AGLI Recortes de Prensa   Jueves 20 Septiembre 2018

No vamos a permitir que España sea Venezuela
EDITORIAL Libertad Digital  20 Septiembre 2018

Unir en una única iniciativa el desprecio a la legalidad vigente y la negación de la voluntad popular democráticamente expresada es algo que habitualmente sólo está al alcance de regímenes tan poco edificantes como el bolivariano, que en cuanto las urnas propician un Parlamento con una abrumadora mayoría en contra crea otra cámara para poder seguir controlando el Poder Legislativo, a despecho de lo votado por sus ciudadanos.

Eso es exactamente lo que pretenden el doctor Sánchez y sus socios chavistas: saltarse al Senado porque no les gusta el resultado electoral que ha dado lugar a la composición de esa cámara. Unos resultados tan democráticos como otros y, sobre todo, con un método que, puede gustar o no, pero es el que marca la Constitución y el que siempre ha sido aceptado por todos.

Ahora la mayoría que interfiere en los planes del PSOE y sus socios es la del Senado, pero cabe preguntarse si una vez establecido este precedente no harán algo parecido cuando sea la del Congreso o la de cualquier otro órgano dentro de la arquitectura constitucional. Y no hay que olvidar que, diga lo que diga el populista demagogo de Pablo Iglesias, el Senado es parte de las Cortes Generales al igual que el Congreso, y ambas cámaras ostentan la representación del pueblo español conjuntamente, sin prevalencia de una sobre la otra. Así lo dice de forma meridianamente clara el artículo 66 de la Constitución, que a este paso podría ser la próxima víctima de las reformas exprés del doctor Sánchez.

Por si esto no fuera suficiente, el Gobierno quiere perpetrar este atropello mediante un fraude de ley completamente inconstitucional y particularmente inmoral: aprovecharse del trámite de una ley orgánica sobre un tema en el que es innegable que hay una especial sensibilidad social para así tratar de hacer más difícil una respuesta negativa de sus rivales.

Hasta ahora el doctor Sánchez había demostrado muy poco respeto por las formas mínimas que requiere una democracia, ahí están tanto sus mentiras en sede parlamentaria como el abuso de los recursos públicos para uso personal, o la descarada ocupación de empresas e instituciones para favorecer a adeptos y compañeros de partido. Un respeto institucional inversamente proporcional a una voluntad de permanencia en el poder que hacía pensar que iba a ser capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en la presidencia del Gobierno. Ahora ya no cabe una bien fundada sospecha, sino que estamos ante la constatación de un hecho: sólo para aguantar unos meses más en su precaria situación dependiente de Podemos y de aquellos partidos que quieren romper España, el doctor Sánchez está dispuesto a todo, incluso a este ataque directo al corazón de la democracia.

Una acometida de una gravedad que no pueden pasar por alto ni los demás partidos, ni las instituciones ni la sociedad civil. La respuesta de PP y Ciudadanos debe ser extraordinariamente dura, sin descartar ninguna opción democrática: plantear una moción de censura en el Parlamento o llamar a manifestarse a unos españoles que después del desafío separatista ven ahora cómo el ataque a su democracia se perpetra desde la propia Moncloa.

Pero la respuesta de los partidos sólo debe ser una parte de un rechazo que exprese toda la sociedad, porque no podemos consentir que España empiece a convertirse en un régimen bolivariano. No debemos tolerarlo y, que lo tenga por seguro el doctor Sánchez, no lo vamos a permitir.

Las leyes del totalitarismo
Apito Maestre Libertad Digital  20 Septiembre 2018

Si alguien no hubiera tenido suficientes ejemplos de autoritarismo en el Gobierno de Sánchez, repase la entrevista que le hicieron el domingo pasado en la televisión y comprobará que no se le caía de la boca la expresión "Yo soy el presidente del Gobierno". La estructura caracterológica de este hombre asusta. Pues que de un gobernante democrático lo primero que se espera es su capacidad de autolimitación en el ejercicio del poder, me sorprendió una frase en una de sus repeticiones sobre el cargo que ostenta: "Yo soy el presidente del Gobierno y haré lo que quiera en la Cámara". Pocos gobernantes en el mundo democrático se hubieran atrevido a decir tal cosa, es decir, a declarar que el Poder Legislativo está a su disposición. La deriva totalitaria es algo más que una sospecha. Es una realidad. Sí, lo terrible es que del dicho pasó, en poco menos de cuarenta y ocho horas, al hecho. Parecía que Sánchez estaba anunciando la trampa a que sometería el martes a las Cortes para saltarse el poder de veto del Senado a la nueva senda de déficit.

Pero no se trata únicamente de que pongamos en cuestión cómo un gobernante retuerce la ley para saltársela. Es cierto que ese tipo de político desafía constantemente las leyes positivas, incluidas las que ellos mismos han establecido, solo basta reparar en que ni siquiera se entretienen en abolir las que no les gustan. Tampoco me escandalizo por que el Gobierno legal y el poder legítimo del PSOE tenga sus correspondencias y, a veces, sean inseparables de la ilegalidad y el poder arbitrario; pues, aunque disguste a las almas bellas de la política, la alternativa clara y distinta entre el Gobierno legal y el ilegal, entre el poder arbitrario y el legítimo, es más un deseo que una realidad. La moción de censura por la que Sánchez llegó al poder dista de ser un modelo para cualquier democracia desarrollada.

Todo eso es, sin duda alguna, lamentable a la hora de evaluar la calidad de nuestra democracia, pero lo terrible del poder autoritario y, su principal derivada, el régimen totalitario que pretenden imponernos socialistas, comunistas y separatistas es que funciona con una lógica jurídica y una argumentación que, aunque no nos guste, no es arbitraria.

En efecto, el Gobierno de Sánchez no se salta gratuita y parcialmente las leyes que marcan el funcionamiento y control del Senado y el Congreso al Ejecutivo, como es el caso de la aprobación de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, sino que lo hace en nombre de una ley superior que obedece de modo riguroso a aquellas leyes de la naturaleza o de la historia de las que proceden todas las leyes positivas. ¿Quién determina esas leyes de la naturaleza o de la historia? El Gobierno de Sánchez y sus aliados. Gracias a esas nuevas leyes superiores podrán los súbditos y el pueblo, según ha declarado Iglesias, disfrutar de las subidas del techo de gasto social… fin, porque el poder totalitario busca su fuente de legitimidad en leyes no inconsistentes y volubles y, sobre todo, superiores a las de la democracia liberal, urge un debate nacional en todas partes sobre la imposición de Sánchez de un régimen político a la venezolana en España. El asalto político de Sánchez al poder del Senado es una clara muestra de que el totalitarismo está venciendo a la democracia.

Fenómenos paranormales en el ‘tesisgate’
OKDIARIO  20 Septiembre 2018

El tesisgate de Pedro Sánchez va camino de convertirse en el padre de todos los esperpentos universitarios vinculados a un político. Las nuevas revelaciones de OKDIARIO no hacen sino ahondar en la impunidad con la que Pedro Sánchez elaboró su doctorado fake —negro incluido— consciente de que tenía garantizado su cum laude presentara lo que presentase por muy paupérrimo en forma y fondo que fuera, como de hecho sucedió. A medida que este periódico publica evidencia tras evidencia, el cariz del tema roza lo paranormal. De otra manera no se puede explicar que Sánchez depositara la tesis el 5 de octubre e incluyera hechos acaecidos tres días antes. Añadidos que, para colmo, estaban mal citados, igual que el desarrollo matemático o las fórmulas.

¿Cómo es posible un añadido de ese tipo en un trabajo ya cerrado y perfectamente encuadernado? ¿Estamos ante un poltergeist universitario? Más allá de los fenómenos inteligibles —y de cualquier apunte irónico— lo único cierto es que Pedro Sánchez actuó con total impunidad. Cada nueva información así lo demuestra. No sólo presentó una tesis repleta de párrafos copiados, mal citados y repletos de erratas y faltas de ortografía —impropio de cualquier trabajo universitario hecho con un mínimo de seriedad—. Además, incluyó un contenido imposible por mera cuestión de tiempo. Por ejemplo, informes plagiados del Ministerio de Industria que no se publicaron hasta unas semanas antes de que depositara dicha tesis.

Si este trabajo académico que a la postre le permitió dar clases en la Universidad Camilo José Cela hubiera sido medianamente serio, la corrección y la edición le hubieran llevado meses y, por supuesto, una vez concluida, jamás le hubiera permitido añadir nuevos conceptos en el último mes. No obstante, hablamos de un trabajo repleto de deficiencias teóricas y prácticas, pero también éticas y morales. Un trabajo impropio de un presidente del Gobierno, presentado sin el más mínimo cuidado ni esmero. Una chapuza que cambió varias veces a pocas horas de que quedara depositada para el estudio de un tribunal que, por otra parte, se caracterizaba por su inexperiencia y endogamia. Sánchez sigue sin mandar la demanda contra OKDIARIO al tiempo que los hechos incontrovertibles se amontonan en su contra. ¿No tiene nada que decir, señor presidente?

Los plagios y falsedades de Sánchez, un escándalo mayúsculo e imparable
EDITORIAL esdiario  20 Septiembre 2018

Por mucho que Pedro Sánchez y su maquinaria gubernamental hayan intentado detener a cualquier precio la polémica por el supuesto plagio parcial de la tesis que le habilitó como doctor, ésta crece a diario y suma nuevas evidencias que hace irrefutables dos conclusiones: la primera, que efectivamente copió trabajos ajenos para lograr un beneficio personal; y la segunda, que además ha mentido en sede parlamentaria y en público para intentar maquillar los hechos o presentarlos como un ataque espurio de sus rivales políticos.

Sánchez esconde su tesis: si es un plagio debe dimitir con urgencia
Que la empresa propietaria del software para detectar plagios haya desmentido oficialmente y por escrito el informe presentado por Moncloa para desmentir el plagio, es gravísimo; y que haya elevado a al menos el 21% el porcentaje copiado, un escándalo.

El caso de Sánchez no es sólo ya el del plagio, irrefutable, sino el de la falsedad y la manipulación ante la opinión pública

Por si fuera poco, uno de los medios de comunicación que más se ha consagrado a defender en esto al presidente, El País, publica hoy una información que añade otro episodio lamentable a esta historia: el libro basado en la tesis que Sánchez publicó en coautoría con quien probablemente le ayudó con su tesis doctoral, quizá para premiarle, también está repleto de burdos plagios, incluyendo el discurso de un diplomático al que no se cita y del que se copiaron hasta sus erratas.

