AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 19 Septiembre 2018

No es el Gobierno que merece España
Editorial ABC  19 Septiembre 2018

La propuesta hecha ayer por Pedro Sánchez para acometer una reforma exprés de la Constitución contra el aforamiento de los políticos es un nuevo golpe de efecto propagandístico y un ejemplo de su populismo exacerbado. Sánchez hizo ayer un balance inédito de sus cien días de Gobierno carente de la más mínima autocrítica, basado en técnicas cosméticas de agit-pro, e inexplicablemente sufragado con dinero público y no del PSOE. Nada en Sánchez resulta anecdótico y nada tiene un fondo de solidez política, porque en solo cien días su acción de Gobierno se ha convertido en un ejercicio de supervivencia personal forzado y difícil. Solo apela a la demagogia y al adoctrinamiento excluyente, pretendiendo dar por olvidado el plagio de su tesis doctoral, denunciado por ABC, obviando que en ese tiempo ya ha destituido a dos ministros, y negando la evidencia de que su Ejecutivo es caótico. El único balance realista habría sido reconocer que nunca un Ejecutivo en democracia se había rectificado y desautorizado tanto a sí mismo, y que gobernar con 84 escaños a merced de nacionalistas, separatistas y comunistas solo ha traído una profunda inestabilidad a España. La desaceleración económica es evidente, hay numerosos ministros que van por libre o no dan la talla, sus soluciones para Cataluña son inocuas y peligrosas para la unidad de España, y su credibilidad y reputación como doctor es nula. Es más, Sánchez ha mentido públicamente en el Parlamento respecto a la publicación de su tesis doctoral, y se niega a reconocer la evidencia. El balance es desolador por más que la propaganda oficial se empeñe en maquillar la realidad.

La supresión de los aforamientos es un debate recurrente de los partidos que propugnan una «regeneración» de la vida política, siempre que quien se regenere sea el prójimo y no uno mismo. Es un debate complejo que no procede abordar de forma exprés, y sin un consenso previo. Sánchez se limita a ponerlo encima de la mesa de modo improvisado para comprometer a Pablo Casado y cosechar un apoyo subalterno de Ciudadanos, liderando a los ojos de la opinión pública el fin de un privilegio. Pero si prosperase la petición de Podemos de una reforma más amplia y de un referéndum posterior, podría llegar a dar lugar a elecciones. La maniobra efectista de Sánchez tiene trampa y se toparía con numerosos problemas jurídicos y técnicos derivados de una medida tan demagógica. Es cierto que 250.000 aforados es una cifra inasumible, pero eliminarlos de un plumazo es una ocurrencia irreflexiva que exige muchos matices jurídicos y apoyo del PP. Además, no en todos los casos supone un privilegio de casta, ya que a muchos de los aforados se les impide una instancia judicial añadida para recurrir. Sánchez hace política de brocha gorda, retractaciones constantes y ramplones guiños ideológicos para la galería. No es la política que merece España.

Doctor Cum Fraude… porque le dejan
Liberal Enfurruñada okdiario 19 Septiembre 2018

Es imposible pensar que en algún país civilizado se demuestre que el presidente del Gobierno ha hecho con su tesis doctoral la mitad de lo que sabemos que hizo Pedro Sánchez y no presente inmediatamente su dimisión. Sin excusas, sin dilaciones, de forma inmediata, avergonzado y pidiendo perdón, se marcharía en el instante en que se publicara la primera noticia por alguno de estos tres motivos. En primer lugar por decencia, honestidad y dignidad; cualidades que deberíamos exigir a cualquiera que ocupe tan alto puesto. Pero si no fuera por eso, se marcharía obligado por su partido, temeroso de las consecuencias que causaría a la organización un presidente tan temerario como para no dimitir por decisión propia. Y en tercer lugar, si no se diera ninguna de las circunstancias anteriores, tendría que marcharse obligado por sus votantes y militantes, que en ninguna democracia occidental consentirían un fraude como el de Pedro Sánchez.

El problema es que los votantes de la izquierda española no son homologables a los de ningún otro país civilizado. En España existe una doble vara de medir según la cual a la izquierda se le consiente absolutamente todo mientras que el centroderecha debe hacerse perdonar continuamente su existencia. La diferencia está en los votantes, no en los líderes políticos y fundamentalmente está causada por su ignorancia. El español de izquierdas no siente vergüenza de su pasado porque se cree heredero de los santos de la Segunda República, mientras que el de centro derecha se la coge con papel de fumar, creyéndose hijo de un franquismo del que se avergüenza. Así, Pedro Sánchez puede prometer en el Congreso de los Diputados que la moción de censura que está defendiendo es exclusivamente para convocar elecciones generales y cuando consigue ser investido asegurar con todo su descaro que piensa agotar la legislatura, sabiendo que sus votantes le perdonarán todas sus mentiras, todos sus plagios, todos sus enchufes y todos sus fines de semana de juerga en el Falcon oficial.

Y a los podemitas les ocurre tres cuartos de lo mismo. Pablo Iglesias y la madre de sus hijos pueden comprarse tranquilamente un casoplón de lujo, pese a haber prometido que vivirían en su pisito de Vallecas. A Echenique no se le cayó la cara de vergüenza cuando se descubrió que defraudaba a la Seguridad Social y mantenía en condiciones de semiesclavitud a su asistente. A Monedero lo pillamos intentando defraudar a Hacienda usando una empresa pantalla y sigue dando lecciones. Errejón fue sancionado por la Universidad de Málaga a la que estafaba con su beca black y tan tranquilo. De Espinar supimos que especuló con su VPO y ahora pontifica sobre el derecho a una vivienda digna. Podríamos escribir una enciclopedia con la lista de fraudes que los podemitas les perdonan a sus líderes, pero no hacen falta más ejemplos porque los conocéis todos.

El farolero y el cándido
Emilio Campmany Libertad Digital 19 Septiembre 2018

En la Moncloa hay alguien que juega al póquer. Arrojar sobre la mesa el tema de los aforamientos simulando esconder que se propone una reforma constitucional ad hoc con el propósito de dejar a Casado sin aforamiento para que pueda empapelarlo la juez de Madrid es una gran jugada. Si es finalmente investigado, dará igual porque se hablará mucho más del máster de Casado que de la tesis de Sánchez. Pero si, como es más probable, el Supremo archiva el asunto, Casado quedará en evidencia por verse privilegiado por un aforamiento que poco antes se ha negado a suprimir.

