AGLI Recortes de Prensa   Jueves 30 Agosto 2018

Los españoles y el perro de Pávlov
Jorge Vilches www.vozpopuli.com 30 Agosto 2018

Un gobierno sin iniciativa política es un administrador molesto. Esa fue una de las grandes carencias de Rajoy, quien parecía que siempre iba a rebufo, una zancada por detrás, persiguiendo la zanahoria puesta por la oposición o los golpistas. No entendió que una cosa es presidir el Consejo de Ministros y otra tener el Poder, que en política consiste en dirigir una sociedad a través de la persuasión o la coerción.

Esto sí lo ha comprendido Pedro Sánchez. El gobierno con menos apoyo parlamentario de la historia de la democracia española, puesto en manos de un coleccionista de derrotas, ha hecho en España lo que Pávlov con su perro; es decir, sacó a Franco para que “salivaran” periodistas, analistas y demás, y lo ha conseguido. A derecha e izquierda, centristas y equidistantes, han (hemos) picado.

Sánchez va dosificando los anuncios sobre sus intenciones de “dignificar la democracia” por “vía urgente”, con contradicciones y ocurrencias aparentes. Dice que sacará al dictador en secreto o con las cámaras de TV, con acuerdo de la familia o sin él, que convertirá el Valle en un “centro de la memoria histórica” o en un cementerio civil.

No importa si el gobierno de Sánchez puede hacerlo sino la eficacia de la maniobra de distracción. Y hay que reconocer que lo consigue, porque a continuación se produce la avalancha de análisis sobre el dictador, la Guerra Civil, e incluso la Transición. Unos recuerdan los crímenes de socialistas y comunistas tras julio de 1936, otros ven franquistas en cada tibio o despistado, mientras los aleccionadores de lo simple, siempre en tono grave, rememoran que el éxito de 1978 fue que no hubo ruptura, como sueñan hacer ahora los izquierdistas.

Sin embargo, mientras se discute si el Valle es inconcebible en Alemania o Italia (nunca se habla de la URSS), o si el ministro Guirao, el de Cultura (eso dicen) lo equipara a Auschwitz en una intolerable trivialización del Holocausto, o si, ya en plan cool, hay que convertirlo en el “Arlington español”, el Gobierno planea desmantelar el sistema.

No se discute lo verdaderamente relevante de esta situación política: que las hipotecas del gobierno del PSOE con quienes apoyaron la moción de censura y de quien depende su mayoría en el Congreso, coinciden con sus deseos de permanecer en Moncloa a cualquier precio. Me refiero a las dos líneas que están quedando en un segundo plano: el espíritu autoritario que impulsa Podemos, y la desvertebración del país que persiguen los nacionalistas vascos y catalanes.

En la competición con Podemos por el protagonismo en la izquierda española, el Gobierno funciona a golpe de decretazo, en un fraude de ley porque no hay urgencia, para transformar a placer sin pasar por los mecanismos corrientes. Se trata de arrinconar a los podemitas en la esquina oscura, donde sean irrelevantes para el sentimentalismo y el estatismo izquierdistas.

Los socialistas aprovechan para suplantar a los de Iglesias la circunstancia de que Podemos está en manos de Echenique, un hombre que no tiene autoridad en su organización ni conocimientos de política. La suplantación se efectúa incidiendo en los elementos identitarios de la Nueva Izquierda: el feminismo cateto -ahora se dice “Consejo de Ministros y Ministras”-, la fiscalidad socialista -que paguen los ricos y las “malvadas” empresas-, el buenismo de la inmigración -hasta que se topa con la realidad-, el aumento del gasto público -siempre se pueden imprimir más billetes, que diría Eduardo Garzón-, y la RTVE progre.

A esto se añade la eficacia en la dialéctica amigo-enemigo, donde han vuelto a ganar a Podemos. Sánchez ha aprovechado que un Gobierno es más potente que un partido a la hora de señalar al contrincante. Esta tarea la hicieron muy bien los podemitas entre 2015 y 2017, en parte por el abandono del viejo PP de los rudimentos más básicos de lo político. Eso hizo que los de Pablo Iglesias, bien promocionados en las teles amigas, tomaran el protagonismo mientras se desinflaba el PSOE. Esto lo ha revertido Sánchez dando un giro autoritario a su política.

La otra cuestión es el pago a los nacionalistas. La resistencia del gobierno a defender a Pablo Llarena como representante del Estado en la demanda civil de Puigdemont, ha puesto en evidencia las intenciones de Sánchez. El propósito es abandonar la “vía judicial” para el castigo de los delitos del golpismo, y tratar a sus delincuentes como interlocutores legítimos. El trasfondo es que el golpe que se inició en septiembre de 2017 con las “leyes de desconexión” y que culminó con la República de los ocho segundos se debió a la falta de “voluntad política” del enemigo; esto es, del PP.

Lejos queda la dureza dialéctica de Josep Borrell en aquellos días, y mucho más cerca las declaraciones de Carmen Calvo hablando de sentarse a negociar. Ese nuevo escenario de rendición preventiva no solo atañe a los nacionalistas catalanes, a los que se propone un nuevo Estatuto, sino a los vascos. Por eso están acordando con el PNV el traspaso rápido de competencias, especialmente las del control del transporte, las prisiones y la Seguridad Social.

Al fondo, de nuevo, está la organización y definición de España. Al PSOE de Sánchez le da igual que sea una nación de naciones, un pueblo de nacionalidades, una federación, una confederación, o una Liga de Estados y Ciudades libres, mientras tenga el apoyo parlamentario de los nacionalistas. Tampoco le importa negociar algún tipo de referéndum que contenga de forma explícita o implícita el deseo, o no, de seguir perteneciendo a este país.

Pero de todo esto no se debate. Franco y su Valle preocupan más. Ya escribió Michel Foucault que el Poder es una situación estratégica para el cumplimiento de un interés determinado, que se define por su capacidad para conducir al antojo las conductas colectivas. Sánchez ha confirmado a Pávlov.

Sánchez no puede declarar civiles las tumbas de Franco y Primo de Rivera porque están en suelo de la Iglesia
Carlos Cuesta okdiario 30 Agosto 2018

El enésimo plan del presidente del Gobierno para el Valle de los Caídos choca de nuevo con un serio problema legal: la tumba clave de todo este culebrón político -la del dictador Franco-, e incluso la de Primo de Rivera, se encuentran en terreno de la Iglesia. Por lo tanto la conversión del Valle en un cementerio civil -tal y como ha anunciado Sánchez desde Chile en su enésimo bandazo sobre este asunto- no solucionaría el problema: tocaría a todo el resto de tumbas, pero no a la que el presidente pretende sacar del Valle de los Caídos.

Los equipos jurídicos de la Fundación Francisco Franco y la familia del dictador hace tiempo ya que trabajan sobre este punto clave para evitar la exhumación de los restos mortales de Franco. Y es que el artículo 86 de la Constitución Española especifica que los decretos-leyes “no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado”.

Hay que recordar que en enero de 1979, unas semanas después de que se aprobara la Constitución Española, España y la Santa Sede cerraron sus acuerdos clave. Unos acuerdos que determinan las competencias legales de cada parte y el derecho a aplicar en cada materia.

El Tribunal Constitucional en su sentencia 66/1982 señaló claramente que “este Acuerdo del Estado español y la Santa Sede tiene rango de tratado internacional”. Y, por lo tanto, y según el artículo 96 de la Carta Magna española “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”. Y en este caso concreto, eso supone que “los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes”.

Traducido al caso práctico -es decir, al deseo de Sánchez de exhumar los restos de Franco-: que o le da permiso expreso la Iglesia para desplazar la tumba, o su plan de conversión del Valle en cementerio civil tampoco tiene validez en suelo de la Iglesia. Lo tendrá fuera de la Abadía. Pero no dentro del templo.

La Basílica del Valle de los Caídos es inviolable como dictan los Acuerdos entre España y la Santa Sede

Porque hay que recordar que la tumba de Franco está situada ante el altar y dentro de una basílica católica. Y esa basílica es inviolable tal como dictan los Acuerdos entre España y la Santa Sede. Una inviolabilidad, por cierto, que opera exactamente igual en los acuerdos con otras confesiones religiosas y que se aplica a los lugares de culto de los protestantes, judíos y musulmanes en España.

En resumen, que un tratado internacional no puede modificarse ni ser vulnerado mediante una figura legal de rango inferior. Y en caso de hacerlo se entraría en un posible delito de prevaricación, figura que, como ya ha anunciado OKDIARIO, estudia la familia y la Fundación Franco precisamente como respuesta a los actos que se protagonicen a partir de ahora por parte del Gobierno.

Círculos cercanos a la familia temen, sin embargo, que el anuncio de crear un cementerio civil va dirigido a incrementar la presión a la Iglesia para que acepte la salida de los restos de Franco de la Basílica. Todo ello, pese a la oposición expresa de la familia que, tal y como adelantó este diario, ha vuelto a quedar clara tras la aprobación del decreto del Gobierno para iniciar los trámites de convalidación de la exhumación de la tumba del dictador.

La presión se basaría en generar la imagen de que todo el Valle podría ser reformado para dar lugar a un centro laico y neutro desde el punto de los bandos republicano y franquista y que sólo quedaría un vestigio: dentro de la Basílica.

Repitiendo la historia sin hacer nada
Enrique de Santiago okdiario 30 Agosto 2018

El siglo pasado se vivió en el mundo un proceso por el que un líder alcanzaba el poder democráticamente, con el apoyo de su pueblo, utilizando el dolor de sus compatriotas y los modelos propagandistas del populismo propio del comunismo que había conseguido la más cruel y siniestra dictadura para, ahora él, llegar al mismo resultado desde el Nacional Socialismo, con una nueva visión de la supremacía de un pueblo sobre los demás. Una visión atractiva, con buena venta, que llega al corazón de la gente y que acaba con la mayor guerra jamás vivida. El producto era: somos el mejor pueblo, los más preparados, los más ricos, con un ADN diferente que nos hace superiores y Europa nos roba, nos utiliza, nos impide desarrollar nuestro modelo democrático, son los “monos” inferiores los que nos dirigen.

Para que esa farsa se sostuviese era preciso el caos, el enardecimiento de los sentimientos y la división, el incumplimiento de la Ley, el ánimo de ruptura, la asunción de los símbolos del partido como equiparables a los de la Nación, ensalzando la cruz gamada por encima de la bandera nacional. El resto de Europa miraba con recelo la situación, pero cobarde, no hizo nada, no actuó, observó pensando “eso le pasa a otros, al resto no nos pasará” y confiando en que la fuerza de los muchos y de la democracia podría con ello y acabaría circunscribiendo la lacra a unos pocos en cada país y en un país en concreto, permitiendo que el resto siguiese viviendo en su bienestar. Hoy, estamos viviendo en nuestro país un proceso similar, en el que unos pocos han conseguido inocular ese virus de España nos roba, los catalanes somos mejores, los catalanes generamos la riqueza que los “andaluces” nos quitan, incluso Torra afirmó que el catalán tiene otro ADN diferente y que quieren llevar a su pueblo a una democracia real… la suya.

