AGLI Recortes de Prensa   Jueves 6  Septiembre 2018

No demorar más la aplicación del 155 ni el juicio por el 1-O
EDITORIAL  Libertad Digital 6 Septiembre 2018

Mientras el presidente del Gobierno implora diálogo a los golpistas y les propone "muy en serio" un nuevo estatuto para Cataluña, el sedicioso Quim Torra no sólo insiste en que sólo aceptará un referéndum de autodeterminación, sino que se permite amenazar con abrir las cárceles en caso de que haya condenas por el 1-O.

No por surrealista resulta menos grave la afirmación de Pedro Sánchez de que va a tomarse "muy en serio" la elaboración de un nuevo estatuto para Cataluña, ya que pretende hacerlo, según confesión propia, para tratar de contentar a un golpista recalcitrante mediante la aceptación de un proyecto de reforma estatutaria que el Tribunal Constitucional tumbó en su día por ser incompatible con la Constitución. Por otro lado, qué decir de la bochornosa e insensata decisión de Sánchez de trasladar a cárceles catalanas a los imputados por el ilegal 1-O y por la posterior declaración unilateral de independencia sin haber restablecido previamente el orden constitucional en Cataluña. Ahora toca estar pendientes de qué hace el indeseable incendiario Torra.

Como ha quedado demostrado hasta la náusea, la tan tardía como superficial y fugaz aplicación del artículo 155 de la Constitución llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy no estuvo orientada a restablecer el orden constitucional en Cataluña, sino, más bien, a convocar nuevas elecciones regionales, que, tal y como era previsible, únicamente sirvieron para reinstaurar en el poder a los golpistas. Así las cosas, sólo teniendo en cuenta que Sánchez –el peor candidato electoralmente hablando del PSOE en lo que va de democracia– debe el poder a los golpistas puede explicarse su decisión de trasladar a Junqueras y compañía a Cataluña. Esa gravísima decisión que Sánchez tomó nada más llegar al Gobierno podría facilitar enormemente a Torra esa suelta de presos con la que ha amenazado.

Tanto si el desafío del execrable supremacista Torra al Estado de Derecho se traduce en la celebración de tumultuosas manifestaciones separatistas,tal y como ya ha prometido hacer, como si desembocara en la excarcelación de golpistas condenados, extremo que públicamente no ha descartado, la respuesta del Gobierno de la Nación no debería limitarse a incrementar el número de policías y agentes antidisturbios en Cataluña, sino que ha de tener por objetivo desalojar inmediatamente del poder a los liberticidas que de manera tan clamorosa han anunciado su intención de subvertir el orden constitucional.

El Gobierno de España no debe repetir el error de esperar a que unos golpistas consumen sus anunciados delitos para actuar de manera decisiva. Como quedó demostrado en el 1-O, la intervención policial no sólo no evitaría que los golpistas consumaran sus fechorías, sino que les excitaría el victimismo y volverían a acusar al Estado de implacable represor ante una opinión pública internacional muy expuesta a las intoxicaciones del agitprop separatista.

Así pues, urge la intervención de la Administración regional catalana para evitar que los golpistas se sigan sirviendo de ella para sus espurios fines, y no menos perentoria es la celebración del juicio contra los cabecillas de un proceso secesionista que, según su iniciador, el inicuo Artur Mas, no pararían "ni Tribunales ni Constituciones". Si, como es sabido, la Justicia lenta no es justa, en el caso que nos ocupa la tardanza del pronunciamiento judicial resulta temeraria, por cuanto alimenta la esperanza de impunidad de quienes han tomado el relevo del impune Artur Mas y del cobarde prófugo Carles Puigdemont.

No perece que haya razón jurídica alguna para seguir demorando un juicio por unos hechos delictivos que se anunciaron públicamente con gran antelación y que fueron perpetrados ante los ojos de todos los españoles. Ese juicio es tanto o más necesario si se tiene en cuenta que desde el Gobierno sólo se oyen claudicantes ofertas de diálogo que huelen a prevaricación y a componenda, es decir, a Traición.

¡Hasta aquí llegó Sr. Sánchez! ¡Abandone!
Vicente A. C. M Periodista Digital 6 Septiembre 2018

PEDRO SÁNCHEZ DELIRA CON LAS CONCESIONES A LOS GOLPISTAS. RTVE ADOPTA EL LENGUAJE DEL SEPARATISMO.

Si fueran verdad todas las noticias que se publican sobre las intenciones de Pedro Sánchez en su política de apaciguamiento del golpismo catalán representado por el tándem Puigdemont – Torra, habría motivo suficiente como para presentar una querella contra él por colaboración y conspiración para la sedición. Porque entre las cosas que promete conceder a los golpistas se encuentran barbaridades como reeditar el Estatuto de Autonomía incluyendo aquellos artículos y partes que fueron expresamente declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional y que ha sido citado por los golpistas como punto de partida del desencuentro de los catalanes con el Estado y la justificación de su voluntad de independizarse. Una burda mentira que obvia décadas de expolio, de adoctrinamiento en el sentimiento identitario de las nuevas generaciones de españoles nacidos en esa autonomía y educados en el resentimiento de estar sometidos y reprimidos por el perverso Estado español y la monarquía borbónica desde su derrota en la guerra de sucesión en 1714, fecha tótem del movimiento separatista.

La segunda infame concesión fue la del acercamiento de los golpistas, mantenidos en prisión provisional por decisión del Tribunal Supremo, por apreciar riesgo de fuga y de reiteración delictiva, a cárceles ubicadas en la autonomía de Cataluña y bajo control directo del Gobierno de la Generalidad, que está en manos de los golpistas. Una situación que ha derivado en un inmediato trato de favor discriminatorio con el resto de presos comunes, en la que tan ilustres “huéspedes” no cesan de recibir visitas sin control ni limitación alguna, conceder entrevistas a medios de comunicación y gozar del apoyo de concentraciones de simpatizantes que rodean las prisiones. La desfachatez y la prepotencia han llevado al golpista Torra a declarar que no está dispuesto a aceptar las sentencias condenatorias y propondrá al Parlamento de Cataluña abrir las prisiones y ponerles en libertad. Una medida que conllevaría necesariamente a un enfrentamiento entre las FFyCCSE y aquellos que intenten poner en práctica este nuevo “mandato” del pueblo. Unas palabras y amenazas que no han merecido ninguna respuesta ni mención por parte de Pedro Sánchez que sigue ofreciendo diálogo infinito y mejoras del nuevo Estatuto de Autonomía.

La siguiente concesión es la de modificar la Constitución para adaptarla a la pretendida realidad del Estado plurinacional o multi país que propugnan estos demoledores de España. Ya no habría autonomías sino una especie de federación o confederación de naciones en un Estado común que podría seguir llamándose España o República (con)federal de España o vaya usted a saber, con lo que quede tras la adhesión voluntaria a ese conglomerado. Porque, por supuesto, cada nación debería decidir libremente si prefiere incorporarse o iniciar su camino como Estado independiente. Lo de monarquía parlamentaria pasaría a la papelera de la historia junto con lo de la indisoluble unidad de la nación. Y aquí, por supuesto, la siguiente concesión afecta a la que ha sido durante los últimos 500 años nuestra lengua común, el castellano, mundialmente conocido como “español”.

La concesión es la de declarar en Cataluña, y se supone que en el resto de autonomías que tienen lenguas autóctonas reconocidas como el gallego, el bable, el vasco, el catalán, (no sé si el valenciano sobreviviría como dialecto del catalán de modo similar al aranés), sus respectivas lenguas como las únicas vehiculares, relegando el español a mera lengua foránea y eliminando la exigencia de la Constitución de la obligación de los ciudadanos de esas autonomías a conocerlo. Es decir, a saberlo hablar, leer y escribir de forma fluida y correcta, algo que en algunas autonomías como Cataluña o Baleares empieza a ser una quimera. Y eso es porque hace ya años que el español en Cataluña ha sido paulatinamente tratado como lengua foránea y se ha violado la ley aislándolo e incluso castigando su uso exclusivo, con la excusa de la "inmersión lingüística", y como lengua vehicular obligatoria. Una situación permitida por los diferentes Gobiernos de España del PSOE y del PP. Pedro Sánchez, al parecer esté pensando en obligar a que en el resto de las autonomías de España se incluya la enseñanza de las lenguas autóctonas reconocidas. Por otro lado es totalmente inaceptable el comportamiento del Gobierno autónomo de Baleares y el intento del PSOE balear de la Sra. Armengol, al editar unos panfletos en los que se informa a visitantes de las islas que la única lengua oficial de esa autonomía es el catalán. Hay que exigir la retirada inmediata de esos pasquines y la dimisión de la Sra. Armengol por prevaricar e incumplir la Constitución. No podemos consentir otra rebelión y que se diga que Baleares forma parte de los Países catalanes sin reaccionar.

En resumen, Pedro Sánchez y su equipo de “sociolistos” están dispuestos a todo con tal de mantenerse en el poder garantizando el apoyo de los enemigos de España a base de concesiones inadmisibles y claramente inconstitucionales. La única esperanza es que para realizar todos esos cambios no cuentan con el apoyo requerido en votos en las Cámaras para llevarlas a cabo. Porque de los 350 votos, sumando todos esos bastardos apoyos que recibió durante la moción de censura solo disponen de 180 (51,4%) votos frente a los 170 (48,6%) de la oposición, cuando se requieren mayorías cualificadas para determinadas reformas de la Constitución. Y eso suponiendo que el voto del PSOE fuese homogéneo si se permitiese la libertad de voto y que el de otras formaciones afines fuera favorable a apoyar este descalabro del consenso constitucional y desmembración de España.

La pregunta es ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez y el PSOE en su política de apaciguamiento del separatismo catalán y del nacionalismo vasco y garantizarse la permanencia en el poder un par de años a lo sumo? ¿Están dispuestos a vender España sin haber sometido todas estas decisiones a la aprobación de los españoles en un referéndum o en unas elecciones generales? La actitud de Pedro Sánchez resulta tremendamente preocupante y hace pensar en lo peor. Y no contribuye a tranquilizar los tics autoritarios como el empecinamiento en reabrir heridas del pasado, obsesionado con la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, o reescribir la Historia con una ley de Memoria Histórica sesgada, parcial y frentista, o imponer el estilo de Gobierno a base de Decretos Ley, o la purga en las empresas públicas y en los medios de comunicación públicos como RTVE, donde profesionales afines ya muestran signos de sectarismo ideológico y de asunción del lenguaje propio de los separatistas. El caso del presentador Xavier Fortes al calificar a España y la comunidad autónoma de Cataluña como “dos países polarizados”, o los “lapsus” de otros al llamar “presos políticos” a los golpistas presos por el TS, son solo ejemplos del subconsciente de quienes carecen del mínimo decoro y sentido de la imparcialidad y rigurosidad informativa. O detalles de papanatismo supino al referirse en programas a nivel nacional de pronóstico del tiempo a ciudades de España por su nombre en la lengua autóctona autonómica y no en español, como Girona por Gerona, o Lleida por Lérida, o Xanxenxo por Sangenjo, Ourense por Orense, etc., mientras eso no se hace con ootras referencias a ciudades del extranjero. No se dice por ejemplo London por Londres, ni New York por Nueva York. Hay que mantener una coherencia informativa y del lenguaje y dejarse de esnobismos pseudo culturales.

Resulta tremendamente preocupante el que medios públicos de información no mantengan la debida rigurosidad informativa y se caiga en estos “errores” inaceptables en profesionales que deben comportarse como tales y dejar de lado sus opiniones personales, filias y fobias o renunciar a esos puestos de exposición mediática trato directo con la audiencia. Xavier Fortes debe ser cesado a pesar de que, a su modo, ha pedido disculpas por su desliz que desde luego no pareció casual sino intencionado ante quien entrevistaba en ese momento. No hace falta acudir a comportamientos similares e incluso peores de presentadores de otras cadenas de TV privadas caracterizados por sus filias y fobias personales y manifiesto sectarismo ideológico hacia y con determinados personajes políticos. Pero a eso se le llama “libertad de expresión”, cosa que en una cadena pública debe quedar para cada uno en su casa y no mostrarla sin ningún pudor ante los espectadores y oyentes.

No vamos bien por ese camino que ha emprendido Pedro Sánchez empeñado en resistir numantinamente en su poltrona de la Moncloa. Lo malo es que su empeño en mantenerse como sea en el poder, nos puede costar muy caro a los españoles y eso no podemos consentirlo de ninguna manera. Hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que deje de aprovecharse de una excepcionalidad como fue la moción de censura para imponer su sectario programa de Gobierno, que no ha recibido el apoyo de los españoles en las urnas. Porque gobernar con solo 84 escaños y fiarlo todo al apoyo de los enemigos de España, en el que la coalición ultra comunista bolivariana de UNIDOS PODEMOS es parte fundamental con sus 61 escaños, es un fraude de ley y una forma ilegítima de gobierno.

