AGLI Recortes de Prensa   Viernes 28 Septiembre 2018

Vivir es cada día más caro
José María Gay de Liébana okdiario 28 Septiembre 2018

La inflación se encuentra al alza por culpa del precio del petróleo y de ese jeroglífico indescifrable que es el del precio de la electricidad que, por más promesas que vaya lanzando el Gobierno de turno, siempre se dispara inexplicablemente. Uno tiene la convicción de que en el transcurso de lustros recientes se han agotado ya toda suerte de excusas no convincentes y sin ningún efecto práctico salvo que la luz va encareciéndose.

A ese auge de la inflación hay que incorporar una sucinta reflexión: no es lo mismo que la inflación se anime como consecuencia de aumentos salariales y de una mejor potencia adquisitiva por parte de los consumidores que debido a aumentos en los precios del petróleo y de la electricidad, con lo cual se golpea directamente a la renta disponible de las familias que ven mermada su potencia de compra.

Con la inflación por los suelos o incluso por el subsuelo, es decir, a tipo cero o negativo, aún se daba capacidad adquisitiva y poder de compra por la ciudadanía. Hoy, la tasa de inflación supera el 2% y los aumentos salariales, si los hay, están en general por debajo de ese 2%. Se pierde, por tanto poder de compra. El consumo privado estreñido y acumulado a lo largo de años anteriores, ya se ha ido evacuando.
Deberes sin hacer

El final de la política monetaria ultraexpansiva del BCE en enero de 2019 invita a formular otras introspecciones. ¿Se encuentra España en unas buenas condiciones hoy por hoy para hacer frente y poder encajar turbulencias financieras y rayos económicos?

La realidad indica que en los buenos tiempos quienes han ostentado las riendas hacendísticas del país no han ajustado su quehacer a una rigurosa disciplina fiscal en la dirección que se tendría que haber enfilado. Hemos continuado vomitando déficit y aumentando con ligereza nuestra deuda pública que en lo concerniente a los pasivos en circulación de las Administraciones Públicas suman 1.635.904 millones de euros, camino del 140% de nuestro PIB. El horizonte comienza a ponerse cada vez más oscuro. Vivir está cada día más caro.

Prohibido lo malo
Sánchez quiere leyes para perseguir al poco periodismo que no es su soldadesca
Hermann Tertsch ABC 28 Septiembre 2018

Estén atentos los españoles, porque si este Gobierno no cae pronto, sea por inepto, por tramposo, por mentiroso, por plagiario, por traidor, por cómplice de mafias, por colaborador de golpistas y enemigos de España, puede que se quede. Puede que transforme tanto los métodos de trabajo en nuestro sistema que no podamos, no nos dejen hablar sobre su relevo hasta que las condiciones de miseria, violencia y caos ocupen organismos internacionales. En España asistimos ya a muchos pasos consecuentes que dicta el guión de una toma de las riendas del poder, no solo del Gobierno, sino del sistema, para poder casi excluir la alternancia. De ahí que sean tan alarmantes las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo que anuncian la intención del Gobierno de imponer límites a la libertad de expresión e información. Siempre en defensa de la verdad, faltaría más.

Tras los baratos eufemismos de Calvo, queda claro que el Gobierno considera que jueces y tribunales no son suficientes como hasta ahora para perseguir los delitos en opinión e información. Porque hay informaciones u opiniones que este Gobierno quiere perseguir y que aún no puede. «Necesitamos seguridad». Se regulará -dice que con otros países- lo no regulado hasta ahora en el ámbito de la libertad de expresión y del derecho a la información. Las amenazas a los medios de este Gobierno no tienen precedentes en España desde 1978. No quieren que se hable mal de ellos. Y decretan que todo lo malo sobre ellos es mentira. Ya lo advirtió Pedro Sánchez, menos solemne que macarra, que quien le critique a él o al Gobierno critica al Estado. Al principio nos hizo gracia. ¿Qué rayos se habría creído ese galán de grandes superficies? La risita se nos ha borrado. Con su carácter práctico, no serán ni el principio de contradicción, ni la honradez, ni la vergüenza ni el sentido del honor lo que frene la incontrolada ambición de Pedro Sánchez. No tiene dudas ni muestra escrúpulos. No hay elecciones. Los golpistas son buenos. Los constitucionalistas, malos. Monto cuando quiero en avión. Mi mujer trabaja donde me dé la gana. Quien me ataca ataca a España. Punto.

Atentos españoles, el Gobierno quiere armas para combatir «la mentira» de los periodistas. Eso que les gusta llamar «fake news» porque hacen mucho daño, «a veces», dramatizaba ayer Calvo, «daños irreparables». En un ambiente tan comprensivo de la leal soldadesca izquierdista del periodismo patrio nadie le haría reparar ayer que los daños que sufre actualmente el Gobierno no los generan unas mentiras sino unas verdades. Estas nuevas medidas para limitar la libertad de expresión y de información encajan con las disposiciones de la nueva ley de memoria histórica que tiene en la recámara el PSOE y que impone penas de prisión, graves multas e inhabilitación a quienes cuestionen la interpretación de la guerra civil española y del franquismo que hacen quienes se consideran herederos de los perdedores. Dará con sus huesos en la cárcel quien crea como yo que la tragedia española no comenzó el 18 de julio de 1936, sino con la criminal quema de iglesias y conventos de 11 de mayo de 1931 y que, por supuesto, fue una inmensa suerte para España que la guerra la ganara Franco y no Stalin.

Ahí tienen a la UE muy preocupada por Hungría y Polonia, porque cumplen su programa unos gobiernos avalados por amplias mayorías salidas de elecciones impecables. Pero de España no dice nada la UE. Pues debiera. Un gobierno de 84 escaños apoyado por grupos totalitarios -unos pisotean los derechos de los españoles no separatistas, otros son títeres y franquicias de regímenes asesinos-, prepara un arsenal de medidas para perseguir a quien discrepe. A quien se atreva a decir la verdad sobre el Gobierno y sobre la historia o a escribir una columna como esta.

El Pedro que debe dimitir es Sánchez
EDITORIAL Libertad Digital 28 Septiembre 2018

Siempre que sea dentro de los márgenes de la legalidad, cualquier ciudadano tiene derecho a hacer lo posible para pagar menos impuestos. Ni el patriotismo ni la ética están relacionados con el hecho de dejar que el Estado nos extraiga hasta la última gota del dinero que producimos con nuestro esfuerzo y nuestra pericia.

El problema de Pedro Duque no es su comportamiento, que es el de un profesional muy cualificado y de conducta aparentemente intachable pero que, eso sí, probablemente ha elegido el peor momento y la peor compañía posibles para entrar en política. El problema es que por pura demagogia, por miserable interés político y de forma totalmente irreflexiva Pedro Sánchez, alguno de sus socios parlamentarios y buena parte de la prensa, no sólo la de izquierdas, han establecido un estándar moral que ni unos cumplen en la política ni otros en el periodismo.

Y es que si el presidente del Gobierno se aplicase a sí mismo tan estricto código ético, el primero en dimitir tendría que ser él, que dijo en sede parlamentaria que "en Alemania los ministros dimiten por plagiar una tesis". Sánchez defenestró a Màxim Huerta por no cumplir el estándar de excelencia en cuanto a ser saqueado por el Estado sin tan siquiera rechistar y acabó con la carrera de Carmen Montón por un plagio en un máster insignificante, pero tras airearse el infinitamente más grave cúmulo de estafas en torno a su doctorado Sánchez se niega a asumir su responsabilidad.

Ahora, en cambio, tanto Pedro Duque como Dolores Delgado son sostenidos en su cargo porque resulta que el elevadísimo estándar moral del doctor Sánchez cambia cuando sabe que el siguiente en caer es él, porque hasta el presidente es consciente de que con cuatro ministros dimitidos es imposible que siga en La Moncloa el Gobierno que llegó al poder con una moción de censura cuyo principal motivo era la regeneración democrática.

Mientras tanto, en la polvareda generada alrededor de los impuestos de un ministro, se desdibuja el descomunal escándalo de una fiscal -nada más y nada menos que de la Audiencia Nacional- que escuchó a un comisario de Policía confesar gravísimos delitos y no sólo no lo denunció sino que prácticamente aplaudió.

Ningún grupo de comunicación ha sido tan crítico con las actividades presuntamente delictivas del excomisario Villarejo como Libertad Digital y esRadio, pero venga de donde venga la filtración los hechos que se han desvelado sobre la actual ministra de Justicia, su convivencia con una mafia policial-judicial y el rosario de mentiras con las que Dolores Delgado ha tratado de tapar, infructuosamente, el gigantesco escándalo son absolutamente intolerables y deberían llevarla a la dimisión y quién sabe si a afrontar algunas responsabilidades penales.

Del mismo modo, sus propios escándalos y sus vaivenes al tratar los escándalos de los demás hacen evidente que el presidente del Gobierno es incapaz de cumplir con las premisas de regeneración que él mismo impuso, fue el primero en violar y en virtud de las cuales se aupó a un poder que no le han dado los ciudadanos con su voto y que en sólo cuatro meses ha demostrado que no merece.

Hoy mismo debería dimitir un Pedro, sí, pero ese Pedro no es Duque sino Sánchez.

Presidente, convoque Elecciones con urgencia y acabe con este martirio
EDITORIAL esdiario 28 Septiembre 2018

Nunca un Gobierno se ha deteriorado tan profundamente en tan poco tiempo como el de Sánchez. Sólo tiene una salida para acabar con este bochorno: devolverle a los ciudadanos la decisión.