El resto de España observa la situación con miedo pero, cobarde, es incapaz de hacer nada. Deja la educación en manos de la calaña, permite el incumplimiento de la ley sin actuar, no defienden los signos, emblemas, banderas e iconos de la democracia. Se acepta, sin pudor, el colocar en igualdad estos con los del “nuevo régimen”. La situación en Cataluña, de la que en su momento los propios catalanes te decían que estaba tranquila y que las disputas eran sólo de los políticos, que incluso en el 1-O te indicaban que era algo de unos pocos, que el común de los ciudadanos sólo quería paz y no quería ese tipo de disputas, ahora, asustados, te dicen que la fractura social, el ambiente de caos, de agresividad, de persecución del no secesionista, de los signos patrios y de lo que no sea independentista, es algo que observan como muy peligroso y preocupante, que se sienten abandonados, que el “ébola independentista” se asemeja demasiado a las fases del fascismo que nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial, en la que todos la veían y nadie hacía nada.

Llevamos mucho tiempo sin actuar, se aplicó un artículo 155 sin contenido real, se tiene miedo a actuar y tomar decisiones no necesariamente radicales, pero sí eficaces. Se permite que los delincuentes huyan de España y se “cisquen” en nuestras instituciones y, como ahora se necesita el voto de los fascistas, se mira a otra parte y no se defienden los símbolos, los Jueces, la Ley…. Como en Alemania, ya se ve el resultado.

La postverdad llega a la Guerra Civil
 La Razon 30 Agosto 2018

El último Consejo de Ministros aprobó el decreto por el que se ponía en marcha la exhumación de los restos de Francisco Franco en el Valle de los Caídos. La propuesta estrella del Gobierno socialista incluía la conversión del monumento de Cuelgamuros en un «lugar de memoria para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista». Sin embargo, Pedro Sánchez vuelve a rectificar, pero no para dejar claro lo que quiso decir en un primer momento, sino para oscurecer aún más la propuesta. Ahora se trata de convertir el Valle de los Caídos en un «lugar de reposo». Más concretamente, en un «cementerio civil».

Este cambio supondrá, a su vez, no sólo corregir lo anunciado con excesivo aparato pirotécnico el pasado viernes, sino modificar la proposición de ley del 14 de diciembre de 2017 para la reforma de la Ley de Memoria Histórica. En concreto, en su artículo 29 referente a que «el Valle de los Caídos se reconvertirá en un centro nacional de Memoria, impulsor de la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática».

Todo indica que Sánchez ha actuado no sólo con precipitación impulsado por su frívolo uso político de una mercancía sentimental que la izquierda suele manejar sin pudor siempre que llega al gobierno, sino que su propuesta no está madurada. Quiso patrimonializar la exhumación del dictador sin contar con la oposición y así convertirlos en cómplices y herederos políticos del franquismo, pero sin saber cómo emprender ni tener interés en un verdadero pacto de Estado «de acuerdo con los principios de pluralismo, reconciliación, paz y democracia que consagra la Constitución», como especificaba la proposición de ley ahora modificada.

De nuevo Sánchez juega con la inconcreción o abiertamente con la improvisación al proponer un «cementerio civil», algo que excede a las atribuciones del Gobierno. En esta materia, ya existe una ley de noviembre de 1978 con la que se emplazaba a todos los municipios a mantener conectados el cementerio civil y el católico y que los ritos religiosos se puedan realizar ante cada sepultura. El gran osario del Valle de los Caídos, que guarda cerca de 34.000 cuerpos, tiene unas condiciones muy especiales que no son las de un campo santo.

Si la imposibilidad de «resignificar» el monumento pasa por la presencia de la cruz de 150 metros de altura, entramos en otros capítulo para el que todavía no estamos preparados. En este sentido, nos tranquiliza la inconcreción del Gobierno en asuntos de desacralización. En esta confusión, vuelve a ponerse encima de la mesa la propuesta de creación de una Comisión de la Verdad, que también contemplaba la misma proposición de ley de mayo de 2017, que es un triste retroceso después de años de estudios de muchos historiadores, en España y fuera, por universidades de todo el mundo y que, poco a poco, ha establecido que la Guerra Civil hubo responsabilidades y errores por parte de todos los bandos.

Decir, tal y como establece esa ley, que la tarea de dicha comisión será la «recuperación y análisis de los documentos históricos» es desconocer los que guarda el Centro Documental de la Memoria (antiguo Archivo de Salamanca), el Archivo General de la Guerra Civil Española y otros fondos civiles y militares. Una comisión con «participación ciudadana» y testimonios orales es confundir el trabajo histórico con la «memoria». La demostración de que el PSOE vuelve a tener la hegemonía dentro de la izquierda no debería llevarle a regodarse en la suerte simbólico-ideológica, porque España no sólo tiene problemas más urgentes, sino que es un país digno que ha sabido perdonar, reconciliarse y estudiar su pasado. Los políticos, y de manera especial el Presidente del Gobierno, deberían dar ejemplo.

No es Franco, es la Transición
Isabel San Sebastián ABC 30 Agosto 2018

Los huesos de Francisco Franco son el pretexto, el señuelo, el trampantojo. A los agitadores de su exhumación, encabezados por el presidente del Gobierno Frankenstein, les importa un higo chumbo el destino de esos restos. Su empeño auténtico no consiste en desenterrar nada, sino en arrojar tierra, o mejor aún lodo, sobre uno de los episodios más logrados de la historia de España: la transición democrática, cuya esencia constituye un desmentido inapelable del relato falsario en el que radica su fuerza.

No es la momia del difunto dictador lo que les inquieta. ¡Qué va! Tampoco el recuerdo de sus cuarenta años a los mandos del país, mientras ellos disfrutaban de la prosperidad alcanzada gracias al trabajo de sus padres y sus abuelos, ajenos en su inmensa mayoría al rencor que les corroe a ellos. Ni siquiera está en el centro de sus inquietudes la devastadora guerra civil del 36, que nunca osan abordar en profundidad, confrontando su versión simplista y maniquea con la memoria imparcial de cómo, por qué y por quiénes se llegó a consumar el horror vivido antes, durante y después de aquellos tres años terribles. Nada de todo eso motiva su ansiedad por turbar el descanso de un muerto. Lo que les mueve, lo que les impulsa a poner en escena este montaje siniestro es el afán de deshacer a conciencia todos los lazos de unión que tejimos con enorme esfuerzo los españoles protagonistas de esa hazaña insólita en el devenir de nuestra nación que dio en llamarse Transición. Un hito del que reniegan con tanta hiel como ignorancia.

Por una vez en la historia, no fue una vuelta a la tortilla. No hubo vencedores y vencidos. No se enfrentó media España a la otra media a garrotazos, como en el cuadro de Goya. No cambiaron las tornas. No se cobraron venganzas. No triunfó la ruptura. Por una vez en la historia, la fuerza de la razón prevaleció sobre la razón de la fuerza y fuimos de la ley a la ley a través de la ley, en alas del diálogo y el consenso. Todo el mundo hizo renuncias. Nadie alcanzó el máximo de sus pretensiones, porque de haber intentado imponerlas el edificio se habría derrumbado. Los nacionalistas obtuvieron concesiones que a día de hoy a muchos nos parecen desproporcionadas (por ejemplo, en la ley electoral), con la esperanza ingenua de infundir en ellos una lealtad que les es completamente ajena. Dos amnistías sucesivas hicieron tabla rasa de incontables crímenes, incluidos abusos policiales pero también atentados terroristas, que nunca han llegado a resolverse. Se legalizaron todos los partidos políticos, todos, sin excluir siquiera a los que tienen por objeto destruir al país. La ciudadanía en su conjunto, al margen de ideologías, cerró filas en torno al empeño común de construir un futuro mejor, dejando atrás definitivamente las divisiones y enfrentamientos que tantas veces a lo largo de los siglos habían ensangrentado nuestra piel de toro. Y durante unos años, cerca de treinta, incluso pareció que lo habíamos logrado. Ahora vienen ellos, hijos de ese ímprobo esfuerzo conciliador, a cuestionar todo lo conseguido. ¡Locos ingratos!

Su rancia mercancía política solo puede encontrar mercado en una España demediada, que es la que intentan desesperadamente recrear tergiversando impúdicamente la realidad. Ricos y pobres, represores y represaliados, víctimas y verdugos, opresores y oprimidos, buenos y malos... Una España irreal, que pasó felizmente página hace décadas para incorporarse al progreso. La España que complacería a Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y sus socios separatistas, determinados a perpetuar los fantasmas que sustentan su discurso y su poder.

La hipoteca de Sánchez con Podemos la pagarán los contribuyentes
EDITORIAL  Libertad Digital 30 Agosto 2018

Mucho se ha hablado –y más se deberá hablar– de la hipoteca que el Gobierno socialista tiene contraída con las formaciones separatistas que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, no es menor ni menos nociva la deuda que el Ejecutivo ha adquirido con una de las más ultraizquierdistas de cuantas pululan por Europa, como es el caso de Podemos. El partido que lidera Pablo Iglesias no sólo alienta las vergonzosas concesiones del Ejecutivo a los golpistas, sino que, como por otra parte es lógico, plantea sus propias exigencias, que, para colmo, van mucho más allá de su cainita guerracivilismo, plasmado en la ilegal exhumación de los restos de Franco.

Los comunistas de Podemos pretenden aumentar el ya de por sí asfixiante peso del Estado en la economía e incrementar todavía más tanto el gasto y el endeudamiento públicos como la presión fiscal. Y la verdad es que el Ejecutivo de Sánchez parece muy solícito a la hora de atender estas demandas de sus compañeros de viaje ultras, como ya puso en evidencia el acuerdo suscrito la semana pasada por PSOE y Podemos para incrementar el gasto público y saltarse arteramente los límites al déficit que establecen tanto la mayoría absoluta que el PP tiene en el Senado como las propias directrices de la Unión Europea.

No menos elocuente es la disposición favorable a una subida del IRPF que ha mostrado este miércoles el Ministerio de Hacienda, tras la reunión que el Gobierno ha mantenido, durante más de cuatro horas, con representantes de Podemos con el fin de llegar a un acuerdo para los Presupuestos. Así lo ha manifestado el secretario de Organización y Programa de los neocomunistas, el descalificable Pablo Echenique, quien ha insistido a la ministra, María Jesús Montero, en que hay que subir "los tramos altos del IRPF, gravar las grandes fortunas y las transacciones financieras".

Por mucho que comunistas y socialistas digan, como siempre que se suben los impuestos, que la reforma fiscal va dirigida exclusivamente contra los "ricos", lo cierto es que las principales víctimas serán de nuevo las clases medias. Y esto es así no ya porque los verdaderamente ricos dispongan de una mayor capacidad para mover sus capitales o eludir el sablazo, sino por el lamentable hecho de que no hay suficientes ricos como para sufragar tanto gasto público.

