AGLI Recortes de Prensa   Lunes 1 Octubre 2018

¿Hasta dónde llega la mierda?
Luis del Pino Libertad Digital 1 Octubre 2018

Harry Gross nació en Nueva York, en el seno de una humilde familia de inmigrantes rusos. En 1940, con 24 años, empezó un negocio de apuestas ilegales que poco a poco comenzó a crecer. A principio de 1941, un policía lo abordó por la calle: "Tú, eres un maricón por saltarte las reglas. ¿Qué haces operando sin permiso?". Gross le dio al policía un billete de 50$ y le preguntó qué había que hacer para "sacarse el permiso". Una semana después, el policía volvió con la respuesta: "Te podemos ofrecer protección, pero me preguntan en la división si estás dispuesto a ir hasta el final". Gross no se lo pensó dos veces: "Por supuesto que sí".

Durante la siguiente década, Harry Gross estuvo operando sus negocios ilegales en la ciudad de los rascacielos en la más absoluta impunidad, gracias a las mordidas que generosamente repartía. Las investigaciones judiciales posteriores demostraron que llegó a repartir en comisiones para la policía, en un solo año, lo que al cambio de hoy serían unos 13 millones de dólares.

Una escena chusca retrata hasta qué punto los negocios de Gross se habían convertido en una necesidad para la policía neoyorquina: muy al principio de su carrera criminal, Gross se sumió en la bancarrota apostando en partidos de baloncesto y huyó a California. Allí fueron a buscarle dos policías de Nueva York, que le prestaron los 50.000$ que necesitaba para saldar sus deudas inmediatas y le llevaron de vuelta, para que continuara con sus negocios. Sin ellos, el flujo de las comisiones hacia la policía se paraba.

Cuando cayó la red criminal de Harry Gross en 1950, 22 policías fueron condenados y otros 240 policías y funcionarios de Nueva York dimitieron o fueron despedidos. Entre los que se vieron forzados a dimitir estaba el propio alcalde de la ciudad, William O’Dwyer.

La lección que cabe destacar del caso de Harry Gross es que cuando alguien ejecuta una prolongada operación delictiva en la más absoluta impunidad, la explicación más obvia es que quien tendría que poner fin a esas actividades criminales está sacando provecho de las mismas.

Viene esto a cuento, por supuesto, de la red de extorsión que al parecer ha estado operando en este país durante décadas, y en la que juega un papel destacado el comisario Villarejo. Si esa red ha podido operar con total impunidad es porque quien tenía que desmantelarla (es decir, el poder político del que esos mandos policiales dependían) sacaba provecho de la misma, de una u otra manera.

¿Nos estamos refiriendo a dinero? No necesariamente. Si fuera solo dinero, el problema no sería tan grave para nuestra democracia. En realidad, no tenemos que irnos a los años cincuenta del siglo pasado para buscar unos antecedentes mejores al tema de Villarejo. ¿Se acuerdan Vds. de Cambridge Analytica?

Cambridge Analytica era una empresa inglesa que asesoraba en campañas electorales y que se vio obligada a cerrar este año , después de demostrarse que recopiló ilegalmente los datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook, aprovechando una brecha de seguridad en el sistema.

Pero no era la única práctica ilegal de esa empresa. Reporteros camuflados de la cadena de televisión británica Channel 4 grabaron a directivos de Cambridge Analytica ofreciendo servicios especiales para influir en las elecciones de Ceilán. Esos servicios especiales incluían sobornos y el uso de prostitutas ucranianas de alto nivel (¿les suena el tema?) para luego chantajear a políticos de la oposición.

Volvamos a la red en la que, según declaración propia, estaba encuadrado Villarejo. ¿Qué beneficio sacaban los responsables políticos que permitieron a Villarejo operar con impunidad durante tantos años? Si es cierto, como él mismo declaraba en la cinta que hemos conocido, que Villarejo montó, entre otras cosas, una empresa de señoritas de compañía para obtener información sobre políticos y empresarios y someterlos potencialmente a extorsión, ¿a quién llegó esa información?

Lo pregunto más claramente: ¿alguien en el PP o el PSOE, o ambos, recibió y utilizó la información recabada por Villarejo de manera ilegal?

Y no es esa la pregunta más inquietante: ¿a quiénes se ha sometido a chantaje estos años, dentro del mundo de la política y de la judicatura? ¿Qué decisiones políticas se han tomado en este país bajo la influencia del chantaje? ¿Qué sentencias o instrucciones judiciales se han visto adulteradas gracias a la información recabada por la red de extorsión? Y algo que me interesa especialmente: ¿operó algún chantaje durante la instrucción del 11-M, para condicionarla?

Me llama mucho la atención que ni Ciudadanos, ni PP, ni Podemos, hayan salido inmediatamente a la palestra a preguntar lo evidente: ¿hasta dónde llega la mierda? ¿Hasta dónde alcanzaba la red de extorsión y para qué se ha venido utilizando en las últimas décadas?

¿Hasta qué punto y desde cuándo nuestra democracia ha sido manipulada por una red mafiosa? Porque esa es la pregunta fundamental, y no de dónde han salido las cintas.

¡Adiós, Gürtel! ¡Hola, Garzón!
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 1 Octubre 2018

"Balta, Juan Antonio, el Oli y yo", según Villarejo, fueron los que prepararon el caso Gürtel antes de que el juzgado de Balta Garzón, tras meses de escuchas decretadas por el juez prevaricador, abriera el caso oficialmente. Pero llevaba urdiéndolo durante meses con la cúpula del PSOE, o sea, Rubalcaba.

"Alfredo", al que por respeto las cloacas no llaman "Freddy", era el jefe de J.A.G. -Juan Antonio González, jefe de la Policía Judicial a sus órdenes en Interior- cuando se artilló Gurtel. Oli" era José Luis Olivera, jefe de la UDEF, la Unidad para la Delincuencia Económica y Financiera creada por... JAG. Fernández Chico (q.e.p.d.), otro comensal de Rianxo, era DAO -Director General Operativo, el hombre clave- de la Policía. Y aunque Garzón y "la que bebe el vino de mi copa" habían salido con rumbo ignorado, nadie discute el relato del comisario que todo lo grababa y vendía al mejor postor. ¿Sólo él? Todo esto sale cuando el juez De Egea investiga a Villarejo por los seis millones de euros que el empresario Pérez-Maura habría pagado para evitar su extradición a Guatemala. Su abogado es Garzón y la fiscal que se opone con éxito a la extradición es la que "ministrar podía la copa / a Júpiter mejor que el garzón de Ida". Góngora se refería a Ganímedes, afamado chapero de Zeus. Pero ¿a que suena a la ministra de Justicia?

Villarejo dice que su reunión es en Agosto, antes de que se abriera oficialmente el caso Gürtel, activado en la cacería de Jaén. Las escopetas eran el furtivo ministro de Justicia Bermejo; la fiscal Delgado; JAG, correo de Rubalcaba; Gascón; y por encima de todos, Garzón, 50 sombras de Balta, el juez capaz de todo, excepto de actuar legalmente como juez. El otro día en la Ser pedía la presunción de inocencia ¡para Villarejo! ¿Pero no dice el Gobierno Sánchez-Delgado que lo chantajea -no desde cuándo- y que va a cerrar los medios indiscretos?

Garzón parece la cabeza de una piovra -el pulpo mafioso- que atrapó hace décadas a jueces y Gobiernos. Algún día conoceremos su fortuna, porque ni la rama policial ni la judicial de la cloaca trabajan gratis. Pero, ¿cuántas decisiones judiciales se han tomado bajo chantaje, incluido el 11-M? El caso Gürtel está tan viciado en origen que puede darse por muerto. El de Garzón y las cloacas del Estado, está a punto de nacer.

Investigar el gran lodazal
EDITORIAL El Mundo 1 Octubre 2018

La cascada de grabaciones que están saliendo a la luz relacionadas con José Manuel Villarejo está provocando un terremoto mediático y político de consecuencias impredecibles. El ex comisario permanece en prisión provisional, investigado por toda una trama de actividades presuntamente delictivas. Nadie duda de que está haciendo uso del material explosivo que constituyen los audios en su poder para tratar de chantajear a las más altas instituciones. Y los investigadores alertan sobre posibles manipulaciones que podrían afectar a relevantes cargos con tal de sacar algún rédito de un escenario enfangado en el que el crédito del conjunto del sistema quede por los suelos.

Dicho esto, España no puede estar permanentemente en vilo por las presuntas presiones de alguien tan siniestro como Villarejo, pero tampoco cabe adoptar una actitud victimista como hace el Gobierno cuando le salpican directamente revelaciones espinosas inadmisibles en democracia. Se están poniendo sobre el tapete complicidades tan embarazosas en hechos tan graves que urge una gran investigación a fondo para desentrañar toda la verdad en este inmenso lodazal y que se depuren tantas responsabilidades como sea necesario. Un Estado no puede estar inerme ante asuntos del calado que se están denunciando. Y casos como el de la ministra Delgado no se capean con el enrocamiento hasta que escampe. Para que ni Villarejo ni nadie puedan chantajear al Estado es necesario que al frente no haya dirigentes con un historial pasado tan expuesto a tales presiones. Urge una limpieza a fondo para salir de este lodazal.

La deuda ingobernable
Primo González republica 1 Octubre 2018

La deuda global, pública y privada, se puede convertir en el gran motor de una próxima crisis económica de ámbito global. Lo acaba de subrayar el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le ha puesto cifras al asunto, 157 billones de euros, es decir, unas 156 veces el tamaño del PIB español, que se dice pronto. Más preocupante aún es el hecho de que la deuda global ha aumentado en 18 billones de euros desde la pasada primavera, es decir, apenas seis meses atrás, lo que equivale a unos 3 billones de euros mensuales. Las economías emergentes están en la base de buena parte de la aceleración de este aumento.

España tiene una deuda que solo en el caso de la contraída por el sector público supera por poco el billón de euros. La deuda total española supera los dos billones de euros, cuando se incorporan las cifras del sector privado, en especial el empresarial, si bien hay muchas empresas sólidamente implantadas en el exterior que cuentan con activos muy importantes y, por lo tanto, sitúan las cifras de deuda neta en niveles algo más tolerables. Una de las peculiaridades de la deuda española, pública y privada, es el hecho de que en su mayor parte está contraída con extranjeros, lo que en todo caso añade bastante vulnerabilidad a nuestra economía.

Es poco probable que los canales de financiación de toda esta deuda hagan crisis de forma súbita, pero los niveles a los que ha llegado el endeudamiento mundial, en especial el de algunos países, podrían poner en ciertos apuros las expectativas de crecimiento económico. Los niveles de deuda tienden a crear diferencias financieras entre los países y a provocar importantes oscilaciones entre los tipos de cambio, lo que acaba por entorpecer el crecimiento económico.

Esa es una expectativa real a la que se enfrentan en estos momentos algunos países emergentes, aunque su impacto en España es menor. Pero no insignificante. Acaba por generar también problemas en la economía española debido al traslado a través de las empresas nacionales que tienen una amplia actividad en el exterior, como se ha visto y se está viendo en estos últimos meses en casos como el de Turquía, el de Brasil o el de Argentina, tres economías muy estrechamente relacionadas con el entramado empresarial español y a la postre con la economía española en su conjunto.

Desde un punto de vista teórico, el crecimiento del endeudamiento de las economías no debería proseguir, a menos al ritmo de estos años recientes, so pena de caer en un estado de alto riesgo, ya que un endurecimiento de las condiciones monetarias acabaría por llevar a algunos países a la bancarrota. En estos años recientes, la situación se ha solventado gracias a las políticas fuertemente expansivas de los bancos centrales, colocando en niveles nulos e incluso negativos los tipos de interés. Pero esa misma estrategia de expansión monetaria, cuya finalidad ha sido estimular el crecimiento económico, está en trance de agotamiento. En Estados Unidos ya está incluso en fase de retorno, con los tipos de interés al alza. Europa no tardará mucho, quizás menos de un año, en iniciar esa etapa. Y con tal perspectiva, el sostenimiento de altas tasas de deuda va a ser cada vez más complicado. Es una amenaza a plazo fijo que no tardará más de un año en ponernos ante nuevos dilemas económicos.

Cataluña, hoy: los golpistas toman las calles a golpes
EDITORIAL Libertad Digital 1 Octubre 2018

Y a todo esto, Pedro Sánchez y su equipo de gobierno o no saben/no contestan o se desviven por agradar a los golpistas, lo que no deja de ser lógico, dado que les deben el poder.

El acto celebrado este domingo en Barcelona en homenaje a los agentes que defendieron el orden constitucional en Cataluña durante el aquelarre golpista del 1 de octubre de 2017 finalizó con intolerables escenas de violencia protagonizadas por elementos separatistas. Los CDR, unidades de choque dedicadas a imponer el terror separatista en las calles catalanas, decidieron reventar el acto organizado por Jusapol –que agrupa a policías nacionales y guardias civiles que demandan la equiparación salarial con las policías autonómicas– perpetrando una auténtica razia contra los manifestantes.