Ningún Gobierno en la historia de la democracia española ha tenido un deterioro tan profundo y tan rápido como el de Pedro Sánchez, probablemente porque ninguno de ellos, tampoco, tuvo el extravagante origen del actual: nadie -ni en España ni en Europa- ha buscado mayorías parlamentarias sin tenerlas primero en las urnas, y mucho menos pactando con partidos a los que en realidad se debería haber contribuido a aislar.

Devolverle la palabra a los ciudadanos es la única salida digna que le queda a un presidente quemado, sin autoridad y rodeado de sainetes

Ese pecado germinal, compensado en vano con una abrumadora propaganda preparatoria de una larga campaña electoral, explica en parte la degradación de un Ejecutivo lastrado por su ínfima minoría parlamentaria, atrapado por las exigencias de sus socios y boicoteado por el maximalismo ejemplarizante previo del propio Sánchez, que ahora le explota con efecto bumerán.

Dos ministros dimitidos y otros dos con todas las papeletas para seguir su camino, y el propio Sánchez ahogado en las falsedades académicas de su tesis, conforman un paisaje desolador para cualquier Gobierno, pero especialmente para uno sin el respaldo de las urnas que apeló a la "ejemplaridad" para justificar su acceso a La Moncloa.

Y si grave es depender del populismo y de los independentistas en la gestión política; escandaloso es hacerlo además desde el bochorno diario que a título personal protagonizan ministros como Delgado y Duque o polémicas como las de sus grabraciones, sus trucos fiscales o los plagios presidenciales.

Es demasiado. España vive en un clima irrespirable en el que los hechos objetivos se entremezclan con venganzas, medias verdades y una demagogia de un calibre tal que hace inviable dar explicaciones e iluso esperar que se acepten: en algún momento habrá que acabar con esto, pero no es Sánchez precisamente el más adecuado para exigirlo. Porque él ha sido el máximo instigador de esa cacería y su principal beneficiario.

Devolverle la palabra a los ciudadanos es la única salida digna que le queda a un presidente quemado, sin autoridad y rodeado de sainetes, por mucho CIS que falazmente intente dibujar un escenario favorable inexistente. Convoque elecciones, señor Sánchez, por elemental sentido común y por esa decencia olvidada desde que tomó posesión.

Resistir no es gobernar
 larazon 28 Septiembre 2018

Si yo tengo en la ejecutiva federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva». Esta afirmación tajante del hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunciada en 2015, que, realmente, ponía muy alto el listón ético, ha perdido vigencia a medida que los escándalos han ido minando la posición personal del jefe del Ejecutivo. Así, cayó inmediatamente el exministro de Cultura Màxim Huerta, al descubrirse que había sido sancionado por Hacienda a causa de una sociedad instrumental, y, luego, tuvo que presentar la dimisión la exministra de Sanidad Carmen Montón por la obtención irregular de un título académico.

Sin embargo, no parece rezar la misma exigencia para la titular de Justicia, Dolores Delgado, atrapada en un pantano de medias verdades, mentiras, rectificaciones y parvas excusas, ni para el ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, que creó con su esposa, embajadora de España, una sociedad instrumental para cubrir la adquisición de dos chalés unifamiliares, en Madrid y Jávea, respectivamente, algo insólito para la inmensa mayoría de los ciudadanos que compran una vivienda.

Nunca, al menos en la historia reciente, la sociedad española había asistido a semejante espectáculo por parte de un Gobierno y, sobre todo, de un presidente que se había imbuido de una especie de autoridad moral, de un aura flamígera y justiciera, desvanecida en poco más de un trimestre. Porque ni siquiera se trata de aplicarse las mismas exigencias éticas que reclamaba airado para los demás, sólo es cuestión de actuar como lo haría cualquier presidente del Consejo de Ministros con cualquier miembro del Gabinete que desmerezca la dignidad del cargo. Es decir, no se pide un plus de probidad al actual gobierno socialista, sino un mínimo de sentido de la responsabilidad.

Es, por ejemplo, absurdo alardear de que no se va a ceder a una extorsión, cuando es, precisamente, la permanencia en el cargo de la ministra malamente grabada, lo que mantiene vivo el supuesto chantaje. Pero la cruda realidad es que lo que cuenta por encima de cualquier consideración es la permanencia del presidente Sánchez en el poder. Su Gobierno está abrasado, hasta el punto de que sus ministros se tientan la ropa antes de aparecer en algún acto público en el que les puedan abordar los periodistas. La titular de Justicia, sin ir más lejos, ha tenido que suspender la agenda, y, no lo olvidemos, el propio Sánchez tiene abierto el flanco de su, cuando menos, cuestionada tesis doctoral.

Todavía puede, es cierto, contar con el apoyo de sus aliados en la moción de censura, pero éstos, plenamente conscientes de su debilidad, van a intentar ganar posiciones de cara a la próxima contienda electoral. Cuantas más cesiones a la demagogia populista de Podemos, cuantos más guiños y concesiones a quienes desde el separatismo catalán quieren destruir la unidad de España, más debilitado llegará a las urnas el Ejecutivo y, por ende, el PSOE.

El problema es que esa incapacidad, que pareciera congénita, para gestionar normalmente los asuntos de gobierno, ponen en riesgo el proceso de recuperación de nuestra economía, como vienen alertando los distintos actores sociales. Es preciso insistir en que la única salida válida que le queda a Pedro Sánchez es convocar elecciones cuanto antes y devolver la palabra a los españoles. No es posible seguir así a la espera del escándalo diario que convierte la vida pública en un dislate y agria la convivencia. Los problemas que acechan a España no son, precisamente, menores y no pueden enfrentarse desde la debilidad.

¿Quién chantajea a quién?
Emilio Campmany Libertad Digital 28 Septiembre 2018

La dimisión de Pedro Duque es exigible por mera aplicación del listón de Sánchez, según el cual procede cuando se han evadido impuestos. Claro que ese mismo listón exige la dimisión del propio Sánchez por haber plagiado la tesis con la que logró el título de doctor, causa suficiente, según él mismo, para dimitir.

Sin embargo, lo de la ministra Delgado va mucho más allá. Naturalmente, si se demuestra, como es el caso, que una ministra que es fiscal de profesión oyó la confesión de un funcionario de la Policía en la que contaba cómo había montado una red de prostitución con el fin de extorsionar a empresarios y políticos, aquélla debería dimitir por no haberlo denunciado. Y quién sabe si podría en el futuro ser acusada de encubrimiento, si llegara a demostrarse que en efecto el policía cometió los delitos de los que se jacta ante ella. Pero, siendo todo esto gravísimo, no es ni mucho menos lo peor.

La cuestión es que Delgado y Villarejo tenían una relación suficientemente estrecha, probablemente Garzón mediante, como para que el excomisario le contara lo que estaba haciendo. Pero ¿para qué se lo cuenta? ¿Sólo para pavonearse? No es corriente que quienes cometen delitos de esta clase los aireen frívolamente en un almuerzo. Por otra parte, cabe pensar que algunos de los que cayeron en la tentación de tener encuentros con las prostitutas de Villarejo no eran personas que tuvieran mucho dinero, sino funcionarios que podían tomar decisiones en beneficio de otras que sí lo tenían. Pero ¿por qué estaba Delgado al cabo de la calle de los manejos de Villarejo? ¿Tenía ello que ver con sus funciones como fiscal?

Y aún hay más preguntas. Si la finalidad de todas estas filtraciones tuviera como objeto chantajear a la ministra para que ésta logre la puesta en libertad de Villarejo, algo que no puede hacer directamente, ¿tiene sentido hacerlo revelando que Villarejo ha cometido otros delitos muy graves, distintos de aquellos de los que ya se le acusa? Sabido es que la fonoteca y videoteca de Villarejo, desde que se registró su casa, ya no está bajo su exclusivo control. Y el director del CNI, en una nueva excusatio non petita, se ha apresurado a declarar que no las tiene.

En todo este asunto, quienes están siendo en realidad chantajeados no son tanto los miembros del Gobierno de Sánchez, sino esos jueces y magistrados de los que se sospecha tuvieron relaciones con menores cuando estuvieron en Cartagena de Indias y que podrían ver publicados sus nombres. Y también todos aquellos, incluidos quizá algunos jueces y fiscales, que cayeron en la red de prostitución de Villarejo y que hoy saben que sus vídeos podrían ver la luz. Si fuera así, ¿con qué objeto se les está amenazando?

Mientras, las asociaciones de jueces respaldan a la ministra y no consideran que en las conversaciones publicadas haya nada que justifique su dimisión. Aquí hay gato encerrado.

El lodazal
Cristina Losada Libertad Digital 28 Septiembre 2018

Los que más gallean de que van a limpiar el lodazal son los que más se hunden en él. La limpieza que tiene que hacer Sánchez es la de sus establos.

Después de las penúltimas filtraciones que ponen en duda la ética de uno de los miembros de su Gobierno, el presidente Sánchez dijo en Nueva York varias cosas de interés. De interés, sobre todo, porque su manera de defenderse de las dañinas revelaciones contradice su propia conducta política cuando estaba en la oposición. No ha pasado tanto tiempo como para que aquellas actuaciones se hayan olvidado. Y no es posible ignorarlas como si fueran intrascendentes. No hablamos de sus viejos y prosaicos tuits anunciando que iba a cenar o a dormir, que los duendes de la red social recuperan para regocijo del irreverente público, sino de una parte destacada de su política de oposición al Gobierno que ha derribado, por usar el verbo que empleaba el otro día la vicepresidenta.