En cualquier caso, este aumento del gasto, ya sea a costa de los contribuyentes presentes mediante una subida de impuestos o de los futuros mediante el incremento del déficit y de la deuda, es especialmente nociva si se tienen presentes los claros síntomas de desaceleración que empieza a mostrar la economía española: El INE publicó hace un par de semanas que se crearon 8.123 sociedades en junio, un 2,5% menos que en el mismo mes de 2017. La economía nacional creció un 0,6% en el segundo trimestre del año, una décima menos que en los tres trimestres precedentes y la cifra más baja desde 2014. El mes pasado se crearon 35.919 empleos, el peor julio desde 2013, mientras que el número de turistas hasta junio creció sólo un 1,8%, el repunte más bajo desde 2010.

Algunos dirán que esta desaceleración se debe en parte a que inversores y empresarios han descontado las nocivas políticas a las que Sánchez se ve abocado por su empecinamiento en gobernar con los peores resultados de la historia del PSOE y teniendo como socios a las formaciones más antisistema de Europa. Sea como fuere, lo innegable es que esta proyectada subida de impuestos va a dar la puntilla a la frágil recuperación económica.

Pedro Sácnhez perdido en su laberinto.
Vicente A. C. M Periodista Digital 30 Agosto 2018

PEDRO SÁNCHEZ QUIERE QUE EL VALLE DE LOS CAÍDOS SEA AHORA UN CEMENTERIO Y NO UN SÍMBOLO DE LA RECONCILIACIÓN.

Lo de este hombre entra ya dentro del ámbito puramente psiquiátrico. No sé si será el cambio de hora producido por los viajes transatlánticos, o será por el mal de altura andino en esa fulgurante gira sudamericana para fortalecer los tradicionales lazos de amistad con los pueblos hermanos. Y tampoco sé por qué se dedica a hacer declaraciones “informales” en esos desplazamientos entre una y otra etapa. Pero el caso es que vuelve a entrar en contradicción, esta vez consigo mismo en un tema que ya no sabe qué hacer con él por su empeño en resucitar fantasmas del pasado, remover tumbas y abrir viejas heridas que hacía años deberían haber sido cicatrizadas por el bien de la concordia nacional. Pero no, Pedro Sánchez en su particular visión de sí mismo como líder de la izquierda socialista más rancia y ortodoxa, quiso revivir el clima de sectarismo y revanchismo que emprendió su antecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, pero con la diferencia de que el acceso de este fue a través de las urnas en unas elecciones generales y unos notables 164 escaños en las del 2004, -si bien contó con una revulsión electoral motivada por los atentados terroristas de Madrid en trenes de cercanías de RENFE - y otros 169 escaños en las del 2008, mientras que él lo ha sido a través de una sorpresiva moción de censura contando con solo 84 escaños y apoyada por los enemigos de España: ultraizquierda radical bolivariana, proterroristas de ETA, nacionalistas y golpistas.

Zapatero fue el primero en abrir la caja de Pandora con su revanchista ley de Memoria Histórica, que usó como pretexto hacer justicia a los represaliados y víctimas de la dictadura franquista, pero limitándola solo a la etapa de la dictadura y posteriores años y no a la Guerra Civil y años previos que fueron los detonantes para que se llegase al conflicto de enfrentamiento civil. Una ley que años más tarde sigue provocando situaciones de conflicto entre visiones diferentes de los hechos y personajes y la injusticia que conlleva el mirar solo hacia un lado y olvidar totalmente el otro en un afán de blanqueo y falseamiento de la Historia en plan negacionista, como es el acontecimiento de la muerte de unos cinco mil civiles en Paracuellos del Jarama, Madrid, por orden directa del comunista Santiago Carrillo, o los desmanes de las checas y grupos cuya cabeza política era Dolores Ibarruri, “la pasionaria”.

Y no cabe duda de que uno de los símbolos que esta izquierda ha considerado hirientes y vergonzantes de su derrota militar y política durante 40 años ha sido las famosas Cruces de los monumentos a los caídos que fueron erigidas en casi todas las principales capitales y ciudades de España y que una a una fueron eliminadas del paisaje urbano, como les pasó a los famosos carteles publicitarios con las figuras de Toros de la firma Osborne a lo largo de las famosas “carreteras nacionales”, que vertebraron España como hoy lo hacen las autovías y autopistas. Pero hay una cruz que ha pervivido a este desmantelamiento de todos los símbolos considerados "fascistas", y no por que no existieran, por parte de algunos, deseos de volarla por los aires, sino porque se encuentra bajo protección de la Iglesia en lo alto de lo que es una Basílica panteón donde reposan en nichos, la mayoría de forma anónima, restos de combatientes de ambos bandos de la guerra civil. Se trata del famoso monumento del Valle de los Caídos donde se encuentran además en lugar preferente en el Altar Mayor los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, y los del dictador Francisco Franco. Y sí, es verdad que la presencia de esos restos fue la causa de que el lugar fuese un lugar de exaltación durante años de la dictadura y también de la transición a la democracia y considerado como lugar de peregrinaje de nostálgicos del régimen. Pero era evidente que eso decaería por el paso del tiempo y todo volvería a la normalidad, es decir al olvido generalizado por la sociedad española que como mucho solo siente curiosidad y más ahora que han puesto al monumento en los focos mediáticos.

Lo de dinamitar la Cruz y el conjunto de figuras que la rodean, como pretende hacer PODEMOS y los comunistas al más puro estilo talibán, es algo impensable mientras el conjunto siga estando sacralizado. La alternativa por la que optaron los revisionistas fue la de retirar los restos del dictador y entregárselos a la familia. Aunque el problema sigue siendo al tener que responder a la pregunta: ¿y ahora qué hacemos con esto? La respuesta es simple pero no es aceptada por los socios de Pedro Sánchez, ni por los talibanes de su partido que le exigen acciones drásticas desde dinamitarlo y devolver al estado original el paisaje de la sierra madrileña, hasta convertirlo en una especie de museo de la Memoria Histórica, que viendo los antecedentes sectarios en su aplicación sería otra nueva fuente de conflictos. Y eso sin mencionar la imposibilidad de identificar todos los restos de forma individual y entregárselos a las correspondientes familias, que de no existir obligaría a facilitar un nuevo enterramiento a cargo del Estado en una especie de cementerio de la guerra civil. Última ocurrencia de Pedro Sánchez para el monumento.

Y es que Pedro Sánchez, como ya pasó con su antecesor en el cargo, Zapatero, ha creado problemas donde no los había y todo por contentar a esa izquierda radical que quiere revisar la Historia y vencer tras 80 años al que fue su verdugo militarmente y le mandó al exilio forzado por intentar imponer por el terror una dictadura comunista a imagen de la soviética de Stalin. Los que ahora piden venganza y revancha, son jóvenes que solo conocen la Historia que les han contado de forma idealizada y no la que vivieron sus antepasados, algunos que incluso llegaron a participar activamente del bando vencedor. Porque se trató de una guerra civil en la que la fractura social llegó a muchas capas de la sociedad y por tanto de familias que se vieron inmersas en diferentes áreas de influencia de los bandos en contienda, los llamados nacionales y los que decían defender la República y la democracia (no serían ese el caso de los anarquistas ni de los comunistas cuyos intereses iban por otro lado).

No se puede luchar contra fantasmas y eso es lo que ha pretendido esta parte del PSOE de Zapatero y Pedro Sánchez en su afán revisionista sin sentido y en mantener vivos unos hechos que solo deberían movernos a la reflexión para evitar que se vuelvan a repetir. Pero admitiendo los propios errores y no intentando minimizarlos o ignorarlos, negando incluso su comisión. Eso es simplemente inútil porque las hemerotecas no han sido quemadas para borrar cualquier rastro o prueba, como seguro que intentaron hacer aquellos que se vieron perdidos y a punto de ser represaliados. Un hecho normal el que los asesinos quieran borrar las huellas de sus crímenes que les incriminan. Pero es que siempre se dejan huellas.

Así que la solución la tenía muy fácil Pedro Sánchez, y es la de dejar de remover criptas y que los muertos descansen en paz. Ya sé que fue frustrante no haber podido hacer justicia antes de la muerte natural del dictador. Tampoco lo fue en el caso de Pinochet, o de la junta militar de Argentina, o la de Fidel Castro y ahora su hermano Raúl, o la de Stalin, o.... Pero no es excusa para comportarse de este modo tan ilógico movido por un sentimiento de venganza póstuma sin ningún sentido ni valor. Es la hora de mirar al futuro y no volver la vista atrás de un pasado que todos hemos querido dejar apartado y solo aprender de él para mejorar en nuestra convivencia y no repetir los mismos errores.

Pedro Sánchez debería abandonar este irresponsable proyecto que resucita el guerracivilismo en un momento de crisis grave de identidad nacional donde los enemigos de España intentan aprovechar la debilidad del Estado para conseguir sus fines de independencia de sus territorios y la desmembracion de España como nación. mejor haría en devolver la voz a los españoles y dejar que elijamos qué proyecto de Gobierno queremos apoyar y no imponernos algo que no hemos votado.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!
¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

Un designio trágico y sus vacíos adversarios
Agapito Maestre  Libertad Digital 30 Agosto 2018

Es casi imposible que los socialistas de hoy puedan eludir con facilidad su designio histórico: el internacionalismo socialista, hoy como ayer, solo aspira a la desaparición de la nación; el socialismo siempre es aliado de la agonía de la conciencia nacional española, forma parte indeleble de su ser, de su ideario político, en verdad, de su trágico destino. Ese fatum socialista está vinculado estrechamente al de los separatistas vascos, catalanes y los comunistas actuales. Si la desnacionalización de España ha sido una constante desde 1978 hasta hoy, entonces tenemos que reconocer que el PSOE no ha estado solo en ese proceso de trágica deconstrucción de España, que algunos persistimos en soñarla, imaginarla y pensarla como una gran nación en el pasado y con ciertos potenciales en el presente. Pero una nación no se construye solo con historia, ilusiones y argumentos, nadie se engañe, sino con ciertos principios que desaparecieron hace tiempo de la agenda política española. Sin esos principios, la política, la gran política, desaparece.

Sí, la realidad es tozuda: a millones de españoles, la mayoría, les importa una higa España. Son millones, sí, los que conforman el grueso de un pueblo envilecido por sus élites sin otro ideal que llenar la andorga cada día. Los valores morales, religiosos o políticos desaparecieron hace tiempo. No existe jerarquía axiológica ni nada que se le parezca en la educación y la cultura de este país. Basta ver los programas más vistos de televisión para que se caiga el alma a los pies, por no decir nada de los periódicos y las universidades… Sí, el PSOE no está solo en ese horizonte de envilecimiento de un pueblo; son millares los políticos de otros partidos, empezando por los del PP, los intelectuales, los periodistas y los profesores que han colaborado en la destrucción de las bases de la conciencia nacional. Aquí pocos pueden eludir sus responsabilidades. A la situación actual de absoluta ruina de la nación española, destrucción aún más visible en el terreno cultural que en el político, no se llega de la noche a la mañana sino por la complicidad criminal de las llamadas élites políticas, intelectuales y religiosas.

