AGLI Recortes de Prensa   Lunes 24 Septiembre 2018

Un Gobierno felón al servicio de los golpistas
EDITORIAL Libertad Digital 24 Septiembre 2018

Los socialistas apenas disimulan su malestar por el encarcelamiento de los golpistas catalanes. Poco a poco, destacados dirigentes del PSOE van destilando en los medios de comunicación opiniones contrarias la reclusión de los dirigentes del golpe separatista, y ya hay quien, desde las filas del Ejecutivo, apela a un futuro indulto una vez se dicte sentencia. Es el caso de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, cuyas palabras se suman a una estrategia de concesiones a los independentistas pergeñada para asegurar los infames cambalaches de Pedro Sánchez con quienes andan incursos en la voladura del orden constitucional y le colocaron en la Moncloa.

La propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha abogado por la libertad provisional de los golpistas y afirmado que la Generalidad de Cataluña, en manos de golpistas orgullosos de serlo y teledirigida por el prófugo Carles Puigdemont , "no toma ninguna decisión que no esté en el ámbito estrictamente legal".

Estas palabras se enmarcan en la referida estrategia intolerable de presión al Poder Judicial, de la que también participan los ministros de Política Territorial, la nacionalista Meritxell Batet, y Exteriores, Josep Borrell, ese adalid del constitucionalismo que proclama en la prensa internacional que Cataluña es una nación.

Esto no ha hecho más que empezar. A medida que se aproxime la apertura del juicio oral, es de prever que arrecien las declaraciones injerencistas de los socialistas, ominosamente dependientes de los enemigos de la Nación para el sostenimiento del doctor Sánchez en el poder.

No pasa un día sin que este Gobierno felón dé una poderosa muestra de su peligrosidad. Los españoles no lo votaron y no se merecen estar a merced de su escalofriante falta de escrúpulos.

A la economía le entran los nervios
José María Gay de Liébana okdiario 24 Septiembre 2018

Las nubes que se otean por los cielos de la economía española, cuando retomamos el pulso de la actividad normal con el comienzo del curso, nos anonadan a la vista de serios riesgos de tormenta o igual en forma de tempestades sobre la península y los archipiélagos. Y tal cual sucede en los campos de golf, se dispara en estos momentos el petardo que avisa a los jugadores que están escampados por los hoyos que recojan sus palos, bolsas y demás bártulos y retornen a la casa club para protegerse de los rayos que puedan caer. Solo en Estados Unidos, me contaba el otro día un gran jugador español de golf, en los últimos 30 años el promedio de personas muertas por rayos es de 51 por hacer caso omiso a tal advertencia.

Por consiguiente, si se lanza el petardo desde la casa club hay que ponerse a cobijo. Y eso es lo que parece que tendríamos que hacer en nuestras lides económicas. Ahora bien, si el propio Marshall del club prescinde de los avisos que desde el radar le llegan y se emperra en decir que no caerá la tormenta y que ni por asomo lanzará el petardo de la advertencia, poco podemos hacer el resto de los mortales españoles sino encomendar nuestra suerte al cielo. Eso sí, el bueno, no el de los intimidadores nubarrones de color negro que ensombrecen el territorio golfístico. La deuda pública española se coloca a principios de septiembre a un interés más alto, lo que quiere decir que el Tesoro —en resumidas cuentas, ¡nosotros!— tendrá que pagar más dinero para que los inversores compren nuestra deuda. En concreto, en la última colocación el Tesoro ha elevado del 2,24% al 2,60% el interés de sus obligaciones a 30 años.

Y este detalle hace pensar que estamos penetrando en una etapa de turbulencias financieras en la que los hasta ahora siempre reconfortantes vientos de cola que empujaban a la economía española pasarán a actuar como frenos para su desarrollo. En efecto, el mayor precio del dinero, que dejará de estar apadrinado por el Banco Central Europeo (BCE) desde el próximo mes de enero, pesará como una losa tanto en nuestras cuentas públicas —que estos años se han beneficiado de las suaves condiciones financieras y monetarias, rebajando la carga anual de intereses que nuestro abultado endeudamiento público devenga religiosamente— como de retruque en el sector privado. Además, Mario Draghi dejará de comprar deuda pública y hoy solo en deuda española el BCE luce unos 230.000 millones de euros en sus activos.

Llega, pues, el tapering —la retirada de estímulos monetarios— y con él el presumible reajuste de las condiciones financieras acomodaticias y la pregunta es qué pasará con el nuevo año 2019. Dejaremos de tener la red protectora de santo Mario Draghi que ha sostenido, al comprar, emisiones de deuda pública especialmente de la inquietante deuda soberana periférica. España geográficamente no está muy alejada de Italia, cuya deuda pública actualmente se cifra en el 140% de su PIB y con visos a seguir progresando a causa de su falta de rigor presupuestario, con sus gestos rebeldes para cumplir con los cánones fiscales pautados desde Bruselas, ni tampoco nos encontramos excesivamente lejos de la cuna de nuestra civilización, la tan querida y admirada Grecia cuya situación actual, por más rescate e intervención en fase de conclusión, desde el prisma económico es simplemente penosa y angustiosa.

Plagiar es robar
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 24 Septiembre 2018

"El plagio es un delito: sólo los tribunales de justicia pueden dictaminar si Pedro Sánchez lo ha cometido o no. Los lectores -escribía ayer Andrés Amorós en Abc- han tenido ya elementos de sobra para comprobar copias y plagios absolutamente escandalosos". Su artículo Faltan comillas, es recomendable para la denuncia presentada por VOX. Amorós, uno de los pocos eruditos que conozco -no le llamo sabio por no avergonzarle- apuntaba al fondo del asunto: la propiedad; en este caso, intelectual.

El socialismo en general y su desarrollo natural, el comunismo, se basan en la negación del derecho de propiedad y en el afán de quitársela a los que la tienen para administrarla según les parezca. Como a la gente no suele gustarle que le quiten lo que le ha costado mucho conseguir y se resiste, hay que matarla. Esa es la razón esencial por la que el comunismo es la ideología más mortífera en la historia de la Humanidad: más de 100 millones de muertos. De ellos, la mitad larga en China, donde las familias de los líderes comunistas son hoy las más ricas del mundo. Desde Lenin a los asesinos chavistas, "¡exprópiese" significa siempre "¡apropiémonoslo!".

Así que lo que ha hecho Sánchez es robar, como sus compañeros de partido Negrín, Prieto y otros criminales de guerra, que, tras provocarla, asaltaron las propiedades particulares y el patrimonio del Estado desde el primer día (ver todas las pruebas citadas en Memoria del Comunismo). No es atenuante sino agravante que Sebastián le prestara un ladronzuelo, porque todos eran parte de la misma banda dentro del PSOE. Para echar al tranviario Tomás Gómez, el gasolinero Pepiño Blanco eligió al socialista más apuesto, pero lerdo. Había que fabricarle un doctorado. Se le fabricó. Si se concertaron para darle a Sánchez lo que no tenía, robaron para él.

La propiedad hay que pagarla. Materialmente, abonando los derechos de autor. Intelectualmente, con citas entrecomilladas que reconocen, todas y cada una, a su legítimo dueño. Si propugnas la expropiación de todo, eres un político de izquierdas. Si no citas lo que escribes, un ladrón. Y un ladrón no puede ser presidente del Gobierno. Como apuntó ayer Rosell, Sánchez quiere en las Cortes reeditar el golpe de Estado catalán: desconectar, o sea, expropiar la ley a su legítimo dueño, el pueblo español. Siempre, robar.

Todo negativo, nada positivo
Luis Herrero Libertad Digital 24 Septiembre 2018

Todo le salió mal. Primero quiso zafarse del cañón de luz que enfocaba el escándalo de su tesis con el señuelo del fin de los aforamientos. Luego se sacó de la manga la carta marcada de una enmienda fraudulenta para evitar, por la puerta de atrás, el veto del Senado a los Presupuestos. Más tarde escondió a la ministra de Justicia para que la investigación judicial sobre los chanchullos garzonitas en la Audiencia Nacional no lastimara su crédito. Pero todo fue inútil.

Al abrir el melón de la reforma constitucional para suprimir los aforamientos desató una puja de propuestas envenenadas -desde incluir en ella el derecho de autodeterminación hasta liquidar la inviolabilidad del rey- que colocaron el debate en términos imposibles. Nadie salió en su ayuda. Se quedó tan solo que el Consejo de Ministros renunció a aprobar el anteproyecto de ley que el propio Sánchez había anunciado solemnemente durante el acto de autobombo programado para hacer hagiografía de sus cien primeros días de Gobierno. Un incumplimiento más. El enésimo. Suma y sigue.

Tampoco le funcionó como quería la trampa de la enmienda. No solo no está nada claro que pueda lograr el objetivo que pretendía -evitar la bola negra del Senado a su acuerdo con Podemos para gastar seis mil millones más de lo que puede-, sino que ha sentado las bases para que las dos cámaras legislativas, tras el pulso inevitable de dos mayorías parlamentarias de signo opuesto, se enfrenten en un conflicto de competencias, previsto en la ley pero todavía inédito, que exigirá la mediación arbitral del Tribunal Constitucional, obligado por su propia doctrina, y por el criterio mayoritario de los letrados de Las Cortes, a dejar al Gobierno con el culo al aire.

Respecto al futuro de Dolores Delgado, las expectativas no han mejorado. Al revés. Nuevas informaciones periodísticas vuelven a situarla en el ojo del huracán de la trama de tráfico de influencias montada por Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. El exjuez, según parece, invocó su ascendiente sobre la ministra de Justicia para ofrecerle a Sandro Rosell la libertad condicional que hasta ahora se le ha denegado. Delgado guarda silencio. Pero el silencio no basta. El foco de infección descubierto en la Audiencia es, de todas las espadas de Damocles que penden sobre la cabeza del Gobierno, la que tiene el borde más afilado.

Para colmo de sus desdichas, Sánchez ha visto cómo se escapaba Pablo Casado del laberinto judicial de su máster bajo sospecha. Salvo sorpresa mayúscula, los jueces del Tribunal Supremo harán suyo el informe del fiscal en los próximos días y liberarán el brazo que el líder de la Oposición llevaba atado a la espalda durante los debates de la indecente tesis doctoral del presidente del Gobierno. Ahora, quien ocupa el sitio de Casado en el microscopio de la magistrada Rodríguez Medel es la exministra Carmen Montón, cuya conducta fue calificada de ejemplar por la portavoz Celaá. Hay ejemplaridades que las carga el diablo.

Añádase a esta lista de infortunios la incorporación de El País a la lapidación académica del presidente, la falta de acuerdo sobre la revalorización de las pensiones en el Pacto de Toledo, la revelación de Ernest Maragall de que la ministra Batet se había comprometido a teledirigir a los fiscales en la causa del 1-O y la petición de indulto a los cabecillas de la rebelión que acaba de formular la delegada del Gobierno en Cataluña y obtendremos la crónica completa -o casi- de otra semana negra para los intereses del PSOE. El balance no puede ser más demoledor. Como diría Van Gaal: todo negativo, nada positivo.

El panorama político es tan sombrío que, ante el riesgo de derrumbe, Iglesias, Torra y Urkullu, los ingenieros que le abrocharon las tuercas a Frankenstein, han comenzado a distanciarse del pacto que suscribieron con Sánchez por miedo a que los cascotes les aplasten la cabeza. El podemita, que hasta ahora hacía la vista gorda en el asunto del plagio de la tesis, ya pide explicaciones. El presidente catalán vincula el apoyo independentista a los presupuestos a que se permita la celebración de su anhelado referéndum. Y el lehendakari, sabiendo que no cabe en la Constitución, acaba de lanzarse a la conquista de un estado plurinacional que se inspire en el modelo de la Unión Europea: tantos miembros, tantos sujetos de soberanía. Solo falta que alguien pida dos huevos duros más.

A esta legislatura, el culo le huele a pólvora.

El Gobierno de las rectificaciones juega con fuego
EDITORIAL El Mundo 24 Septiembre 2018

Desde que la economía ha comenzado a ofrecer síntomas inquietantes, el Gobierno se ha empeñado en limitar sus efectos tras parapetarse en la autocomplacencia de la recuperación. Es evidente que ni España ni el conjunto de la Unión Europea atraviesan una coyuntura similar a la crisis de hace una década, pero resultaría un ejercicio de supina irresponsabilidad frivolizar con los datos que aconsejan no abandonar la senda reformista. Éste es el principal motivo por el que las continuas rectificaciones de Pedro Sánchez y sus ministros, especialmente en lo tocante a la política fiscal, no solo contribuye a erosionar -aún más- la debilidad gubernamental sino que alimenta la inseguridad y la incertidumbre, justo los dos peores enemigos del crecimiento económico.

Por muy intrincado que esté siendo su enjuague presupuestario con Podemos, no es serio ni sensato que el Gobierno amanezca cada día con una ocurrencia nueva, por ejemplo, en una materia tan sensible como es la tributación de ciudadanos y empresas. Sánchez parece estar dispuesto a incrementar la presión fiscal en aras de financiar un volumen de gasto social suficiente como para allanar su campaña electoral. Si esta decisión ya es de por sí temeraria para el rumbo económico, aún lo es más que vaya acompañado con una ruleta rusa de anuncios en los que se amenaza con subir los impuestos tanto a las clases medias como a los ricos, de los que el presidente Sánchez ha llegado a decir que "no pagan el IRPF". No sabemos qué puede resultar más nocivo: si la ignorancia o a la voluntad de atornillar la fiscalidad con una gravosa carga para la banca, el ahorro y las transacciones. Por ello, nos parecen muy atinadas las advertencias que lanza hoy en EL MUNDO John de Zulueta. El presidente del Círculo de Empresarios pide a Sánchez que convoque elecciones ya por la falta de apoyos parlamentarios, fía el cumplimiento del déficit al 3% solo a la vocación europeísta de la ministra Calviño y advierte de las onerosas consecuencias que tendrá la escalada en el precio del petróleo, el frenazo del turismo y una eventual subida de los tipos de interés.

Ciertamente, los indicadores adelantados constatan una desaceleración del crecimiento del PIB, lo que ha repercutido negativamente en las ventas minoristas y en grandes empresas, el índice de producción industrial y el déficit comercial. Sin embargo, el Gobierno no parece tomarse en serio estos nubarrones. En lugar de profundizar en la senda de la consolidación fiscal y acometer las reformas pendientes, muestra su ansia por volver al derroche. España no puede gobernarse a salto de mata. Sánchez juega con fuego si se empecina en minimizar los preocupantes efectos de un enfriamiento de la economía que no se corregirá con un alza fiscal.

La manipulación de la presión fiscal
Juan Carlos Bermejo. vozpopuli 24 Septiembre 2018

Las últimas semanas están siendo especialmente divertidas en la actividad política ya que se está poniendo al descubierto, posiblemente como nunca en democracia, la carencia y la incompetencia de los que hoy ocupan los sillones de Congreso, Senado y Gobierno de España.

Toma especial relevancia la prisa con la que Sánchez se está mostrando para poner en marcha el debate de Presupuestos Generales del Estado, donde nuevamente un papel con cifras imaginarias, que como material lo soporta todo, será el punto de atención de la opinión pública y dónde nuevamente los diferentes Partidos del arco parlamentario aprovecharán para arrimarse la ascua a su sardina para favorecer a la industria política en detrimento de los ciudadanos.

Si bien Rajoy dejó el listón de la infamia y la mediocridad muy bajo, lo cierto y verdad es que Sánchez en pocos meses está siendo capaz de pasar por debajo de ese listón arrastrándose como una autentica lombriz.

¿Cómo es posible que una persona que dice tener como objetivo prioritario la “regeneración democrática” utilice el procedimiento de tramitación de una Ley para la protección a las víctimas de la violencia de género para colar “de rondón” una enmienda que no tiene nada que ver con el objeto de la Ley y es, ni más ni menos, que para modificar una ley orgánica ya vigente?