"No nos va a marcar la agenda política ningún corrupto" y no se debe "hacer oposición a base de informaciones de un chantajista" son frases que bien pudo haber pronunciado Rajoy a la vista del seísmo político que provocó la publicación en el diario El Mundo de unos SMS que había intercambiado con el extesorero Luis Bárcenas, en aquel momento imputado por la trama Gürtel. Según el periódico, Bárcenas decidió sacar a la luz aquellos fragmentos de una conversación privada a raíz de que el portavoz del PP en el Congreso le llamara "delincuente". Las filtraciones de aquel delincuente marcaron la agenda política española de tal manera y por tanto tiempo, que dos años y medio después, en el cara a cara electoral entre Rajoy y Sánchez, éste "le repitió una y otra vez el ‘Luis, sé fuerte’ que Rajoy escribió en un mensaje de texto a Luis Bárcenas". Así lo recoge una crónica periodística del debate.

El presidente cree que las informaciones de un chantajista o un corrupto son material tóxico sin ninguna credibilidad, que contaminan al que las utiliza. El problema, su problema, es que no creía eso mismo hace pocos años. Entonces creyó las informaciones que proporcionó un corrupto y armó su oposición en base a ellas. De modo paralelo, la prensa que ahora llama a no facilitar la estrategia del chantajista corrupto dio cancha interminable a la estrategia de un corrupto chantajista. ¿Lo que valía contra el Gobierno Rajoy no vale contra el Gobierno Sánchez? Esto es como la escena de Casablanca: ¡qué escándalo, la prensa publica secretos que filtran gentes indeseables! ¡Y la oposición lo utiliza!

Doble vara de medir aparte, la cuestión es la veracidad. Si las grabaciones en las que aparece la ministra de Justicia no han sido manipuladas, si son auténticas, Dolores Delgado no puede seguir siendo ministra de Justicia. No por referirse despectivamente al juez Grande Marlaska, no por las expresiones que escandalizan a puritanos de ocasión y guardianes de la corrección política. Aquello que importa, lo que pone en cuestión su idoneidad para el cargo, es su cómoda relación de compadreo con personajes dedicados a la extorsión y el hecho de que, informada de alguna de sus actividades presuntamente delictivas, todo lo que hizo fue decir: "Éxito garantizado". Las grabaciones muestran que, siendo fiscal de la Audiencia Nacional, se relacionaba en términos de gran familiaridad con unos chantajistas, y celebraba el relato que éstos hacían de sus hazañas. La cartera de Justicia no debe estar en manos de una persona que exhibe esa laxitud moral.

El presidente Sánchez dijo también en Nueva York que "el Estado no acepta chantajes de nadie". Pero la ministra de Justicia no es el Estado. Afortunadamente. Ni siquiera el Gobierno del señor Sánchez es el Estado. Y el presidente del Gobierno, obviamente, no es el Rey Sol, al que se le atribuye la famosa frase. A quien más se parece ahora Sánchez, mira tú por dónde, es a Donald Trump. En especial, cuando dice, como acaba de decir: "Hemos venido a limpiar y vamos a seguir limpiando". Trump llegó a la Casa Blanca blandiendo un lema de ese estilo: Drain the swamp! Drenar el pantano significaba acabar con la corrupción de Washington, un clásico propósito del populismo estadounidense, muy antigubernamental. Pero lo que ha sucedido es que, lejos de drenar el pantano, Trump preside una de las Administraciones más cuestionadas por falta de ética de toda la historia moderna de EEUU. Parece una maldición. Los que más gallean de que van a limpiar el lodazal son los que más se hunden en él. La limpieza que tiene que hacer Sánchez es la de sus establos.

La ley mordaza de Carmen Calvo
Editorial ABC 28 Septiembre 2018

Han tenido que caer dos ministros del Gobierno, forzados a dimitir por las revelaciones de los medios, para que la vicepresidenta del Ejecutivo repare en la necesidad de controlar la prensa y poner límites a la libertad de expresión que consagra la Constitución, giro de clara inspiración chavista que se suma a la toma de Radio Televisión Española -primera iniciativa del Ejecutivo de Sánchez- o a las amenazas judiciales de La Moncloa a quienes, como ABC, denunciaron el plagio de la tesis del presidente del Gobierno. Carmen Calvo dio ayer un paso cualitativo en esta política de corte totalitario al abogar por regular e «intervenir» la libertad de expresión, privando así a la opinión pública del necesario control que los medios ejercen al poder político.

Las revelaciones sobre los ejercicios de ingeniería fiscal a los que recurrió el ministro Pedro Duque para optimizar su relación con la Agencia Tributaria, o las conversaciones que muestran la condescendencia de la titular de Justicia con quien había organizado una red delictiva de prostitución para extorsionar con «información vaginal» a personalidades públicas, desenmascaran a un Gobierno cuya única razón de ser fue, precisamente, la regeneración ética. El argumento de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, desde donde insiste en repartir credenciales de pureza democrática y moral -«Hemos venido a limpiar», repite-, se viene abajo ante las informaciones que, un día sí y otro también, ponen de manifiesto una forma de actuar diametralmente opuesta a los principios que enarboló para tomar el poder. La prensa estorba a un Ejecutivo cuya única legitimidad derivaba de su presunta superioridad moral y al que los medios de comunicación sitúan a diario ante el espejo de sus propias contradicciones.

La solución para la vicepresidenta del Gobierno no consiste en un ejercicio de contrición como los que, en numerosas ocasiones, llevó a cabo el anterior Ejecutivo por sus corruptelas, sino en «empezar a tomar decisiones que nos protejan». Se refiere Carmen Calvo a proteger a los políticos, claro está, no a defender a los ciudadanos -como sería más deseable- de quienes recurren a la impostura y la propaganda para difundir medias verdades, si no mentiras. Cuando la vicepresidenta del Ejecutivo habla de las pseudoinformaciones que «transforman literalmente la propia concepción de la vida y del mundo que tenemos» da la impresión de referirse a su propia maquinaria publicitaria, incapaz ya de contrarrestar las noticias que retratan a su Gabinete. La libertad de expresión tiene límites, como bien saben los raperos y tuiteros que envilecen el mundo de la comunicación, pero no es a los políticos a quienes hay que proteger, sino a los ciudadanos libres que confían en medios como ABC para informarse, amenazados, unos y otros, por un Ejecutivo que lo basó todo en la propaganda y que, a la venezolana, trata de imponer y blindar su verdad. No peligra la prensa, sino la propia democracia.

Este listón no hay español que lo salte
Cristian Campos elespanol 28 Septiembre 2018

Como Al Capone, que inundó Chicago de sangre y acabó encarcelado por evasión de impuestos, es probable que el Gobierno del PSOE caiga, si es que cae, por fallas éticas de segundo rango. No dice mucho de nuestra madurez democrática.

Que un presidente que acaba de hacer entrega de 700 millones de euros a una fuerza armada de 17.000 hombres mayoritariamente desleales a la Constitución acabara cayendo por un coloquial “maricón” no dejaría de ser un naufragio. ¡Se empieza acariciándole el lomo a golpistas y se acaba comprando una casa mediante una sociedad instrumental! Si les damos dos meses más, son capaces de pedirse un menú degustación en el ABaC cuando hay gente que pasa hambre en Somalia.

En 2015, Pedro Sánchez llamó “indecente” a Mariano Rajoy. “El presidente tiene que ser una persona decente y usted no lo es” dijo. Es probable que Sánchez creyera estar elevándole el listón ético al PP cuando en realidad estaba señalando, posiblemente sin ser consciente de ello, hasta dónde pensaba saltar él mismo cuando llegara a la presidencia del Gobierno.

Visto que el Gobierno de Pedro Sánchez está mostrando serias dificultades no ya para saltar el listón de la decencia, sino sencillamente para despegar los pies del suelo, parece claro que mejor habría hecho reprochándole a Rajoy su precario dominio del inglés. Al menos en eso habría estado a la altura de las expectativas generadas por él mismo.

Que el Gobierno del doctor Sánchez esté muriendo del mismo mal del que falleció Asia Argento no es casualidad: venderle el alma al demonio del puritanismo en el cruce de carreteras del populismo produce beneficios a corto plazo, pero el Gran Puritano no suele tardar demasiado en cobrarse su precio.

Es lo que le está ocurriendo a Sánchez y es la hoguera en la que acabarán ardiendo las ofendiditas de lo LGBT y del neobeaterío feminista. “Dedícate a escribir de toros, que tienen más futuro” le diría a alguna periodista a la que, a pesar de todo, le tengo cierto aprecio (en realidad, tampoco me haría caso).

A día de hoy, no existe ni un solo español en España capaz de superar el listón moral impuesto por la izquierda. Acabaremos buscando ministros en los monasterios budistas a falta de españoles sin tachas éticas y morales. Ayer, Pedro Duque dio algunas explicaciones perfectamente razonables. Su problema es que su jefe, el doctor Sánchez, puso el listón de su Gobierno un metro por encima de la razón, allí donde las tripas dominan el paisanaje como cabras sobre un risco.

No hace falta un master, ni mucho menos un doctorado, para deducir que si llegas al poder aupado por la demagogia y la mentira, tu destino quedará en manos de aquellos que se nutren de demagogia y mentiras.

Sánchez pasará y algún día, dentro de meses o de años, será sustituido por un Gobierno del PP o de Ciudadanos. No les auguro mejor suerte que la que están sufriendo en estos momentos Delgado o Duque: fue el PSOE el que abrió la puerta al populismo en este país y no va a cerrarla precisamente cuando sus rivales lleguen al poder.

En el horizonte, esa Italia a la que los jefes de Gobierno le duran meses, cuando no semanas. O empezamos a comportarnos todos como adultos o sobre las ruinas del Estado de derecho acabarán reinando aquellos que no tienen problemas con los listones morales porque los utilizan para empalar con ellos a los adversarios mientras se abrazan con terroristas y dictadores. Ya saben de quién les hablo.