Sin embargo, la reforma que plantea el PSOE, que perjudica desde luego a Casado, también podría perjudicar al presidente. Es más fácil acusar de la comisión de un delito a Sánchez que a Casado porque, aunque ambos hayan podido dos recibir una titulación que no merecían, el presidente obtuvo una habilitación para ejercer una función que de otra manera no habría podido ejercer y gracias a la cual recibió una remuneración. Casado, no. Por otra parte, el presidente del PP puede alegar que, si le beneficiaron, fue sin su conocimiento, mientras que Sánchez no puede desconocer los plagios que contiene su tesis, salvo que aduzca que él no la escribió, lo que sería muchísimo peor. Sea como fuere, la privación del aforamiento conviene tan poco a Casado como a Sánchez.

Entonces, ¿por qué lo propone el PSOE? Pues porque la jugada es en realidad un farol. Saben de sobra que no va a salir. Y no va a salir porque el PP, en la convicción de que disparan contra Casado y siendo como es indispensable su voto, no va a apoyar la reforma. De hecho, eso es lo que han anunciado. De esta manera, Sánchez vuelve a dar actualidad al máster de Casado hasta que el Supremo decida, y, mientras tanto, se habla menos de su doctorado.

Cuando a uno le dan malas cartas pero tiene la seguridad de que quien ha hecho una apuesta fuerte va de farol, lo que hace no es retirarse, sino subir aún más el envite. A eso se le llama apagar un farol. Lo que debería hacer el PP es apoyar la reforma con entusiasmo, dando a entender que lo hace con el fin de poder, cuando se apruebe, ejercer la acusación popular contra Sánchez por los presuntos delitos que habría cometido para conseguir el título de doctor. Y ya verán cómo reculan los socialistas de forma cobarde e ignominiosa. En vez de hacer eso, en el PP acusan el golpe y rechazan una reforma, que ellos ya propusieron en sus programas y que complace a su electorado, con el velado y también impresentable argumento de que va dirigida contra su líder. Es como si reconocieran que están en contra del aforamiento, pero no ahora que beneficia a Casado.

En resumen, Sánchez se tira un farol con una pareja de sietes y Casado, que tiene una de nueves, se arruga. No saben ni tenerlas.

Aforamientos: supresión 'cum fraude'
EDITORIAL Libertad Digital 19 Septiembre 2018

Estaba claro que el presidente del Gobierno no iba a tardar mucho en sacarse algún conejo de la chistera para desviar la atención de su tesis doctoral, y de cuestiones aún más graves, como su contemporización cómplice con los golpistas de Cataluña o su propuesta de subir todavía más los impuestos. Con todo, sorprendió en un primer momento que su cortina de humo fuese una propuesta de regeneración de Ciudadanos que, además, ya estaba asumiendo el PP: la supresión de los aforamientos.

Basta, sin embargo, un vistazo al esperpéntico proyecto de Sánchez para constatar que en realidad es un fraude como su tesis doctoral. No otra cosa cabe decir de una propuesta de supresión de los aforamientos que, aun requiriendo una reforma constitucional, ni siquiera afectaría a un 1% de las 250.000 personas que, en distintos grados, gozan de ese privilegiado tratamiento judicial. Para colmo, los diputados nacionales, los senadores y los ministros, los únicos a los que atañería esta farsa, mantendrían su privilegiada protección si las acusaciones contra ellos guardasen relación con el ejercicio de sus funciones.

Así las cosas, no es de extrañar que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que el lunes recibió la propuesta de Sánchez con precipitado alborozo, haya terminado por calificarla de "auténtica tomadura de pelo"; o que el presidente del PP, Pablo Casado, haya afirmado que su partido "no morderá el anzuelo".

Por si este rechazo no fuera suficiente para hacer naufragar la ridícula propuesta de Sánchez –menos de 24 horas después de haber sido planteada–, sus socios separatistas y comunistas han terminado de tumbarla al pretender –los primeros– que la reforma constitucional que requeriría incluyera el mal llamado derecho a decidir de las regiones y –los segundos– que se suprimiera la inviolabilidad del Rey.

En conclusión, esta propuesta de reducción del elevadísimo número de aforados ha quedado reducida a lo que siempre pretendió ser: una cortina de humo para no hablar de las graves problemas que tiene planteados España por culpa de unos gobernantes que, más que a gobernar, aspiran a mantenerse como sea en la poltrona.

PS supera a ZP en trilerismo
Vicente A. C. M. Periodista Digital 19 Septiembre 2018

PEDRO SÁNCHEZ INTENTA “COLAR” UNA REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCIÓN DEL POLÉMICO AFORAMIENTO Y QUE SEGÚN EL PP SOLO BENEFICIA A LOS GOLPISTAS.

Solo el PP ha sabido ver lo que se escondía en el pretencioso anuncio que Pedro Sánchez hizo ayer mañana de que tenía algo muy importante que comunicar creando una expectación que quedó en decepción. Se trataba de comunicar la intención del Gobierno de aprobar en el Consejo de Ministros una propuesta de reforma parcial de la Constitución en lo relativo al aforamiento de cargos públicos. En ella se propone suprimirlo para los Diputados y Senadores tanto del Parlamento de España como de los Parlamentos autonómicos. Quedando en su situación de aforados el resto de funcionarios públicos como jueces, fiscales y fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (policías nacionales, autonómicos). Una propuesta que fue matizada y que fue quedando en casi nada. ¿Pero qué es eso de estar aforado? Pues simplemente que se goza del fuero de solo poder ser juzgado por el Tribunal Supremo de España en vez de someterse a la jurisdicción judicial ordinaria que aplica a todos los españoles.

Una situación que tiene ventajas claras, pero también el inconveniente de que el Tribunal Supremo juzga y es el último escalón de recurso de apelación de sentencias, dejando solo abierta la puerta del Tribunal Constitucional y otros órganos judiciales exteriores. La ventaja evidente es que los procesos son mucho más cortos y se está menos expuesto a la presión mediática y a lo que llaman “la pena del telediario”. Además, la supuesta independencia judicial, se ve difuminada por el sistema intervencionista del Gobierno y del Congreso en la elección de los jueces. Pero sin duda, se trata de un verdadero privilegio que es una excepción en la UE, donde solo se contempla la inmunidad parlamentaria en la que se debe obtener el permiso de los respectivos parlamentos para dar curso al suplicatorio donde se solicita la citación judicial del Diputado.