Lo de menos es que los órganos competentes lo consideren una “treta legal” o no, o que lo hayan hecho en el pasado otros Gobiernos corrompidos. La esencia de fondo es que, con actitudes de este tipo, Sánchez pierde toda la credibilidad ante los ciudadanos, especialmente cuando lo hace para aprobar “a salto de mata” el aumento del déficit y los Presupuestos Generales del Estado con la excusa de rescatar a la gente de los “recortes y la precariedad”, cuando lo cierto y verdad es que su único objetivo es conservar el estatus privilegiado de los centenares de miles de familiares, amigos y correligionarios que viven de la oligarquía de partidos.

Mientras Sánchez se dedica al filibusterismo parlamentario, y la Oposición hace “cómo que se enfada”, el dúo tenebroso formado por las ministras Montero y Calviño prepara una nueva subida de impuestos, con la ayuda de las “coartadas del Sistema”, esos economistas mediáticos por un lado y servicios de estudios y autoridades independientes por otro, que parecen que están del lado de la gente “denunciando” injusticias pero que al final están a sueldo del Sistema para acabar taladrando las mentes a los espectadores y “justificar” que en España se pagan pocos impuestos. Ejemplos de todo ello son Lacalle, Díez, Bernardos, Conthe, Rallo, AIReF, FUNCAS, BBVA Research y un largo etcétera.

La razón con la que pretenden concienciar a los ciudadanos para aceptar un nuevo expolio fiscal es ese mantra generalizado de que en España se pagan pocos impuestos “porque la presión fiscal en España está por debajo de la media de la Unión Europea”. Esta afirmación, es un claro ejemplo de cuando una mentira, dicha mil veces, se convierte en verdad.

En los últimos datos oficiales de presión fiscal en España publicados, la diferencia respecto a la UE28 era del 8%. De ahí viene la reciente afirmación de Sánchez en el Senado sobre que España tiene un margen de recaudación adicional de 80.000 millones de euros, lo cual es metafísicamente imposible y demuestra que el “doctor” no tiene ni idea de lo que habla, ya que eso no es nada más y nada menos que un 40% de lo que recauda la Agencia Tributaria en un año y resulta de ciencia ficción pensar que España puede crear la riqueza necesaria para aumentar en esa cantidad los ingresos tributarios a corto plazo, salvo que Sánchez contrate al sheriff de Nottingham y entonces los ciudadanos tengamos que recurrir a Robin Hood.

Un español medio necesita más de medio año de trabajo para pagar sus impuestos. En los últimos diez años los diferentes Gobiernos han subido los impuestos exponencialmente, en concreto varias veces el IVA e IRPF, y han creado o modificado más de ochenta figuras impositivas. Sin embargo, los datos oficiales publicados por Eurostat arrojan que desde 2007 la presión fiscal en España ha bajado un 3%.

¿Cómo es posible? ¿Milagro? No. La realidad es mucho más simple. El protagonista del denominador del cociente que calcula la presión fiscal, es decir, el PIB, es falso, está manipulado al alza, tal y como un grupo de profesores y economistas demostramos en un estudio validado por el instituto económico más prestigioso de Alemania y del que hemos informado tanto a la Comisión Europea como al Eurogrupo.

Diga lo que diga Eurostat, lo único cierto que un español medio necesita más de medio año de trabajo para pagar sus impuestos

EL PIB real en España es un 16% menor del oficial. Lo manipuló el PSOE en el año 2008 y el PP en el año 2012 para evitar que sus infames Gobiernos fueran intervenidos, lo que hubiera acarreado su desaparición del espectro político junto con toda su industria política.

Por este motivo, y no por otro, la presión fiscal en España arroja un dato más bajo y parece que pagamos menos impuestos que nuestros socios de la Unión Europea en relación al PIB, pero si ponemos en la fórmula el dato correcto de PIB en el denominador, el resultado señala que España está a la par de los países que más tributan en la UE. A continuación, vamos a calcular el valor real de la presión fiscal en España.

La decepcionante galáctica ministra de economía ha afirmado esta semana que la presión fiscal actual en España es del 38% sobre el PIB. Si hacemos como que nos creemos esa cifra, y tomando como referencia el PIB utilizado como estimación por su ministerio para este año, que se sitúa en 1,21 billones de euros, el dato de ingresos fiscales que figura en manos de la ministra es de unos 461.000 millones de euros.

Pues bien, si aplicamos una reducción al PIB oficial del 16% para llevarlo a su valor real, el resultado es que el PIB real son 1,019 billones de euros. Por lo tanto, si dividimos los ingresos fiscales entre el valor de PIB real, el resultado es que la presión fiscal real en España es del 45%, es decir, que estamos en la zona “noble” de los europeos más “expoliados”, si bien se corresponde perfectamente con el nivel de calidad de infraestructuras y servicios sociales que tiene España, y sobre todo para pagar el elefantiásico sector público ya que si la presión fiscal fuera ocho puntos menor como dice el “doctor” Sánchez, sería imposible pagarlo ni por aproximación.

La única forma de garantizar las pensiones y el estado del bienestar es tomar el dinero de dónde hay, es decir, de la industria política que nos supone un despilfarro de más de 100.000 millones de euros al año, y ponerlo dónde no hay, en el Fondo de Pensiones y en los Presupuestos Generales del Estado para satisfacer el gasto social y amortizar poco a poco la impagable deuda pública.

Mi recomendación a Sánchez es que ponga a trabajar a los incompetentes miembros de su Gobierno cuanto antes en la racionalización del gasto en lugar de hacer presupuestos de ingresos tributarios de ciencia ficción que no se van a cumplir, ya que, si no lo hace, la recesión que viene, que es inminente, se llevará por delante a centenares de miles de familias y empresas, y, por ende, también al PSOE. Aunque mucho me temo que ya no le va a dar tiempo.

PD: Hoy les dedico el tema “All Night Long” de Rainbow

Traición
El Gobierno se arrodilla ante los independentistas abogando por la liberación de los golpistas presos
Isabel San Sebastián ABC 24 Septiembre 2018

Existen muchas formas de deshonrar el Gobierno de España y Pedro Sánchez las ha exhibido casi todas. Desde el modo en que llegó a la Presidencia, por la puerta de atrás, hasta los socios en los que se apoya, sin olvidar el bochornoso espectáculo que está dando al mundo con su tesis plagiada, todos los elementos se alinean para subrayar que carece de la integridad necesaria para ocupar ese cargo. Pero lo de Cataluña es punto y aparte. Lo de Cataluña raya la traición a España y entra por tanto de lleno en el terreno de la felonía. Lo de Cataluña será recordado por la Historia como paradigma de deslealtad.

Es un profesor de pacotilla cuyo trabajo de doctorado, plagado de faltas de ortografía y «fusilado» del arsenal documental almacenado en el ministerio de Industria, jamás habría superado el listón de una universidad de prestigio o un tribunal imparcial. Un político mediocre, despreciado por buena parte de su propio partido. Un hombre sin palabra, capaz de afirmar una cosa y su contraria con idéntica «convicción». La encarnación del concepto grouchomarxista de los principios: «si no le gustan tengo otros». Un prestidigitador del poder tan sobrado de ambición como falto de talento. Pero lo de Cataluña… Lo de Cataluña supera y agrava cualquiera de esas lagunas.

La última muestra de su genuflexión ante los independentistas es abogar por la liberación de los golpistas encarcelados, tal como exigen los cabecillas del secesionismo. Hacer el caldo gordo a Torra y demás integrantes de la trama demasiado cobardes para actuar en coherencia con lo que predican. Hemos oído a la vicepresidenta Carmen Calvo plantear la necesidad de soltar a esos (presuntos) delincuentes «si el juicio se retrasa», matiza con el empeño vano de disimular. La delegada gubernamental en dicha comunidad autónoma va más allá y pide indultar a los políticos enjuiciados por ciscarse en la Carta Magna, desobedecer al Tribunal Constitucional, proclamar la ruptura de nuestra nación y promover algaradas callejeras que habrían podido desencadenar gravísimos altercados si los catalanes demócratas, más de la mitad de la población, deseosos de respetar la legalidad vigente y seguir siendo españoles, no hubiesen dado muestras de una contención ejemplar negándose a bajar al barro y repeler la agresión recurriendo a las mismas armas. El propio Sánchez agacha la frente y calla, lo cual es una forma evidente de respaldar semejantes dislates. Calla porque es rehén de esos delincuentes (presuntos). Calla y callando otorga, a pesar de haber jurado cumplir y hacer cumplir las leyes.

Empezó por dejar solo al juez Llarena, valeroso instructor de la causa abierta contra los sediciosos, mirando hacia otro lado cuando el huido Puigdemont, representado por el «abogado» Gonzalo Boye, condenado en firme por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, se permitió la chulería de denunciarle ante la Justicia belga. Dio la espalda al magistrado del Supremo, víctima de un auténtico calvario consentido por los Ejecutivos autonómico y nacional, hasta que la amenaza de un plante de toda la judicatura en pleno le obligó a rectificar. Entonces salió a la palestra la ministra Delgado (hoy bajo sospecha por sus relaciones (presuntas) con el excomisario Villarejo, imputado en un gigantesco escándalo de corrupción), a decir que el Estado pagaría magnánimamente la defensa del juez a un despacho legal local. Pero la primera intención estaba clara. Nada le habría gustado más al presidente que tumbar a esa pieza clave en la resistencia frente al golpismo y servir en bandeja a sus socios el regalo de la impunidad.

Lo de Cataluña son palabras mayores. Y la palabra (presunta) es traición.

La campaña del pánico de Pedro Sácnhez
Vicente A. C. M. Periodista Digital 24 Septiembre 2018

PEDRO SÁNCHEZ DICE QUE ABANDONARÁ LA VÍA JUDICIAL EN CATALUÑA. JOSÉ ÁBALOS CULPA A LA DERECHA DE HABERSE INDEPENDIZADO DE CATALUÑA.

Hay que entender al personaje para comprender la gravedad de sus declaraciones, con el plus de que se han realizado fuera de España, y que indican a las claras sus intenciones de ceder a todas las exigencias de los golpistas catalanes, en lo que sería un acto de alta traición merecedor de una querella contra este Presidente de Gobierno y parte de su equipo de Gabinete empeñados en mantenerse en el poder a toda costa y cueste lo que cueste, aunque el precio a pagar sea la Unidad de España. Y eso es algo que ningún español que merezca ese nombre puede consentir que se haga realidad. Porque el golpe de Estado dado no hace siquiera un año, solo puede ser sancionado desde el ámbito judicial, ya que contempla delitos de extrema gravedad como el de rebelión. Y a esto hemos de sumarle la campaña de presión a los Tribunales lanzada por este Gobierno a través de sus Ministros empeñados en la misma estrategia de condonar los delitos y dejar en libertad a los golpistas intentando crear un clima de opinión favorable a que el golpe de Estado no tenga consecuencias penales, ni tampoco al parecer políticas.

Las motivaciones que llevan a Pedro Sánchez y su equipo a mantener esta miserable actitud no son otras que la de garantizarse los dos años que restan de legislatura. Y para ello es condición sine qua non el que se aprueben antes de final de octubre los Presupuestos Generales del Estado del 2019 que precisan de una mayoría parlamentaria que no tienen asegurada en este momento. Sobre todo, por parte de los “socios golpistas” catalanes de ERC y PDeCAT. Un apoyo que tiene un precio que el Diputado de ERC Joan Tardá no dudó en aclararle públicamente en el Congreso cuando le dijo que “Cataluña será su tumba política si no profundiza en la búsqueda de una solución” para amenazar a continuación con negar su apoyo “Si no insta a la Fiscalía General del Estado a retirar la acusación de rebelión, ¿cómo será posible pactar los presupuestos? Casi, casi, es un imposible”. Pedro Sánchez tiene prisa y ha entrado en crisis de pánico, ya que de no conseguir esta aprobación se verá obligado a convocar elecciones generales y fiarlo todo a obtener mejores resultados y socios de Gobierno más fiables.

No es de extrañar, por consiguiente, el que el Gobierno en pleno se haya lanzado a esa campaña de mensajes como hablar de “empatía” y de “abandonar la vía judicial” para centrase en resolver un problema político a través de la política. El mismo argumentario falaz usado desde hace tiempo por los golpistas cuando pervierten la palabra diálogo en lo que no es sino una imposición, un ultimátum de rendición incondicional del Estado de Derecho a sus pretensiones separatistas. Destaca sobre todo la virulencia de las declaraciones de José Ábalos, el Ministro sindicalista que ejerce como tal cuando ayer, encendido en la celebración de la “Festa de la Rosa” de los socialistas catalanes en Gavá, dijo que “El Estado se ha ido independizando de Cataluña hace tiempo, lo independizó el PP, y la derecha ha abandonado a Cataluña a su suerte”. Claro es que ellos durante sus Gobiernos solo se dedicaron a ponerles a los independentistas una alfombra roja y llenarla de pétalos de rosas para que confeccionaran un engendro de Estatuto que ponía las bases para la independencia de Cataluña equiparándola en igualdad con España.

Ábalos mantuvo el mimo tono impropio de alguien que tiene responsabilidades de Gobierno tan importantes como el Ministerio de Fomento. En su delirio de atacar al PP y responsabilizarlo de los delitos de los golpistas dijo que “la derecha se ha independizado de Cataluña, y lo ha interiorizado tanto que cada vez que venía un ministro a Cataluña parecía que venía al extranjero, no a tierra amiga”. Y para culminar su despreciable soflama se refirió a las críticas generalizadas contra las inaceptables declaraciones de su compañera departido y de Gabinete, Carmen Calvo, pidiendo la libertad de los golpistas presos “si el juicio se retrasa mucho”, diciendo que “Ya veis cómo han respondido tras esas declaraciones de humanidad. Sólo les ha faltado decir que estaban contra el indulto siempre que sean catalanes, porque si no son catalanes se les puede honrar en el Valle de los Caídos”. ¿Se puede ser más mezquino, ruin y caer más bajo en política? ¿Se le puede llamar a estas infectas declaraciones hacer política?

Resulta curioso que califique de humanidad abogar por la libertad de los presos golpistas, cuando la decisión de mantener la situación de prisión provisional ha sido por la convicción por parte de los Jueces del Tribunal Supremo del alto riesgo de reincidencia en el delito y el de fuga. Se olvida además que la ley contempla para casos de esta gravedad con posibles condenas entre 15 y 25 años por rebelión, un máximo de dos años de prisión provisional y sin fianza. Y la verdad es que tras el traslado de los presos a cárceles en Cataluña y el escandaloso trato de favor que se les está dispensando, no creo que se trate de un acto de “humanidad” y sí de oportunismo político y demagogia de la más baja estofa, en una situación que, desde antes de los acontecimientos del año pasado, ya hacían sentirse incómodos a estos socialistas siempre tan comprensivos con el derecho a decidir de los “pueblos”, a reconocerles y llamarles "naciones" y su renuencia a aplicar las medidas de intervención tras el golpe de Estado.

Creo necesaria una urgente rectificación por pate de este impresentable sujeto que ayer ejerció de mamporrero sindicalista contra la patronal derechona. Creo absolutamente necesario el que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso de los Diputados y explique a los españoles cuáles son sus planes de concesiones a los golpistas separatistas, a los presos y a los fugados de la Justicia, y qué tipo de política piensa aplicar y las consecuencias de abandonar la vía judicial que, hasta ahora, es la que se ha mostrado mas eficaz para frenar el desafío secesionista. Y solo se ha visto limitada en su eficacia precisamente por la negativa del PSOE a llegar hasta las últimas consecuencias y mostrarse tan benevolente y censor con as medidas de intervención a aplicar y su limitación temporal al mínimo. Porque como el mismo Josep Borrell ha reconocido, Cataluña no recuperará la normalidad al menos en 20 años. Y eso si se eliminan las causas que han provocado este aberrante sentimiento antiespañol y deseo de independencia.