En resumen, no es discutible ya que el actual presidente hizo un trabajo doctoral con material de otros que hizo pasar por suyo; obtuvo una titulación con un tribunal repleto de amigos; publicó un ensayo que no era más que un refrito del plagio previo y, cuando se ha sabido todo, ha cargado contra los medios denunciantes, mentido a la opinión pública y tratado de esconder los hechos con una insólita manipulación de toda la secuencia desmentida por quienes debían haberla avalado.

Hasta los medios que le protegían se rinden ya a las evidencias de sus plagios y las mentiras que los envuelven

Que todo esto lo haya hecho un político que sustentó en la "ejemplaridad" el acceso a La Moncloa por la puerta de atrás, con unos socios reprobables y sin el apoyo de los ciudadanos en las urnas, hace más imperdonable la historia y más perentoria la reacción.

Inadmisible
No sólo no es un asunto cerrado, sino que está más abierto que nunca y amplía su naturaleza: hablamos de un plagio doble, sí; pero también de la mentira. La reprobación parlamentaria de Sánchez parece inevitable, pero también insuficiente. Un presidente que no ganó las Elecciones, se niega a convocarlas, pacta con los independentistas y además copia y falsea la verdad es, simplemente, inadmisible en un país como España.

Sánchez no tiene autoridad
Jorge Vilches. vozpopuli   20 Septiembre 2018

Pocas dudas quedan tras cien días de desgobierno que el pasajero VIP del Falcon es un fraude a la democracia. Pedro Sánchez ha demostrado que solo está en La Moncloa para hacer propaganda de su persona, ni siquiera de su partido, y arrinconar a sus enemigos políticos. No le ha bastado con violentar el espíritu de la moción de censura constructiva al presentarse en el Congreso sin un proyecto de gobierno y recabar el apoyo de los enemigos del régimen constitucional, sino que tenía que mentir.

Llegó a la tribuna prometiendo resolver la crisis con unas elecciones. Creyó, como aquel general Espartero que vino a solucionar la política en 1840 y se quedó de Regente durante tres años, que no había mejor pasarela política que el Consejo de Ministros. Pero Sánchez, atado por su ambición, no pudo nada más que prometer y posar, y acabó recurriendo a la trampa, como en su tesis doctoral, para romper el techo de gasto.

Apuntó a la mayoría del PP en el Senado como el gran obstáculo a su enorme sensibilidad social, pero desistió porque necesita gastar con urgencia para hacer campaña electoral en Andalucía. Y como es el “gobierno más feminista”, lo ha hecho bastardeando la Ley contra la Violencia de Género. La legalidad, ya se sabe en autoritarios, es maleable como el cuello caliente de una botella.

El asunto es grave porque falsear las instituciones y violar el espíritu de la norma ahonda la crisis política. Tenemos un Estado que mengua como estructura creíble dentro y fuera del país, cuestionado por quienes son los socios parlamentarios de Sánchez e insultado por los jueces de Bélgica. La imagen exterior de España es la de un país caótico, débil, donde los golpistas se hacen fuertes y los ex terroristas son cargados de razón moral por el bastón aúlico y podemita del que depende el Gabinete. Es más; hasta Josep Borrell, en quien muchos pusieron sus esperanzas para frenar la propaganda golpista en Europa, repitió hace días aquello de “nación de naciones”, lo que no se contempla en la Constitución y tiene un complicado encaje jurídico.

A esto, un Estado débil, se ha sumado el Gobierno con menos autoridad de la democracia. No me refiero solamente a que cada propuesta gubernamental es seguida de una rectificación, o a que ha despedido a dos ministros en tres meses y a una directora general por legalizar un sindicato de trabajadoras del sexo, sino a los tres pilares de la autoridad con los que se reviste un gobierno democrático.

El gobierno de Sánchez carece de autoridad parlamentaria, no porque únicamente tenga 84 diputados, sino porque las alianzas con sus socios, aquellos que le votaron en la moción, son espejismos. Al no haber un programa de gobierno previo, las ocurrencias de Sánchez son negociadas después de su presentación en los medios.

No tiene nada que ver con el acuerdo gubernamental al que Sánchez y Rivera llegaron en 2016, cuando aquella alianza parlamentaria hacía previsible la acción del Ejecutivo. Hoy, la incertidumbre se hace acompañar de la seguridad de que cada iniciativa de Sánchez es seguida por un chantaje de los populistas socialistas y nacionalistas. En realidad, no es un gobierno parlamentario, sino un desgobierno que deja pasar los días esperando que algo ocurra para subir en las encuestas.

Tampoco tiene la autoridad electoral. Es probable que si hubiera convocado elecciones nada más sacar adelante la moción de censura habría ganado en respetabilidad, confianza, en altura como hombre de Estado, y habría conseguido un resultado positivo. En lugar de eso, Sánchez sigue siendo un coleccionista de derrotas en las urnas, en la que la última siempre es peor que la anterior. La legitimidad en democracia se gana con el comportamiento leal y legal, sensato y respetable, que casi siempre recompensa el electorado. El presidente del Gobierno ha hecho lo contrario, y su descrédito es mayúsculo.

Por último, el ministerio Sánchez no tiene autoridad moral. La enorme e insalvable distancia entre la atalaya virtuosa en la que se situó cuando era oposición, el modo rudo con el que zarandeó la honorabilidad y honestidad de políticos del PP, el tono campanudo de inquisidor de sóviet, se compadece muy mal con lo que ahora conocemos de su pasado y presente.

La manoseada regeneración con la que quiso revestir su discurso hueco, esa exigencia de moralidad en la vida pública como en la vida privada, debería empezar por él mismo. Esa coherencia ha sido siempre una exigencia histórica. Nadie creyó en Rusia que el leninista Gorbachov pudiera fundar la democracia, como aquí no hubo osados que pensaran en Arias Navarro como instaurador de un gobierno parlamentario.

Sería conveniente recuperar la autoridad del Gobierno, al menos una de las tres, ya sea convocando elecciones o cambiando de socios.

Hay que impedir la destrucción de la democracia por macarras y tiorras.
Pío Moa gaceta.es  20 Septiembre 2018

Está en el poder un auténtico macarra con títulos académicos falsos, mentiroso compulsivo y vinculación familiar con el negocio de la prostitución homosexual y no homosexual. Este sujeto ha alcanzado el poder sin pasar por las urnas, mediante una alianza con separatistas y comunistas para desmontar legal pero ilegítimamente al anterior gobierno, que de hecho le allanó el camino al poder con una política a su vez delictiva. Y el actual mandamás ha montado un gobierno de tiorras e individuos semejantes a él, más algún iluso, y en lugar de convocar elecciones, se dedica a depurar los órganos de formación de opinión, es decir las televisiones públicas, ha empezado a hacerlo en el ejército y seguramente en otros organismos, y conculca la ley abiertamente, en Cataluña y pasando por encima del Senado en decisiones que competen a este. Todos los indicios apuntan a que planea una evolución a la venezolana.

Al mismo tiempo, está aplicando un programa de gobierno cuyos puntos básicos son la agravación de las leyes totalitarias de memoria histórica y de género impuestas por Zapatero y que desvirtuaron la democracia, convirtiéndola en una democracia fallida, sin oposición de la derecha. Los nuevos pasos se dirigen redondear el proceso con la anulación de las libertades de asociación, opinión, expresión, investigación y cátedra so pretexto de antifranquismo, y a la destrucción de la familia mediante una redoblada presión LGTBI. La corrosión de la democracia por Zapatero, proseguida por Rajoy, solo estaba dejando en pie ciertas libertades básicas que ahora se hallan seriamente amenazadas, por la presión legal combinada con la fabricación de una opinión pública envenenada desde los grandes medios de masas. Estamos de nuevo en plena eclosión de los rasgos que según Gregorio Marañón caracterizaron a la república: la estupidez y la canallería.

El programa de gobierno incluye la prosecución del auténtico golpe de estado permanente instalado en Cataluña por Rajoy, Puigdemont y Torra, con vistas a que degenere en una práctica secesión. Debe recordarse que Zapatero y luego Rajoy vaciaron prácticamente del estado a Cataluña y Vascongadas, permitiendo y financiando la infracción sistemática de la ley y el ataque permanente a España por parte de los separatistas. Lo que hoy vemos solo es la coronación de una política desintegradora de España iniciada ya con Suárez y acelerada con Zapatero.

La acción estrella del gobierno del macarra es su plan de profanar y ultrajar la tumba de Franco, un gesto simbólico del máximo alcance político-histórico. Y se entiende su sentido porque Franco venció a un Frente Popular constituido esencialmente por socialistas, comunistas y separatistas, como el de ahora (y entonces arropado como aliados menores por republicanos golpistas y por anarquistas, ambos felizmente desaparecidos hoy.) El franquismo los venció militarmente, salvó la cultura cristiana y a la Iglesia, disolvió los odios feroces de la república que condujeron a la guerra civil, libró a España de las catástrofes mayores de la Segunda Guerra Mundial, y con todo ello dejó un país próspero y apto para una democracia.

Como debe recordarse, pero nunca se hace, al comenzar la transición de formó una especie de nuevo frente popular de hecho con los continuadores de los partidos vencidos, más grupos totalitarios nuevos, diversos democristianos, etc., cuyo objetivo era enlazar con los vencidos en la guerra civil, presentándolos con increíble descaro como los auténticos demócratas. Este nuevo frente popular fue derrotado en el referéndum de diciembre de 1976 por la abrumadora mayoría de la población, que aprobó una democracia de la ley a la ley, desde el franquismo y no contra él, y sí en cambio contra aquel nuevo frente popular en ciernes, cuya debilidad quedó bien de relieve. Puede decirse que fue una segunda victoria de Franco, después de muerto.

Los partidos frentepopulistas debieron entonces disimular, aunque, por desgracia no aprendieron nada de la historia, y prosiguieron tenazmente sus maniobras basadas en la falsificación de la historia. Una falsificación que una derecha asombrosamente descerebrada aceptó y compartió. Todo ello combinado con el terrorismo separatista de la ETA y la colaboración con la misma bautizada como negociación o diálogo. Llevó tiempo formar un tercer frente popular de hecho, pero con Zapatero se hizo: aparte de las leyes de género, la ley, igualmente totalitaria, de memoria histórica, supuso el intento de invertir la historia que llevaba del franquismo a la democracia, para acabar con esta en cuanto herencia del franquismo. Ni uno solo de los partidos que apoyaron esas nuevas leyes es democrático, como no lo fueron los vencidos en la guerra civil. Y lo más grave, lo nuevo históricamente es que estas derivas fueron apoyadas en la práctica por el PP, que no les hizo la menor oposición significativa y mantuvo luego en vigor todos aquellos atentados contra el estado de derecho y la libertad. La gran plaga de nuestra democracia es un antifranquismo demencial, fabricado por los intelectuales más falsarios, los políticos más corruptos y los periodistas más ignorantes.