Parece claro que el desafío secesionista se mantiene e incluso se radicaliza aún más con el tándem Puigdemont -Torra con amenazas de desacatar la sentencia del Tribunal Supremo que juzgue a los golpistas si llega a ser condenatoria. Este Gobierno no puede mantener su posición insistiendo en un diálogo imposible con quien pretende solo la independencia. Su opción es la de mantenerse en el bloque en defensa de la Constitución y estar dispuesto a sofocar otro intento de rebelión o renunciar a una legislatura que no le corresponde convocando de forma inmediata elecciones generales para que los españoles nos pronunciemos y elijamos a quienes mejor consideremos que defienden nuestros intereses y los de España. La decisión ya no admite demora porque el separatismo avanza en su desafío.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISION!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!
¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

Sánchez, con las cosas de comer no se juega
Enrique de Santiago okdiaio 6 Septiembre 2018

Ya se acabó el verano y comenzamos el nuevo curso… sin que el PSOE lleve aún los famosos 100 días que se conceden a todo Gobierno. Ese tiempo es el que se ha constituido como preciso para tomar posesión, saber dónde estás, tomar decisiones y, sobre todo, que las acciones del anterior dejen de dar fruto. Se ha dicho que toda acción económica o social precisa de aproximadamente 80 días para generar frutos visibles que permitan su evaluación; es decir, que gran parte de los resultados que se producen en ese tiempo suelen ser imputables al que abandonó el poder. El impacto de la piedra en el agua, salvo fuerza especial, suele generar una onda u ola inicialmente pequeña, que se va incrementando paulatinamente hasta conseguir su zenit. Pues bien, en la económica sucede lo mismo, si bien es verdad que, como efecto de la crisis, la sensibilidad de los mercados es mayor y los efectos “ola” se comienzan a recibir con mayor intensidad cuando este es negativo.

En estos días, nos hemos dedicado a lanzar bombas de humo, o no, primero con la inmigración, seguimos con la momia, luego con las putas, con el incremento del gasto y la subida de impuestos, con apuntar un tiro y darlo para el lado contrario, haciendo buena la frase de Fraga de “estos aciertan cuando rectifican”. Todo para encubrir el trato de favor derivado del cual obtienen un claro beneficio personal en forma de puesto de trabajo para la esposa, el hermano, el amigo del presidente, etc. Ya en el ámbito de la labor de Gobierno, se realizan acciones silenciosas que nos darán muchos dolores de cabeza, como la del cambio legislativo en relación a la patria potestad, la derivada de la paralización de la administración digital, la cúpula de RTVE, etc. Todo ello con el sistema de Decreto Ley. En este plazo, han sido siete en 100 días y criticaba a Rajoy por su uso cuando la media está en 14 al año.

Con todo este chapotear, se han producido impactos que han levantado olas en la sociedad, que pueden resultarles hasta gratificantes a los propios, y, junto a estas, se alzan otras muy negras en la economía, en la que se augura un incremento del gasto, sin tener con qué pagarlo, e incremento de los impuestos, que indefectiblemente supone una caída del empleo, como se pone de manifiesto en un mes que de forma secular es bueno, el de agosto, con datos no preocupantes, sino escalofriantes, el peor dato de paro en los últimos 10 años. Si el gasto fuese necesario para cubrir los servicios ciudadanos, a la par que la subida de impuestos, debería de producirse un recorte sustancial en el gasto político y una eliminación de las duplicidades administrativas, para que el incremento impositivo necesario fuese menor; pero ese no, ese si se toca es para incrementarlo.

Luego criminalizarán al currante que monta su negocio y gana dinero, pero estos ni siquiera consiguen eso, estos se lo llevan y nos arruinan, como en Venezuela. Cuando en lugar de dedicarse a trabajar para los ciudadanos, lo primero es colocarse, no parece que se tenga tiempo para los “perritos sin alma” y es muy bonito salir en las fotos con el buenismo del que no gobierna, pero muy difícil dar pan al necesitado; es fácil gastar, pero muy canalla subir impuestos a los ciudadanos sin dar austeridad a los propios. Al final, ellos “colocaditos” y nosotros en el paro y la ruina, como siempre.

Mentiras y silencios de corderos
Agapito Maestre  Libertad Digital 6 Septiembre 2018

Sánchez está determinando la agenda política: o se le sigue o se le combate. El primer punto de esa agenda es clave para el futuro de España. No valdrá seguirlo a medias o combatirlo con la boca chica. De ese asunto dependerá no sólo su actual Gobierno sino el futuro del sistema político y, en cierto sentido, la agenda cultural de este país. Los exterrorristas, los separatistas y los comunistas siguen sin rechistar esta primera indicación de esta agenda política que, seguramente, se convertirá más pronto que tarde en el programa electoral del PSOE. Cs y PP han tratado de eludir el asunto con escaso éxito, pero, antes o después, tendrán que entrar en el fondo; sí, hasta ahora, se han tapado detrás del burladero y han seguido los consejos de los cobardes periodistas de la derecha: no entren en el debate del Valle de los Caídos. Pero, hombre, ¿a quién se le puede ocurrir que la izquierda española de hoy va a dejar de menospreciar a la oposición por ponerse de perfil ante la tumba de Franco? Hay que ser muy majadero, o peor, cobarde, para no percatarse de ese asunto…

Por desgracia, Cs y PP han seguido esa meliflua recomendación que, finalmente, podría hacerlos cómplices de un régimen político que confunde el saber histórico con los decretos ley sobre la historia reciente de España. En esto no están solos. Están acompañados por ciento de historiadores, académicos e intelectuales que guardan silencio, que callan muertos de miedo ante las mentiras que se vierten todos los días sobre el franquismo y la Transición en general, y el monumento concebido por el propio Franco nada más acabar la guerra, conocido por el Valle de los Caídos. Mentiras, por cierto, de un lado y de otro; son mentiras de todos. Hay historiadores neofranquistas tan groseros como los periodistas del PSOE. Tengo la sensación de que en este asunto no se salva nadie. Las mitologías que están construyéndose sobre el Valle de los Caídos son de aurora boreal. Ni se construyó para ejemplificar la derrota de los republicanos, ni es solo un monumento concebido para simbolizar la concordia en el otro mundo de los que se mataron en la guerra civil, ni tampoco el número de cadáveres que alberga es equivalente entre los muertos en los dos bandos… Todo eso es menester aclararlo.

Se necesita rigor histórico y menos análisis de intenciones y, sobre todo, se requiere coraje, valentía, para enfrentarse a las contradicciones de la Historia, asunto del que huyen los políticos y la casta intelectual dominantes en España. Así las cosas, y a falta de cuajo en la oposición a Sánchez, creo que es necesario un debate nacional, a fondo, sobre el Valle de los Caídos para que no nos dicte la forma de hacer historia el poder, Zapatero-Sánchez, para las próximas generaciones. Es necesario discutirlo todo, incluido el nombre: ¿Valle de los Caídos? Sí y no. Ni están todos los caídos ni es claro que fuera concebido solo como un monumento a la conciliación de los españoles. Ni es solo un monumento de estricta naturaleza monumental y religiosa ni tampoco fue excluida en el pasado su utilización política… Espero con impaciencia que se manifieste sobre este monumento cualquier persona con ánimo democrático: o discutimos con seriedad el significado de esa obra para aquí y ahora o nos arrastraremos ante quienes quieren hacer del saber histórico un dictado de sus decretos leyes.

Sí, sí, estoy deseoso de leer ensayos y libros serios de historia sobre el asunto. No me conformo con el único libro decente que sobre el monumento escribió, en 1976, Daniel Sueiro: La verdadera historia del Valle de los Caídos (la tercera edición es de 1983, contiene retoques significativos y se tituló El Valle de los Caídos. Los secretos de la cripta franquista). En fin, o hacemos un debate serio sobre la utilización pública de nuestra historia o nos la impondrán Pedro Sánchez y sus seguidores exterroristas, separatistas y comunistas. O cuestionamos ya la mentira que nos quieren imponer sobre nuestro pasado o seremos rehenes del totalitarismo que identifica la ciencia con el poder y el derecho.

Impuestazos a la Bolsa = fuga de capitales
OKDIARIO 6 Septiembre 2018

La decisión de Pedro Sánchez de acosar a las rentas altas con toda una batería de sablazos fiscales no sólo es la demostración de un sectarismo trasnochado y populista, sino que además es una de los peores cartas de presentación que se puede exhibir ante los directivos, profesionales cualificados, investigadores de prestigio o deportistas de élite que están erradicados fiscalmente en España o pueden estar interesados en estarlo. Un cartel que golpeará a toda España abriendo la puerta de la salida de nuestro país de estas rentas: justo las que pueden incorporar talento a nuestra economía.

Sánchez prepara una subida del tipo máximo del IRPF en cuatro puntos -hasta el 49%-, del recargo fiscal por sus ahorros de 12 puntos -hasta el 35%-, ha avanzado la recuperación y subida del Impuesto de Patrimonio que se les cobra a esos mismos profesionales simplemente por mantener y no gastarse ese mismo dinero que ya ha tributado por el IRPF, y ahora, además, el Gobierno socialista les anticipa todo un nuevo sablazo fiscal exigiéndoles un impuestazo por mover su dinero en Bolsa o fondos de inversión. El resultado final de toda esta batería de impuestos -sin otro sentido que una casposa forma de entender la política- será un vaciado de estas rentas y patrimonios de España. Porque nadie con medianos conocimientos fiscales y económicos y un mínimo sentido de la meritocracia y el esfuerzo esperaría a ver cómo el Fisco le diezma el fruto de su trabajo pudiendo marcharse a otro país que no practique la confiscación fiscal.

Tal y como ha publicado OKDIARIO, en estos momentos, una trabajador que gana al año 150.000 euros brutos paga al Fisco 86.000 euros en impuestos directos, según los cálculos de Daniel Lacalle. A partir de ahí, ese mismo contribuyente debe abonar los impuestos indirectos. Los nuevos anuncios fiscales de Sánchez disparan esa carga fiscal convirtiendo en auténticamente confiscatorio el trato fiscal que se dispensa a estos contribuyentes.

Y estos contribuyentes son, casualmente, los que más capacidad tienen de marcharse del país porque conforman el colectivo en el que se ubican los empresarios, administradores y propietarios de sociedades, personas altamente cotizadas en el mercado laboral que trabajan en firmas internacionales, o los profesionales que en cualquier momento pueden saltar a ese mismo mercado para ser fichados por otras compañías extranjeras y librarse así de la pesadilla fiscal. Sánchez se sumerge en el populismo. Y debería ver lo que ha ocurrido en todos los países que han practicado estas tesis: un vaciado de rentas que, lejos de generar riqueza y mayor recaudación, espanta rentas y recorta los ingresos fiscales.

Arriola o el santo temor al error
Alejo Vidal-Quadras  Libertad Digital 6 Septiembre 2018

Es bien sabido que el que no dice nada es porque ya lo ha dicho todo o porque no tiene nada que decir. Así, el silencio sistemático puede ser muestra de una gran sabiduría o del más desolador vacío mental. De igual forma, el método infalible para no equivocarse es mantenerse en la inacción, no tomar decisiones, no impulsar medidas, flotar en la pasividad letárgica mientras los acontecimientos se suceden y el tiempo transcurre inapelable. Este recurso a la pasividad como norma también impide acertar, lo que disminuye enormemente la posibilidad de mejorar las cosas y convierte la vida en un largo tedio sólo interrumpido por sucesos inesperados que, al ser recibidos con una impavidez inalterable, pronto quedan sepultados por el correr de las hojas del calendario hasta el siguiente sobresalto, que tampoco debe provocar innecesarias subidas de la presión arterial, y así sucesivamente. Semejante enfoque vital aplicado a la política es uno de los componentes destacados de la técnica conocida como el arriolismo, en honor a uno de sus practicantes más conspicuos en nuestro país, estratega áulico y demóscopo de cabecera de los dos últimos presidentes del PP y también durante largos períodos del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy. Después de asesorar a la gran formación de centro-derecha al más alto nivel a lo largo de casi tres décadas, el nuevo jefe de filas del partido azul ha prescindido de los servicios del que había asumido la función de estructura pensante de la organización –elaboración e interpretación de encuestas, redacción de discursos, diseño de la línea de comunicación, consultor en situaciones de crisis y demás tareas propias de un sociólogo de familia–, siempre presto a pergeñar un texto, a cocinar un sondeo o a pontificar sobre la opción óptima en caso de duda. Curiosamente, su "cliente", como él lo denominaba con afecto no exento de frialdad profesional, no era el PP como persona jurídica, sino su presidente de turno como persona física, con el que despachaba directamente en frecuentes conciliábulos celebrados con extrema discreción.