Partidos políticos, universidades y medios de comunicación son, naturalmente, las instituciones culpables de no haberse enfrentado a ese terrible drama de España, casi una ley histórica, que consiste en repetir lo peor de nuestro pasado: la desaparición de la nación; y más tarde hace acto de presencia la guerra civil, porque el vacío del Estado-nación nunca puede llenarlo el cantonalismo de los pueblos prerromanos o de los reyes de taifas. Pareciera que la conversión o transformación de algo excepcional, como es la guerra civil, en una necesidad es la gran conquista, que otros llamamos tropelía, de la mayoría de intelectuales, políticos y periodistas de nuestro entorno. ¿Quién no se ha reído alguna vez cuando ha oído hablar de la conciencia nacional española en los últimos cuarenta años?, ¿quién se ha privado de insultar a los defensores de la historia nacional española?, ¿quién no ha sustituido alguna vez la palabra España por Estado, o "este país", para no ser tildado de "nacionalista"?, ¿cuántas veces hemos tenido que oír: "Malos son los nacionalismos periféricos, pero peor es el nacionalismo español"?, ¿qué idiota no ha dicho: "Estamos enfrentados a dos nacionalismos"?… Y así hemos llegado a la actual situación: España están tan desnacionalizada que aún hay majaderos que echan la culpa de nuestros males al "nacionalismo" español. No es necesario nombrar autores y obras que mantienen tal absurdo porque producen vergüenza ajena…

Ese proceso de degradación de la conciencia nacional, más o menos embridado por la personalidad de González y por los intentos fracasados de detenerlo de Aznar, adquirió una velocidad de vértigo a partir del 11-M (2004), fecha de uno de los más graves atentados terroristas de nuestra historia, que coadyuvó a la llegada de Rodríguez Zapatero al poder. Con este político comenzó a desaparecer la mayor oportunidad histórica que ha tenido España, en los siglos XX y XXI, de consolidar un sistema político, si no excelente, al menos tolerable. En efecto, el proceso desnacionalizador era gravísimo, pero Zapatero lo legitimó con el pacto con ETA y los separatistas catalanes. Sánchez ha llegado al poder para terminar lo iniciado por Rodríguez Zapatero y puesto entre paréntesis, cuando no alentado por los silencios miserables, durante los Gobiernos falsamente tecnocráticos de Rajoy; decidan otros sobre cuál es más funesta: la indecisión hipócrita y cautelosa de Rajoy o la decisión arbitraria y al descubierto de Rodríguez Zapatero de cargarse un sistema político; pero yo, como he mantenido aquí otras veces, siento mucha menos antipatía por los revolucionarios y golpistas que van de cara y a las derechas que por aquellos doctos tecnócratas de la corrección política dispuestos siempre a adaptarse a quien dé mayores oportunidades de sacar provecho de la olla del Estado. Aquí el PP tiene tantas culpas como el PSOE en la destrucción de la conciencia nacional.

Rodríguez Zapatero inició la demolición del sistema democrático y, ahora, Sánchez quiere terminar el trabajo con la extraordinaria colaboración de los separatistas catalanes y vascos y, por supuesto, de Podemos. La escenificación de esta nueva etapa de los socialistas contra España, contra los éxitos de la reconciliación nacional propiciada por comunistas y franquistas ya desde 1956, y el vivir más o menos tranquilo –nadie olvide los miles de víctimas del terrorismo de ETA– de la Transición y este tiempo de democracia, se ve en la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, en el gobernar a golpe de decretos, en cuestionar la legitimidad del Senado, en dudar en darle amparo a un juez, en mentir sistemáticamente sobre sus intenciones políticas, etcétera. Y ante todo eso qué tenemos. Creo que poco, muy poco, ya habrá tiempo de extenderme en esas pocas alternativas, pero, de momento, me conformo con repetir las siguientes preguntas: ¿tiene cuajo suficiente Cs para enfrentarse a ese designio histórico, casi un destino, del que los socialistas no se quieren apartar?, ¿será suficiente el correcto programa europeista de Cs para detener ese proceso de la desaparición de la nación española?, ¿cómo rescatará Cs las bases de la nación en las que se asienta la Constitución?, ¿cuál es su proyecto educativo, cultural y axiológico?

El ridículo de jueces y fiscales progresistas
Javier Caraballo El Confidencial 30 Agosto 2018

El servilismo tiene su penitencia en el ridículo. También encuentra su recompensa de pesebre, la certeza de los cargos y todo eso, alabanzas y parabienes, pero el servil siempre debe contar con la posibilidad de que la mano que le acaricia la espalda pueda empujarlo y caer de bruces, haciendo el ridículo. Quiere decirse con todo esto que vale que el Gobierno de Pedro Sánchez ha rectificado en 36 horas su decisión de no defender al juez Pablo Llarena en Bélgica, pero quienes han hecho el ridículo de verdad han sido las asociaciones de jueces y fiscales progresistas que, para no desagraviar a aquellos a quienes obedecen ciegamente, han dejado tirado a uno de los suyos.

Que sí, que sí, que no se trata de disculpar a nadie, que el Gobierno de Pedro Sánchez está en el epicentro de esa incomprensible tormenta en la que, durante tres días, se ha llegado a dudar incluso de la necesidad de defender al Poder Judicial español del mayor ataque que ha recibido en 40 años de democracia. Pero como decía Giulio Andreotti, “el poder es solamente facilidad de expresión”, con lo que los mismos que defienden ardorosamente una posición son capaces, al día siguiente, de argumentar todo lo contrario con el mismo aparente convencimiento.

Otra cosa es que los ciudadanos acepten esos vaivenes, pero ya hemos visto cómo, sin pestañear, el Gobierno socialista ha pasado en un plis de despreciar al juez Pablo Llarena calificándolo miserablemente de “ciudadano Llarena” a considerarlo, como hizo el otro día en su ruta sudamericana Pedro Sánchez, como un “asunto de Estado” (“No es una cuestión privada, sino de Estado”). Dicen una cosa y al cabo, sin rubor alguno, sostienen la contraria; en el remate, incluso son capaces de afirmar con gesto serio que no ha existido la más mínima contradicción, que siempre han defendido lo mismo.

¿Alguien se puede extrañar de ese comportamiento en política? No, por eso el problema principal no es para el Gobierno, que solo mira por sus intereses electorales (ese temor es el que explica el cambio abrupto en el caso Llarena), sino para quien tiene que defender intereses muy distintos a los de un partido político, que solo busca ganar elecciones, y sin embargo se alinea con él a costa de su propia coherencia. Fue absolutamente inexplicable que las dos asociaciones de jueces y fiscales progresistas se desmarcaran de sus compañeros, de todos sus compañeros, para ponerse al lado del Gobierno y del Partido Socialista. Ni los dictámenes favorables de la Abogacía del Estado ni el amparo concedido por el Consejo General del Poder Judicial les parecieron suficiente a esas dos asociaciones progresistas para afearle al Gobierno su nefasta intención de dejar tirado al juez Pablo Llarena ante las trapacerías de ese fugitivo llamado Puigdemont.

Luego, cuando el Gobierno, sin sonrojo alguno, ha rectificado su criterio, las dos asociaciones progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, se han quedado solas en su patético seguidismo, solas y retratadas ante el espejo de sus prioridades cuando se trata de defender el Poder Judicial: ha quedado claro que no van a comprometer nunca su relación con el PSOE por apoyar a uno de los suyos. ¿Es verdad que la politización anida en la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales? Sí, pero ninguna de ellas llega tan lejos como las que se titulan progresistas. Debe precisarse, por cierto, que eso de ‘progresistas’ no supone más que una etiqueta corporativa; no se entiende aquí de otra forma porque lo que se descalifica es la correa de transmisión, no la pureza de un pensamiento de izquierda.

Se trata, además, de un asunto en el que la propia gravedad del ataque que está sufriendo la democracia española, el prestigio y la credibilidad de cada uno de sus poderes públicos, hubiera merecido desde el principio un frente común de defensa de las instituciones. Como en España el ruido de la confrontación y del sectarismo siempre acaba oscureciéndolo todo, distrayéndonos de lo fundamental, lo más penoso de esta polémica es que haya tenido que ser un profesor de francés hispanohablante el que haya alertado, a través de las redes sociales, de la manipulación de las declaraciones del juez Llarena para justificar la demanda contra él.

Antes de comprobar nada, el Ministerio de Justicia tuvo la indecencia de afirmar en un comunicado que defender a Llarena “supondría defender a un particular por afirmaciones privadas que incluso en España podrían ser objeto de algún tipo de acción en su contra". Le prestaron más atención a la basura propagandística que esparcía ese fugitivo llamado Puigdemont y su equipo de abogados que a la literalidad de su demanda contra el juez Pablo Llarena, en la que se calificaba España como “un Estado delincuente”.

Que alguien afirme que España es un “Estado delincuente” y que haya un tribunal europeo que acepte tramitar esa demanda es un síntoma más de la necesidad urgente de reformar la euroorden, o de renunciar a ella, porque en vez de un tratado de lealtad y de confianza mutua se ha convertido en un puñal al servicio de presuntos delincuentes políticos que quieren dinamitar los estados europeos, inflamándolos de nacionalismo. Pero, al margen de eso, cómo es posible que las asociaciones progresistas de jueces y fiscales hayan pasado, incluso, por encima de ese insulto a todos. ¿Acaso pensaban que al hablar de un Estado delincuente se referían solo a Pablo Llarena?

Es a todos los fiscales y jueces españoles a los que se llama delincuentes en esa demanda que se personaliza en Pablo Llarena por ser él quien instruye el caso; mañana, dirán lo mismo a los jueces y fiscales que se sienten en el tribunal que juzgue a los cabecillas de la algarada anticonstitucional y la declaración unilateral de independencia de Cataluña. ¿Cómo pueden haber sido contrarias esas dos asociaciones a defender al juez español que está recibiendo insultos, que se ha tenido que marchar de Cataluña, de quien queman su foto en las manifestaciones, solo porque es el magistrado al que le ha tocado la instrucción del caso? ¿De verdad han llegado a pensar que esto solo le afecta al ciudadano Llarena?

Incluso si la instrucción judicial contra los independentistas catalanes fuera un cúmulo de despropósitos, Pablo Llarena debe merecer el respaldo unánime de todos sus compañeros porque, ante las burlas de Puigdemont, no es un juez sino un símbolo. A ver si de este ridículo nos enteramos todos.

Independentismo en Cataluña
La ‘fatua’ independentista que sufren a diario los vecinos de Vic desde la megafonía del Ayuntamiento

OKDIARIO 30 Agosto 2018

Escuchen el vídeo. No es la llamada a la oración del muecín desde el minarete de la mezquita. Tampoco la siniestra advertencia de un vigilante nazi desde la torre de un campo de concentración. Es la fatua independentista que todos los días, desde la megafonía del Ayuntamiento de Vic se lanza a los vecinos de esta localidad de Barcelona.

Tras un repique de campanas, siempre la misma grabación: “No normalicemos la situación de excepcionalidad y de urgencia nacional. Recordemos cada día que todavía hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro objetivo: la independencia de Cataluña”.