Este Gobierno Okupa no puede seguir traicionando a España y hacer como si el PSOE viniera de otro planeta en otra galaxia, cuando ha sido el principal responsable de haber llegado a esta situación alimentando las aspiraciones separatistas cuando en aquél nefasto mensaje de José Luís Rodríguez Zapatero a Pascual Maragall del PSC en el 2003 , le dijo aquello de “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán”. Un brindis al sol, una promesa imposible de cumplir que chocó con la realidad de que los independentistas se lo tomaron al pie de la letra y presentaron un Estatuto de máximos que sentaba las bases para la autonomía plena y que solo requeriría la formalidad de una declaración de independencia ya que fue aprobado por el 80 % de los votos válidos emitidos en el referéndum de aprobación. Y tuvo que ser el PP el que saliera en defensa de la Constitución denunciándolo ante el Tribunal Constitucional, en una vía judicial que sigue siendo la única eficaz a la hora de devolver la legalidad vigente y el Estado de Derecho. No se puede dialogar con quien no está dispuesto a escuchar ni aceptar aquello que contradiga a sus imposiciones ni sus falsos argumentos.

Me parece de una absoluta deslealtad este comportamiento de Pedro Sánchez y su Ejecutivo y me reafirmo en la urgencia de acabar con este indeseable escenario, donde estos sectarios intentan mantenerse en el poder aprovechándose de un vacío legal como el provocado por la moción de censura por la que se permite que se instaure un Gobierno que no ha sido legitimado por las urnas en unas elecciones generales.

Pido al resto de partidos democráticos que impidan que los golpistas obtengan beneficios y concesiones inasumibles en un Estado de Derecho. Es deber de todos defender que se haga justicia y dejar que la Justicia cumpla con su trabajo de sancionar a quienes no tuvieron empaque en delinquir y dar un golpe de Estado. La humanidad no es demostrar empatía por los delincuentes sino por sus víctimas, en este caso la sociedad española y la parte de ella que sufre la represión del independentismo en Cataluña. Los PGE son importantes, pero más lo es mantener la legalidad vigente y no permitir que indeseables intenten destruir lo que hemos conseguido construir entre todos con tantos esfuerzos y sacrificios. No permitamos estos bastardos apaños por quienes no están legitimados para hablar en nuestro nombre, en el del pueblo español.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!! ¡¡ NO A LAS CONCESIONES A LOS GOLPISTAS:EN MI NOMBRE NO!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

El Gobierno desautoriza a jueces y fiscales
Pablo Sebastián republica 24 Septiembre 2018

El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha una campaña para la liberación, primero y hasta que se celebre el juicio del golpe de Estado, de los presos golpistas catalanes que están en prisión preventiva. Campaña que iniciaron los ministros Josep Borrell y Meritxell Batet a la que se acaba de sumar la vicepresidenta Carmen Calvo.

Al mismo tiempo el Ejecutivo y el PSOE ha abierto otra brecha a favor del soberanismo catalán al amparar el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE José Luís Ábalos el posible indulto a los golpistas catalanes que sean condenados, como ha pedido la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, una destacada dirigente del PSC proclive al referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Estas dos sorprendentes iniciativas del Gobierno descalifican la decisión de jueces y fiscales españoles sobre la prisión preventiva (por la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga) de los procesados del golpe catalán, al tiempo que da alas a la campaña soberanista de los lazos amarillos y a las recientes decisiones de tribunales de Alemania y Bélgica contra la Justicia española.

Estamos en suma ante un vuelco en el Gobierno de España en relación con la actitud del Ejecutivo frente al soberanismo catalán que lideran Junqueras y Puigdemont y gestiona Torra, el visitante de La Moncloa que desprecia y niega cualquier respeto y reconocimiento al Jefe del Estado, el Rey Felipe VI.

El objetivo inicial de este vuelco de la posición del Gobierno y del PSOE (a su vez impulsado por el PSC) es conseguir que PDeCAT y ERC apoyen, en compañía de Podemos y PNV, los Presupuestos de 2019 de Pedro Sánchez para que el Presidente agote la legislatura y celebre las elecciones en 2020.

Y, visto lo ocurrido, estamos a la espera de algún movimiento de la Fiscal General del Estado María José Segarra a favor de la liberación de los presos golpistas preventivos si Puigdemont y Junqueras exigen a Sánchez hechos y no solo declaraciones como las que estamos escuchando con asombro y la mayor preocupación.

Preocupación que imaginamos que será asumida también por dirigentes del PSOE como Díaz en Andalucía o Lambán en Aragon, García Page en Castilla La Mancha, Fernández Vara en Extremadura, Caballero en Galicia, así como destacados dirigentes de la ‘vieja guardia’ como González, Rubalcaba, Bono y Rodríguez Ybarra entre otros.

Como telón de fondo de estas temerarias iniciativas del Gobierno (y del PSOE) contra la Justicia española y el constitucionalismo los autores del vuelco aseguran que todo esto favorece el diálogo político, rebaja la tensión en Cataluña y abre un camino para la normalización de la vida política catalana, lo que es una versión edulcorada y falsa de lo ocurrido porque en realidad estamos sola y exclusivamente ante el precio que paga Sánchez al soberanismo por su apoyo a los Presupuestos de 2019 para que Sánchez permanezca en el poder hasta 2020.

Precio en el que se incluyen los votos favorables de PDeCAT y ERC a favor de la moción de censura de Sánchez contra Mariano Rajoy. Un Rajoy que, si hubiera dimitido durante el debate de la moción de censura, habría dado la oportunidad a unas elecciones anticipadas y en todo caso había impedido este alarmante vuelco en el escenario catalán.

¿Presos por presupuestos?
Editorial elespanol 24 Septiembre 2018
 
Más que proféticas, las palabras del diputado de ERC, Joan Tardá, instando a Sánchez a "retirar la acusación de rebelión para negociar los presupuestos" empiezan a marcar la hoja de ruta del Gobierno en relación al asunto catalán.

Al posicionamiento de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera que ha abogado claramente por el indulto, hay que sumar las declaraciones de Carmen Calvo en las que razona que "no sería lógico alargar la prisión preventiva". O la intervención del ministro José Luis Ábalos valorando el propio indulto como un gesto de "humanidad".

Enésima concesión
El clima favorable del Ejecutivo a la excarcelación de los políticos presos es más que evidente. Está claro que el intento de Sánchez por mantenerse en La Moncloa pasa por promover esta medida de gracia. Aunque el Gobierno no puede impedir las condenas judiciales a los responsables del golpe independentista, sí que puede prometer el indulto como enésima concesión al nacionalismo. Resulta paradójico que el PSOE se haya mostrado partidario de prohibir los indultos para los condenados por corrupción o violencia de género, y que en cambio ahora se escandalice porque el PP pretenda hacerlo extensivo a los que sean culpables de rebelión y sedición.

Más curioso aún resulta que el Ejecutivo se muestre refractario a la prisión preventiva para los encarcelados por el 1-O mientras que sus cómplices huidos amplifican la actividad delictiva, y hasta el presidente Quim Torra fía su presidencia a la imposición de los resultados del referéndum ilegal. Si para algo sirve precisamente la prisión provisional es para evitar la fuga de los imputados, la destrucción de pruebas o la reincidencia.

Traición
Que desde el Gobierno se presione a los jueces y se promueva la excarcelación de los presos golpistas no es sólo una intromisión a la independencia de la Justicia sino algo parecido a una traición a los españoles. En tiempos de ETA, los partidarios del desistimiento en la lucha antiterrorista hablaban de cambiar paz por presos. Al menos, intentaban salvar vidas humanas. Ahora parece que estamos abocados a una dinámica de presos por presupuestos. Todo un despropósito que Sánchez debería evitar con la convocatoria de elecciones.

La catalepsia andaluza y España
Pedro de Tena Libertad Digital 24 Septiembre 2018

España y Andalucía se merecen alguna esperanza, pero esto es lo que hay.

Se cumplieron en mayo 36 años –los mismos que estuvo Franco en el Gobierno, desde 1939 hasta 1975– de la llegada del PSOE a la Junta de Andalucía. Se cumplirán dentro de un mes 36 años del triunfo de Felipe González en 1982, que inauguró los 22 años de gobierno de los socialistas en España. En aquel tiempo había muchos andaluces esperanzados que habían clamado en las calles por la presencia del Sur entre las mejores regiones de España y Europa, con el ojo puesto, muy especialmente, en los privilegios catalanes, vascos y madrileños.

Hoy, sin embargo, Andalucía, un enorme trozo de España y el más poblado, con un millón de habitantes más que Cataluña y con cuatro veces la población del País Vasco, está cataléptica. Anestesiada por el fácil culto al himno y a la bandera, embotada por el blablablá del socialismo ocupante del poder sin alternancia democrática alguna y aletargada por la beocia oposición que soporta, Andalucía está cataléptica, en estado de muerte aparente, sin las funciones vitales adecuadas de un ente vivo.

Andalucía es la quinta parte de España en población y extensión, aproximadamente, y supone el tercer PIB de la nación, tras Madrid y Cataluña y muy por encima del País Vasco. Pero, claro, en PIB por habitante, que es lo que importa realmente, Andalucía está a la cola, sólo por delante de Extremadura y Melilla (datos de 2017). Desde hace 36 años, Andalucía avanza como los malos atletas. Se acerca a la meta –estaría bueno que no se moviera del sitio, como la Reina Roja del país maravilloso de Alicia–, pero cada vez está a más distancia de los de cabeza. De ello da fe que la Unión Europea la haya hecho descender de categoría socioeconómica y esté de nuevo en la última regional. Es decir, su catalepsia es evidente en cuanto a desarrollo económico y social.

Pero sus síntomas son igualmente alarmantes en otros aspectos. Ahí tenemos a un presidente del Gobierno de España impropio e indignante, plagiario, autoritario y favorecedor de la operación catalanista, y silencio. Ahí resoplan unas pretensiones del cuasi separatismo vasco, sulfurantes, y silencio. Ahí estallan las rebeliones, una tras otra, del desigualitario separatismo catalán, con más de un millón de cataluces en su seno, y silencio. Ahí truenan los infames resultados de una gestión socialista de 36 años de gobiernos, con tres presupuestos extras proporcionados por la UE sin contar la solidaridad nacional, y paro y silencio. Ahí braman los casos más importantes de corrupción de la historia de España y silencio. Ahí se descomponen la sanidad y la educación y se extiende como una hidra la administración paralela y arbitraria del PSOE y silencio. La catalepsia andaluza hace que España esté desequilibrada. Una Andalucía viva, antes española que partidista, no podría consentir nada de lo anterior y ayudaría a la cohesión, a la libertad y a la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos españoles vivan donde vivan.

¿Y qué hace la oposición política y sindical? La de los empresarios y sindicatos de clase, de la peor clase, haciendo de cómplices biempagaos del régimen. La oposición política, como un pollo sin cabeza. Teresa Rodríguez cagándose en Dios instalada en la estupidez, Ciudadanos residiendo en la doblez y la farsa y el PP andaluz cuarteado por dentro y por fuera hundiéndose en arenas movedizas. ¿Quieren un ejemplo? Son tan gaznápiros y de tan ínfima calidad que han logrado que la comisión de investigación sobre la fundación clave del fraude de la formación que inventó el PSOE para solaz de su régimen sea presidida por el propio PSOE. O a lo mejor no son tan tontos y algunos, cuando menos, van de cómplices encubiertos. Así no hay quien se recupere de la catalepsia inducida por 36 años de narcóticos publicitarios. Quedaría la sociedad civil, pero ¿dónde está, si es que le queda alguna sin penetrar por el régimen? Sólo resisten algunos medios de comunicación y minorías sin altavoces potentes.

Con una Andalucía que ni siente, ni padece ni se rebela ante lo que sufre y ante lo que se pretende: romper España, dinamitar la convivencia y la democracia para desigualar a sus ciudadanos, la nación tiene mal arreglo. España y Andalucía se merecen alguna esperanza, pero esto es lo que hay.

El PSOE debe desaparecer
Ernesto Ladrón de Guevara  latribunadelpaisvasco.com 24 Septiembre 2018

Valen ya los paños calientes y las perífrasis verbales. Hay que ir al fondo de las cosas de una vez, sin remilgos, sin miedo.

Es momento de decir las cosas claras, sin ocultaciones, sin reparos, sin temores. El PSOE es una lacra para España, en la misma medida, si no más, que los separatistas, que esos falsos republicanos que son unos déspotas, unos tiranos, unos enemigos de las libertades, de los derechos individuales.

Republicano es quien cree en el pueblo como fuerza renovadora, democrática, regeneradora; no quien está contra el pueblo, persiguiendo y recortando los derechos de una parte mayoritaria del mismo, laminando a las minorías, o a las mayorías sometidas por minorías que ocupan el poder de forma totalitaria aprovechando un populismo verborreico.

Los separatistas sabemos lo que son. Los socialistas están quedando al descubierto ahora. No son los herederos de Besteiro, son los herederos de aquellos frente-populistas del 36, de aquellos que se sublevaron contra la legalidad republicana. De aquellos largocaballeristas que propugnaban la guerra para hacer la revolución soviética en España y que nos llevaron a un conflicto entre hermanos, entre españoles, bajo el mandato y encargo de Stalin para lograr la revolución. Para expropiar, mediante apropiación indebida, es decir robo, bienes patrimoniales públicos y privados de los españoles, esquilmando el patrimonio museístico, el oro, las cajas de seguridad privadas del Banco de España, las colecciones de monedas del patrimonio nacional, persiguiendo mediante checas a cientos de ciudadanos que no se sometieron a sus dictados o que mostraban su indiferencia, o simplemente por llevar hábitos religiosos.

Eso es lo que nos está mostrando el socialismo hoy en su contubernio con escorias de todo tipo y chequistas que impiden manifestarse a ciudadanos que no están en sus planteamientos pseudoideológicos. Es hora de decirlo. Porque es así.

La muestra más significativa es el indigno Zapatero que es cómplice activo del totalitario Maduro; el tirano que ha llevado a Venezuela a una tragedia humanitaria, a una macrodiáspora, a un exilio de cientos de miles de venezolanos en busca de la supervivencia, de algo que llevarse a la boca para comer, de medicinas, de libertades, de aire para respirar. Zapatero dice que la culpa de lo que les ocurre a los venezolanos es de EE.UU. Esa persona debería estar hoy mismo repudiada en nuestro país. Es un baldón para nuestra dignidad como sociedad, que propugna valores humanos, derechos y libertades, solidaridad hacia un país hermano, Venezuela, que está preso de un sistema político dictatorial, que elimina el funcionamiento de la cámara de los representantes elegidos por el pueblo. Igual que en Cataluña, donde sigue cerrado el Parlamento porque a una casta política cerril y antidemocrática le incomodan las verdades, el debate parlamentario, el pluralismo político.

Y un farsante, indigno, usurpador del poder político en España, al que los españoles no hemos elegido, ha constituido un gobierno ilegítimo, aunque absurdamente sea legal. Es indigno porque queda al descubierto la verdad sobre un supuesto título de doctor supuestamente logrado con trampas, con argucias de corta y pega, de tribunales puestos al efecto para el regalo de un título que a los demás nos ha costado años y dedicación hasta quemarnos las cejas buceando en proyectos inéditos de investigación con una metodología impecable, con transparencia total y exposición pública del resultado. Es hora de decirlo con palabras que definan con exactitud la situación de anomalía democrática. Y es hora de señalar a sus compañeros de partido como cómplices por haberle puesto ahí, donde no le corresponde por talla personal, por honestidad, por servicio a su país, no a sí mismo.

