AGLI Recortes de Prensa   Viernes 31 Agosto 2018

Se quieren cargar otra vez la economía a impuestazos
OKDIARIO 31 Agosto 2018

Pedro Sánchez persiste en su objetivo: cargarse otra vez la economía a base de impuestazos. Afortunadamente, tendrá muy difícil aprobar la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que sólo cuenta con el apoyo de los comunistas de Podemos. Normal si tenemos en cuenta que economistas tan prestigiosos como Arthur Laffer ya advirtieron en los años 70 del siglo pasado a través de la Curva que lleva su nombre —Curva de Laffer— de que un tipo impositivo excesivo, lejos de aumentar la recaudación, lo que hace es disminuirla. En este particular, hay que reconocer que nacionalistas vascos e independentistas catalanes han actuado con buen juicio. Tanto PNV como PDeCAT se oponen a un incremento de los gravámenes que acabaría de raíz, y en un tiempo récord, con la mejoría económica que nos ha hecho crecer a más del 3% durante tres años consecutivos hasta situarnos a la cabeza de las principales economías de Europa. El Partido Socialista trata de contentar a Podemos con un aumento salvaje de impuestos que no tiene sentido.

Todo para poder sufragar el incremento del gasto público que han acordado con la formación que dirige Pablo Iglesias y que pondría en serio riesgo el control del déficit que debemos cumplir de manera inexorable con Bruselas. Ante tamaña irresponsabilidad, la única buena noticia es que Sánchez sólo cuenta con el apoyo de los comunistas. La mala, sin embargo, es que él es el presidente del Gobierno y su idea, que ya viene de lejos, se mantiene invariable a pesar de los efectos perniciosos que tendría sobre la economía. Si se concreta el plan total y primigenio que tienen los socialistas, no sólo aumentarían en cuatro puntos el tipo máximo del IRPF, además anularían las deducciones en el mínimo y dispararían el impuesto del ahorro, un ámbito en el que la escala de cargas llegaría hasta el 35% con una subida de 12 puntos.

Algo en lo que los ideólogos económicos del PSOE llevan trabajando desde antes incluso de alcanzar el poder. Ingredientes todos ellos de una mezcla explosiva que nos retrotraería a los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando España estuvo al borde del default. Es momento de bajar los impuestos, no de subirlos. De controlar el gasto público y apostar por el desarrollo. Todo lo demás sería desandar el camino y regresar al instante en el que nuestro país miró de frente a la ruina. Maltratar, en definitiva, tanto a las pequeñas y medianas empresas que conforman la mayor parte de nuestro tejido industrial como a los propios ciudadanos. Un plan que sólo serviría para hundir España.

Se sabe como se empieza.....
Vicente A. C. M. Periodista Digital 31 Agosto 2018

GUERRA DE SÍMBOLOS ANTE LA INDIFERENCIA DEL EJECUTIVO Y LA FISCALÍA. PEDRO SÁNCHEZ DEBERÍA DECIR SI EN CATALUÑA HAY DEMOCRACIA.

Lo que está pasando en la comunidad autónoma de Cataluña solo tiene un nombre, dictadura del independentismo. La impunidad de las actuaciones de ediles y consistorios en determinados pueblos de zonas radicalizadas como la provincia de Gerona, el alto y bajo Ampurdán, o como en ese pueblo más famoso por su producto típico, el salchichón, ya roza tintes de auténtica rebelión, de forma tan grosera como viene sucediendo en determinadas zonas de El País Vasco y Navarra. El caso es que en la plaza mayor de Vic, sus vecinos, sean de la ideología que sean, han de soportar a diario la arenga política independentista a través de altavoces como si se tratase de una fatua de llamamiento a la oración de un almuédano desde su minarete. Un suplicio que además es un delito.

Y esto solo se suma a la que ya es una declarada guerra de símbolos. Me refiero a esos contaminantes lazos de plástico colgados en farolas, vallas, balcones de edificios públicos, cercados de fuentes, balaustradas de puentes en autovías y otros espacios similares. Una guerra que comienza con el uso de esos lazos en miniatura colgados como pines en chaquetas, vestidos y otras pendas en zona visible, como medio de evidenciar la protesta por la prisión decretada contra parte de los encausados por el golpe de Estado perpetrado por el Gobierno y el Parlamento de la Generalidad a lo largo del año 2017 que culminó con la realización de un referéndum inconstitucional y sin garantías, con el que se basaron para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña de España como República. Una situación de prisión que los golpistas consideran injusta y por la que exigen su liberación y sin cargos.

Ya se sabe que lo que caracteriza a este tipo de movimientos es su absoluta obcecación y cerrazón que les impide distinguir entre lo que son anhelos o deseos legítimos por una determinada causa, de los condicionantes que impone la legalidad vigente y las normas democráticas. Desear algo de forma vehemente no es sinónimo de legitimidad para imponerlo a los demás por creer que nos asiste la razón bajo nuestros propios criterios. Y es que el populismo y la demagogia deforma la realidad para vender una fantasía aplicando esa técnica goebeliana de que una mentira repetida mil veces se transforma en una verdad absoluta. Y el independentismo en Cataluña lleva décadas repitiendo la misma mentira, especialmente en la etapa de reinstauración de la democracia en España tras la dictadura franquista. Y una manera de conseguirlo es inventando símbolos que puedan ser usados por todos y les sirva para reconocerse, identificarse y sentirse reforzados en su comunión de objetivos. Un hecho similar al que se produce con los hinchas de ciertos equipos de fútbol.

No puede extrañar el comportamiento intransigente y crispado de quienes ven como enemigos a quienes no comparten sus ideales ni sus anhelos de independencia. Es por eso por lo que resulta gravemente peligroso el que dirigentes políticos “incendien” a esas masas con mensajes de exaltación y lancen arengas para que se actúe contra quienes se oponen a es gran objetivo. Y mucho menos se debe aceptar que esos dirigentes irresponsables fomenten la creación de grupos coordinados de choque, en forma de Comités de Defensa de la República (CDR) como forma de intimidación y coacción en actos con claros tintes de violencia. Porque violencia contra la libertad es cortar vías de comunicación, o inundar de símbolos ilegales e inconstitucionales como las banderas con la estrella en balcones y fachadas de Ayuntamientos, o lanzar mensajes desde altavoces desde esos mismos ayuntamientos.

Este es un camino que conduce inexorablemente a la crispación y al enfrentamiento civil. La responsabilidad es exclusiva de esos dirigentes. Será por eso por lo que el fugitivo Carles Puigdemont, al ver que su fiel lacayo Joaquim Torra, se está pasando de frenada en la radicalización con mensajes incendiarios, intenta quitar ahora presión ante esta guerra de símbolos que puede descontrolarse y llevar a mayores el nada pacífico proceso independentista que intentan vender en el exterior. Esta no es la revolución de las sonrisas, ni de las flores amarillas, ni de lacitos de pitiminí colgados en las solapas. Se trata de que una parte de la población en Cataluña se siente indignada por la actitud chulesca y provocativa de los golpistas. Y ya tuvieron ocasión de ver cómo esa población salía a las calles para reclamar su sitio de libertad de expresión. Esta es una rectificación obligada por las circunstancias pero que no significa una relajación en los objetivos marcados de forzar al Estado de Derecho para implantar la República independiente de Cataluña.

Pero a esto habría que preguntarle al okupa de la Moncloa que sigue de gira americana, que se pronuncie sobre la situación en Cataluña y esta escalada en lo que s ya una guerra de símbolos. La cosa es que como sectario socialista elude pronunciarse, como su admirado José Luís Rodríguez Zapatero sobre situaciones como la de Venezuela. Ya sabemos que zapatero como mediador ha sido todo un fiasco y ha sido acusado de descaradamente pro-régimen chavista, admitiendo que las tropelías cometidas por el dictador Maduro, como por ejemplo encarcelar a la oposición política o cerrar el Parlamento democráticamente elegido en elecciones, son solo interpretaciones tendenciosas de esa oposición desleal. Pedro Sánchez intenta escabullirse y en vez de reconocer la dictadura del régimen chavista de Maduro, se limita a decir que “No se puede decir que Venezuela es una democracia cuando hay presos políticos”. O sea, ¿hay una teocracia quizás, un patriarcado un consejo de ancianos? ¿Qué es lo que hay en Venezuela Pedro? ¿Qué es lo que hay en Cataluña? ¿Se puede decir que existe democracia como en el resto de España y allí impera la ley?

Lo malo de jugar a la ambigüedad es que al final te pueden tomar por lo que no eres. Aunque en le caso de este sujeto los constantes cambios de opinión lo que denota es una inseguridad absoluta y un pavor de perder lo que ha conseguido a base de decir a cada uno lo que quería oír, cuando ahora le obligan a cumplir con lo dicho. Aquí ya no valen las palabras sino los hechos. Pedro Sánchez ha de elegir el camino que quiere seguir. Si se empeña en avanzar y negar las elecciones generales, se habrá puesto en manos de sus incómodos socios y estará obligado a cumplir con sus exigencias poniendo en riesgo no solo a España, su economía y su futuro, sino a sí mismo si traspasa los límites de Gobierno y cae en la prevaricación.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!
¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

Los abogados de Puigdemont son de su misma calaña
EDITORIAL  Libertad Digital 31 Agosto 2018

Las declaraciones de la traductora de la demanda contra el juez Llarena presentada por Carles Puigdemont han dejado al golpista prófugo y a su equipo de abogados a los pies de los caballos. Parece evidente que han tratado de engañar al juez belga con una artimaña tan deleznable como estúpida, pues era seguro que antes o después se descubriría.