Otro elemento definitorio del arriolismo, además de la inagotable confianza en el tiempo como solución a todas las dificultades, ha sido un evidente escepticismo respecto a la necesidad de una base ideológica para ganarse al electorado. El motivo de este desprecio a la apelación a principios, a la defensa de valores o a dotar de un fundamento ético a los programas políticos no ha quedado claro si obedece a una concepción amoral de la existencia o a un desconocimiento oceánico en los campos de las Humanidades, de la Historia y del mundo del pensamiento occidental en general. Es obvio que a un cocinero cuyo horizonte se limita a las ensaladas de lechuga y tomate y a las tortillas de patatas no se le puede exigir que prepare un canard à l´orange. La experiencia ha demostrado hasta la saciedad que en las modernas democracias el voto es con frecuencia más emocional que racional –véase el actual drama en Cataluña– y que reducir el discurso a cuestiones estrictamente prosaicas con ausencia de registros morales o sentimentales suele conducir al fracaso en las urnas. El hecho de que los estudios de opinión apunten en este momento a una pérdida de cien escaños por parte del PP respecto a su mayoría absoluta de 2011 es una prueba más de este aserto. Yo acuñé hace tiempo un aforismo que seguramente no es original, pero que es fácilmente comprobable: si se sacrifican las convicciones a los votos, se pierden los votos y las convicciones. Impermeable a esta verdad, Pedro Arriola ha orientado invariablemente a sus dos "clientes" hacia el aséptico páramo del más descarnado pragmatismo, aunque hay que reconocer que en este terreno Rajoy fue más receptivo que Aznar. El clímax del deshuese ideológico del PP se produjo cuando en dicterio memorable Rajoy invitó a conservadores y liberales a marcharse de un partido caracterizado curiosamente por ser liberal-conservador. Esa fue efectivamente la apoteosis del arriolismo y el anuncio del declive imparable de las siglas a las que en teoría nutría con su sabiduría.

La razón que ha impulsado a Pablo Casado a prescindir de Arriola es una mezcla del agotamiento –que no de la fatiga, porque el procedimiento arriólico no implica desgaste neuronal ni muscular– de su recorrido, tras tantos años de constante afán en bloquear cualquier signo de vitalidad o de ambición en el PP y de la constatación de que el trasvase de papeletas que se anuncia a Ciudadanos, mucho más vigoroso en su compromiso con la Constitución, la unidad nacional y el imperio de la ley, empieza a ser alarmante.

La salida de Pedro Arriola cierra una larga etapa del centro-derecha en España configurada por una rendición progresiva al consenso socialdemócrata, un acomplejamiento pusilánime frente a los separatistas y una renuncia indolente a consolidar una sociedad auténticamente abierta. Recuerdo una sesión de análisis que nos ofreció a los candidatos del PP de Cataluña en la pre-campaña de las autonómicas de 1995, en la que, después de una larga y soporífera exhibición de datos estadísticos, nos instó a concentrar nuestro fuego dialéctico sobre el PSC y a tratar con suavidad a la Convergencia de Pujol, entonces en la cumbre de su poder. Hicimos, como es natural, exactamente lo contrario y pasamos de siete a diecisiete escaños. Sus instrucciones obedecían, por supuesto, a consideraciones que no guardaban ninguna relación con alcanzar un buen resultado, sino a cálculos prácticos siempre dentro del marco de su forma de entender la política. Los acontecimientos posteriores demostraron que su receta estaba concebida para el corto plazo y que en el largo arrastraría a la Nación al desgarro que ahora padece.

Si bien Pablo Casado ha jubilado a Arriola, no es seguro, por lo que estamos viendo, que esté dispuesto a abandonar sin vacilaciones ni medias tintas su letal doctrina. Si lo hace, tendrá alguna probabilidad de éxito; si sigue prisionero de su paralizante cautela, Ciudadanos devorará lo que queda del PP. Y no será porque no se le haya avisado.

Alberto Bárcena: "La batalla contra el franquismo es la batalla contra la España católica"
El autor de Los presos del Valle de los Caídos ha analizado en esRadio la campaña de la izquierda mediática y política para exhumar a Franco.
esRadio  Libertad Digital 6 Septiembre 2018

En pleno debate por el interés del Gobierno de Pedro Sánchez en exhumar los restos de Francisco Franco el director de Es la Mañana ha entrevistado al historiador Alberto Bárcena que desmonta todos los mitos del Valle de los Caídos en el libro Los presos del Valle de los Caídos.

Bárcena ha asegurado que en la izquierda "provoca mucha furia" cuando se desmontan todos las falsedades que difunden sobre la construcción del Valle de los Caídos y la vida de los obreros que construyeron la basílica y el monumento en la sierra madrileña.

La construcción del Valle de los Caídos empezó en 1940 y duró casi veinte años hasta que se inauguró en 1959, dos décadas después del final de la Guerra Civil. El historiador ha contado que Franco ideó la construcción de un monumento en memoria de los caídos en plena contienda. Poco después de que acabara la Guerra fue con el general Moscardó hasta la actual ubicación y decidió que se haría allí. "Había visto de alguna manera aquéllo", ha dicho.

La labor de desprestigiar a Franco y a la Transición
Alberto Bárcena ha contado que la izquierda española está en un proceso "de falseamiento de la historia y de la figura de Franco" que viene desde la Transición y que "cuando llega Zapatero mete un acelerón y se empieza a hablar de la segunda Transición". El historiador ha apuntado que "cuando se reconstruye la democracia, a la derecha hay que inventársela pero en la izquierda viene la misma izquierda, los mismos partidos y las mismas personas que se fueron en 1939. El mensaje a la sociedad es que los exiliados tenían razón".

Contra Franco "empezaron a quitarle las calles, luego los monumentos y luego las condecoraciones" ha señalado Alberto Bárcena que asegura que "mientras esté enterrado ahí (en el Valle) no han terminado la labor de desprestigiarle". Para la izquierda "hay que sacarle de ahí para que sea un impresentable".

También ha destacado el papel de la autoridad eclesiástica en la exhumación de los restos de Francisco Franco y ha recordado: "La batalla contra el franquismo es la batalla contra la España católica" porque "la ideología es el catolicismo. ¿Y qué pasa? Que es lo que no se puede perdonar. Si hubiera sido un hombre frío, si no hubiera puesto ahí el acento, no habría problema con Franco".

La gran mentira de los presos del Valle de los Caídos
Uno de los grandes mitos sobre la construcción del Valle de los Caídos es que los obreros que lo construyeron eran todos presos políticos, vivían en pésimas condiciones y que murieron miles de ellos. El historiador desmonta todos esos mitos con rigurosa documentación en el libro Los presos del Valle de los Caídos.

Ha contado que en número de obreros que construyeron el monumento el año que más hubo "fueron unos 1.200" y que para trabajar allí y reducir las penas "había que pedirlo" con "un mecanismo que estaba regulado". Alberto Bárcena sostiene que, en un principio, "el sistema estaba pensado para los delitos menos graves pero acabaron dándoselo a todos". Además también desmonta la mentira de los miles de muertos citando dos fuentes: una que afirma que fueron 14 y otra que fueron 18, en los casi 20 años que duró la construcción.

También ha contado que había grandes ventajas para los presos y obreros que trabajaron en el Valle de los Caídos: podían ir con sus familias y "la escuela no era solo gratuita sino también obligatoria". Bárcena ha explicado que "allí iban todos los niños a clase" y que "todos acabaron el bachillerato".

El PSOE y la ocupación del poder
Desde su llegada a La Moncloa, el PSOE ha actuado como si hubiera arrollado en unas elecciones generales
Javier Caraballo El Confidencial 6 Septiembre 2018

Lección numero dos: nadie ocupa el poder como lo ocupa el PSOE. La lección número uno era que nadie llega al poder como lo hace el PSOE, porque nadie es capaz de concitar mayorías como la que ha llevado a Pedro Sánchez a la presidencia, sin necesidad siquiera de presentar un programa de gobierno. La sola invocación de la derecha, del desalojo de la derecha, ha sido suficiente para que todo el arco parlamentario a la izquierda del Partido Popular lo haya respaldado sin exigencias previas. Es verdad que nunca había sucedido, pero no es menos cierto que solo el Partido Socialista podría haberlo conseguido.

La frustración no procesada por todos los que han apoyado al PSOE para que se haga con el Gobierno es que ellos nunca, jamás, conseguirán algo igual. En especial, Podemos. Y mucho antes de Podemos, Izquierda Unida, que nunca ha conseguido pasar de la habitación de invitados en la casa común de la izquierda. A partir de ahí, de esa certeza de exclusividad sobre la composición de mayorías con la sola invocación del miedo a la derecha, el Partido Socialista se siente con la legitimidad política necesaria para enseñarnos la segunda lección: la ocupación del poder.

Bastaría con repasar el BOE de los tres últimos meses, desde la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, pero siempre hay un momento que impacta. Ese instante en el que uno se dice, "¡es imposible, estás equivocado", pero no: es cierto y, además, nadie objeta lo más mínimo; nadie lo considera un abuso o un exceso. Por la lección número dos. En mi caso, fue a principios de agosto. Casi todo dios estaba de vacaciones, y además, aquel día habían detenido al marido de Ana Rosa Quintana, y los taxistas estaban exaltados con su protesta salvaje y su trágala, con lo cual la noticia que tanto me impactó pasó inadvertida: “El Gobierno nombra embajador en Andorra”. Extraordinario. Sublime.

Cuando el nivel desciende hasta el embajador en Andorra, ya podemos figurarnos que todos los demás cargos de la diplomacia española ya han sido removidos y ocupados por alguien afecto al partido o a la causa. Breve paréntesis valorativo: dos meses antes, el partido que estaba nombrando un embajador en Andorra no pintaba nada en el Congreso, después de haber perdido las elecciones con uno de sus mínimos históricos, solo 84 diputados. ¿Alguien recuerda ya lo que se decía de Pedro Sánchez en mayo de este año, de sus perspectivas, de su continuo estancamiento en las encuestas? Es igual, se impuso la lección número uno. Y la dos: un embajador en Andorra.

Desde su llegada a La Moncloa, el PSOE ha actuado como si hubiera arrollado en unas elecciones generales. Es posible que ni Felipe González hubiese actuado con tanta celeridad cuando ganó en 1982 con mayoría absoluta, pero en cualquier caso sería una cuestión de tiempo, porque el afán es el mismo; va en los genes políticos. Por consiguiente, como diría el otro, la cosa es que en un mes y pico el PSOE ha nombrado en la Administración general del Estado a todos los cargos que fueran susceptibles de ocuparse en los primeros, los segundos y los terceros niveles: hasta el hueso. Igual que en la extensa red de organismos, instituciones y empresas públicas dependientes del Gobierno, desde el Instituto Cervantes hasta Red Eléctrica, pasando por el Consejo de Estado.

Es un mérito, no vayamos a creer: la maquinaria del poder del PSOE se ve en estas circunstancias, por la naturalidad y la inmediatez que se realiza todo. ¿Cómo es posible que tengan a tanta gente disponible, miles de personas dispuestas a aceptar en el momento un alto cargo? Pues ahí están los hechos. A veces, cuando uno lo piensa, le da la sensación de que el PSOE tuviera una factoría, a las afueras de Madrid, con un montón de altos cargos envasados o congelados, preparados con sus chaquetas y sus vestidos de gala, para desempaquetarlos y ponerlos otra vez en funcionamiento. “¿A ver qué pone en esta caja? ¡Mira, María Teresa Fernández de la Vega! Venga, descongela rápido y ponla en el Consejo de Estado”.

Es verdad que, en puridad, nada puede reprochársele al Partido Socialista porque lo único que ha hecho ha sido nombrar todos aquellos cargos de la Administración que, en su día, designó el Partido Popular. Eso es inobjetable. Pero no es de eso de lo que estamos hablando, sino de la extraordinaria eficacia demostrada en el despliegue, la inmediatez, la voracidad de un partido político a la hora de acomodarse en el Estado, como una vuelta a casa. Por eso lo de antes, nadie ocupa el poder como lo ocupa el PSOE. Se hace, además, con un desparpajo, con una naturalidad, que conmueve o que ruboriza, depende del ángulo.

Por ejemplo, al mismo tiempo que se nombró al embajador en Andorra, el Ministerio para la Transición Ecológica, que existe y que se llama así, colocó de una tacada a los nueve presidentes de las nueve confederaciones hidrográficas. Del tirón. Pero lo mejor era la explicación que se contenía en la nota de prensa. Así lo explicaba: “Se encargarán de avanzar en instaurar una nueva política de agua que ofrezca soluciones a los desafíos ambientales de España en el futuro, con la sostenibilidad y la seguridad como bases fundamentales”. Ahí quedó. Para ser un Gobierno que se debate entre durar seis meses o un año y medio, ahí queda la cosa.

Dicen los de Ciudadanos, que hicieron las cuentas, que el PSOE ha colocado de una tacada en empresas públicas a la mitad de la ejecutiva federal, que serían los que se quedaron descolgados de la primera hornada de altos cargos en la Administración general, con sueldos que van desde los 91.000 euros a los 500.000 euros al año. ¿Queda alguien por colocar? Es lo mismo, porque esa no es la cuestión.