Sea como fuere la respuesta del resto de partidos políticos no se ha hecho esperar y está desde CIUDADANOS que se vanagloria de haber “doblado” al bipartidismo y que por fin se plantee la supresión del aforamiento, aunque exige que no se limite solo a la clase política. Por otro lado la postura siempre critica de PODEMOS y la interesada de los partidos nacionalistas exigen el consabido “ya que se abre el melón de la reforma de la Constitución” que se trate el tema de incluir lo del derecho a decidir en referéndum de las autonomías sobre la autodeterminación. Y finalmente está la postura del PP que ve en esta propuesta de Pedro Sánchez una intención oculta de ceder ante sus socios golpistas en su exigencia de apartarles del Tribunal Supremo y del juez Pablo Llarena. Ya ha anunciado que votará en contra.

Parce claro que esta propuesta improvisada y algunos ya califican de simple oportunismo de fuegos de artificio, ha sido un fiasco anunciado que ha estallado como esos otros “globos sondas” que se lanzan para pulsar el ambiente. No es serio el que se intente frivolizar y engañar con un asunto tan serio que además impacta en la sensibilidad de la sociedad española que considera este privilegio de la casta política como algo escandaloso que confirma que la justicia no es igual para todos. Y a veremos si esta nueva ocurrencia,, no exenta de perversas intenciones si las acusaciones del PP sobre su beneficio a los golpistas, llega al Consejo de Ministros del próximo viernes , él último del verano, o decae y pasamos a lo que ya se vaticina como un “otoño caliente” donde Pedro Sánchez puede verse obligado a renunciar a mantenerse al frente de un Gobierno en franca descomposición y sin rumbo.

Mejor hubiera hecho en proponer la reforma de la ley electoral y eliminar de una vez el sistema actual de asignación de escaños aplicando fórmulas de compensación, la famosa Ley D’Hont, que anula la democracia real de que todos los votos valen lo mismo. Una ley que ha permitido que se beneficie a formaciones que solo se presentaban en determinadas circunscripciones y perjudica a otras que lo hacen a nivel nacional. Y además de lo anterior, evitar en lo posible la excesiva fragmentación de los parlamentos nacionales o autonómicos aplicando el sistema de segunda vuelta electoral para facilitar la gobernabilidad a las formaciones más votadas.

Pero eso es mucho pedir para quien forma parte de ese bipartidismo que se siente beneficiado por el sistema electoral vigente y que además no ha dudado en formar mayorías apoyándose en los enemigos de España que solo buscan la independencia de sus territorios. Pedro Sánchez no busca mejorar la Constitución, sino reformar aquello que ahora le impide cumplir con sus compromisos adquiridos a cambio de aceptar esos apoyos bastardos.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISION!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡Qué pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

El doctorado ‘low cost’ del presidente ‘low cost’
Carmelo Jordá Libertad Digital 19 Septiembre 2018

El responsable de uno de los dos programas antiplagio con los que Moncloa aseguró haber testado la tesis de Pedro Sánchez ha salido a la palestra para desmentir el análisis que el Gobierno anunció el pasado viernes a bombo y platillo: en lugar de menos de un 1% de plagio, en Plagscan –que digo yo que algo saben del asunto– han detectado un 21%.

Hay, además, que hacer una aclaración importante: Plagscan no incluye en sus análisis documentos internos como los del Ministerio de Industria que ya está acreditado fueron usados con profusión en la tesis, ni de discursos como el de Miguel Sebastián, del que también se han encontrado párrafos literales y sin entrecomillar en la ya más famosa tesis doctoral de los últimos años.

Así, gracias a las investigaciones periodísticas y a los resultados de los programas especializados, podemos estar seguros de que al menos un cuarto de la tesis de Pedro Sánchez fue fruto del trabajo de otros autores y utilizado de forma inapropiada.

Bastaría esto para que a alguien que fuese la mitad de lo que Sánchez dice ser tuviese la mínima decencia de convocar elecciones; pero es que hay mucho más: ahí están las dudas más que serias sobre el verdadero autor de la tesis o, si lo prefieren, el verdadero recopilador de los diferentes textos. Por el momento, las publicaciones posteriores, las fuentes, las partes copiadas e incluso las erratas apuntan a alguien concreto, y no precisamente al doctor Sánchez.

Y si lo de presentar un texto plagado de plagios y de autoría incierta no fuese suficiente, lo de la universidad con rector socialista y el tribunal elegido entre doctores sin cualificar, alguno de ellos colaborador del propio Sánchez, completa un panorama que sólo puede tener un nombre: chanchullo.

Porque podemos tener dudas sobre la autoría de la tesis, sobre el porcentaje de contenido original o sobre la idoneidad de los miembros del tribunal, pero de lo que no hay ninguna es de que todo fue un apaño entre comilitones para que el señor diputado obtuviese su doctorado exprés sin esforzarse.

El doctorado low cost de Sánchez es exactamente lo que tanto se ha criticado en los mastercitos de Cifuentes y Casado, pero con una diferencia brutal: los títulos del Instituto de Derecho Público no sirven ni para colgarlos en la habitación de la abuela encima de la mesa camilla, mientras que un doctorado es una titulación oficial, reconocida y que te ayuda a obtener importantes beneficios laborales. Es decir, en el hipotético caso de que Cifuentes o Casado hubieran hecho trampa, lo hicieron por vanidad estúpida y sin sacar nada a cambio, mientras que lo de Sánchez es corrupción pura y dura.

Por eso, y por otras muchas razones, este presidente low cost tiene que irse ya.

Otra cacicada de Sánchez, carente de votos pero sobrado de trucos
ESdiario 19 Septiembre 2018

El Gobierno llegó al poder con una triquiñuela y, desde entonces, gestiona todo con la misma combinación de autoritarismo y apaño. Urge dar la palabra a los ciudadanos en las urnas.

Pedro Sánchez pretende aprobar el techo de gasto y los Presupuestos Generales del Estado, nada menos, con una insólita triquiñuela legal que se salta todas las líneas rojas institucionales que ha de preservar, como nadie, el primer representante del poder ejecutivo en una democracia.

Si el fondo del asunto es un despropósito -elevar la deuda y el déficit en lugar de recortar el gasto superfluo del Estado sin afectar a los servicios ni al bolsillo del usuario-, las formas son directamente caciquiles: servirse de una enmienda a la Ley de Violencia de Género para, al abrirse administrativamente un proceso a tal efecto, poder colar otra a la Ley de Estabilidad con la que anular a la Mesa del Congreso, al Senado y a la propia Constitución.

