 como para justificarse ambos. Allí, el disparate del Estado autonómico se cubre de gloria y de periodistas de la cuerda. En Bélgica, además de rencor histórico, mala leche, falsa neutralidad de los jueces y mejillones, hay un Palacio feo de la Generalitat donde se cuece una autonomía volcada al desastre.

Waterloo refleja la Cataluña pensante; que lo de debajo de los Pirineos es tierra subsidiaria con lacitos, una delegación en vísperas de liarse a tortas por culpa de horteras plásticos amarillos. En la Cataluña ibérica anda acampado el primer ejército del lazismo, una ideología que ocupa calles y pasa alienada las tardes del sábado. En Waterloo se deciden las líneas maestras de Cataluña, mientras que de Llivia hacia el Sur la calle es de los brazos armados de Puigdemont. Entre Waterloo y el payés que pone lazos y cruces se crea un país que será reconocido por la Gagauzia, la Transnistria y hasta por la región autónoma del quinto pino. A una llamada patriótica de Waterloo responden prietas las filas de los lacistas; acaso porque Puigdemont manda, Torra lo pone en papel timbrado y los catetos hacen la calle suya con cachondos flashmobs. Lo que no es CDR es contrarrepublicano y radical. Y Lledoners y Lérida, virreinos de la cosa: ermitas para la romería del Rocío catalán donde, más que a caballo, la cosa va de honrar al osito santurrón.

Los escraches al juez Pablo Llarena, los insultos a Arrimadas, anuncian otra forma de construir una independencia tácita que Sánchez medio ha consentido: hasta que le enmendaron la plana desde la cofradía de la magistratura. Pero la teoría y la práctica del lazismo evidencia que los indepes tienen mucho tiempo libre, y en toda esta movida de santificar a los golpistas se han formado nuevas parejas y futuras familias.

El lazismo es un movimiento intergeneracional, una Crida improvisada donde hay niños y abuelos que se saben en una etapa histórica. Los nacionalistas han descubierto las bondades de formar el lío en la puñetera rue en el dulce otoño catalán. Poniendo las cruces, la mitad de Cataluña se ha encontrado a sí misma. El seny, al final, resultó un invento de los españoles para violentarles la Arcadia feliz.

Cada lazo amarillo equivale a una persona física de la República catalana. Sus héroes de plástico amarillento son patrimonio nacional. Puigdemont y Torra, entretanto, la necesaria burocracia.

Tribunales DESAFÍO SECESIONISTA
La Generalitat recaudó 75.700 euros en multas a comercios por no usar el catalán en 2017
Carmen Lucas-Torres El Espanol 29 Agosto 2018

La Generalitat de Cataluña, mediante la Agencia Catalana de Consumo, tramitó 67 expedientes sancionadores durante el año 2017 contra establecimientos que incumplieron la ley del Código de Consumo de dicha región en cuanto a la obligación de atender e informar a los consumidores en catalán.

Según los últimos datos de dicha agencia a los que ha accedido EL ESPAÑOL, el Govern -con Carles Puigdemont a la cabeza hasta su huida- recaudó por medio de dichas sanciones 75.700 euros.

Fue el tercer motivo de multas de la mencionada agencia, perteneciente a la consejería de Empresa catalana, después de las sanciones impuestas por las condiciones de venta y prestación de servicio (152) o por cláusulas y prácticas abusivas (140). Éstas últimas recibieron las multas más altas, recaudando más de 2,1 millones de euros de los infractores.

Baleares aprueba el decreto del catalán en sanidad

El catalán comercial por ley
El Estatuto de autonomía de Cataluña recoge en su artículo 34 los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios pero, además, en el año 2010 el Gobierno tripartito de Partido Socialista Catalán, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds aprobaron la Ley del Código de Consumo de Cataluña en la que se contienen los derechos lingüísticos de los consumidores y las sanciones para quienes las incumplan, que van de los 1.000 a los 10.000 euros según el grado de las infracciones.

En el artículo 128-1 de dicha ley que también mantuvieron los Gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont se especifica toda la información que "las personas consumidoras tienen derecho a recibir en catalán", como las invitaciones para comprar, las informaciones necesarias para el consumo (...) con independencia del medio, formato o soporte utilizado o la información sobre contratos, entre otras.

Las empresas que incumplen las obligaciones en materia lingüística de dicha normativa son sancionadas, según se recoge también en la ley, con multas de entre 1.000 y 10.000 euros, como así ocurrió durante 2017 (último año registrado) hasta en 67 ocasiones.
 


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