Lo que no vemos, pero es lo fundamental, es que el objetivo del PSOE no es aprovecharse del poder por unos meses, sino garantizarse el poder en la próxima década. Tanta celeridad solo tiene como objetivo trenzar una trama de altos cargos preparados para luchar en las próximas elecciones. Cada cual en su puesto, todos dispuestos y, a partir de ahora, como aquello que dijo una delegada de la Junta de Andalucía: “A buscar votos para el Partido Socialista como si fuésemos testigos de Jehová”.

Urge poner fin a 40 años de socialismo cacique y corrupto en Andalucía
ESdiario 6 Septiembre 2018

Susana Díaz es la heredera política del mayor caso de corrupción de España y mantiene sumida a Andalucía en un atraso inexplicable. Por higiene democrática, PP y Cs han de desalojarla.

Los andaluces tendrán ocasión de elegir presidente en apenas unas semanas, con uno de los juicios de los ERES probablemente culminado y justo antes de que se conozca una sentencia que promete ser histórica por la gravedad del escándalo, el número de posible condenados y la jerarquía de dos de ellos: nada menos que dos expresidentes de la Junta que, además, fueron a la vez presidentes nacionales del PSOE.

El saqueo de los ERES simboliza una forma de entender Andalucía que la ha sumido en un retraso inexplicable por su potencial

No es casual que Susana Díaz adelante los comicios para intentar salvarse de ese maremoto, como tampoco lo es que Ciudadanos rompa con ella ante la cercanía de las urnas y no para provocar que los andaluces puedan acudir a ellas: separarse del PSOE al que apoyó a la investidura y ha permitido gobernar cuando la legislatura ya estaba terminada y todo el mundo conocía la inminente cita electoral es un gesto de cara a la galería tan lógico como inane.

El juicio a toda una época de Andalucía y del PSOE que sigue vigente
En ese sentido, Cs va a tener que dar muchas explicaciones, no tanto por permitir gobernar al PSOE -no había otra alternativa con la aritmética parlamentaria en la mano- como por dejarle hacerlo en unas condiciones inmerecidas, nada transparentes y alejadas de la exigencia que los de Rivera sí le pusieron a Rajoy en el Congreso hasta el punto de generar el contexto aprovechado por Sánchez.

Con todos esos datos, unidos a la caciquil longevidad del PSOE en una de las comunidades más atrasadas de Europa en términos de renta, empleo o progreso escolar y más punteras en corrupción; la necesidad de relevo en el Palacio de San Telmo es acuciante: Susana Díaz es la culminación política del régimen de nepotismo clientelar que está hoy en el banquillo, y la responsable de que una tierra de grande recursos y oportunidades sufra un retraso endémico.

Canal Sur, la 'RTVE andaluza' que el PSOE evita renovar desde 2014
Tras cuarenta años de socialismo andaluz, el PP y Ciudadanos con Juanma Moreno y Juan Marín al frente; han de hacer todo lo que esté en su mano por lograr un relevo que, más allá de cuestiones ideológicas, es de elemental higiene democrática: tendrán que superar un posible acuerdo entre socialistas y Podemos similar al que llevó a Sánchez al Congreso, por mucho enfrentamiento que haya ahora entre sus líderes autonómicos, y eso no será fácil.

Nueva etapa urgente
Pero han de intentarlo, y el primer paso debería ser anunciar que, si está en su mano, jamás permitirán la continuidad de Díaz y su PSOE: para quitarle el miedo al cambio que con seguridad sienten cientos de miles de andaluces, los primeros que no deben sentirlo es quienes aspiran a protagonizar una nueva etapa tan deseable como necesaria para abrir las ventanas a la transparencia y al avance.

Torra y Puigdemont tienen razón
Ramón Pérez-Maura ABC 6 Septiembre 2018

Pues va a resultar que Sánchez, entre los infinitos méritos que acumula desde que asumió la Presidencia del Gobierno, ahora suma el de no tener razón en su discrepancia con las cabezas visibles del secesionismo catalán. Pedro Sánchez ha tenido la ocurrencia -una de las muchas que difunde cada día para mantenerse en los titulares- de decir que quiere que se celebre una consulta popular en Cataluña sobre el autogobierno. Y Puigdemont y Torra le han contestado, con toda la razón, que eso es lo que ya tienen. Que lo que ellos buscan es la independencia. Torra no pudo ser más explícito ayer en el Teatro Nacional de Cataluña. Debe de ser que Sánchez es el único español que no sabía a qué aspiraban los socios que le llevaron al poder. Porque Sánchez es el primer jefe del Gobierno de nuestra historia que gobierna gracias al apoyo de los que quieren destruir España. Pero él debía de pensar que no iban en serio. Lo que demuestra lo ajeno que es el presidente a la realidad que le rodea.

El Gobierno se enfrenta a una realidad cada día más difícil. Los que le han dado el poder quieren destruir la unidad de España y Sánchez sólo puede mantenerse en La Moncloa haciendo concesiones. Porque desde 1978 sabemos que el diálogo con los gobiernos autónomos catalán y vasco siempre consiste en ver qué es lo que todos los españoles vamos a dar a esas comunidades autónomas. Salvo Rajoy, todos cedieron. Y jamás ha habido una cesión o concesión en dirección contraria. Por eso hablar de diálogo es una falsedad. Lo que se pretende es un asalto a mano armada. Y Sánchez está dispuesto a rendirse sin pestañear.

Tenemos el problema añadido de que ya no queda prácticamente nada más que ceder. El estatuto que fue corregido por el Tribunal Constitucional otorgaba a Cataluña una autonomía judicial que afortunadamente fue vetada por ese tribunal. Imagínense si no se hubiera hecho, quién hubiese podido poner un freno a lo que estamos viviendo en Cataluña: sólo la confrontación física. Que es exactamente lo que buscan los secesionistas de Torra y Puigdemont.

Porque fuera de las competencias judiciales, y con el actual estatuto de autonomía catalán en la mano, me gustaría que la portavoz del Gobierno de la nación, Isabel Celaá Diéguez, informara a los periodistas del mundo entero con qué región del planeta Tierra están dispuestos a equiparar el autogobierno que quieren ampliar a Cataluña: ¿Con el Estado Libre de Baviera? ¿Con la República de California? ¿Con el antiguo estado soberano de Texas? Díganme qué competencias tiene alguno de ellos que no tenga hoy Cataluña. Les aseguro que es mucho más fácil enumerar las que tiene Cataluña y no tiene ninguno de ellos. Pero Sánchez y los suyos prefieren hacer como que negocian para intentar dilatar su estancia en el poder a pesar de los enormes costes que puede tener esto. Porque el diálogo no llevará a ninguna parte más que a que Torra y Puigdemont y sus medios cautivos proclamen al mundo entero el autoritarismo de «Estado español» para con la «república catalana». Y todos tragándonoslo.

La única escapatoria de este callejón sin salida que creo que puede imaginar Sánchez es la de llevar en las próximas semanas la situación al precipicio y pedir entonces el 155 con el apoyo del PP. Hay quien cree que eso dejaría al partido de Casado desarmado y Sánchez convocaría elecciones de inmediato. La duda es si entonces los españoles no se darían cuenta de quién engordó la vaca.

Divorcio postizo
Ignacio Camacho ABC 6 Septiembre 2018

Como el capitán Renault de «Casablanca» descubría, después de hartarse de jugar, que el café de Rick era un casinillo de apuestas clandestinas, el partido Ciudadanos ha caído en la cuenta de que el PSOE andaluz, al que lleva sosteniendo tres años, no tiene interés en regenerar la política. Se lo podía haber preguntado hace tiempo a sus electores, que lo votaron precisamente porque ya lo sabían. No hay que tener demasiadas luces encendidas para advertir que en España funcionan tres regímenes clientelares asentados en el Estado de las Autonomías: los de los nacionalismos vasco y catalán y el de los socialistas en Andalucía. De ellos, éste último es el único que ha gobernado de forma continua, en la etapa más reciente gracias al apoyo que Cs ha venido prestando a Susana Díaz. Un respaldo más o menos condicional y en todo caso fruto de una alianza legítima, pero que objetivamente ha servido para apuntalar una hegemonía que desde la década de los ochenta maneja el territorio con el criterio de una explotación latifundista. Ahora que ciertos vientos electorales empiezan a soplar en la finca, los dirigentes naranjas dicen haberse percatado de que los acuerdos de regeneración no se cumplían. Santa Lucía les conserve la vista.

Porque durante este mandato que Cs ha contribuido a afianzar no ha pasado mes sin que salte un escándalo. Además del de los ERE, que ya venía de largo, con sus derramas discriminatorias, sus clanes familiares y sus tramas de enchufados, la opinión pública ha asistido al de los fondos de formación y al de las putas pagadas con cargo al erario, por resaltar sólo los episodios de mayor descaro. A todos ellos ha reaccionado el partido naranja con reproches más bien desganados y admoniciones de rutina que no comprometiesen el pacto parlamentario. Nariz tapada y ojos vendados para garantizar la estabilidad del susanato.

Por alguna razón táctica o estratégica, Rivera ha estimado que es el momento de forzar elecciones con cualquier pretexto, y ha echado mano del veto de Díaz a la supresión de los aforamientos; una negativa razonable de la presidenta porque para hacer eso, entre otras cosas, habría que reformar el Estatuto y convocar un referéndum. Se trata de una decisión de escala nacional: el líder de Cs ve apalancado en el poder a Sánchez y desea empezar a zarandearle el tablero. Pero no puede llegar al ciclo electoral sin merma de crédito sustentando al PSOE en su principal feudo.

Sólo que resulta demasiado obvio este arrepentimiento intempestivo porque están recientes los cálidos arrumacos del candidato Marín con el susanismo. En ninguna tesitura del trienio se le ha notado particularmente incómodo con un compromiso que de repente parece provocarle un gran fastidio. Este divorcio de última hora suena forzado, artificial, postizo. Es algo tarde para darse cuenta de que han servido de azacanes en el cortijo.

Cataluña: a ver quién pincha el globo
Fernando González Urbaneja Republica 6 Septiembre 2018

Desde las filas del catalanismo que anda más cerca del autonomismo que del independentismo, se puede escuchar estos días que ya es hora de “pinchar el globo” y devolver a los indepes” irredentos a la realidad, al hecho de que la mayoría del pueblo catalán no está por la independencia, salvo que venga regalada, y por supuesto no está por la desobediencia (una forma amable de aludir a la rebelión). Lo dijo Tardá (nada sospechoso de pensamiento débil) en el Congreso: no se puede imponer a la mitad lo que no quiere. Y lo vienen reiterando cada vez de forma más clara no pocos comentaristas que están en la zona tibia, entre los dudosos. El problema es ¿quién puede pinchar el globo?, ¿quién reconoce y advierte en público que el rey está desnudo?

En uno de los documentos de los “indepes” se establecía una división en tres grupos y siete subgrupos la posición de los catalanes. Un tercio quedaba encuadrado entre los independentistas “hiperventilados” (la expresión es suya) que solo ven su opción como real y los históricos, que por razones más emocionales que otra cosa están por la república independiente, lo que han mamado. Otro tercio pertenece a los contrarios, divididos a su vez entre los “impermeables” a la independencia y los convencidos de que no les conviene. Y finalmente queda una zona media de hasta el 40% que se divide entre los indecisos o los fraternales, que pueden decantarse entre una u otra opción en función de la coyuntura o del entorno. Son los que el 1 de octubre pasado no iban a participar en el llamado referéndum pero fueron a votar tras ver las imágenes de las cargas policiales. También una parte que son los recientemente convencidos, los “indepes” de última hora que se han inclinado por esa opción como protesta o por simpatía a lo más llamativo, a la moda o a lo que mola. Muchos de estos jóvenes a los que les va el mambo.

Las vivencias de este largo año que empezó justo cuando el Parlamento catalán decidió desbordar el marco legal, empiezan a producir fatiga y decepción y pueden pasar factura a las movilizaciones que se pretenden activar las próximas semanas. El mismo relevo en el gobierno español con el despido del hierático Rajoy y la entrada del negociador Sánchez, achica espacios al victimismo.

No fueron pocos los que votaron en el referéndum y luego a los independentistas, con la idea táctica de que así se mejoraba la posición negociadora con el gobierno español que cedería para evitar males mayorías y que otorgaría ventajas apreciables a los catalanes. Esta idea se ha debilitado durante este período de tensión, primero con las manifestaciones constitucionalistas en Barcelona y luego con los sentimientos críticos con el independentismo que llegan del resto de España con la idea de fondo del “catalán supremacista y antipático”.