Una vez más, Puigdemont y sus abogados han exhibido un comportamiento miserable, cortoplacista y oportunista. Puigdemont está dispuesto a cualquier cosa para seguir llamando la atención y mantenerse como referencia de los separatistas. Es un mentiroso compulsivo que trata de reírse de la Justicia belga como se ha reído de la española y, con la complicidad de un tribunal de Schleswig-Holstein, de la alemana. Y sí, este episodio tan chusco como ominoso da de nuevo cuenta de la catadura de su equipo legal: ningún abogado con un adarme de decencia se habría prestado a una chapuza tan repulsiva, que podría ser hasta constitutiva de delito.

De todas formas, tampoco debe causar sorpresa. Uno de los principales miembros de ese equipo legal es el execrable Gonzalo Boye, condenado por colaborar en un secuestro de ETA, que nunca ha mostrado arrepentimiento ni pedido perdón y que, lejos de ello, sigue obsesionado con atacar a a España y a la libertad, aunque ahora lo haga por otros medios.

En fin, de todo esto pueden extraer dos conclusiones positivas: que Llarena no tiene que preocuparse demasiado por el recorrido de esa demanda y que los defensores de Puigdemont son de la misma calaña que el cobarde golpista prófugo de la Justicia.

Sánchez y su lucrativa falsa regeneración
EDITORIAL El Mundo 31 Agosto 2018

La regeneración es una bandera demasiado fácil de enarbolar en campaña, pero no resulta tan sencillo izarla en La Moncloa, que es lo que hace falta. Sánchez se hartó en la oposición de criticar los dedazos del PP en las cúpulas de las empresas públicas, y con razón; ahora no solo cae en la misma práctica sino que el PSOE lo justifica con el frágil y tú más: "Ocurre en todos los países, y en España ha ocurrido siempre cuando ha habido un cambio de Gobierno", defendió ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Más allá del infantil razonamiento, sorprende que un partido que se había autoimpuesto acabar con los malos modos del PP manosee los cerca de siete millones en salarios de empresas públicas o participadas por el Estado para premiar y enchufar a sus allegados en puestos atractivos a modo de pago de servicios prestados. Sangrante es el caso del ex jefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano. Sin experiencia empresarial, el presidente le ha designado para dirigir Correos, donde ganará cerca de 200.000 euros y donde deberá gestionar a un grupo en plena reconversión con más de 52.000 empleados. La tierra de la regeneración que Sánchez prometió parece lejana, aunque es un incumplimiento lucrativo para sus afines.

Perdón por existir
Jesús Laínz  Libertad Digital 31 Agosto 2018

Los bolcheviques posmodernos que alegran la casa de tolerancia de la Carrera de San Jerónimo han soltado una nueva ocurrencia en su habitual línea autodestructiva: una proposición no de ley dirigida a que el Gobierno pida perdón a las "víctimas y descendientes" de los "crímenes esclavistas y colonialistas" de siglos anteriores.

El autoodio es un fenómeno general en este Occidente avergonzado de sí mismo que lleva ya muchas décadas haciendo cursillos intensivos de remordimiento. En todas partes cuecen habas, con recetas variadas según la tradición y circunstancias de cada lugar. La versión patria está muy clara: toda la historia de España es un error al menos desde los Reyes Católicos, aunque algunos, más concienzudos, extienden la culpa hasta Recaredo. Desde las Cortes gaditanas de 1812, casi todo el pensamiento progresista español se ha fundamentado en tan sencilla idea. Por eso, por ser tan sencilla, ha enraizado con fuerza invencible, sobre todo desde 1898. Pero el hecho de que tan profundas raíces hayan criado robusto tronco y frondosas ramas no elimina el principal de sus inconvenientes: su inmensa necedad.

No se puede comprender la izquierda española si no se tiene presente su esencial hispanofobia. El caso más influyente fue el de Manuel Azaña, uno de los pocos izquierdistas españoles del siglo XX capaz de leer y escribir. Sus escritos y discursos están plagados de reflexiones sobre el asco que le provocaba una España que solamente podría comenzar a redimirse cuando él y los suyos alcanzaran el poder. Pasaremos de puntillas, por caridad, sobre la realidad de lo conseguido.

El egregio Jardiel Poncela, condenado hoy al ostracismo por haber apoyado al bando de la oscuridad, resumió con estas palabras los enfoques históricos de aquel presidente de la República tan admirado posteriormente por José María Aznar:

Era Azaña un hombre mediocre, antiguo empleado de la Dirección de Registros, ex secretario del Ateneo y autor de tres libros que no se habían leído; provisto de una cultura lo bastante superficial para creerse él mismo un hombre culto y para impresionar a las masas; y orador de mucho éxito por la amargura y el derrotismo rencoroso con que trataba los temas históricos principalmente. Su mecánica oratoria no era complicada: consistía en presentar como axiomas lúgubres e impresionantes todas las calumnias que contra España y sus hijos gloriosos se han repetido en el mundo, y presentar como tópicos risibles y despreciables todos los elogios que a favor de España y de sus hijos gloriosos se han repetido en el mundo; de ello resultaba, al admitir como artículo de fe lo malo y al burlarse incrédulamente de lo bueno, que España había sido siempre un país despreciable y los españoles los seres más miserables de la creación. En suma: crítica negativa, muy del gusto del español medio que –no olvide usted el individualismo– disfruta oyendo hablar mal de sus semejantes.

Claro que este caso de Azaña tampoco es nuevo en nuestra historia: la misma amargura derrotista y calumniadora ejercida por el Padre Bartolomé de las Casas creó para siempre la leyenda negra de la conquista española en América: y aún creen en ella los países americanos y aún cree en ella España, que es lo más gordo. Pues, ¿cómo no había de ser verdad, si lo decía un testigo español? Y nadie –naturalmente– podía pensar que existen y han existido españoles –como el padre Las Casas– a quienes el derrotismo más amargo, propio, quizá, de una mente y un organismo enfermos, convertía en los peores enemigos de España. Azaña era uno de éstos, en sus discursos y en sus libros; y sus libros no se habían leído; pero, ¡ay!, sus discursos los oía todo el mundo por la radio... e hicieron más daño que el peor veneno.

Después de Azaña, y agravada por la Guerra Civil, la hispanofobia de los izquierdistas españoles no ha hecho más que aumentar. De ahí, por otra parte, su invencible simpatía por los separatismos: si España es mala, reaccionaria y errónea, quienes quieren abandonarla parten con la presunción de bondad, progresismo y verdad. Así de simple.

Y, por supuesto, para la mayoría de los dirigentes e intelectuales de la izquierda española, nebulosa ideológica que, como demostró Goytisolo, debería tener por santo patrón a Don Julián, España tendría que pasarse la vida pidiendo perdón a todo el mundo: por la Reconquista, por la expulsión de judíos y moriscos, por descubrir y colonizar América, por la Contrarreforma, por haberse alzado contra Napoleón y, por supuesto, por la Guerra Civil. Para ahorrarse trabajo, debería pedir perdón por existir.

No hay argumento que valga para hacer reflexionar a una izquierda caracterizada cada día más por su naturaleza religiosa: sus dogmas son intocables, su superioridad moral es indudable, sus santones son infalibles y sus opositores, esencialmente perversos, merecen las llamas infernales. Por eso de nada sirve mencionar las leyes de Indias dictadas por los Reyes Católicos y sus sucesores. O el hecho de que fueran precisamente los españoles quienes acabaron con la esclavitud de indios a manos de otros indios, los sacrificios humanos y el canibalismo. ¿Habrán oído alguna vez nuestras analfabetísimas vanguardias autohispanófobas una sola sílaba sobre la Expedición Balmis?

Y por lo que se refiere a Guinea Ecuatorial, de donde es originaria Rita Bosaho, una de las diputadas podemitas protagonistas de este asunto, podríamos comenzar con las palabras de su conquistador, Manuel Iradier, palabras que merecería la pena analizar en comparación con lo sucedido en el vecino Congo de Su Serena Majestad Leopoldo II de Bélgica:

Lo digo poseído de legítimo orgullo, sobre la bandera de mi querida España que tremolé durante tres años en los países africanos, que no se ha escrito el nombre de ninguna víctima ni ha caído una sola gota de sangre humana.

Y podríamos concluir recordando la inmensa obra social, educativa, sanitaria, económica y de infraestructuras que España legó a unos guineanos que, según consiguieron su independencia hace ya medio siglo, comenzaron a dejarla caer por desinterés, vagancia, incapacidad y corrupción.

www.jesuslainz.es

Odiosas comparaciones
A Sánchez le gustan las dictaduras que llevan a la miseria
Hermann Tertsch ABC 31 Agosto 2018

El presidente del Gobierno de España está de gira por Iberoamérica. Ha visitado dos países que inauguran presidente, Chile y Colombia. Y uno, Bolivia, con un régimen ideológicamente mucho más afín al socialista Sánchez y a sus socios comunistas. Allí reina Evo Morales, como Daniel Ortega en Nicaragua, un especialista en la supervivencia. No creyó conveniente Sánchez pasar a ver a Nicolás Maduro, el campeón en sobrevivir en condiciones inauditas. Ahí sigue después de destruir el país, asesinar y torturar a miles, robar y saquear a todos. Ya mata en masa con hambre y enfermedades. Huyen por millones a países vecinos y pagan con sangre, miseria y muerte la ceguera de haber llevado al poder a los padrinos de Iglesias, Errejón y Monedero, esos que dictan ahora la política fiscal a Sánchez. El jefe del Gobierno de España dijo ayer que los venezolanos tienen que encontrar una solución entre ellos. Es como enviar una señal de concordia a torturadores y torturados. O que los niños víctimas de Mengele debieron empatizar más con el doctor. Esa infamia infinita, insulto intolerable, se lo puede haber dictado su compañero de partido Zapatero, eficaz agente del narcodictador Maduro para fortalecer su régimen criminal.