Ministro, en la Luna y aquí esto es fraude fiscal
OKDIARIO 28 Septiembre 2018

Pedro Duque tuvo su primera misión espacial hace 20 años en el transbordador Discovery. Después, en 2003, viajó a bordo de la nave Soyuz TMA a la Estación Espacial Internacional. A partir de ahí, su vida ha estado siempre relacionada con el espacio exterior a tiempo completo, ya sea como docente o investigador. Tras tanto tiempo en las alturas, quizá haya olvidado que, aunque en la Luna o en cualquier otro punto de la Vía Láctea no se pagan impuestos, aquí sí. Es conveniente recordárselo por si, entre viaje y viaje por la estratosfera, de repente se ha olvidado de que los gravámenes sirven para pagar aspectos esenciales de la sociedad como Educación —él es ministro de Ciencia, Innovación y Universidades— Sanidad, Infraestructuras, Dependencia o Pensiones.

Las explicaciones de Pedro Duque sobre las exclusivas de OKDIARIO han sido marcianas. Se ha comportado como una persona sin un sólo argumento verdadero durante toda la rueda de prensa. Carente de razones y con argumentos surrealistas. Sin una réplica convincente a los hechos incontrovertibles que ha destapado este periódico: su chalé de lujo en Jávea y su chalé de 335 metros cuadrados en una de las zonas más elitistas de Madrid están a nombre de una sociedad instrumental para eludir el pago de cuatro impuestos. Una sociedad en la que su mujer, la embajadora en Malta María Consuelo Femenía, es la copropietaria y a través de la cual obtienen notables ventajas fiscales como, por ejemplo, eludir el pago de lo que se denomina como renta presunta en el IRPF así como soslayar el Impuesto de Patrimonio. Tras este caso, lo saben en la Luna y hasta en Marte: este Gobierno es insostenible.

El exministro Màxim Huerta tuvo que dimitir por el mismo motivo: comprar una casa en la playa con una treta defraudadora. Recurso que está totalmente prohibido por ley y que, incluso, ha llevado al principal aliado gubernamental, el podemita Pablo Iglesias, a condenar el comportamiento del ministro socialista recordándole a Pedro Sánchez que “prometió expulsar a quien eludiera impuestos”. De hecho, el propio presidente del Gobierno exigió en su momento la dimisión del exfiscal Manuel Moix por ser dueño de una empresa con un chalé en España. No recurriremos, si quiera, al manido —aunque insoslayable— argumento de la escandalosa falta de ética generalizada de un Gobierno que se presentó como “transparente” y “ejemplar”. Sólo recordaremos la cita de un extraterrestre universal de la filosofía como fue Séneca: “La mentira es mezquina, si la miras a trasluz se transparenta”. Duque debe echarse a un lado y dimitir. No será un gran paso para la humanidad —parafraseando a Neil Armstrong— pero sí una muestra de lo único a lo que aún puede agarrarse: decencia política.

El cacao fiscal del Gobierno
Juan Francisco Martín Seco republica 28 Septiembre 2018

El doctor Sánchez, puestos a plagiar, ha copiado al xenófobo Torra y para festejar sus 100 primeros días de gobierno montó en la Casa de América todo un espectáculo, con fuegos artificiales incluidos; un gran show al que invitó a todos los que consideró personajes importantes del Reino, para que fueran testigos de su aparición apoteósica llena de luces y efectos especiales y del anuncio que iba a realizar, del que los palmeros de la Moncloa habían adelantado ya su carácter de trascendental.

Y la montaña parió un ratón. Sin haberlo pactado con ningún otro partido y solo con sus 84 diputados, prometió, nada más y nada menos, que una modificación exprés de la Constitución, en 60 días y no para algo importante, sino para eliminar los aforamientos. Pero al día siguiente supimos que no se trataba de todos, sino solo de los de los políticos, que son una proporción muy pequeña del total; y tampoco para todos los procesos judiciales, sino únicamente para los que hacen referencia a su vida privada. Total, que el efecto del anuncio duró dos días o un día y medio. Más tarde han afirmado que también se suprimirían los aforamientos por delitos de corrupción. En resumen, que no saben qué hacer ni cómo hacerlo y por eso, cosa insólita, lanzan la pelota al Consejo de Estado sin presentarle ningún texto escrito.

Así ocurre con la mayoría de las promesas que está realizando este Gobierno. Son conscientes de que no está en su mano cumplirlas (si lo estuviera, quizás no las prometerían) pero les sirven para la propaganda electoral. Sánchez pretende lanzar el siguiente mensaje: por mí no queda, son los otros partidos los que ponen palos en las ruedas. Con estos mimbres es muy difícil saber qué quieren hacer con los impuestos. De hecho, los anuncios y contra anuncios se han multiplicado. Pero, en cualquier caso, se han dicho tantos disparates que conviene aclarar por lo menos algunos de ellos.

De lo poco que hasta ahora han confirmado es que quieren elevar 2 o 3 puntos el tipo marginal del IRPF para rentas superiores a 140.000 euros. La ministra lo ha corroborado el otro día en la Cope, lo cual no quiere decir que no se desdiga o que finalmente no consigan aprobar la medida. Parece que la demanda procede de Podemos, pero me temo que ni unos ni otros saben de lo que están hablando. La medida anunciada se dirige, según dicen, a los que obtengan una renta superior a 140.000 euros anuales. Lo cual tenía sentido con anterioridad a 1996, en que el IRPF era un impuesto personal y sintético que recaía sobre la totalidad de los ingresos del contribuyente, que se acumulaban, fuesen de la clase que fuesen, en una sola base imponible, a la cual se le aplicaba una única tarifa progresiva. Pero a partir de esa fecha el impuesto deja de ser sintético, y se fractura en dos bases imponibles, que nunca se agregan, con sus respectivas tarifas.

En la actualidad, una se denomina general y engloba las rentas de trabajo, pensiones (incluyendo el rescate de los fondos) y alquileres, y otra que llaman eufemísticamente del ahorro, pero que lo que realmente grava son las rentas de capital de cualquier clase y con tipos mucho más reducidos que los de la tarifa de las rentas del trabajo. Por eso no se puede hablar de contribuyentes con rentas superiores a 140.000 euros. Sin sumar las bases ni siquiera se puede saber quiénes son.

Supongo que lo que intentan afirmar es que se elevará 2 o 3 puntos el tipo marginal de la tarifa general a los contribuyentes que tengan bases imponibles del trabajo, superiores a 140.000 euros, sean cuales sean sus ingresos de capital, que continuarán tributando al mismo tipo. Enunciado así, el tema presenta una serie de contradicciones difíciles de justificar.

Es evidente que no se puede afirmar que se sube el impuesto a los contribuyentes cuya renta sea superior a 140.000 euros. Habrá muchos con ingresos muy por encima de esta cantidad al sumarles la renta de capital y a los que la medida no les afecte en absoluto.
Incluso, al no acumular en el impuesto los distintos tipos de ingresos en una sola base imponible, resulta casi imposible discriminar por el total de la renta.
Es difícil de creer que el objetivo de la medida sea gravar más a los ricos, si las rentas de capital se dejan al margen. Y no es que yo no crea que existe una gran desigualdad entre las propias rentas de trabajo (solo hay que considerar las desorbitadas remuneraciones, indemnizaciones y fondos de pensiones de los altos ejecutivos de las grandes empresas y multinacionales) y, por lo tanto, la conveniencia de aplicar una tarifa progresiva, pero la no acumulación de las rentas de capital deja todo repleto de lagunas y paradojas.

Cualquier reforma que se pretenda hacer desde la izquierda tiene que comenzar por retornar a un impuesto sintético con una sola base imponible y una sola tarifa. Lo demás son juegos de artificio. En primer lugar, no parece muy justo que las rentas de capital en todas sus modalidades tributen a un tipo más reducido, especialmente en los tramos superiores de ingresos. Tal planteamiento contradice la teoría tradicional de la Hacienda Pública que distingue entre rentas fundadas (las de capital) y no fundadas (las del trabajo) y, puestos a discriminar, defiende que las primeras tengan un trato más severo que las segundas, ya que están asentadas en un patrimonio con el que siempre contará el contribuyente, mientras que los que tienen únicamente rentas no fundadas solo disponen de su trabajo. En segundo lugar, la separación de rentas reduce la progresividad del impuesto, porque todos los que tienen conjuntamente ingresos de trabajo y de capital tributarían seguramente a un tipo superior si todas las rentas se acumulasen dentro de la misma base imponible.

La discriminación favorable a las rentas de capital se intenta justificar por la libre circulación de capitales y la amenaza de deslocalización. Se exagera el argumento interesadamente. Una cosa es la ubicación de las empresas y otra la residencia personal, y el IRPF atiende a esta última variable, con independencia de dónde se tenga invertido los recursos. A la hora de elegir la nacionalidad y la residencia, la fiscalidad es una variable de segundo orden. Por otra parte, pretender evitar la deslocalización a base de ventajas fiscales es un proceso al infinito, porque resulta evidente que los países competidores responderán de la misma forma. Además, de los treinta países de la OCDE, solo hay cuatro, y con características muy distintas al nuestro, que mantengan un impuesto dual: Suecia, Holanda, Noruega y Finlandia. Incluso Dinamarca, que fue el primer Estado en implantarlo, ha dado marcha atrás retrocediendo al IRPF convencional.