La percepción de que el problema catalán es, en primer término, un problema en Cataluña y de los catalanes, que daña, sobre todo, a la propia comunidad, empieza a ser percibida con creciente claridad en Cataluña. Hechos recientes, aparentemente menores, como la renuncia de Xavi Domenech al liderazgo de los Comunes o la dimisión de Luis Pascual del Teatro Libre forman parte de la lluvia fina que alienta ese sentimiento de que es hora de pinchar el globo y volver a la realidad, a las cosas que interesan que tienen que ver con la prosa y no con la épica. El discurso de Torra el pasado miércoles se inscribe en ese aire de decepción, de fatiga y de que es hora de volver al siglo y a la realidad. El problema es que nadie se atreve a empezar a “pinchar el globo”.

La batalla por la tumba de Franco es política, legal y cultural
Pío Moa Gaceta.es 6 Septiembre 2018

Un macarra de dudosos títulos académicos, ligado familiarmente al negocio de la prostitución homosexual, que gobierna el país sin pasar por las urnas, apoyado por los partidos más descaradamente enemigos de España, uno de ellos abiertamente golpista, más los comunistas estilo venezolano, ha decidido ultrajar la tumba de quien los venció a todos ellos militarmente en 1939 y, después de muerto, cívicamente en 1976. Pues este conglomerado de partidos formó el frente popular que estuvo muy cerca de disgregar la nación, arrasar la cultura cristiana e imponer algún régimen totalitario. Por eso, su designio constituye uno de los más delictivos ataques imaginables contra España, la verdad histórica y la democracia; y no solo en el plano simbólico, con ser este importantísimo.

Lo nuevo es que tal designio cuenta con la colaboración de la derecha, de la Iglesia y de la monarquía. El tuíter lo he resumido así: En el país de la Puta Respetuosa: la Iglesia respeta al macarra y no a quien la salvó del exterminio. La monarquía respeta al macarra y no a quien la devolvió a España. Los demócratas respetan al macarra y no a quien hizo posible la democracia.

Por consiguiente concluiríamos que no hay nada que hacer, que la partida la tienen ya ganada y consumarán la gran fechoría, eliminando de paso las libertades, avanzando hacia un régimen de tipo chavista-madurista. Sin embargo se trata de una impresión falsa. En la transición se traicionó la decisión popular de 1976 y se puso en pie un sistema que traía consigo los ácidos que lo irían corroyendo, hasta abocar al nuevo frente popular instalado por Zapatero mediante leyes totalitarias como las de memoria histórica o de género. Situación mantenida después por el PP y actualmente proseguida por Sánchez. Pues bien, ese sistema vive hoy en golpe de estado permanente y en crisis profunda, en medio de un descrédito de la ciudadanía que aún no ha encontrado cauce político pero que visible en mil manifestaciones. Y de una creciente resistencia popular, con la que no contaban esos partidos.

Políticamente es posible aprovechar ese estado de ánimo difuso para crear una opinión pública como base para un cambio. ¿Cómo puede hacerse? Quizá VOX se decida a alzar la bandera, pero en todo caso diversos líderes de opinión considerablemente influyentes están mostrando cada vez más su rebeldía frente al desmán: estoy pensando en Jiménez Losantos, Hermann Tertsch y otros como yo mismo; asimismo órganos de prensa minoritarios pero con cierta influencia, como este mismo, Libertad Digital, Radio Ya y otros.. Además, miles de personas indignadas, difundiendo los mensajes de aquellos, en las redes y el correo, pueden contrarrestar las manipulaciones de unos medios de masas a los que queda muy poco de demócratas. Solo hace falta que esos miles de personas tomen clara conciencia de que el tiempo apremia y de que cuanto más se tarde en reaccionar, más empeorará la crisis y más difícil será la salida. Por mi parte trato de proporcionar de un discurso claro y coherente a un movimiento en ciernes.

Otro obstáculo para el gobierno son las leyes, que deberá conculcar abiertamente para realizar sus planes. Y ese es un obstáculo que aún no tienen superado, pese a la corrupción evidente de parte de los jueces. Y que puede darles graves disgustos.

Y hay que agradecer al gobierno que ponga sobre el tapete precisamente la cuestión de la venganza contra Franco, que condensa toda la podredumbre y corrupción del sistema. Con ello descubre un punto débil que puede explotarse para aclarar la historia, cuya falsificación es la base de todas políticas que están abocando al país a nuevos desastres. Durante años me he esforzado por investigar y aclarar esta cuestión decisiva en libros como Los mitos de la Guerra Civil o Los mitos del franquismo o La guerra civil y los problemas de la democracia, y ahora es el momento en que pueden desempeñar un papel clave en esta batalla por la tumba de Franco. Que es posible ganar si concentramos nuestras energías en la tarea. Y que es preciso ganar a toda costa, en el terreno político, el legal y sobre todo el cultural, el de la historia, si la victoria ha ser más que de circunstancias, si ha de tener profundidad.

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Este sábado empezamos la nueva temporada de “Una hora con la Historia” hablando de tres batallas decisivas para España, Francia, e Inglaterra, en varios aspectos para Europa entera. Tuvieron lugar en tres años sucesivos: 1212, 1213 y 1214. La primera frenó una gran yijad almohade que pudo haber revertido en gran medida la Reconquista y amenazado a Francia. La segunda forzó a Aragón a desentenderse de sus empresas en Francia y concentrarse en la Reconquista en España. Y la tercera salvó a Francia de una posible desintegración, puso en crisis al Sacro Imperio y dio lugar en Inglaterra a la célebre Carta Magna, hito en la evolución inglesa.

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Sánchez ofrece a Torra una reforma constitucional para acabar con el español en Cataluña

Carlos Cuesta okdiario 6 Septiembre 2018

El Gobierno ofrece a Quim Torra una reforma constitucional que en la práctica supone acabar con la posibilidad de usar y reclamar el uso del castellano en Cataluña. El mecanismo pasa por blindar en la Constitución el monopolio del idioma catalán en esta comunidad.

Las cesiones de Pedro Sánchez ante Quim Torra no paran mientras se acerca el 11-S. El presidente del Gobierno ha ofrecido ya la elaboración de un nuevo Estatuto; ha prometido hasta 1.000 millones en incremento de las inversiones destinadas a esta región; ha ofrecido el reconocimiento de la “realidad nacional catalana”; y aceptar oficialmente el nombre que la Generalitat quiera asignar a Cataluña. Y ahora ofrece una medida que directamente supondría relegar cualquier posible utilización del castellano en el territorio catalán.

Pedro Sánchez está dispuesto a aceptar un blindaje constitucional del idioma catalán de tal manera que deje de ser una lengua cooficicial y pase a ser plenamente oficial en igualdad con el castellano. El resultado de facto pasaría a ser que el Govern de Quim Torra podría elegir libremente el uso de idioma en todas sus actuaciones. Y podría hacerlo sin incurrir en ningún tipo de ilegalidad porque al estar igualadas todos los ciudadanos pasarían a tener el deber de conocimiento de cualquiera de las dos.

El artículo 3 de la Constitución señala que todos los españoles tienen el derecho a utilizar el castellano
El artículo tres de la Constitución Española señala que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Pero cuando describe el papel de las lenguas autonómicas tan sólo señala que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.

Es decir, que cualquier ciudadano puede reclamar el uso del castellano en cualquier momento, porque es la lengua oficial que tiene “obligación” de conocer.

La nueva cesión que ha ofrecido el Gobierno de Pedro Sánchez igualaría por completo ambos idiomas, con lo que si en la práctica ya ahora los separatistas utilizan de forma permanente el catalán, con el cambio de postura se vería reforzada y la expulsión del castellano sería una realidad.

La argumentación oficial pasaría por una supuesta mejora del régimen de cooficialidad de las lenguas españolas con el objetivo de establecer su reconocimiento pleno como “lenguas del Estado y la garantía de la libertad de uso” de cualquiera de las lenguas oficiales en los territorios de las respectivas Comunidades.

El castellano, innecesario en Cataluña
Pero lo cierto es que esa plena oficialidad, lejos de garantizar una igualdad de trato, otorgaría armas a la Generalitat para plantear el deber de conocimiento por los ciudadanos del catalán y, por lo tanto, se haría innecesaria la utilización del castellano.

Todo ello se sumaría a reconocimientos políticos y a pagos efectivos de más fondos para Cataluña. Y es que la oferta de un nuevo Estatuto catalán va acompañada de los citados aumentos de inversiones y, además, de una quita de la deuda pública que tiene Cataluña con el Estado, tal y como ha adelantado ya OKDIARIO.

“Hay una deuda importante que tiene Cataluña y que el Estado deberá contribuir a resolver, porque es una deuda que se va acumulando y hay que plantear algún tipo de quita también para que no se colapse la institucionalidad en Cataluña y que pueda atender a los servicios que presta”, ha llegado a argumentar ya el socialista José Luis Ábalos.

El plan pasaría, de este modo, por -en primer lugar- rebajar la carga de intereses y por alargar los plazos de devolución de la deuda. Y, además, por aplicar un conversión efectiva de la deuda catalana para que pasase a ser deuda del Reino de España -tal y como figura en la denominación oficial-.

La infamia que ya dura un año

EDITORIAL El Mundo 6 Septiembre 2018

Hoy se cumple un año del golpe parlamentario que, bajo el pretexto de proclamar unas leyes de desconexión tan pomposas como inicuas, inauguraron la fase de ruptura con la legalidad constitucional y laminaron los derechos políticos de la mitad de Cataluña. Aquellas jornadas infaustas, sin precedentes en una cámara parlamentaria de ninguna democracia europea, siguen alimentando la realidad alternativa en la que vive el separatismo pero en la práctica solo han deparado inestabilidad económica, fractura civil y consecuencias penales para sus inductores. Un año después España tiene otro presidente del Gobierno y la Generalitat otro president, pero la parálisis política continúa, la retórica inflamada se reanuda, los indicadores económicos cuantifican el daño específico para Cataluña y el deterioro institucional se cronifica con el cierre del Parlament y su sustitución por la agitación en las calles y la propaganda en los medios controlados por el independentismo.

Frente al desafío, Pedro Sánchez, que accedió al poder con los votos de los independentistas, adoptó la estrategia del apaciguamiento. Levantó el control extraordinario de las cuentas de la Generalitat, prodigó gestos de distensión a través de Meritxell Batet y Miquel Iceta, invitó a Torra a Moncloa, activó la vía bilateral, se comprometió a retirar los recursos de inconstitucionalidad contra leyes catalanas -hoy mismo se reúnen a tal efecto Elsa Artadi y el secretario de Estado de Política Territorial- y ha ofrecido un referéndum de autogobierno para un nuevo Estatut. Pero ninguna de estas concesiones ha servido para apaciguar a Torra, que llama a tomar las calles y proclama desafiante que no solo no dará un paso atrás sino que no descarta abrir las cárceles si los políticos procesados resultan condenados.

EL MUNDO ha advertido siempre de que el nacionalismo es insaciable, congénitamente desleal. Pero ningún presidente español que accede al cargo se abstiene del adanismo de tropezar personalmente en la misma piedra. La única esperanza del constitucionalismo es que Sánchez haya hecho todo lo que ha hecho -incluyendo la humillante adopción del marco mental del supremacismo cuando afirmó que los catalanes no habían votado este Estatuto- para cargarse de razones por las que aplicar de nuevo el 155. En este contexto, no se entiende la decisión de Ana Pastor, presidenta del Congreso, de invitar a Torra a la sede de la soberanía nacional para exponer allí sus ideas. Se trata de un gesto más bien ingenuo, de puro bienintencionado, que además se desmarca tanto del Gobierno como de su partido, pues a Pablo Casado no se lo consultó previamente. Pastor justifica esta iniciativa personal en la necesidad de un «diálogo amplio»; una retórica parecida a la de Sánchez, que nunca deja claro de qué se puede hablar con alguien que solo acepta un tema de conversación: la autodeterminación.

Una reforma constitucional en contra de España
OKDIARIO 6 Septiembre 2018

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho tantas concesiones a Quim Torra que a este paso le acabará entregando hasta la dignidad del país. Precisamente por esa senda va la última oferta para tratar de calmar las veleidades del presidente de la Generalitat y garantizarse su apoyo parlamentario: una reforma constitucional en contra de España. Sería el colmo para nuestra Carta Magna: la norma que articula el Estado en contra del propio Estado. Puro surrealismo kafkiano. Sin embargo, la última cesión del jefe del Ejecutivo pondría en bandeja a los separatistas la posibilidad de acabar con el español en Cataluña, de manera que blindaría el monopolio del idioma catalán en la Constitución.

Por inconsciencia o necesidad —su Gobierno carga con una debilidad inaudita— Sánchez cae en la trampa de los sediciosos con temeraria asiduidad. Los herederos del fugado Carles Puigdemont saben que si poseen el control absoluto de la lengua preponderante, y la posibilidad de marginar el español, tendrán ganada de antemano la batalla de la propaganda y podrán controlar a los ciudadanos con suma facilidad. A los más pequeños, mediante una educación cada vez más intervenida, sectaria y teledirigida; a los mayores, a través de los medios públicos de la autonomía. Medios a los que Torra riega abundantemente con el dinero de todos los españoles. De hecho, la última aportación fue de 20 millones de euros a pesar de una gestión absolutamente deficitaria.