Y así hemos llegado hasta hoy. Es fácil entender que todos los grandes problemas y amenazas que sufre la libertad y la propia España nacen de la falsificación de la historia reciente. Del “Himalaya de falsedades”, como decía Besteiro del Frente popular, falsedades que hoy resurgen con fuerza inusitada gracias a la colaboración del PP. Cualquier estrategia para romper esa deriva, personificada en un auténtico macarra, debe partir de esta constatación. Para sanear la convivencia en libertad entre los españoles, es indispensable restablecer la verdad sobre el pasado, pues de su falsificación surge toda la gusanera que está recobrando las lacras que destruyeron la república. Todos los esfuerzos que se hagan en esa dirección serán pocos, y esta convicción debe calar de una vez en las personas moral e intelectualmente aptas que haya en los actuales partidos, y sobre todo en la población en general.

La hora del nacionalismo
Rafael Bardají gaceta.es 20 Septiembre 2018

Una ola recorre Europa, la ola del nacionalismo. Por primera vez en muchos años, si no décadas, las personas que creen que nacer en un sitio vincula y establece unos lazos sociales más fuertes con quienes están en la misma situación que con los extranjeros, ciudadanos que creen en la nación como un conjunto y un sentido propio, empiezan a tener voz a través de diversas formaciones políticas. Algunas, como Alianza Para Alemania, o la Liga en Italia, con un creciente peso y papel.

La rapidez y fuerza de su irrupción ha sacudido los cimientos de un viejo establishment, instalado plácidamente en el sueño liberal de un mundo en paz, gobernado por instituciones supranacionales, sea la UE a nivel regional, sea la ONU a nivel global. No es de extrañar, el credo comúnmente aceptado tras la Segunda Guerra Mundial en el mundo occidental ha sido que el nacionalismo es la causa de los males mayores de la humanidad, conquistas, enfrentamientos y guerras. Tan dominante se ha hecho ese discurso, que se ha vuelto imposible, al menos en Europa, hablar de las virtudes del nacionalismo. No es el momento de expandirse en ello ahora, pero conviene recordar cosas como que fue el orden de Westfalia, instaurador de la soberanía e independencia de las naciones, lo que puso fin a una sucesión de sucesivas guerras de religión; o que Hitler no era nacionalista, sino un imperialista racista que aspiraba a que Alemania controlara el mundo con su Tercer Reicht; o que si Stalin cedió la revolución permanente por el comunismo en un solo país fue por su propia debilidad y que aún así, el comunismo no dejó de ser un proyecto universalista antinacionalista.

Si en Europa el nacionalismo es un tabú, en España, me temo, es, además, un fenómeno desconocido. Hay países que en su día nacional celebran una derrota militar histórica, como es el caso de Serbia, pero las más de las veces, lo que se ensalza en la fiesta es la independencia nacional, como ocurre el 4 de julio en Estados Unidos, o el nacimiento de una nueva época, como el 14 de julio en Francia. En España el día 12 de octubre, fiesta nacional, se empezó a celebrar a comienzos del siglo XIX, como día de La Raza y evolucionó muy pronto hacia el Día de la Hispanidad. El decreto de 1981 que lo instaura como Fiesta Nacional sigue haciendo mención al carácter de expansión más allá de nuestras fronteras. El día de la Hispanidad era más que la celebración de España o de una gesta histórica de colonización, lo era también de una supuesta comunidad hispánica entre la madre patria y suyas antiguas colonias en América Latina. No es de extrañar habida cuenta de que el franquismo siempre alimentó una retórica imperial y la Iglesia Católica una visión universalista.

Basta contar, para subrayar la falta de sentimiento nacionalista en la España contemporánea, que cuando se preparaba el decreto de la Fiesta Nacional (denominación, dicho sea de paso que compite con las corridas de toros), hubo un grupo de intelectuales constitucionalistas que propusieron cambiar el 12 de octubre por el 6 de diciembre. Como si la actual constitución pudiese suplantar a la nación española o fuera su sentido último. Sus herederos defienden hoy eso que llaman el patriotismo constitucionalista.

En realidad, si hubiese que elegir una fecha para celebrar la nación española no debería ser el de su descubrimiento y conquista de América, sino el de su victoria militar sobre los moros, tras siete siglos de ocupación. Ese día podría fijarse en el 2 de enero, fecha en que se entregó la Alhambra de Granada a las fuerzas de los reyes católicos. No es una broma. Si hay algo que es común a los nacionalismos resurgentes en Europa hoy en día es su rechazo a la emigración musulmana, a quien consideran incompatible con nuestros valores, instituciones y formas de vida. Nada más alineado en términos históricos que con la Reconquista.

Un segundo rasgo del nacionalismo que recorre Europa es su profundo malestar con el proyecto político de la Unión Europea. Algo que a estas alturas debiera estar ya claro entre nosotros, pero para los españoles Europa siempre ha sido un mito dorado y nos resulta difícil destruir nuestros sueños. Particularmente si durante algunos años nos beneficiamos de sus fondos estructurales y de convergencia para construir autopistas, carreteras y redes de trenes como si tuviéramos 75 millones de habitantes en vez de los 45 que somos y que por eso nos cuesta tanto ahora mantener. Pero tarde o temprano, los velos se nos caerán y veremos con claridad que el actual proyecto de la UE no nos resuelve nuestros problemas, sino todo lo contrario.

Un tercer rasgo común también del nacionalismo en Europa es su fuerte sentimiento anti-emigración. Claro en Alemania tras el 2015, y generalizado en Italia. España vuelve a ser diferente aquí. Los españoles no muestran en las encuestas el mismo grado de preocupación o alarma con la emigración. Puede que en parte porque aquí se ha vendido durante años que el grueso de emigrantes provenía de América Latina (esa Hispanidad perdida) y que, con la misma lengua y religión, presentaban menos problemas que los procedentes de otras zonas. Y, sin embargo, todos los estudios sobre criminalidad y costes sociales, desmontan esa visión rosácea. Sólo los chinos contribuyen más con su trabajo que consumen del erario público. Con una población extranjera por encima del 11%, pronto empezaremos a sentir las consecuencias económicas y sociales.

Por último, en nuestro caso, el nacionalismo también cobra un aspecto negativo porque se asocia a los separatistas a fuerzas nacionalistas. Ergo, el nacionalismo que carcome a España no puede ser bueno, por definición. Y, sin embargo, por paradójico que parezca, sólo desde un nacionalismo español podrá derrotarse a las fuerzas disgregadoras. Sin idea de España y del pueblo español, no puede ser existir la nación española. Desgraciadamente sólo unos pocos se atreven a defender esta opción. Los más aspiran a que Europa nos disuelva y fagocite. Por suerte, ese no va a ser el fin de la película.

Y ahora un golpe de Estado.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 20 Septiembre 2018

PEDRO SÁNCHEZ PROSTITUYE UNA LEY ORGÁNICA USÁNDOLA COMO CABALLO DE TROYA PARA ELUDIR AL SENADO EN LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.

Una de las cosas que caracterizan a este PSOE de Pedro Sánchez es su absoluta desfachatez y jactancia. La última ha sido la de vanagloriarse de “habérsela colado” al PP y C’S usando lo que llaman una “argucia legal”, que no es más que una prostitución ilegal e ilegítima, un fraude de ley, al incluir en una Ley Orgánica relativa a la violencia de género machista, cuyo plazo legal de presentación de enmiendas y recursos ha concluido ayer, la parte de dotación presupuestaria que requiere para su puesta en vigor. Ello obliga a que sea el Congreso el que tenga que debatir sobre los Presupuestos Generales y de ese modo elude el posterior control y requisito de tener que ser aprobados por la otra cámara, el Senado de forma general. Es decir, usa una ley del mismo rango que la de los PGE, pero de repercusiones totalmente desproporcionadas, como caballo de Troya para nada menos que eludir uno de los dos pilares legislativos de nuestro sistema democrático, en este caso el Senado de España, donde casualmente el PSOE y sus socios no disponen de la mayoría parlamentaria que asegure su aprobación. Se trata no ya de un fraude de ley en un nuevo acto de trilerismo propio de tahúres, sino de un claro golpe de Estado al intentar anular nada menos que la labor constitucional y democrática de una de las dos Cámaras de representación parlamentaria. Un acto que no se diferencia del que el dictador Maduro ha llevado a cabo en Venezuela.

La verdadera desfachatez de este golpe de Estado es que se provoca solo para satisfacer las exigencias de los golpistas enemigos de España, donde esta misma mañana, uno de sus representantes, Joan Tardá de ERC, ha dejada muy clara su exigencia a cambio del apoyo a la aprobación de los PGE: eliminar el delito de rebelión de los golpistas presos o no será posible pactar los PGE. Es evidente que la quitada de careta del golpista de ERC mostrando el precio de su apoyo en la moción de censura, no ha podido ser respondida ni de forma coloquial siquiera por Pedro Sánchez si no quería incurrir en un delito como el que le pedía cometer Tardá al interferir en la labor de la Justicia. Así que la respuesta formal ha sido salirse por los cerros de Úbeda sin adquirir ningún compromiso ni aludir a esa amenaza. Y es que para PS lo fundamental es aprobar los PGE para poder acometer todo lo que ya está definido en su hoja de ruta para mantenerse en el poder hasta el 2020. Este paso de usar como “caballo de Troya” otra Ley Orgánica sobre algo completamente diferente y carente absolutamente de la importancia de los PGE, da idea de la desesperación que invade a esta cuadrilla de desalmados sectarios que rige nuestros destinos dispuesta a todo, incluyendo dar satisfacción a los enemigos de España a cambio de su apoyo.

Tanto PP como C’S han avisado de que usarán todos los medios a su disposición, incluido el Tribunal Constitucional, para parar esta burla de la ley, que insisto sobrepasa tal calificativo para alcanzar el de golpe de Estado y a la democracia. No basta con decirlo y denunciarlo en el Congreso de los Diputados como si fuese una simple maniobra de un trilero que esta vez intenta engañar a todos y no solo a los de su Ejecutiva Federal como aquélla nefasta tarde en la que fue destituido por traicionarles. Hay que mostrarse firmes, contundentes e inflexibles ante este ataque a la democracia y dejar constancia en el Acta de sesiones de la postura de ambos partidos y la toma de acciones para que los ciudadanos sean conscientes de las tropelías que se han perpetrado y que atentan nada menos contra la Soberanía Nacional representada en el Senado al que se quiere anular nada menos de una de las labores mas importantes, la de dar luz verde a los Presupuestos Generales del Estado. Algo que en este caso resulta más difícil al presentar este Gobierno unos PGE inaceptables en su intento de eliminar el techo de gasto e incrementar el déficit sin seguir las recomendaciones y requisitos de la UE. Este intento de anular al Senado es algo que no se puede consentir y es nuestro deber impedirlo.