“El lenguaje político está diseñado para que las mentiras suenen confiables”, escribió Orwell. Pero en Vic algo falla. Porque escuchar la grabación en el centro de la plaza tiene un eco que si algo inspira no es otra cosa que terror.

Así son sermoneados un día sí y otro también los vecinos de esta bella localidad barcelonesa, víctimas de una experiencia orwelliana (“El Gran Hermano te observa”), donde el separatismo se apropia de los espacios públicos para su propaganda de la mentira. Y donde los vecinos son obligados a escuchar, deseen o no, porque la megafonía tiene su potencia en forma de watios y se distribuye desde un Ayuntamiento que es todos a la hora de pagar los impuestos, pero que sólo unos, los separatistas, pueden utilizar para su causa política.
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La paz de los lazos
Cristina Losada  Libertad Digital 30 Agosto 2018

Los partidos de izquierda que no estaban nada preocupados por la ocupación del espacio público en Cataluña por los lazos separatistas han pasado a sentirse tremendamente inquietos. Lo que les inquieta es, por decirlo con el tópico, la escalada de tensión. ¿Y qué ha provocado, según ellos, la tal escalada? No hay más que oír y leer a sus portavoces: el origen de la tensión es que hay personas, cada vez más personas, que retiran los lazos. Elemental. Porque si nadie se pusiera a quitar esa simbología partidista de las vías públicas, es claro que no habría incidentes, escalada ni tensión. Habría paz. Y los partidos de izquierda estarían contentos.

La paz que existe cuando nadie muestra su disconformidad política, cuando se restringe el derecho a expresar el desacuerdo con las ideas de otros, no es digna de llamarse paz al fundarse en el silenciamiento de una parte. En su grado máximo de restricción de derechos y silenciamiento, esa paz es la paz de las dictaduras. Las dictaduras pueden reducir enormemente la tensión y los incidentes políticos. Lo pueden hacer y lo hacen. En sus fases de mayor poder de intimidación, las dictaduras logran que un país parezca una balsa de aceite, sin conflictos políticos, sin oponentes que provoquen confrontación y desórdenes.

Cuando la portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, dice que le produce "absoluta tristeza la manera en que algunos partidos están echando más leña al fuego y avivando el enfrentamiento", y lo dice sobre la retirada de lazos por parte de dirigentes de Ciudadanos, está diciendo, con hipocresía sentimentalista típica, que la responsabilidad de "avivar el enfrentamiento" recae en quienes quitan los lazos y llaman a quitarlos. Está diciendo que los que echan "leña al fuego" son los que intentan restablecer la neutralidad política del ámbito común, no quienes la vulneran. Con tal de evitar enfrentamientos y privar de leña al fuego, ¿preferirá Podemos la paz de las dictaduras? Es una pregunta retórica.

No es retórica, sino un hecho: la orden del Gobierno regional catalán a la policía autonómica para que persiga y sancione a quienes retiran lazos es la leña que ha avivado el fuego iniciado por los amarillos. La expulsión del espacio público de los no separatistas que significaba la plaga la impone ahora el Gobierno catalán manu militari, como ha escrito el abogado José María Ruiz Soroa, al recurrir a la fuerza pública para castigar a los que se opongan. Es, dice también, un atentado contra "valores y principios básicos de la democracia misma" y "la infracción más grave de la Constitución que cabe". Siendo así, no ha de extrañar que a Podemos le parezca de maravilla ese proceder de la Generalitat.

Y el Gobierno de España, ¿qué dice de esto? ¿Qué piensa hacer? Porque no es sólo que estos o aquellos independentistas coloquen sus símbolos por todas partes. Es que los instalan ayuntamientos y consejerías. Es que el Gobierno regional toma medidas represivas para imponer esa ocupación indebida. Es que esas autoridades públicas son agentes activos de la táctica de expulsión de los no separatistas y el Gobierno de España lo permite. Los que lamentan la escalada, en lugar de recetar resignación cristiana a los constitucionalistas catalanes para "no provocar", reclaman al Gobierno que actúe de una vez contra los provocadores: contra los que se adueñan del espacio de todos.

La contribución del presidente Sánchez a hacer visible la presencia del Estado en Cataluña va a ser, dicen, celebrar Consejos de Ministros en Barcelona. Vayan mejor a Vic los ministros, y escuchen en directo a los ayatolás separatistas que cada día, al son de las campanadas, instan a los habitantes de esa localidad a no desviarse de la recta vía de la independencia. Vayan y flipen. A ver si así dejan de mirar para otro lado.

Una acción decidida por la salvaguarda de la libertad
Teresa Giménez Barbat okdiario 30 Agosto 2018

El celo con que los Mossos d’Esquadra vienen persiguiendo a todos aquellos ciudadanos que, impugnando la proclama els carrers seran sempre nostres, descontaminan el paisaje de lazos, ha llevado a la Fiscalía a tomar cartas en el asunto. La identificación, el pasado sábado, de los Ocho de la Ametlla —yo misma, por cierto, estuve en un tris de correr la misma suerte, pues había sido invitada a pasar el fin de semana con Arcadi y compañía, si bien finalmente no pude ir—, y el cúmulo de maniobras de intimidación contra quienes, como ellos, pretenden mantener el espacio público libre de amuletos anticonstitucionales, han convertido Cataluña en un germen de autoritarismo. Llegados a este punto, ya no cabe ninguna duda respecto al rol de policía política que desempeñan los Mossos, que han asumido la orden de Torra de coartar la libertad de los catalanes no nacionalistas.

Pese a lo que pueda parecer, y contrariamente a lo que sugiere el sanchismo —ya comentamos aquí la inmoral actitud de la Fiscal General del Estado, que afirmó que tanto da poner como quitar—, el conflicto no enfrenta a dos grupos de vándalos. No. Lo que está en juego son los derechos de una parte de la población —en este caso, de la mayoría de la población, aunque ello es en verdad irrelevante— y si éstos pueden ser pisoteados por un Ejecutivo autonómico que, además, no tiene el menor empacho en presumir de ello; tanto es así que su principal y cuasi única acción de gobierno consiste en hostigar al adversario. Semejante atropello no es novedoso. Lo que sí es novedoso es que, para llevarlo a término, el nacionalismo deba recurrir al cuerpo de policía autonómico, cuya existencia misma, hoy lo vemos, nunca ha obedecido a cuestiones de operatividad o de eficacia. Porque lo cierto es que, hasta ahora, para sofocar la contestación ciudadana ni siquiera ha sido preciso el concurso de los Mossos: bastaba la presión ambiental, que a menudo se traducía en represalias en el trabajo o marginación social.

En ese sentido, el uso de la fuerza pública es un síntoma del ocaso de una hegemonía. Así y todo, con ser grave que dos unidades de Mossos y una de policía local patrullen de madrugada para proteger la integridad de los símbolos independentistas —que no del ‘mobiliario urbano’, ojo, a no ser que los Ayuntamientos de corte soberanista tengan tan asumido que la colocación y mantenimiento de esos emblemas corren a cargo del erario que incluso se permitan la desfachatez de llamarlos de ese modo—; siendo inadmisible, en fin, que se destinen recursos públicos a azuzar el odio contra España, lo que resulta del todo inaudito es que el alcalde de la localidad, el tal Gaseni, de ERC, exhiba en Twitter el nombre de uno de los infractores, un poco al modo en que los cazadores posan junto a una pieza abatida.

Y por si la vulneración de la normativa sobre protección de datos no fuera suficiente, aun tenga la insolencia de tildar a Arcadi y a las siete personas que le acompañaban de “bichos” y “sucios”. Hechos como éste, que empiezan a ser cada vez más frecuentes en Cataluña, hacen urgente que el Gobierno y todas las administraciones públicas emprendan una acción decidida y sostenida para la salvaguarda de la libertad de todos los catalanes.

¿Qué tiene que pasar para que manden más agentes a Cataluña?
OKDIARIO 30 Agosto 2018

Cataluña está consumida por la violencia independentista. La presencia de más policías nacionales y guardias civiles se hace imprescindible para garantizar la protección de los ciudadanos constitucionalistas. Ahora mismo, la seguridad física y jurídica es una quimera en la región a tenor de los últimos acontecimientos. ¿Qué tiene que pasar para que el Gobierno reaccione y envíe más efectivos? El caso de Lidia, la mujer a la que un salvaje le destrozó la nariz delante de su marido e hijos tras una brutal paliza, ejemplifica perfectamente el ambiente insostenible que cercena la convivencia en la comunidad autónoma. La víctima de esta agresión fue atendida por los Mossos, pero dada la actitud de éstos, se sintió tan insegura que prefirió denunciarlo ante la Policía Nacional.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron al individuo por un delito de odio y otro de lesiones. No obstante, Lidia sintió que los mossos que acudieron al lugar de los hechos —donde había quitado algunos lazos amarillos— no le dieron la atención adecuada. Una sensación de inseguridad y desprotección que la hizo acudir a la comisaría de la Policía Nacional para denunciar una paliza que podría haberle costado la vida. Así las cosas, el Gobierno del PSOE debe reforzar la presencia de policías y guardias civiles en la zona. Si es necesario, tendrían que volver los 7.000 agentes que habían sido desplazados para velar por la legalidad y el orden cívico durante el golpe de Estado del pasado 1 de octubre. Desde entonces hasta ahora, la situación, lejos de mejorar, cada vez es peor.

La laxitud de Pedro Sánchez con el xenófobo Quim Torra y sus acólitos sólo ha hecho reforzar la postura de los veleidosos. Radicales que igual agreden a ciudadanos al grito de “extranjera de mierda” que amenazan al jefe de Estado o acosan a magistrados como el juez Pablo Llarena. Por lo tanto, la presencia de más agentes es imprescindible, igual que la aplicación de un artículo 155 contundente para poner coto, entre otras cosas, a la actividad de unos Mossos que han vuelto a las andadas que protagonizaron con Trapero. La cuestión es si el Ejecutivo de Sánchez se atreverá a proteger los postulados de la Constitución y a los propios ciudadanos.

Teoría y práctica del 'nacional-lazismo'
Jesús Nieto Jurado El Espanol 30 Agosto 2018

Los despachitos de Quim Torra con el prófugo reflejan una feliz coyunda internacional en Waterloo. Desde allí amenazan a la Constitución del 78 como para justificarse ambos. Allí, el disparate del Estado autonómico se cubre de gloria y de periodistas de la cuerda. En Bélgica, además de rencor histórico, mala leche, falsa neutralidad de los jueces y mejillones, hay un Palacio feo de la Generalitat donde se cuece una autonomía volcada al desastre.