Esta calaña, con el apoyo de los comunistas bolivarianos de Podemos va a esquilmar el ahorro de los españoles, va a dar otra vuelta de tuerca más a lo que queda de clases medias, de los que son los generadores de la riqueza del país, de su PIB; para generalizar la pobreza, que es lo que sabe bien hacer esa izquierda populista que tiene como referentes a Stalin, Pol Pot y Mao. Esa caterva planea una requisa fiscal sobre los sistemas de ahorro de quienes hacen uso legítimo del fruto de su dedicación y trabajo, sobre los productos financieros y los beneficios derivados, sobre los que pagan impuestos cumpliendo sus obligaciones ciudadanas sin evadir ni utilizar herramientas elusivas como las SICAV; sobre dividendos, sobre beneficios patrimoniales, sobre beneficios fiscales de fondos privados de pensiones creando más inseguridad jurídica. Y todo eso, al mismo tiempo que se aumenta el déficit y la deuda, hasta llevarnos a realidades insostenibles como las que creó el inane Zapatero. Y lo harán al mismo tiempo que crece el descrédito internacional sobre nuestra imagen colectiva como país por este recochineo al que nos vemos involucrados. Esto va a ser insostenible. Más insoportable aún si se añade la conspiración de estos impresentables junto a los separatistas en un proyecto de fragmentación que ahonda aún más, hasta la caricatura grotesca, la división entre españoles y la ruina moral del conjunto de la nación.

Los españoles no podemos estar en la nube, en la indiferencia. El drama colectivo se asoma. Por eso digo que lo único que nos salvará de este cataclismo que se vislumbra es la desaparición del PSOE. Ahí está la solución. Debemos de configurar una nueva alternativa de izquierda socialdemócrata liberal que crea en España y sirva a los españoles, no a agencias ocultas que planean sobre nuestra estabilidad, sobre nuestra supervivencia como nación, sobre nuestra identidad colectiva.

Tontos federados
José Muñoz Clares Periodista Digital 24 Septiembre 2018

La ministra Montón se creyó que la oposición en las Cortes Generales iba a ser como la valenciana, con Chimo Puig parándole las andanadas, y pensando en eso se echó al ruedo y los de enfrente no tuvieron que hurgar mucho hasta dejarla a la altura de Cifuentes. Quedó para la historia como tonta con máster de los de mentira, elaborado con copiapegas de todo lo que le vino a mano y la confianza puesta en un tribunal que no me atrevo a calificar, pues malo es que un tribunal se venda pero peor es que se regale.

Zapatero creímos todos que había dado cuanto de sí podía con la gestión de la crisis del 2008, la que él interpretó como una desaceleración, un aterrizaje suave que apenas íbamos a notar. Ahí se graduó de tonto peligroso, del “tó” y “pa” siempre, pero como él aspiraba a tonto cum laude se fue a Venezuela a arreglar el mundo y ha acabado calificado de imbécil y de ministro de asuntos exteriores del Maduro más patán, el de las comilonas en Estambul mientras su gente se muere de hambre, de SIDA, de cáncer y de todo aquello de lo que uno se muere cuando el gobierno se lleva en mordidas lo que iba para sanidad y alimentos. Con estos primeros dos tenemos ya la federación en marcha, pero aún nos faltaba el gran líder, el afamado Dr. No.

Pues resulta que hasta el No lo había copiado porque el muchacho es incapaz de hilvanar dos frases de su propia cosecha sin incurrir en errores, contradicciones y esa especie de cosa tan moderna que todo el mundo llama oxímoron pero nadie sabe cómo se dice en plural. ¿Oximorones? Tómense lo anterior como mera propuesta imaginativa.

Por la misma razón por la que dimitió Morón debió dimitir el Dr. No, pero después de lo de Cifuentes y Morón España se ha resblandecido tras preguntar a sus hijos: ¿Tú no habrás hecho lo que ha hecho el fulano este, verdad? Y ha escuchado a sus hijos: sí, mamá, papá, el TFG me lo copié del Rincón del vago y el TFM de una profesora peruana que había publicado un PDF en la red para que la gente la citara; yo me lo tomé al pie de la letra – literal – y se me olvidaron sólo las comillas al principio y al final y una cita a pie de página, esto último porque si la ponía no estaría ahora donde estoy. ¿Me perdonáis, verdad? Y los padres y las madres perdonan, claro que perdonan; ¿no van a perdonar a quien es hijo o hija de sus carnes?

Tenemos, por tanto, a un presidente del gobierno que es tonto federado y titulado, cum laude y todo, de cuya tesis ya non queda en pie más del 40%, y aún aparecerán más copiapega conforme cunda la afición a leerse el pestiño y sacarle jugo, mientras el burofax que anunciaba acciones legales se lo ha tragado el pelanas a la espera de echarlo algún día bien digerido y asimilado, pues estando el patio como está, ¿osará el ínclito Sánchez iniciar acciones legales contra aquellas portadas que lo acusaban de plagio? No, y pasará toda esta información a la hemeroteca donde cada cual que acuda verá con sus ojos de ver cómo se la envaina un presidente que empezó diciendo “os váis a enterar” y acabo enterándose él de que donde las dan las toman, que era cosa que se le presuponía aprendida y ha resultado que no.

Pues ya tenemos tres en la federación de tontos de España, todos ellos titulados a falta de lo que digan los tribunales, que aún le pueden capar el birrete al Dr. No y dejarlo sin las pelufas que tanto lustre dan en los desfiles de doctores el día del patrón.

El legado económico de Franco: hechos y cifras
Durante 40 años, España ha crecido muy por debajo de su potencial, menos del 1,5% de media, frente al 6,6 % de entre 1950 y1975
Roberto Centeno elconfidencial 24 Septiembre 2018

Ante el Himalaya de mentiras y manipulaciones del nuevo Frente Popular, erigiéndose en fiscales cuando deberían estar en el banquillo y sin que los cobardes del PP y Ciudadanos sean capaces de proclamar la verdad, es imprescindible explicar con hechos y cifras cuál fue el balance económico y social de los 40 años de gobierno de Franco. Y compararlo luego con el mismo balance de los 40 años de la Transición, no de la democracia, sino de una oligarquía de partidos y con un sistema electoral tan disparatado que permite que 900.000 personas impongan su voluntad a la de 46 millones. Máxime cuando estamos a solo semanas de que el BCE cese sus compras masivas de deuda, que mantienen al modelo de Estado más ineficiente y despilfarrador de Occidente, con lo que se hará insostenible la gigantesca burbuja de deuda de casi 1,7 billones a final de año, obligando a un rescate a la griega.

El historiador británico Antony Beevor, sin duda el más prestigioso estudioso de los grandes conflictos políticos y militares del siglo XX, describe en su conocida obra 'La Guerra Civil española' (1) cómo el Frente Popular fue quien nos llevó a la guerra incumpliendo desde el fraude electoral de febrero del 36 la Constitución y la ley para aplastar a la media España que no pensaba como ellos. Y se hace al final la que denomina pregunta clave: “¿Qué habría salido de una victoria republicana? Cualquiera que hubiera sido el Gobierno en el poder, los años de la posguerra habrían sido tiempos de penalidades, pero con un Gobierno autoritario de izquierdas, quizás abiertamente comunista, España hubiera quedado reducida a un estado similar al de la repúblicas populares centroeuropeas o balcánicas hasta después de 1989”.

Pero eso no sucedió. Los mejores economistas españoles —desde Fuentes Quintana a Juan Velarde— han estudiado y documentado perfectamente el proceso, desde el desastre económico de la República desde su momento cero a los años de penuria de la posguerra, el bloqueo internacional, el Plan de Estabilización y los años de crecimiento fulgurante hasta 1975, tan bruscamente frenados por ese “desastre sin paliativos”, como lo denominaría el Rey, llamado Adolfo Suárez, un cortoplacista sin el menor sentido del Estado y sin los conocimientos mínimos para gobernar España, que en solo dos años nos llevaría al borde de la ruina, y sería el propio Fuentes Quintana quien con un plan económico de emergencia —Pactos de la Moncloa— nos salvaría 'in extremis'.

Aunque meses después dimitiría irrevocablemente, porque como me explicaría personalmente, “a estos tíos [la oligarquía política] no les importa España, no están por las reformas, ni por la eficiencia que ni saben qué es; solo les importan la relevancia social, los pelotazos, el saqueo de la nación con las comunidades autónomas y los monopolios, y enchufar a cientos de miles de familiares y amigos tan ignorantes y venales como ellos. Con ellos, jamás volveremos a alcanzar crecimientos como los de los últimos 30 años”. Su juicio fue profético. Durante 40 años, España ha crecido muy por debajo de su potencial, menos del 1,5% de media, frente al 6,6% de entre 1950 y1975. Y sin embargo los españoles no son conscientes, aunque pronto lo serán cuando el BCE deje de comprar deuda y estalle la gigantesca burbuja acumulada para financiar el Estado autonómico.

Y no son conscientes porque, como consecuencia de la mejora exponencial de la tecnología y de la reducción brutal de los costes de fabricación de todos los bienes y servicios, hoy hay más de todo que hace 40 años. Y no solo aquí, sino en todo el mundo. Pero eso no significa que España no camine hacia un gigantesco desastre económico, político y social. Un ejemplo que entiende hasta un niño: en 1975, España e Irlanda tenían la misma renta per cápita; hoy, la renta per cápita de España es la mitad de la de Irlanda. Y lo que es aún peor, España tiene hoy la distribución de la renta más injusta de toda la UE. En 1950, la clase media representaba en España el 34% de la población, en 1975 la cifra había subido al 56%, la más alta de toda nuestra historia. Pero en 2016 esta había descendido al 43%. En línea con ello, la clase baja y la pobreza pasaron del 65% en 1950 al 39% en 1975 —la cifra más baja de toda nuestra historia— y al 54% en 2016.

Pero en 1975 España no era una republica popular empobrecida y hambrienta, sino un auténtico milagro, y esto resulta esencial, pues como me recordaba mi maestro Fuentes Quintana, “esto es el ejemplo claro de lo que España puede conseguir cuando está bien gobernada”. En solo 25 años, nuestra nación experimentaría el mayor crecimiento económico y social en cuatro siglos. De un país básicamente subdesarrollado había a pasado al tener el décimo PIB mundial, hoy el decimocuarto. De una renta per cápita en 1950 equivalente al 45% de la de los nueves países centrales de Europa que en 1975 constituían la Comunidad Económica Europea, al 83%, el mayor grado de convergencia con la Europa rica jamás alcanzado desde el siglo XVI, hoy en el 71%. De una industria que en 1950 representaba el 12% del PIB, al 36% en 1975, y hoy hundida al 15% con una estructura productiva tercermundista de enchufados públicos, especuladores y camareros.

Pero no solo fue lo económico. La Administración española sería en 1975 una de las más eficientes de Europa, gracias a los grandes cuerpos del Estado, abogados, ingenieros o economistas, y un riguroso sistema de oposiciones a todos los niveles. Con solo 700.000 empleados públicos formados y capaces, España funcionaba perfectamente, pero 40 años después ni siquiera sabemos cuántos empleados públicos hay: 2,5 millones según las AAPP, tres millones según la EPA y 3,4 millones según la Agencia Tributaria, la cifra más exacta por razones obvias. De todos ellos, solo un millón ha conseguido la plaza a través de “oposiciones limpias y transparentes”, según el ministro de Hacienda Montoro, el resto son enchufados sin preparación. Un puro desastre. España tiene hoy la Administración pública más ineficiente y más cara de la UE. Sus salarios medios son de 36.600 euros al año frente a los 26.259 del sector privado. No ocurre en ningún país excepto Luxemburgo.

Pero si en lo económico y en la eficacia de la gestión se degrada todo lo realizado, llamando 'desarrollismo' a crecer al 7,5% anual acumulativo durante 15 años, con un sectarismo y una miseria moral inéditas en Europa, o 'tecnocracia' al conocimiento y la excelencia en la gestión pública, frente a la ignorancia y la incompetencia, en lo social el engaño alcanza proporciones oceánicas: la Seguridad Social la crea Felipe González, a cientos de miles de viviendas sociales para la clase obrera se les arrancan las chapas para ocultar su origen... realmente alucinante. No hay espacio para los detalles, pero este es el resumen de lo creado durante el mandato de Franco.

- Creación de la sanidad pública universal (todos los grandes hospitales públicos estaban construidos en 1975, y Franco murió en uno de ellos).
- Creación de la pensión de jubilación, y también de la de viudedad. Establecimiento de la edad obligatoria de jubilación.

- Establecimiento del salario mínimo interprofesional.
- Creación del Auxilio Social, sembrando España de comedores gratuitos para los más necesitados.

- Creación de escuelas de Formación Profesional.
- Construcción de todos los pantanos posibles de España, etc.

Finalmente, debe explicarse cómo en un importante informe de 1945 (ocultado a los ciudadanos), el Banco de España recomendó al Gobierno hacer todos los esfuerzos posibles para integrarse en los sistemas monetario y de comercio mundiales. El aislamiento internacional impidió al Gobierno seguir este camino obligándole por mera necesidad de supervivencia a un sistema autárquico absolutamente ineficiente. Finalmente, España entra en el FMI en septiembre de 1958, enterrando la autarquía y poniendo España en el camino hacia el mayor periodo de crecimiento de su historia. Luego, España sería miembro fundador de la OCDE en 1961.

Pero en el área de los acuerdos internacionales, el más crucial de todos fue el Acuerdo Económico Preferencial con la CEE, gestionado por Alberto Ullastres, uno de los mejores ministros junto con López Rodó de toda la historia de España, en octubre de 1970. La CEE redujo un 30% los aranceles de casi todos los productos españoles. Este acuerdo era infinitamente más ventajoso para España que la desastrosamente negociada entrada de pleno derecho en 1986, a costa del desmantelamiento industrial de nuestra nación, algo perfectamente conocido y que, como todo lo demás, se oculta al pueblo español.

(1) 'La Guerra Civil española', Antony Beevor, Crítica-Planeta 2015

Sánchez viajó en el helicóptero oficial a la boda de su cuñado y movilizó 50 efectivos
Tras regresar de París de viaje oficial el viernes 29 de junio, el sábado 30 utilizó el Super Puma del Ejército (asignado al presidente) para desplazarse con su mujer a un evento privado
David Fernández. José María Olmo. elconfidencial 24 Septiembre 2018

Pedro Sánchez utilizó el helicóptero oficial para acudir a la boda de su cuñado, el hermano de su mujer, en un pequeño pueblo de La Rioja. El presidente del Gobierno voló desde La Moncloa hasta la base aérea de Agoncillo, a 57 kilómetros de Aldeanueva de Cameros, el destino final de su viaje, para luego recorrer en coche la última parte del trayecto. Como ya publicó El Confidencial, el líder socialista le está sacando mucho partido al helipuerto que tiene el complejo de La Moncloa y está usando con frecuencia los helicópteros Super Puma del 402 Escuadrón del Ejército del Aire destinados al traslado de importantes personalidades del Ejecutivo. Desde Presidencia, argumentan que el presidente del Gobierno lo es las 24 horas del día y que sus desplazamientos se valoran por "criterios operativos y de seguridad".

El enlace familiar fue el pasado sábado 30 de junio. Sánchez había estado el jueves y el viernes anteriores con una agenda muy completa en Europa. Viaje a Bruselas para participar en el Consejo Europeo y ya el viernes por la tarde desplazamiento a París para reunirse con la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo. El presidente regresó esa misma tarde del día 29 a Madrid. Lo hizo en uno de los cinco Falcon 900 que el Ejército utiliza para los largos trayectos fuera de España que deben realizar los miembros del Gobierno. El sábado, Sánchez despejó su agenda oficial para acudir a la boda de su cuñado Miguel, hermano de su esposa Begoña.