En una entrevista en el programa El Objetivo, de la Sexta, el presidente del Gobierno afirmó con todo el descaro que “La gente rica no paga el IRPF, eso lo tengo claro, porque tienen las SICAV, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades…”. El doctor Sánchez no debió de asistir a clase el día que tocó hablar de impuestos. Claro que los ricos pagan el IRPF. Otra cosa es que paguen todo lo que deberían pagar, entre otros motivos porque las rentas de capital no se engloban en la tarifa general y, además, tributan a un tipo mucho más reducido y ni el Gobierno de Zapatero hizo nada para evitarlo ni el Gobierno de Sánchez parece que tenga intención de remediarlo.

El presidente del Gobierno ha oído campanas y no sabe dónde. “Tienen las SICAV, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades…”. Ahora resulta que aquellos que Pedro Sánchez llama ricos se libran de tributar por el IRPF gracias a los impuestos de patrimonio y sociedades, cuando precisamente es al revés. Estos impuestos, si funcionasen bien, tendrían que ser complementarios del IRPF y actuar con el de sucesiones de cierre del sistema, y gravar aquellas rentas que los poseedores de capital embalsan en sociedades y que, al no repartirse en forma de dividendos, no se imputan de forma inmediata al IRPF.

El recurso a las SICAV y a otras sociedades patrimoniales es recurrente. Si a través de ellas las grandes fortunas de este país no tributan todo lo que deberían en el IRPF es porque los gobiernos -este y los anteriores- quieren. La solución no es demasiado complicada, bastaría con acudir a un instrumento antiguo, lo que se ha llamado régimen de transparencia. Imputar directamente a los socios en el IRPF los beneficios de aquellas sociedades que tienen como único fin administrar el patrimonio de una persona, de una familia, incluso de un grupo de amigos. Si la administración tributaria ha actuado frente a aquellos autónomos que se escudaban detrás de una sociedad, lo mismo puede actuar frente a los grandes patrimonios que se cobijan también dentro de una sociedad. En cuanto a las SICAV, Sánchez puede preguntar a sus correligionarios Solbes y Zapatero y a sus actuales socios del PDeCAT cómo paralizaron y anularon las actuaciones de la inspección sobre aquellas SICAV que estaban practicando fraude de ley.

www.martinseco.es

Ayuntamientos y otros dilapidadores oficiales
Antonio García Fuentes Periodista Digital 28 Septiembre 2018

No necesito nada más que profundizar en la actual quiebra o ruina total del de mi propia y nativa ciudad (Jaén, Andalucía: España). Si los habitantes de aquí, hubiésemos seguido “el deplorable ejemplo”, que nos han dado los alcaldes y concejales de este ayuntamiento; durante los últimos cuarenta años; seguro que ya la ciudad ni existiría, puesto que todos hubiéramos caído en la ruina municipal, actual y los sobrevivientes, hubiéramos tenido que abandonar “el solar resultante”.

Un ayuntamiento no es otra cosa que “una empresa más” (la primera y principal empresa del municipio) y como tal debe ser siempre llevada. En una empresa, no sólo hay que equilibrar gastos e ingresos, sino que al final del ejercicio anual, tienen que quedar reservas (superávit) para imprevistos y estos; irlos acumulando, para posibles extras o catástrofes inesperadas; o sea, lo mismo que hace cualquier tendero, fabricante, o industrial de cualquier tipo de industria, puesto que de ello vendrá no sólo la continuidad de la misma, sino el progreso verdadero para ampliar dicho negocio y con ello crear más riqueza y por ende, más puestos de trabajo.

¿Qué ha ocurrido aquí? No lo sabemos con detalle, puesto que no han tenido valor de “confesarse”; pero lo dice la realidad, ya que la ciudad y municipio de Jaén, son los más endeudados de España y de paso, la capital ha sido considerada como “la más sucia” de todas ellas. A pesar de ello, aquí nadie dimitió: y el alcalde sigue cobrando un sueldo cuasi o equivalente, al que cobra el primer ministro nacional; y los concejales igualmente, cobran sueldos que no merecen; incluso muchos de los empleados les han llegado a asignar salarios “fuera de lugar”; todo ello “y todo lo demás”, han sido los causantes del desastre que hoy, “nos han echado encima a los ya exhaustos vecinos de este lugar”; puesto que aquí no ha habido catástrofes “naturales” de ningún tipo, salvo “la plaga de inútiles políticos que nos han mangoneado y así siguen”. Se han descubierto algunos delitos, que “andan en los juzgados”, pero de momento nadie ha entrado en la cárcel, ni por descontado han devuelto las cantidades que “vete a saber cuánto y cuándo, volaron de las arcas públicas hacia destinos ignorados”; o sea toda una odisea que podrá ser igualada por otros sitios, pero me imagino que no superada.

El diario local “VivaJaén”, que ha sido el único que se ha preocupado de “airear tantas suciedades”; ya ha publicado lo suficiente como para hacer varios libros voluminosos. Hoy en concreto me refiero a lo que publicaba el 26-06-2018 y que en titulares afirma cuanto sigue: “La nueva “RPT” (Relación de Puestos de trabajo, que en total suma 1490 empleados, para una población de algo más de ciento diez mil habitantes)”. Se detallan algunos departamentos y otros no, pero por ejemplo; nos hacen mantener 54 empleados en un conglomerado de radio y televisión, que alguno de los alcaldes, fundó, simplemente para tener una propaganda propia, puesto que en Jaén, hay más que suficientes emisoras para cumplir ello y además, yo mismo y como habitual colaborador en la emisora de “Radio Jaén SER”, que era “la mejor de aquel tiempo”; los empleados fijos no pasarían de diez o doce.

De la denominada Guardia municipal, nos mantienen una plantilla de 213 individuos, cuando yo leí hace algún tiempo, el que el número óptimo debiera ser “un individuo por millar de habitantes”. De uno de los tinglados “modernos” (Asuntos Sociales) tenemos una plantilla de nada menos que 165 nóminas; “25 ordenanzas y 56 vigilantes”, Universidad Popular 116; Patronato de Deportes 107; 87 bomberos y así se van detallando los enormes departamentos que mantenemos en una población, más “pueblo agrícola” que otra cosa. Hay que sumar a todo ello, nada menos que 27 concejales, que igualmente cobran altos salarios, sencillamente por cuanto en estos asuntos, aquí son ellos mismos los que se ponen los sueldos que quieren y en su día, asignaron los que cobran los subalternos, por cuanto no tienen responsabilidad alguna para hacer lo que les vino en gana; y el resultado es el que hoy padecemos y que solución, si la tiene, será a un largo plazo pero siempre a pagar por lo ya exhaustos vecinos de este desastre municipal denominado JAÉN.

Pero lo que en conjunto es inexplicable; es la cantidad total de empleados que nos hacen mantener y por lo que queda dicho. ¿Regularán todo ello los próximos “mandamases”? Lo creeré cuando lo vea.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

Los colegios catalanes harán huelga el 1-0 y obligarán a retratarse a quienes no la respalden
Raquel Tejero okdiario 28 Septiembre 2018

El 1 de octubre se ha convertido en la fecha icónica del independentismo. La celebración del primer aniversario del referéndum ilegal del 1-O traerá consigo una huelga de estudiantes. Los centros educativos han enviado una circular a los padres de los menores para autorizarles a faltar a clase y participar en las actividades independentistas.

Según un documento al que ha tenido acceso OKDIARIO, los colegios catalanes preparan una huelga de estudiantes para rememorar la votación separatista. Para que los menores no acudan a clase deben llevar cumplimentado un papel en el que se les autoriza a ello.

Para salvaguardarse, los centros dejan claro que se atenderá al alumnado que no haga la huelga y se realizará el “control ordinario de asistencia”. Sin embargo, existe un problema que no puede pasar por alto. Los colegios estarán llenos de actividades a favor del independentismo por lo que los alumnos que decidan no participar y decidan acudir serán de facto identificados.

Centros ocupados
Tal y como sucedió el pasado año, los sectores más radicales del separatismo planean ocupar los centros de enseñanza para rememorar el 1-O.

En un principio, está programado hacerlo con los colegios electorales. Pero como ya ocurrió entonces, las universidades se han convertido en uno de los enclaves estratégicos del independentismo.

Días previos a la celebración del referéndum ilegal, la Universidad de Barcelona fue el punto de recogida de tacos de papeletas para la votación. Además, muchos alumnos decidieron acampar en el centro para protestar contra en Estado.

Estos episodios supusieron la ruptura de los estudiantes en dos bandos que complicó la convivencia en las universidades como ocurrió en la Universidad Autónoma de Barcelona donde se desarrollaron grupos denominados ‘antifascistas’ que llenaron la universidad de pintadas y carteles sobre la independencia de Cataluña.

Huelga sin opción
En octubre del pasado año se convocó una huelga estudiantil que provocó enfrentamientos en las universidades.

Miembros de las asociaciones independentistas impidieron el acceso a las aulas a los estudiantes que sí querían asistir a clase y en ocasiones, con violencia.

Los paros fueron promovidos principalmente por la plataforma Universidades por la República, y recibió el apoyo de la Coordinadora de Asambleas de Facultades (CAF) y del Sindicatos de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) de la UAB.

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Un Gobierno insostenible

Editorial ABC 28 Septiembre 2018

Las señales que sigue emitiendo el Gobierno sobre su voluntad de cesión a los independentistas catalanes son cada vez más preocupantes. La reciente reivindicación de Quebec como un ejemplo útil para dar soluciones a Cataluña, la asunción por el Estado del 60 por ciento de la deuda a corto plazo de la Generalitat o la sistemática campaña en favor de la excarcelación y los futuros indultos para los políticos presos son indicios de que la Generalitat está doblando el pulso al Ejecutivo central. Esos mensajes de debilidad se complementan además con el silencio de La Moncloa ante el permanente chantaje y las amenazas de desobediencia en el Parlament manteniendo el derecho a voto de Carles Puigdemont. Pedro Sánchez es consciente de que su supervivencia en el poder está condicionada en gran medida a la aprobación de los Presupuestos, y que ello depende, entre otros partidos, de ERC y del PDECat. Y estar a merced de los separatistas con la manifiesta endeblez que le conceden sus 84 diputados socialistas ha convertido a Sánchez en un riesgo para la estabilidad de España.