Waterloo refleja la Cataluña pensante; que lo de debajo de los Pirineos es tierra subsidiaria con lacitos, una delegación en vísperas de liarse a tortas por culpa de horteras plásticos amarillos. En la Cataluña ibérica anda acampado el primer ejército del lazismo, una ideología que ocupa calles y pasa alienada las tardes del sábado. En Waterloo se deciden las líneas maestras de Cataluña, mientras que de Llivia hacia el Sur la calle es de los brazos armados de Puigdemont. Entre Waterloo y el payés que pone lazos y cruces se crea un país que será reconocido por la Gagauzia, la Transnistria y hasta por la región autónoma del quinto pino. A una llamada patriótica de Waterloo responden prietas las filas de los lacistas; acaso porque Puigdemont manda, Torra lo pone en papel timbrado y los catetos hacen la calle suya con cachondos flashmobs. Lo que no es CDR es contrarrepublicano y radical. Y Lledoners y Lérida, virreinos de la cosa: ermitas para la romería del Rocío catalán donde, más que a caballo, la cosa va de honrar al osito santurrón.

Los escraches al juez Pablo Llarena, los insultos a Arrimadas, anuncian otra forma de construir una independencia tácita que Sánchez medio ha consentido: hasta que le enmendaron la plana desde la cofradía de la magistratura. Pero la teoría y la práctica del lazismo evidencia que los indepes tienen mucho tiempo libre, y en toda esta movida de santificar a los golpistas se han formado nuevas parejas y futuras familias.

El lazismo es un movimiento intergeneracional, una Crida improvisada donde hay niños y abuelos que se saben en una etapa histórica. Los nacionalistas han descubierto las bondades de formar el lío en la puñetera rue en el dulce otoño catalán. Poniendo las cruces, la mitad de Cataluña se ha encontrado a sí misma. El seny, al final, resultó un invento de los españoles para violentarles la Arcadia feliz.

Cada lazo amarillo equivale a una persona física de la República catalana. Sus héroes de plástico amarillento son patrimonio nacional. Puigdemont y Torra, entretanto, la necesaria burocracia.

Puigdemont trampeando y P.Sánchez rizando el rizo
Miguel Massanet diariosigloxxi 30 Agosto 2018

Dos temas sobre el estado del país: Puigdemont falsea datos en su demanda contra Llarena y Sánchez, el experto en engaños, falsedades y rectificaciones, se atreve a anunciar una comisión sobre “la verdad”, un oximorón como la copa de un pino.

Quién esperara algo mejor de este personaje marrullero, egoísta, cobarde y maquinador de maldades, al que conocemos como Carles Puigdemont, sin duda no estaba al tanto de la capacidad para intrigar del sujeto que, con el apoyo de abogados de su misma ralea, no ha dudado a enfrentarse al Estado español consiguiendo involucrar, en sus torpes esfuerzos por desacreditar a la Justicia española, a los tribunales de Bélgica y Alemania, con la evidente pasividad de una Suiza, siempre tan suya en su mantenimiento de una independencia interesada que no ha impedido que, en ella, se refugiaran maleantes y se esquivaran pagos de impuestos gracias a la manga ancha de los gobernantes de aquel país lo que, evidentemente, ha contribuido al enriquecimiento de su nación a costa de los delitos ajenos.

Claro que, en esta ocasión, dos tuiteros espabilados y evidentemente bien preparados han conseguido averiguar que, en la traducción de la demanda presentada por Puigdemont en contra del juez Llaneras, en un intento evidente de desacreditarlo, tacharlo de prevaricador y, de paso, poner en cuarentena ante Europa a la Justicia española, un burdo intento maquinado, con toda seguridad, por sus asesores legales y con la mala fe que se desprende de este prófugo de la justicia para quien, en el colmo de la cara dura, algunos miembros de la Generalitat solicitaban del Estado que se le asignasen guarda espaldas para que nadie pudiera atentar contra él. Uno de los puntos, aparentemente fuertes de la demanda en contra de Llaneras (aunque catedráticos de derecho procesal ya han afirmado que el intento de los jueces belgas caía por su propio peso al ser un intento absurdo de querer poner en tela de juicio la actuación de un juez español, evidentemente sobre las que carecen de competencia, dado que la misma, en todo caso, les correspondía a la jurisdicción española) se basaba en una frase que, el traductor jurado no quiso entrar a traducir (curiosa omisión) en la que figuraban unas palabras dichas por el juez como algo dado por sentado que implicaba la afirmación de la culpabilidad de los investigados cuando, en realidad, lo dicho por el señor Llaneras en la aludida conferencia, se había puesto en modo condicional ( en el caso de que hubieran…) lo que, evidentemente, cambia por completo, desmontando la intención de encontrar delito en ella por parte de la demanda y la posible prevaricación que se le hubiera podido atribuir al magistrado español.

Un hachazo a las pretensiones malignas del fugado y una buena noticia para el juez y para la Justicia española. Y no olvidemos cómo han quedado los políticos, empezando por la señora ministra de Justicia española, la fiscal Dolores Delgado; que no tuvo inconveniente en hacer unas declaraciones públicas afirmando que “sólo en el caso de que los jueces belgas hicieran mención al 1.O prestarían apoyo al señor Llaneras y no si la acusación se refería a opiniones manifestadas en privado por el implicado”. Una opinión que, como comentaremos seguidamente, ha sido tajantemente desmentida por nuestro nuevo presidente del Gobierno, señor Pedro Sánchez.

En un comentario anterior ya hicimos referencia a que, este nuevo Ejecutivo, sólo acierta cuando rectifica. Sus pasos, a lo camaleón, siempre se balancean entre lo que podría suponer manifestaciones de tipo “exploratorio”, para comprobar si sus propuestas cuelan entre la población española y el resto de partidos políticos para, enseguida que advierten que el seguir por aquel camino podría resultarles peligrosamente perjudicial para ellos, volverse atrás y empezar un nuevo ensayo por otro camino más asequible. Veamos los anuncios de impuestos a la banca y a las grandes empresas, un tema que parece que ha quedado olvidado en el “cuarto de los trastos” a la espera de otra ocasión mejor. El caso del peligrosísimo impuesto sobre los combustibles diésel, algo que iba a perjudicar directamente a todo el sector del transporte y a los vendedores de coches con elevados stoks de coches de estas características para los que, la simple mención de un encarecimiento del combustible, ya suponía un importante retroceso de sus ventas y una protesta airada de todos aquellos consumidores que precisan utilizarlo para sus empresas precisamente cuando, recién salidos de la crisis, esperaban una política más liberal y menos onerosa.

Hablemos del verdadero galimatías en el que se ha metido el gobierno del señor Sánchez en el espinoso tema de la inmigración. Primero, en una de las más espectaculares puestas en escena de la más absurda demagogia, anuncia a bombo y platillo que va a permitir desembarcar a unos 600 migrantes que navegaban en un barco de una ONG, el Aquarius, Se reúne nuestro Presidente con la Merkel (bastante tocada en su país por el mismo tema) y el presidente francés, señor Macrón, para colgarse medallas presentándose como la “conciencia” de la UE. Niega con firmeza las acusaciones de “efecto llamada” que se le hacen desde la oposición, lo que no evita que este efecto tenga lugar y que, las mafias que trafican con mercancía humana, cambien las primitivas rutas a Lampedusa y el resto de Italia, donde Salvini había impuesto la veda, y hayan variado su rumbo hacia las costas españolas. Dos barcos más con migrantes ponen a prueba la inocente afirmación del señor Sánchez, que se ve obligado a negar a uno que desembarque su carga en España tal y como lo hizo el primero. No olvidemos que el señor ministro de AA.EE, señor Borrell había asegurado que lo del Aquarius había sido una simple llamada de atención a la conciencia del resto de Europa y que, por tanto, era sólo un caso “puntual”. Unos cafres que asaltaron manu militari la frontera de Ceuta en número de 602 lesionando a 27 guardias civiles, fueron aceptados sin más y, sólo pasados unos días, el señor Marlasca, ministro de Interior, se dio cuenta de que otro centenar de asaltante volvían a entrar en la ciudad como conquistadores. Ahora, sin embargo (otro paso rectificando actuaciones), éstos últimos han sido expulsados inmediatamente de España. Penélope tejiendo y destejiendo en su telar, para mantener frenados a sus pretendientes que le reclamaban que cogiera marido ante la tardanza de Ulises en regresar al hogar. En el caso de P.Sánchez, se trata de ganar tiempo para llegar a las elecciones del 2020 manteniéndose en el poder. Mucho ofrecer aunque sepa que tiene poco que dar.

Pero P.Sánchez, un político con muchas carencias que ha perdido, ante sus adversarios políticos, en todas las confrontaciones electorales que han tenido lugar siendo él el líder de su partido, sigue obsesionado con el poder. Erró al no visitar en su día a Mohamed VI de Marruecos, porque pensó que era mejor visitar a la señora Merkel. Mohamed, que es mucho Mohamed, se lo ha guardado y mientras el navega por el Mediterráneo en su lujoso yate, sin que en el horizonte pueda verse ninguna patera de migrantes, en nuestras fronteras se relajó la vigilancia de las tropas marroquíes y han llegado las grande avalanchas que no se pueden contener. Ahora ha decidido visitar a los países americanos del Sur. No ha empezado por los que no tienen gobiernos bolivarianos porque ahora le interesa relacionarse con Evo Morales, de Bolivia, para que el simplón de mandatario boliviano le obsequie con aquello que a él “le pone”, uno de estos aparatosos collares con los que se condecora ( vayan ustedes a saber por qué motivos) a los personajes importantes. Y es que, Evo Morales, lo mismo que Maduro y Ortega en Nicaragua están en un mar traicionero, un piélago que puede hundírseles bajo los pies a consecuencia de la situación económica nada estable y los problemas sociales de sus países. Como, Sánchez, en España no quiere prodigarse para evitar preguntas incómodas, se dedica a hacer declaraciones desde fuera de ella. Ahora vuelve con el tema de la exhumación de Franco, pero ya no tan optimista, reconociendo que han surgido dificultades. Ha prometido tantas cosas y es tan difícil cumplir sus promesas cuando ya, los costes de la Seguridad Social y las Pensiones, han aumentado un 5% a causa de los incrementos que se ha visto obligado a otorgar para amansar a los jubilados y demás pensionistas. Ha contradicho a su ministra de Justicia afirmando, sin el menor rubor, que ellos, desde el primer momento “habían apostado por defender la soberanía de la Justicia española” ¿Pero qué te pasa, Pedro, no recuerdas lo de tu ministra o es que, en este gobierno, cada cual va por su propia senda?