La marginación y persecución del español en Cataluña —que la Constitución “obliga” a conocer— es un drama social, cultural y económico que viene desde la época de Pujol, pero al que Pedro Sánchez parece estar dispuesto a permitir que le den el último empujón para que la principal lengua del Estado claudique del todo y quede arrasada. En la actualidad, una gran mayoría de personas menores de 50 años no sabe escribir en la lengua de Quevedo o la escriben con suma dificultad. Una herencia diabólica que las hacen más limitadas y manipulables por el separatismo. Decía el Premio Nobel español Camilo José Cela que “el nacionalismo se cura viajando”. Lamentablemente, si Pedro Sánchez sigue cediendo ante Quim Torra, no habrá cura para el daño que dejarán como herencia en la sociedad catalana. A este paso, la moción de censura que aupó al socialista a la Presidencia acabará en una pesadilla absoluta.

El riesgo de volver al choque de trenes
 La Razon 6 Septiembre 2018

Por encima de todas la fechas que están marcadas en rojo en el ya largo «proceso» independentista catalán, hay una de especial significado: los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Fueron las jornadas en las que de manera vergonzosa se ejecutó un verdadero golpe de Estado. Es decir, derogar la legalidad democrática vigente, Estatut y Constitución. A través de la aprobación de la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República –no podía ser más precisa en sus intenciones– se abría la puerta a un nuevo Estado. Los siguientes pasos fueron la consulta independentista del 1-O, que había sido anulada por el Tribunal Constitucional, y la declaración unilateral del independencia el 27. Pero vale la pena detenerse en aquellas sesiones, en la premeditación con la que se actuó y recordar la absoluta degradación de la función asignada al Parlament, que le retiraba la voz y la palabra a los grupos de la oposición. El 26 de julio se aprobó la reforma del reglamento de la Cámara con la intención de que a través del sistema de lectura única no se pudiese presentar enmiendas. Así se hizo.

En definitiva, todo lo que vino después se sustenta sobre un despropósito jurídico en contra incluso del Consejo de Garantías Estatutarias, órgano al que no dejaron recurrir a la oposición, aun pudiéndolo hacer; sólo pudieron presentar 21 recursos ante el TC, que sigue sin pronunciarse. Así que cuando Torra insistía una y otra vez en su conferencia del martes en el carácter democrático del independentismo, sólo hay que mirar atrás para demostrar que el desastre que está viviendo Cataluña se basa en una acción abiertamente antidemocrática. En un verdadero golpe. Aquellas jornadas, de las que se cumple ahora un año, han dejado huella y todo indica que será la línea roja que el nacionalismo insurrecto va camino de comprender que no debe sobrepasar. A partir de ahí, el «proceso» entró de lleno en la ilegalidad y sentenció la ruptura de la sociedad catalana. En esas estamos. La Generalitat gobernada por Puigdemont-Torra ha demostrado que no tiene límites en su dialéctica incendiaria o en la utilización de las instituciones para romper el país, pero sabe que dar un paso que incumpla la ley y la Constitución tiene unas consecuencias que han llevado al «proceso» a un callejón sin salida. La desorientación estratégica del independentismo es absoluta y se mantendrá hasta que no reconozcan que las infaustas jornadas del 6 y 7 de septiembre fueron un desastre y todo lo que vino después es consecuencia de situarse fuera de la ley. La única lección que se puede extraer es que un movimiento independentista nunca puede alcanzar sus objetivos en un choque frontal contra el Estado de Derecho. Por principio.

Las disputas internas dentro de este bloque formado por PDeCAT, ERC y la CUP, que han ocasionado que el Parlament permanezca cerrado, son precisamente por la diferencia de criterios sobre la velocidad que debe imprimirse al «proceso»: unos buscan de nuevo reeditar el choque frontal (PDeCAT y la CUP) bajo la nefasta influencia de Puigdemont; otros, normalizar la situación y posponer la declaración unilateral (ERC). La aplicación del artículo 155 demostró que fue una media proporcionada ante una situación de emergencia como la que plantearon en el otoño de 2017, en la que se combinó un golpe de Estado y una rebelión popular con la toma de las calles. Aquella Ley de Transitoriedad aprobada hace un año, una especie de Constitución catalana provisional, fue un golpe, aunque fuese en nombre del invocado «pueblo de Cataluña». La medida fue la menos traumática de las que dispone la legalidad y la que marcó un límite. Se abre, tal y como se ha anunciado con alevosía, un «otoño caliente», pero sobrepasar la legalidad es otra cosa más seria y los dirigentes de la Generalitat lo saben muy bien.

Otro bofetón en la cara
Isabel San Sebastián ABC 6 Septiembre 2018

Cada vez que el gobierno de España responde a una agresión separatista ofreciendo la otra mejilla con un gesto apaciguador, recibe un puñetazo mayúsculo. ¿Cuántos más han de propinarnos esos indeseables para que aprendan la lección nuestros dirigentes? Su tolerancia a la humillación no parece tener límite.

El golpe (de momento presunto) perpetrado por Puigdemont y sus secuaces en octubre del 2017 obtuvo una respuesta política balbuceante y timorata de Mariano Rajoy, más preocupado por diluir su responsabilidad en un pacto fraguado con el PSOE y Ciudadanos a costa de importantes renuncias que por demostrar a los golpistas la fuerza de un Estado democrático. La inevitable aplicación del 155 se limitó a establecer cierto control sobre las finanzas de la Generalitat y convocar autonómicas a toda prisa, como si le avergonzara o le aterrorizara la activación de ese mecanismo perfectamente acorde con lo dispuesto en la Carta Magna. El Ejecutivo optó por quitarse de en medio y dejar en manos de la Justicia todo el peso de la reacción ante semejante desafío. Una decisión cobarde, que le costó cara al PP en las urnas catalanas y que también pagó la gestora oficial de esa crisis, Soraya Sáenz de Santamaría, con su inapelable derrota frente a Pablo Casado en las primarias. Pese a lo cual, quienes han venido detrás no aprenden.

La Justicia sí ha estado a la altura del reto. El juez Llarena en particular, sin demérito de otros togados, ha cumplido escrupulosamente con su deber, a costa de soportar presiones, zancadillas y amenazas que nunca habrían sido toleradas en un país que se respetase a sí mismo. Aquí han caído impunemente una tras otra sobre las espaldas del magistrado, abandonado a su suerte por el presidente Sánchez, cuya prioridad no es garantizar la independencia del Poder Judicial sino asegurarse la poltrona de La Moncloa, a donde llegó por la puerta trasera a lomos del tigre independentista. La Justicia tiene ahora la palabra y decidirá, conforme a Derecho, el destino de los imputados por rebelión, malversación y otros delitos. Decidirá ignorando la obscena coacción de los cabecillas sediciosos, quienes no vacilan en utilizar los altavoces que les brindan las instituciones para formalizar su chantaje y amagar con tomar las calles o abrir las cárceles. Decidirá con arreglo al Código Penal y no a la presunta voluntad de ese inexistente «pueblo» que enarbolan los voceros del golpe a guisa de argumento de fuerza, como otros antes que ellos enarbolaron pistolas. La Justicia hará su trabajo y frenará la embestida. ¡Esperemos! Mientras tanto, demasiados políticos padecen una ceguera desesperante.

No se quieren enterar. No asumen la realidad porque la realidad no les conviene. Sánchez «el conciliador», digno continuador de la obra de Zapatero, ofrece un nuevo tributo de sumisión al secesionismo, con la vana esperanza de contentarlo, sin otro resultado que un sonoro bofetón en plena cara. Torra no quiere un nuevo estatuto. Se ríe del ofertante tanto como de la oferta. Escupe en el plato que le tiende el impotente líder de la España a la que pretende arrodillar, porque percibe la debilidad que esconde semejante propuesta: regresar a la casilla de salida que invalidó hace años el Tribunal Constitucional por traspasar con creces los límites del marco legal. ¿En eso consiste su «solución al conflicto»?

El Gobierno socialista es rehén del independentismo y acabará plegándose a sus pretensiones. Si Sánchez tuviera conciencia, si conociera el honor, convocaría elecciones de inmediato y empezaría a trabajar en un gran acuerdo patriótico destinado a salvar a España poniendo coto político a los desmanes del separatismo.

Al final, homilía
Torra no quiere ir a la cárcel, pero acumula méritos para otro 155
Luis Ventoso ABC 6 Septiembre 2018

Decía García Márquez, en frase que encuentro harto hiperbólica, que «el periodismo es el oficio más bonito del mundo». Bueno, eso será si no te toca digerir un discurso de una hora de Quim Torra... Bajo el título de «Nuestro momento», el presidente catalán ofreció una esperadísima conferencia. Se anunciaba el parto de los montes, el plan concreto para alcanzar la República. Pero aquello se quedó en una homilia nacionalista (bastante plúmbea, por cierto, como refleja el que la feligresía del lacito amarillo aplaudió por vez primera cuando ya iban 18 minutos de sermón).

Torra se cuidó de no anunciar medidas legales que puedan acarrearle un horizonte penal como el de sus correligionarios sediciosos, porque el separatismo ha acusado su derrota de hace un año y se tienta la ropa. Aunque España sufre hoy el hándicap de que a su presidente no votado lo sostienen PDeCAT y ERC, los indepedentistas ya saben que un Estado de la categoría del español resulta un enemigo formidable, que no se va a dejar destruir con una sonrisa, como imaginaban tontolabamente Junqueras y Puigdemont. Así que Torra ya no anuncia leyes de ruptura, ni nuevas consultas a la brava. Lo que hizo fue defender su causa –con el sobado catálogo de tópicos y embustes– e inventar nuevas manifas. Por ejemplo, habrá una que se llamará Marcha de los Derechos Civiles (plagiar un título tan honorable y legendario para aplicárselo a un proyecto xenófobo, racista y antisolidario ofende la memoria de Luther King y la causa de los negros estadounidenses). Torra también ratificó lo que todo el mundo ya sabía, menos el gran Sánchez: la oferta de un referéndum para reponer el Estatut inconstitucional no le sirve, porque él solo se conforma con la independencia.

Aunque Torra no se atreve a pisar el acelerador de lo concreto, porque no quiere acabar pernoctando en un hostal del Estado, algo sí que dijo: la declaración de independencia de octubre «es nuestro punto de partida y no hemos dado ni un paso atrás ni renunciamos a nada». También anunció un «foro constituyente» y, con fervor cuasi religioso, llamó a todas las administraciones catalanas a pelear por la República. Es decir: el presidente de la Generalitat, máximo representante del Estado en Cataluña, instiga la destrucción del Estado que representa. ¿Qué nación de peso admitiría un dislate así? Solo una: España.

Ya sabemos que Torra resulta bufo, con su pinta de director de sucursal bancaria de villorrio, su ensaimada Anasagasti como tocado, sus gafas de miembro del politburó de Breznev, sus versos patrioteros declamados en tono curil... Pero manda en Cataluña y anuncia abiertamente que quiere romper España. La mejor defensa es un buen ataque y un 155 inmediato sería lo más terapéutico para los intereses españoles. Pero con un presidente en La Moncloa que es rehén de Torra no es posible. Tampoco con un centro derecha absurdamente roto en dos partidos, uno de ellos coyuntural y que debería tener la generosidad de irse integrando en la casa grande.

¿Cómo que Cataluña no votó?
Teresa Giménez Barbat okdiario 6 Septiembre 2018

Pedro Sánchez dijo el pasado lunes que los catalanes no habían votado el Estatuto. Concretamente, que Cataluña “tiene un Estatuto que no votó”. ¿Cómo que “no votó”? Si lo que precipitó el nacimiento de Ciudadanos fue precisamente esa convocatoria innecesaria. Se nos llamó de todo por oponernos, pero lo hicieron y fue, según ellos, un hito histórico. ¿Tanto lío y ahora resulta que no fue votado? Es verdad que la participación fue inferior al 50%, pero ni esa salvedad ni el hecho de que el Tribunal Constitucional anulara 14 artículos autoriza a decir que el Estatuto no se votó. Con semejante frivolidad, Sánchez no hace sino reforzar la teoría de que el procés es fruto del recorte que operó el TC en el texto promovido por Maragall. Y no, la sentencia —que, por cierto, conservaba el término ‘nación’ en el preámbulo— no desencadenó nada que no estuviera en la hoja de ruta del pujolismo.