Sánchez no ha dejado de hablar de Franco. También de una Comisión de la Verdad con la que pretende reprimir las verdades incómodas para su partido. En Chile recolectó malas ideas y peores intenciones en esa farsa del Museo de la Memoria. Allí los chilenos han acatado una versión grotesca por maniquea de su pasado en la dictadura de Pinochet. Se han tragado todo el cuento impuesta por la izquierda. El ministro de Cultura chileno, Mauricio Rojas, tuvo que dimitir nada más ser nombrado por haber dicho la verdad hace años. Dijo Rojas que aquello «más que un museo (…) un montaje cuyo propósito (…) es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar (…) Es un uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional». Por estas palabras se ha tenido que ir un hombre culto y capaz. Lamentablemente, Rojas perdió, además del cargo, su autoridad al intentar aplacar a las fieras izquierdistas con disculpas por decir la verdad. El museo es un inmenso y costoso despliegue de hechos ciertos y omisiones dolosas para construir una gran mentira. Una dictadura maligna se abalanzó sobre el pueblo chileno por codicia y crueldad y murió por la protesta interna y externa. El mismo cuento que en España aunque más breve.

Ni una palabra de Cuba, los asesinatos, Allende como títere comunista. Sin mención de causas. Nadie explica que un golpe en Chile llevó a una dictadura porque era inminente una dictadura mucho peor. Hoy Chile es el polo de prosperidad y libertad porque se evitó que fuera el polo de miseria y esclavitud con Cuba. El canalla que quería convertir Chile en Cuba era Allende y quien lo evitó era Pinochet. En el polo de la miseria con Cuba está ahora Venezuela porque no ha tenido un Pinochet. Y si no lo ha habido es porque la izquierda ha logrado imponer en Occidente esa postrera lectura falaz que protege las dictaduras comunistas. Solo Thatcher hizo frente a la falacia global de la izquierda. La inmensa mayoría de los venezolanos verían como una salvación surgir a un Pinochet que en diez años pusiera el país al nivel de Chile. Con muchos menos asesinados y torturados que en Cuba y Venezuela, por cierto. Pero Sánchez detesta las dictaduras que se autodisuelven después de crear prosperidad y seguridad. Las que generan dolor permanente y miseria, Venezuela o Cuba son las que gustan a Sánchez. A sus socios más. Tanto que la quieren implantar aquí.

¿Por qué se radicalizan?
Luis de la Corte ABC 29 Agosto 2018

Hace pocas semanas conmemorábamos los atentados de Barcelona y Cambrils que causaron un centenar de heridos y dieciséis víctimas mortales inocentes. Estos incidentes culminaron una oleada de atentados desatada en Europa desde 2014. En un informe elaborado para el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo pudimos detallar cómo entre 1994 y 2017 los países de la Unión Europa padecieron un mínimo de 60 atentados de inspiración yihadista, ocasionando la muerte a 625 personas. Los responsables de tales horrores invocan a Alá en cada uno de sus atentados y creen que la comunidad islámica estaría sometida a toda clase de ultrajes y asedios. También creen que al asesinar a hombres, mujeres y niños serán recompensados por haber cumplido con cierta obligación sagrada: combatir a quienes se oponen a la misión de reislamizar el mundo musulmán bajo un único régimen (Califato) que reproduzca el modelo de vida establecido en el siglo VII por Mahoma y los tres primeros califas (al Salaf al Salih o píos antepasados).

Los opositores a ese proyecto son los musulmanes herejes o apóstatas (que para los yihadistas son mayoría) y también sus socios occidentales, a quienes resultaría legítimo matar. En esencia, esas son las claves desde las que los yihadistas dan sentido a su violencia. Con todo, resulta difícil entender cómo es posible que personas residentes o nacidas en Europa que no fueron educadas en los principios de una ideología de odio terminen asumiéndola hasta el extremo de sacrificar sus vidas para matar a otros. Así que la gran pregunta es: ¿por qué se radicalizan?

El problema no deriva de la inmigración más reciente, pues la mayoría de los musulmanes que han atentado en Europa nacieron o crecieron aquí, mientras la mayor parte de los que sí eran inmigrantes solo se radicalizaron después de llegar al viejo continente. Existe una relación innegable con el arraigo de diásporas musulmanas, aunque el vínculo con esas comunidades no siempre es proporcional a su tamaño: hay naciones que no han sufrido un solo atentado yihadista, pese a contar con un amplísimo porcentaje de población musulmana (como Bulgaria), mientras otras con un volumen comparativamente inferior han encajado uno o más ataques (así en España).

Los radicalizados son mayormente varones y jóvenes, pero su rango de edad es bastante amplio y el número de mujeres ha ido aumentando. No son más pobres o están peor educados que los no radicalizados. Unos tienen trabajo, casa, familia. Otros no. Un número cada vez mayor tiene antecedentes delictivos no relacionados con el terrorismo, lo cual puede facilitarles su inmersión en círculos yihadistas. Pero la delincuencia solo es una vía más de entrada a tales ambientes.

La discriminación, las dificultades de integración y la propagación de interpretaciones salafistas del islam suponen problemas reales que pueden facilitar la radicalización yihadista, pero no siempre operan como causas necesarias ni suficientes. El alcance de la discriminación ejercida contra los musulmanes europeos se ha exagerado a menudo. Por lo demás, solo una minoría de los musulmanes que se han sentido discriminados se han radicalizado. La consideración del yihadismo como síntoma de una integración fracasada, tesis que continúa gozando de amplio crédito, resulta problemática por distintas razones.

Muchos yihadistas han acusado la gravosa experiencia de no lograr identificarse con el país en que han nacido o crecido, ni tampoco con el de sus padres o abuelos, problema relativamente frecuente entre hijos o nietos de inmigrantes. Sin embargo, la mayoría de esos musulmanes de segunda o tercera generación han logrado enfrentar sus crisis de identidad por vías alternativas al activismo yihadista. Asimismo, tampoco faltan ejemplos de yihadistas que durante años vivieron perfectamente adaptados al sistema de vida occidental. Además, las dificultades de integración no han podido cumplir ningún papel en el proceso de radicalización de individuos europeos nacidos en el seno de familias no musulmanas que llegaron a la militancia yihadista tras convertirse al islam. En cuanto a las corrientes salafistas, su difusión puede contribuir a la radicalización a base de difundir ideas y valores ultraconservadores que los salafistas pacíficos comparten con los yihadistas y que cuestionan la legitimidad de nuestras instituciones laicas. No es extraño, por ello que muchos terroristas hayan sido reclutados cuando formaban parte de alguna congregación salafista. Pese a todo, la mayoría de los salafistas rechazan la violencia como estrategia de islamización.

En definitiva, no hay ninguna gran causa única que explique la radicalización de los yihadistas europeos, fenómeno donde confluyen múltiples factores:

Primero, una ideología y un conjunto de mensajes simples y contundentes, servidos a través de una estrategia de comunicación y propaganda atractiva, sofisticada y globalizada.
Segundo, la existencia de guerras abiertas en países musulmanes donde el yihadismo consigue alinearse con alguno de los bandos, como ocurrió sucesivamente en Afganistán, Argelia, Bosnia, Chechenia, Irak, Libia o Siria, estimulando un aumento del número de individuos radicalizados en Europa.
Tercero, la trayectoria vital de los sujetos radicalizados, a veces marcada por agravios (real o imaginado, personal o colectivo), frustraciones o crisis personales de distinta naturaleza en su origen.
Cuarto, relaciones establecidas con amigos, parientes, vecinos, compañeros de estudio o trabajo, con líderes y congregaciones religiosas, comunidades de internet, las cuales pueden ayudar a familiarizarse con las ideas yihadistas y conocer a otros sujetos ya radicalizados o integrados en círculos extremistas.
Quinto, el acceso a entornos físicos (lugares de culto, centros culturales, barrios, prisiones) y virtuales (internet, redes sociales) frecuentados por otros individuos que se encuentran en trance de radicalizarse o que ya operan como agentes de radicalización: imanes radicales, líderes religiosos en internet, miembros de redes u organizaciones yihadistas que actúan como captadores y reclutadores. Y sexto, las actividades y pautas de relación social desarrolladas una vez iniciado el proceso de radicalización, similares en bastantes casos al tipo de interacciones promovidas por ciertas sectas destructivas.

Todas esas influencias derivan en la reinterpretación de diferentes sentimientos y aspiraciones preexistentes a partir de una nueva concepción del mundo y la trascendencia, una nueva identidad y un sentido de misión, capaces de inducir una extraña ilusión por matar y morir.

LUIS DE LA CORTE ES PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

INACCIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
VOX se querella contra el juez belga que admitió la demanda contra Llarena
La Gaceta  31 Agosto 2018

VOX ha presentado este martes una querella en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional contra el magistrado del Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas -cuya filiación se desconoce en este momento- responsable de la admisión de la demanda civil interpuesta en dicho Tribunal por María Meritxel, Antoni Comín, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig contra el Magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

En su querella, VOX atribuye al juez belga la comisión de presuntos delitos de rebelión (del artículo 472 del Código Penal), o alternativamente de sedición (de los artículos 544 y 545 del Código Penal) y contra la paz e independencia del Estado español (del artículo 589 del Código Penal).