Esta nueva estratagema solo corrobora la determinación de un Ejecutivo dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder y cumplir con sus bastardos pactos con los enemigos de España. Sus mensajes no van seguidos por sus actos que son claramente de cesión al chantaje de los golpistas y de los que solo buscan imponer su doctrina revolucionaria y chequista con la involución de nuestras libertades y la supresión de la democracia. La respuesta debe ser proporcional a la gravedad del desafío coordinado y concertado de esas fuerzas y por ello debemos implicar a todos los españoles para que conozcan la verdad.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!
¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo perite un buen día!

Un fraude legal con tintes chavistas
 larazon 20 Septiembre 2018

Lo que desde Podemos y otros partidos de la izquierda nacionalista viene denominándose «anomalía» no es más que la manifestación de la voluntad popular expresada en las urnas. Nos referimos, por supuesto, a la actual composición del Senado, elegido de acuerdo a los procedimientos regulados por nuestro ordenamiento constitucional, en el que el Partido Popular tiene una sólida mayoría absoluta que, entre otras facultades, le otorga no tanto capacidad de veto –figura jurídica, por otra lado, inexistente– a una determinada propuesta de déficit público, como obliga al acuerdo entre ambas Cámaras, tal y como se establece la vigente Ley de Estabilidad Presupuestaria.

De ahí que la argucia de leguleyos que defienden, notablemente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, para eliminar de hecho esa mayoría, traiga a nuestra democracia los malos aromas del régimen chavista venezolano, que no dudó en neutralizar a la Asamblea Nacional, dominada por los partidos opositores merced a una impecable victoria electoral, fabricándose una Cámara ad hoc.

En ningún caso dibujamos con trazo grueso al denunciar el sesgo antidemocrático que subyace en toda esta operación, simplemente, describimos un hecho: que en lugar de buscar el acuerdo con quien representa a la mayoría de los ciudadanos en el Senado, se pretende desconocerlo mediante un fraude legislativo impropio. No vamos a caer en la ingenuidad de recordarle al partido en el Gobierno sus anteriores protestas en favor de reforzar el papel de la Cámara Alta, entre otras cuestiones, porque el actual socialismo español no se desenvuelve, precisamente, en la coherencia, pero sí insistir en que la verdadera anomalía es que se pretenda arrebatar a los senadores, que son los depositarios por antonomasia de la Representación territorial, su derecho a intervenir en el establecimiento del objetivo de estabilidad, que afecta directamente a la financiación de las distintas comunidades autónomas.

Pero es que esta facultad del Senado tampoco es excepcional, como pretende la izquierda. Al contrario, la prescripción de la Cámara Alta, más allá de la segunda lectura de las leyes, es necesaria para, por ejemplo, reformar la Constitución, elegir al defensor del pueblo o autorizar tratados internacionales. Estamos, además, ante un fraude parlamentario que tiene otras connotaciones que no escaparán a la observación crítica de la mayoría de los ciudadanos por cuanto se pretende colar una enmienda que reforma la Ley de Estabilidad Presupuestaria durante la tramitación de una norma inscrita en el Pacto contra la Violencia de Género, con lo que se dinamita uno de los pocos acuerdos de Estado en un asunto grave, puesto que hablamos del riesgo de muerte de muchas mujeres, y de gran sensibilidad social.

Que quienes se declaran adalides de la defensa de las mujeres maltratadas contaminen una iniciativa legislativa por mero tacticismo les retrata en su doble moral. Por otra parte, esa pretendida argucia, un fraude a los procedimientos parlamentarios, ni es inédita ni original. El Tribunal Constitucional ha sentado doctrina contra ese tipo de prácticas en varias sentencias, con la exigencia de que haya congruencia y homogeneidad entre las enmiendas a un texto legislativo y la naturaleza de ese mismo texto.

Comprendemos las dificultades que atraviesa Pedro Sánchez para sacar adelante unos Presupuestos condicionados por la demagogia populista de la extrema izquierda. Pero la extrema debilidad parlamentaria del Gobierno no justifica argucias que, en el fondo, denotan falta de respeto a las reglas del juego democrático. Hay otros partidos en las Cortes, absolutamente democráticos y volcados en los intereses generales, con los que Sánchez puede negociar. Y si no, elecciones.

¿Tiene España un modelo lingüístico?
Jesús Rul. vozpopuli  20 Septiembre 2018

España se define, con relación a las lenguas oficiales, como una nación con una lengua oficial, el castellano o español, y diversas lenguas cooficiales -catalán, gallego, valenciano y vasco- en las respectivas comunidades autónomas. Esta riqueza lingüística debe ser respetada y protegida como patrimonio cultural. Todos los españoles tienen el deber de conocer el español y el derecho a usarlo.

Estos son los rasgos constitucionales básicos sobre los que construir un modelo lingüístico español. El hecho es que después de 40 años carecemos de él como garantía de derechos lingüísticos y de seguridad jurídica. Por el contrario, han sido las comunidades autónomas con otras lenguas cooficiales las que han desarrollado sus particulares modelos lingüísticos, caracterizados por la prevalencia de las lenguas cooficiales en detrimento del español hasta la desmesura, como parte fundamental de los proyectos nacionalistas centrados en la diferenciación identitaria con la exclusión de lo que consideran ajeno, España y lo español, utilizando la lengua como ariete de construcción nacional mediante la división (nosotros-ellos) y el expansionismo del catalanismo a Valencia, Baleares y Franja de Aragón, y el vasquismo a Navarra.

Este estado de cosas se ha ido gestando gradualmente, pero, pese a las diferencias entre autonomías con lenguas cooficiales en las que viven el 41,14 % de los españoles (datos del INE, 2017), ha tenido el efecto de crear inseguridad jurídica, litigiosidad lingüística y malestar ciudadano mediante presiones y obligaciones discriminatorias. El quebranto actual de derechos lingüísticos de los españoles es responsabilidad de los gobiernos de España que han eludido durante décadas regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos y en el complimiento de los deberes constitucionales en materia lingüística. La dejación de esta competencia exclusiva del Estado ha tenido que ser remediada en parte por los tribunales de justicia ante denuncias de familias en defensa de los derechos lingüísticos de sus hijos.

La jurisprudencia actual (STS 09.21.2010 y STC. 31/2010) establece para las autonomías con lengua cooficial que el castellano es lengua vehicular junto a las otras lenguas con un estatus de bilingüismo efectivo. Además, en la educación debe garantizarse un “mínimo” de un 25 % de tiempo lectivo en castellano (5,63 horas semanales en Educación Primaria) para el aprendizaje de la lengua y de una materia troncal (STS 23.04.2015). En Cataluña, por poner un caso, hasta este mínimo se incumple, excepto para los pocos centros que se han visto obligados mediante sentencia firme. En la mayoría de las escuelas sólo se dedican 2 horas a la semana en español (8,8 % del tiempo lectivo semanal).

Por eso urge dotarse de un modelo lingüístico para toda España, basado en la competencia exclusiva del Estado del art. 149.1.1 de la CE, que desarrolle el marco constitucional lingüístico con prevalencia sobre las regulaciones autonómicas y con garantías efectivas de cumplimiento: “El Estado puede regular las garantías básicas de la igualdad del castellano como lengua oficial (…), así como las garantías del cumplimiento del deber de conocimiento del castellano, entre las que se halla la obligatoriedad de enseñanza de este idioma” (STC 82/96). En consecuencia, al Estado le compete regular las condiciones básicas del modelo lingüístico de España como garantía de derechos y cumplimiento de obligaciones (CE. Art. 149.1.1).

En las primeras décadas del siglo XXI nos enfrentamos al problema de los nacionalismos fragmentarios de España y al uso supremacista de las lenguas cooficiales, cuya resolución requerirá liderazgo mantenido y decisión firme de los poderes públicos de la Nación, si no se quiere comprometer irreversiblemente la soberanía y la libertad de los españoles.

El concepto de modelo lingüístico que se propone, ajustado a la Constitución y la jurisprudencia, está formado por criterios rectores y factores constitutivos. Los “criterios rectores” de ordenación lingüística son:

Deber de conocer el español. Todos los españoles tienen el deber de conocer el español (CE. Art. 3.1) a través del aprendizaje familiar, sociocultural y educativo.
Derecho lingüístico de los españoles. El uso del español es un derecho de los españoles (CE. Art. 3.1) en todo el territorio nacional y en todos los ámbitos de la vida sociocultural, política, administrativa y económica sin límite alguno.
c. Prevalencia del Modelo Lingüístico de España (MLE). Ninguna administración territorial regulará requisitos y usos lingüísticos que limiten los derechos lingüísticos de los españoles.
Interdicción de elección lingüística (seguridad lingüística). Ningún español habrá de elegir entre opciones lingüísticas autonómicas al margen o en contra de del Modelo Lingüístico de España.

La experiencia habida demuestra que los gobiernos nacionalistas autonómicos inducen motivaciones a través del poder institucional con el efecto de decantar las decisiones personales en materia lingüística. Por ejemplo, en el País Vasco el incremento progresivo de familias que eligen el modelo lingüístico D caracterizado por todo en vasco excepto el castellano como lengua.

Respeto y protección del patrimonio cultural y lingüístico de España. Los poderes públicos garantizarán el respeto y la protección debida al patrimonio cultural y lingüístico (CE. Art. 148.1.17 y 149.1.1):

-Regulación legal de los medios de comunicación con respeto al pluralismo de la sociedad y de las lenguas de España (CE. Art. 20.3).

-Las autonomías con lengua cooficial son competentes para fomentar la enseñanza de dicha lengua (CE. Art. 148.1.17).

Los “factores constitutivos” básicos son:
-Lengua vehicular. La lengua que es vehículo normal de entendimiento entre personas: el español, en las autonomías con una lengua oficial; el español y las otras lenguas españolas en las respectivas autonomías. La cooficialidad lingüística comporta igualdad absoluta de tratamiento oral, escrito y digital (bilingüismo efectivo).

En todo caso, el uso del español por españoles es un derecho en todo el territorio nacional que excluye cualquier discriminación ciudadana, educativa o laboral como establecer requisitos lingüísticos o asignar puntuación selectiva en los baremos de méritos para acceder a puestos de trabajo, en la comunicación social, oral y escrita.