Hasta tal punto es así que ningún nacionalista sabe citar uno solo de los 14 artículos que suprimió el TC; en tal tesitura, se limitan a balbucear alguno de los topicazos que, debido a los muchos años que hace que circulan, han cobrado carta de verosimilitud: en los aparatos del Estado aún colea el franquismo, la Constitución ahoga la identidad catalana, España (suspiro) es irreformable… Y todo ello, con el melancólico agravante de que el soberanismo se ha vuelto inmune a este tipo de planteamientos, por lo que difícilmente puede Sánchez persuadir con ellos a nadie que no esté ya persuadido, esto es, a nadie que no sea de su misma cuerda.

El referéndum, en efecto, es la típica solución equidistante con que el PSOE partirá las aguas, alumbrando la simetría, tan retórica como falaz, entre desleales —la vía unilateral— y constitucionalistas —‘los del 155’—. Un truco semántico. Pero el estropicio no acaba aquí. Porque de la sugerencia del presidente del Gobierno se deduce que, en su mapa mental sobre el procés, no cabe otra salida que el apaño, la componenda con los independentistas, lo que trae aparejada la enésima marginación de aquellos catalanes a los que el propio Sánchez, unos días antes, veía como parte insoslayable del conflicto. He ahí la razón por la que la equidistancia no ha sido más que una forma de designar el apaciguamiento. Una última lectura, no por ello menos relevante, es la imagen del régimen autonómico que proyecta Sánchez, y que coincide en lo sustancial con la mercancía averiada que el nacionalismo ha tratado de colocar, con éxito desigual, en Europa.

Me refiero, obviamente, a la idea de un autogobierno carente de legitimidad e inserto en un Estado que no alcanza a serlo de Derecho, pues no en vano su rasgo primordial sería eso que sus detractores, de Podemos a la CUP, denominan “baja calidad democrática”. La volubilidad de Sánchez está ejemplarmente resumida en el binomio “diálogo y ley”, que él mismo intenta popularizar a modo de consigna ocurrente, y que sólo prefigura una lamentable disociación, una honda fractura, entre ambos conceptos. Como si dejar de amenazar la estabilidad de la región y de hostigar a la mayoría de sus ciudadanos —haría bien Junqueras, a todo esto, en demostrar que es de veras el amigo de la humanidad que dice ser condenando que los ayuntamientos de ERC nombren persona non grata a Inés Arrimadas—; como si el mero hecho de aceptar las normas, en fin, hubiera de merecer un premio. Nuestro presidente autonómico, Torra, gobierna sólo para una mitad. Pero que el presidente del país, Sánchez, sólo tenga ojitos para esa misma, es el colmo. Un poquito de por favor, que parece que no existamos.

Nazismo en Blanes
Pablo Planas  Libertad Digital 6 Septiembre 2018

Un año después no estamos igual, sino peor. Los separatistas vuelven a ser los amos de las calles.

Ocurrió el 6 y 7 de septiembre del año pasado. Los grupos separatistas en el Parlamento regional de Cataluña convirtieron esa cámara en el trampolín de un golpe de Estado por fases que todavía no ha concluido. Durante aquellos dos días, los partidos golpistas secuestraron la institución y forzaron el reglamento para sacar adelante las leyes del referéndum, de transitoriedad jurídica y de desconexión con absoluto desprecio por la democracia, la legalidad y los derechos de la oposición.

Tuvieron que pasar casi dos meses para que reaccionara el Gobierno con la aplicación de un 155 capado por el PSOE. El Ejecutivo de Rajoy y Soraya podría haber tenido el valor de utilizar la mayoría absoluta en el Senado para prescindir del apoyo de los socialistas, pero el PP no quería asumir en solitario la responsabilidad de frenar el golpe.

Los separatistas estuvieron a punto de linchar a una comitiva judicial y a varios guardias civiles el 20 de ese mismo mes. El entonces jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, está imputado, entre otros cargos, por no prestar asistencia a los guardias sitiados por la turba en la Consejería de Economía. Después celebraron el 1-O, una huelga general el 3 convocada desde la misma Generalidad, el preaviso de declaración de independencia del día 10 y la proclamación de la república del día 27. Todo ello mientras los Mossos miraban para otro lado o se enfrentaban a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que cumplían la orden judicial de impedir la consulta.

Puigdemont y la tropa sediciosa se aprovecharon de la indescriptible estulticia del anterior Gobierno para llegar casi hasta el final. Si no consiguieron sus propósitos fue por la alocución del Rey el 3 de octubre y las dos multitudinarias manifestaciones en las calles de Barcelona en las que se pidió el ingreso de Puigdemont en prisión. Sin embargo, le dio tiempo a escapar sin avisar siquiera a su vicepresidente Junqueras. "Mañana, todos a los despachos", les dijo a los miembros de su Gobierno mientras un par de mossos de su guardia personal preparaban la fuga.

Un año después no estamos igual, sino peor. Los separatistas han cerrado el Parlament porque no se ponen de acuerdo entre ellos y porque con la legitimidad del 1-O y la república proclamada ya no hay nada más que discutir, salvo que al Gobierno del PSOE le interese mantenerse en el poder al precio de blanquear el golpe con un referéndum pactado. Para redondear la jugada, el suplente de Puigdemont, el tal Torra, dice que no aceptará sentencias condenatorias y que aprovechará el más mínimo resquicio para incendiar las calles.

El efecto práctico de todo esto es que mientras Sánchez y Carmen Calvo actúan como Mariano y Santamaría, los separatistas vuelven a ser los amos de las calles y quieren echar de Cataluña al propietario de un restaurante de Blanes porque se atrevió a impedir que los matones de los CDR de Torra le llenaran la fachada de basura amarilla. Ahora está en el punto de mira de todos los partidos separatistas, de la ANC, Òmnium, el CDR del pueblo y los familiares de los golpistas presos y fugados, constituidos en asociación. Anuncian para el sábado una fiesta delante del negocio familiar de este hombre. Puro nazismo.

Un Gobierno formado por personas decentes no lo permitiría, como tampoco permitiría los viajes de Torra y los secuaces de Puigdemont a Waterloo a costa del erario público, ni el desafío a la justicia ni la impunidad separatista para amedrentar a los discrepantes.

Otoño maloliente
Javier Barraycoa Gaceta.es 6 Septiembre 2018

Hay otoños calientes y otoños malolientes. Esta vez nos toca el segundo, aunque nos lo quieran vender como el primero.

Tendríamos un otoño caliente si existiera, por un lado, un Estado gobernado coherentemente y con una línea de acción estratégica contra el separatismo; y, por otro lado, un frente separatista jerarquizado, con un liderazgo inequívoco y una estrategia viable para acometer sus fines. Para que exista una confrontación, debe existir organizaciones capaces de confrontarse y canales -del tipo que sean- por los que vehicular esa confrontación.

Pero no estamos en una etapa de confrontación, sino en una fase de putrefacción social. Por lo tanto, es inevitable el hedor y la sensación de descomposición de todo el cuerpo social. El separatismo -y sólo lo entenderemos si los miramos desde esta perspectiva- sólo es síntoma más de esta consunción. El separatismo que sufrimos no consiste en la confrontación de dos cuerpos políticos diferenciados, sino de un único cadáver social que se descompone en pedazos. Hace poco, se quejaba alguien próximo al gobierno de España que no sabían cuál era el interlocutor válido en el mundo separatista. Y esta afirmación es muy sintomática, pues al menos cuando el Estado mantenía contactos con ETA, sabía quién era el interlocutor válido. Pero en estos momentos el separatismo está también descompuestos y nos ha regalado escenas sorprendentes. Tanto Junqueras como Joan Tardà -que buscan una vía posibilista para evitar la OPA de Puigdemont- han afirmado que hay que negociar con el Estado. La jauría separatista se les ha echado encima desde las redes sociales acusándoles -lo más suave- de traidores y “botiflers”. ¡Quién lo iba a decir! Ahora ERC se convierte en el partido moderado del nacionalismo y los nietos de la burguesa Convergencia están desbocados.

Por su parte, la CUP, siguiendo sus instintos antisistema, va a su bola y nadie sabe por dónde saldrá. En el mundo separatista -insistimos- todo huele a descomposición. Los CDR pretenden bloquear Cataluña con otra de sus huelgas generales que atenta radicalmente contra la burguesía separatista que representa el de Waterloo. Quim Torra, emulando a los jóvenes cachorros de Arran, promete a los suyos la madre de todas las confrontaciones pero ni siquiera sabe si podrá aprobar los presupuestos autonómicos. Un diputado regional del PDeCAT -en pleno delirio pre-mortem- propone cerrar las fronteras con España, como si siempre hubieran estado ahí. Algunos insisten en la revolución de las sonrisas, mientras que en la calle la guerra de los lazos ha provocado las primeras confrontaciones serias y nos ha descubierto -Oh, sorpresa- que los Mossos son una policía política. Todo apesta.

El otoño maloliente se acerca. Y si hay algo más peligroso que un soldado enemigo en combate, es el cuerpo de un soldado putrefacto que puede expandir una epidemia. Y eso es el nacionalismo en este momento, una realidad pútrida que atemoriza, no por su fuerza, sino por su capacidad de contagio pandémico. El nacionalismo no sólo enferma a los nacionalistas, sino que afecta mortalmente a toda la sociedad especialmente a la parte sana. Por el otro lado no tenemos un equipo de contención vírica, tenemos un gobierno y -lo que es peor- un Estado que pare sufrir osteonecrosis. Esta enfermedad consiste en que deja de fluir la sangre y el tejidoo óseo muere y pudre toda la musculatura de su alrededor. Traducimos: el Estado no tiene unos principios de los que alimentarse y el sustento material del mismo (sus huesos) empieza a flaquear. Pronto vendrá la caída por pudrición. Las muletas que podrían retrasar una caída inmediata -Europa- están herrumbrosas y nadie sabe si sobrevivirán al Brexit, las políticas de Trump, Rusia o a su propia ceguera.

En definitiva, la muerte es la evidencia del triunfo del principio entrópico, por el que se afirma que todo tiende al caos. Sólo un ejemplo: los manteros de Barcelona, que apenas saben farfullar castellano, han declarado que están a favor de la independencia de Cataluña porque el Estado español porque es opresor, cuando hace apenas unos meses ni siquiera sabían de la existencia de algo llamado Cataluña. No hace falta ningún premio Nobel para diagnosticar que hemos entrado en el caos político más absoluto. Mejor dicho, en la muerte espiritual de nuestra sociedad que hiede más que el cuerpo fenecido. Puedes vivir en una sociedad donde te tengas que enfrentar a todo tipo de dificultades. Pero es imposible estar permanentemente en un sitio donde todo apesta continuamente. Y en eso han convertido no sólo Cataluña, sino que se está extendiendo por el resto de España. Y sino que se lo digan a Pedro Sánchez que se nos ha convertido en un obseso necrófilo, deseoso de remover restos mortales con tal de pasar a la historia.

Jugando a gobernar con el dinero de todos
Luis Garicano El Confidencial 6 Septiembre 2018

Las noticias que acabamos de conocer sobre la primera caída del empleo registrado (tras corregir el efecto estacional) desde 2013 confirman que la desaceleración económica está siendo más intensa de lo anticipado. La caída de los indicadores de confianza de los directivos (PMI), la reducción de las ventas minoristas y el derrumbe del turismo y las pernoctaciones apuntan a un complicado trimestre y final del año, así como a un crecimiento del PIB en los próximos meses que puede no ser suficiente para reducir el desempleo de manera significativa.

Todo esto se produce en un contexto económico que se está complicando. El precio de las materias primas está subiendo considerablemente (un 50%, en el caso del petróleo, en un año), llevando a máximos históricos el precio de la luz. Los dos bancos centrales más relevantes para nosotros, el BCE y la Fed, han anunciado cambios importantes. La Fed está ya subiendo los tipos de interés, con las ya (desgraciadamente) habituales consecuencias sobre las economías que continúan sobreendeudándose en dólares. EL BCE anunció en su consejo en Riga de junio que cesará de comprar nueva deuda pública a finales de año, siguiendo el camino iniciado por los demás bancos centrales. Además, el BCE también ha anunciado que empezará a subir los tipos a partir del próximo verano, lo que encarecerá las condiciones financieras para nuestros hogares y empresas, muchos de los cuales aún no han reducido su deuda lo suficiente.

A la vez, un contexto económico y político extremadamente preocupante debido al crecimiento del nacional-populismo en tres lugares clave para nuestra economía: en EEUU, que se ha convertido en un enorme factor de inestabilidad, con la amenaza constante de una guerra comercial global; en Italia, que amenaza de una forma mucho mayor que las crisis de deuda de 2010-2012 a la sostenibilidad del euro, y en Cataluña, donde el Govern ve la inestabilidad económica y política de España como un objetivo en vez de como un problema. Cómo un Govern que tiene como objetivo principal hundir a España puede ser el apoyo principal de un Gobierno de España es pregunta para otro momento.

En este contexto, el Gobierno español es un enorme factor de preocupación, en lugar de serlo de estabilidad. Con una fuerza parlamentaria muy insuficiente, 84 escaños, ha sustituido la acción para sanar y reformar la aún maltrecha economía española por acciones de cara a la galería. Kennedy iba en avión para resolver problemas. Sánchez, en su búsqueda de imitarle, va en avión para hacerse fotos con gafas de sol y parecer muy 'cool'.