Todas las cacicadas de Sánchez son deudoras del mismo pecado original: llegar al poder si el apoyo de los ciudadanos y con apaños

Es muy probable que tal atajo sea directamente ilegal, como sugieren varios fallos al respecto del Tribunal Constitucional, pero lo es seguro que es impropia de un demócrata que carga ya con un estigma de origen explicativo de todas sus decisiones.

El mismo origen
Haber accedido al Gobierno sin los votos suficientes en las urnas y mediante la búsqueda artera de una mayoría parlamentaria coyuntural está en el origen de toda su gestión posterior, plagada de decretos, dedazos, subterfugios y asaltos como el de RTVE o éste de los PGE.

Es simplemente inadmisible que el Gobierno camufle su debilidad recurriendo a triquiñuelas indecentes, ajenas a la letra y al espíritu de la ley, deudoras de los peajes con sus aliados y fruto de la evidencia de que no se debería haber intentado gobernar sin el plácet de las urnas, que son las que legitiman a un presidente y le dan la fuerza institucional necesaria para no tener que recurrir a apaños.

La reforma constitucional exprés de Pedro Sánchez o cómo parir un ratón
El deterioro de la democracia con Sánchez empieza a ser evidente, pues ninguno de sus predecesores, pese a tener un poder mayor y más legítimo derivado de las urnas, se ha atrevido jamás a proceder de esta manera. Y si es grave que todo un presidente recurra a artimañas, mucho más lo es que lo haga quien está en el cargo apelando a un supuesto espíritu regenerador y ejemplar al que aludió para justificar su brusca llegada a La Moncloa.

Escandaloso autoritarismo
Cada día que pasa, urge más convocar Elecciones. No es una cuestión ideológica ya, sino de respeto a las reglas del juego, a los preceptos democráticos y a los derechos de la ciudadanía: tener un presidente al que no se ha votado es grave; padecer además su deriva autoritaria, un escándalo.

Nuevas pruebas elevan el plagio
EDITORIAL ABC 19 Septiembre 2018

PlagScan revela otro engaño más que convierte la conducta de Sánchez en contumaz y reincidente, con un agravante añadido: el de destinar dinero público para encubrir la realidad

Las revelaciones hechas en un comunicado oficial por la empresa alemana propietaria de PlagScan sobre los manejos realizados por La Moncloa para salvar la cara a Pedro Sánchez son muy graves, y demostrativas de que ABC no miente. PlagScan es una de las dos herramientas informáticas empleadas por la Presidencia del Gobierno para concluir que Sánchez no plagió su tesis doctoral de 2012. Con una de ellas, Turnitin, las pruebas fehacientes de plagio se elevaban al 13 por ciento, una cifra que La Moncloa consideró irrelevante y admisible en este tipo de trabajos universitarios. En la muestra realizada con PlagScan, ese 13 por ciento se redujo a un ínfimo 0,96 por ciento. Para La Moncloa, todo era una invención de ABC para destruir la figura política del presidente del Gobierno. Sin embargo PlagScan ha delatado a Sánchez al realizar, ahora por propia iniciativa, un nuevo examen de la tesis y concluir que la «coincidencia de propiedad intelectual» -un mero eufemismo del plagio- se eleva al 21 por ciento. De este modo, uno de cada cinco folios de los 340 que conforman la tesis doctoral está claramente copiado y no responde a un trabajo original del presidente del Gobierno. Es más: la empresa alemana sugiere que en el análisis ejecutado por La Moncloa se pudieron detectar una serie de «falsos positivos» que, con la aplicación de unos determinados filtros informáticos, quedaron deliberadamente eliminados para no disparar las sospechas sobre Sánchez. Es demasiado lo que no le cuadra ya a La Moncloa, que no ha hecho públicas ni esas pruebas ni la metodología de su examen para poder contrastar cómo lo ejecutó y si ocultó algo relevante. Ahora es evidente que se ocultó algo tan relevante como la falta de autenticidad y rigor en una quinta parte de la tesis.

Sánchez no solo ocultó la verdad al Congreso cuando adujo que su tesis estaba colgada en internet. No era cierto que fuese de libre acceso en la plataforma Teseo y por eso tuvo que hacerla pública. Ahora PlagScan revela otro engaño más que convierte la conducta de Sánchez en contumaz y reincidente, con un agravante añadido: el de destinar dinero público para encubrir la realidad y, presuntamente, manipular un diagnóstico delatador para el presidente del Gobierno. Todo sigue siendo opacidad, y amenazar con denunciar a los medios de comunicación no es la mejor manera de defender su honorabilidad. Es de suponer que tras esta revelación, también se planteará demandar a PlagScan. Sin embargo, ahora tiene una nueva obligación moral con la transparencia que tanto predica. Sánchez está obligado a hacer pública la metodología real del examen técnico que hizo La Moncloa para exonerarle de cualquier responsabilidad ética. Mientras no lo haga, la sospecha crecerá porque ahora es también la palabra de PlagScan contra la suya.

El Ibex, rendido a los pies de Sánchez
Jesús Cacho. vozpopuli  19 Septiembre 2018

Una de las cosas que más llama la atención en el actual panorama político-económico español es la ausencia de voces críticas procedentes de la sociedad civil organizada con los planes del Gobierno que preside Pedro Sánchez. La pretensión, largamente anunciada desde que aterrizó en Moncloa, de tirar del gasto público y subir impuestos como zanahoria con la que procurarse una clientela proclive al voto PSOE en las generales, no ha merecido la reacción en contra que cabría esperar por parte del empresariado, en teoría el sector que más directamente preocupado debería mostrarse con una política económica que cabría calificar de suicida en un momento como el actual, con la desaceleración llamando a la puerta. Ni una sola crítica. Con alguna escasísima excepción, el gran empresariado patrio prefiere guardar un escrupuloso silencio, como si la cosa no fuera con él. Ver, oír, callar y exhibirse sumiso a los pies del nuevo presidente, como si ellos, y el resto de los españoles con ellos, estuviéramos en el mejor de los mundos. ¿Hay alguien ahí?