Tal y como se explica en el texto del partido de Santiago Abascal, esta querella ha sido presentada ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional por ser el competente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.3, apartados a) y c), en relación con el artículo 65.1.e) y artículo 88, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al relatarse hechos presuntamente constitutivos de los delitos contra la paz e independencia del Estado español cometidos desde el territorio nacional belga, de los que sería responsable el juez querellado como autor, y de los delitos de rebelión, o en su caso, sedición, de los que sería responsable como cómplice.

Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de VOX, ha afirmado, tras presentar la querella, que “ante la inacción del Gobierno de España en la defensa de nuestra soberanía judicial, VOX cumple una vez más su compromiso con los españoles al interponer esta querella contra el tribunal belga”.

Un voluntario suizo que retira lazos en Cataluña: “El independentismo manipula como una secta”
M.A. Ruiz Coll okdiario 31 Agosto 2018

El empresario suizo François Meylan ha llegado esta semana a Cataluña para colaborar, como voluntario, en las labores de limpieza de los lazos amarillos. Meylan ha sido policía y militar en su país, y desde hace más de una década trabaja como asesor financiero. Colabora habitualmente con varios medios de comunicación suizos y es autor de dos libros sobre el terrorismo internacional y la violencia política, un concepto en el que incluye fenómenos como la actividad de la mafia en Albania y Kosovo.

–¿Por qué ha decidido venir a Cataluña a ayudar a quitar lazos amarillos?
–He venido a disfrutar con la gente, y a contar en mi país lo que pasa en Cataluña. El referéndum del 1-O fue una trampa, una mascarada. Y me enfadé mucho cuando vi que una parte de la prensa suiza estaba actuando de una forma muy poco profesional al hablar sobre Cataluña. Repetían las mismas mentiras y falsedades que han propagado los independentistas: mostraban a Cataluña como un solo pueblo, republicano y oprimido, que desea independizarse frente a una España franquista y corrupta. El pasado mes de junio presenté ante el Consejo Suizo de la Prensa una denuncia contra el diario Le Temps, porque no se puede permitir que se difundan ese tipo de falsedades.

Para los independentistas es una guerra de comunicación y propaganda, pero después suele venir la guerra de verdad. Si eso llega a ocurrir, pasaría como en Siria, que ha atraído a todas las fuerzas del yihadismo internacional. Hay muchos antisistema en toda Europa que están esperando a que pase algo así en Cataluña.

-¿El nacionalismo y el populismo son una amenaza para toda Europa?
–Lo estamos viendo en países como Hungría, Polonia, Italia… La ideología separatista es un fantasma para manipular a la gente, funciona como una secta. Detrás hay operaciones delictivas, es una cuestión de dinero y poder. Y sus jefes siempre viven muy bien. Hay mucha gente que está viviendo de esto. Lo que pasa en Cataluña afecta a toda España y a toda Europa. La Unión Europea (UE) tiene un peso económico muy fuerte, pero políticamente es débil. Y las grandes potencias como Estados Unidos o Rusia intentan aprovecharse de ello.

–¿Qué le parece que algunos políticos catalanes como Anna Gabriel o Marta Rovira se hayan refugiado en Suiza para huir de la Justicia española?
–Si en Madrid hubiera gente dedicada a hacer operaciones para desestabilizar a mi país, el Gobierno suizo no estaría muy contento. Y eso es lo que está ocurriendo: tras dar el golpe de Estado de Cataluña, esas dos personas viven tranquilamente y con dinero en Suiza. Y dicen que van a seguir luchando desde allí contra España.

He dirigido una queja a mi Gobierno y a la Policía Federal Suiza, y me han comunicado que van a abrir una investigación sobre las actividades de la ANC en mi país. He descubierto que se trata de un lobby muy potente, con presencia en decenas de países. En Suiza están desde 2012, realizando conferencias, difundiendo manipulación y mentiras. Y eso es lo que hace el independentismo: juega con el destino de los pueblos, utilizando mentiras y manipulación.

Para luchar contra esas mentiras, hemos creado en Suiza la asociación Cataluña Pueblo de España, completamente apolítica. El próximo 9 de septiembre celebraremos una manifestación en Ginebra para denunciar el golpe de Estado del 1-O, la politización y manipulación de la escuela en Cataluña, y el acoso que sufren los catalanes no independentistas. La prensa suiza debe conocer lo que sucede realmente aquí y arrojar luz sobre las actividades delictivas de la ANC, Marta Rovira y Anna Gabriel.

-Los políticos separatistas catalanes suelen comparar su proceso de independencia con el de Kosovo. ¿Le parece un caso similar?
-Estuve allí en octubre de 2016 y junio de 2017. La situación es muy distinta. En Kosovo la religión tiene un poder muy importante. Y hay una parte de la población, los albaneses, que no reconocen la bandera de Kosovo, dicen que son un mismo pueblo, dividido en dos países. Kosovo tiene además una tasa de paro muy elevada y depende del dinero de la comunidad internacional. Diez años después de la independencia, ninguno de estos problemas ha mejorado. No creo que sea el modelo en el que debe mirarse Cataluña.

Cuando Kosovo aprobó su declaración unilateral de independencia, en 2008, Suiza fue el segundo país en reconocerla después de Estados Unidos. Me preocupa que pueda ocurrir ahora lo mismo con Cataluña, porque su propaganda independentista se ha extendido internacionalmente. Sería un error, como lo fue que Alemania reconociera en 1991 la independencia de Eslovenia [aquel reconocimiento provocó el comienzo de la Guerra de los Balcanes].

Una política fiscal abocada al fracaso
 La Razon 31 Agosto 2018

A expensas de un ulterior cambio de criterio del Gobierno, lo que no sería extraño en absoluto, el anunciado incremento presupuestario para 2019 va a depender mucho más de la ampliación del déficit público, es decir, de la deuda, que del aumento de los ingresos fiscales. Así se desprende de las dificultades que está encontrando Pedro Sánchez para armonizar posiciones tan dispares en materia económica como las que mantienen los nacionalistas catalanes y los populistas de izquierda, cuyos votos son imprescindibles para superar el trámite parlamentario de los PGE.

Si bien las negociaciones en curso están en una fase embrionaria, tal y como ha manifestado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, al referirse a la propuesta de cargar la mano impositiva sobre quienes ganan más de 150.000 euros anuales, las expectativas de mayor recaudación por vía del IRPF sólo supondrían el 0,1 por ciento de los ingresos del Estado –unos 400 millones de euros, según las estimaciones del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)–, totalmente insuficientes para afrontar el exceso de gasto autorizado por Bruselas, que es de 6.000 millones de euros.

Más aún si se confirma el desvío al alza del déficit del sistema de pensiones, que, por si solo, se llevaría dos tercios de ese dinero extra. Por lo tanto, parece evidente que detrás de anuncios como el del «impuesto a los ricos» no hay un objetivo hacendístico, sino un señuelo político que puede distraer a un votante muy marcado ideológicamente, pero que no tendrá efectos en la mayoría del cuerpo electoral.

De ahí que frente al posibilismo y el recurso a las soluciones mágicas, que es lo que subyace en el modelo económico de la izquierda radical, no haya más que dos opciones posibles: subir la presión fiscal al consumo –IVA e impuestos especiales–, equiparándola a la de los países de nuestro entorno, pero con el riesgo de propiciar una mayor desacelaración de la economía, o apostar por el crecimiento del PIB y la racionalización del gasto público, es decir, incrementar los ingresos fiscales mediante el fortalecimiento del mercado de trabajo, la mayor competitividad de nuestros mercados y la reducción de las trabas administrativas.

Por supuesto, esta última era la estrategia adoptada por el anterior Gobierno y, a nuestro juicio, la mejor vía para el crecimiento. Volver a una política de barra libre presupuestaria, con efectos apenas electoralistas, supone la repetición de un error. Especialmente, cuando empiezan a deteriorarse la mayoría de los indicadores económicos sin que, por el momento, nadie pueda garantizar si responden a una situación coyuntural o, por el contrario, a los heraldos de un nuevo periodo de recesión general.

En cualquier caso, el presidente del Gobierno debe ser consciente de que las fórmulas propuestas por sus socios de Podemos, las mismas que han sido ensayadas en Venezuela, tienen efectos empobrecedores, puesto que desincentivan a los sectores productivos y rompen las reglas del libre mercado y de la competencia. Ayer, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, advirtió al Gobierno contra la tentación populista y animó a Pedro Sánchez a que aprovechara la recuperación económica para amortizar deuda, cumplir con el déficit y profundizar en la reformas de nuestro modelo económico. No se trata, por supuesto, de que el PSOE renuncie a proponer un proyecto presupuestario propio, pero este no puede someterse a las exigencias de unos aliados de censura que viven fugados de la realidad. Es lo mismo que reza para sus otros socios, los nacionalistas, ante la exigencia del derecho de autodeterminación. Al final, los hechos se impondrán y Pedro Sánchez tendrá que asumir su debilidad parlamentaria y la conveniencia de convocar elecciones.

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Normalizar el mal
Antonio Robles  Libertad Digital 31 Agosto 2018

Esa acción de normalizar el mal está detrás de todos los excesos nacionalistas, desde el primer Gobierno de Pujol.

Quienes asisten hoy estupefactos al aquelarre fascistoide en Cataluña tienen razones para ello, pero su extrañeza no se debe a que haya surgido de pronto, sino a que no han reparado en la naturaleza sibilina del nacionalismo en el pasado.