La chusma liberticida no consiguió su objetivo de apalizar a los manifestantes por la puntual intervención de los Mozos de Escuadra. Pero el responsable de Interior de la Generalidad, Miquel Buch, perpetró unas declaraciones en las que poco menos que se disculpó no con las víctimas del matonismo separatista, sino con los victimarios, a los que lloriqueó que la obligación de los agentes de la Policía regional catalana era garantizar los derechos constitucionales de la ciudadanía, "por mucho que se te revuelva el estómago". Por si quedaban dudas de su calaña, Buch afirmó que los manifestantes asediados y agredidos habían acudido a Barcelona a provocar, lo que le confirma como un indeseable indigno de desempeñar cargo público alguno y no hace sino añadir una razón más a quienes exigen la inmediata intervención de la autonomía catalana para que no siga en manos de enemigos jurados del orden constitucional.

Y a todo esto, Pedro Sánchez y su equipo de gobierno o no saben/no contestan o se desviven por agradar a los golpistas, lo que no deja de ser lógico, dado que les deben el poder. Por eso es un Gobierno indigno de confianza. Por eso jamás debió conformarse. Nada bueno cabe esperar de él. España no merece estar en manos de personajes de este pelaje.

El empate regalado
Ignacio Camacho ABC 1 Octubre 2018

Más allá de la retórica de resistencia con la que encubre su auténtico estado de ánimo, resulta evidente que el golpismo catalán llega desalentado, dividido y melancólico a su propio aniversario. La desganada épica de salón de Torra y la agitación batasunera de los CDR apenas disimulan la certidumbre del fracaso. La paradoja del caso reside, sin embargo, en que ese palmario desengaño independentista no ha supuesto un simétrico éxito del Estado, que no ha sabido rentabilizar la manifiesta deflación del adversario. Antes al contrario; primero con la aplicación por Rajoy de un artículo 155 tardío y timorato y luego con el apaciguamiento táctico empleado por Sánchez para sostenerse en el cargo, el Gobierno de la nación ha desperdiciado la ventaja política que pudo obtener hace un año. Y ha vuelto a desenfocar la estrategia al conformarse con un statu quo condescendiente y manso que transforma la victoria en un empate regalado.

El constitucionalismo español no tendrá otra oportunidad mejor para desactivar el conflicto, si no para siempre sí por un tiempo significativo. En vez de aprovecharla la ha dejado ir desde el principio en una cadena de errores de origen distinto que confluyen en el prejuicio de aceptar la hegemonía nacionalista como un hecho consumado, inevitable como un sino. A estas alturas carece de sentido insistir en la pusilanimidad con que el marianismo abordó la fase aguda del desafío; hasta Pablo Casado ha evacuado ya un veredicto autocrítico sobre ese apocamiento que al cabo le costó el poder al PP y provocó en sus bases electorales un abandono masivo. Ahora lo que importa es el hecho objetivo de que no sólo se ha malversado la posibilidad de desmantelar las estructuras del separatismo sino que el Gobierno de España depende de una alianza con quienes se proclaman sus enemigos. Es decir, que el ya de por sí desganado ejercicio de autoridad democrática del 155 ha desembocado, moción de censura mediante, en un pacto subrepticio que proporciona oxígeno a los golpistas y les otorga un papel decisivo.

Es cierto que ya no existe riesgo de insurrección a corto plazo. Lo que está desperdiciando el Estado es la ocasión de hacerla inviable también a término largo, de consolidar su presencia en Cataluña en un momento en que la cohesión social del independentismo atraviesa un ciclo bajo y su liderazgo está en la práctica desarticulado. La pretendida distensión de Sánchez sólo va a conseguir reanimarlo, devolverle la masa crítica perdida y fortalecer su arraigo. Se trata de un despropósito irresponsable que el país entero pagará caro si, un día quizá no demasiado lejano, el programa de secesión alimentado con la incansable propaganda del agravio logra reunir en cualquier elección autonómica un respaldo real y aritméticamente mayoritario. Entonces no valdrá el llanto retrospectivo por la catástrofe que pudo haberse evitado.

¡Que empiece el juicio oral!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 1 Octubre 2018

ORIOL JUNQUERAS SE POSTULA COMO CABEZA DE LISTA DE LAS ELECCIONES AL EUROPARLAMENTO. LOS MOSSOS CARGAN CONTRA LOS VIOLENTOS CDR DE LA CUP.

SI es por incordiar, que no quede. Ahora resulta que Oriol Junqueras, uno de los máximos responsables del golpe de Estado que se encuentra en prisión a la espera del inicio de juicio con penas posibles entre 15 y 25 años de prisión con la complementaria de otros tantos años de inhabilitación para el desempeño de cargo público, se postula como cabeza de lista de ERC para las próximas elecciones al Parlamento europeo que se celebrarán en mayo del próximo año. Y por ahora nada impide que lo haga, ya que mantiene intactos sus derechos al sufragio pasivo mientras no exista una sentencia firme de inhabilitación. Y eso aún es un futurible que depende de lo que finalmente sentencien los jueces del Tribunal Supremo y del tiempo que pase hasta que las sentencias sean firmes.

Estamos de nuevo en una carrera de legalidades en la que Oriol Junqueras intenta forzar una situación límite y conflictiva, caso de que la inhabilitación, de producirse, llegue tras haber sido elegido eurodiputado y se produzca la misma situación que la que ha rodeado a los Diputados electos del Parlamento de Cataluña en prisión provisional. Y es que hasta que no se celebre el juicio, nadie puede asegurar cuáles serán las sentencias que finalmente se impongan ni por cuáles de los delitos imputados. Y aunque lo lógico es pensar que como mínimo se considerará el de secesión, sancionado con penas inferiores al delito de rebelión, la inhabilitación también se vería disminuida de modo proporcional. Pero el tema está en si para cuando sea firme la sentencia, Oriol Junqueras, encontrándose ya en prisión cumpliendo condena, hubiera tomado posesión del Acta de eurodiputado y se debiera iniciar el proceso de suplicatorio a la Eurocámara y la petición de suspensión del acta.

Y eso me hace preguntarme cuál es el motivo que impide que comience ya el juicio oral. Creo que va siendo hora de ir acortando plazos para disponer de una sentencia para finales de año y que estas sean firmes antes de que se celebren las elecciones europeas. Creo necesario que todos los implicados sepan a qué atenerse respecto a su futuro personal y político. No se debe mantener esta especie de limbo de derechos restringidos por tiempo indefinido, creando conflictos y obligando a los Tribunales a adoptar decisiones más que discutibles limitando esos derechos constitucionales. Es por ello por lo que el juicio debe cumplir con el objetivo de establecer las responsabilidades penales y económicas si las hubiere de cada uno de los procesados. Este será el punto final de este conflicto de legalidades y de las argucias procesales que han venido produciéndose desde el comienzo de la Instrucción.

Estas sentencias ayudarán a fortalecer el prestigio de la Justicia española, últimamente burlada y despreciada por la Justicia de algunos países de la UE, que se han atrevido a enjuiciar lo que no es de su incumbencia y a decidir dar cobijo a unos fugitivos rechazando las peticiones de extradición exquisitamente argumentadas y condicionando la fase procesal al limitar los delitos por los que concederían la extradición. Una vergonzosa e inadmisible injerencia que ha obligado a nuestros jueces a rechazar las extradiciones bajo esos inaceptables condicionantes. Lo mejor es que esos jueces metomentodo vean cómo la Justicia en España es un poder independiente que no se deja influir por la presión de otros tribunales que se atreven a juzgar sobre algo que desconocen ni para lo que están capacitados. Una vergüenza que haya sido un Tribunal alemán de un Estado el que haya decidido inmiscuirse e ir contra el criterio de su propia Fiscalía. O un juez de primera instancia belga el que se niegue a tramitar la euroorden sin tener base ni criterio, ni responsabilidad alguna para enjuiciar y cuestionar los delitos imputados.

Creo que es urgente el que el juicio se agilice y comience ya y no dilatar más una situación que se va degradando y en la que surgen voces desde el mismo Gobierno de España, que se muestra condicionado y acuciado por las exigencias de los que le dieron su apoyo de investidura para mantenerse en el poder. Son altamente preocupantes las declaraciones de petición de libertad de los presos provisionales antes del inicio del juicio oral, y las que insinúan la concesión de indultos en caso de que las sentencias sean condenatorias. Pero es que los dirigentes golpistas no se conforman con eso y ya piden directamente la absolución, por considerar que no han cometido ninguno de los delitos que se les imputan.

Y eso, porque en su mundo delirante, su legalidad la basan en un referéndum sin garantías democráticas y declarado inconstitucional con ocupación de colegios electorales abiertos ilegalmente y defendidos por hordas de ciudadanos fanatizados que se enfrentaron a las fuerzas de orden público que cumplían con su misión de impedir su realización. Mañana se cumple el primer aniversario de ese 1 de octubre que fue el hito de legitimidad que se usó para la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, un golpe de Estado en toda regla que fue contestado por el Estado de Derecho con la intervención de la autonomía.

Ha pasado un año y estamos igual o peor que en aquellas fechas. Los golpistas del PDeCAT, ERC y la CUP siguen dominando el Parlamento autonómico de Cataluña. Se ha formado un Gobierno de la Generalidad títere a las órdenes del fugitivo de la justicia Carles Puigdemont refugiado en Bélgica por gracia de su Justicia y la connivencia del Gobierno de ese país. Los radicales han tomado las calles creando una suerte de fuerzas de choque, los llamados CDR (Comités de Defensa de la República) cuyas actuaciones van incrementando su violencia en cuantas manifestaciones participan. La última la de ayer intentando boicotear otra manifestación perfectamente legal de una parte de representantes de las FFyCCSE que reclamaban igualdad salarial con las policías autonómicas. Una violencia que fue reprimida esta vez con contundencia por parte de los Mossos, lo cual causa sorpresa tras su clara actitud pasiva demostrada hace un año en los acontecimientos previos de septiembre y los del 1 de octubre.

Y lo primero que hay que exigir es la inmediata ilegalización de esos CDR y la de aquellos partidos políticos que les apoyan y justifican, en este caso la CUP. No es admisible en democracia que se admita el uso de la violencia como forma de reivindicación política. No son admisibles ni la coacción ni la intimidación como la que ejercen estos grupos violentos y radicalizados. Y esto es responsabilidad del Gobierno de la Generalidad en cuanto a su competencia de la policía autonómica de los Mossos para mantener el orden y la convivencia de los ciudadanos. Y es deber del Gobierno de España promover la ilegalización de esas formaciones por su carácter netamente antidemocrático.

Pero lo que parece es que el Gobierno de España de Pedro Sánchez está más por la labor de apaciguamiento de los golpistas, porque necesita su apoyo, que por cumplir con su deber.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

No comulgaré con ruedas de molino

Ernesto Ladrón de Guevara  latribunadelpaisvasco.com 1 Octubre 2018

“ — ¿Y piensas que los que hemos formado, al oír esto, se negarán y no estarán dispuestos a compartir los trabajos del Estado, cada uno en su turno, quedándose a residir la mayor parte tiempo unos con otros en el ámbito de lo puro?

—Imposible, pues estamos ordenando a los justos cosas justas. Pero además cada uno ha de gobernar por una imposición, al revés de lo que sucede a los que gobiernan ahora en cada Estado

— Así es, amigo mío: si has hallado para los que van a gobernar un modo de vida mejor que el gobernar, podrás contar con un Estado bien gobernado; pues sólo en él gobiernan los que son realmente ricos, no en oro, sino en la riqueza que hace la felicidad: una vida virtuosa y sabia. No en cambio, donde los pordioseros y necesitados de bienes privados marchan sobre los asuntos públicos, convencidos de que allí han de apoderarse del bien; pues cuando el gobierno se convierte en objeto de disputas, semejante guerra doméstica e intestina acaba con ellos y con el resto del Estado.

—No hay cosa más cierta.” (PLATÓN, Libro VII de “La República”)

La sensación que nos produce el estado de la gobernación de este país, España, no puede ser más desoladora y penosa. Nadie se ocupa de las necesidades e intereses de la mayoría de la población española y todos los días sin excepción tenemos en la opinión publicada un nuevo caso de oprobio en alguien del Gobierno con mayor o menor causa. En poco tiempo han dimitido dos ministros, otra ministra está sojuzgada por unos vínculos nada recomendables con personas que tienen causas que dejan al descubierto situaciones lamentables, otro más con unos bienes inmuebles registrados de forma sospechosa para eludir al fisco, un presidente que se erige en gobernante sin haber sido designado por el pueblo, que es el que tiene la soberanía, etc. Y mientras tanto este Gobierno sin legitimidad de origen se permite tomar decisiones que son claves para el futuro inmediato de nuestra nación, con una irresponsabilidad y frivolidad que abruma.