En estado de hibernación aquella CEOE de los tiempos de José María Cuevas que, con el respaldo activo de los empresarios y banqueros más importantes de la época, jugó el papel de verdadera oposición a los excesos del felipismo, y desaparecido también el fallido Consejo Empresarial de la Competitividad que el empeño de César Alierta y Emilio Botín mantenía en pie, una espesa cortina de silencio parece envolver los intereses de un empresariado que en apariencia prefiere pasar de puntillas sobre la política, como si caminara descalzo sobre las ascuas de una responsabilidad que a toda costa rechaza asumir. Nadie protesta ante los planes de un Gobierno empeñado en repetir los errores cometidos por Rodríguez Zapatero con el gasto que agudizaron la crisis e hicieron más larga y dolorosa la recuperación. No hay sociedad civil organizada y, si la hay, calla cual muerto. Calla, cuando no se exhibe con cierta impudicia en aquelarres como el que anteayer organizó Sánchez para su personal autobombo.

En Casa de América, y en primerísima fila, para que el personal pudiera observar con delectación la importancia del “trofeo”, el presidente de Telefónica, Álvarez Pallete; el de Iberdrola, Sánchez Galán y el de ACS, Florentino Pérez, como punta de lanza, más Borja Prado, José Manuel Entrecanales, Luis Gallego y unos cuantos más. Como representación de la sociedad civil, el ex juez Baltasar Garzón, el padre Ángel y unos llamados “Javis”. Imposible mejorar el elenco. El fatuo campanudo se había propuesto realizar una exhibición de poder mostrando al Ibex 35 a sus pies como si de un trofeo de guerra se tratara. “El miércoles pasado nos llevamos una sorpresa cuando llegó la invitación a nuestra sede, una convocatoria rara, sin motivo aparente. Hemos ido por pura cortesía y porque estábamos en España. El acto en sí ha sido pobre y sin demasiado sentido”. Obedientes acuden y sin levantar la voz se despiden, cuando deberían mantener todas las distancias críticas con un presidente que amenaza con volver a poner patas arriba, norma de la casa PSOE, la economía española.

Difícil explicar que ninguno de los asistentes a un acto concebido para operar como cortina de humo con la que distraer la atención de la famosa tesis aprovechara la ocasión, antes, durante o después, para llamar públicamente la atención al personaje sobre una serie de cosas que en política económica no se pueden hacer sin poner en grave riesgo las cuentas públicas, sin agravar una estructura de gasto insostenible, difícil de financiar incluso con crecimientos del PIB superiores al 3%, sin aumentar la mastodóntica deuda pública, sin atentar contra la creación de empleo… No se puede jugar con las cosas de comer. Acuden nuestros grandes a la laudatio de Sánchez y callan en asunto capital de su exclusiva competencia, ellos que son la elite empresarial obligada a preocuparse, si no por el bienestar de todos los españoles, que sería carga demasiada pesada, si por su cuenta de resultados, y no la de este año ni tal vez la del próximo, sino la de 2020 y siguientes, esas cuentas que pueden quedar gravemente lastradas por decisiones de política económica que se han demostrado suicidas, minas que plantas hoy y explotan mañana, ello por no hablar del diligente interés que estos grandes patronos están obligados a poner en defensa del bolsillo de sus accionistas, esos que se han jugado sus ahorros invirtiendo en sus compañías.

Desfile de obedientes monaguillos
Viéndoles soportar en primera fila el intento de exaltación de este joven apuesto encantado, absolutamente fascinado, con su condición de “presidente del Gobierno”, más de uno podría sacar la impresión de que este establishment de cartón piedra nuestro está disfrutando con la llegada al poder de Sánchez, vamos, que nuestro glorioso capitalismo es un poco masoca y se solaza con el castigo. Nada más lejos. Ocurre que muchos de ellos viven de la tarifa, del favor oficial; todos son negocios más o menos regulados; todos o casi están obligados a ese ejercicio de acatamiento que arrastra su buen nombre, si lo tuvieran, por el barro de la servidumbre voluntaria. Es la conclusión que cabe sacar de su presencia en Casa de América, de ese desfile de obedientes monaguillos dispuestos a sostener la casulla del personaje, conscientes de proporcionar con su presencia el brillo de un resplandor ficticio a un acto sin nada que celebrar y sí mucho que prevenir, incluso temer, aunque en el fondo mostrando una terrible debilidad, el contrasentido, la contradicción radical que aquí y ahora implica ser empresario y depender de la tarifa.

¿Por qué no estuvo Amancio Ortega en Casa de América? Porque el gallego más grande de las últimas décadas ha sido capaz de construir un imperio, mundialmente admirado, sin necesidad de venir a Madrid a pisar moqueta y pedir favores. Porque Amancio no le debe nada a ningún Gobierno, y mucho menos a este barbián, este aprendiz con ínfulas de emperador del Imperio Romano de Occidente, este piernas encantado de haberse conocido como “presidente del Gobierno”, las tres palabras mágicas a que ha quedado reducido su vocabulario. Para nuestra desgracia, tenemos un Amancio y muchos Florentinos. Y muy pocas veces sensatos, capaces de honrar su responsabilidad diciéndole al Gobierno lo que no se puede hacer sin poner en grave riesgo el bienestar colectivo. Uno de esos pocos ha sido Francisco González, presidente del BBVA, que el mismo día del festejo comentado salía en ABC diciendo lo obvio: “En una etapa de desaceleración creciente hace falta una política económica bien planteada, y esa política normalmente no debería pasar por una expansión del gasto público ni por una subida de impuestos. Hay que intentar no repetir errores del pasado”. Al César lo que es del César.

EL PP PIDE, AHORA, ACTUAR
Sánchez desacredita a la Alta Inspección Educativa e ignorará el informe de las aulas catalanas
Agencias gaceta.es 19 Septiembre 2018

Mientras el Ejecutivo Sánchez desacredita a la Alta Inspección Educativa del Estado, el PP enmienda la plana a su anterior líder al reclamar competencias educativas después de que el Gobierno Rajoy hubiera dejado en un cajón el informe.

El Gobierno ha anunciado que no va a hacer públicos los estudios sobre posible adoctrinamiento en los libros de texto de Cataluña, encargados por el anterior Ejecutivo a la Alta Inspección Educativa, dada “la falta de rigor” y de conclusiones “rigurosas” de los documentos.