El sábado, Pedro Sánchez y su esposa utilizaron el Super Puma para volar desde el complejo de La Moncloa hasta La Rioja. La nave aterrizó en la base aérea de Agoncillo, que cuenta con una parte militar y otra civil. Sánchez llegó a esta última. Allí le estaba esperando una comitiva (su coche oficial y varios vehículos de escolta) para trasladarle 57 kilómetros por carretera, la N-111, al lugar del enlace, Aldeanueva de Cameros, un pueblecito de apenas una veintena de habitantes censados. Su cuñado tiene una casa en esta localidad desde hace años, adonde Sánchez ya ha viajado con anterioridad.

El servicio de seguridad del presidente blindó el pueblo, muy pequeño, impidiendo el acceso a personas ajenas al enlace, curiosos y periodistas. De hecho, no hay imágenes 'robadas' de la boda, a pesar de que algún medio local intentó obtener instantáneas. Solo las que han publicado en sus redes sociales algunos de los invitados. El cuñado de Pedro Sánchez, Miguel, contrajo matrimonio con Fayette Proper, fundadora y directora del estudio de interiorismo Nimú. La boda fue civil, al aire libre (el tiempo acompañó), y contó con unos 85 invitados.

Para asegurar los desplazamientos de ida y vuelta entre Agoncillo y Aldeanueva de Cameros, la Delegación del Gobierno tuvo que diseñar un dispositivo compuesto por medio centenar de agentes que se encargó de garantizar la seguridad en el aeródromo y también de guiar y escoltar el vehículo oficial de Sánchez. Asimismo, se organizó una segunda operativa para establecer un perímetro de protección en el propio lugar en que se celebraba el enlace. Esos agentes fueron los que impidieron que la prensa local pudiera acercarse al presidente antes, durante y después de la boda. Según fuentes consultadas por este diario, gran parte de ese dispositivo habría sido innecesario si el jefe del Ejecutivo hubiera llegado a La Rioja por carretera. El presidente regresó el domingo también en el Super Puma a Madrid.

El Escuadrón 402 es un grupo especial del Ejército del Aire destinado al transporte de personalidades del Gobierno e invitados en visita oficial. Está formado por cuatro Super Puma y dos Cougar. Las seis aeronaves están estacionadas en el aeródromo madrileño de Cuatro Vientos y se suelen utilizar en viajes de media distancia, rara vez más allá de la Península o las islas Baleares. Su tripulación oscila entre los dos y los cuatro miembros. Se trata de un helicóptero pesado con un importante coste, unos 5.000 euros la hora de vuelo. El que más utiliza Sánchez es el modelo AS332 M1, y desde este mismo año se les ha rotulado el título 'Reino de España'.

Desde que prometió el cargo el pasado 2 de junio, Sánchez está usando el helicóptero para muchos de sus desplazamientos cortos, sobre todo para moverse por la Península. La mayoría de estos trayectos han sido para llevarlo de su residencia oficial en La Moncloa a la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde hace trasbordo y coge un avión para los viajes oficiales más largos. Para ir a la reunión, por ejemplo, que tuvo con sus ministros en agosto en la finca que el Estado tiene en Quintas de Mora, en Toledo, usó el Super Puma. A finales de julio, en cambio, utilizó un avión Falcon para ir con su mujer a Castellón para que la pareja viera en directo uno de sus grupos favoritos, The Killers. Un viaje que provocó las críticas de la oposición.

Presidencia explica que, por "criterios operativos y de seguridad", el presidente del Gobierno solo puede desplazarse por los medios oficiales que facilita el Parque Móvil del Estado (en el caso del coche oficial) y el Ejército del Aire (en el caso de aviones y helicópteros). "Hay informes que así lo avalan". El servicio de seguridad del presidente y las instituciones que proporcionan este transporte deciden qué medios utilizar en cada caso, teniendo prioridad los aéreos. Las mismas fuentes explican que estos criterios se han endurecido desde el accidente del avión de Germanwings en marzo de 2015, cuando el copiloto estrelló a propósito la nave matando a 149 personas. "El presidente siempre tiene que desplazarse en medios oficiales. Preferentemente aéreos", insisten desde La Moncloa.

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Moncloa negocia ya directamente con Puigdemont para resolver el desafío independentista

Carlos Cuesta okdiario 24 Septiembre 2018

Moncloa no ha ceñido su radio de conversación exclusivamente a Quim Torra. Los contactos del Gobierno han llegado ya directamente hasta Carles Puigdemont para buscar una salida a lo que en Moncloa se define como el “problema catalán” y que no es sino el desafío a la Constitución que mantienen a pleno rendimiento los partidos golpistas catalanes.

Desde Moncloa se han establecido ya rutas de conversación hasta el fugado de la Justicia con residencia en Waterloo, según fuentes conocedoras de estos contactos. Y “los enviados del Gobierno han abierto esta ruta con todas las consecuencias. Porque evidentemente todo el mundo sabe que abrir esta vía significa estar dispuesto a hablar del tratamiento penitenciario futuro de Puigdemont y del resto de procesados por el 1-O”, señala esa misma fuente.

Los contactos se han mantenido en las últimas semanas. Justo en las fechas previas a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya lanzado una de sus últimas declaraciones bomba: en la que ha asegurado, este mismo domingo, que el Ejecutivo se propone “dejar la vía judicial y empezar a habla de política” en Cataluña para tratar de “tender puentes” con la Generalitat de Quim Torra.

El presidente ha lanzado esta afirmación en una comparencia de prensa en Canadá junto al primer ministro de este país, Justin Trudeau. Es decir, que lo ha hecho en el ámbito internacional en el que la Generalitat quiere que se dirima este asunto para, de ese modo, sumar presión internacional contra la defensa de la Constitución. Y Sánchez lo ha hecho, además, sin la más mínima rebaja por parte de los golpistas de sus aspiraciones.

“El Gobierno tiene una hoja de ruta clara que, si tiene un objetivo, es resolver desde la política un conflicto político, y que lo vamos a hacer desde la ley y el diálogo”, ha enfatizado Sánchez.

Apoyo para los Presupuestos
Por otra parte, Sánchez sabe que necesita los votos del PDeCAT y de ERC para sacar adelante sus presupuestos de 2019. Y, por el momento, ERC ya le ha dejado muy claro que no pactará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 si la fiscal general del Estado no retira la acusación del delito de rebelión contra los presos golpistas.

“Cataluña será su tumba política si no profundiza en la búsqueda de una solución”, advirtió el pasado miércoles Joan Tardà al presidente del Gobierno en la sesión de control en el Congreso. “Si no insta a la Fiscalía General del Estado a retirar la acusación de rebelión, ¿cómo será posible pactar los presupuestos? Casi, casi, es un imposible”, añadió Tardà. Por todo ello, el Gobierno ha incrementado los contactos con PDeCAT y ha decidido saltar ya directamente hasta el fugado de la Justicia.

Puigdemont exige al Gobierno una solución que recorte su estancia en prisión
Pero con un grave problema. Y es que los condicionantes de Puigdemont para ceder son conocidos. El primero es la búsqueda de una solución asumible para él y el resto de golpistas en cuanto a su situación procesal. Porque todos ellos saben que van a ser condenados con plenas probabilidades. Y pretenden que el Gobierno busque una solución que recorte su estancia en prisión. Eso puede pasar por una traslado de la competencia penitenciaria plena a Cataluña de forma que sea la propia Generalitat la que les aplique todos los beneficios penitenciarios de una forma urgente. Una cuestión que el Gobierno de Sánchez no ve imposible. Más bien todo lo contrario.

El segundo condicionante afecta directamente al referéndum ilegal y el proceso de ruptura con España. En ese aspecto, Puigdemont busca un referéndum consentido. Y Sánchez estaría dispuesto a aceptar una votación “dentro de la ley”, como ya han señalado en repetidas ocasiones desde el PSC. Las negociaciones están abiertas. Y la debilidad de Sánchez en su gobernabilidad hace prever que pueda haber nuevas cesiones a los golpistas.

Cadena de mensajes
Ignacio Camacho ABC 24 Septiembre 2018

Una declaración, en política, puede ser una opinión personal, aunque las palabras de un político siempre se interpretan no sólo desde lo que es sino desde lo que representa. Pero cuatro declaraciones consecutivas en el mismo sentido, y de personas con puestos relevantes, responden a un estado de opinión corporativo o a una estrategia. En pocos días, la delegada gubernamental en Cataluña, dos ministros y la vicepresidenta se han pronunciado a favor de la libertad provisional de los líderes independentistas encarcelados por el juez Llarena. Es decir, que sin llegar a ponerse un lazo amarillo en sus chaquetas han coincidido con quienes lo llevan en su deseo de ver a los presos del procés fuera. Demasiada gente, y sobre todo demasiado significativa, para que se trate de una simple coincidencia, por lo que resulta legítimo pensar, si no en una presión al poder judicial, al menos en una recomendación indirecta. Una sugerencia que al Gobierno le gustaría que fuese tenida en cuenta, aunque no se atreva a transmitirla a la Fiscalía para evitar la previsible escandalera.

En abstracto no sería difícil coincidir con Borrell, Cunillera, Batet y Calvo, dado que la Justicia española tiende a aplicar la prisión preventiva con un criterio en ocasiones abusivo, como de pena anticipada, y por plazos muy prolongados. Pero el de los dirigentes separatistas no es uno de estos casos porque la evasión de Puigdemont y media docena de altos cargos extiende sobre los demás procesados en la misma causa un riesgo de huida muy claro. Personajes relevantes como Sandro Rosell o Eduardo Zaplana -éste con un cáncer avanzado-, acusados de corrupción ambos, permanecen en la cárcel por la mera hipótesis de que disponen en el extranjero de medios para eludir a los magistrados. Si a ellos se les supone voluntad teórica de escapar, qué podría colegirse de los inculpados por rebelión a tenor del precedente diáfano de sus compañeros fugados. No existe en lógica penal ni moral un solo argumento capaz de justificar esa eventual diferencia de trato.

Lo que proponen o insinúan los ministros no es una deferencia humanitaria ni un gesto compasivo sino un movimiento de distensión, un guiño al nacionalismo. Quieren generar simpatía con sus socios, relajarles el ceño fruncido, mostrarse indulgentes con su victimismo, desmarcarse del sistema judicial tildándolo indirectamente de rígido o hiperestricto. Y de paso, crear un ambiente jurídico proclive a la benevolencia en el próximo juicio -el verdadero casus belli del independentismo- por si encuentran jueces dispuestos a seguir la doctrina de embarrarse la toga con «el polvo del camino».

Esta sucesión declarativa de ningún modo constituye una sucesión casual de apreciaciones personales. Hay un propósito coordinado de lanzar un mensaje de autoría identificable: esas voces no desautorizadas expresan el pensamiento de Sánchez.

Les hacemos demasiado caso

Ante una noticia llamativa y grave, la propaganda de la Diada pasó este año desapercibida
Luis Ventoso ABC 24 Septiembre 2018

Las singulares aventuras académicas del doctor Sánchez, con una tesis y un libro que parecen los afanes de un trampero de Alaska, han tenido un inesperado efecto benéfico: han anulado el eco de la procesión anual de la Diada. La manifestación del separatismo resultó tan multitudinaria como siempre en el último lustro. Todo un alarde de simbolismo amarillo y provocación antiespañola. Toda la salmodia ritual de bravatas, victimismo, supremacismo y amenazas. Pero esta vez ha pasado muy desapercibida, porque la actualidad quedó copada enseguida por las irregularidades en los estudios del presidente y sus faltas a la verdad en el Parlamento. Las fazañas picarescas de Sánchez dieron tanto que hablar que acabaron haciendo luz de gas al gran acto de propaganda del separatismo.

Lo sucedido podría ser leído como una suerte de experimento sociológico, que da mucho qué pensar: en cuanto los medios de comunicación españoles le han bajado un poco el volumen a los independentistas, su capacidad de amenaza y provocación ha caído exponencialmente. Lógicamente, televisiones, periódicos y radios deben prestar atención al problema del separatismo catalán, por ser el más grave que sufre España, al tratarse del único que cuestiona su propia existencia. Pero una cosa es informar y otra incurrir en una especie de delectación semimasoquista, que nos lleva a amplificar cada ofensa y baladronada de Torra, cada epístola martirológica de los presos golpistas, cada barrabasada de los golfos fugados a Bélgica, de los cuperos de ideario friki, de los saboteadores de los CDR, de los diputadillos rufianes...

En los días previos a la Diada, muchos medios nacionales hablaron tanto de ella que en realidad ayudaron a ponerla en el epicentro del debate público. ¿Era necesaria tanta información previa sobre una manifestación? ¿No se estaba contribuyendo en cierto modo a publicitarla? Ya en la jornada de la marcha, TVE, la televisión pública que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, querrámoslo o no, situó un plató en el lugar de arranque de la marcha separatista y el programa «Los Desayunos» se emitió en directo allí desde primerísima hora. ¿Hacía falta que TVE calentase desde la mañana una manifestación que iba a celebrarse a la tarde y que en realidad fomenta el odio a España y la ruptura con ella? Creo que no. Tampoco parece necesario, ni de valor informativo alguno, que los telediarios de todas las cadenas españolas se vean salpicados a diario por declaraciones chuscas y subtituladas de personajes muy menores de la logia del lacito (fijémonos por ejemplo en Elsa Artadi, que aparece más en las noticias televisivas que Casado o la vicepresidenta Calvo, casi siempre para soltar naderías que nada aportan ni nada cambian).

Hacemos demasiado caso a esa agotadora cantinela victimista, mientras que de otras comunidades, por ejemplo Extremadura o las del noroeste de España, solo nos acordamos para la crónica de sucesos.

El indulto de Puigdemont y Junqueras
José García Domínguez Libertad Digital 24 Septiembre 2018

Acaso inconscientemente, la delegada Cunillera, del PSC, acaba de cargar con toda la caballería retórica a su alcance contra el sacro principio constitucional de la presunción de inocencia. ¿O cómo entender si no que la representante institucional del Gobierno de la Nación en la plaza haya dado ya por hecho que los reos catalanistas hoy presos en celdas custodiadas por el esquizofrénico carcelero Torra son con plena seguridad culpables, sin excepción personal alguna, de los gravísimos delitos que les imputa el juez instructor de la causa? Tan convencida semeja estar la delegada Cunillera de que esos reclusos comunes cometieron todos y cada uno de los supuestos tipificados en el Código Penal que les han valido la prisión preventiva, tanto, que se ha lanzado a reclamar el indulto gubernativo para ellos. Mujer diríase que no dotada de grandes luces, la delegada Cunillera parece no haber reparado aún en que la figura del indulto solo se antoja pertinente tras una condena judicial firme e inapelable. O sea, que hasta Cunillera, lo que quiere decir Iceta, lo que quiere decir el PSC en pleno, coincide en que los golpistas no eran otra cosa más que golpistas. Al punto de que ni un ápice de duda concede la buena señora a su conducta durante el pasado octubre. Bien, pues, por Cunillera.

Así las cosas, es decir, dando por sentado que todo el peso de la justicia va a caer sobre Junqueras y el resto de la banda, tal como cree la delegada del Gobierno, emerge en escena la cuestión de un eventual indulto. Indulto, por cierto, al que solo un partido nacional, el PP, se opone a estas horas con la boca grande (Ciudadanos, de momento, lo ha hecho con la pequeña). Pero ¿serviría de algo indultar a los catalanistas otra vez? Otra vez, sí, porque el cabecilla germinal de los insurgentes, que no fue otro que el Gran Ladrón, Jordi Pujol, ya fue indultado en su día, si no de iure sí de facto, cuando el expolio de Banca Catalana a principios de la década de los ochenta. Un atraco impune, el primero de una lista infinita, que le salió gratis merced a que toda la izquierda catalana y española, con la solitaria excepción de Jordi Solé Tura, decidió, primero, mirar para otro lado y, después, Felipe González mediante, presionar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que hicieran lo mismo. Al Gran Ladrón lo indultaron en nombre, como ahora se vuelve a reclamar, de la famosa concordia y el no menos célebre diálogo. ¿Y para qué sirvió el primer ejercicio coral de indignidad del Estado frente a los catalanistas y su jefe incontestable de entonces? Sirvió para que ahora, cuarenta años después de aquella vergonzante iniquidad, tengamos a media Cataluña en situación de rebeldía permanente frente a la legalidad democrática española. Sirvió para eso y solo para eso.