La Constitución habilita la participación política de los ciudadanos a través de los partidos, y dota de personalidad jurídica a cada uno de los diputados elegidos en representación de la soberanía nacional. Por algo se impide en el texto constitucional el mandato imperativo, es decir, se preserva la voluntad propia no vinculada a disciplinas partidarias en cada uno de los parlamentarios que actúan en nombre de la nación, porque cada uno de los representantes, una vez elegidos, es la voz del pueblo y ha de defender el interés general, la soberanía nacional, y, por tanto al conjunto de la Nación. Eso es en teoría. La realidad nos muestra otra cara lamentable, degradada e indigna de la alta misión que tienen esos delegados de la voluntad general.

En la triste realidad, los partidos encarnan solamente el interés sectario y endogámico de su colectivo, no el interés general. Se está prostituyendo la democracia y la noble finalidad que tiene en su sentido más genuino y semántico. Lo que llamamos partitocracia es la plasmación más evidente y cruel de lo que no debe ser la democracia, de lo que es la corrupción de la democracia. Es la viva imagen de lo que estamos viendo día tras día en las pantallas televisivas y que se traduce en los teletipos de la prensa nacional.

En pleno siglo XXI no se han superado los signos de decadencia que afectaron a la formación del Estado nacional en el siglo XIX, con asonadas, pronunciamientos, inestabilidad institucional, constituciones elaboradas en función del grupo dominante y zarandeos al sistema de gobierno, yendo de un extremo al otro del escenario político mientras que la nación se desangraba, se perdía influencia en el mundo y desaparecían los restos del imperio. En ese estado de cosas, paradójicamente, los que tenían la sartén por el mango en el Antiguo Régimen lo seguían teniendo en el nuevo, aprovechándose de dos desamortizaciones que permitían cambiar las cosas para que todo siguiera igual, salvo en lo que se refiere a la propiedad eclesiástica. Seguimos igual porque no hemos aprendido nada, y porque quienes se aprovechan de esta situación son los que siguen acumulando riqueza en pocas manos, cada vez menos, mientras las clases medias se depauperan.

Y el problema es una Constitución que dejó demasiado abiertas cuestiones fundamentales para preservar el interés común, y el sistema de partidos permite que éstos sean endogamias que olvidan la finalidad para la que se han creado que es el interés general.

Hoy el sintagma “partido político” adquiere pleno significado en la peor de las acepciones. Se relega el interés general de la nación a estrategias mezquinas, luchas inanes e intrascendentes, rifirrafes de recorrido corto, iniquidades, mientras la nación se desangra y cada vez somos más pobres.

No quisiera dar la razón a los que sojuzgaban a los partidos y consideraban que el sistema liberal es una carcoma que liquida el patrimonio cultural, social, convivencial y económico, sería un drama que tuviera que reconsiderar mis paradigmas ideológicos.

El oráculo Gonzalo Fernández de la Mora escribió un referencial artículo en el ABC del día 22 de enero de 1976, es decir hace 42 años. Aquel artículo aventuraba lo que cuatro décadas más tarde está ocurriendo. Como yo no soy un plagiador como Sánchez hago mías las ideas del eminente intelectual citando frases extraídas del artículo. Yo no puedo decirlo mejor que él, por ello las reproduzco. Y me siento a esperar que me llamen facha; lo que “me pone”.

“La situación arquetípica es la de los comunistas que utilizan la dialéctica democrática hasta que alcanzan la soberanía; luego tienden a instaurar la dictadura del proletariado, y solo las armas, como en España o en Chile, pueden evitar la irreversibilidad del proceso marxista. Cuando el escrutinio consagra la supremacía de un partido totalitario, se produce, pues, la autoliquidación de la democracia”

“Pues bien, la partitocracia, que es la desembocadura habitual de los regímenes democráticos, produce las situaciones antípodas de las idealmente proyectadas: dictadura del partido dominante, digitocracia, confusión de poderes y anulación del Parlamento." [Ejemplo paradigmático lo que ocurre hoy mismo en Cataluña]

“La partitocracia ¿es el reflejo de la voluntad general? No. En los sistemas de escrutinio mayoritario, que son los más frecuentes, la matemática electoral no siempre permite que la mayoría de los ciudadanos conquiste el poder.” [Son varios los ejemplos que podríamos exponer: las elecciones británicas de 1951 y 1974; las sudafricanas de 1955, las elecciones en 1931, 1933, 1936 en España, etc]

“La partitocracia ¿implica la supresión de las designaciones que no procedan del sufragio popular? No. La digitocracia o designación por el dedo es, en todos los niveles, característica esencial de la partitocracia”

¿Asegura el partido político la división de poderes? Tampoco. Cuando hay un partido dominante se produce la fusión del poder legislativo y el ejecutivo, porque los mismos líderes del partido controlan al Gobierno y a la mayoría parlamentaria.”

“¿Son los partidos los instrumentos del diálogo parlamentario? Más bien son sus interruptores. […] En la partitocracia, la realidad es que los diputados ni escuchan al adversario, ni tienen por qué tomarse sus escaños en el momento de la votación para expresarse en el sentido que les hayan ordenado sus líderes. Y si no acatan la disciplina del partido se arriesgan a la expulsión o la no reelección”

“Cabría instrumentar el sistema de partidos de tal modo que se promoviese la representación de las minorías, la elección popular en todas las instancias, la división de poderes y el parlamentarismo. Pero, en tal supuesto se desembocaría en la ingobernabilidad del Estado a causa de la multiplicación y desvertebración de los partidos.”

“La democracia se está convirtiendo en esa forma degenerativa que es la partitocracia. Y, al hipertrofiarse, los partidos políticos que se presentaron como la pieza esencial del Estado demoliberal, están siendo sus liquidadores”

Y si alguien me pregunta cual es mi alternativa le responderé que no lo sé. Lo único que pretendo es que no me hagan comulgar con ruedas de molino y aceptar con naturalidad borreguil lo que está sucediendo en esta mi patria en descomposición.

Derrotar al tercer frente popular, tarea histórica de nuestro tiempo
Pío Moa gaceta.es 1 Octubre 2018

En “una hora con la historia”: Las catástrofes apocalípticas del siglo XIV: https://www.youtube.com/watch?v=Gz90i9nKF_s
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P. En Valencia ud ha calificado de tarea histórica la lucha contra lo que llama tercer frente popular. ¿En qué sentido lo considera así?
–La expresión “frente popular” es comunista: un invento para presentarse como demócrata frente al fascismo, y engañar y dirigir a otras fuerzas políticas. Aquí se presentó como alianza abierta o implícita entre separatistas y totalitarios más algunos golpistas de izquierda. Por su propia naturaleza amenazan la integridad nacional y la libertad, no solo las libertades políticas, también la personal. Esas dos fuerzas, totalitarios y separatistas, cobran impulso como una especie de daño colateral de la derrota del 98 frente a Usa. Una primera colaboración entre ellas se da en la intentona revolucionaria de agosto de 1917, otra en el Pacto de San Sebastián y otra más en la insurrección de octubre de 1934. Pero para nuestros efectos, se oficializa en las elecciones fraudulentas de febrero de 1936. Ese frente fue derrotado en 1939, volvió a improvisarse a la muerte de Franco, siendo de nuevo vencido en el referéndum de 1976. Vino luego un proceso largo hasta resurgir con fuerza con Zapatero, dando lugar a leyes totalitarias y nuevo empuje a los separatismos. El PP, en su mentalidad de democracia de amigotes, no hizo luego nada, y hoy ese tercer frente popular vuelve a dibujarse como un peligro muy grave. La situación recuerda a la de 1936, ahora con menos violencia y con el problema separatista en primer plano, mientras que en el 36 era el problema totalitario el más acuciante. En ese sentido digo que derrotarlo por tercera vez es una tarea del mayor alcance histórico.

P. La capacidad de esas alianzas para rehacerse de sus derrotas, ¿no indica que estamos ante un problema en el fondo irresoluble porque quizá corresponde a corrientes históricas potentes, que bien podrían terminar triunfando?

–Lo diré de otro modo: su primera derrota fue militar, la segunda cívica, y la tercera debe ser política y cultural. Creo que sus avances actuales se deben a que tiene una oposición débil, dispersa y descerebrada, es decir, sin discurso. Ante todo debemos entender la idea general y los objetivos de esas fuerzas. Siempre se presentan como factores de democracia y europeísmo, una de cuyas víctimas principales debería ser la Iglesia, factor retrógrado por excelencia a juicio de ellos (incluso del PNV). Esas dos pretensiones son radicalmente falsas. Nunca fueron demócratas, siempre hemos tenido una izquierda totalitaria y violenta. Y su europeísmo es una especie de alucinación: jamás han hecho el menor análisis serio de Europa. En cuanto a los separatistas, se basan oscuramente en un racismo pueril y aspiran a dividir España en unos cuanto estados débiles, inevitablemente mal avenidos y que serían juguete de otras potencias más fuerte y menos necias. Viene a ser una añoranza de las épocas de la Reconquista en que España estaba dividida hasta en cinco reinos muy a menudo hostiles entre sí, y no es casual que los separatismos surgieran en la época romántica, con su idealización de la llamada edad media… En fin, creo que la tarea histórica actual consiste en vencer esas tendencias. En la historia vemos que triunfan no infrecuentemente las mayores majaderías, y debemos evitarlo esta vez.

P. Según ud, conocer la historia es esencial para entender el presente y orientar el futuro. Pero admite que estamos entrando en una nueva época en el mundo, con problemas nuevos ante los que el pasado da pocas lecciones.

P. Hay muchos problemas, unos nuevos y otros viejos. El del tercer frente popular es un problema viejo, pero si no se soluciona impedirá abordar de forma fructífera los nuevos. Se ha vuelto muy peligroso porque enarbola las banderas de la democracia, apoyándose en una falsificación brutal de la historia. Esto ha podido hacerlo impunemente, como he explicado otras veces, por esa falta de discurso de una derecha trivial y pedestre. Es lo que debe cambiar. Es necesaria una nueva política, y creo que VOX, si se desarrolla, puede ser una alternativa. Pero más esencial me parece la batalla de las ideas y de la cultura. En lo que se refiere al discurso histórico, la batalla está ganada en el plano intelectual, pero no en el de la opinión pública, debido a ese descerebramiento de la derecha. En cuanto a los nuevos problemas, se los resumiré así: la llamada globalización debe ser analizada desde una perspectiva propia, española, que tenga presente la existencia del mundo hispánico. Y la Unión Europea me parece que avanza con rapidez hacia aquella pesadilla que ya pronosticó Tocqueville. Es este un texto que debería divulgarse masivamente, porque describe bastante bien lo que estamos viviendo.

P ¿Es ud optimista ante la situación?
–Creo que el mal, la podredumbre, ha avanzado mucho y no será fácil romper su inercia. No soy optimista ni pesimista, como dije en Valencia, solo creo que derrotar al nuevo frente popular es la gran tarea del momento. Y a ello hay que ponerse, sin más.


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DIEZ CLAVES
El ‘procés’, un año después del 1-O
La Gaceta  1 Octubre 2018

Primer aniversario del referéndum ilegal convocado y celebrado -en contra de la optimista previsión del Gobierno de Rajoy- por el separatismo radical. Un año desde el 1-O, que se celebra este lunes en Barcelona con la antigua cúpula golpista repartida entre la prisión y la fuga y con un presidente autonómico empeñado en reivindicar la ‘República catalana’. Repasamos las claves del procés:

1. LA BANDERA DEL REFERÉNDUM PACTADO
Pese a dar por bueno el “mandato” de las urnas del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, el Govern de Quim Torra sigue reclamando la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Torra ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a permitir un referéndum como los celebrados en Quebec y Escocia y le ha ofrecido aparcar el 1-O y la declaración del 27-O a cambio de una votación pactada y vinculante sobre la independencia de Cataluña, escenario que, por ahora, los socialistas aseguran no contemplar.

2. UNA “REPÚBLICA” INCIERTA
Los sectores menos contemporizadores del independentismo -desde la CUP hasta la ANC, presidida ahora por Elisenda Paluzie- aprietan al Govern de Torra para que no titubee y dé pasos adelante para “hacer efectiva la república catalana”.

Pero de momento el gobierno de coalición de JxCat y ERC extrema las cautelas y trata de evitar decisiones que puedan ser objeto de impugnación, más allá de anunciar para este mes de octubre la puesta en marcha de un foro de debate ciudadano para trazar las bases de una “Constitución catalana” y la activación desde Bélgica del llamado “Consejo de la República”, con Carles Puigdemont al frente.

3. EL FACTOR “PRESOS Y EXILIADOS”
Los 14 miembros del Govern que presidía Carles Puigdemont, así como otros dirigentes soberanistas que impulsaron el 1-O, se encuentran pendientes de juicio, nueve de ellos en prisión preventiva y otros siete en el extranjero, huidos a Bélgica, Suiza o Escocia para evitar someterse a la Justicia española.

El factor de los “presos y exiliados” golpistas está condicionando tanto la acción del Govern -que pese a su apuesta por “hacer efectiva la república” hasta ahora ha ido con pies de plomo para no incurrir en nuevas desobediencias- como la relación entre sus socios -la estrategia de JxCat y ERC ha diferido en diversos momentos de los últimos meses- y el diálogo entre la Generalitat y el Gobierno de Sánchez.