Nada, absolutamente nada, ha mejorado desde su llegada al poder. Ni cumple con su promesa de «normalizar» España ni con su compromiso de convocar elecciones. Sánchez no solo está desacreditado después de que ABC haya demostrado que plagió su tesis doctoral, o de que haya tenido que destituir a dos ministros en tres meses, o de que mantenga con respiración asistida a la titular de Justicia pese a mentir públicamente. Sánchez está desacreditado porque ni su Gobierno es de «expertos», como presumió, ni está coordinado ni piensa en fortalecer al bloque constitucional para la defensa de la unidad de España, muy mayoritario en nuestro arco parlamentario. Las gestiones subrepticias del socialismo para mantener viva entre los separatistas la esperanza de que los golpistas serán indultados si son condenados por rebelión son dañinas para nuestro Estado de Derecho. Si permanecen encarcelados a la espera de juicio es porque hasta siete procesados huyeron de España, y el riesgo de fuga no es una elucubración judicial, sino una evidencia. «Hacer política» no consiste en arrodillarse ante el independentismo o en reducir, como hizo ayer, el desafío golpista a «una crisis de convivencia», sino en respetar las normas del Estado de Derecho, la separación de poderes y las decisiones independientes de los jueces sin presiones indecentes. Ayer Sánchez se empecinó en no sacrificar a la titular de Justicia para no verse forzado a dar por concluida la legislatura, algo que por cierto no se entiende si el CIS le atribuye hoy más del 30 por ciento de los votos. Sin embargo Sánchez sabe que es un dato sobredimensionado, y hasta sus socios de Podemos y ERC han exigido la salida de Delgado. Sánchez prefiere huir hacia adelante con un Gobierno noqueado y en el que los ministros que le sugieren elecciones son ignorados.

El informe que denuncia cómo se adoctrina en el nacionalismo a los niños catalanes
Antonio Fernández. Barcelona elconfidencial 28 Septiembre 2018

“La democracia aspira a la educación mientras que el nacionalismo prioriza la cultura. Para el nacionalismo, la educación tiene como cometido principal crear una sociedad homogénea alineada sobre los valores idiosincrásicos”. Esta contundente frase forma parte de la introducción de un voluminoso informe de 335 páginas elaborado durante un año por la Asamblea por una Escuela Bilingüe y la agrupación de enseñanza de Sociedad Civil Catalana (SCC), que será remitido al Parlamento catalán, al Congreso español y al Parlamento Europeo “para que estos órganos impulsen los cambios normativos pertinentes para hacer que las prácticas irregulares y sectarias que denunciamos sean expulsadas de los centros educativos catalanes”.

Habla el informe del sesgo sectario en los libros de texto, de la utilización de niños en manifestaciones, de las represalias a docentes o inspectores que no son nacionalistas, del juego político que aplica la Administración catalana manipulando la escuela o de cómo los centros se han convertido en un mosaico de pancartas y banderas representativas de una sola ideología.

Se recogen evidencias de una actuación perfectamente coordinada entre diferentes actores (Gobierno, inspectores, sindicatos, directores, profesores, ampas y entidades como Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua o Somescola) para alcanzar los objetivos del Programa 2000, un documento muy revelador que circulaba por las consejerías y por las altas esferas de CiU y que se filtró a la prensa en 1990. Ese documento recoge las estrategias nacionalistas “para penetrar en todos los sectores sociales, sobre todo en aquellos, como la enseñanza o los medios, que más contribuyen a la configuración del pensamiento y de la opinión pública”. En realidad, es la biblia del adoctrinamiento escolar que aún se está aplicando.

Critica que al convertir las escuelas catalanas en colegios electorales durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, “se colocó irresponsablemente a los estudiantes (menores) en el foco del conflicto político y afloraron comportamientos que hasta entonces no se habían advertido con tanta claridad (manifiestos pronacionalistas de los equipos directivos, concentraciones políticas con menores, profusión de simbología separatista en los centros, etc.)”.

Clara Ponsatí: “En Enseñanza no necesitamos construir estructuras de Estado. Las tenemos listas”. Se la acusa de ser la responsable de que parte de los centros de enseñanza se convirtieran en colegios electorales el 1-O. “Con este fin, adoptó decisiones tan llamativas como destituir y sustituir, el 13 de septiembre, al presidente del consejo de dirección del Consorcio de Educación de Barcelona y sustituir a los directores de todas las escuelas e institutos desde el viernes 29 de septiembre hasta le lunes 2 de octubre”.

Profesores represaliados
A partir de ahí, las acciones de adoctrinamiento se acumulan, explicando el abultado informe detalles de actuaciones políticas dentro de los centros de enseñanza con nombres y apellidos, con anécdotas, con circunstancias y aportando material y pruebas documentales sobre cada uno de los casos abordados.

En el texto se detalla el “acoso” al inspector Jordi Cantallops “ante la indignación de la Unión Sidical de Inspectores de Educación de España. Cantallops sufrió un expediente disciplinario claramente político que no creemos que se pueda desvincular del hecho de que hubiese elaborado dos informes en los que reclamaba una actuación inspectora (que incomprensiblemente nunca se produjo) ante todo lo que estaba sucediendo en los centros educativos en torno al 1-O”. En otras palabras: le abrieron expediente porque denunció el adoctrinamiento político de los niños.

Se recoge también un reciente expediente al profesor Francisco Oya “por aportar a sus alumnos material complementario al libro de texto de Geografía e Historia de la Editorial Teide que se utiliza en su centro y cuyo autor es Agustí Alcoberro, exportavoz de la ANC”.

Carga también por el posicionamiento sindical para defender la inmersión lingüística. “Sus planteamientos, entre ellos la retórica de la insumisión (esa 'desobediencia civil' paradójicamente amparada desde el poder), tienen un cariz sin duda reaccionario, pese a sus apelaciones constantes a la democracia”. Recuerda, a este respecto, que el líder del sindicato USTEC-STEs, Ramon Font, afirmó en un mitin que “no darían clases en castellano bajo ningún concepto” y que solo Ponsatí era su “consejera legítima”, por lo que “no reconocerían ninguna autoridad impuesta antidemocráticamente”. Acusa, así, a los sindicatos de haberse apropiado “de los conceptos más trascendentales como ‘justicia’, ‘democracia’, ‘legitimidad del poder’, etc., invocándolos cuando se trata de justificar sus acciones para negárselos, en cambio, a sus oponentes”. Es así como se apropiaron de conceptos y frases de Nelson Mandela o Mahatma Gandhi sacándolas de sus contextos reales para ponerlas al servicio de su causa.

Recoge, asimismo, un sinnúmero de manifiestos y comunicados políticos “promovidos por directores y claustros de profesores, todos de sesgo separatista. En ellos, se condenan los registros y las cargas policiales (ordenados por autoridades judiciales), la aplicación del artículo 155 (tras el intento de derogar el orden constitucional en Cataluña) y el encarcelamiento de políticos que (en espera de las resoluciones judiciales que correspondan) actuaron con una irresponsabilidad obscena hasta reventar la convivencia en nuestra comunidad”.

Sin neutralidad ni imparcialidad
Para los autores del informe, los profesores y directores nacionalistas “han hecho un uso abusivo de su cargo”, máxime cuando ninguno de ellos cuestionó “lo acaecido en el Parlamento catalán en las infaustas jornadas del 6 y 7 de septiembre [cuando se aprobaron las leyes de ruptura con España, vulnerando la Constitución] o la declaración unilateral de independencia. De este modo, los equipos directivos y el resto de docentes han vulnerado de manera flagrante los principios de neutralidad, objetividad e imparcialidad que deben regir la actuación del personal de las instituciones educativas públicas y concertadas”.

En otro momento, denuncia las “arengas políticas a los menores por parte de maestros y profesores a raíz de lo acontecido el 1-O. Un hecho muy llamativo en este sentido fue la protesta de 200 alumnos en Sant Andreu de la Barca, en solidaridad con sus compañeros que habían sido señalados por ser hijos de guardias civiles”.

Se denuncian, asimismo, las “concentraciones y movilizaciones de menores tras el referéndum ilegal, ampliamente documentadas, en parte gracias a la impunidad con que actuaron los equipos directivos de los centros, instrumentalizando también las redes sociales para contribuir a generar una sensación de pensamiento único en el ámbito educativo”.

El informe analiza el papel de las ampas, alineadas con las tesis soberanistas, que tomaron parte activa en las movilizaciones. Y resalta que con el análisis de los hechos y las pruebas documentales, se demuestran “los vínculos entre ampas (que organizaron infinidad de fiestas de otoño para mantener abiertos los centros educativos que eran colegios electorales el 1-O) y los CDR”.

Y luego aporta ejemplos de “cómo entidades aparentemente culturales de marcado carácter nacionalista y generosamente subvencionadas tratan de incidir en el entorno infantil en general y en el escolar en particular. Destaca Òmnium Cultural, en su día presidida por el propio Quim Torra, que cuenta con cientos de colegios asociados que no solo la financian, sino que le permiten penetrar en las aulas y movilizar a estudiantes para que concurran, por ejemplo, a los premios Sambori de Narrativa. Òmnium, que además edita libros infantiles, también ha llevado a los centros educativos el proyecto de periodismo digital ‘Escoles en xarxa’, impulsado junto al diario radicalmente separatista ‘Vilaweb”. Muestra, en una de sus ilustraciones, a una niña con una estelada pintada en la calle y una pegatina de la plataforma Somescola con el eslogan ‘La escola en català’. “Se trata de un mensaje claramente excluyente que, sin duda, pretende arrinconar cualquier intento de defender una escuela bilingüe en esta comunidad, por no mencionar el impacto mental y emocional que puede producir en un niño castellanohablante”.