Durante todos estos años, los signos y maneras del fascismo clásico fueron minuciosamente ocultados por el catalanismo para lograr llegar a sus fines sin alertar a sus víctimas. Ya no alardean de correajes, de simbología militarista, de su lenguaje matón, ni ejercen la violencia expresa. En su lugar, se adornan con la filosofía de la no violencia, se presentan como víctimas y dan lecciones de retórica democrática. Hasta la irrupción del procés. Con él han salido de sus madrigueras y se han mostrado como siempre han sido, clasistas, supremacistas, y la última hornada como simples fanfarrones fascistas. De ahí que tantos hayan caído de la higuera ahora.

Todo comenzó con el lenguaje. Con la manipulación del lenguaje, para ser más exactos. Mediante una palabra clave: normalización. Como sustantivo, como adjetivo, como verbo, es un concepto multiusos. Usado hasta la saciedad, explica la norma, el modelo de sociedad étnica buscada, el ADN exclusivo y excluyente de ser catalán. Eso es la normalización, la norma, la acción lenta pero persistente de normalizar la exclusión, el abuso, la prevaricación, la corrupción, el desprecio por la ley. La forma de hacer normal lo obsceno y delictivo. Esa acción de normalizar el mal está detrás de todos los excesos nacionalistas desde el primer Gobierno de Pujol hasta el empeño por normalizar mediante alambradas amarillas hoy su rebelión contra la Constitución y la democracia. Convertir el delito en normal. Y lo están consiguiendo. Por dos razones, porque son marrulleros, astutos y muy ladinos y porque el Gobierno de España se lo está consintiendo. Y encima hay quien juega a ser equidistante.

El primer paso de ese arma de socializar y pervertir conciencias fue la campaña de "la norma" a partir de 1981. Era el nombre de una niña encantadora que nos presentaba "la normalización" del catalán como la recuperación de una lengua perseguida a punto de desaparecer. En realidad, era el caballo de Troya para imponer la inmersión lingüística obligatoria. En esa normalización estaba implícita no sólo la exclusión de la cultura, la historia y la lengua españolas, sino la normalización de esa exclusión. Como ahora con los lazos amarillos, esa voluntad ya explícita de imponer una única manera de ser catalán. Se vende como libertad de expresión ideológica de un pueblo perseguido en defensa de la libertad de sus presos políticos, pero es la marca del territorio, donde las "bestias españolas" no tienen cabida.

Lo ha plasmado con nítida claridad Luis Miguel Fuentes en "Formas de asfixia": los lazos amarillos "no tratan de hacer visible una opinión, sino de inculcar, por aplastamiento, la idea falsa de que, efectivamente, no hay sitio físico, material, para otro pensamiento". Como en la escuela, había que acabar con todo vestigio de la cultura y lengua común de todos los españoles, era preciso imponer "una escuela en lengua y contenidos", era preciso normalizar que lo normal era hablar en catalán, sentir en catalán, lograr que la cultura, la lengua y la nación españolas se vieran como extrañas, extranjeras, incluso enemigas de Cataluña por cualquier niño. Algo a olvidar en el mejor de los casos, y a combatir, en el peor. Ese era el sentido implícito, entonces, de normalizar, como explícito ahora, convertir en normal el supremacismo amarillo.

Si reparan, un ejército nacionalista bien engrasado con el dinero público busca, en cada acción de gobierno y manifestación pública, la unanimidad mediática (tienen lana para ello), y convertir esa unanimidad en normalidad social. Sea ésta el editorial de las doce cabeceras de los medios más importantes de Cataluña en 2009 contra la sentencia del TC sobre el Estatuto, sea la campaña contra la separación de poderes mediante el descrédito de la acción judicial en defensa de los golpistas, sea imponiendo mantras críticos contra el Poder Judicial mediante sofismas como "Hay que acabar con la judialización de la política", sea convirtiendo en enemigos a las Fuerzas de Seguridad del Estado (GC y PN) mediante el uso y abuso de imágenes falsas y pedagogía del odio en el 1-O, sea mediante campañas inventadas de agresión exterior con apariencia de ser contra toda Cataluña, como el mantra de "Espanya ens roba", sea convirtiendo una ideología política, como es el nacionalismo, en la misma Cataluña (Acuérdense de la Minoría Catalana en el Congreso), etc. La cuestión es convertir el delito, la rebelión, el partidismo ideológico, la exclusión, la paranoia, en normal, en general. Es la normalización del mal para lograr sus fines sin atenerse a las normas democráticas.

Sin lugar a dudas, combatir esa normalización del mal es tarea de cualquier demócrata español, y una ineludible obligación del Gobierno de la nación. Sin equidistancias, como por fin ha hecho Albert Rivera en "Carta abierta a Pedro Sánchez".

La ruta salvaje de Quim Torra

EDITORIAL El Mundo 31 Agosto 2018

Quim Torra ya tiene fecha para relanzar el desafío a la ley: el 4 de septiembre, cuando pronuncie una conferencia que servirá de hoja de ruta al separatismo, impaciente por consumar su frustrado deseo de república. Dado que esa pretensión rompe el fundamento mismo del orden constitucional, la desobediencia será la esencia de su mensaje, redondeado con el trágala del referéndum pactado. Su advertencia es tan clara y pueril como antidemocrática: no acatará una presumible condena del Supremo a los políticos procesados. Falta saber si cumplirá esa amenaza abriéndoles las puertas de la cárcel (en caso de que se les mantuviera en prisiones catalanas una vez condenados), pero solo la gravedad de semejante propósito justifica el encendido de todas las alarmas, con el 155 en el horizonte. «Tenemos la bandera del diálogo en una mano y la de la desobediencia en la otra», ha declarado Joan Tardà, definiendo el chantaje estructural en que consiste el movimiento secesionista.

El calentamiento progresivo de la situación política en Cataluña no puede pillar desprevenido a nadie, y menos al Gobierno. No solo porque la experiencia traumática del año pasado sigue fresca en la memoria, sino porque el propio Torra ha venido advirtiendo de sus intenciones lo mismo ante Mariano Rajoy que ante Pedro Sánchez. Que este se afane en proyectar la ilusión de que con él en el poder las cosas serán distintas forma parte de la estratégica ceguera con que el PSOE espera agotar la legislatura con 84 escaños. Sánchez se ha afanado en multiplicar gestos de lisonja, desde el levantamiento del control extraordinario sobre las cuentas de la Generalitat hasta el paseo por Moncloa con Torra; de la activación de la bilateralidad hasta el intento frustrado de dejar solo al juez Llarena o de hacer la vista gorda ante la colonización amarilla de las calles catalanas; pero debería saber que el nacionalismo es insaciable, y más en fase de insurrección. De modo que Sánchez puede encontrarse finalmente en que ha cedido para nada, sumando al deshonor el inevitable enfrentamiento. Solo esperemos que encuentre entonces el coraje suficiente para, habiéndose cargado de razones, restablecer la vigencia de la Constitución y el Estatuto en Cataluña.

Ojalá no lleguemos a ese punto. Ojalá el Parlament no se se cerrara al capricho de la mayoría independentista. Ojalá del juicio se extrajeran lecciones prácticas y no el combustible del próximo martirologio. Ojalá valoraran lo mucho que Cataluña ha prosperado y puede prosperar en uso de su amplio autogobierno. Ojalá no se deslizaran equidistancias tramposas entre quienes añoran aquella convivencia en la diversidad de la sociedad abierta y quienes fomentan el proyecto excluyente de la tribu originaria, la fanática aspiración al pueblo homogéneo, premoderno. Ojalá este Gobierno esté preparado para defender sin vacilaciones la igualdad y la libertad de todos los españoles.

Guerra de lazos, rebelión cívica, y ultimátum y amenaza de Quim Torra
José Oneto Republica 31 Agosto 2018

“La guerra de los lazos”, el enfrentamiento civil más grave que se ha producido en Cataluña desde el levantamiento de la aplicación del artículo 155 de la Constitución contra la Generalitat, intervenida por el Gobierno central; ha dividido aún más a una sociedad catalana sometida a una tensión continua; ha creado un clima de desconfianza entre catalanes; ha dado origen a una auténtica “rebelión cívica”; ha aumentado la desconfianza hacia los Mossos d’Esquadra que se han puesto al lado de los inspiradores y creadores de los lazos amarillos; ha obligado a la intervención de la Fiscalía para averiguar el papel que en este grave conflicto, están jugando la Consejería de Interior de la Generalitat y la Policía autonómica y, ha abierto un nuevo conflicto entre el Ministerio del Interior y la Generalitat, por las competencias en el mantenimiento del orden público, que sin duda, corresponden al Gobierno central.

Mientras el presidente de la Generalitat Quim Torra está encantado con el conflicto, porque tensa al independentismo de cara a la Diada del 11 de Septiembre y a las concentraciones del primer aniversario del Referéndum del 1-O y, pretende que la desafortunada “guerra de los lazos” sea debatida en el Parlamento, ya abierto, en una sesión especial, después de las fechas claves de la Diada de Septiembre y del 1 de Octubre, se niega, sin embargo, a que el grave conflicto que está perturbando la normalidad ciudadana y los espacios públicos, ganados por el independentismo, sean debatidos en la Junta de Seguridad de Cataluña que ha sido convocada por la Generalitat y el Ministerio del Interior el próximo 6 de Octubre en Barcelona. Un nuevo foco de tensión, en un ambiente en el que Torra se encuentra en su terreno. De ahí el Pleno del Parlament para debatir la “guerra de los lazos“ en lo que él llama “pleno sobre convivencia” en el que, además, se aprueben todas las Leyes que están suspendidas por el Tribunal, Constitucional.