Educación sostiene en un comunicado que “el Gobierno no puede asumir sus contenidos ni los hará públicos, como tampoco asumió ni hizo públicos el Ministerio anterior, que fue quien los encargó”. En este sentido, el Ministerio ha recordado que el anterior gabinete de Íñigo Méndez de Vigo encargó el 6 de julio de 2017 un estudio de libros de texto de Secundaria, que en febrero de 2018 amplió a Primaria y Bachillerato con el fin de recabar información sobre si las comunidades autónomas adoctrinaban en los libros de texto. Aunque la actual ministra Isabel Celaá dijo recientemente que no encontraba dichos informes porque el anterior Ejecutivo no se los había entregado “ni hablado de su existencia”, este lunes el Ministerio reconocía -tras publicar El Mundo su contenido- que los encontraron hace unas semanas.

Se trata de dos textos que analizaron 102 libros de Secundaria, de Matemáticas, Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura, así como otros 25 textos de Bachillerato.

“Los manuales se escogieron sin especificar criterio alguno y son solo una pequeña parte de los utilizados en las comunidades autónomas”, según explica el departamento que dirige Celaá.

Además, en numerosos casos, el texto contiene “análisis contradictorios” de un mismo libro, por lo que esto “hace imposible llegar a conclusiones rigurosas”.

El documento no especifica tampoco “quiénes fueron los autores del estudio ni cuántas personas participaron en él” ni consta la metodología seguida.

Por todo ello, según el Ministerio, “no es posible elaborar un informe con esos datos inexactos, a los que se añaden erratas, errores conceptuales o de comprensión, lecturas parciales y valoraciones subjetivas, que le quitan cualquier rigor científico”.

Respecto a posibles actuaciones futuras, Educación ha recordado que si se constatase la existencia de libros y materiales escolares que “contravinieran la normativa”, las comunidades tienen margen de actuación.

Y en última instancia, el Ministerio tiene competencia para demandar el cumplimiento de dos requisitos en los libros de texto como son el rigor científico y el respeto a los principios de la legalidad vigente.

Enfado de Cs y ‘ofensiva’ del PP
Estos informes de la Alta Inspección Educativa han sido también motivo de crítica al Gobierno desde Ciudadanos, y su secretario general, José Manuel Villegas, ha anunciado que pedirá explicaciones por la “ocultación” de los estudios sobre la “manipulación y adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña”.

Desde el PP, se ha anunciado una ofensiva a nivel político para “reforzar” las competencias del Estado en el terreno educativo en todas las autonomías para evitar que se haya “adoctrinamiento”. En este sentido, el líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado su intención de recentralizar las competencias educativas “si no se consigue que la inspección educativa sea eficaz y si no existe una lealtad por parte de las autonomías” que, como Cataluña, practican el “adoctrinamiento”.

“Si no hay lealtad por parte de algunas autonomías para evaluar lo que están haciendo con nuestros hijos, el Estado deberá garantizar esas competencias”, ha dicho Casado, quien ha apostado porque la educación siga administrada por las autonomías, pero con una configuración establecida desde el Gobierno central.

El aumento de cachorros independentistas
Inocencio Arias republica 19 Septiembre 2018

Los medios de información españoles están en una nueva etapa de profunda polarización. Si unos insisten sobre lo esperpéntico de la tesis del Dr. Sánchez otros lo minimizan o tratan de archivar el tema

El último caso es de la educación en Cataluña. Todos los que tenemos parientes o amigos en esa tierra sabemos que el adoctrinamiento es pertinaz y generalizado. Los jóvenes aprenden todas las falacias conocidas, el gobierno español les oprime, perdieron su independencia en 1714, España no es democrática, etc…Esas paparruchadas se dan la mano, en los textos educativos, con orientación subliminal de que ellos no tienen nada que ver con España, que atesoran una cultura TOTALMENTE distinta de la mesetaria y casposa española, etc…Una tergiversación constante muy denunciada ahora en ciertos medios no catalanes y ninguneada en otros.

Ahora, sin embargo, sale un Informe de un organismo competente en que quedan reflejados esos sofismas y embustes; unos medios se escandalizan y otros parece que dicen que pelillos a la mar. Y para más INRI, los dos últimos ministros de educación, un pepero y una sociata, han preferido no sacar a relucir el mencionado informe.

Es posible que tuvieran sus causas coyunturales para cerrar los ojos, no tensar más la situación en un momento determinado, huir de confrontaciones con Cataluña como manifestó inefablemente Pedro Sánchez en el caso Morenés… Ahora bien, yo, como ciudadano de a pie que no está en el gobierno, tengo el derecho a preguntar: ¿ cuantas promociones van a salir de colegios y universidades catalanes en los próximos años que habrán mamado que ellos tienen muy poco que ver con España y que España es franquista, mezquina y perversa? Esas promociones significan miles y miles de jóvenes que aumentarán, poco o mucho, el número de los independentistas. No lo van a reducir. No olvidemos que esas personas están y van a estar viendo una televisión cuyos sermones diarios contienen machaconamente una parecida moraleja antiespañola. El que no quiere ver esto en toda su cruda realidad, sin parches ni vendas, está ciego. No hacer nada para paliarlo es suicida. Luego, cuando sea tarde, vendrá el llanto y el crujir de dientes.

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Aznar y los garzonejos
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 19 Septiembre 2018

Los sociatas, proetarras, golpistas y secuaces del asesino Maduro que pueblan el plató de la Sexta Bis deberían haberle preguntado a Aznar por su complacencia con el pujolismo, la dejación de la defensa de los derechos civiles de los castellanohablantes en la Comunidad Valenciana y Baleares y por no haber liquidado la mafia polijudicial de villarejos y garzonejos. Pero ¿cómo van a criticar en Aznar lo que ellos defienden? Por eso fueron ridiculizados al ponerse chulos con alguien al que no le llegan al alza de la suela de los zapatos. De paso, retrató el daño que el rajoyismo ha hecho al PP. Esa era la derecha que derrotó a Tigrekán, el gran líder de la izquierda en democracia. ¿Cómo? Saliendo a morder, directo a la yugular de la izquierda. La diferencia en el trato a Pablenin de Aznar y Rajoy muestra por qué el PP es hoy la sombra de lo que fue en la oposición y en el poder.

Es suicida que un golpista catanazi o un trincón de Venezuela e Irán ataquen a quien no les concede superioridad moral y vale diez veces más intelectualmente que Iglesias, cien que Rufián y cien mil que el bildutarra. Aznar se los pasó de pitón a pitón y los dejó para el camión de la basura. Pero ¿cómo va a preguntar por la mafia villareja y garzoneja un partido cuyo número dos por Madrid en 1993, tras Felipe González, era Baltasar Garzón?