4. DIÁLOGO RESTABLECIDO PERO CON LÍMITES
La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha permitido reanudar el diálogo con la Generalitat, después de unos meses marcados por el choque frontal por el 1-O y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, revocado tras la investidura de Torra del 14 de mayo y la posterior formación de su gobierno.

En julio, Torra fue recibido por Sánchez en la Moncloa y ambos tienen pendiente un segundo encuentro, aún sin fecha, mientras que la Comisión Bilateral Estado-Generalitat se reunió el 2 de agosto por primera vez en siete años y ambos ejecutivos han ido trabajando acuerdos sectoriales, pero persiste un desacuerdo de fondo que parece insalvable: la cuestión nacional.

Mientras Sánchez ofrece como solución un “referéndum de autogobierno” para actualizar el Estatut y pide no abonar el “conflicto” para no provocar unas elecciones anticipadas, Torra insiste en pactar un referéndum de autodeterminación y emplaza al presidente del Gobierno a concretar su propuesta para Cataluña.

5. EL “ANTIINFLAMATORIO” SOCIALISTA
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, destacaba el pasado jueves en un coloquio en Madrid las políticas “antiinflamatorias” del Gobierno de Sánchez, que buscan una distensión en el clima político catalán y el restablecimiento del diálogo institucional.

Iceta trata de recomponer los puentes rotos con las fuerzas soberanistas, mostrando por ejemplo su extrañeza por la prisión preventiva en la que permanecen varios dirigentes independentistas o por el delito de rebelión que se les imputa, mientras que también la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, busca rebajar la conflictividad que marcó la etapa de su predecesor, Enric Millo.

6. PP Y CIUDADANOS, CONTRA LAZOS Y DESOBEDIENCIAS
Ni el PP ni Ciudadanos avalan esta estrategia de acercamiento a los soberanistas, al interpretar que cualquier oferta política que se haga a Torra será en vano porque no le desviará de su objetivo de hacer efectiva la república catalana, y ya sugieren volver a aplicar el 155 ante la “desobediencia” del Govern.

La formación que en Cataluña capitanea Inés Arrimadas, líder de la oposición en el Parlament, ha alentado la retirada de lazos amarillos -símbolo soberanista de solidaridad con “presos y exiliados”- del espacio público al considerar que rompen el principio de neutralidad y agrietan la “convivencia”, una lectura que también subscribe el PPC de Xavier García Albiol.

7. SIN HOJA DE RUTA SEPARATISTA
La unidad estratégica de partidos y entidades separatistas en la pasada legislatura, que condujo al 1-O, ha desaparecido: JxCat y ERC no comparten grupo parlamentario y han chocado en varias ocasiones -especialmente por la situación de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo-, la CUP presiona más que nunca para que se cumpla el “mandato” de la independencia e incluso ha pedido la dimisión del conseller del Interior, Miquel Buch, mientras que la ANC va por libre y ya ha dado más de un tirón de orejas al Govern.

Puigdemont y su entorno promueven la Crida Nacional per la República, un movimiento que quiere ser “transversal” y superar las fronteras partidistas, pero ERC y la CUP han rechazado incorporarse y el PDeCAT aún no tiene claro cuál será su encaje allí.

Mientras la antigua CDC vuelve a apostar por listas unitarias a las elecciones municipales y europeas de 2019, ERC se resiste -su presidente, Oriol Junqueras, ya ha anunciado desde la cárcel de Lledoners su intención de liderar la candidatura de su partido a la Eurocámara- y sopesa diversificar su política de alianzas, con posibles colaboraciones postelectorales con los comunes.

8. EL VACÍO DE DOMÈNECH
Y, hablando de comunes, la dimisión de Xavier Domènech de todos sus cargos al frente de Catalunya en Comú y de Podem, el pasado 4 de septiembre, cogió por sorpresa a todos fuera de la formación, que sigue experimentando pugnas internas entre sectores pero que puede convertirse en un actor clave si la CUP da la espalda al Govern y Torra busca a un aliado alternativo para aprobar los presupuestos.

Ada Colau se ha apresurado a recomponer la dirección para suplir el adiós de Domènech, aunque su prioridad, la baza a la que se agarrarán los comunes en los próximos meses, es mantener la alcaldía de Barcelona.

9. LA BATALLA POR BARCELONA
La capital catalana será la pieza más codiciada en las elecciones de 2019, y todos los partidos están moviendo ficha para disputarle la alcaldía a Colau, que competirá con independentistas y fuerzas constitucionalistas, aunque el perfil de las candidaturas, a ocho meses de los comicios, aún está por definir.

El desembarco del ex primer ministro francés Manuel Valls -que quiere liderar una plataforma transversal a la que por ahora se ha apuntado Ciudadanos- amenaza con provocar un terremoto entre las demás formaciones, que estudian algún golpe de efecto -ERC ya lo ha activado, al postular al conseller Ernest Maragall en sustitución de Alfred Bosch- que les permita multiplicar sus opciones.

10. MOVILIZACIONES Y JUICIO
El independentismo vaticina un “otoño caliente” de movilizaciones, que se puede prolongar e incluso intensificar en invierno en función de cuál sea la sentencia del Tribunal Supremo por el caso “procés”, tras un juicio previsto para finales de año o principios de 2019 y que puede influir en el calendario electoral.

Torra ya ha advertido de que “no aceptará” que la sentencia -que podría posponerse hasta después de las elecciones municipales y europeas de mayo- sea condenatoria, aunque no ha aclarado si eso precipitaría unas nuevas elecciones en Cataluña.

1-O, el aniversario de un burdo desafío alimentado ahora por el Gobierno

EDITORIAL esdiario 1 Octubre 2018

Sánchez ha debilitado a España rompiendo la cohesión entre PSOE, PP y Cs y aceptando legar al poder con el voto de partidos a los que debía haber aislado.

Hace ahora un año la Generalitat de Cataluña impulsó un referéndum ilegal de independencia, como culminación de un desafío constitucional larvado durante décadas e iniciado, formalmente, en 2012 con Artur Mas aún en el Gobierno catalán.

Aquel día, contraviniendo todas las leyes y utilizando a los propios ciudadanos como escudo de sus desvaríos, las instituciones catalanas convocaron a las urnas a sus seguidores, para hacerles partícipes de una farsa y una agresión a la vez: el fracaso de aquella consulta no sólo fue su inutilidad en los términos buscados por el soberanismo; sino también su carácter de afrenta a los catalanes que no creen en la secesión.

Que Sánchez se empeñe en hablar de "normalización" y haya dinamitado la cohesión que ahora debería aplicar un nuevo 155 más amplio; es un horror

La única ruptura que ha provocado el 1-O, y la posterior Declaración Unilateral de Independencia, es la existente en el seno de la sociedad catalana, cada vez más enfrentada y difícil de reconciliar: triste balance para unos políticos incapaces de entender que su primera obligación es cumplir y hacer cumplir la ley para, con ello, garantizar la convivencia entre desiguales.

Deberle el cargo al separatismo
El estropicio del referéndum ilegal, replicado con la aplicación del artículo 155 para garantizar el respeto a la ley en Cataluña, ha tenido unas consecuencias devastadoras para sus impulsores, todos ellos en prisión, fugados o denunciados; pero no ha frenado las causas ni los objetivos ni los medios que utilizaron para su intentona.

Al contrario, la sonrojante alianza de Pedro Sánchez con el independentismo para llegar a La Moncloa ha provocado que, un año después de aquellos hechos, sus paladines tengan una influencia enorme, fruto de la lamentable ambición de un presidente que jamás tuvo que serlo con el apoyo de partidos a los que, desde cualquier formación constitucional, se debe ayudar a aislar.

La legitimación del independentismo y la cierta subordinación del Gobierno a sus máximos cabecillas proviene de las necesidades personales de Sánchez y consiste, por eso mismo, en intentar presentar como un acto de diálogo lo que en el mejor de los casos un ejercicio de ceguera ingenua y, en el peor y más probable, de entreguismo inaceptable.

El 1-O fue una farsa y una injusticia: la única ruptura que provocó fue la de la sociedad catalana

Lo cierto es que el independentismo no ha renunciado ni a los fines ni a los medios y, en este año, ha ahondado en la utilización subrepticia de las instituciones, en la presión callejera, en el desprecio a la jefatura del Estado y en la persecución de los mismos fines pero disimulando en los medios para ahorrarse problemas judiciales.

Que ante todo el Ejecutivo socialista se empeñe en hablar de "normalización" y haya dinamitado la cohesión del bloque constitucional que ahora debería estar ultimando un nuevo 155 más amplio; es una mala noticia para España y una muy buena noticia para el separatismo, encantado ante la perspectiva de división entre PSOE, PP y Cs y simplemente emocionado ante la constatación de que España tiene ahora un presidente que le debe el cargo.

Hay que frenar la violencia del secesionismo
EDITORIAL El Mundo 1 Octubre 2018

La contramanifestación con la que la izquierda independentista respondió en Barcelona a la marcha de Justicia Salarial Policial (Jusapol) puso de manifiesto tres conclusiones. Por un lado, la creciente radicalización del secesionismo, que necesita de la agitación social para mantener vivo su delirio. Por otro, la brecha abierta entre la Generalitat y la CUP y los comités de defensa de la república (CDR), que entendieron la manifestación de policías -convocada para exigir la equiparación salarial- como una "provocación" en vísperas del aniversario del 1-O. Y, finalmente, dejó patente la inoperancia de Miquel Buch, consejero de Interior, cuyos titubeos en la gestión de las protestas del sábado derivó en un caos ahíto de incidentes, detenciones y agresiones.

En el colmo del cinismo, Buch negó ayer que se hubieran producido cargas policiales, lo que contrasta con la retórica inflamante del independentismo a raíz de la intervención policial durante el referéndum ilegal. Máxime teniendo en cuenta que, tal como hoy volvemos a acreditar, la actuación de los Mossos durante el 1-O fue una burla al Estado de derecho. Para completar el disparate, en declaraciones a Rac1, Buch sostuvo: «Hoy por hoy, la ley, que lamentablemente no es catalana, es española, y forma parte de la Constitución, les permitía manifestarse». ¿Quiere decir esto que, si estuviera en su mano, la Generalitat limitaría la libertad de expresión y el ejercicio del derecho de manifestación?

Las explicaciones ofrecidas por el consejero de Interior no sólo son insuficientes. Son inaceptables y contradictorias. Su incapacidad ha quedado de manifiesto. Por tanto, si no dimite, Quim Torra está obligado a destituirle. Resulta grave y preocupante la incompetencia demostrada por el Govern para garantizar la seguridad y frenar a las facciones más extremas del secesionismo, las mismas en las que se apoyó el Gobierno catalán para perpetrar el golpe. No puede ser que la Administración que representa al Estado en esta comunidad se inhiba cuando se trata de preservar el derecho a manifestarse por parte de policías y guardias civiles. Y no puede ser que el Gobierno de Sánchez permanezca mudo mientras el independentismo continúa con su desafío al marco constitucional.

Ante tal amenaza, no caben melifluas operaciones de enjuague con quienes no tienen otro fin que romper la unidad nacional. La Fiscalía debe actuar contra los energúmenos que agredieron a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero ello no basta. El Gobierno está obligado a frenar a los partidos que alientan la violencia, lo que exige corregir una política de apaciguamiento que no ha hecho más que zurcir componendas estériles a la hora de restituir la legalidad y la convivencia en Cataluña.
 

Soluciones políticas, ¿para quién?
FÉLIX OVEJERO El Mundo 1 Octubre 2018

Un filósofo con criterio recomendaba que si en un texto nos cruzábamos con la palabra dialéctica probáramos a suprimirla y volver a leerlo. Si el texto mejoraba, como sucede siempre que la prosa se aproxima a la concisión de las cartas comerciales, quedaba demostrado que dialéctica era mampostería. Si el texto no encontraba un sentido cabal, mejor arrojarlo a la papelera.

Siempre me acuerdo de aquella recomendación cuando me encuentro con uno de esos comodines que apuntalan la retórica política. Me sucede con federalismo, autogobierno, cambio, reforma constitucional o diálogo. A todos les gustan mientras no se pidan detalles. Cada político entiende lo que quiere, si entiende algo, y queda a la espera de que no tarde en llegar la siguiente pregunta, no sea que alguien le importune reclamando precisiones.

El conjuro, a veces, resulta útil durante un tiempo y hasta cumple funciones apaciguadoras o, por mejor decir, narcóticas. Ahí está la Constitución con sus nacionalidades y regiones. Se pacta la confusión, el "estamos de acuerdo, aunque no sabemos en qué", y cada cual vuelve a su respectivo cuartel ensayando su particular mirada tontiastuta para decirle a su tropa: "Se la hemos colado". Los nacionalistas, maestros del género, han mostrado una productividad estajanovista en facturar esa chatarra: lengua propia, normalización, comunidades históricas."Ustedes compren las morcillas que ya nos encargaremos de rellenarlas a nuestro gusto", nos decían sin mentir. Y las compramos.