En esa tira y afloja que, como siempre, ha sido planteado por el independentismo como un auténtico desafío (por lo pronto, ya la Presidencia de la Generalitat, ha aplazado a Octubre, el encuentro que iba a tener lugar en Barcelona este mes de Septiembre entre Torra y Sánchez), el ministro del Interior Grande Marlaska, ha tenido que imponer, por el momento, su criterio. Después de recordar que las competencias del orden en los espacios públicos es responsabilidad de su Ministerio, y no de la Consejería de Interior de la Generalitat, ha insistido, en que esa ”guerra de los lazos”, esa “rebelión cívica” que, en cierto modo ha surgido espontáneamente, y que ha sido encauzada por Ciudadanos, en tanto es la primera fuerza política de Cataluña, tiene que formar parte de la Agenda de esa Cumbre.

Para quienes desde hace meses se han hecho dueños de la calle y de los espacios públicos de plazas e incluso playas, inundándolo todo de lazos amarillos, e incluso de cruces, en solidaridad con quienes en prisión, una prisión catalana que depende del Presidente de la Generalitat, esperan el juicio por Rebelión, sedición y malversación del orden público, cuyo sumario está cerrando el juez Pablo Llarena, los responsables últimos de esta rebelión cívica son los dirigentes de Ciudadanos, Albert Rivera e Inés Arrimadas, que participaron en la retirada de lazos amarillos. Un acto que venía a ser un acto de solidaridad con la compañera de un militante del partido que terminó en el Hospital con graves lesiones en el rostro, por quitar algunos de esos lazos cuando era acompañada de su compañero y de sus hijos. Una agresión de auténtico odio por la que, tras la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, un juez, como medida cautelar, ha dictado contra el agresor, el alejamiento de la victima.

Ante la ofensiva contra Ciudadanos, criticados por haber caído en la trampa de la recogida de los lazos, Rivera ha manifestado, en distintas declaraciones durante todo el día que no está dispuesto a que les criminalicen “por retirar lazos amarillos del espacio público” y ha considerado insólito que “los ciudadanos tengan que retirar lazos amarillos porque el Gobierno no esté cumpliendo con su labor”. A su juicio, la convivencia en Cataluña se ha roto junto a amistades y familias y los ex presidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont “mentían cuando aseguraban que no era así”. Ha pedido finalmente a Pedro Sánchez, “que deje de mirar a otro lado y se siente con los partidos constitucionalistas para que la ley se cumpla en Cataluña: Está a tiempo de rectificar”.

Dentro de este ambiente de tensión creciente, Torra ya ha empezado a distribuir la especie de que no está dispuesto a aceptar ningún tipo de sentencia contra los encarcelados en la prisión de Lledoners con los que ha preparado su importante intervención del Martes 4 de Septiembre en la que definirá el rumbo que va a tomar su gobierno en los próximos meses, y le dará un ultimátum al Presidente del Gobierno: o Referéndum negociado o independencia.

Llarena y el sentido de Estado
Juan Gonzalo Ospina okdiario 31 Agosto 2018

Demandar a Llarena es hacerlo a nuestro Poder Judicial. El viernes 24 conocíamos cómo el Ministerio de Justicia negaba la personación de España en el procedimiento instado contra ‘el juez del procés’ por Puigdemont y otros consejeros investigados/fugados aduciendo que “el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función”. Ante esta manifestación, todas las asociaciones de jueces y fiscales, excluyendo a la Unión Progresista de Fiscales y a Jueces para la Democracia, mostraron su repulsa y reprocharon que esta acción que contrariaba el amparo que el Consejo General del Poder Judicial y la Abogacía del Estado sí que habían mostrado. Finalmente el domingo 26 el Ministerio de Justicia corregía sus afirmaciones y anunciaba que el ejecutivo “espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena”. La supuesta controversia está en determinar si la demanda interpuesta contra Llarena tiene origen en una causa ajena —y por tanto privada— o en su caso si está relacionada con su función jurisdiccional. La demanda señala al juez como parcial y refiere que el comentario que hizo sobre los investigados le muestra con prejuicios que violentan su independencia.

No en vano, algunos medios de comunicación llamaron al juez “bocazas” y señalaban que no mereciera ningún tipo de apoyo institucional. Pero la generalidad de los juristas no le entendieron así. Es cierto que en un Estado de Derecho la ley tiene que ser igual para todos —jueces e investigados— y por lo tanto un acto contrario a derecho debe ser siempre perseguido. Si los investigados en la causa seguida contra el conocido “procés” consideran que ha existido parcialidad o trato arbitrario o injusto por parte del magistrado, el ordenamiento jurídico prevé los caminos para hacer valer su razón, con una denuncia motivada por prevaricación —como antes se denunció a jueces como Garzón, Elpidio Silva o Presencia Crespo— que seguiría los cauces legales, acabando en su caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con su oportuna condena o no a España. Sin embargo, la presente demanda en Bélgica es una excelente argucia legal, para intentar una recusación que con la ley española en la mano no tiene su sujeción. La maniobra no busca restituir el honor de los demandantes, sino desprestigiar todo el Poder Judicial español, deslegitimarlo y ridiculizarlo.

Desprestigiarlo, con el fin de iniciar un proceso cuyo hecho controvertido es el aparente “honor” de los investigados, pero con el objetivo de instrumentalizarlo para intentar acreditar que en España la judicatura no es independiente. Deslegitimarlo, con el fin de hacer creer a la opinión pública que estamos ante una causa política y no jurídica. Y ridiculizarlo, con el fin de que el “cazador” termine cazado por quienes se escapan de sus requerimientos judiciales, poniendo la honorabilidad de todas nuestras instituciones a la altura del betún. La esencia de la soberanía nacional de todo un país recae en sus leyes, y por ende en la aplicación de las mismas. Así lo reconoce nuestra Constitución en su artículo 117.3: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes”. La Unión Europea reconoce la imparcialidad de la justicia de sus países miembros —artículo 6 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o artículo 47 Carta Europea de Derechos Humanos—.

Así, sorprende cómo el juez belga, antes de tomar ninguna decisión de admisión o inadmisión, no planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si tenía competencia para conocer sobre la demanda conforme el artículo 267 y siguientes del TFUE. Si la judicatura, institución encargada de velar por la estricta aplicación de la ley, se ve demandada en un país de nuestro entorno por supuesta parcialidad, y no es defendida por su poder Ejecutivo, máximo actor en defenderla, ¿dónde queda la soberanía del país? El mensaje es claro: o ese ejecutivo no cree en su judicatura y su independencia —y por tanto está de facto de acuerdo con las pretensiones de la demanda— o el Poder Judicial no le importa. Por todo lo expuesto, la rectificación del Gobierno de España apoyando al juez Llarena no sólo es adecuada sino necesaria y justa conforme recogen los tratados internacionales sobre protección a la jurisdicción interna de cada país. El Gobierno consigue así una acción clara de respeto a nuestras instituciones y a la soberanía de nuestro país. Tarde pero lo consigue, y nos trae tras este episodio a primera línea las sabias palabras de Julián Marías: “Las doctrinas falsas suelen buscar la imposición, las verdaderas prefieren justificarse”.

Particulares
José María Albert de Paco. vozpopuli  31 Agosto 2018

Son particulares los que suplen con singular dedicación la falta de entusiasmo del Ejecutivo y el Ministerio Público a la hora impedir la apropiación simbólica del espacio público por parte del nacionalismo

Que hayan sido dos tuiteros, @troqueliano y @_Nikator_, quienes hayan destapado el intento de Puigdemont y sus asesores de falsear las palabras del juez Llarena, refiere, una vez más, el crónico desistimiento del Estado respecto a las asechanzas del independentismo. En este caso, además, se da el agravante de que desde el 5 de junio, fecha en la que se presentó la demanda, se sabía que ésta se fundamentaba en unas declaraciones que el magistrado había efectuado en Oviedo el 22 de febrero. Tan sólo había que aguardar a que se divulgara la traducción de esas declaraciones (no más de 100 palabras) para detectar el “et oui c’est ce qui s’est produit”. Vamos, que no había que ser precisamente un cerdo trufero.

Troquel y Nikator no son los únicos espontáneos que han suplido el absentismo de la Administración. El informático granadino Pablo Haro, militante de C’s, recopiló en mayo 440 artículos del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, y los difundió en internet a través de Google Drive. Su ingente labor dio a conocer el sustrato xenófobo de la ideología del sustituto de Puigdemont y, de paso, evitó que el blanqueamiento de su figura, al que el Govern ya se había aplicado en las redes sociales, alcanzara a las hemerotecas.

Asimismo, y a raíz de que los Mossos d’Esquadra (cumpliendo órdenes expresas de Torra) empezaran a identificar a los ciudadanos que retiran lazos amarillos de calles y plazas, otro particular, el abogado barcelonés José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, interpuso la denuncia que resultó en la apertura de diligencias contra dicho cuerpo policial.

Esas brigadas de descontaminación, por cierto, también deben su existencia a la que, sin duda, es la más flagrante de las desatenciones en que incurre el Gobierno central para con los derechos de los catalanes. No en vano, son el Ejecutivo y el Ministerio Público quienes habrían de impedir, con radical determinación, la apropiación simbólica del espacio público por parte del nacionalismo. En lugar de ello, dan en situar en pie de igualdad a independentistas y constitucionalistas, refocilándose una vez más en la grácil, proverbial e higiénica equidistancia, responsable última del atolladero en el que nos encontramos.