Sin embargo, como bien explicaba ayer Fernando Lázaro en su informe, estamos ante algo peor que la corrupción de un cuerpo policial, judicial o mediático. Estamos ante una espeluznante trama criminal creada en torno a Interior y la Audiencia Nacional, con policías que van de Harry el Sucio y jueces que van de Capitán Araña cuando sólo son el Señor Lobo de quien les pague. Los ferreras de visón no denuncian esta trama capaz de lograr parar extradiciones y proteger a falcianis de altura y cacos de bajura.

Sin embargo, helos ahí: villarejos y garzonejos, entre los que destaca Delgado, tercera en la lista de la maldición de Cuelgamuros. Dijo primero que no conocía a Villarejo. Enseguida rectificó: "No he tenido trato profesional con sus casos". ¿Y personal? ¿Con los clientes de Castaño, del que su entrañable fue padrino de boda? ¿Hacían igualas polijudiciales?

Garzón quiso ser ministro de Justicia e Interior, por eso fue de dos de González. Temo que, por lo ilegal, lo haya conseguido.

Cataluña: les quieren cortar la lengua
Roberto L. Blanco Valdés La voz 19 Septiembre 2018

La llamada normalización lingüística (denominación alarmante, a poco que se piense) se presentó inicialmente en el País Vasco, Galicia y Cataluña como una reparación histórica destinada a revertir los efectos de la persecución de las lenguas vernáculas durante el régimen franquista. Se presentó, para entendernos, como una reivindicación bueniña, que a nadie podía molestar porque no se dirigía contra nadie, sino solo a favor de los idiomas minorizados (tal era la palabra) por efecto de la imposición política del castellano sobre las demás lenguas españolas.

Pronto pudo verse, sin embargo, que quienes así planteaban la cuestión suponían una reducida minoría entre los defensores de la normalización, pues aquella acabó siendo utilizada para algo muy distinto. El proyecto del nacionalismo gallego, vasco y catalán no era reparar una injusticia sino intentar cometer otra, contraria, pero de similares proporciones: acabar con el castellano como lengua común de los españoles, a base de exterminarlo de la enseñanza, la vida institucional, los medios de comunicación públicos y, en fin, de todos los ámbitos que se pudiesen controlar desde el poder. Para ello era necesario, además, emprender una batalla ideológica destinada a minorizar a los hablantes de la lengua común, considerándolos unos traidores a su idioma de verdad y a su país.

Este proyecto demencial, sectario y autoritario, no triunfó ni en el País Vasco ni en Galicia. Allí porque la nula intercambiabilidad lingüística entre el castellano y el euskera hacía imposible acabar con el primero. Aquí, donde la intercambiabilidad castellano/gallego es muy notable, el proyecto de extirpar desde el poder el castellano fracasó porque los nacionalistas solo ejercieron el mando regional durante cuatro años y en una posición subalterna respecto de los socialistas.

Pero en Cataluña las cosas evolucionaron de forma muy distinta. Gobernada siempre la comunidad por los nacionalistas (incluso en las dos legislaturas con presidente socialista), la imposición lingüística ha sido el caballo de Troya de esa llamada construcción nacional que ha terminado en una insurrección institucional contra nuestro Estado democrático. La sistemática laminación del castellano de la enseñanza y de la vida pública regional y local durante los 38 últimos años no ha perseguido crear catalanohablantes sino crear nacionalistas catalanes, valiéndose de la lengua como principal instrumento de manipulación.

Por eso cuando ya harta de imposiciones una parte significativa de la sociedad catalana se ha levantado contra la imposición nacionalista, los autodenominados comités de defensa de la república (los nuevos camisas pardas del nacionalismo xenófobo y fascista) han reaccionado brutalmente para impedirles manifestarse y expresarse. Porque la clave para que en Cataluña el dominio nacionalista no retroceda es que no consiga avanzar la libertad.

Un informe que obliga a actuar
EDITORIAL El Mundo 19 Septiembre 2018

Después de haber negado en varias ocasiones que conociese el informe sobre el adoctrinamiento separatistas en las aulas catalanas, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha reconocido que sí, que lo tenía en su poder. Pero no lo confesó para entonar un mea culpa por ocultarlo y por no hacer nada para poner fin a la alarmante degradación de la educación en Cataluña, sino para arremeter contra la Alta Inspección del Estado. Celaá cuestionó la profesionalidad de los funcionarios que dependen de su Ministerio al afirmar que el estudio carece de "rigor científico", razón por la cual lo va a mantener guardado en el cajón.

Lo cierto, sin embargo, es que no son técnicas las razones por las que tanto este Gobierno como el anterior escondieron irresponsablemente las conclusiones sobre la manipulación de los contenidos de los libros de texto en Cataluña. Personas cercanas al entonces ministro, Íñigo Méndez de Vigo, ya han reconocido que el informe fue relegado para no crear más tensión con la Generalitat. Es decir, que siguieron la política de inacción en Cataluña impuesta por Rajoy. Y es obvio que el Ejecutivo socialista, empeñado en un diálogo sin salida con el Govern rebelde y dispuesto a hacer las concesiones que pidan los separatistas (incluso la de un referéndum estatutario, como ha anunciado Pedro Sánchez), no va a contrariar a los independentistas en una cuestión que para ellos es innegociable, como es la del control de las aulas para convertirlas en fábricas de ideología. Tienen razón los inspectores al exigirle a Celaá que haga público el informe para que se compruebe si las acusaciones de la ministra son o no verdad. Las familias y las asociaciones de padres tiene derecho a conocerlo, ya que llevan años denunciando la manipulación y el adoctrinamiento de los estudiantes en las aulas.

La Alta Inspección del Estado, actualmente sin competencias de facto y con unos recursos muy escasos, debería ser una herramienta fundamental para velar por la verdad histórica y para vigilar que en todo el territorio nacional se respeta y se aplica la legalidad constitucional. Según el informe ocultado por el Gobierno, esta anomalía solo se produce en Cataluña -en el resto de comunidades los libros de texto cumplen con la legislación educativa- y son las autoridades de la Generalitat las únicas culpables. Además, como declararon los propios inspectores, con que se detecte adoctrinamiento "en un solo libro" ya sería necesario actuar.

En este sentido, parece sensata la propuesta realizada ayer por el presidente del PP, Pablo Casado, que quiso marcar distancias con el Gobierno de Rajoy y propuso -abriendo si fuera preciso el debate sobre la pertinencia de recuperar competencias- que el Estado tenga suficientes instrumentos para armonizar y garantizar los contenidos, la evaluación del conocimiento y la selección de profesorado en toda España.