El Gobierno no tiene capacidad de acción, no solo porque no tiene un apoyo sólido en el Parlamento sino porque ha sido elegido sin un programa de gobierno y, así, en un mismo día se le ocurren las iniciativas y sus contrarias. Cuando Sánchez fue elegido quería elecciones, al día siguiente, no. Luego, el Gobierno pasó días anunciando inminentes cambios en la Constitución, generando titulares del tipo “El Gobierno cambiará la Constitución para…” que más tarde olvidó (imaginen cómo un Gobierno que logró por los pelos su mayoría para un asalto conjunto a RTVE va a cambiar la Constitución). El impuesto a la banca estaba hecho; ahora es el de transacciones financieras. El impuesto al diésel también estaba hecho, pero el mismo día la ministra afirmó que era un globo sonda. El Valle de los Caídos sería un lugar de reconciliación, pero en realidad no, y así todo. Estos días escuchamos también anuncios contradictorios sobre subidas en el impuesto sobre la renta y sociedades.

Más allá del absurdo que supone no tener un programa de gobierno, la incertidumbre tiene costes reales para todos: retrasa las decisiones de inversión y hace que los inversores se muevan a lugares más favorables y seguros, como nos ha enseñado el caso del Brexit.

Las iniciativas que este Gobierno está logrando sacar adelante son de dos tipos. Algunas son puramente cosméticas, sin impacto alguno para la vida de los españoles, pero que sirven para 'marcar ideología', para dejar claro a sus votantes que gobiernan los suyos. Las otras, los famosos 'dedazos' de Sánchez, buscan crear una extensa red clientelar que permita al presidente temporal contar con sólidos apoyos en su partido y superar el pecado original de su elección. Nunca tantos debieron tantos enchufes a tan pocos diputados. Una corrupción 'blanda', antesala de la 'dura', en completa contradicción con el discurso que motivó la moción de censura.

Lo que falta en el torrente de anuncios contradictorios son iniciativas capaces de enfrentar los problemas clave de la aún maltrecha economía española, las iniciativas que nos pueden ayudar a resolver los problemas que limitan nuestro potencial de crecimiento.

Es sabido por todos que España tiene cuatro problemas estructurales clave: una demografía muy desfavorable, que dificulta la sostenibilidad del Estado del bienestar; un nivel elevadísimo de deuda (debemos lo mismo que producimos cada año), que se llevará cuatro puntos de PIB a medio plazo y que hace muy difícil enfrentar el problema demográfico (empezamos a enfrentar el problema demográfico con una mala situación de salida); una productividad bajísima, que hace difícil a la economía pagar los salarios que todos desearíamos, y un mercado de trabajo extremadamente disfuncional, que condena a muchas personas a vivir en la precariedad y limita la inversión de todos en formación.

Escuchen bien los anuncios: ninguna medida propuesta ha ido destinada a resolver estos problemas. ¿Por qué? Muy sencillo: a la coalición que apoya el Gobierno no le interesa resolver ninguno de ellos. El teatro populista es lo único que les une.

Nos enfrentamos por tanto a dos años de gestos, de hacer como que gobiernan, pero sin enfrentar ninguno de los problemas de fondo. Dadas las corrientes de fondo, la fragilidad política y económica que nos rodea, y la vulnerabilidad de la economía española, es absurdo dejar pasar más oportunidades. España es como un barco que tiene boquetes y vías de agua sin reparar de la tormenta anterior. El problema es que el capitán, divisando una enorme tempestad en el horizonte, prefiere invitar a sus marineros a más aguardiente para evitar que protesten, en vez de organizarlos e inspirarlos para reparar los boquetes antes de que empiece la tormenta.

Hace muy pocos años, los inversores mundiales trataban a España como un país del tercer mundo, nadie quería comprar ningún activo español. Los españoles, con muchos sacrificios, han conseguido volver a levantarse, internacionalizar las empresas y volver a crear empleo. Dos años de inacción y de decisiones populistas que dependen en cada votación del apoyo de Quim Torra y Pablo Iglesias pondrán en peligro tantos y tantos esfuerzos realizados por los españoles en los últimos años.

*Luis Garicano, responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos.

Hacen falta 6.000 agentes fijos en Cataluña
OKDIARIO 6 Septiembre 2018

El número de policías y guardias civiles tiene que aumentar en Cataluña. No sólo de manera circunstancial, como ocurrió durante el golpe de Estado del pasado 1 de octubre, sino de forma fija con la creación de 6.000 plazas permanentes en la región. De otra manera, España no contará con los instrumentos suficientes para hacer frente a las constantes amenazas y actos violentos provenientes del entorno independentista. La última alarma ha saltado con las declaraciones de Albert Donaire. El líder de los mossos separatistas ha lanzado un ataque verbal inadmisible que deja bien a las claras la voluntad violenta del régimen que acaudilla Quim Torra: “¡Abramos las cárceles, somos más que la Policía y la Guardia Civil!”.

Ante esta inadmisible llamada a la confrontación, el Gobierno debe reaccionar de inmediato si no quiere propiciar con su pasividad un auténtico enfrentamiento civil, ya que los separatistas ya han demostrado que están dispuestos a todo. En primer lugar, Pedro Sánchez debería aplicar un 155 contundente y sin complejos para controlar la policía autonómica, las cuentas públicas y los medios de comunicación. El Ejecutivo no puede permitir manifestaciones de este tipo procedente de los Mossos, de nuevo en manos de los golpistas, y que última instancia son responsabilidad del Ministerio del Interior. En segundo lugar, el incremento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resulta perentorio. La pasividad sólo puede llevar a que ocurra algo trágico que lamentemos durante años. Después, las condenas y los lamentos no servirán de nada.

Además de las últimas palabras de Donaire, hay una catarata de hechos —muchos de ellos provocados por la kale borroka catalana de los CDR— que aconsejan más presencia policial. Desde la mujer a la que un independentista le rompió la nariz por quitar lazos amarillos pasando por el acoso a ciudadanos en su día a día e, incluso, a magistrados como el juez Pablo Llarena. La seguridad jurídica brilla por su ausencia. Por lo tanto, no sólo es imprescindible que vuelvan los 7.000 agentes que habían estado desplazados de manera especial durante el 1-O, sino también la presencia de otros 6.000 que permanezcan en la comunidad autónoma para garantizar una paz social que ahora mismo no existe. La inversión en cuarteles, sueldos y medios para dotar adecuadamente a policías y guardias civiles sería muy conveniente. Así, Cataluña no quedaría a merced de la creciente represión independentista.

Pólvora del rey
Nota del Editor 6 Septiembre 2018

Derogar todas las leyes de lenguas regionales tiene menos que un café de coste real y resolvería todos los problemas.

Policías y Guardias Civiles: «Nuestros hijos no volverán a ser víctimas en Cataluña»
Los agentes esperan que no se produzcan los mismos errores del año pasado. «Sería asumir riesgos». Dan por hecho que no podrán contar con el apoyo de los Mossos d'Esquadra
C. S. Macías / J. M. Zuloaga / L. L. Álvarez. La Razon 6 Septiembre 2018

El Ministerio del Interior ha iniciado el refuerzo policial en Cataluña, un despliegue de casi mil agentes, ante el anuncio de movilizaciones independentistas en otoño cuando se cumple un año del 1-O. El anterior titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, tuvo que desplegar entonces un refuerzo de hasta 6.000 que prorrogaron su estancia en Cataluña más meses de lo previsto y fueron alojados en barcos y hoteles donde sufrieron continuados escraches los días posteriores a la celebración del referéndum ilegal. En esta ocasión, policías y guardias civiles esperan que no se cometan los mismos errores de hace un año.

«No como en 2017»
El secretario federal de Cataluña de Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alfonso Merino, asegura que los guardias civiles «no vamos a consentir estar como el año pasado», cuando los agentes destacados «no iban en las mejores condiciones», y recuerda que entonces fueron para 15 días y al final tuvieron que estar tres meses. Merino, que lleva más de veinte años destinado en Cataluña, destaca que tiene contacto con Mossos constitucionalistas que no están de acuerdo con lo que está sucediendo y «están de capa caída, desilusionados», e indica que la colaboración con la policía autonómica sólo se da en casos puntuales, dando por hecho que en una situación como la catalana no la habrá. «No esperamos nada», asegura.

«No estamos dispuestos a tolerar lo que padecimos el año pasado y la mala praxis del Estado». Merino reconoce que probablemente los guardias civiles sean la «diana fácil» porque en los colegios «saben a qué nos dedicamos». Por ello, «no vamos a tolerar que nuestros hijos vuelvan a ser víctimas en Cataluña», como ya ocurrió el año pasado. «Hay que aprender de los errores y dejar fuera a los niños que se convirtieron en flanco», subraya.

Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) es uno de los sindicatos personados en la causa contra los profesores del colegio de Sant Andreu por humillar y marcar a hijos de guardias civiles en las aulas en los días posteriores al 1-O. El secretario general de la asociación, José Cobo, asegura que «no consentiremos ninguna actitud ilícita contra familiares e hijos de guardias» y pide que sean protegidos.

Al igual que AUGC, AEGC critica la falta de previsión por comunicar a los guardias que se quedan un mes más con apenas siete días de antelación cuando las fechas del aniversario del 1-O o la Diada «ya se sabían».

Por ello piden que se les compense con 80 euros al día de dieta. «Tenían los pisos alquilados, la mudanza, los colegios de los hijos que tendrán que irse antes al nuevo destino...», critica. Ante los posibles escraches que puedan sufrir, asegura Cobo que en la Guardia Civil «siempre estamos preparados para lo peor».

Por su parte, el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), Ramón Cossio, señala que en esta ocasión «no vamos a permitir que la imagen de la Policía se vea expuesta como la otra vez», y espera que no tengan que preocuparse más que por cumplir con su trabajo y que las condiciones económicas «sean suficientes». En cuanto a la posibilidad de que se volviera a alojar a los agentes en un buque similar al «Piolín», el portavoz del SUP asegura que «no queremos ponernos en esa tesitura. Ni me lo planteo. Sería asumir muchos riesgos. Tenemos que velar por que no se cometan los mismos errores del año pasado y haya mejores condiciones y garantías».

Los hoteles y los campings, al ser de «libre acceso» para los independentistas, eran utilizados para atacar a los funcionarios, con el fin de provocar reacciones violentas, que nunca se produjeron, y justificar las campañas contra las «fuerzas de ocupación y represión».

En cualquier caso, el Ministerio del Interior ultima ya el despliegue policial que se llevará a cabo en Cataluña con motivo de la celebración de la Diada y de las movilizaciones anunciadas por colectivos independentistas. Esta semana ha comenzado el traslado de agentes que reforzarán el dispositivo y que llegan, en su mayor parte, de fuera de la comunidad catalana. Así, según fuentes policiales, habrá cerca de un millar de agentes desplegados entre Policía Nacional y Guardia Civil.

Por parte del CNP serán unos 550 agentes sólo de la Unidad de Intervención Policial (UIP), conocidos como antidisturbios.

De éstos, sólo dos grupos (cada grupo son unos 50 policías) son de la unidad de Barcelona y el resto vienen de fuera de Cataluña. Concretamente, dos grupos de Galicia, dos de Valencia y uno de Madrid, Zaragoza, Málaga, Pamplona y Sevilla, según las mismas fuentes. Esto supone que 450 agentes uniformados llegarán a reforzar las calles catalanas durante estos días que se prevén convulsos.

Respecto a la Guardia Civil, además de los 300 agentes a los que se ha alargado su trabajo en Cataluña hasta el 15 de octubre, pese a tener otros destinos asignados, ya se ha inciado el refuerzo con el traslado de unidades de la Agrupación Rural de Seguridad para, en principio, proteger las instalaciones del Cuerpo de posibles ataques de elementos pertenecientes a sectores independentistas violentos.

Aproximadamente, son un centenar los que forman parte de este primer contingente que irá aumentando conforme se acerquen las fechas «críticas» de la Diada y del 1-O y en función de los acontecimientos.

Como ocurrió el año pasado, tanto en Policía como en la Benemérita también serán reforzados los Servicios de Información y otros sobre los que, por su carácter operativo, no se facilitan más datos.

Previsión
Ahora, se intenta actuar con previsión, con adelanto a los posibles acontecimientos y sin dar ninguna opción a los provocadores independentistas, al menos en los alojamientos que ocupen las Fuerzas de Seguridad. Además, ello va a permitir resolver de forma anticipada las posibles disfunciones que se puedan plantear.

El aumento o no de agentes dependerá de lo ocurra en los acontecimientos e incidentes que intenten protagonizar los separatistas, cuya finalidad es paralizar Cataluña con una huelga general de varios días y aislarla del resto de España y de Francia.


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