No son lazos, son sogas
Ignacio Varela El Confidencial 31 Agosto 2018

Se aproxima el primer aniversario de la insurrección del otoño del 17 en Cataluña y se discute si la situación del conflicto está, desde el punto de vista del Estado democrático, mejor o peor que hace 12 meses. Quizás haya que aplazar el veredicto hasta ver el resultado de la nueva ofensiva diseñada en Waterloo para los próximos meses.

Estamos mejor porque el golpe que el 6 de septiembre derogó la Constitución y el Estatuto en Cataluña, continuó con el simulacro de referéndum del 1 de octubre y concluyó con la fantasmagórica declaración de independencia fue abortado con la aplicación fulminante del 155. Cataluña sigue formando parte de España, la república bananera que Puigdemont proclamó es una entelequia risible y los responsables del golpe que no se dieron a la fuga responderán ante la Justicia.

Formalmente —aunque no tanto materialmente—, la legalidad constitucional se ha restablecido. Y no se espera próximamente una nueva intentona, aunque sí que el Gobierno separatista se instale a vivir impunemente con un pie fuera y otro dentro de la frontera de la legalidad.

Pero estamos peor porque los secesionistas recuperaron el poder tras unas elecciones convocadas con precipitación (a Rajoy le quemaba en las manos el 155) y lo ejercen de forma más despótica que nunca, fuera máscaras. Porque el campo constitucional, entonces unido y movilizado como nunca, está ahora dividido y aturdido como siempre. Porque se burla y menosprecia en Europa a la Justicia española sin que dos sucesivos gobiernos hayan movido un dedo para defender su crédito. Porque está en marcha en Cataluña una temible operación totalitaria de acoso político e intimidación social, con los lazos amarillos como sogas para obligar a los constitucionalistas a regresar a las catacumbas. Y porque a la debilidad del Gobierno anterior se añade la dependencia del actual respecto a los partidos independentistas. Torra no necesita a los socialistas para gobernar en Cataluña, pero en Madrid tiene la llave del oxígeno de Sánchez.

El conflicto de los lazos amarillos es cualquier cosa menos inocuo. Por una parte, muestra una nueva fase en la estrategia independentista. Esta ya no gira sobre la independencia inmediata, sino sobre la utilización de los presos —y posteriormente, del juicio en el Supremo— como instrumento de agitación política, confrontación social, cohesión nacionalista y máxima excitación emocional. En esta Diada, la marea de las esteladas dará paso a una de lazos amarillos. Puigdemont, que es el mayor culpable y principal beneficiario de que Junqueras y los demás estén en prisión, es también quien más los instrumentaliza en su provecho.

Bajo la apariencia de un reclamo de libertad, el lazo amarillo se ha convertido en instrumento de opresión. Su función principal es identificar a los afectos y a los desafectos, señalar y estigmatizar a quienes no lo llevan, instalar el miedo en la parte de la sociedad catalana que quiere seguir siendo española. Lucir el lazo en la Cataluña de Puigdetorra equivale a lo que fue alzar el brazo en la España de la posguerra, y no hacerlo —no digamos intentar quitarlo— comienza a resultar arriesgado. Este Govern no tiene oposición, en el sentido democrático del término: lo que se le enfrenta responde más al concepto de resistencia.

El plan de Puigdetorra parece claro. Elevar progresivamente la tensión emocional con los presos como pretexto; someter a su mando a todo el espacio nacionalista, acorralando a ERC, y esperar al momento adecuado —con toda seguridad, ligado al juicio— para provocar unas elecciones que le den una mayoría incontestable y consagren como caudillo al Perón de Waterloo.

Para ello, necesitan mantener neutralizado al Gobierno español y desactivado al bloque constitucional. En Cataluña, incendiarán las calles y reproducirán el clima insurreccional del otoño pasado, pero sin repetir el error que desencadenó el 155. En Madrid, seguirán sosteniendo a Sánchez con respiración asistida para prevenir que este se vea abocado a convocar elecciones generales.

Se criticó mucho a Rajoy, con razón, por su actitud pasivo-reactiva, consistente en permanecer inmóvil, limitándose a reaccionar ante las sucesivas transgresiones del 'procés'. Ello entregaba al independentismo el monopolio de la iniciativa, ya que ellos elegían siempre el momento y la forma de cada choque.

La paradoja es que la estrategia de Sánchez, aparentemente opuesta a la de Rajoy, conduce a un escenario similar. Ellos modulan a su conveniencia la relación con el Gobierno de España y la intensidad del conflicto. Deciden cuándo y cuánto se inflama o se desinflama; si acuden a las reuniones o las boicotean; si es hora de exigir —y ser siempre atendidos— o de denunciar, de mostrarse apaciguados o enfurecidos. Marcan el ritmo y las condiciones, transitan sobre las líneas rojas sabiendo que, mientras no las rebasen groseramente, todo les está permitido. Administran su apoyo a Sánchez en el Parlamento de Madrid a cambio de disponer de patente de corso en Cataluña con el silencio cómplice del PSC. Ellos, en definitiva, vuelven a monopolizar la iniciativa.

No es que Sánchez esté conteniendo a Torra dentro de la legalidad. Es que el plan de los independentistas para el curso 2018-2019 es otro. Ya no pasa por una inviable declaración de independencia, sino por afianzar su poder absoluto y su control social, sepultar a la oposición y consolidar por la vía de hecho Cataluña como un territorio de excepción constitucional. No es Sánchez quien sujeta a Torra, sino Puigdetorra quien sujeta (en el doble sentido de la palabra) al Gobierno de Sánchez.

Mientras, los partidos españoles se bifurcan. El PSOE y Podemos especulan con la desinflamación, aventando la ilusión de una solución negociada que ni de lejos está en la intención del secesionismo (salvo que la Constitución española se avenga a autoliquidarse). El PP y Ciudadanos especulan con la inflamación, depositando su expectativa de crecimiento electoral en un nuevo choque de trenes que legitime su discurso confrontativo y desnude el del Gobierno.

Tras el impostado “dialogar sobre todo” que en realidad equivale a no poder dialogar sobre casi nada, impresiona ver al presidente del Gobierno de España ejerciendo de pagafantas del custodio de la Generalitat. E impresiona aún más que el fugitivo de Waterloo se permita alardear de que tiene, como cantaba en Castañuela 70, la sartén por el mango y el mango también. Pero ese es el precio de conquistar el poder sin precaverse de las compañías.

Cataluña y la independencia en el diván del doctor Sancho
Ricardo Cano Gaviria El Confidencial 31 Agosto 2018

Hoy, cuando en el resto de España muchos españoles empiezan a negarles a los independentistas catalanes el tan anhelado estatus de enemigos-de-España, porque, según comienza a decirse 'sotto voce', parecen más bien gentes a las que han comido-el-coco, vale la pena preguntarse si no hay un factor psicológico al que, lamentablemente, no se alude nunca cuando se enfoca el problema. Y no porque a los españoles se les reconozca la sensatez o el olfato de Sancho en identificar lo que no es razonable, o simplemente detectar a quien ha perdido la razón —nadie menos parecido a Alonso Quijano que Quim Torra, escudero de Puigdemont—, sino simplemente porque los hechos resultan harto elocuentes cuando por ejemplo se discute si quitar incidentalmente cruces amarillas es un delito, y no lo es en cambio apropiarse sistemáticamente del espacio para llenarlo de ellas.

Hay muchas clases de enfermedades en que los médicos o enfermeros encuentran una barrera que demuestra la falta de objetividad por parte del enfermo. Escotomización de la realidad, proponían los psicoanalistas para bautizar un hecho al que se enfrentaban día a día médicos y enfermeros... Ahora bien, ¿existe algún comportamiento específico que justifique llevar al sujeto independentista al despacho del psicólogo? Se nos antoja que sí: su muy peculiar relación con la palabra fascismo. Se da en ella un salto al vacío (o el 'asalto a la razón', para parodiar un título ilustre) por su propia incapacidad de reconocer (de ver) que la conducta que califica como fascista es, casi siempre, la que lo define a él mismo en el punto de partida. Y acaso nos cuesta tanto verbalizarlo para hacerlo visible porque esta utilización de la palabra fascista es infantil, irracional, prelógica.

Pertenece a los fondos oscuros del narcisismo humano, allí donde la empatía (definible hoy en día de forma científica) se trueca por una patente de corso considerada ya, prácticamente, como un 'derecho humano': patente de corso o autorización que se tiene o se supone tener para hacer una cosa que no está permitido hacer a los demás. Es en ese laboratorio donde los políticos mabusianos construyen enemigos para sublevar a las masas, de cuyas conductas manipuladas se han derivado las últimas catástrofes de Europa.

Nos hallamos, mucho más que en el diván del doctor Freud, en el que cabían neuróticos y paranoicos, en el gabinete del doctor Caligari, o del doctor Mabuse, hecho a la medida de los líderes faústicos, estilo Hitler, de los que derivan sin duda los que juegan al póquer y se echan faroles, en apuestas no con garbanzos sino con multitudes engañadas por su buena fe. Ahora bien, ¿cómo es posible que se pueda llegar tan lejos sin que nadie, entre los propios implicados, hubiera podido darse cuenta?

Para entenderlo, tal vez no haga falta más que comparar dos formas de enfrentarse al complejo mundo que nos ha tocado en suerte. La del que considera que debe mantenerse vigilante para no caer en ninguna de las trampas que nos presenta, en lo que a irracionalidad, racismo o xenofobia se refiere, y la del que se cree inmunizado o vacunado contra ellas.