Pero, salvo para los chamanes, los conjuros no sirven. Las ambigüedades más temprano que tarde reclaman su letra pequeña y los comodines -incluso Franco, ese moro muerto tan reutilizable- ya no dan más de sí. En esa hora los problemas reaparecen encanallados y, como en las cosas del querer, asoman los reproches de promesas que nadie hizo pero que cada uno cree recordar según su conveniencia.

El Gobierno ha vuelto a poner en circulación un comodín ya manoseado: "buscar soluciones políticas al conflicto catalán". En cinco palabras, dos ambigüedades y un perímetro errado. La primera: la descripción del conflicto. Según algunos, el conflicto es el resultado de no atender las exigencias nacionalistas. Las razones de por qué habría que hacerlo no están claras. La explotación económica y la falta de reconocimiento de la identidad, tantas veces invocadas, son fabulaciones: Cataluña es una economía con respiración asistida y si hay una identidad despreciada es la de la mayoría de los catalanes que, para empezar, no pueden estudiar en su lengua materna. Algunos, creyendo precisar, dicen que los independentistas son muchos y que sus demandas están muy consolidadas. Un argumento que habría valido para los racistas en Alabama o los sexistas de aquí mismo. Que nadie se escandalice con la comparación. Estamos ante idéntico guión: unos cuantos reclaman limitar los derechos de otros en virtud de una característica, de su sexo, color de la piel o identidad. Tradicionalmente la respuesta política cabal consistió en combatir las ideas perniciosas sin que importara el número ni la fijación -incluso biológica- de los trastornos. El imperio y la pedagogía de la ley cumplieron su función. La gente cambia hasta de adicciones. Recuerden que este era un país de fumadores hace dos días.

La primera ambigüedad sostiene la segunda: la descripción del problema decide la solución. Con la descripción anterior, no queda otra que aceptar la solución nacionalista. Una solución, eso sí, para los nacionalistas, no para Cataluña. Y, no cabe engañarse, consiste en reconocer a Cataluña como unidad de soberanía. Cualquier referéndum, en plata, quiere decir la independencia de facto o su simple posibilidad, que es también la independencia. Soberano es quien tiene la última palabra y, aunque permanezca callado, mantiene intacto el poder de hablar cuando lo crea conveniente. En el mismo acto de votar se acepta un demos legítimo.

Por aquí asoma la tercera imprecisión: el perímetro del problema no es Cataluña, sino España. Lo es en un sentido inmediato, entre otras cosas porque los ciudadanos no pueden acceder a posiciones laborales en igualdad de condiciones. Pero lo es también en un sentido más hondo. Y es que la aceptación por todos del relato nacionalista ha degradado la calidad de la democracia española. Los esfuerzos de tantos por liberar al nacionalismo de sus responsabilidades han conducido a rebajar las exigencias de calidad democrática y a vaciar de sentido los fundamentos del Estado de derecho. Lo hemos visto en las repuestas ante discursos incendiarios, como el de Torra en el Teatro Nacional, jamás escuchados en boca de un cargo político comparable en los últimos cuarenta años. Cuanto todavía no se había vaciado la sala ya se escuchaban voces dispuestas a encontrar señales de buena disposición o a ofrecer al pirómano coartadas que nunca solicitó: son sólo palabras. El criterio de calibración se reajustaba para hacer digerible el delirio. Una senda de impunidad que permitió a los nacionalistas cultivar su hipersensibilidad de perpetuamente ofendidos y, al final, recocidos en su propia salsa, los arrojó al vértigo del 1-O. Pero si mala es la reacción ante los escupitajos, peor lo es cuando esas mismas voces agradecen el cumplimiento de la ley. Quien entiende el cumplimiento de la ley como un gesto de buena voluntad corrompe el concepto mismo de ley, que no contempla la discrecionalidad del consumidor. Acepta, implícitamente, que los poderes públicos puedan saltarse la ley. Si el cumplimiento de la ley es potestativo, no hay ley sino arbitrariedad. Sí, el daño mayor del nacionalismo no es el que ha hecho a los catalanes, con ser enorme, sino el que ha hecho a la democracia española.

El Gobierno no puede comprar el relato del conflicto de quienes quieren destruir el Estado a riesgo de poner en peligro nuestra democracia. Además, se trata de mercancía falsa. Y es que hay otra descripción del problema, más ajustada a los hechos y más acorde en sus soluciones con perspectivas de izquierdas. Eso sí, no se trata de soluciones para los nacionalistas, sino para los españoles. El problema en Cataluña es de libertades. Ahí va un resumen del conflicto realmente existente. Un parlamento cerrado, un presidente a las órdenes de un fugado de la Justicia que proclama estar en guerra con España, un partido político mayoritario al que niegan permisos para actos públicos, una Consejería de Interior con carteles en defensa de encausados de la justicia y unas instituciones de todos señoreadas por banderas de parte. El problema, por precisar, es el nacionalismo. La tensión y la deslealtad son sus maneras de estar en política. El nacionalismo es el problema que se presenta como solución a problemas que recrea y de los que se nutre.

Si se asume el diagnóstico de que estamos frente a una ideología constitutivamente desigualitaria que hay que combatir si nos importa una comunidad de ciudadanos libres e iguales, estaremos en condiciones de ofrecer respuestas políticas serias, que no buscan reconciliarse con el mundo, sino cambiarlo de verdad. Nada más desolador que escuchar el lamento de Borrell: "Ya me gustaría a mí tener los medios y recursos del Diplocat". Triste, pero no sorprendente. Es la inexorable consecuencia de aceptar el relato nacionalista del conflicto, su solución política: la derrota del Estado.

Yo también creo que estamos ante un conflicto político, el de la Ilustración frente a una de las variantes del pensamiento reaccionario, la más clásica. Asumido ese diagnóstico, ahí va una lista (parcial) de soluciones políticas, de izquierdas, por precisar: recuperar las competencias en educación, acabar con las embajaditas, poner a los mossos a las órdenes de Interior y denunciar a TV3 por delito de odio cada vez que corresponda -esto es, cada día- y, sobre todo, crear diseños institucionales que nos eviten depender a todos de unos pocos que se despreocupan por definición del interés de todos. No estoy seguro de que en diez años se resolviera el problema. De lo que sí lo estoy es de que la solución no consiste en volver a repetir lo que nos ha llevado donde estamos, camino de desmontar el Estado.

Félix Ovejero es profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona. Su último libro, de próxima aparición, es La deriva reaccionaria de la izquierda (Página Indómita).

El golpe que no cesa
Un año después, estamos peor. Salvo la actuación de la Justicia, todo ha sido cobardía y claudicación
Isabel San Sebastián ABC 1 Octubre 2018

Ellos no van a parar, a menos que se les obligue, y el presidente no parece dispuesto a hacerlo. Ni este ni el anterior. Claro que si Rajoy pecó de extrema tibieza, Sánchez se acerca más a la complicidad. No en vano ocupa la poltrona merced al apoyo de esos golpistas. En política nada sale gratis y el poder cuesta muy caro; su precio es proporcional a la debilidad de quien lo persigue.

Transcurrido un año desde la consumación del mayor desafío a la democracia perpetrado desde 1981, la situación en Cataluña no ha dejado de deteriorarse. A cada nuevo gesto de apaciguamiento ofrecido por un Ejecutivo humillado sigue una bofetada sonora propinada con creciente chulería por algún caudillo independentista. Y como la paciencia tiene un límite, los catalanes oprimidos, los leales a la Constitución, hartos de sufrir abusos, han empezado a ejercer sus derechos en la calle porque se niegan, con razón, a ser expulsados del espacio público. Si nadie lo remedia pronto, las cosas pueden complicarse mucho.

El balance de estos doce meses no puede ser más desalentador. Salvo la actuación de la Justicia encarnada por Pablo Llarena, ejemplar cumplidor de su deber con el Estado de Derecho, todo ha sido cobardía y claudicación. La respuesta política al golpe consistió en una aplicación raquítica del 155, no solo insuficiente sino contraproducente. En nombre de la mesura y la proporcionalidad mal entendida se dio rienda suelta a los complejos que han lastrado desde antiguo el modo en que el Gobierno central trata a esa región española, tan respetable e «histórica» como cualquier otra. Ni más ni menos. Ni se clausuró la costosísima televisión local que, con cargo a nuestros impuestos, difunde propaganda separatista las 24 horas del día, ni se disolvió el cuerpo de los Mozos, implicado hasta el cuello en la asonada del 1-O, tal como revelan las informaciones contenidas en el sumario que vamos conociendo con una mezcla de estupor y vergüenza, ni siquiera se les puso bajo el mando de una persona inequívocamente fiel a lo que establece el ordenamiento jurídico. La Policía autonómica sigue estando al servicio de una Generalitat abiertamente rebelde al mandato de la Carta Magna, que controla igualmente la educación, el presupuesto y los demás resortes del poder. ¿Por qué? Porque faltaron en Madrid convicción y coraje suficientes para hacer valer la Ley, aplazar tanto tiempo como fuese necesario la convocatoria de unas nuevas elecciones y castigar con todo el rigor posible ese atentado a la democracia que hoy por hoy sigue impune. ¿Qué digo impune? ¡Ha tenido premio! Dentro de la tómbola administrada por Sánchez tirando de nuestro dinero, Cataluña acaba de ser agraciada con 1.400 millones más. Otro tributo infamante e inútil que nutrirá las arcas del secesionismo gobernante. Paralelamente, se multiplican las voces partidarias de aplazar sine die el pago de la cuantiosa deuda que tiene pendiente en el FLA, donde es de lejos la más morosa, y aumentan las inversiones en infraestructuras de vanguardia, mientras ciertas capitales de provincia carecen de conexión ferroviaria digna.

Y suma y sigue. Hay ministros que abogan sin pudor por la liberación de los golpistas presos, la delegada del Gobierno va más lejos y pide indultos, las calles de Barcelona se llenan de insultantes lazos amarillos y fuera de nuestras fronteras el golpismo va sumando apoyos, mientras las distintas administraciones encargadas de impedirlo se lavan las manos o fracasan con estrépito.

Un año después, estamos peor. España se ha quedado huérfana. El golpe sigue su curso a falta de líderes que le hagan frente.

Existe la Cataluña no independentista
 larazon 1 Octubre 2018

En los últimos ocho años, los catalanes han sido llamado diez veces a las urnas, un dato que debería tenerse en cuenta para aquellos que desde Barcelona o Waterloo pregonan que Cataluña está sometida por un Estado totalitario. Se han celebrado cuatro autonómicas (2010, 2012, 2015 y 2017), tres generales (2011, 2015 y 2016), dos municipales (2011 y 2015) y unas europeas (2014). Además, para subsanar la falta de convocatorias electorales, se celebraron dos referéndums de independencia ilegales, ambos suspendidos por el TC, el del 9-N y el del 1-O, en los que ganó, como era lógico y esperado, la opción separatista, que para eso se convocan ese tipo de consultas, para ganarlas y no perderlas. Por contra, el mapa electoral que se ha ido dibujando en los comicios realizados conforme a la ley es el de dos bloques cada vez más definidos por el desafío independentista.

La reacción de la ciudadanía y su movilización –en la calle, pero sobre todo en el descenso de la abstención: 79,09% de participación en 2017– definió por primera vez un espacio abiertamente contrario a la independencia, señal de que lo que estaba en juego era demasiado serio para permanecer de brazos cruzados. El constitucionalismo no pasa por su mejor momento tras la victoria de Pedro Sánchez y su oscurantista negociación con la Generalitat, pero los votantes han indicando el camino, que es lo que marcará la línea roja: el independentismo no cuenta con la mayoría del 50% de la cámara catalana, ni con los votos suficientes para imponerse. Declarar la independencia sin siquiera contar con la mayoría es llevar a la sociedad catalana a un camino sin salida, como se ha visto.

En un sondeo realizado por NC Report para LA RAZÓN, vuelve a tomar formar el bloque no independentista. Si bien C’s deja de ser la primera fuerza política en Cataluña, pasando de los 36 escaños actuales a 35, lo hace a costa del trasvase de electores al PSC (6%) y PP (4,1%), lo que supone que dicho bloque contrario a la unilateralidad tendría la mayoría absoluta con 69 de los 135 diputados. Por contra, el independentismo se situaría en 65, cinco más que los actuales, pero con un elemento clave para la guerra abierta en el independentismo: quien tendría el mando sería ERC, con el 23,9% de los votos, frente a la formación que lidera Puigdemont –con ésta sería la séptima vez que Convergencia cambia de nombre–, que se queda en el 16,2%. Este será un hecho a tener en cuenta en la estrategia que quiera emprender el independentismo si a la cabeza se pone el procesado Oriol Junqueras, por lo que se ve, más pragmático.

Que el voto del nacionalismo es puramente ideológico lo demuestra que la actual legislatura está perdida, que a pesar de que el Parlament está cerrado y toda la energía política se ha dedicado a lo que queda del «proceso», sigue haciendo acopio de votos, pero no más que los no independentistas. De cumplirse el sondeo, este hecho tendrá una valor simbólico innegable. El dogma nacionalista de la existencia de un «solo pueblo» es desmontado y obligará, tarde o temprano, a que el independentismo replantee su estrategia de confrontación abierta con el Estado. No hay más salida. El constitucionalismo ha sido debilitado tras la victoria de la moción de censura de Sánchez apoyándose en los independentistas, pero el bloque que los representa en el Parlament puede tener la mayoría. Otra cosa es el papel de los comunes y Podemos, sobre todo ahora, guiado por el núcleo de Ada Colau, dispuesto a pactar con el independentismo, incluso reeditando un nuevo tripartito con ERC y el PSC. Pero eso ya lo hemos conocido y de aquellos polvos vienen estos lodos.