Porque tras la temeraria sensación subjetiva de impunidad que animó el proceder alocado de tipos como los Jordis durante el asalto a la comitiva judicial en la Consejería de Economía estaba el recuerdo bien fresco de aquel gratis total de cuando los inicios de Pujol. Pensaron que no les iba a pasar nada porque nunca les había pasado nada. La audacia de sus acciones todas a lo largo de la asonada, desde el desparpajo sedicioso de los cabecillas de los mozos de escuadra hasta la histriónica contumacia delictiva de la presidenta del Parlament, se asentó en una conciencia colectiva de impunidad que aprendieron de su viejo mentor espiritual, el Gran Ladrón. Y ahora, nadie lo dude, pasaría lo mismo si el Estado volviese a incurrir en idéntico error. Si los acaban soltando por la puerta de atrás, los 200.000 empleados de la Generalitat entenderán el mensaje de que en el próximo golpe lo prudente para conservar el empleo será colocarse en primera línea junto a los jefes de la bullanga. Si Sánchez quiere alumbrar 200.000 Traperos, ya sabe lo que tienen que hacer.

Sánchez quiere indultar a sus caseros
M. Rivera De la Cruz elespanol 24 Septiembre 2018

Teresa Cunillera quiere indultar a los políticos presos, y eso es cosa suya. Cada uno puede querer lo que le da la gana. Yo a veces quiero cosas muy raras, pero me las callo y las quiero en mi casa, no como Teresa Cunillera, que ha dicho lo que quiere en Catalunya Radio y se ha quedado tan ancha. También dijo que no se va a aplicar el 155 porque tiene la convicción de que la Generalitar va a respetar la ley. Y como la experiencia no nos permite contemplar esa posibilidad, se me ocurre que mientras usted y yo estábamos trabajando, o tomando un café, o en el cine, la señora Cunillera estaba viendo en una bola de cristal que Torra y los suyos van a observar un excelente comportamiento de aquí en adelante, y no será necesario tomar medidas contra ellos. Me quedo muy tranquila con las predicciones de la pitonisa Cunillera.

Teresa Cunillera no es una particular, ni una becaria de la bruja Lola, ni una echadora de cartas. Teresa Cunillera, que por cierto lleva muchos años encadenando cargos políticos, es la delegada del gobierno en Cataluña. La representante del doctor Sánchez en una comunidad autónoma. Supongo que la mujer va coordinada con su jefe (suele ser lo que hacen los delegados gubernamentales), así que es lógico pensar que Pedro Sánchez habla por su boca.

Aquí tenemos a unos señores y a unas señoras que van a ser juzgados por delitos gravísimos, pero Teresa Cunillera dice, tan tranquila, que en cuanto se condene a los presuntos hay que sacarlos a la calle con una firmita. Lo de Teresa Cunillera parecía el broche de oro a la semana extraordinaria en la que tanto Josep Borrell como Meritxell Batet se mostraron muy afligidos porque los acusados de traicionar al estado estén en la cárcel: a ellos no les gusta que Junqueras y compañía se encuentren en el trullo. Podrían haber dicho que un miembro del gobierno no debe entrar a valorar las decisiones judiciales, pero no, ellos prefieren meterse en el charco y sembrar la duda razonable sobre lo que va a pasar en los próximos meses con quienes hace un año pusieron en jaque al país. Pero faltaba la traca final: ayer, la vicepresidenta Calvo dijo desde la portada de La Vanguardia que si tarda el juicio contra la banda del uno de octubre, no tiene sentido alargar la prisión preventiva. En España hay quien se ha pasado tres años esperando juicio, pero a estos hay que sacarlos si la cosa se alarga, no se vayan a poner nerviosos. Chúpate esa.

Es bueno que el PSOE deje tan claras cuáles son sus intenciones. Batet, Borrell, Cunillera y Calvo sólo están abonando el terreno y tranquilizando a sus caseros, que llaman de vez en cuando a la puerta de la Moncloa para cobrar el alquiler del doctor Sánchez. Al menos dejan claro que pasará si el PSOE preside el gobierno cuando lleguen las condenas de los presuntos: que serán indultados y volverán a la calle a hacer de las suyas y a reírse del personal.

El desacato permanente de los políticos a la Justicia
Es un hábito de los políticos españoles acusar a jueces y fiscales de prevaricar ante cualquier resolución molesta para sus intereses
Ignacio Varela elconfidencial 24 Septiembre 2018

Últimamente no hay declaración de un dirigente político sobre actuaciones recientes de jueces o fiscales que no contenga un desacato, expreso o sugerido. Cada vez que se lamentan de la judicialización de la política, debe traducirse “que los malditos jueces no metan las narices en nuestro negociado”.

Lo más grave a este respecto está sucediendo con el conflicto de Cataluña. Los discursos chocan entre sí, pero coinciden en el mal trato hacia la Justicia.

Los independentistas violentan todos los principios que rigen un Estado de derecho. Exigen que el Gobierno domeñe al Ministerio Fiscal a cambio de un voto en los Presupuestos, descartan de antemano un juicio justo y amenazan con una segunda insurrección ante cualquier sentencia que no sea absolutoria. En realidad, sería más coherente en ellos rechazar sin más que una potencia extranjera como España juzgue a ciudadanos de la gloriosa República Catalana.

En el otro campo también hay quienes deploran que los jueces intervengan ante hechos manifiestamente delictivos —como si pudieran hacer otra cosa—. El farisaico mensaje de que “los conflictos políticos se resuelven en la política y no en los juzgados” admite dos lecturas posibles:

O consideran que entre el 6 de septiembre y el 27 de octubre de 2017 nadie en Cataluña cometió delito alguno, y en tal caso deberían explicitarlo y argumentarlo; o reclaman que, por el hecho ser políticos los presuntos delincuentes, los jueces deberían haber hecho la vista gorda y permitir que ellos arreglen el estropicio negociando (lo que, por cierto, hasta ahora han sido incapaces de hacer).

Sánchez, Calvo, Borrell, Ábalos: todos segregan la idea de que las decisiones judiciales son la causa de que el conflicto siga abierto en canal

Uno imagina que cuando se habla de que la solución tiene que producirse “en el marco de la ley”, ello incluye que el poder judicial haga el trabajo que la Constitución le atribuye. ¿O eso no forma parte de la ley?

Quizá lo más indignante en este momento sea la insidiosa especie, que antes provenía solo de fuerzas extraconstitucionales, según la cual los jueces se habrían convertido en el mayor obstáculo para solucionar el conflicto de Cataluña. Su actuación se presenta como una intrusión perturbadora que estaría impidiendo a nuestros bienamados líderes resolver amistosamente un conflicto que las togas han envenenado.

El Gobierno parece haber comprado ese discurso falsario, y no cesa de diseminarlo. Sánchez, Calvo, Borrell, Ábalos: todos segregan concertadamente la idea de que las decisiones judiciales son la causa de que el conflicto siga abierto en canal a pesar del providencial advenimiento de Sánchez con sus superpoderes desinflamatorios. Si el Supremo no se hubiera entrometido, esto lo solucionábamos en una merienda en Moncloa con Junqueras y Puigdetorra, junto a la fuente de Guiomar.

Es una intoxicación falsa y peligrosa, además de irresponsable. No fueron los jueces quienes provocaron la sublevación. Fue la insania de los dirigentes nacionalistas, ayudada por la ineptitud del Gobierno y de los partidos españoles. El embotamiento de Rajoy, los vaivenes de Sánchez, el aprovechamiento de Rivera para escalar en las encuestas, la insensatez de Iglesias, el calculado hermafroditismo político de Colau.

Iceta cometió el error de prometer indultos anticipados en plena campaña electoral. Ahora lo rescata Cunillera como “una cuestión de humanidad”. No, señora, antes y ahora decir eso desde el Gobierno es un dislate y una falta de respeto a quienes tienen la difícil misión de juzgar.

Los jueces están cumpliendo su obligación. Lo hizo el Tribunal Constitucional al invalidar las decisiones ilegales de los rebeldes que secuestraron la Generalitat, y lo hace el Tribunal Supremo al aplicar el Código Penal a una banda de (presuntos) delincuentes. Puede discutirse tal o cual resolución judicial, pero blanquear la propia incompetencia culpando a los jueces de la situación es una procacidad.

Asistimos a una campaña demagógica que presenta cualquier modalidad de aforamiento como un privilegio y lo equipara a impunidad

El factor decisivo para frenar el golpe no fue el Gobierno ni los partidos, sino la acción de la Justicia. Y sigue siendo así. Torra reconoce que lo único que le disuade de encabezar una nueva insurrección es el temor a verse ante un juez que lo envíe a prisión. No tienen miedo a Sánchez, a Casado o a Rivera, se lo tienen al Supremo. No injurian al Gobierno anterior ni al actual, sino al Rey. Ellos saben muy bien quién los paró cuando ya paladeaban el éxito.

Es un infortunio que el Gobierno de Sánchez haya quebrado la cohesión de los partidos constitucionales por preservar los votos independentistas que le dan la vida. Pero aún peor sería que, además, provocara una fractura entre los poderes del Estado.

Otro ejemplo: los especuladores de la regeneración han puesto de moda el tema de los aforamientos. Es cierto que, como excepción procesal, no parece razonable que se apliquen a un cuarto de millón de ciudadanos. Habría que revisar caso por caso y delito por delito; en unos estará justificado y en otros no, y quizás en la mayoría perdió el sentido que tuvo en el pasado.

Pero en el reino de la brocha gorda, los matices son un estorbo. Asistimos a una campaña demagógica que presenta cualquier modalidad de aforamiento como un privilegio (presuponiendo que el tribunal superior siempre será benévolo con el poderoso) y lo equipara a impunidad. Se denuncia entre aspavientos como una licencia para delinquir de la que únicamente disfrutarían los adversarios políticos.

Un fiscal del Tribunal Supremo emite un escrito recomendando el archivo del llamado caso Casado. Unos lo celebran y otros lo denigran, pero todos dan por hecho que los magistrados seguirán sumisamente ese criterio por venir de quien viene.

El Partido Popular lo vende falazmente como si quedara convalidado, no solo jurídica sino moralmente, el máster 'fake' de su líder. Lo cierto es que el fiscal solo ha emitido la opinión técnica de que los hechos conocidos no encajan en el tipo penal de la prevaricación, y el de cohecho, que sería aplicable al caso, habría prescrito. No entra, porque no es su función, en la valoración ética de la forma turbia en que el joven Casado obtuvo el famoso máster. La Justicia se ocupa de los delitos, no de las golferías; el veredicto sobre estas corresponde a la sociedad.

Por su parte, los partidos contrariados descalifican tanto al fiscal como al propio tribunal, que aún no ha dicho una palabra al respecto. Según Ciudadanos, sin el escudo del aforamiento, Casado ya estaría en el trullo. Según el eminente jurisconsulto Echenique, el fiscal y los magistrados del Supremo son simples esbirros del PP.

Es un hábito de los políticos españoles acusar a jueces y fiscales de prevaricar ante cualquier resolución molesta para sus intereses. Habría que ver su reacción si los órganos de la Justicia se lanzaran a valorar sus decisiones políticas con la misma insolencia, oportunismo y falta de rigor con que ellos pontifican sobre autos y sentencias.

Una ley para no indultar al golpismo
 larazon 24 Septiembre 2018

Que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la segunda autoridad del Ejecutivo, se pronuncie sobre una cuestión que compete al Poder Judicial, como es el mantenimiento, o no, de una prisión preventiva, dentro, por supuesto, de los plazos que marca la Ley, no es un asunto menor, puesto que podría interpretarse como un acto de presión del poder político sobre los magistrados del Tribunal Supremo que instruyen la causa contra el intento de golpe de Estado en Cataluña. Si a la intervención de la vicepresidente le añadimos las supuestas ofertas de indulto a los encausados hechas por la delegada gubernamental en el Principado, Teresa Cunillera, y la justificación, por razones humanitarias, que ha hecho de la misma el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, parece lógica la sospecha que albergan muchos ciudadanos de que el Gobierno de Pedro Sánchez, que depende de los votos de los nacionalistas en el Congreso, está enviando un mensaje, cuando menos equívoco, al separatismo catalán.

Un mensaje apaciguador que, por el momento, no está siendo correspondido por los dirigentes de la Generalitat de Cataluña, comenzando por su presidente, Quim Torra, quien ayer mismo daba por concluida la fase de restitución de las instituciones catalanas y anunciaba la reedición del proceso constituyente. Antes estas circunstancias, agravadas por la proximidad del primer aniversario del referéndum independentista, lo menos que necesitan los jueces y magistrados encargados de restablecer la legalidad conculcada es el ruido de fondo, plagado de disonancias, de un Gobierno, que parece incapaz de hablar con una sola voz, incluso en un asunto tan determinante para la sociedad española como es el desafío del proceso secesionista. De ahí que sea conveniente, aunque sólo sea en aras de la claridad y la firmeza que exige la defensa de la Constitución y la unidad de España, que los socialistas abandonen su calculada obstrucción en la Comisión de Justicia del Parlamento, con la que impiden la reforma legal sobre la concesión de indultos.

Es más, tienen una oportunidad excelente a partir del próximo martes, cuando el Partido Popular, tal y como ha anunciado su presidente, Pablo Casado, va a llevar a la mesa del Congreso la propuesta de ampliar a los condenados por delitos de rebelión y de sedición la imposibilidad de acogerse a medias de gracia excepcionales y discrecionales, como es el indulto gubernativo. La maniobra obstruccionista del PSOE, que busca ganar tiempo para no tener que pronunciarse antes de que se sustancien los juicios a los golpistas catalanes, sólo da alas a unos partidos separatistas, atentos a aprovechar cualquier resquicio en el bloque constitucionalista.

Que los representantes del nacionalismo, tanto en la Generalitat como en el Parlamento nacional, insistan en la insidia de que en España no existe la separación de poderes y que el Gobierno puede condicionar un proceso judicial, está dentro de los parámetros delirantes que hemos conocido de los políticos independentistas, pero contribuyen a mantener la inestabilidad en Cataluña, creando falsas expectativas que, al desvanecerse, sólo aumentan la frustración de una parte de la ciudadanía. Sabe el Gobierno que cualquier negociación con sus socios de la moción de censura debe mantenerse en los márgenes perfectamente delimitados del marco jurídico y político que establece la Constitución. Lo demás, incluidos los cantos de sirena de su vicepresidenta, sólo es ganar tiempo, y no demasiado.

? Más leyes ¿ No, gracias
Nota del Editor 24 Septiembre 2018

En primer lugar es una indecencia que la montonera de leyes que a algunos nos imponen no incluyan el sentido común en su aplicación salvo para el ciudadano pagano y se exija el cumplimiento de la absoluta literalidad para los demás. La aplicación de la ley debe hacerse de acuerdo con el sentido de la misma, como hacen en otros países, sin tener que hacer nuevas leyes para cada triquiñuela que se le ocurre al malvado de turno.

En segundo lugar, de tener que hacer alguna nueva ley, debería sustituir otras dos y ser más corta que la mitad de su suma.