-Lengua de enseñanza y aprendizaje en autonomías con dos lenguas cooficiales:
Lengua vehicular en todos los niveles educativos. Aplicación de lo expuesto en el apartado anterior.
Materias lingüísticas. Tratamiento igual de ambas lenguas oficiales con el mismo número de horas curriculares. Las necesidades lingüísticas específicas de los alumnos se tratarían con recursos educativos adicionales.

-La enseñanza del “proceso lectoescritor” (5 cursos, de 3 a 8 años) se hará en la lengua materna de los alumnos sin que ello implique segregación: los alumnos se agrupan según criterios ordinarios y se distribuyen en grupos flexibles para el aprendizaje de las lenguas como se hace normalmente con otros aprendizajes.

-Los programas de “inmersión lingüística”, en caso de ofrecerse, serán voluntarios para las familias y en ambas lenguas cooficiales. El modelo de inmersión lingüística en catalán, impuesto obligatoriamente a los alumnos de habla española es discriminatorio con relación a sus compañeros de habla catalana que aprenden en la lengua materna o habitual, conculca derechos lingüísticos constitucionales y es un hándicap para el éxito escolar de muchos alumnos.

-La enseñanza de “lenguas extranjeras” tendrá la distribución horaria adecuada a los objetivos curriculares.

Aprendizaje de materias no lingüísticas. El 50% de las materias preferentemente troncales o análogas se impartirán en lengua española y el otro 50% en la lengua cooficial.

-Los proyectos educativos multilingües, con una o más lenguas extranjeras, podrán impartir materias no lingüísticas en dichas lenguas respetando en todo caso el 50% de las materias en lengua española. Este criterio se fundamenta en que las autonomías con lengua cooficial tienen la competencia de fomentar la enseñanza de esa lengua como materia lingüística (CE. Art. 148.1.17), pero no de utilizarla en la enseñanza de materias no lingüísticas.

Tolerancia CERO con la imbecilidad.Un país, un idioma Oficial
Nota del Editor 20 Septiembre 2018

Como expresa la imagen de www.masaborreguera.com en nuestra portada: Tolerancia CERO con la imbecilidad.Un país, un idioma Oficial.

Hay que derogar todas las leyes de lenguas regionales. Cualquier derecho otorgado a las lenguas regionales implica el menoscabo del español.

Los inspectores, indignados con Celaá mientras el PP dice que sí actuó ante el informe sobre adoctrinamiento
La ministra de Educación sigue echando por tierra el informe sobre adoctrinamiento en Cataluña que elaboró su propio departamento.
esRadio Libertad Digital 20 Septiembre 2018

Este miércoles, ha continuado en el Congreso la polémica sobre el informe sobre adoctrinamiento en las aulas catalanas elaborado por el Ministerio de Educación y cuyo contenido había permanecido oculto. A preguntas de Ciudadanos, la ministra de Educación, Isabel Celaá ha insistido en criticar por "falta de rigor" el informe y en justificar que siga sin hacerlo público y ha llegado a acusar de "mala fe" a los funcionarios que lo elaboraron: "¿Es descuido, falta de rigor o simplemente mala fe?" que sobre un mismo libro el documento de la Alta Inspección diga que se habla de la Constitución y luego más abajo se alegue lo contrario, ha planteado a preguntas de Juan Carlos Girauta.

En Es la Tarde de Dieter, de esRadio, Manuel Blanco, uno de los autores del informe y ex director de la Alta Inspección en Baleares ha lamentado que con estas declaraciones se esté "poniendo en tela de juicio la independencia de un funcionario" y el "honor de una persona" y ha señalado que el texto "no iba contra nadie" ni tenía "finalidad persecutoria". "Estas palabras están totalmente fuera de lugar", ha dicho antes de afirmar que está "dolido" y de insistir en que "no puede dejar a los pies de los caballos" a los que han estado trabajando por garantizar la educación en nuestro país. Por su parte, el presidente de la Unión Sindical de Inspectores ha recordado que el informe se elaboró "para dar respuesta a las quejas de unos ciudadanos": "Si una persona halla deficiencias lo que hace es subsanarlas, no tiene sentido meterlo en un cajón".

Desde el PP, la secretaria ejecutiva de Educación del partido, Sandra Moneo, ha lamentado que la ministra hay cuestionado la "profesionalidad de quienes conocen el sistema educativo" y se ha reafirmado en lo avanzado por el presidente de su partido, Pablo Casado, sobre la posibilidad de recuperar competencias educativas "si no somos capaces de garantizar el derecho a la educación" en condiciones "de igualdad" y ante casos de adoctrinamiento".

Sobre el hecho de que el informe fuera encargado y conocido por Íñigo Méndez de Vigo, Moneo ha señalado que el Gobierno "no se quedó de manos cruzadas" con el informe sino que "se puso inmediatamente en contacto con la Real Academia de la Historia" para "buscar un punto común" que permitiese "desarrollar un decreto de contenidos comunes y unos manuales comunes" en relación a la Historia de España que pudieran estudiar todos los alumnos.

En el momento en el que se encargó el informe, el secretario de Estado de Educación también afirmó que el Ministerio había recurrido a la Real Academia de Historia para que verificara las posibles manipulaciones en los manuales de Historia o Ciencias Sociales. El informe en todo caso tampoco salió a la luz con los populares y la propia Moneo, aunque ha defendido el trabajo de los inspectores, ha señalado que "no conocía" el documento y ha remitido al propio Méndez de Vigo.

"Las decisiones se pueden tomar en diferentes ámbitos", ha defendido Moneo, que ha señalado que "ahora nos corresponde valorar el escenario encima de la mesa" y "tendremos que replantearnos las competencias de la inspección y las que tiene el Estado".

La República Islámica de Cataluña
http://www.yolanda.info 20 Septiembre 2018

La población musulmana, que en algunas ciudades catalanas llega a un 40% del total, forma parte de los que sueñan con una Cataluña independiente. Por el porcentaje de los que profesan el Islam, la comunidad autónoma ocupa el tercer lugar en Europa, después de Francia y Bélgica.

Al mismo tiempo, destaca la alta concentración de los musulmanes de la corriente más radical: los salafistas. De este peligro advierte en su ensayo el analista del Instituto Gatestone, Soeren Kern. “Una Cataluña independiente (…) surgiría como el punto cero para la Yihad salafista en el continente y llegaría a ser una de las incubadoras para el terrorismo islamista en Occidente”, advierte el investigador. Según sus datos, la meca de radicalismo islámico es la ciudad de Tarragona.

Pero también destaca el municipio de Salt, cerca de Barcelona, donde cerca de 12.000 personas, del total de 30.000 habitantes, son inmigrantes musulmanes. Entre sus próximos planes figura la construcción de una “mega-mezquita” de 1.000 metros cuadrados acompañada con minaretes: una obra que contará con apoyo financiero de Arabia Saudita.

Barcelona cuenta ya con cinco mezquitas salafistas. Badalona, Calafell, Cunit, Gerona, Lérida, Mataró, Reus, Roda de Bara, Rubí, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi, Torredembarra, Valls, El Vendrel y Villanueva y Geltrú se han hecho con sus comunidades islámicas, dice el experto. Todas ellas observan sus propias leyes. Los imanes salafistas fundan sus tribunales de sharia para juzgar a los correligionarios, tanto practicantes como no practicantes, y castigar a los que no acatan las órdenes, argumenta Kern. Ellos abogan por una sociedad musulmana ‘paralela’ a la vida cotidiana de Cataluña. Y en las escuelas islámicas ya enseñan a los alumnos que las normas de la sharia están por encima del derecho civil del Estado.

Finalmente, los grupos salafistas son muy activos políticamente. Pero los independentistas apenas podrían contar con sus votos. “Todos votaremos por los partidos islámicos porque no confiamos en la izquierda ni en la derecha”, avisa un predicador salafista residente en Lérida, consultado por el ensayista. “Eso nos llevará a ganar en los consejos locales y mientras acumulemos el poder en la Comunidad Autónoma, el Islam empezará a implementarse”.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
La tentación autoritaria de Pedro Sánchez

EDITORIAL El Mundo  20 Septiembre 2018

Lo que sucedió la noche del martes no fue una muestra más de filibusterismo parlamentario. Tampoco un atajo «creativo» y venial que contara con precedentes comparables cuando gobernaba el PP, como pretende hacernos creer el relato suministrado por Moncloa. Lo que sucedió fue el triste espectáculo de un Gobierno que huye ciegamente de su propia debilidad, arrollando los contrapesos democráticos a su paso. Lo que sucede es que desde hace 100 días gobierna España un candidato que perdió las elecciones y ganó una moción de censura, y que está determinado a compensar su falta de escaños con su falta de escrúpulos, al precio de la degradación institucional.

Quien mejor ha explicado la jugada ha sido el socio preferente del Gobierno, Pablo Iglesias. Para él es "completamente legítimo" retorcer el reglamento para burlar al Senado, porque allí impera una "mayoría espuria". O sea, la del primer partido de la oposición. Que un admirador del chavismo arguya que el fin justifica los medios y apele a legitimidades alternativas, pretendidamente superiores, para atropellar los controles formales sobre los que se asienta la democracia liberal no nos sorprende: Iglesias nunca ocultó demasiado su condición. Lo que nos alarma es que el partido que más años ha gobernado España desdibuje su identidad socialdemócrata y se deslice por la peligrosa senda del populismo iliberal, aquel que presenta la pluralidad social consagrada en la representación parlamentaria como una rémora anacrónica que lastra la acción ejecutiva. Claro que los populistas que socavan el principio de separación de poderes en Europa ganan elecciones; ni siquiera es el caso de Sánchez.

Pese a todo, el actual presidente no ha tenido reparo en volar la facultad de control presupuestaria atribuida al Senado colando una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (que desarrolla el artículo 135 de la Constitución) en otra ley orgánica sobre la violencia de género admitida ya a trámite. Es decir, calificada por la Mesa del Congreso, a la que se ha escamoteado la posibilidad de pronunciarse por la única razón de que en ella manda la oposición. De modo que el Ejecutivo está usurpando la función legislativa de todo el sistema bicameral con tal de asegurarse unas semanas más de vida para negociar y presentar sus Presupuestos a tiempo y no verse abocado a anticipar elecciones. No hay antecedentes de algo lejanamente parecido en democracia.