1 de Octubre
José García Domínguez Libertad Digital 1 Octubre 2018

Los habitantes de Cataluña leales a España no sólo tenemos la fuerza de nuestro lado. También tenemos la razón.

Este domingo, coincidiendo con la víspera del esperado aniversario de la asonada catalanista de octubre, uno de los principales diarios de difusión nacional, El Mundo publicó, y con honores de portada, un escrito avalado por doce fuentes anónimas, doce, en cuyo encabezamiento se afirma de forma categórica que "España pierde crédito en Europa por el giro con los presos del procés". Y es que, según esos doce presuntos expertos innombrables, en las máximas instancias rectoras de la Unión Europea estaría causando un muy hondo pesar que el actual Gobierno de España respete el principio de la división de poderes consagrado en todos los tratados de la propia UE, absteniéndose de forzar al juez instructor de la causa de los golpistas para que revoque la situación de prisión cautelar a la que se encuentran sometidos unos cuantos de ellos. Se entiende, pues, lo del anonimato de los doce expertos presuntos. De hecho, es lo único que se entiende.

Llueve, por lo demás, sobre mojado. Del 15-M a esta parte, asistimos aquí a un fenómeno progresivo de puesta en cuestión de los principios más elementales y básicos de la democracia liberal, inopinada moda que se puso en circulación desde entornos más o menos marginales pero que, ahora mismo, ya no sólo constituye el principio doctrinal que inspira la acción cotidiana de, entre otros actores políticos de primer orden, el Gobierno de Cataluña, sino que ha conseguido escalar incluso hasta las planas más nobles de la prensa seria. Según esa corriente tan en boga de, llamémosle, pensamiento, la democracia habría dejado de constituir un método civilizado que permite expulsar del poder a los gobernantes ineptos sin tener que recurrir a la violencia. Bien al contrario, la genuina democracia, la real, pura y verdadera, tal como la entienden desde los indignados conocidos hasta los expertos anónimos de algunas redacciones de Madrid, sería la suprema panacea que avala el derecho a votar sobre cualquier asunto, el que sea que venga en gana a una fracción significativa de ciudadanos. El que sea, desde el color de los pantalones del uniforme de gala de los bomberos de Móstoles hasta la autodeterminación de Cataluña.

La hiperlegitimación moral y política de los separatistas que se busca apelando a esa pretendida democracia real solo conduce, sin embargo, a una aporía, es decir, a una contradicción lógica insalvable desde el respeto a las reglas de la propia lógica. Porque, al margen de quién disponga de la capacidad de coerción física suficiente para poder hacer valer su voluntad, lo cierto es que nunca se podría legitimar democráticamente una secesión en base al argumento, en apariencia tan impecable, de poseer la mayoría de los votos. Y no se podría porque el concepto de pueblo, abstracción vaga y etérea donde las haya, es indefinible, sencillamente indefinible, con anterioridad a un proceso de autodeterminación nacional. La autodeterminación, dicen los separatistas, solo la puede decidir el pueblo. Bien, muy bien, que decida el pueblo. Naturalmente. Pero ¿quién decide dónde empieza y dónde acaba el pueblo llamado a decidir? ¿Cómo establecer democráticamente si un habitante de Gerona o de Lérida, pongamos por caso, forma parte o no del pueblo autorizado para decidir sobre la eventual autodeterminación de Tabarnia? El método democrático es incapaz de ofrecer una respuesta válida a esa sencilla pregunta. No puede. De ahí el callejón sin salida lógica al que aboca el principio de la autodeterminación planteado fuera de marcos coloniales. Por eso los habitantes de Cataluña leales a España no sólo tenemos la fuerza de nuestro lado. También tenemos la razón.

La rebelión catalana un año después
Xosé Luís Barreiro Rivas La voz 1 Octubre 2018

Todos los actos de rebelión de Cataluña contra el Estado y su Constitución están protagonizados, convocados o subvencionados por la Generalitat. Sus intentos de secesión -digan lo que digan la ley y el Supremo- no se basan en la violencia, que en términos generales nunca llegó a los niveles de una huelga del metal en Pontevedra. Su signo distintivo es que las autoridades del Estado, que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, son los que confunden a la opinión pública con su relato de una democracia electoral ejercida fuera de la ley, y los que utilizan la autoridad y los recursos económicos de la Generalitat para mantener una apariencia de confrontación social que carga diariamente contra la unidad y el prestigio del Estado.

Mientras el Estado -su Gobierno, sus parlamentos, la Justicia, los medios de comunicación y la opinión pública- siga comprándole la moto a Puigdemont, y dando por supuesto que es la ciudadanía catalana la que arrastra a la Generalitat al desorden, no habrá ninguna posibilidad de resolver este grave y desenfocado problema. Mientras olvidemos que Pujol mantuvo hasta hace quince años la tesis contraria al «España nos roba», para convencer a sus súbditos de que su autogobierno ya había rebasado todos los marcos constitucionales, y de que su habilidad había generado un nivel de riqueza, modernidad y desarrollo que no estaban al alcance del resto de los españoles, seguiremos preguntándonos qué le debemos a los independentistas, o cómo alargar los tiempos de paz que separan las periódicas rebeliones que refuerzan su inaudito nivel de chantaje. Y mientras los tribunales sigan discutiendo si los grandes revoltosos son galgos o podencos, para -en vez de hacerlos descarrilar con el mismo uso que hicieron de la prevaricación contra cientos de políticos locales- someterlos a una justicia infinita de mazmorras y rebeliones, estaremos generando mártires en vez de inhabilitados, y ofreciéndoles las tribunas desde las que chulean y humillan al Estado con éxito evidente.

La prevaricación y el 155 eran la terapia fetén para este ostentoso sarpullido de ilegalidad. Pero no sirvieron de nada porque, mientras los jueces de Cataluña se echaban a temblar ante la obligación de completar el trabajo que habían iniciado con Mas y Homs, los políticos aplicaron el 155 con tantos complejos y premuras que, en vez de extirpar a los sediciosos, les inocularon una vacuna contra la autoridad del Estado. Ahora andamos con esa chorrada de que a la política se responde con política, como si el diálogo de sordos fuese el bálsamo de Fierabrás. Y por eso ya sabemos que esto no tiene solución; que en los próximos años no va a haber ni independencia, ni orden, ni legalidad; y que el procés se va a solucionar por el estúpido procedimiento de esperar a que se pudra, antes de ponerle, cataplasmas artesanales. Así están las cosas un año después del golpe: peor que nunca, y el Estado con cara de tonto.

El separatismo consolida el golpe de Estado en el primer aniversario del 1-O
Los golpistas mantienen intactas sus estructuras de Estado: escuelas, medios de comunicación y Mossos.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 1 Octubre 2018

El separatismo está crecido y dividido. Las calles son suyas. Cientos de actos conmemoran el primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre en toda Cataluña. Las asociaciones de padres ocupan los colegios para adorar a las urnas del simulacro de referéndum. Los CDR y las juventudes de la CUP cargan contra los Mossos y agreden a manifestantes de signo contrario. Los más radicales llaman "traidor" al president porque los Mossos tienen porra y Torra llama a preparar otro 1-O, pero "hasta el final". ERC carga contra el consejero de Interior y la CUP amenaza seriamente la estabilidad del "Govern". El Gobierno del PSOE quiere negociar más autogobierno mientras el separatismo discute cómo instaurar la república proclamada.

Estudiantes y activistas tienen la consigna de celebrar el 1-O con acciones sorpresa. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium han convocado una manifestación para las seis y media de la tarde. El punto de partida es la plaza de Cataluña y el de llegada, el Parlament, que permanece cerrado porque los grupos separatistas no se ponen de acuerdo sobre el estatus de los diputados Puigdemont y Junqueras, el presidente y vicepresidente de la Generalidad máximos responsables del golpe de Estado. "Ni un pas enrere (atrás)" es el eslogan unitario.

Tras los porrazos del sábado, la consejería de Interior ha entrado en crisis. El titular, Miquel Buch, reta a la CUP a que diga si avala la violencia mientras Torra amenaza con revisar las imágenes de los disturbios para purgar a los Mossos. Los miembros de los CDR son "activistas", igual que Arran, tanto da que lanzaran extintores y barras de hierro contra los agentes o que quisieran linchar a policías de paisano. El Gobierno mira de reojo la situación en Cataluña, que se deteriora a paso rápido.
"Escola" reforzada

Un año después del 1-O, cientos de escuelas han abierto sus puertas durante el fin de semana para acoger actos en recuerdo del referéndum ilegal. Los niños pintan cartulinas y murales con consignas separatistas, lazos amarillos y policías malos. Las banderas esteladas y la propaganda no son una excepción en la "escola catalana", una de las estructuras de Estado más eficaces del separatismo.

Las direcciones de los centros, los profesores y la comunidad educativa fueron elementos clave en la celebración del referéndum ilegal.

El 155 pasó por alto la enseñanza. El acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos no contemplaba la intervención del potente mecanismo de adoctrinamiento e inmersión lingüística de la Generalidad. Es un tema tabú para los socialistas, cuya federación catalana forma parte del consenso nacionalista en torno a la erradicación del español en los colegios.

El día después del referéndum se denunciaron decenas de casos de manipulación en las aulas. Los directores que habían puesto los centros a disposición del golpe y cientos de profesores dedicaron las clases a denunciar la actuación policial, a montar manifestaciones en el patio con niños de primaria y a preparar la huelga que tuvo lugar el 3 de octubre. La entonces consejera de Enseñanza, la fugada Clara Ponsatí, arbitró un procedimiento para liberar de responsabilidades a los directores. Los cesó a todos después de poner los centros a disposición del simulacro de referéndum y los volvió a nombrar el lunes mediante un imaginativo decreto.

Hijos de policías humillados
En el Instituto El Palau, aledaño a la casa cuartel de la Guardia Civil en San Andrés de la Barca, fueron denunciados nueve profesores por humillar a hijos de agentes del Instituto Armado. También hubo denuncias en la Seo de Urgel por el mismo motivo. El presidente de la Generalidad, Quim Torra, acudió el jueves al citado centro. Quería mostrar su apoyo al claustro de profesores y fue abucheado por un grupo de padres.Ha sido el único contratiempo de Torra en los colegios catalanes, escenarios en los últimos días de toda clase de actividades infantiles "reivindicativas" con las urnas de plástico erigidas en símbolo sagrado.

"La escuela catalana no se toca" es el último eslogan en materia educativa del separatismo. Los dirigentes nacionalistas se jactan de la fidelidad a la causa republicana del profesorado separatista. El Gobierno del PSOE ha blindado sus competencias. Si el popular Méndez de Vigo no demostró demasiado interés en entrar en el campo minado de la "escola catalana", Isabel Celaá es todavía menos partidaria. El informe de la inspección sobre los libros de texto ha sido eliminado. La Asamblea por una Escuela Bilingüe y Sociedad Civil Catalana (SCC) han elaborado otro informe que documenta el adoctrinamiento no sólo a través de los libros, así como la implicación de directores y profesores en el golpe de Estado. Papel mojada. Una página de flickr muestra más de mil centros escolares "decorados" con propaganda separatista.

El sistema educativo separatista ha salido reforzado y lo celebra con actos de exaltación del 1-O. Los rectores universitarios han decretado que este lunes no puede haber exámenes ni clases de obligada asistencia. Al tiempo, los "universitarios por la república" han convocado huelga. El separatismo confía en los estudiantes para subrayar la excepcionalidad del día, primer aniversario de lo que el presidente de la Generalidad, Quim Torra, llama "el día de la victoria".

El papel de los medios
TV3 y Catalunya Ràdio también quedaron al margen del 155. Contribuyeron con entusiasmo a la agitación nacionalista y mantienen vivo el "espíritu del 1-O" con una programación centrada en el advenimiento de la república. Tampoco sufrió daños el entramado mediático privado sostenido por la propaganda institucional y las subvenciones. Hubo algunos retrasos en los cobros por las comprobaciones administrativas derivadas del 155 inmediatamente compensados por el nuevo gobierno separatista.

Otra de las estructuras estatales del separatismo, los Mossos, sí que fueron "víctimas" del 155. El exconsejero de Interior Quim Forn se entregó a la Justicia tras aparecer junto a Puigdemont en Bruselas tras la proclamación de la república del 27 de octubre. Cambió de idea y volvió a España para presentarse ante la Audiencia Nacional. Ninguno de sus subordinados ha sido encarcelado. El exdirector de los Mossos, Pere Soler, y el major Josep Lluís Trapero, esperan en libertad condicional sus juicios. Ferran López, el sustituto de Trapero nombrado por el Gobierno de Rajoy, ya ha sido depurado. Durante su breve paso por el cargo contribuyó a apaciguar los ánimos entre los Mossos per la República y el resto del cuerpo. El control de la policía autonómica ya está en manos de los separatistas.