Así manipulan la Historia de España en Cataluña: a la carta, «esquizofrenia editorial»
Un mismo grupo editor relata en Cataluña la historia en clave nacionalista y en el resto de España en clave constitucional
Esther Armora ABC 24 Septiembre 2018

Los expertos en Historia lo han calificado de «esquizofrenia» editorial. Les resulta «inadmisible» y «preocupante», según dicen, que un grupo editorial relate el mismo episodio histórico en dos claves «absolutamente diferentes» en función de sus intereses y del territorio al que va dirigido. La Asociación de Historiadores de Cataluña hace tiempo que alerta sobre esta práctica que, según afirman a ABC portavoces de esta organización, «impacta directamente en los alumnos ya que pone en riesgo la calidad educativa y contradice lo establecido en el Real Decreto 126/2014 sobre los conocimientos sobre Geografía e Historia que deben alcanzar los estudiantes españoles en esta asignatura».

En su denuncia, los historiadores apuntan a diversos grupos editoriales como Anaya, controlada desde 2004 por el grupo francés Hachette Livre y que publica sus manuales escolares en catalán bajo la marca Barcanova, o Santillana, propiedad del grupo PRISA. «Desde la Asociación de Historiadores de Cataluña nos preocupa que en Cataluña se editen ciertos libros de texto y que las mismas editoriales publiquen obras completamente diferentes en España», denuncia en declaraciones a este medio el profesor César Alcalá, quien subraya su indignación ante el hecho de que «algunos grupos defiendan públicamente su planteamiento contrario al independentismo y, sin embargo, acepten editar obras a favor del procés». «No es solo que afecte a Anaya o a Santillana, también es el caso de Cruïlla, que forma parte del grupo editorial SM -de la Fundación Santa María-; Edebé, de la Editorial Don Bosco, y La Galera, que forma parte del Grupo Enciclopedia Catalana», añade el historiador y escritor.

Versiones diferentes
Antonio Jimeno, profesor de secundaria y presidente del sindicato AMES, suscribe la denuncia de la Asociación de Historiadores. Considera «un escándalo y una irresponsabilidad» que «en su versión escrita en catalán una editorial relate los hechos históricos en clave nacionalista, presentando a Cataluña como un país independiente y obviando el marco constitucional, y en su versión en castellano del mismo manual explique a los alumnos otra versión en la que Cataluña es una comunidad autónoma dentro de España que se ajusta al régimen constitucional».

Los expertos sustentan su denuncia con ejemplos contenidos en los manuales de Historia de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) editados por Anaya (editorial Barcanova en Cataluña y Anaya en el resto de España). En concreto, compara el temario, mapas y vocabulario que usa el citado grupo editorial en los manuales de 2 y 3 de ESO en Cataluña y el usado en los textos de la comunidad de Madrid. AMES compara en un estudio ambos manuales y evidencia las diferencias de planteamiento y contenido que se aprecian en función de la comunidad a la que va dirigida. Entre otras cosas, la asociación denuncia la «descompensación» en cuanto a la extensión del temario que los dos libros dedican a la comunidad en la que se distribuyen. En el manual de Cataluña las alusiones a la comunidad son constantes y «monopolizan gran parte del temario». En cambio, en el manual de Madrid el espacio dedicado a la comunidad es «muy inferior».

«España», desterrada de los manuales en catalán
En el estudio se subraya también el hecho de que Barcanova obvie en sus manuales la palabra «España» y aluda a «Castilla» o «monarquía hispánica» y se refiera a Cataluña como país independiente en varios capítulos, especialmente en el manual de segundo de ESO. Algo que, «obviamente» no ocurre en los libros de texto que utilizan el resto de alumnos españoles.

Céntrandose en el manual de 2 de ESO de la marca catalana de Anaya, AMES destaca también el vocabulario y los términos utilizados «propios del lenguaje nacionalista y, por ello, poco adecuados para un libro de texto de historia, puesto que su único objetivo es el de adoctrinar ideológicamente al alumno». En cuanto a la desproporción de los contenidos, señala que la parte de Historia se compone de siete temas, dos de los cuales están dedicados a Europa en general, otros dos a Cataluña y ninguno dedicado al reino de Castilla ni al de Navarra. Asimismo,el tema 5, «El nacimiento de Cataluña yel resto de reinos peninsulares», dedica siete páginas de texto, con sus respectivas páginas de ilustraciones, a esta comunidad, y solo dos páginas de texto, con dos páginas de ilustraciones, a los reinos de Castilla, León, Navarra y Aragón. «Esta desproporcionalidad impide una visión general y completa de la historia de España», afirma en declaraciones a ABC Antonio Jimeno.

Términos mal empleados
El vocabulario y los términos empleados en este libro son, según denuncia el sindicato, «propios del lenguaje nacionalista». «Términos como estado, nación, país, estado independiente, símbolos nacionales son erróneos aplicarlos a la Edad Media, puesto que son conceptos que no existían tal y como los entendemos en pleno siglo XXI y cuya finalidad es únicamente adoctrinadora», apunta Antonio Jimeno, quien señala que «con estos términos mal empleados se fomenta interesadamente que el alumno conciba la historia de Cataluña como la de una realidad nacional».

Entre el «vocabulario nacionalista» empleado en este libro aparece varias veces la palabra «independencia» referida a Cataluña. «Un término que se usa con una única finalidad: la adoctrinadora, puesto que Cataluña nunca fue independiente como se pretende hacer creer desde el relato nacionalista», señala el responsable de AMES.

Visión más global
Por contra en el mismo manual de 2 de ESO escrito en castellano y dirigido a la comunidad de Madrid, en la parte de Historia se dedica un tema a Europa en general y otro a los otros reinos peninsulares en el que tanto Castilla, como León, Cataluña, Aragón y demás territorios, incluido Portugal,se tratan por igual. Al final del tema dedicado a la península ibérica se dedican dos apartados a la historia de Madrid en el periodo en el que se trata. «En los temas dedicados a la Península Ibérica se trata la historia de los reinos peninsulares por igual, de manera que el alumno también puede tener una visión global de todo lo que sucede en la España medieval», apunta Jimeno.

Más ejemplos de las versiones diferentes que ofrecen los manuales en catalán y castellano se pueden encontrar en el libro de tercero de ESO del grupo Anaya. En la versión en catalán editada por Barcanova puede apreciarse una desproporción entre el número de páginas dedicadas a la Geografía (246 páginas) y las dedicadas a la Historia (114 páginas) y, dentro de la Historia, que en este curso se dedica a la Historia moderna, sólo se dedican 28 páginas a la historia de España (de la página 310 a la página 337); el resto se dedican a la evolución de las ideas, a la historia de Europa y a la evolución de la arquitectura, la escultura y la pintura, según denuncia el sindicato educativo. Añade que «estas 28 páginas representan sólo el 7,7 por ciento del libro, ya que el libro tiene 365 páginas. Es una forma evidente de que al 14 alumnado no le llegue demasiada información sobre una realidad llamada España, que es su país», dice Antonio Jimeno.

Por otro lado, como sucede en la mayoría de los libros escritos en catalán, se observa, según denuncia AMES, la casi total desaparición del nombre de «España». Los nombres sustitutivos más empleados son «imperio hispánico» y «monarquía hispánica». Igualmente, en los mapas, en lugar de poner «España», para referirse a ella se pone los nombres de los reinos que se unieron para constituirla, como «Castilla» y «Corona de Aragón». «Pese a que se trate de un mapa de 1715 como puede apreciarse en la página 314 del manual», señala el experto.

El sindicato hace también hincapié en la «mala imagen» que se da de la UE en el manual de Barcanova. «En la página 244, las tres actividades que se incluyen la 8.23, la 8.24 y la 8.25 presentan a la U.E. como una entidad con problemas muy serios, fracasada. En la última se comenta que para superar la crisis es mejor salir de la UE. Todo esto se enmarca en desdramatizar las consecuencias de quedar fuera de la UE, como le podría pasar a Cataluña si se independizara», señala uno de los autores del informe.

Por contra en el manual de 3º de ESO, versión castellano y dirigido a los alumnos de Madrid, las alusiones a la comunidad son mucho más proporcionadas que las aparecidas en la versión catalana y en los diferentes capítulos y textos aparece constantemente la palabra «España». «En la página 21 se presenta un mapa de Europa a finales del siglo XV y en él aparece el nombre de España, cosa que no sucede en los libros utilizados en Cataluña, como se puede comprobar en este mismo trabajo.

«Están creando analfabetos históricos»
Los expertos en Historia advierten del riesgo que supone que los alumnos catalanes reciban una «visión sesgada y manipulada sobre la historia de nuestro país». «Estos pseudohistoriadores están creando analfabetos históricos y eso es algo muy grave», dice César Alcalá. «Que en los libros educativos catalanes se ensalce únicamente Cataluña y se ignore todo aquello que nos une a los españoles por formar parte de un territorio y que se imponga a los alumnos un sentimiento catalán y un desprecio hacia cualquier vinculación con España es muy grave», añade el historiador, quien apunta «posibles intereses económicos por parte de los grupos editoriales en estas prácticas».

«Llegamos a la conclusión de que las editoriales subvencionadas en Cataluña editan libros de texto sin importarles el contenido y venden, a nivel nacional, unos postulados y unos pensamientos opuestos a los que ofrecen en Cataluña, sin importarles el daño educativo que hacen», concluye el denunciante.

Manipulación en otras regiones
Recurrentes quejas de adoctrinamiento en Baleares
J. M. Aguiló informa de que desde el inicio de la actual legislatura, con la socialista Francina Armengol como presidenta balear con el apoyo de MÉS y Podemos, una queja recurrente es la del presunto adoctrinamiento que se estaría produciendo en diversos institutos de la Comunidad. Así lo han venido denunciando el PP, Cs o Actúa Baleares. En ese contexto, hace unos días la asociación PLIS, conformada esencialmente por profesores, pidió a la Consejería de Educación que obligue a la dirección del IES Pau Casesnoves de Inca a modificar «de inmediato» su proyecto lingüístico, ya que contendría un «adoctrinamiento claramente político».

Por lo que respecta a los libros de texto en Baleares, los más cuestionados por parte de padres y entidades no nacionalistas son los de Catalán de 2º de Bachillerato, con una crítica genérica a todas las editorales. Cabe recordar que la práctica totalidad de los libros con que estudian los escolares isleños son editados en Cataluña. En ese sentido, en los temas de sociolingüística siempre aparecen argumentaciones a favor de la inmersión en lengua catalana.

Com. Valenciana: tergiversaciones históricas y señas no oficiales
R. B. Crespo informa de que partidos, asociaciones de padres y plataformas se han movilizado durante los últimos años para denunciar lo que consideran adoctrinamiento en las aulas de la Comunidad Valenciana. El PP puso en marcha el pasado mayo una campaña, con web incluida, en la que animaba a profesores y familias a poner quejas para «evitar que los centros educativos se conviertan en subsedes políticas al servicio de los intereses del gobierno autonómico», conformado por PSPV-PSOE y Compromís. También Ciudadanos ha criticado situaciones de lo que entienden como «manipulación» en las aulas.

Otras asociaciones como la Plataforma Valencianista han trasladado paquetes de denuncias a la Alta Inspección de Educación, dependiente del ministerio. También las ha puesto en conocimiento del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo valenciano). Aunque muchas de ellas eran más referidas a Ayuntamientos, suele existir controversia con algunas actividades realizadas de cara al 9 d'Octubre -día de la Comunidad Valenciana- en algunos centros. Concretamente, se refieren a trabajos y carteles con presencia de la bandera cuatribarrada o con el nombre «Diada», denominación no oficial para esta festividad.

También recuerdan acciones de entidades como Escola Valenciana (próxima al modelo educativo catalán) por su venta de lotería u organización de unos encuentros que algún año han sido foco de polémica. Ocurrió en 2015, cuando en el marco de estas jornadas educativas en la localidad de Agullent los niños realizaron pintadas sobre las imágenes de distintos políticos, en su gran mayoría del PP.

Plataforma Valencianista ha denunciado igualmente «tergiversaciones de la historia» en los libros de texto, como «Jaime I, Rey de Cataluña y Aragón», la «Corona catalanoaragonesa» o «Pedro el Cerimonioso, Rey de Cataluña»; o un instituto que incluía en un mapa a la Comunidad Valenciana dentro de los «Països Catalans».

Audiencia Nacional
El juez procesa por un nuevo asesinato a la etarra protegida por Bélgica
Andreu atribuye a la terrorista Natividad Jáuregui el ametrallamiento en 1981 del policía nacional Francisco Francés Garzón
Luis P. Arechederra ABC 24 Septiembre 2018

La Justicia española no se olvida de Natividad Jáuregui, una etarra de los años de plomo a la que Bélgica da cobijo y protege desde 2013. La Audiencia Nacional le vuelve a seguir la pista y le atribuye ahora la responsabilidad del asesinato del policía nacional Francisco Francés Garzón, ametrallado hasta la muerte en la fría mañana del 9 de abril de 1981, en Bilbao, en las cercanías de la Basílica de Begoña.

El juez Fernando Andreu, en un auto al que ha accedido ABC, ha declarado procesada a Jáuregui, y ha cursado una comisión rogatoria a Bélgica para poder comunicar a la etarra su decisión, un trámite que todavía no se ha completado. En la misma resolución, fechada el 8 de marzo de 2018, el magistrado también procesa a otro histórico etarra, Enrique Letona Viteri, por el mismo crimen. Este terrorista sí ha sido informado del procesamiento y lo ha recurrido a la Sala de lo Penal.

Esta decisión coloca de nuevo a Jáuregui en el foco de la Justicia española. Huida desde 1979, la etarra fue arrestada en Bélgica en 2013 y 2016 tras ser reclamada por nuestro país. Las autoridades belgas rechazaron entregar a la pistolera al entender que en España corría el riesgo de ser torturada, y no se ha movido nunca de esta posición. La terrorista –que nunca ha rendido cuentas por su actividad en las filas de ETA– disfruta de una vida corriente en Bélgica y tiene cierta fama en el circuito de cocineros locales, con su propia empresa de cátering. Nunca ha podido ser juzgada.

La Audiencia Nacional ordenó arrestarla y entregarla a España en tres ocasiones, en los años 2004, 2005 y 2015.

Estrasburgo
El asunto ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. La familia del teniente coronel Ramón Romeo, a quien la terrorista asesinó en 1981, presentó en enero de 2017 una demanda contra Bélgica por negarse a entregar a la etarra. La corte internacional ha otorgado preferencia a este caso y dará una respuesta, previsiblemente, antes de que finalice el 2018.

El espejo de Jáuregui –sustentado en la desconfianza injustificada de Bélgica hacia el Estado de Derecho español– inspiró años después a Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros catalanes, que eligieron Bruselas para huir de la Justicia por el proceso secesionista ilegal. Uno de los letrados que representa precisamente al expresidente catalán es Paul Bekaert, que defendió a Jáuregui. El rapero Valtonyc también se fugó a Bélgica, para incumplir una sentencia española.

La nueva causa contra Jáuregui podría conducir a una nueva orden europea de detención y entrega contra ella, una reclamación que tiene más posibilidades de éxito si el procesamiento es firme, un estadio que todavía no ha alcanzado esta causa. El juez solo puede emitir esta orden si la Fiscalía está conforme.

El asesinato que persigue a la terrorista, conocida como «Pepona», nos devuelve a la era más sangrienta de ETA. La víctima, Francisco Francés Garzón, sevillano, tenía entonces veintinueve años, estaba casado con Bárbara Ortiz y era padre de dos niñas. Tenían cinco años y cuatro meses, respectivamente, cuando la banda terrorista ametralló a su padre.

Los etarras madrugaron. Era jueves, 9 de abril de 1981. A las 6.30 horas, dos miembros del comando Vizcaya robaron una furgoneta en Bilbao, amenazando a su conductor a punta de pistola. Uno de ellos era Letona Viteri, alias «Masillas», también procesado. En las inmediaciones, recogieron a Jáuregui y a otros tres etarras más.

El objetivo era controlar la llegada a primera hora de una patrulla de la Policía Nacional a la explanada de la Basílica de Begoña, donde iban a fijar un punto de seguridad para prevenir los ataques de ETA en el relevo matutino de agentes.