En otro de los capítulos del informe se advierte sobre “los manuales que se utilizan en escuelas e institutos de Cataluña, cuyos contenidos difieren enormemente de los que se manejan en el resto de España". Uno de los ejemplos es la constante cita a la inexistente 'Corona catalanoaragonesa'. Además, asegura el informe, “sorprenden las interpretaciones sesgadas de la Guerra de Sucesión y la obsesión por presentar Cataluña como una realidad mítica diferenciada de España y a menudo como víctima de ella”. En este sentido, se denuncia también el encargo de material didáctico de corte nacionalista y ejercicios escolares con claro tinte político antiespañol.

Que se investiguen todas las denuncias
También se recogen abundantes imágenes sobre la “invasión simbólica del espacio lúdico extraescolar por el secesionismo”, con instantáneas de pancartas, actos escolares de niños con esteladas o carteles diversos. “No hemos encontrado en ningún centro educativo ni en ninguna institución cultural de Cataluña símbolos constitucionalistas. Ni uno”. Por último, se recogen las mismas actitudes en el ámbito universitario, donde ha habido denuncias por la xenofobia de algunos grupos radicales catalanistas e incluso la condena de la UAB (la primera que se produce a una universidad española) por “vulneración de varios derechos fundamentales: no discriminación por razón de opinión, de libertad ideológica, de libertad de expresión y del derecho a la educación".

Los autores consideran imprescindible que “se investiguen con imparcialidad todas las denuncias sobre adoctrinamiento que se han formulado hasta ahora” y “que se deje de criminalizar a quienes reclamamos un debate sereno sobre el modelo educativo catalán”. Y subrayan que “todas las políticas han de poder ser discutidas, máxime cuando existen tantas razones para hacerlo. Si de verdad se quiere apostar por la convivencia en Cataluña, todas las sensibilidades han de ser atendidas. La introducción del bilingüismo (o del trilingüismo) en la escuela es una petición absolutamente razonable”.

Recuerda, asimismo, una sentencia del TSJC de julio pasado que declara “nula de pleno derecho la presencia de símbolos independentistas en los edificios y espacios públicos, así como la exhibición por los empleados públicos de lazos amarillos cuando ejerzan sus funciones”. También recuerda una declaración institucional del defensor del pueblo que insta a respetar “el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista, lo que es incompatible con la presencia en los edificios públicos (máxime teniendo en cuenta que es permanente) de símbolos propios de una ideología”.

Estrategia separatista
Los autores no tienen duda de quién es el responsable de esta situación: “El Ejecutivo de Junts pel Sí convirtió los centros de enseñanza sin pudor en una herramienta clave al servicio de la estrategia separatista, con la connivencia, ya sea por acción u omisión, de gran parte de las autoridades educativas (directores) y de no pocos miembros de los claustros de profesores, sin olvidar el lamentable papel de las asociaciones de padres (ampas) y la inacción de los inspectores”.

Las lenguas no son cultura
Antonio Robles Libertad Digital 28 Septiembre 2018

Hace ya mucho tiempo que las lenguas en España han dejado de ser una herramienta de comunicación para convertirse en un instrumento de extorsión y dominio. Esa extorsión ha sido planificada y llevada a cabo por caciques territoriales en nombre de identidades heridas por la historia y sometiendo a la población a un sentimiento de culpa por su debilidad presente.

Neutralizados por esa culpa inducida, casi nadie se ha atrevido a rechazar el acoso lingüístico y, mucho menos, a señalar a esas lenguas como instrumentos de domesticación.

Nadie se ha atrevido a reivindicar lo evidente, el propio derecho a defender los intereses lingüísticos propios, como hacen los gestores políticos de las lenguas regionales. Es razonable reconocer el derecho egoísta a lo propio, a lo que forma parte de tu identidad, de tu sangre, de tus ideas. Siempre que tengan el mismo derecho los demás. Es aún más razonable abogar por la defensa de los ideales universales. Pero es de estúpidos renunciar a defender tu propia lengua en nombre de la imposición de la lengua que te excluye, te humilla y te convierte en extranjero.

La lengua de Cervantes, el castellano, hoy el español, la lengua común de los españoles, es parte de mi capital, de mis intereses, de mi corazón y mis emociones, la manera más hermosa que tengo de relacionarme con mis semejantes y de expresar mis más íntimos deseos. Si hay algo que me define con más intensidad es la sensibilidad que mana de su alma y me conecta con pasajes inolvidables de aquellos que la amaron con intensidad. "Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelio Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos": así comienza Gabriel García Márquez Cien años de soledad, esa circunstancia orteguiana que me explica y nos nombra.

¿Con qué derecho se arrogan los Gobiernos nacionalistas y sus pederastas lingüísticos la potestad de robar a los niños el alma de sus padres, la cultura de su patria? Nadie les impide cultivar su lengua, ni entregar a sus hijos los tesoros que atesora por y con todos los medios, pero no tienen una sola disculpa para pisotear los derechos de los demás.

Ahora que nadie se puede engañar en Cataluña, y que el odio contra la lengua española la ha hecho desaparecer del callejero, de los medios, de las instituciones, de la escuela… y se la tiene por enemiga y extranjera, será cuestión de tomar conciencia, salir de la alienación inducida y reivindicar nuestro derecho al egoísmo. Nada que no recojan los manuales de supervivencia. Hasta el Código Penal te otorga el derecho a la defensa propia. No más genuflexiones. ¿Cómo hemos podido llegar a renunciar a la evidencia, al pragmatismo, al sentido común en nombre de la identidad? Las lenguas regionales han dejado de ser cultura para convertirse en instrumentos de dominio y extorsión. Para cada uno de nosotros, la lengua propia es la mejor. No hay discusión posible. Y cada lengua es un trozo de cultura de la humanidad. Pero no todas las lenguas son iguales. Unas te dan más ventajas que otras. No es lo mismo el inglés, el alemán o el español que el catalán. Y esta evidencia se está arrebatando a las clases castellanohablantes más humildes en Cataluña, mientras sus dirigentes educan a sus hijos en colegios trilingües. ¿Cómo nos hemos dejado engatusar por estas patrañas?

Per un país de tots, l'escola en català. ¿Cómo nos hemos dejado persuadir por un sofisma tan ruin y supremacista? ¿En qué se ha convertido la sociedad catalana para dejarse embaucar por este insulto a la inteligencia?

ETA, el relato y el concepto
Iñaki Ezquerra ABC 28 Septiembre 2018

La apelación al «relato», cuando se habla de ETA, se ha convertido en un lugar común y casi obligado. Historiadores, analistas, tertulianos, políticos… nos repiten que hay que impedir que ETA altere el relato, que imponga su relato, que triunfe el relato de ETA. La verdad es que, del aspecto puramente narrativo de las acciones criminales de esa banda, poco puede alterarse. Los atentados, asesinatos, secuestros, extorsiones… están ahí, en las hemerotecas, por si fallara la memoria colectiva. Lo que -se supone- quieren decir los preocupados por las dotes noveleras del mundo etarra es que hay que impedir a toda costa que se dé colectivamente por válida cualquier justificación de aquel metódico y prolongado derramamiento de sangre de cuyo inicio en 1968 se cumple este año el cincuentenario. Sin embargo, es preciso reparar en que esa justificación no vendría dada por el terreno de la narrativa sino de los conceptos.

Son estos últimos los que debemos tener claros si no queremos que ETA y sus cómplices ideológicos nos den gato por liebre. Si no tenemos claro el concepto de «democracia»; si dejamos que nos vendan que España no es una democracia, cambia totalmente el relato. Cambia a favor de ETA. Por esa razón, no se puede considerar inocuo el juego que se traen tanto los populistas antisistema como los nacionalistas catalanes y vascos cuando niegan la calidad y naturaleza democráticas del régimen del 78. Esa tesis tiene consecuencias graves. Brinda a quienes asesinaron un atenuante impagable. Es ese atenuante y no otra cosa lo que busca el actual Gobierno vasco con la famosa y tramposa ley de Abusos Policiales que ha indignado a las víctimas del terrorismo. El aspecto específicamente infame de dicho bodrio legislativo no reside sólo en que trate de equilibrar los crímenes de ETA con un falseado número de arbitrariedades cometidas por las Fuerzas de Seguridad (ésa sería, en efecto, una alteración del relato) sino que niega intrínsecamente la calidad democrática de nuestro sistema legal y la legitimidad de los tribunales de Justicia al pretender saltárselos, lo cual ya supone una bribona incursión en el plano conceptual y un ilustrativo ejemplo de cómo éste puede ser más decisivo que el plano narrativo. Que haya habido abusos policiales, por inflada que se presente su contabilidad, no invalida al sistema judicial. Lo que lo invalida es que se dé por sentado que esos abusos no han sido perseguidos y juzgados, así como que es precisa una «comisión» que los valore al margen de los jueces, como si éstos no ofrecieran garantías y viviéramos en una dictadura bananera. El hecho de que esa iniciativa nacionalista venga avalada por el PSOE, esto es por el partido que trajo los GAL, añade a ésta unos tintes miserables acordes con su propósito.