Los Mossos, con el referéndum
Los Mossos fueron claves para el éxito del 1-O. Su oposición a la Policía Nacional y la Guardia Civil resultó fundamental. Protegieron el referéndum. Agentes de la policía regional patrullaban en el entorno de los colegios para proteger a los organizadores de la consulta. Durante todo el día permaneció apostada una patrulla de los Mossos d'Esquadra frente a la Delegación del Gobierno de Barcelona cuya misión era avisar de cualquier movimiento de los policías nacionales que custodiaban el edificio.

Los gestos de complicidad entre mossos y separatistas eran constantes. Las comunicaciones internas ponen de manifiesto la colaboración del cuerpo con el golpe de Estado. Unos setenta mandos y agentes son investigados por el dispositivo de Trapero para el 1-O. Ahora tienen orden de amenazar a quienes retiran propaganda separatista de los espacios públicos y son objeto de toda clase de diatribas por su intervención para evitar choques en la manifestación de Jusapol del pasado sábado.

La irrupción de los CDR
Una de las novedades post 1-O son los Comités de Defensa de la República (CDR), grupos que han dado sobradas muestras de su vocación violenta. Torra es un encendido partidario de estos elementos y presume de que sus hijos están apuntados al CDR de su zona. Provocaron graves disturbios durante las "huelgas de país". También por la detención de Puigdemont en Alemania, durante las operaciones salida y retorno y el pasado sábado en Barcelona, cuando intentaron reventar la manifestación del sindicato policial Jusapol y agredieron a manifestantes de signo contrario.

Los Mossos tenían orden de contener la línea y evitar las cargas, pero se vieron desbordados por los manifestantes convocados por la Assemblea Nacional Catalana, la CUP y los CDR. Los separatistas habían salido de cacería y no dudaron en arremeter contra su policía con inusitada violencia. A pesar de eso, Torra cultiva una retórica de guerra, llama a la desobediencia civil, a la movilización permanente y a un nuevo 1-O "hasta el final". Los Mossos han pegado por segunda vez a los CDR (la primera fue en el cerco a la Delegación del Gobierno cuando detuvieron a Puigdemont) y se constata que en el separatismo hay masa crítica para "encender las calles" tal como viene predicando Torra.

La presión a jueces y fiscales
Un año después, el separatismo sigue dividido y anegado por las contradicciones. No puede liberar a sus presos a pesar de que las cárceles catalanes también son suyas. En contrapartida, se vulneran todas las normas penitenciarias y se ha convertido la prisión de Lledoners en otra sede de la Generalidad, los partidos y las asociaciones separatistas. Al tiempo, el Gobierno del PSOE presiona a los jueces para excarcelar a los preventivos y a los fiscales para rebajar los cargos. A modo de garantía con los separatistas se pronuncia cada dos días a favor del indulto.

¿Cuándo se jodió Cataluña?
Miquel Giménez. vozpopuli  1 Octubre 2018

A un año del uno de octubre la situación en Cataluña ha ido deteriorándose más y más, hasta llegar a los enfrentamientos de este pasado sábado. La convivencia se ha deteriorado hasta extremos inimaginables. De ahí la pregunta: ¿Cuándo se jodió Cataluña?

Vargas Llosa se preguntaba en su libo “Conversaciones en la Catedral” cuándo se había jodido el Perú. No son pocos los catalanes que nos preguntamos lo propio acerca de Cataluña. ¿Qué ha tenido que suceder para llegar hasta este punto en el que haya hermanos que no se hablen entre sí, en el que hay parejas que ven seriamente amenazada su convivencia por tener ideas diferentes respecto al separatismo? ¿Hasta que punto no hemos sido todos cómplices para que existan profesores dedicados a intoxicar las mentes de nuestros hijos, periodistas que solo saben vomitar odio hacia los que no son separatistas o jefes que te hacen mobbing si no aceptas colgar lazos amarillos en tu despacho?

Decía el gran historiador Toynbee que cuando las estadísticas muestran a un país dividido en dos mitades ha llegado el momento de preocuparse en serio. Es la trágica advertencia de Federico en sus “Bodas de sangre” cuando un personaje grita “Aquí ya no hay más que dos bandos, los tuyos y los míos”. El separatismo, evolución de un nacionalismo corrupto y ventajista, nacido de la mentira histórica y el privilegio de elites catalanas, no podía desembocar en otra cosa que el monstruo que se pasea amenazante hoy en día por nuestras calles.

Cuando hace un año se aprobaron de manera torticera las leyes de desconexión, para cerrar después el parlamento autonómico a cal y canto, dejándolo todo “en manos del pueblo”, sin control oficial ni garantías legales de ningún tipo, ya se veía que todo iba a seguir el mismo camino: son responsables ante ese “pueblo” y ante la historia. Si hubieran añadido a Dios ni el mismo Franco les podría poner un ro. Con elecciones autonómicas, con el 155, con un nuevo Govern, con todo lo que ha sucedido, ellos se mantienen en sus trece. El mito de que aquella pantomima fue un referéndum legal del que emana un mandato, que tienen mayoría social y política, que la república está proclamada y ahora hay que darle impulso, que hay presos políticos y exiliados y, en fin, que ellos tienen razón, son demócratas, son la única esperanza para Cataluña y el resto somos poco menos que una defecación canina en medio de un erial se ha consolidado en estos meses. No vamos a mejor, sin duda, vean como este sábado esos mismos separatistas le rompían la nariz a un manifestante, mientras proferían gritos como “Os vamos a cortar el cuello, hijos de puta” o “ETA mátalos”.

A lo largo de este año hemos visto crecerse a todos estos en esa especia de catecismo para totalitarios, a los CDR campar a sus anchas y a los gobernantes separatistas actuando de pirómanos políticos. Torra ha seguido esa línea que le impide – lo dijo este sábado por la noche en TV3- condenar a ningún independentista por muchas agresiones que haya cometido. No es extraño, porque uno de los agresores del sábado ha sido identificado como sobrino del terrorista Carles Sastre, con el que Torra se ha hecho varias fotografías como President. El cariño le viene de lejos, suponemos. Lo más triste es que los catalanes no hemos sabido estar a la altura. Hay un dolor profundo, eso sí, y es comprensible, porque cuesta sentirte extranjero en tu propia tierra, insultado a diario, acosado, mal visto, marginado, apestado… Un dolor que en no pocos casos ha sido paralizante, castrador, igual que si te dieran un mazazo terrible sin saber por qué.

De ahí que gran parte de personas en mi tierra se pregunte, nos preguntemos ¿cuándo se jodió todo esto? Me temo que la respuesta no es demasiado agradable.

Por acción u omisión
La verdad es que, si los separatistas han llegado a romper hasta las familias, y soy testigo presencial de muchísimos casos, no es un mérito propio. En su éxito, por llamarlo de alguna manera, ha influido muchísimo el peligroso síntoma del ja s’ho faràn, ya se apañarán, tan extendido en la filosofía del catalán medio, dedicado a sus cosas, a su vida personal, a su pequeño círculo. Ese ja s’ho faràn ha sido el mejor conductor de la corriente eléctrica separata que ha devenido en el electro shock actual. Todos tenemos la culpa: partidos políticos, sindicatos, organizaciones profesionales, empresarios, periodistas, no hay sector que pueda sentirse inocente de esta acusación. Cataluña se jodió el día en el que, por ejemplo, los socialistas reconocieron el gran mérito de Pujol como dirigente o el día que aceptaron la inmersión lingüística. Se jodió cuando el PSUC creyó que, aliándose con Convergencia, podría anular a su odiado rival socialdemócrata, o cuando hablar catalán era de buen tono, aunque fuese de manera terrible, cuando los intelectuales, los artistas, los escritores, acudían a Palau orgullosos de recibir no sé qué premio de manos del banquero fracasado. Se jodió cuando no hubo nadie que tuviera narices de decir en sede parlamentaria que aquí se robaba a mansalva, que lo del nacionalismo no era mas que una cortina de humo para ocultar negocios poco honorables, que TV3 era un cortijo particular de los Pujol, que la prensa comía de la mano de la Generalitat porque sin sus subvenciones habrían tenido que cerrar casi todos los diarios.

Claro que se jodió Cataluña, y empezó a hacerlo cuando alguien venido de otra parte de España creía que por ser del Barça y bautizar a su hijo con el nombre de Jordi iba a ser aceptado en la casta de los señores. Se jodió por la terrible maldad del espejismo catalán, de ese oasis que no era más que una sociedad dictatorial y mafiosa en la nadie hablaba por miedo o interés. Sin todo eso, sin una masa acobardada y acomplejada ante sus amos, nada de esto habría sido posible. El típico “Yo no soy convergente, pero mira, el pujolet va a Madrid y siempre vuelve con algo” es un buen ejemplo de como la inteligencia de la burguesía catalana aunada a la estupidez del pueblo pudo tener un éxito tan enorme. Eso, y el miedo a ser tildado de persona de derechas, porque todos estos aseguran que son cualquier cosa menos del PP o de Ciudadanos, cuando el nacionalismo, y, especialmente Pujol, van mucho más allá de la derecha económica o ideológica, adentrándose en los sombríos rincones del supremacismo más ultra.

Con tantas mentiras que desmontar, lo realmente singular a doce meses de aquel 1-O es que no hayan pasado más cosas. Que no haya habido más agresiones, más víctimas, más inestabilidad. Y si eso no ha pasado es, por una parte, porque los propios interesados están más divididos hoy que hace un año y, por otra, porque la gran masa social catalana lo que quiere es vivir, igual que sucede en Asturias, en Andalucía o en Galicia. Vivir sin tener que pelearse a diario.

Claro que la convivencia se ha deteriorado, y mucho, en este año, pero también ha tenido algún aspecto positivo. El separatismo, al obligar a tomar partido a los ciudadanos, ha hecho que la gente salga a la calle por primera vez con banderas de España, que se organice, que se plante ante el asalto totalitario. Han pasado demasiadas cosas y las que todavía nos quedan por pasar, porque la fractura social no se va a solucionar en muchos, muchos años, y eso tomando las medidas oportunas en materias tan diversas como la educación, la cultura o los medios. Pero si existe una esperanza para todos los familiares, los amigos, las gentes de bien que se han peleado por culpa de esos trapos cubanos es que de las crisis se sale más fuerte, más sano, más sólido.

Quizás yo no lo vea, pero espero por el bien de la próxima generación que sea así, y que uno pueda comer el domingo con la familia tranquilamente sin tener que acabar dando puñetazos en la mesa. Y que las discusiones vuelvan a ser por el fútbol, por ver quien hace mejor la paella, o, si son gente que gusta de leer, por defender a Vargas Llosa frente a García Márquez. Personalmente, me quedo con don Mario.

Gabriel Tortella Casares, historiador y economista: «Ahogándolos económicamente se habría acabado el problema»
«La mentira de Sánchez de que la solución es política y de chalanear con los independentistas es espantosa», asegura
Mercedes Lodeiro. Barcelona La voz 1 Octubre 2018

Gabriel Tortella (Barcelona, 1936), doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin, y en Derecho por la Complutense, es toda una autoridad en el mundo académico, escritor y articulista. En su última obra, «Cataluña en España. Historia y mito», de la que es coautor, esboza los mitos nacionalistas.

-Haga una valoración de este año
-Horrorosa. Ha sido todo un desastre. Hoy se cumple un año de aquel referendo y de la refriega del 2017 y desde entonces ha ido de mal en peor porque la aplicación del artículo 155 de la Constitución tenía que haberse aplicado antes, pero con una situación rajoyesca se aplicó a medias y con miedo, por lo que fue contraproducente y causó más perjuicios que beneficios. Los independentistas que en noviembre se quedaron aterrorizados ante el 155, vieron que el perro no tenía dientes y se envalentonaron. Volvieron a las andadas habiendo perdido el miedo a Rajoy, que no quería líos ni meterse en el avispero catalán.

-Ahora ha cambiado el Gobierno
-El resto son peores todavía. Conspiraron contra el PP hasta llegar el episodio lamentable de la moción de censura y el golpe de Estado de Sánchez y Podemos, con lo que tenemos un Gobierno de rodillas, terrorífico, postrado ante los independentistas catalanes, y vascos también. Estamos ante una España sin pulso, ante el golpe de Estado de Sánchez, mintiendo a diestro y siniestro. El Gobierno va a rendirse a los independentistas, está preparando el terreno, y cuando sean condenados los va a indultar. La mentira de Sánchez de que la solución es política y de chalanear con los independentistas es espantosa. Soy pesimista y estoy desesperado con la situación.

-¿Se manipula tanto la Historia como se dice?
-Hace un año publicamos «Cataluña en España». Estudiamos algunos libros de texto de Historia catalanes. El adoctrinamiento es una labor sistemática, un lavado de cerebro para denigrar a España. Para empezar, no estudian Historia de España y cuando lo hacen es para decir que España es todo franquismo.