Cuando llegaron los agentes –en medio de la intensa niebla, poco antes de las 7 de la mañana– cinco etarras se apearon de la furgoneta y dispararon a los policías de dos convoyes. Utilizaron, según el auto de procesamiento, dos Cetmes (fusiles de asalto), un Kalashnikov, una metralleta y una escopeta de cañones recortados. Una de las pistoleras era Jáuregui, la protegida belga.

Seis delitos
ETA asesinó a Francés Garzón e hirió a otros dos policías: Antonio Muñoz Muñoz y Antonio Prado Martín. Los tres acababan de llegar a Bilbao para reforzar las filas policiales, debido a las medidas antiterroristas adoptadas después de que ETA asesinará a más de 90 personas en 1980, una sangría de dolor.

Por estos hechos, el magistrado atribuye a Letona Viteri y Natividad Jáuregui los delitos de pertenencia a organización terrorista, atentado en concurso con un delito de asesinato consumado y dos en tentativa, y delito de utilización ilegítima de vehículo de motor con uso de violencia o intimidación, todos según el Código Penal de 1973.

Además de Viteri y Jáuregui, en el atentado participaron cuatro etarras más, dos de ellos ya fallecidos. Contra los otros dos no se dirige la causa por considerarla prescrita. Si se confirma el procesamiento, se abrirá la fase para acusar y solictar la apertura de juicio contra ellos.

El etarra jugador de rugby que asesinó a mi hermano
Maite Pagazaurtundúa. larazon 24 Septiembre 2018

El 9 de marzo de 2001 fue asesinado el miembro de la policía autonómica Iñaki Totorika, en Hernani. Cuatro años más tarde fue detenido por la policía autonómica, en Astigarraga, un joven llamado Gurutz Agirresarobe, domiciliado en Hernani, jugador de rugby (uno de los taldes del «comando Basajaun» se llamaba precisamente «el equipo de rugby») porque de madrugada se encaró con una brutalidad inusual contra los miembros de la Ertzaina.

El atestado recoge que Agirresarobe no podía soportar que los compañeros del ertzaina asesinado le hubieran realizado un humilde homenaje con flores, coincidiendo con el cuarto aniversario del crimen, y que se volvió loco de furia al ver el coche de la Ertzaintza a unos dos kms. de donde ocurrió el asesinato.

Entre las frases literales que se recogen en el atestado está la de que «todos los putos españoles tenían que estar muertos. Cabrones. Marcharos de aquí. Ojalá os peguen un tiro». Y ya en el calabozo de la Ertzaintza en Hernani cantaba entre otras cosas, «Totorika, Totorika, más flores, más flores. Pun, pun Totorika. Totorika. Os van a matar como a Totorika. Mírate la nuca. Pin, pan, pun. Otro más».

El 6 de mayo de 2001 fue asesinado Manuel Giménez Abad en Zaragoza. El arma que le mató fue la misma que sirvió para asesinar el 8 de febrero de 2003 al sargento de la Policía Local de Andoain Joxeba Pagazaurtundúa. Nuestra familia vivía en Hernani, pero Joxeba en Andoain. Uno de los cómplices necesarios para el asesinato de Joxeba, Iñaki Igerategi, era natural de Andoain. Y este año fue recibido como un héroe en Andoain al salir de la cárcel y ahora el sindicato LAB realiza acciones públicas de protesta porque perdió la condición de funcionario.

Iñaki Igerategi, además de dar la información precisa para matar a Joxeba y a Iñaxio Uría, trabajaba en el aparato de extorsión de ETA bajo las órdenes de la que había sido Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Andoain, Ainhoa Ozaeta. La política de HB se integró en ETA poco tiempo después del asesinato en Andoain de José Luis López de la Calle.

El 3 de agosto de 2010 fue detenido Gurutz Agirresarobe junto a la que era su pareja sentimental en 2003 y un amigo. La entonces alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, apoyó a los amigos y familia de los detenidos, y cedió las instalaciones municipales para la rueda de prensa en la que mostraban su preocupación por la detención. Nunca se acercó a la familia de Joxeba, como vecinos de Hernani, como vecinos que terminamos huyendo. Durante el juicio pudo probarse que Agirresarobe fue el asesino de Joxeba.

Quedan muchos asesinatos sin resolver, como por ejemplo el de Manuel Giménez Abad. Un amigo de Agirresarobe, de Hernani, que también jugaba al rugby, está implicado en otros asesinatos. Quedan muchos asesinos sueltos. Hay cientos de asesinatos cuyo autor material no ha sido llevado ante la justicia. Y hay miles de personas a las que no se puede probar la colaboración con ETA.

Con los papeles que Francia va a entregar a España tal vez sea posible la determinación de cuál era la composición del comando de Agirresarobe. Tal vez pueda dar justicia en el caso de Giménez Abad. Para superar el pasado hace falta esa verdad, pero además no quiero dejar de señalar que en el último círculo de la responsabilidad están los estrategas políticos que establecieron el modelo del odio durante décadas y que no han condenado su responsabilidad política e histórica. Fueron legalizados sin condenar el pasado y eso intoxica la política vasca y española. Otegi, entre ellos.

Se busca la pistola que mató a Pagazaurtundúa
J.M.Zuloaga. larazon 24 Septiembre 2018

Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil gracias a los papeles y armas de ETA que Francia ha mandado a España, que serán entregados oficialmente el próximo 1 de octubre en un acto al que asistirán el presidente del Gobierno y el de la República francesa, han permitido llegar a la conclusión de que fue el «comando Basajaun», al frente del cual se encontraba Mikel Karrera, «Ata», el que perpetró el asesinato, el 8 de febrero de 2003, del sargento de la Policía Municipal de Andoain, Joseba Pagazaurtundúa. El arma utilizada en esta acción criminal es la misma que se usó en el atentado que costó la vida al presidente del Partido Popular de Aragón, Manuel Giménez Abad, que también se atribuye a «Ata», tal y como publicó LA RAZÓN ayer.

Por la muerte de Pagazartundúa ya está condenado a 32 años de prisión Gurutz Agirresarobe Pagola, al que consideró autor material crimen, ya que su huella apareció en una taza que había utilizado el que realizó los disparos. Sin embargo, no se le imputó la pertenencia a banda armada aunque sí su integración en el llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

La pistola con la que se cometieron ambos asesinatos no ha aparecido, aunque ha quedado acreditado, por los exámenes de balística, que fue la misma. Si, tras la diligencia de reconocimiento que será realizada el próximo 3 de octubre en París por el hijo de Giménez Abad, testigo presencial del asesinato de su padre, se confirma la autoría de ETA, el crimen contra Pagazartundúa no podría ser presentado ya como un hecho aislado, sino como un atentado más del «comando Basajaun».

Los investigadores van a tratar de buscar entre las pistolas que ha entregado Francia la que se utilizó en los dos atentados. Se sabe que fue adquirida por ETA en el mercado negro aprovechando la falsa tregua de 1998. Como ha quedado demostrado, la banda utilizaba estos periodos de «buena voluntad» para rearmarse.

Fuentes antiterroristas, consultadas por este periódico, subrayan que los citados papeles que se incautaron a Francia en diversas operaciones van a permitir realizar diversas investigaciones con el fin de averiguar la autoría de atentados aún sin esclarecer y que, por la zona en que fueron perpetrados, se pueden atribuir al «Basajaun».

Al tratarse de un «complejo», del que dependían cuatro «taldes» (grupos), era habitual que el jefe del entramado, en este caso, según todos los indicios, «Ata», entregara a algunos de los etarras el arma. Una vez cometida la acción criminal, se la devolvía. Es lo que pudo pasar en el caso de Joseba Pagazartundúa aunque los investigadores confían en acreditar en los próximos meses la participación de Karrera.

El «comando-complejo Basajaun» operaba en la zona este de Guipúzcoa, Navarra y Aragón. En esta última Comunidad Autónoma se les considera autores de la colocación de un coche bomba en el aparcamiento de El Corte Inglés de Zaragoza, el 21 de junio de 2002. Una «kantada» que se encontró en poder de los responsables «militares» en Francia, Jon Olarra y Ainhoa Múgica, así lo acredita. Otros de los atentados que se atribuyen al «Basajaun» es el asesinato en Leiza (Navarra), el 29 de septiembre de 2002, mediante artefacto bomba, del cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro Montes. Los autores podían pertenecer al talde conocido como «Los dos», ya que coincidía su zona geográfica de actuación. «El modus operandi de este atentado –carga explosiva accionada mediante mando a distancia– conllevaría el tener habilitada una rápida huida del lugar lo cual estaría garantizado con las premisas de hallarse el lugar del atentado a 20/22 kilómetros de las localidades donde se enclavan los domicilios de los presuntos integrantes de dicho “comando” y la rápida incorporación a una vía rápida y de tránsito por la carretera AP15», según informes de los investigadores. «La pancarta, tal como consta en diferentes declaraciones, (“extrañaba lo bien que estaba hecha”), («era de plástico muy grande, estaba muy bien confeccionada”), lo cual estaría en concordancia con los conocimientos de diseño de uno de supuestos autores».

Asimismo, se investiga el posible «secuestro exprés» de tres empresarios navarros que permitieron obtener a la célula etarra 700.000 euros, según reveló la documentación intervenida al cabecilla de la banda terrorista Ibon Fernandez Iradi, «Susper».

Sería la primera vez que se confirma que ETA ha llevado a cabo esta modalidad de secuestro consistente en capturar a la víctima durante unas horas y obligarle a pagar en el momento o forzarle a aceptar la entrega de dinero más adelante.

Los archivos intervenidos a «Susper», en diciembre de 2002, además de hacer posible la captura de casi 200 presuntos etarras, aportaron las pruebas de tres «secuestros exprés» cometidos en navarra para la estructura etarra «Gezi», que se encargaba de la extorsión y recaudación de fondos. Las tres víctimas navarras fueron un empresario chatarrero, al que le reclamaron 300.000 euros; otro industrial, al que le exigieron una cantidad similar y un tercero, a quien le solicitaron 210.000 euros. En la citada documentación, el sello (etiqueta judicial para guardar las evidencias obtenidas en una operación antiterrorista) TAR/CH/14, hay un documento bajo el título «Personas-Impuestos» en el que se recoge una lista de empresarios/empresas con diversa información como la dirección, gerente o dueño, familiares relacionados y finalmente una cantidad en euros (presumiblemente la cuantía solicitada).

También se investiga, en función de la documentación aportada por Francia, la posible autoría del «Basajaun» en el asesinato, el 30 de mayo de 2003, de dos agentes de la Policía Nacional en la localidad navarra de Sangüesa al estallar una bomba lapa adosada a su furgoneta. Se trataba de un equipo móvil para realizar el DNI. El arterfacto se activó al poner en marcha el vehículo.

‘Gara’ pierde la querella que puso a Inda por recordar que “es el periódico de ETA”
OKDIARIO 24 Septiembre 2018

La juez Mari Paz Batista González, magistrada del Juzgado de lo Penal número 17 de Madrid, ha absuelto al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, de la querella que interpuso en su contra la editora del diario Gara tras afirmar en un programa de televisión que esta publicación de Baigorri Argitaletxe SA ejerce como altavoz de la banda terrorista ETA.

En concreto, la editora se querelló contra Inda por una intervención en La Sexta Noche en la que manifestó que “según Tribunal Supremo, Euskal Herritarrok y Gara son ETA”; “Gara es el periódico de ETA”; “Gara es ETA” o “Gara y Euskal Herritarrok eran parte del entramado de ETA, lo dice el Supremo”.

Estas afirmaciones de Inda fueron efectuadas en el curso de un debate mantenido en dicho programa con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a raíz de la participación de éste en un acto celebrado en una herriko-taberna junto a Alberto Pradilla (periodista del diario Gara) y José Ramón Sabino Cuadra, exdiputado de Euskal Herritarrok, partido que fue ilegalizado por el Tribunal Supremo en marzo de 2003.

Tras la celebración del juicio oral, la magistrada considera que “las manifestaciones del acusado no pueden estimarse como constitutivas de un delito de calumnias porque, primeramente, es dudoso que éstas cumplan el requisito de especificidad exigido, pero fundamentalmente porque no puede admitirse que el acusado actuara con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio la verdad”.

En este punto, la juez remarca que Inda puso de manifiesto en todo momento sobre qué datos sustentó su opinión o juicio de valor “sin que, consecuentemente, pueda hablarse de la formación de un designio malicioso en quien manifiesta algo como deducción o conclusión de datos ya publicados”.

“No se basó en consideraciones despreciables, sino en datos ya publicados, como se ha tenido ocasión de comprobar”, subraya la magistrada, aludiendo a informaciones aparecidas en prensa.

De igual modo, la juez Batista González expone que “si la función de la libertad de expresión es la garantía del propio funcionamiento del sistema democrático, será imprescindible que la misma tenga por objeto cuestiones relacionadas con la comunidad social o asuntos de Estado donde el interés ha de reconocerse incuestionable”.

Y en base a ello, subraya que “en el caso que nos ocupa no hay ninguna duda de que tiene relación con actos de interés público puesto que el acusado criticaba que un líder de un partido político hubiera participado en un acto celebrado en una herriko-taberna junto a un periodista del diario Gara y un exdiputado de Euskal Heritarrok, consideran, entre otras cosas, siempre según el acusado, que Gara es ETA”.

“Interés público”
“Es evidente, en consecuencia, que el ámbito al que hace referencia el informante en el programa es una crítica relacionada con la comunidad y, por lo tanto, de interés público por lo que, en principio puede admitirse su situación preferencial”, en alusión al derecho de libertad de expresión e información, apunta la juez.

Además, sostiene que “no se puede concluir que el acusado actuara de manera descuida ni que empleara términos lesivos innecesarios y especialmente lesivos al honor del querellante sin relación alguna al contexto en el que se efectuaron”.

Isabel Coixet: “El ambiente catalán es irrespirable y es difícil mantener la cordura”
OKDIARIO 24 Septiembre 2018

"En Cataluña se ha generado un clima que no es sano"

La directora de cine Isabel Coixet ha comentado hoy en Segovia que en Cataluña hay un ambiente “irrespirable” en el que reina la “perversión” y ante el cual es “muy difícil mantener la cordura“.

El Hay Festival de Segovia cierra hoy su decimotercera edición con conferencias y reflexiones como las que ha trasladado la cineasta española, quien ha dirigido películas como La vida secreta de las palabras, Invisibles, Nadie quiere la noche o La librería.

Cataluña ha sido uno de los ejes centrales de este evento durante el cual ha asegurado no entender como gente que, a su juicio, es inteligente puede escuchar un discurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y “no rasgarse las vestiduras”.

En este sentido, ha recalcado que en esta Comunidad se ha generado un clima que “no es sano” y en el que para mantenerse cuerda ha tenido que refugiarse en su trabajo; también el “sentido del humor” está siendo un arma de supervivencia para todos los catalanes no independentistas a los que se está dejado en “tierra de nadie”, ha criticado.

“Es duro que te tiren banderas a la cara o te llamen fascista cada vez que sales de casa por no llevar un lazo amarillo”, ha relatado Coixet, quien ha admitido que en ocasiones ha barajado la opción de denunciarlo, pero al no tener claro quién podría tomar cartas en este asunto la sensación es de “soledad”.

Ha advertido de que aquellos que defienden la unidad de España optan cada vez más por el silencio porque es “muy cansado discutir cada momento de la vida cotidiana”, si bien ha recordado que “por callarse salen úlceras en el estómago”.

En cuanto a la “invasión” de lazos amarillos en los espacios públicos, ha reconocido no estar a favor, ya que “cada uno puede llevar en la solapa de su camisa el lazo rosa, la bandera de España o la de la Legión, pero no agobiar con estos símbolos en lugares que son de todos”, aunque, en su opinión, el hecho de estar poniendo y quitando lazos se ha convertido en un “juego infantil”.


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