No. No se está prestando atención al ámbito conceptual, que es donde cuecen su mentira la «post ETA» y todos los enemigos de la democracia, que no por casualidad son tan indulgentes con la historia y las gentes de la banda terrorista. Lo son porque coinciden en una misma trama de intereses que comienza no sólo con la manipulación del lenguaje, como se ha dicho, sino con la perversa alteración de los contenidos, los significados, los conceptos que ese lenguaje invoca. La verdad es que no sólo se ha desvirtuado el concepto de «democracia» para negar que la nuestra lo sea y justificar los asesinatos de ETA en la España constitucional. Es que, para justificar esos asesinatos, se ha llegado a desvirtuar conceptualmente incluso la dictadura franquista. Tal operación, camuflada al amparo de la ley de Memoria Histórica, ha consistido en identificar sin ningún rigor el franquismo con el nazismo y la obligada condena de este último con una distorsión del pasado político de nuestro país que no resiste el menor análisis serio y que a quien favorece no es a la libertad sino a sus enemigos. Dicho de otro modo, si Franco fue Hitler, Carrero Blanco fue Goering, la Guardia Civil fue la Gestapo y ETA estuvo justificada. Habría sido la «Resistence» y Eisenhower, el comandante de las fuerzas aliadas en Normandía, el mayor colaboracionista desde que, en 1953, se instalaron en nuestro suelo las primeras bases americanas.

Si confundimos conceptos como el de «nazismo» con el de «autoritarismo» y no asumimos que el franquismo, quizá por su misma longevidad, fue un régimen que a lo largo de sus 39 años de vida pasó por distintas fases, desde su complicidad con las Fuerzas del Eje y su soledad autárquica hasta el desarrollismo económico, la llegada de los tecnócratas al poder y un cierto aperturismo social que fueron los que le permitieron sobrevivir hasta su autodisolución en 1977, no estamos sirviendo a la causa de la libertad sino dando coartadas a quienes hoy tienen más posibilidades de atentar contra ésta que la mutante, pragmática y extinta ideología franquista.

Contra esas coartadas, se ha publicado este año un libro esclarecedor -«Pardines. Cuando ETA empezó a matar»- que homenajea al guardia civil de 25 años que inauguró, hace medio siglo, una triste lista de asesinados que sobrepasaría los 850 nombres. Entre los trabajos, coordinados por Gaizka Fernández Soldevilla y Florencio Domínguez Iribarren, hay uno del historiador Santiago de Pablo que justamente desarma esa peregrina versión parahitleriana de la Dictadura. Hace alusión a una película filmada en 1963 por unos reporteros suecos en Aya, un pueblo guipuzcoano del corazón del País Vasco, en el que tiene lugar una festiva pelea de carneros y en el que puede verse a un agente de tricornio «riendo en actitud confiada y alegre, confraternizando con la gente del pueblo, que no hace ninguna mueca ante su presencia allí». El texto contrasta esa imagen con el asesinato de Pardines, que tendría lugar sólo 5 años después y a sólo 20 kilómetros del pueblo del documental sueco.

No. Ni el franquismo fue el Tercer Reich ni ETA empezó a matar porque la Legión Condor bombardeara Guernica y los terroristas heredaran «aquella violencia y lamento», como sostenía el comunicado de la banda del 20 de abril de este mismo año. ETA, como nos lo recuerda otro historiador, Juan Avilés Farré, en ese necesario libro, comenzó a asesinar en el marco de los terrorismos que surgieron a fines de los años 60 e inicios de los 70 en lugares tan distantes como Irlanda del Norte, Italia, Alemania, Japón o Estados Unidos. La gran exhumación democrática que tenemos pendiente los españoles, después de la de Franco y la del franquismo, es la de las herencias totalitarias de aquel 68 que algunos quieren resucitar en nombre de una izquierda sin pecado concebida.

Matizar, afinar, atinar en los conceptos y en su aplicación al análisis histórico de lo que realmente fue el franquismo no es ser franquista ni traicionar a la verdad sino lo contrario. Buscando la verdad, Hannah Arendt negó esa hiperbólica homologación de la España de Franco con la Alemania de Hitler, que hoy se pretende de manera nada inocente, y ni siquiera consideró totalitaria la Italia de Mussolini, etiqueta que sólo reservaba para el nazismo y el estalinismo. Hannah Arendt no se queda en el relato. Va al concepto que modela a éste. Como vivía en Estados Unidos, se libró de una soviética «Comisión de la Verdad» como ésa que postula la reforma que ahora planea el PSOE de la ley de Memoria Histórica del 2007 para decirles lo que tienen que escribir a los historiadores. Hay en nuestro país gente que sería capaz de acusar de «nazi» a la propia autora de «Los orígenes del totalitarismo».

Iñaki Ezkerra es escritor

Protesta civil ante el abandono del Estado
EDITORIAL El Mundo 28 Septiembre 2018

Cuando el Estado se retira, a los ciudadanos solo les queda el recurso a la asociación civil en defensa propia. Una treintena de padres se concentró ayer a las puertas del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, en Barcelona, para protestar por la visita del presidente de la Generalitat. Toda una provocación teniendo en cuenta que los juzgados de Martorell investigan a cuatro docentes de ese centro por señalar y humillar a sus alumnos el pasado 2 de octubre. Fue allí donde un profesor preguntó en clase quiénes eran hijos de guardias civiles, a los cuales otro docente definió como «animales que solo saben dar palos», y donde los obligaron a manifestarse en el patio contra la Guardia Civil.

La visita de Torra fue interpretada -con razón- por los padres de los alumnos señalados como una señal de apoyo a los profesores investigados. Es la única interpretación posible si tenemos en cuenta que Torra jamás ha querido presentarse como representante de todos los catalanes sino solo de los independentistas, para los cuales gobierna en exclusiva mientras pretende volver invisible a la mayoría social que desea seguir en España. Se acerca el aniversario del referéndum ilegal y el Gobierno de España no puede desamparar allí a los constitucionalistas.

La marcha policial de Barcelona acepta cambiar el itinerario tras el veto de la Generalitat
JAVIER OMS El Mundo 28 Septiembre 2018

Manifestación de policías y guardias civiles de toda España por las calles de Barcelona, pidiendo la equiparación salarial con las policías autonomías, en Barcelona el pasado enero. SANTI COGOLLUDOEL MUNDO
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El Departamento de Interior de la Generalitat ha optado por la opción más directa para evitar que el sábado, como se preveía, se crucen en la plaza Sant Jaume la manifestación de homenaje a los policías que actuaron el 1-O, una manifestación contra la "catalanofobia" y una tercera concentración independentista. La Generalitat ha decidido que la plaza no sea finalmente escenario de ninguna marcha.

Tras negociar sin éxito con los convocantes de ambas protestas de signo contrario para que modificaran sus itinerarios, el Departamento de Interior decidió ayer imponer su criterio para evitar posibles incidentes violentos y las dos manifestaciones fueron modificadas. Una decisión que fue recibida con enfado por Jusapol, la plataforma policial convocante de la marcha por el 1-O y por la equiparación salarial entre agentes de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas. En conversación con este diario, su presidente, Natan Espinosa, acusó al Departamento de Interior de «vulnerar» su derecho a la manifestación. Según alega, Jusapol comunicó con tiempo suficiente su marcha cuyo inicio estaba previsto en Sant Jaume. «Y ahora le dan la razón a ellos, quienes ni tan siquiera han comunicado de forma oficial lo que pretenden hacer», lamenta.

Pese a ello, Jusapol ha accedido a modificar el inicio de su marcha. La nueva convocatoria cita a sus simpatizantes ante las puertas de la Jefatura de Policía situada en Via Laietana, a sólo unos cientos de metros de Sant Jaume pero con mayor movilidad. Los Mossos han accedido a ese itinerario al considerar que podrán garantizar la seguridad de la cita. El independentismo radical, apoyado también por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), mantiene de momento la concentración prevista en Sant Jaume, cuyo acceso previsiblemente será vetado ese día por los Mossos d'Esquadra.

Maragall reabre la ‘embajada’ de Londres porque dice que el Govern tiene “derecho a actuar”
OKDIARIO 28 Septiembre 2018

Ernest Maragall, el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, ha reabierto este jueves la Delegación del Govern en el Reino Unido e Irlanda, con sede en Londres, y ha reivindicado: “Tenemos el derecho de actuar y de defender nuestras acciones”.

“Hoy vuelve a empezar lo que nunca se tendría que haber interrumpido”, ha afirmado en el acto, en el que ha recordado que tendría que haber sido el ex conseller Raül Romeva el que hiciera los honores, ha explicado la Conselleria en un comunicado.

Ernest Maragall se ha referido al recurso contencioso administrativo del Gobierno central contra la reapertura de las delegaciones del Ejecutivo catalán, ante lo que ha defendido el derecho del Govern a actuar y ha asegurado que si en el proceso hay “una mínima posibilidad de acuerdo con el Gobierno español”, estarán encantados de escuchar sus peticiones.

“Pero esta y el resto de delegaciones seguirán abiertas”, ha defendido, y ha considerado previsible la reacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que confirma una actitud, y ha recordado que el departamento todavía no ha recibido la notificación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Cuando corresponda, el Govern se defenderá ante el tribunal competente porque considera que es una acción legítima de representación internacional, con funciones de facilitar relaciones bilaterales dentro de las competencias de la Generalitat.

El Gobierno ha presentado un recurso

El delegado del Govern en el Reino Unido e Irlanda, Sergi Marcén -que fue restituido en este cargo en julio- y la directora general de Relaciones Exteriores, Mireia Borrell, han participado en la inauguración, la segunda reapertura que realiza el Govern después de la de Alemania la semana pasada.

Cuando se terminen las tareas de adecuación, se inaugurará en el mismo edificio de Londres la Casa de Cataluña, ha añadido.


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