Ahora, como no puede echar pelotas fuera en el caso de Franco, ha cambiado de táctica y, para él, el Valle de los Caídos ya no será, como habían dicho, un museo del recuerdo de la guerra; no, ahora será un inmenso cementerio civil presidido por la más fabulosa cruz del monasterio de los benedictinos. ¿Y, qué dice el Vaticano al respeto? O ¿es que, como estamos en un Estado laico van a derribar la gran cruz, poniéndose en contra a todos los católicos que todavía quedan en España? Pero, no perdamos comba y hablemos de una de sus últimas ocurrencias. Sí, señores, Sánchez está dispuesto a crear una más de estas comisiones con las que se eternizan aquellos asuntos sobre los que no se quieren tomar decisiones que les pudieran perjudicar a los políticos. Una comisión “de la verdad”, suponemos que el resto de las que hay serán de la mentira o, al menos, de la inutilidad; una, respecto a la cual se atreve a decir que van a participar personajes de ambos bandos, para que pongan a relucir lo que, a su criterio, fue la verdad en la pasada contienda de la Guerra Civil en España. Se supone que todos los escritores que han escrito sobre dicha refriega, españoles y extranjeros, con miles de volúmenes que tratan sobre todos los aspectos de la misma, según Sánchez, no sabían la verdad, eran uno ignorantes que no supieron investigar y leer la documentación o, ¿ no será señor Sánchez que lo que intenta hacer es dar un nuevo espaldarazo a estos de la Memoria Histórica, que tienen por único objetivo escribir su particular Historia sobre aquel tema, eliminando cosas como, por ejemplo, las checas, las sacas de Madrid y los asesinatos de Paracuellos del Jarama o los crímenes en Barcelona por los sindicatos de la CNT y la FAI, o los partidos de ERC, Poum, o comunistas? Habrá que pensar sobre todo ello.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no nos queda más remedio que denunciar este nuevo intento, descarado y vergonzoso, de la izquierda española de olvidarse de las leyes, de la Constitución, de los intereses de España y de sus gentes honorables, que ven con honda preocupación los progresos del separatismo, las concesiones que les viene haciendo el presidente Sánchez y el desmoronamiento de las instituciones en manos de desaprensivos que han decidido que, lo mejor es acabar con España, para así poder imponer sus dictaduras comunistas.

Casa nostra

El lazo amarillo no es sólo un emblema. Es la alambrada moral con que el supremacismo ha levantado una frontera interna
Ignacio Camacho ABC 30 Agosto 2018

Ese grito, el de «ésta es nuestra casa», que proferían ayer los separatistas cuando Albert Rivera e Inés Arrimadas desanudaban los lazos colgados en un pueblo, demuestra por qué el conflicto catalán no tiene -al menos en un plazo razonable- arreglo. Ya no se trata de un enfrentamiento ideológico entre partidos opuestos, ni de una sensación de agravio colectivo alimentada con falsos argumentos, ni siquiera de una mitología artificial basada en la delirante teoría del destino manifiesto. Es pura xenofobia, aliñada con un supremacismo cerril y obsceno que extiende sobre cualquier discrepante la condición ominosa de extranjero. Rivera y Arrimadas son catalanes, ella de adopción y él de nacimiento, pero como a tantos otros el nacionalismo les considera de una tribu distinta y los somete a su desprecio. Son «los otros», los intrusos, los metecos; los «irrecuperables», como escribió uno de los organizadores de la sublevación en un documento. Esa expresión de ayer en Alella, «casa nostra», simboliza hasta en su propia prosodia el sentido mafioso, de clan, de esta intolerable apropiación definida por la voluntad de acaparamiento. Una visión excluyente, discriminatoria, cuya extensión entre amplias capas de la sociedad catalana inspira un pesimismo sin atisbo de remedio.

Está escrito, repetido en brutales términos. En los textos infames de Torra, los de las hienas y los animales carroñeros. En las teorías de superioridad racial -emparentadas con las del zafio Arana- del Pujol primigenio. En las consignas antiespañolas divulgadas por la propaganda soberanista con enorme éxito. En las acusaciones de expolio y de incomprensión asentadas desde hace mucho tiempo. Pero no sólo se ha señalado a España, o a Madrid -así, en genérico-, como culpables del presunto sufrimiento que denuncia sin pausa un victimismo zafio y lastimero: también los catalanes no nacionalistas han sido empaquetados y estigmatizados en el odioso concepto de «ellos». Es decir, lo que no son «nosotros», los diferentes, los inadaptados, los marginales, los ajenos.

Los lazos amarillos representan el símbolo de esa denigrante frontera, de esa línea de división que trasciende el debate político sobre la independencia. Alrededor de este ideograma, la hegemonía supremacista ha construido una alambrada moral de separación interna. Los catalanes buenos, los patriotas, son los que colocan, como una señal de autorreconocimiento y de ocupación del espacio público, el dichoso emblema; y quienes lo descuelgan son los malos, los traidores, los botiflers, los extraños en su propia tierra. Por eso la policía del régimen los hostiga, los medios oficiales los humillan y las brigadas de acoso los increpan. Por eso un tarado cualquiera se ha sentido autorizado a partirle la boca a una mujer al grito, tan representativo, tan diáfano, tan estremecedoramente reconocible, de «extranjera de mierda».

Barkos lleva la señal de ETB a toda Navarra tras revocar una licencia autonómica de TDT
El Gobierno regional decide ampliar la cobertura de ETB-2, y la señal de la televisión pública vasca en sus dos canales principales, en euskera y castellano, llegará en septiembre a toda la comunidad
Jose Mari Alonso. Pamplona El Confidencial 30 Agosto 201

La señal de la televisión pública vasca en sus dos canales principales —ETB-1, en euskera, y ETB-2, en castellano— llegará a partir de septiembre a toda Navarra después de que el Gobierno de Uxue Barkos haya acordado reservar un canal de TDT autonómico que había quedado vacante tras revocar la licencia al operador para la emisión de la programación en español. El canal en lengua vasca se puede visualizar desde hace dos años en toda la Comunidad Foral, mientras que el que emite en castellano podía captarse en los principales núcleos poblacionales de varias comarcas a través de la TDT local.

Ahora, el Gobierno navarro ha acordado ampliar a toda la comunidad la cobertura del canal en castellano del ente público vasco al asignar a ETB-2 el canal de TDT autonómico que ha quedado vacante este verano tras finalizar el expediente de revocación de licencia abierto a la mercantil Abian Komunikazioa SL, por no realizar desde octubre de 2016 ninguna emisión. La anulación de la licencia ha sido aprovechada por el cuatripartito integrado por Geroa Bai —la marca del PNV en Navarra—, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra para extender la señal y que la televisión pública vasca se vea a partir del próximo mes en toda la comunidad en sus dos grandes canales.

La captación de la señal de EiTB en Navarra se retomó en julio de 2016 después de que la radiotelevisión pública vasca cesara sus emisiones dos meses antes por orden del Ministerio de Industria, que le había abierto dos expedientes sancionadores por la emisión de la programación en la Comunidad Foral, la cual se había recuperado en 2015 con la llegada de Barkos al poder. En un primer momento, y tras un convenio de colaboración entre los gobiernos vasco y navarro, se optó por utilizar los canales libres disponibles en los cinco múltiples de cobertura local asignados a la Comunidad Foral por el plan técnico nacional de TDT local —cada múltiple tiene autorización para emitir cuatro canales de televisión de forma simultánea—, lo que permitió la difusión de ETB en las demarcaciones de Pamplona, Estella, Sangüesa, Tafalla y Tudela, y en las localidades aledañas a estas ciudades.

Esta era la alternativa técnica que se vio "más viable" a corto plazo para la transmisión de los contenidos de ETB, aunque la opción más satisfactoria pasaba por el uso de los canales autonómicos de TDT. Para ello, solicitó al Ministerio de Industria la ampliación del uso de espacio en el espectro radioeléctrico para permitir la difusión de ETB-1 y ETB-2 en todo el territorio. No hizo falta, porque la puerta se abrió al poco tiempo, en septiembre de 2016, gracias a la renuncia del operador privado Vaughan Radio SL al canal autonómico para el que había recibido licencia en concurso en 2013. La liberación de este espacio fue aprovechada por el Ejecutivo de Barkos para otorgar la licencia a ETB-1 y difundir el canal en euskera en todo el territorio a través de este canal autonómico.

Ahora, tras revocar por "ausencia de emisiones" la licencia que había obtenido Abian Komunikazioa SL, también en concurso en 2013, mediante una orden foral dictada en mayo, el Ejecutivo navarro ha decidido reservar este canal autonómico vacante, Nafar Telebista (NTB), para hacer llegar a toda la Comunidad Foral a través de la TDT la señal del canal generalista en castellano de ETB. Una de las principales áreas que se verán beneficiadas por esta medida será la zona norte, si bien muchos municipios cercanos a la frontera vasca pueden ver desde hace tiempo la parrilla televisiva del ente público vasco por su situación geográfica y por las mejoras técnicas introducidas en la zona (antenas más potentes).

La televisión pública vasca cuenta con otros dos canales: ETB-3, con una programación en euskera dirigida para el público infantil en mayor medida, y ETB-4, que ofrece programas orientados al entretenimiento en las dos lenguas oficiales del País Vasco. Ahora, el acuerdo adoptado por el Ejecutivo foral en su sesión de este miércoles "libera" los múltiples locales que hasta ahora se utilizaban para la emisión de ETB-2, de modo que a partir de septiembre ETB-3 podrá captarse en Pamplona y su área de influencia —en las cuatro demarcaciones locales restantes de TDT, se puede ver desde hace dos años—. La comarca de Pamplona es "la de mayor porcentaje de niños y niñas euskaldunes", según resalta la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, para justificar la emisión de esta programación.

En todo caso, el 3 y 4 son canales que apenas gozan de audiencia. Entre los dos suman un 1,3% de 'share', según los datos correspondientes al ejercicio 2017. Los espectadores igualmente dan la espalda al primer canal, en euskera, que cerró el pasado año con un paupérrimo 2% de audiencia. Por su parte, la programación en castellano obtiene el 7,8%, uno de sus guarismos más bajos de su trayectoria. En términos generales, ETB registra estos últimos años los peores datos de su historia y es la quinta cadena más vista en el País Vasco, con un 11,1% de audiencia.

Que la señal de ETB en sus dos canales principales llegue a todo el territorio responde, según ha venido defendiendo el Gobierno navarro, a "las voluntades de muchos navarros y a las de numerosos ayuntamientos, que han solicitado en reiteradas ocasiones a gobiernos anteriores y también a nuestro Gobierno que facilite las condiciones para captar” la televisión vasca. En este mismo mensaje ha incidido este miércoles Ana Ollo, que ha argumentado que esta medida obedece a la demanda de "miles de ciudadanos" para que se pudieran captar en toda Navarra los canales 1, 2 y 3 de ETB.

Sin embargo, UPN ha censurado que Barkos "convierte a la televisión pública del País Vasco en la televisión autonómica de Navarra mediante una fórmula tramposa", al "ceder el único canal de televisión disponible" en la comunidad a ETB sin concurso. El Gobierno foral, según ha denunciado la formación regionalista, ha decidido extender la señal de ETB "eludiendo el concurso de licencias previo que la ley señala con el fin de ofrecer la posibilidad de que las televisiones navarras puedan optar" al mismo. Por ello, ha acusado a la presidenta de "impedir la concurrencia de los operadores televisivos navarros" y, en su lugar, "otorgar a dedo" la licencia al ente público vasco. En este sentido, ha asegurado que la Ley General de Comunicación Audiovisual establece en su artículo 27.5 que, "en el caso de que quede sin uso un canal de televisión, el órgano competente deberá convocar, en un plazo máximo de tres meses después del vencimiento de la licencia, el correspondiente concurso para la adjudicación de las licencias de idéntica naturaleza que, en su caso, hayan quedado vacantes".