Fue el propio PSOE el que protestó ante el Tribunal Constitucional por el abuso de la enmienda fraudulenta, ese procedimiento indigno que consiste en colar de rondón en una ley en curso una enmienda que activa otra reforma que se desea hurtar al trámite parlamentario. Los senadores socialistas en su día protestaron contra esta práctica del PP, alegando que vulneraba sus derechos de participación política. El TC les dio la razón. Hasta 14 sentencias ha contabilizado este periódico en las que se establece nítidamente su doctrina sobre la exigencia de conexión material entre la iniciativa legislativa y las enmiendas presentadas con ella. Sin embargo, para cuando el TC quiera resolver el recurso que plantee la oposición ya se habrá cumplido el ciclo electoral. Por eso Sánchez está decidido a seguir adelante. ¿Será capaz de desoír un informe de los letrados que advierta expresamente del fraude? Si así fuera, estaría importando las peores mañas del Parlament, que se abre o cierra al antojo del Govern y cuyos letrados son ignorados cuando advierten de que se están rebasando los límites legales.

Las instituciones existen para protegernos de la voluntad de poder de las personas que eventualmente lo ostentan. En eso consiste el juego democrático. Apenas podemos creer que Pedro Sánchez no conozca las consecuencias históricas de despreciar las reglas parlamentarias. Pero si las conoce, entonces es peor. Mucho peor.

Truco, trampa, treta, trola

En lugar de impulsar un gran pacto constitucional, Sánchez juega al despiste emulando a Gollum aferrado a su «tesoooro»
Isabel San Sebastián ABC 20 Septiembre 2018

El diccionario de la lengua española abunda en términos descriptivos de las armas empleadas por Sánchez en defensa de una poltrona tan ambicionada como inmerecida. No hay truco de prestidigitación parlamentaria que le parezca inaceptable, trampa en la que no esté dispuesto a meterse, arrastrándonos a todos con él, treta política que le repugne o trola cuyo grosor se le atraviese en la garganta. Como ocurre en la magistral obra de Tolkien, el «anillo» es un talismán al que está dispuesto a sacrificar cualquier cosa, empezando por su palabra, que hoy por hoy ya nada vale.

Sánchez ha mentido en tantas ocasiones que es imposible llevar la cuenta. Mintió al prometer que convocaría elecciones cuanto antes y al asegurar que «su» tesis estaba disponible para cualquiera que quisiera consultarla. Mintió al proclamar que no había plagiado y al publicar los resultados de un análisis que la propia empresa propietaria de la licencia ha tenido que corregir, multiplicado por más de veinte el porcentaje de coincidencias detectadas en el texto estudiado. Miente o induce a sus ministros a mentir hasta incurrir en ridículos como el de la portavoz Celaá al afirmar que las bombas vendidas a Arabia Saudí no matarán yemeníes. Su Gobierno ha inventado los misiles bondadosos, sensibles, considerados con los inocentes y capaces de discriminar objetivos en función de su nacionalidad. ¡Lo nunca visto, señores!

Este presidente está tan hambriento de despacho y a la vez tan pagado de sí mismo que considera lícito, legítimo, irreprochable e incluso admirable lo que cualquier persona provista de conciencia democrática rechazaría. Trucos y tretas de embaucador. Por ejemplo, ser elevado al alto cargo que ocupa a lomos de algún partido separatista manchado de sangre y de otros cuyos máximos dirigentes están encarcelados o bien huidos de la Justicia, acusados de delitos de rebelión, malversación y prevaricación. Por ejemplo, utilizar sin pudor la ley contra la violencia de género para introducir en ella una enmienda destinada a colar con calzador unos presupuestos impuestos por los populistas de Podemos, que lastrarán irremediablemente nuestro ya menguante crecimiento económico. Por ejemplo, tomar al asalto la radio y televisión públicas, haciendo en ellas una escabechina de profesionales, a mayor gloria de ciertos palmeros expertos en ver la paja en el ojo diestro e ignorar la viga en el siniestro. Por ejemplo, al amenazar a los medios de comunicación que, como ABC, cumplen con su deber de informar, en uso de su libertad, con el propósito fallido de amedrentarnos.

Entre atajos, triquiñuelas, embustes e informaciones amañadas en un intento desesperado de tapar sus muchas vergüenzas, el inquilino de La Moncloa se olvida de lo esencial y nos hunde en un pozo oscuro cuyo fondo es la destrucción de España. Porque mientras él se agarra a clavos ardientes con tal de sobrevivir, sus socios siguen limando los pilares del Estado de Derecho en su avance hacia la independencia. En Cataluña la convivencia se deteriora un poco más cada día que pasa ante los abusos impunes de una administración autonómica claramente alineada con el golpismo. En el País Vasco se humilla constantemente a las víctimas con el trato privilegiado dispensado a los victimarios y el relato falsario elaborado para blanquear el terrorismo etarra. España se descose, se deshace, se diluye, se desdibuja... Y en lugar de poner freno a esa deriva impulsando un gran pacto constitucional, o en su defecto convocando elecciones, Sánchez juega al despiste con sus tretas de trilero, emulando a un patético Gollum aferrado a su «tesoooro».

Frente a los regalos de Sánchez, la chulería de Torra
OKDIARIO 20 Septiembre 2018

El presidente Pedro Sánchez ha alimentado al monstruo del independentismo con sus constantes cesiones. Lejos de conseguir aplacarlos, siguen reclamando con creciente avidez. Ante las prebendas concedidas por el Gobierno socialista, Torra y sus acólitos responden con más provocaciones. El mismo día que el presidente de la Generalitat insiste en que no va a “aceptar” una sentencia que “no sea la absolución” de los golpistas y pide que la Fiscalía admita que el caso denominado ‘procés’ fue un montaje, sabemos que encabezará la manifestación que se jacta del asedio a la Consejería de Economía y Hacienda de hace un año. Entonces, miles de violentos imposibilitaron la actuación policial del Estado a través de la Guardia Civil.

Ese día empezó a erigirse de forma manifiesta el golpe de Estado que culminó con el referéndum ilegal del 1 de octubre. Dicho asedio provocó que los líderes de ANC y Òmnium Cultural estén acusados de sedición, los mismos a los que Torra pretende librar de sus condenas chantajeando al Gobierno. Y es que para el dirigente xenófobo nunca es suficiente. De nada le ha valido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya mirado para otra parte durante parte del acoso que, sin piedad, ha sufrido el magistrado Pablo Llarena por parte de los sectores más radicales del independentismo. Los sediciosos son conscientes de que en la debilidad del Ejecutivo de Sánchez está su fortaleza. Así, a Torra se le ha unido también Joan Tardà.

En otro desafío intolerable al Estado, el portavoz de ERC en el Congreso ha exigido al presidente que presione al fiscal si quiere aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Una amenaza que pone en solfa la viabilidad de las Cuentas Públicas y, por lo tanto, una parte esencial de la prosperidad futura de todos los españoles. Nuestro país no puede seguir en manos de estos pirómanos de la política del mismo modo que Sánchez no puede seguir concediendo regalo tras regalo para lograr tan solo constantes ataques o amenazas veladas. ¿De qué ha servido que acercara a los golpistas a Cataluña? ¿Para qué la predisposición presidencial a conceder un nuevo Estatut? ¿Y la concesión de 1.000 millones de euros anuales en infraestructuras para Cataluña? De nada, no ha servido de nada. Sólo para dañar aún más a España.

Cuando el 'procés' optó por la violencia
Editorial elespanol  20 Septiembre 2018

Este jueves, 20 de septiembre, el independentismo catalán celebra el aniversario de uno de los hitos del procés. Se cumple un año del día -y de la noche- en que una turba de 60.000 independentistas acorraló a la comitiva judicial que acudió a registrar la sede de la Consejería de Economía en busca de material para celebrar el referéndum ilegal del 1-O.

Más allá del simbolismo que el mundo nacionalista quiera dar a sus héroes Sánchez y Cuixart, líderes entonces de ANC y Òmnium Cultural que azuzaron el gravísimo tumulto, esta fecha es especialmente relevante para el relato judicial de lo ocurrido. De hecho, el Tribunal Supremo considera que es en esa fecha cuando el proceso independentista cruzó todas las líneas rojas y recurrió a la violencia.

Rebelión en la calle
Las imágenes de aquellas horas hablan por sí solas: una masa enfervorecida destrozando impunemente vehículos de la Benemérita y el edificio del Gobierno autonómico, donde se estaba llevando a cabo la investigación, rodeado, hasta el punto de que la secretaria judicial tuvo que escapar por la azotea tras más de 20 horas retenida.

Es precisamente el uso de esa violencia -y otras que vendrían después- lo que permite al juez Llarena justificar la imputación por rebelión a los ex líderes de ANC y Òmnium, que podrían enfrentarse por ello a penas de hasta veinticinco años de cárcel.

Altavoz de la violencia
No por casualidad es en este lugar donde los separatistas han previsto, coincidiendo con el aniversario de este lamentable episodio, una manifestación que cuenta con el apoyo del propio Gobierno de Torra, además de la CUP y de los CDR.

Es intolerable que un representante del Estado jalee y homenajee a quienes trataron de coartar y torpedear la labor de la Justicia. Que Torra aplauda a quienes encabezaron la rebelión del 20-S lo convierte en un peligroso altavoz del vandalismo y alguien con quien no puede dialogarse, por más empeño que le ponga Pedro Sánchez.

La mala fe del adoctrinador
Cristina Losada Libertad Digital 20 Septiembre 2018

Esa labor adoctrinadora en la enseñanza, que es propia de regímenes totalitarios, se ha hecho en Cataluña con plena conciencia. No por error ni por descuido. No se trata de casos aislados.

Los extractos que ha publicado El Mundo del estudio de la Alta Inspección del Estado que desvela el sesgo nacionalista y separatista de manuales escolares usados en Cataluña no me han causado sorpresa. Y no porque tuviera de antemano la certeza de que el nacionalismo ha impregnado allí los libros de texto con su melaza victimista y su hiel rencorosa. Era simplemente que todo lo que aparecía recogido en las noticias me resultaba familiar. Ya lo había leído, ya lo había visto, ya lo conocía. Todo lo recogido en el estudio, desde los ejemplos que ponía hasta las conclusiones que sacaba, era prácticamente idéntico a lo que había podido leer hace años en un libro de Pedro Antonio Heras basado en el examen de unos 350 manuales, libros de texto y otros materiales empleados en las aulas catalanas.

La materia prima del libro de Heras (La España raptada. La formación del espíritu nacionalista) eran manuales de la década de 1990. La del estudio de la Alta Inspección es una muestra más reciente, aunque mucho más reducida. Han pasado los años, pero el espíritu nacionalista es el mismo. En todo caso, el espíritu adoctrinador no ha menguado. El sesgo ideológico del material escolar no es ahora menos evidente, sino más. Con el paso de los años, con el paso de ministros y Gobiernos de España ciegos, sordos y mudos ante esas prácticas, ¿qué otra cosa se podía esperar? Casi es gracioso que los dialogantes hablen, cada tanto, de blindar las competencias en Educación de la Generalitat para solucionar el problema: ¡pero si ya han estado blindadas!