Mirar para otro lado
Nota del Editor 19 Septiembre 2018

Si algún profesional de la política hubiera tenido algún interés por España solo tenía que haber atendido nuestras denuncias. Hace más de treinta años que en estas páginas se denunciaba la manipulación, el adoctrinamiento y la conculcación de los derechos humanos y constitucionales de los español hablantes y hemos cosechado un montón de palos en todas las instancias judiciales nacionales y europeas además del silencio o los insultos del estado español. Artículos, boletines, libros en los que se demostraba el atropello y todos mirando para otro lado. Y Aznar impidiendo al defensor del pueblo presentar recurso de inconstitucionalidad contra la imposición lingüística en Cataluña.

Barcelona, zona catastrófica
Pablo Planas Libertad Digital 19 Septiembre 2018

Siete años de nacionalismo y populismo de izquierdas convierten la capital catalana en contraejemplo mundial.

La confluencia del proceso separatista con el gobierno municipal de los comunes de Ada Colau ha resultado letal para Barcelona, zona catastrófica del nacionalismo y el populismo de izquierdas. La capital de Cataluña es una ciudad en bancarrota moral, cultural y económica, un vago reflejo de lo que llegó a ser en franca decadencia y acelerado deterioro, un escaparate de los horrores ideológicos totalitarios que cada Onze de Setembre se transforma en la Pyonyang del Mediterráneo, siendo la gran narcocapital del sur de Europa el resto del año.

Cuando el nacionalismo se hizo con el poder municipal, entre 2011 y 2015, puso la ciudad al servicio del proceso y arrasó con cualquier manifestación cultural de signo no nacionalista. La ciudad volvió a ser la capital de la sardana y la municipalidad echó el resto en la creación del denominado Valle de los Caídos catalanista, el Museu del Born, escenario del combate final de la caída de 1714 según la fecunda chistoriografía nacionalista. El viejo mercado de la verdura, que iba a ser la sede de una gran biblioteca, quedó convertido en un "centro de cultura y memoria" dedicado a la guerra contra el resto de España. Baste decir que uno de los autores de semejante engendro (el palo de la bandera que preside el conjunto mide exactamente 17 metros y 14 centímetros) es el actual presidente de la Generalidad, Quim Torra, que dirigió la instalación durante los fastos del tercer centenario del cerco a Barcelona en la Guerra de Sucesión.

Que lo primero que hiciera Torra como president fuera un elogio de la "cultura" de la ratafía da cuenta del sesgo que imprimió el nacionalismo a la cultura oficial de la ciudad durante el mandato de Xavier Trias. Si algo quedaba de original, crítico o alternativo en la ya entonces escuálida escena cultural barcelonesa, quedó reducido a cenizas.

De los nacionalistas a los antisistema
El agrupamiento de fuerzas en torno al proceso propició que el nacionalismo convergente de orden tendiera la mano a okupas y antisistema separatistas, que les devolvieron el favor convirtiendo Barcelona en Warcelona. La revuelta de Can Vies (un recinto municipal ocupado por jóvenes antisistema y radicales separatistas) fue el principio del fin del control nacionalista de la ciudad.

El nacionalismo entregaba las llaves de la ciudad a los activistas de izquierda pro-okupas y antidesahucios, abogados defensores de los partidarios de la acción directa y de quemar la ciudad. El mal menor para los nacionalistas fue que la heroína antidesahucios y los suyos lo ponían todo en cuestión menos el procés. Se había acabado la inercia del 92.

El programa electoral de Barcelona en Comú, la marca podemita condal, era una invitación al desastre que resultó ser el más votado por estrecho margen. La degradación iba a alcanzar cotas inéditas. Se cernía la tormenta perfecta: inseguridad, incivismo, pobreza, turismo de sexo y drogas, suciedad y caos.

Imágenes terminales
Las imágenes del último verano son terminales. Peleas con machetes entre narcotraficantes, palizas a turistas, más peleas entre conductores de triciclos de turistas legales e ilegales. Trapicheos a plena luz del día, narcopisos, el remake de los zombies de la heroína. También han vuelto los niños de la cola, menores inmigrantes que escapan del control de la Generalidad. Alojamientos turísticos ilegales, acampadas en la playa, fiestas contra los vecinos a todas horas en la Barceloneta, vendedores ambulantes de mojitos infestados de E.coli, ratas muertas flotando en primera línea de playa. Carteristas, tironeros y el nuevo fenómeno de los relojeros, delincuentes que roban relojes de lujo a turistas desprevenidos por el método de rodearlo, marearlo, golpearle si es necesario y arrancarle el reloj de la muñeca.

Capital de todas las plagas
Barcelona es la ciudad infierno, la capital de todas las plagas urbanas en que vecinos, negocios y empresas no son bienvenidos. Éxodo empresarial, caída de los índices turísticos, mala imagen internacional y una Administración municipal volcada en la defensa del comercio ilegal del top manta, que se ofrece a recoger refugiados pero es incapaz de dar tutela a sus niños de la calle, que accedió al Gobierno aupada por los vecinos de los barrios más desfavorecidos, los mismos que ahora se sienten estafados, olvidados y en peligro.

Pacto Colau-Manteros
Entre los manteros y la Guardia Urbana, la Administración Colau no tiene dudas. Ahora pide ayuda a la Consejería de Interior. Faltan policías, los delitos aumentan, se forman colas en las comisarías del centro histórico para denunciar robos y agresiones. Tanto la Guardia Urbana como los Mossos d'Esquadra alertan de la gravedad de la situación. El intencionado descontrol ejerce un efecto llamada para los delincuentes. La Administración municipal no responde a las amenazas de los jóvenes de la CUP contra el turismo. Tolera el top manta y defiende a los manteros; y, según sindicatos de la Guardia Urbana, desde el propio Ayuntamiento se chiva a los manteros las redadas policiales.

Mientras tanto, se suceden las estampas de degradación en la calle, el turismo de borrachera, una juerga perpetua que arrasa en los barrios más castigados por la incapacidad municipal, Barceloneta, Sant Antoni, Ciutat Vella, el Born, Poblenou, Diagonal Mar y la Villa Olímpica. El balance de Colau es aterrador en todos los campos, después de tres años dedicados a cultivar su imagen en exclusiva.


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