En este sentido, la formación presidida por Javier Esparza ha recordado que ya hace dos años la presidenta de Navarra "forzó la ley para adjudicarle directamente un primer canal a ETB-1 saltándose el trámite de concurso previo". Y ahora, según ha criticado, "de nuevo repite la maniobra entregando de forma directa otro canal a ETB-2"."La entrega y sumisión de Barkos al Gobierno vasco en perjuicio de la Comunidad Foral es absoluta", ha censurado. También el PPN ha cargado contra la actuación del Ejecutivo foral, a quien ha exigido que "saque a concurso la licencia para emitir" por este canal autonómico de TDT en lugar de conceder el permiso "a dedo" sin "ninguna vergüenza" al ente vasco. “Es indignante que el Gobierno de Barkos esté, 'de facto', convirtiendo ETB en la televisión autonómica de Navarra, otorgándole todo tipo de facilidades y obviando que es la empresa pública de otra comunidad autónoma”, ha aseverado su presidenta, Ana Beltrán. “Si se ha quedado libre un canal autonómico de TDT, lo más decente que puede hacer el Gobierno es sacar la licencia a concurso y dar oportunidades a todas las televisiones para optar a ella, y no seguir dando ventaja tras ventaja a la televisión pública vasca", ha remarcado.

El convenio de colaboración suscrito en julio de 2016 entre los gobiernos vasco y navarro para posibilitar la emisión de ETB en la Comunidad Foral recoge expresamente el compromiso de la radio televisión pública vasca de “respetar la realidad política, social e institucional, los símbolos y la identidad de Navarra”, que será presentada y representada como "una realidad diferenciada" de la comunidad autónoma vasca y de sus territorios históricos en las informaciones redactadas por los profesionales del ente y en las presentaciones de las mismas.

Envían de nuevo a prisión a Raúl Maciá tras ser denunciado por quitar una estelada en Manresa
M.A. Ruiz Coll okdiario 30 Agosto 2018

La juez de vigilancia penitenciaria ha ordenado el ingreso en prisión de Raúl Maciá, después de que el pasado 23 de julio fuera denunciado por el teniente de alcalde de Manresa, Josep Maria Sala Rovira (PdeCAT), por quitar una estelada colocada en la Plaza 11 de Septiembre de esta población.

“Me mandan a prisión por hacer frente al separatismo, por no agachar la cabeza, por no dejarme someter, por defender a mi país y por hablar públicamente de lo que ocurre en Cataluña y España, y por ser uno de los motores de la manifestación del próximo 9 de septiembre”, ha declarado Macià a OKDIARIO esta mañana, cuando se dirigía al centro penitenciario, “por todo eso me quieren quitar de circulación. Y sé que esta vez me meten para no volverme a sacar, porque yo en libertad les molesto demasiado”.

Se repite la historia. Raúl Macià ya pasó siete meses en la cárcel de Lledoners debido a una denuncia falsa de los Mossos, que le acusaron de intentar boicotear un acto independentista organizado por la ANC en Balsareny, después de que se hiciera famoso un vídeo en el que se encaramaba al balcón de su Ayuntamiento para colocar una bandera española. La juez archivó la denuncia presentada por los Mossos contra él, tras constatar que carecía de fundamento, y Macià quedó en libertad en abril.

Esta vez, tras un cruce de nuevas denuncias, Servicios Penitenciarios de la Generalitat pretendía que Macià ingrese en la cárcel de Quatre Camins, que se encuentra a 80 kilómetros de su casa y de su familia, para evitar que coincida en Lledoners con Oriol Junqueras y el resto de golpistas que cumplen prisión preventiva.

“Los Mossos actúan como la mafia”
Sin embargo, por recomendación de la juez de vigilancia penitenciaria, Macià se ha presentado voluntariamente este mediodía en la cárcel de Lledoners y ha pedido que se le aplique el artículo 75 del reglamento penitenciario: esto implica que permanecerá solo, en una celda de aislamiento, para salvaguardar su “integridad física”.

“Ayer por la tarde recibí cuatro llamadas, dos de ellas anónimas y otras dos de personas en las que confío plenamente, que me advirtieron de que me están preparando una encerrona en Quatre Camins“, ha explicado a OKDIARIO, “me quieren apartar de la circulación para siempre. Por eso no voy a presentarme en Quatre Camins. En Cataluña, una persona como yo no puede fiarse de nadie, y menos en una prisión”.

Raúl Macià ha permanecido siete meses en prisión, a causa de una denuncia falsa de los Mossos.
Durante los últimos meses, Raúl Macià ha participado en varios grupos de activistas dedicados a quitar símbolos inconstitucionales de las calles y ha colaborado con el empresario José Manuel Opazo (que ha pagado su defensa jurídica) para organizar la manifestación del próximo 9 de septiembre en Barcelona, en la que se exigirá la convocatoria de eleciones generales. “Los Mossos d’Esquadra están actuando con un estilo mafioso, ahora mismo son lo más parecido a la mafia italiana”, ha afirmado Opazo sobre lo ocurrido.

Raúl Macià fue denunciado el pasado mes de julio por el teniente de alcalde de Manresa, Josep Maria Sala Rovira (PdeCAT), por quitar una estelada colocada en la Plaza 11 de Septiembre de esta localidad. En su denuncia, el concejal señalaba que “esta conducta podría ser constitutiva de alguna clase de infracción penal” y pedía al juez que “depure las responsabilidades penales que puedan derivarse”. El edil no acertó a aclarar qué delito había cometido Macià, porque quitar esteladas no es ningún delito.

El fragmento inicial del vídeo que acompaña a esta noticia corresponde al momento en el que Macià retiró la estelada de la Plaza 11 de Septiembre de Manresa [los minutos finales corresponden a otro activista que es increpado por retirar cruces amarillas].

Por su parte, Raúl Macià denunció en el Juzgado al alcalde de esta población, Valentí Junyent (PDeCAT), por mantener símbolos inconstitucionales en espacios públicos: una estelada gigante en la fachada del Ayuntamiento y otra en la citada plaza. En su denuncia, aludía a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que indica que es ilegal colocar símbolos inconstitucionales en espacios y edificios públicos.

Pocos días después, Raúl Macià regresó junto a otros tres amigos a la Plaza 11 de Septiembre de Manresa, tras constatar que la estelada ilegal volvía a lucir en el mástil. Esta vez, les estaban esperando más de 20 miembros radicales de un CDR, que les increparon.

La denuncia que el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Manresa presentó en julio contra Raúl Maciá.
Se produjo un altercado con momentos de tensión, gritos y forcejeos. Uno de los separatistas arrebató a Macià su teléfono móvil y otra chica, con aspecto batasuno, golpeó a su compañero con un palo. Cuando llegaron los Mossos d’Esquadra, inicialmente sólo identificaron a Raúl Maciá y sus tres compañeros. Luego, a regañadientes, también pidieron el DNI a algunos miembros del CDR, aunque la mayoría habían salido corriendo.

Al día siguiente, los separatistas presentaron siete denuncias contra Raúl Macià, “completamente infundadas, y sólo algunas acompañadas de partes médicos por lesiones extraordinariamente leves“, explica su abogada María Juher Layret. Pero los separatistas conocían la situación procesal de Raúl Macià y sabían que bastarían estas denuncias para que la juez lo envíe de nuevo a prisión.

Así ha ocurrido esta mañana, cuando la juez de vigilancia penitenciaria ha enviado a Raúl Macià de nuevo a la cárcel, atendiendo a un informe de la Fiscalía que considera que ha incumplido su obligación de mantenerse apartado de lugares en los que “pueda generarse conflictividad social“.

Hasta que se resuelvan estas denuncias, Macià permanecerá en una celda aislado en la cárcel de Lledoners, la misma en la que cumplen prisión preventiva Oriol Junqueras y el resto de golpistas de la Generalitat.

Voluntarios que retiran lazos amarillos en Cataluña denuncian que han sido despedidos
Los catalanes que salen a retirar simbología separatista ocultan sus rostros para evitar represalias en sus puestos de trabajo
Jorge Sáinzwww.vozpopuli.com 30 Agosto 2018

Centenares de personas han dado el paso de salir a retirar lazos amarillos y simbología separatista de las calles de Cataluña. La mayoría se enfrenta a insultos de sus propios vecinos. Otros han sido identificados por los Mossos. La Fiscalía investiga estos hechos. El caso más grave hasta la fecha es el de una mujer que fue agredida. Pero hay otra consecuencia menos conocida. Algunos de estos voluntarios denuncian represalias laborales en sus puestos de trabajo e incluso despidos.

Los grupos organizados que salen a quitar lazos amarillos de las calles de Cataluña han optado por tapar su rostro y ocultar su identidad en la medida de lo posible. Las 100 personas que salieron a retirar lazos en la madrugada del miércoles lo hicieron cubiertos por un mono blanco bastante aparatoso, máscaras y gafas. Según ha sabido Vozpópuli, no es por temor a las identificaciones policiales, sino que se trata de una medida de protección laboral. Varias personas que aparecieron en imágenes de televisión retirando simbología separatista han denunciado que fueron despedidas fulminantemente poco después.

Extraños despidos
Estas personas no quieren aparecer públicamente en los medios de comunicación. Aseguran que la causa de despido no especificaba obviamente motivos políticos. Pero argumentan que es muy sospechoso que estos despidos se produjesen justo después del vídeo y sin que existieran, dicen, problemas previos con la empresa.

Los problemas laborales se suman a los que sufren estos catalanes desde que se organizan para quitar simbología separatista de las calles. Los Mossos han intervenido en varias ocasiones identificando a estas personas. La Fiscalía está investigando si estas identificaciones son legales. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anticipado que quiere hablar de esta polémica con la Generalitat en la reunión de la Junta de Seguridad.

La Policía detuvo a un hombre que presuntamente agredió a una mujer que retiraba lazos amarillos del parque barcelonés de la Ciutadella junto a su marido y sus tres hijos. El juez le dejó en libertad con cargos y una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima.

Cs participa activamente
Ciudadanos ha optado por participar activamente en esta retirada de lazos amarillos. Es habitual que sus cargos públicos, concejales sobre todo, formen parte de estos grupos de voluntarios. Generalmente lo hacen a cara descubierta, reivindicando su condición de cargos electos. Incluso han colgado vídeos en las redes sociales retirando pancartas a favor de los líderes del proceso separatista encarcelados.

El presidente del partido naranja y su líder en Cataluña, Albert Rivera e Inés Arrimadas, también han retirado lazos en las calles de Barcelona. Ciudadanos reivindica la neutralidad institucional en Cataluña como condición sine qua non para reconstruir la convivencia en Cataluña.

Ciudadanos pedirá este jueves al Defensor del Pueblo que ampare a los catalanes constitucionalistas de la "indefensión y las arbitrariedades de Quim Torra". Y el partido, desde su plataforma España Ciudadana, ha lanzado una campaña de recogida de firmas a nivel nacional para que se retiren los lazos amarillos de los espacios públicos.
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