“Los catalanes no somos así”, nos decían muchos catalanes independentistas, que por cierto son menos de la mitad, cuando alertábamos del peligro; “nos ha inmunizado el pasado, y los agravios, nos ha inmunizado nuestra superioridad moral, que tan bien nos distingue de los franquistas [es decir, de los españoles]”, nos salmodiaban con indulgencia caballeros altivos, que por distinguirse con apellidos catalanes o catalanizados se consideraban tan distintos, ilustres y distinguidos. Y veíamos en sus ojos a los pobres españoles sanchopancescos, incluidos los catalanes no independentistas, convertidos en hombres sin atributos, mientras que los que se consideraban vacunados o superdotados nos hacían recordar, sin quererlo, al ensayista Pompeu Gener, quien ya a finales del siglo XIX hablaba de la superioridad del craneo catalán sobre el madrileño (véase, para evitar susceptibilidades, el muy útil 'El imperialismo catalán', de Enric Ucelay-Da Cal).

Por cierto, que también nos decían que este pseudo-sabio había sido un episodio aislado, como asimismo lo eran los capítulos aislados pero tan tristemente 'metódicos' (sí, señores, hay un 'método' en ello) de la moderna ciencia catalana, la que enseña hoy que Cristóbal Colón era catalán y salió de Pals D'Empordà, que Erasmo era hijo de Cristóbal Colón, que la lengua catalana era anterior a Jesucristo y, cómo no, que el 'Quijote', cuyo autor se llamaba en realidad Joan Miquel Servent, había sido escrito en catalán…

Pues bien, todo esto merece un homenaje al 'Quijote', tan despreciado hoy por los cachorros independentistas. Ellos y sus instigadores, a la vanguardia cederecista de una legión de humillados sin ofensa, y a medio camino entre Dostoievski y Nietzsche, gestionan una moral del resentimiento para uso colectivo, sin atreverse a asumir que simplemente sus propios líderes mabusianos, y no el enemigo español, se las-dieron-con-queso, como se dice vulgarmente, para rendir homenaje a un alimento muy sanchopancesco.

Por contra, están orgullosos de haber hecho oídos sordos a los que en el papel de Sancho, y amantes del buen vino y del queso, les decíamos que ningún país en Europa apoyaría una república catalana. Hoy, mientras nos miran con rencor, desde una acuarela casi expresionista por kafkiana —que viva el 'procés'—, nos queda el consuelo de Sancho, el mejor psicoanalista, cuyo rumor aún nos reconforta:

“Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento...”.

* Ricardo Cano Gaviria, escritor de origen colombiano radicado en España.

¿Qué pinta Soros en este país?
OKDIARIO 31 Agosto 2018

Pedro Sánchez tiene una llamativa inclinación por las malas compañías. Si en la política nacional se ha aliado con independentistas, proetarras y comunistas para sostener su mandato, a nivel internacional está demasiado cerca de un hombre tan oscuro como George Soros. Resulta inquietante que el rey mundial de la especulación sea un consejero en la sombra del Gobierno de España. Los intereses de este húngaro de nacimiento —y estadounidense de bolsillo y fortuna— se ciernen sobre una de las causas que el PSOE ha convertido en bandera de su actividad: la inmigración. Con Soros y sus lobbies detrás del tema, lo único seguro es que no se trata de una causa noble. Hablamos de un tiburón de los negocios que no mueve un dedo si no hay un beneficio tangible para él y sus socios.

Poseedor de una fortuna de más de 26.000 millones de euros al menos hasta 2016 —después aseguró que donó gran parte— sus actividades económicas y empresariales han sido siempre una garantía de desestabilización para los países que ha tocado. Sin ir más lejos, Soros consiguió hundir la libra esterlina en 1992. Lo hizo en sólo 24 horas, tiempo en el que se propuso doblegar al Banco de Inglaterra y cuya acción especulativa llenó sus propios bolsillos con casi mil millones de dólares. Con tentáculos en todo el mundo gracias a la multitud de lobbies que maneja, la mirilla de sus intereses apunta ahora a España y Pedro Sánchez permite que los desarrolle a su antojo. De hecho, ya se reunió con él durante el pasado mes de junio en La Moncloa.

Ahora, uno de sus grupos de influencia —European Stability Initiative (ESI)— está detrás de las políticas de inmigración del Ejecutivo español. Medidas que, hasta el momento, no han hecho más que fomentar el caos en el sur de España y norte de África. El lobby de Soros pretende asentar campos de acogida en España para librar así a Alemania y Francia. Algo que iría en contra de la lógica, aquélla que indica que el problema ha de ser atajado por la acción conjunta de la Unión Europea. Cuando la especulación se cruza con la dignidad de las personas, el resultado nunca es bueno. Si encima está detrás alguien tan interesado como Soros, la conclusión puede ser dramática. Bien haría Sánchez en alejarse de una persona tan poco recomendable.

Independentismo en Cataluña
La Guardia Civil recibe orden de reforzar su presencia en Cataluña ante la “situación de inseguridad”
Raquel Tejero okdiario 31 Agosto 2018

La Guardia Civil ya ha comenzado a prepararse para afrontar los próximos meses de tensión en Cataluña. Según un documento al que ha tenido acceso OKDIARIO, y “a la vista de la evolución de la situación de seguridad en Cataluña” ya existe la orden de ampliar los efectivos en la región.

La tensión va en aumento en Cataluña. Los últimos acontecimientos relacionados con la colocación y retirada de lazos amarillos -con su correspondiente persecución- han incrementado la violencia en las calles catalanas. A ello se suma el acercamiento de la Diada (11 de septiembre) y la celebración del primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Cataluña se enfrenta a un nuevo período de inestabilidad que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han previsto. Por ello ya han organizado un nuevo envío de agentes que mantengan el control y la seguridad.

Según el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO, se ha dispuesto que “se refuerce la presencia de la Guardia Civil en dicha zona con el despliegue de 4 MIR, s de la ARS”, lo que se traduce en 72 efectivos sumados a los que allí se encuentran. La fecha señalada para ello es el 1 de septiembre.

Cabe recordar que Cataluña se ha convertido en destino fijo, junto a la valla de Ceuta y Melilla y las centrales nucleares, por lo que muchos agentes se encuentran allí de forma permanente rotación.

Esta acción se ha llevado a cabo de la misma manera que empezó el pasado año la conocida ‘Operación Copérnico’ en la que el ex ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, invirtió 87 millones de euros.

La tensión vivida el otoño pasado en Cataluña ha puesto en pre aviso a los agentes que se preparan para un nuevo despliegue.

Acoso a los agentes
Tanto Policía como Guardia Civil vivieron un duro episodio en Cataluña durante los meses que se encontraron desplazados.

Los ciudadanos independentistas acosaron e insultaron a los agentes en múltiples ocasiones. Consigas como “¡Fuera las fuerzas de ocupación!” fueron repetidas una y otra vez en cada concentración separatista.

El asunto fue tal que muchos hoteles se negaron a acoger a los policías y guardias civiles por miedo a represalias.

Ante la demanda presentada en Bélgica contra el juez por Puigdemont
El bufete belga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick defenderá a Llarena por 544.982€
Miguel Ángel Pérez okdiario 31 Agosto 2018

El Ministerio de Justicia ha decidido encomendar al bufete belga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación del Estado español y del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ante el tribunal de instancia de Bruselas que tramita la demanda civil presentada por el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, y 4 exconsellers contra el instructor del proceso penal en el que los demandantes han sido procesados.

Así lo ha anunciado el Ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado este jueves en un comunicado: “Una vez concluido el trámite de selección del despacho de abogados, la documentación fue remitida a la Embajada española en Bruselas, donde representantes legales de la legación diplomática y el bufete firmaron el preceptivo contrato. El valor de la adjudicación asciende a 450.413,22 euros, a los que hay que sumar otros 94.568,78 en concepto de impuestos, lo que supone un total de 544.982 euros”.

Según el Ministerio de Justicia, “una vez formalizado el contrato, el bufete Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick asumirá la representación procesal del Estado y del magistrado Llarena para, de acuerdo con la dirección técnica que ejercerá la Abogacía del Estado, defender la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la Justicia española ante los tribunales belgas, defensa que incluye la del instructor del Supremo”.

El Gobierno anunciaba este domingo que había atendido todas las indicaciones del CGPJ “hasta este momento” en relación a la demanda contra el juez del Tribunal Supremo para defender los intereses del país, y que atenderá las peticiones “de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española” que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial.

Previamente, el jueves pasado Justicia había descartado la defensa de Llarena asegurando que ante las “expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena”, el Gobierno no podía “actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función”.

El bufete, según su página web, fue fundado en 1965 “por abogados comprometidos con la excelencia legal”. “Liedekerke es una firma de abogados independiente reconocida por su liderazgo y experiencia”.

“Como cliente puede confiar en equipos flexibles y multidisciplinarios. Cada una de nuestras áreas de práctica es altamente reconocida, y nuestros abogados son reconocidos por su compromiso con los intereses de nuestros clientes. En asuntos transfronterizos, lo asistimos con nuestra sólida capacidad de servicio internacional y nuestras relaciones con las principales firmas de abogados de todo el mundo” señala.

“Con más de 130 abogados, nuestro objetivo no es ser la empresa más grande, sino ser la mejor opción para los clientes que requieren asesoramiento confiable y soluciones legales innovadoras y conscientes de la actividad comercial. Aunque nos destacamos en la minimización de conflictos, cuando el litigio es inevitable, tenemos un registro de prevaleciente en los tribunales”, concluye.


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