Voy con unas muestras de los años 90. La mentira histórica: "Desde 1714 Cataluña fue incorporada a España por derecho de conquista, es decir, porque ganaron una guerra" (Geografía, 1996). "Cataluña se configuró como un estado independiente (...) La independencia política se perdió en 1714. Cataluña fue conquistada por los Borbones (...) y anexionaron Cataluña a su Corona (...) El aspecto centralista y uniformista, que era el patrón de la cultura castellana, fue constantemente contestado por los catalanes" (Ciencia Social, ESO, 1996).

La apología de la autodeterminación: "El acatamiento del marco constitucional vigente no significa la renuncia del pueblo catalán a la autodeterminación". Y: "La libertad que no tenemos: la de ejercer el derecho de autodeterminación" (Ciencias Sociales, ESO, 1995).

El ataque a los defensores del bilingüismo: "Sin duda, la maniobra intoxicadora más destacable será el documento aparecido en un diario español pocos días después del intento fallido de golpe de Estado del 23-F (Diario 16, marzo de 1981) titulado Por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, conocido con el nombre de Manifiesto de 2.300 castellanohablantes" (Conocimiento del Medio, 1990).

La obsesión con los de fuera y el desprecio hacia ellos: "El gobierno franquista iniciará una política de favorecer las migraciones con el velado propósito de desvirtuar y aniquilar la cultura catalana" (Conocimiento del Medio, 1990). "Los inmigrantes del franquismo eran personas de escaso nivel cultural y que tenían las categorías profesionales más bajas. Para acabarlo de redondear, el hecho de que fuesen a vivir en barrios recién creados en que todos los vecinos eran castellanohablantes, y la voluntad franquista de utilizarlos como instrumento de castellanización de Cataluña, hacía más difícil todavía que pudieran compartir su lengua y sus costumbres con los propios de la tierra que los acogía" (Historia, Bachillerato, 1999). "Los jerarcas del régimen totalitario pensaron que finalmente habían encontrado la manera de desnacionalizar y hacer desaparecer Cataluña, españolizando a amplios sectores de la burguesía catalana y a través del alud de inmigrantes que vivirían y se desarrollarían en Cataluña totalmente al margen de la lengua, de la cultura y del modo de ser catalanes" (Ciencias Sociales, Historia, ESO, 1995).

Así eran los libros de texto en aquellos años. Repito: no han mejorado. Pero ya que la ministra de Educación ha desacreditado el informe de la Alta Inspección, ya que ha puesto un par de ejemplos en el Congreso para quitarle valor y "rigor científico", ya que ha acusado de "descuido o simple mala fe" a sus autores, hay que decirle: la mala fe, señora Celáa, está toda de la parte de los que utilizan los manuales escolares para inculcar a los alumnos una ideología y pervierten la enseñanza con falsedades, mentiras o medias verdades.

Esa labor adoctrinadora en la enseñanza, que es propia de regímenes totalitarios, se ha hecho en Cataluña con plena conciencia. No por error ni por descuido. No se trata de casos aislados. Ha sido y es una política. Una política del Gobierno regional catalán. Una política perfectamente visible estas décadas, pero de la que además hay constancia documental. El Periódico de Cataluña publicó, en 1990, un documento de trabajo que circulaba por los departamentos del Gobierno y las altas esferas del partido de Pujol. Es el que suele denominarse por su encabezamiento: La estrategia de la recatalanización.

Ya lo conocerá Celaá, aunque haga como que nada sabe de todo esto, pero le pondré aquí las principales estrategias que proponía para la enseñanza, que es materia de su incumbencia. Entre los objetivos, figuraba en primer lugar éste: "Impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y estudiantes". Entre las actividades fundamentales, estaban las siguientes:

"Elaboración de un plan de formación permanente y de reciclaje del profesorado que tenga en cuenta los intereses nacionales".

"Establecer acuerdos con editoriales para su elaboración y difusión [de libros de texto sobre historia, geografía, arte, literatura, economía, etcétera, de Cataluña y de los Países Catalanes] con subvenciones si es necesario".

"Catalanización de los programas de enseñanza. Análisis previo y aprobación del contenido por parte de personas responsables y de confianza".

"Reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza. Vigilar de cerca la elección de ese personal".

"Incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas".
"Velar por la composición de los tribunales de oposición".

Esto, en 1990. Esa era la pedagogía. Eran los propósitos de intervención ideológica en la enseñanza, de contaminación nacionalista del sistema educativo, que los Gobiernos nacionalistas catalanes, incluidos los que lideró el PSC, han cumplido con creces veintiocho años después. Es claro que la ministra y el Gobierno socialistas no piensan hacer nada, igual que nada hicieron sus predecesores del PP, para restaurar el rigor académico y defender el derecho de cualquier ciudadano a no soportar el adoctrinamiento en la escuela pública. Cuando existen tantos indicios de malas prácticas, lo mínimo que tiene que hacer un ministro de Educación es investigar más. En lugar de ello, Celaá niega de hecho que exista tal abuso. Lo niega frente a todos los documentos y hechos que lo demuestran. ¿De qué tienen ustedes miedo, señora Celaá?


Retorcer la historia
Teresa Giménez Barbat okdiario  20 Septiembre 2018

El ministro de Educación del Gobierno anterior, Íñigo Méndez de Vigo, sepultó el informe en el fondo de un cajón, y la ministra que le sucedió, Isabel Celaá, después de dar a entender que el traspaso de cartera no había incluido el documento, desautorizó a los funcionarios del Estado que lo elaboraron. Me refiero, obviamente, al informe sobre los libros de texto encargado por el Gobierno a la Alta Inspección del Estado, y que concluyó que en Cataluña, y particularmente en las asignaturas de humanidades, los manuales “contravienen los derechos, libertades y deberes fundamentales recogidos en la Constitución Española y en las leyes orgánicas educativas, incitan al separatismo, ignoran la presencia de Cataluña dentro de España, utilizan elementos del discurso nacionalista soberanista para retorcer la historia de manera aleccionadora”.

El corolario no ha de sorprender a nadie que viva en Cataluña, y no sólo por el conocimiento que, en mayor o menor medida, hayamos podido tener de ese material, a través de nuestros hijos o de forma directa, sino porque se trata de la misma letanía que difunden los medios de comunicación públicos, con TV3 al frente, y que, en cierto modo, caracteriza el discurso hegemónico en la comunidad. No hay nada, en suma, que no forme parte sustancial de la retórica supremacista que, a cuentagotas o a granel, de modo amable o bruscamente, informó las proclamas de los Pujol, Mas y Carod e informa las de los Torra, Puigdemont y Rufián.

Así, por ejemplo, en la Historia de España de segundo de Bachillerato de la editorial Teide, mientras que Cataluña aparece descrita como un país —un país, sí— próspero, dinámico y moderno, el resto de España suele explicarse a partir de palabras como jornaleros, campesinos, paro y, en general, toda una semántica del atraso. Y en el de Vicens Vives, las referencias al catalanismo van acompañadas de adjetivos positivos como democracia, tolerancia, evolución, reivindicación, libertad, soberanía, progreso, autonomía…; en cambio, la relación Cataluña-España se halla anclada a keywords como opresión, descontento, prohibición, menosprecio, humillación, protestas, dictadura, ocupación. Una auténtica genealogía del autoritarismo. De la lectura de este peritaje, por lo demás, se infiere un hecho en el que nunca se insistirá lo suficiente, y es que la verdadera inmersión ha sido ideológica. No en vano, más allá de la coerción, del atentado contra la libertad que supone imponer el catalán como lengua vehicular, de la sinrazón de que en una comunidad española no pueda estudiarse en español, lo crucial en la estrategia nacionalista ha sido la inoculación en el alumnado de la idea de que Cataluña y España son entidades distintas, inexorablemente distintas, allanando el aula para que el desprecio por España y los españoles tenga credencial de normalidad.

La reacción de PP y PSOE ilustra de manera ejemplar lo que ha sido la actitud de ambos partidos ante el catalanismo prácticamente desde que nuestra democracia diera los primeros pasos. Mientras los primeros ocultan la verdad para no incomodar a la bestia, los segundos, más desenvueltos, niegan su existencia misma. Sólo así cabe entender que Celaá acuse a los autores de “falta de rigor” y, en el colmo de la estulticia, invoque la libertad de expresión para no retirar de inmediato unos libros que no son sino una pieza maestra de la denominada construcción nacional. Lo de Celaá y Méndez, en fin, no parece peor que según qué corrupciones. Tan sólo cabe recordar que en la enésima cesión al chantaje con que la izquierda pretende dar por acabado el procés, está previsto el blindaje, es decir la impunidad, de esta clase de enseñanza.

La Guardia Civil o Policía Nacional debe asumir el mando de los Mossos
Mateo Requeséns gaceta.es  20 Septiembre 2018

Aunque no es una novedad la falta de neutralidad de los Mossos, su última actuación con ocasión de la manifestación de Hablamos Español, ilustra perfectamente el riesgo de la quiebra del Estado de Derecho en Cataluña.

Parece que en esta España tan ramplona nos hemos olvidado de valorar los comportamientos cívicos cotidianos de las personas que respetan las leyes y tan sólo quieren vivir en paz en su patria. Héroes anónimos que pese a estar siendo sometidos a brutales presiones continúan siendo ciudadanos honrados.

Nos referimos a todos aquellos españoles que, tanto en Cataluña como en el País Vasco, jamás han recurrido a la Ley del Talión para contestar las continuas agresiones separatistas.

En el País Vasco, tras los largos años de violencia, asesinatos, agresiones, estragos, coacciones, extorsión y matonismo aberzale, acompañados de los silencios y la propaganda nacionalista de los sucesivos gobiernos del PNV, se ha producido una limpieza, no étnica, pero sí ideológica. Basta recorrer los pueblos y ciudades vascas para comprobar cómo el nacionalismo ha sepultado cualquier manifestación popular de españolidad y como esos españoles normales deben ocultar sus simpatías. Fernando Aramburu ha sabido retratar fielmente este ambiente opresivo en su novela Patria.

Por ello hay que alabar a las víctimas de ETA, familiares de asesinados, exiliados y perseguidos que nunca cayeron en la tentación del ojo por ojo y el diente por diente. Durante los años de plomo soportaron con resignación y lágrimas el desprecio de las autoridades y partidos políticos, el ninguneo de los medios de comunicación y la cobardía de sus vecinos, cuando no su complicidad con los asesinos. Y a día de hoy siguen soportando la farisea equidistancia de los partidos gobernantes y su cuento sobre la derrota de ETA, cuando uno y otro día ven a sus verdugos salir de las cárceles para ser homenajeados por una repugnante sociedad vasca, y encuentran a los mentores políticos de esos mismos verdugos dirigiendo las instituciones u ocupando cargos públicos. Jamás los españoles sojuzgados por el separatismo vasco acudieron a la violencia para vengar los atentados y humillaciones que sufrían, demostrando tanta grandeza como bajeza desplegaban los separatistas.

En Cataluña nadie en su sano juicio se atrevería a sostener que existe una situación de normalidad, ni política ni social. Con unas instituciones ocupadas por unas autoridades en abierta o insidiosa rebeldía contra la Nación española y el Estado, con unas masas fanatizadas empeñadas en ocupar los espacios públicos para expulsar a todo aquel que no respalde el separatismo, nuevamente nos encontramos ante un escenario en que los españoles deben soportar la persecución por el simple hecho de querer ser normales. El empeño por plagar de lazos amarillos toda Cataluña ha subido un escalón con ocasión de la manifestación de Hablamos Español. A los separatistas no les basta ya con monopolizar con sus símbolos las calles, además han de demostrar que son suyas, impidiendo cualquier expresión pública de españolidad. Y de nuevo los españoles humillados y perseguidos dan una lección de heroico pacifismo no respondiendo a las agresiones separatistas.

Pero no nos engañemos, cuando el imperio de la ley no existe y el Estado de Derecho no funciona, la tentación de cogerse la justicia por la mano crece exponencialmente, por ello es tan importante que los presos etarras cumplan sus condenas, que los golpistas catalanes paguen sus fechorías y que el Estado respalde a todos los españoles normales que soportan las coacciones directas o indirectas del separatismo.

Aunque no es una novedad la falta de neutralidad de los Mossos, su última actuación con ocasión de la manifestación de Hablamos Español, no garantizando la libertad de reunión y expresión de los manifestantes para evitar tener que desalojar a los energúmenos separatistas que les impedían seguir su recorrido legalmente autorizado, ilustra perfectamente el riesgo de la quiebra del Estado de Derecho en Cataluña.

Los españoles normales nunca pondrán en peligro la convivencia pacífica en Cataluña, igual que no lo hicieron en Vascongadas, el riesgo de una confrontación civil sólo radica en el hecho de que las autoridades no cumplan con sus obligaciones, actúen sectaria o cobardemente, sin impedir con todos los medios legales a su alcance este tipo de violencias del separatismo.

Por ello, y en tanto no se normalice la situación en Cataluña, resulta imprescindible poner bajo la responsabilidad del Estado el orden público y la seguridad ciudadana, lo que desde luego debe implicar que de nuevo se aplique el 155 para poner bajo las órdenes directas de los mandos de la Guardia Civil o Policía Nacional al cuerpo de los Mossos.

Policía
Nota del Editor  20 Septiembre 2018

Policía, en singular. La derogación de todas las leyes de lenguas regionales es condición necesaria para conseguir que España no desaparezca. El desmantelamiento del tinglado autonómico es también condición necesaria y ello implica la desaparición de todas sus disparates. Y ya puestos, eso de tener dos cuerpos de seguridad Guardia civil y Policía Nacional tampoco es muy razonable. Y eso de que no haya efectivos suficientes para la defensa de las fronteras es otro disparate teniendo el ejército que ya debería estar allí.

España
Primer asesinato de ETA resuelto por los papeles de Francia
La «kantada» del «comando Ttotto» descubre a la autora del asesinato de Máximo Casado.
J.M.Zuloaga. larazon  20 Septiembre 2018

Uno de los cientos de documentos remitidos por Francia que se incautaron en operaciones contra ETA ha permitido, por primera vez, esclarecer un asesinato: el perpetrado el 22 de octubre de 2000 contra el funcionario de prisiones y jefe de servicios de la cárcel de Nanclares de Oca Máximo Casado Carrera, según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas. En concreto, se trata de la «kantada» del «comando Ttotto», que fue encontrada en poder de una de las responsables del «aparato militar», Ainoa García Montero, «Laia», detenida el 10 de mayo de 2003 en Saintes, localidad próxima a La Rochelle.

La «kantada» es un papel que todos los etarras detenidos debían remitir a la «dirección» de la banda, en el que contaban los detalles del arresto, lo que habían contado a las Fuerzas de Seguridad, descripción de los agentes que les habían tomado declaración, atentados cometidos, etcétera.

Hasta ahora se sabía quiénes habían hecho la información sobre la víctima, sus costumbres, dónde aparcaba el coche, en el que los pistoleros colocaron una bomba-lapa, etcétera. Sin embargo, se desconocía quienes habían sido los autores materiales.

Entre los objetos remitidos por las autoridades galas figuraba, además de cientos de armas, la citada «kantada» del «comando Ttotto», en el que estaban integrados los supuestos asesinos: Íñigo Guridi Lasa; Asier Arzalluz; y Aitor Aguirrebarrena. Gracias a la Guardia Civil, bajo la coordinación de la Fiscalía, la Audiencia Nacional ha procesado por el asesinato de Casado a los tres individuos junto a su jefe en Francia, García Gaztelu, «Txapote».

Este grupo criminal etarra fue responsable también del asesinato del columnista de «El Mundo» José Luis López de Lacalle y del atentado que costó la vida a dos guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca), Irene Fernández y José Ángel de Jesús Encinas, al explotar un artefacto que los terroristas habían colocado en el coche oficial.

La Audiencia Nacional condenó en su día a Zigor Bravo Sáez de Urabain y a Juan Carlos Subijana por haber facilitado la información que permitió la realización del atentado. El primero de ellos era vecino del funcionario por lo que no tuvo dificultades para obtener datos sobre su dirección, vehículo y su plaza de garaje.

La bomba-lapa fue colocada en los bajos del Citroën Xsara de Casado, que estalló a las 7:45 horas en el número 80 de la calle Beato Tomás de Zumárraga de la capital alavesa. La explosión provocó la muerte en el acto del funcionario de prisiones, que estaba casado y tenía una hija de 12 años.

Entre las pruebas valoradas por el tribunal para condenar a Zigor Bravo, figura el testimonio de la viuda de Casado, que aseguró ante el tribunal que recordaba haber visto al acusado en el inmueble en el que vivían y que incluso le relacionaron con un escrito amenazante.

Este individuo y Subijana fueron condenados a 25 años de prisión como autores de un delito de asesinato terrorista. El tribunal subrayó en la sentencia la «repugnancia que genera por su especial perversidad» que la información hubiera sido transmitida por una persona que había sido su vecino, en las instalaciones comunes «que comparten» y «aprovechando el conocimiento que genera esta especial relación de vecindad». El tribunal califica también como relevante el resultado de los registros efectuados en los domicilios de los acusados, así como en la referida casa de Francia en la que se escondía la cabecilla de ETA, Ainoa García Montero, donde se encontraron unos documentos que coinciden con los requisados a los dos etarras.

Entre dichos documentos, la Sala destaca uno encontrado en el domicilio de Subijana en el que consta la expresión «carcelero».

Observatorio de la Radicalización
Víctimas del terrorismo denuncian que la autodenominada izquierda abertzale utilice a niños para apoyar a terroristas
www.latribunadelpaisvasco.com 20 Septiembre 2018

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) denuncia que la autodenominada "izquierda abertzale" haya hecho partícipes a niños de una campaña en favor de la impunidad de la etarra Maite Aranalde, condenada por graves delitos como tenencia de explosivos. En un vídeo publicado en la cuenta de Youtube Askatasun Taupadak se muestra cómo los niños colaboran activamente pintando pancartas en las que se pide la puesta en libertad de esta etarra –que va a ser extraditada de Francia a España–, es decir, su impunidad.

“En el País Vasco y en Navarra prácticamente cada semana se organizan concentraciones en las que se pide la amnistía para los presos de ETA, la organización terrorista que más ha atentado en democracia y que más empeño ha puesto en destruir el Estado de Derecho”, afirman desde COVITE. “Es un peligro que los niños crezcan viendo cómo se pide la impunidad para los terroristas de ETA”. La etarra Maite Aranalde fue detenida en Francia en 2005 y entregada a España en 2009; fue puesta en libertad bajo fianza por un error burocrático entre la justicia española y la francesa y se fugó, pero fue detenida un año después junto al jefe militar de la banda, Mikel Carrera, “Ata”, en Francia, donde ha estado cumpliendo condena desde entonces. Va a ser extraditada mañana a España para cumplir condena por sus causas pendientes con la justicia española.

COVITE recuerda que, en lo que va de año, ha contabilizado un total de 165 actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA en su Observatorio de radicalización, un espacio en la web del Colectivo en el que se registran todos los actos relacionados con la radicalización violenta en el ámbito del terrorismo de ETA, “el único que se enaltece y justifica constantemente en toda Europa”. Del total de los actos documentados, 52 han tenido lugar en Guipúzcoa, 48 en Vizcaya, 46 en Navarra, 14 en Álava, 3 en otras provincias de España y 2 en Francia. Esta cifra supone que ha habido un 117% más de actos de enaltecimiento del terrorismo de ETAen lo que va de año que en todo el 2017, año en el que COVITE documentó 76 actos.

Un total de 50 actos de enaltecimiento del terrorismo registrados son homenajes a miembros de ETA en sus lugares de residencia tras salir de prisión una vez cumplida su condena, o a etarras muertos. En todo el año pasado se celebraron 48 homenajes a etarras, lo que supone que en lo que va de 2018 ha habido un aumento del 4% de homenajes a etarras respecto a todo el 2017.

COVITE reclama de forma urgente que se apliquen políticas de prevención de la radicalización en el País Vasco y en Navarra para que “las nuevas generaciones no tomen como ejemplo a seguir a terroristas sanguinarios orgullosos de su pasado”. “El culto al terrorista es sistemático en las calles del País Vasco y Navarra debido a la inacción de las instituciones y a la pasividad de la justicia”, denuncia Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE. Ordóñez insiste en la necesidad de deslegitimar a ETA social, política y culturalmente, dado que “su brazo político y social está divulgando un relato manipulado que justifica su actividad criminal y diluye sus responsabilidades para mantenerse en las instituciones”. Anima a seguir “luchando contra los objetivos de ETA al igual que antes luchábamos contra sus medios violentos”.


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