-¿Por qué siendo catalán está en contra de la independencia?
-Porque sería un desastre, sobre todo para Cataluña, pero también para España y la UE. Es una idea disparatada y que solo beneficiaría al grupito independentista. Los que están en el poder tendrían más y no habría cómo quitárselo. Las leyes de desconexión estaban hechas para que nadie se lo quitase, para controlar jueces, policía… era un sistema que los blindaba para siempre. La independencia es lo peor que le puede pasar a los catalanes.

-¿Cómo se explica la fusión de la burguesía con la CUP?
-Es curioso. Primero son catalanes y después lo que sea, desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Los antiguos convergentes son gente de derechas, pero están dispuestos a liarse con ERC y con la izquierda lunática, que es la CUP. Están dispuestos a lo que sea para lograr la independencia, porque piensan que después ya meterán a los otros en vereda. Es una alianza contranatura.

?¿Qué influencia han tenido los factores económicos, la crisis y los recortes de Artur Mas en el independentismo?
-Los Gobiernos tripartitos fueron un desmadre, gastaron mucho y endeudaron a Cataluña. La crisis disminuyó el ingreso fiscal y siguieron gastando, y cuando Mas llegó en el 2010 se encontró con unas cuentas difíciles y mucha deuda. Entonces pidió una situación de privilegio como el concierto vasco, y Rajoy le dijo que no, siempre con su torpeza y sosería. La situación de privilegios injustos a vascos y navarros se puede permitir porque son pocos, 2,5 millones, pero si a Cataluña le dan ese privilegio, el resto de España estaría subvencionando a la zona más rica de España. Mas dijo que si no se le concedía irían hacia la independencia, porque así lo que Cataluña debe al resto de España no lo pagaría. Rajoy no contestó nada, como siempre. Cataluña no puede pagar su deuda, que es el 40 % de las de las comunidades, está quebrada hace tiempo y quien la mantiene es España y se quiere responsabilizar a España de esa quiebra. ¡Es indignante!.

-¿Qué efectos ve en la política identitaria de la Generalitat?
-Hay un elemento racista absurdo. Se consideran más listos, más trabajadores... Todo eso son tonterías que dicen los nacionalistas. El catalán medio no cae en esos errores. Los sensatos estuvieron silenciados. Ahora están algo más activos, pero la situación es frustrante porque el Gobierno español no los apoya. No hay solidaridad con ellos y eso es dolorosísimo. Admiro a los gallegos, que son más sensatos. Los de Cataluña están aplastados por la minoría independentista que logra la mayoría política por la ley electoral.

-¿Qué solución le ve?
-Sería sencillísimo si el Gobierno español tuviese honradez intelectual, principios y decisión y plantase cara a los independentistas ahogándolos económicamente en vez de darles dinero, porque no cumplen la Constitución, y si quieren el bilingüismo que se lo paguen ellos, no con subvenciones de todos. Si crean embajadas para su propaganda, que se les detraiga el gasto de las transferencias. Ahogándolos económicamente se habría acabado el problema. Porque todo el trabajo de los independentistas está financiado por el resto de España ¡Es un disparate! Si se les intervienen las cuentas esto se acaba.

-Se les intervinieron con el 155
-Y no hubo rebelión, los independentistas feroces trabajaron igual bajo el 155. Lo que ocurre en Cataluña es que una parte cree que van a ser independientes y se pliega a los independentistas que mandan, pero si se les corta la financiación y al funcionario que se subleve se le manda a casa sin sueldo se termina todo. Habría que tener el valor y aguantar los insultos. Y a Òmnium y a la ANC dejarlos sin un euro y cortar todo el dinero que reciben de la Generalitat. Si quieren existir, que lo paguen los socios, porque son instrumentos de la Generalitat para que parezcan que son entidades ciudadanas y las paga el Presupuesto español.

-¿El problema está en los Gobiernos sin mayorías?
-Desde Felipe González en 1984, Pujol enardeció a las masas y Felipe y Alfonso Guerra cogieron miedo y le dejaron hacer, y Pujol hizo lo que le dio la gana. Aznar necesitó los votos de Pujol en 1996, y en el pacto del Majestic acordó no meterse con él. Después tuvo mayoría absoluta y apretó un poco las clavijas, pero le era difícil. Todos tienen miedo de que les cueste votos. El problema de la democracia es que crear conflictos se paga electoralmente. Zapatero estaba dispuesto a lo que fuera si los catalanes le apoyaban en el 2008 y arrasó en Cataluña. Ahora es muy posible que si hubiera elecciones ganara el bloque de derechas antiindependentista PP-C’s y entonces sí por fin habría solución si ese Gobierno adoptase con firmeza la materia de Cataluña.
La realidad rebate las grandes mentiras del relato histórico de los secesionistas

Tortella Casares desgrana algunas de las «grandes mentiras», como él las llama, de los independentistas catalanes: Los borbones

Beneficiaron a Cataluña. «Fernando el Católico no aplicó el testamento de Isabel excluyendo a Cataluña del comercio con las Indias. En la Edad Moderna se la dejó en paz porque era tan pobre que no pagaba impuestos y estaba llena de bandoleros y no tenía interés para los reinos de España». «En el siglo XVIII, los Borbones, para beneficiarla, aumentaron los puertos para el comercio con América que estaba restringido a Sevilla, entre ellos el de Barcelona. El avance hacia el libre comercio en 1778 benefició mucho a Cataluña. Su agricultura y el sector textil crecieron con la protección arancelaria de los Borbones. Los independentistas mienten, porque los Borbones beneficiaron mucho a Cataluña, de hecho, empezó a crecer gracias a ellos que al tumbar las fronteras de Aragón accedió al mercado español y americano».

Guerra de sucesión
No fue una guerra de independencia. «La Guerra de Sucesión en el siglo XVIII fue una guerra civil en la que lucharon dos pretendientes al trono, el francés Felipe V y el archiduque Carlos de Austria. Cataluña y los antiguos reinos de Aragón apoyaron al archiduque. El resto, a Felipe V. Las Cortes de Barcelona le habían jurado fidelidad a Felipe y después cambiaron. Esto jamás lo dicen los independentistas. Dicen que fue una guerra de España contra Cataluña, que era una nación democrática, y no era ni nación ni democrática. Es una de las grandes invenciones. Que Cataluña fue aplastada es una gran mentira. No fue una guerra de independencia. Los que apoyaban al archiduque querían la unidad de España. En el XIX inventan eso y lo convierten en verdad oficial».

Guerra civil
El nacionalismo, nefasto para la causa republicana. «Otra mentira impresionante del siglo XX es la Guerra Civil, pues según ellos fue de España contra Cataluña. La guerra se perdió en parte por los nacionalistas catalanes porque Companys hizo la guerra por su cuenta y fue desastrosa, lo que fue nefasto para la causa republicana. Esto no lo dicen nunca».

El «annus horribilis» que partió a Cataluña
mercedes lodeiro

El independentismo ha fracturado la sociedad, herido la economía, sacudido la política e intentado arrollar al Poder Judicial y la Corona. Torra amenaza con otro 1-O

Los independentistas catalanes no han podido ni con el Estado de derecho ni con la democracia. Y eso que han dedicado todo su empeño a conseguirlo a cualquier precio durante el último año, con leyes anticonstitucionales, con un referendo ilegal e intentando arrasar los pilares en los que se sustenta la convivencia de los españoles. Es el «annus horribilis» de Cataluña, a la que ningún país del mundo ha reconocido como la pretendida «república catalana».

Desde Europa, a los independentistas solo les han llegado tirones de orejas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, les recordó que la ley «debe ser respetada por todos»; el de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que la «fuerza del derecho» es la base fundamental de la UE; y el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, que «a nadie se le ocurre en la UE saltarse las normas» porque «mientras el derecho no se cambie, su respeto no es una opción, es una obligación». Estas son las principales consecuencias del horrible año causado por el independentismo.

El final que nos merecemos
CONSUELO ORDÓÑEZ El Mundo 1 Octubre 2018

Tras la entrega de los sellos de ETA el pasado mes de febrero, Francia materializará hoy una nueva cesión a nuestro país de más de 1.000 documentos incautados a ETA en operaciones antiterroristas en su territorio. La Justicia española tiene ahora una gran oportunidad para saldar su eterna deuda con las víctimas del terrorismo: hay casi 400 familias a las que se les ha negado sus derechos a la justicia y a la verdad. Estos documentos, por tanto, suponen un atisbo de esperanza para muchas víctimas del terrorismo, ya que podrían resolver la incógnita sobre el crimen que les arrebató a sus familiares y revelar quién dio la orden de asesinarlos y quién apretó el gatillo.

En este déficit democrático juega un papel clave la Audiencia Nacional, que siempre se tambalea entre el dicho y el hecho: mientras nos dicen que hay predisposición a esclarecer crímenes, la Fiscalía se niega a la reapertura de sumarios. Desde que se hizo público el informe de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, entonces presidida por Maite Pagazaurtundúa, que ponía cifras a los asesinatos de ETA sin resolver, se reabrieron algunos sumarios, pero los avances son muy pocos y deplorables. Sigue habiendo casi 400 familias que esperan saber la verdad sobre los crímenes que cambiaron sus vidas, y que se haga justicia por ellos. Y ni siquiera mueve a la Audiencia Nacional un cierto sentido de culpa: podrían haber enmendado errores y negligencias del pasado que han dejado centenares de atentados impunes. Sin embargo, los ha invadido la parálisis o, en el peor de los casos, la indolencia. Mientras tanto, la esperanza de que las víctimas accedan a sus legítimos derechos de justicia y verdad se ha ido disipando. Queda pendiente comprobar si con la labor del fiscal de la Audiencia Nacional Marcelo Azcárraga, nombrado específicamente para esta cuestión, las víctimas del terrorismo que esperan verdad y justicia pueden lograr un mínimo de resarcimiento.

Esta esperanza, sin embargo, no puede distraernos de lo urgente y más importante. El Gobierno anterior nos brindó la foto de parte del archivo debidamente ordenado de ETA, pero nos arrebató la que las víctimas y la sociedad esperábamos: la foto de los archiveros debidamente detenidos. Y no podemos olvidar que las víctimas y la sociedad seguimos esperando la foto de la disolución de ETA a manos de las Fuerzas de Seguridad. Esa imagen debería haber llegado antes de que los terroristas protagonizasen el teatro de su supuesta disolución, la cual anunciaron en boca de los más variados portavoces, entre ellos, Josu Ternera, un terrorista al que las Fuerzas de Seguridad no han podido detener, pero que se ha movido a sus anchas por Europa durante los últimos 15 años. El Gobierno de Mariano Rajoy tenía en su mano haber evitado esta pantomima, pero no quiso. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la oportunidad de darnos la foto de la verdadera derrota de ETA, la que las víctimas y la sociedad nos merecemos. Si este Gobierno no da la orden de detener hasta el último etarra, si no nos da la foto que el anterior Gobierno nos hurtó, significará que el Ejecutivo de Pedro Sánchez también está arrodillado ante las exigencias de ETA.

Los distintos gobiernos pueden presumir de que las instituciones y el Estado de derecho han derrotado a ETA. Pero una ETA derrotada no hubiera sido la protagonista de su final. Una ETA derrotada no hubiera tenido avales internacionales. Una ETA derrotada no hubiera tenido a uno de los terroristas más buscados de nuestro país protagonizando un spot publicitario. Nunca una victoria vendida como tan rotunda ha resultado tan poco visible y tan amarga. Nunca unos terroristas supuestamente derrotados han tenido tanto margen de maniobra por la permisividad de un Estado cuyo único deber es aplicarles la ley.

Lo único que esperamos ahora las víctimas y la sociedad de quienes defienden el Estado de derecho y, en particular, de este Gobierno, es que desarticule a ETA de una vez por todas, ya que el anterior Gobierno no quiso hacerlo: se pasó siete años rogándole a la organización terrorista que más sangre ha vertido en este país que se disolviese. A un ladrón no se le pide que deje de robar, sino que se le detiene. A un yihadista no se le pide que deje de atentar, sino que se le detiene. Lo mismo esperamos que ocurra con los miembros de ETA.

ETA puede haber puesto punto y final a su trayectoria como organización, pero la desactivación de sus siglas no significa que se desactive el proyecto político que muchos ciudadanos y políticos han aireado y asumido como propio, justificando las acciones criminales de los terroristas. Mientras una parte de la población continúe legitimando el terrorismo etarra, ETA seguirá viva y será necesario deslegitimarla. ETA era una pieza fundamental de un movimiento que pretendía imponer un proyecto político totalitario, excluyente y nacionalista, pero no era la única pieza. No podemos obviar que en las instituciones están sentados los herederos políticos de ETA, que son también sus ideólogos. Ni tampoco que en las calles del País Vasco y de Navarra sigue vivo el odio que ha infundado ETA durante los últimos 50 años: prácticamente cada semana aparece una nueva pintada en la que se agradece a ETA su "lucha" y se homenajea a terroristas orgullosos de su pasado criminal. En otras palabras, se agradece a los etarras que hayan asesinado a nuestros familiares y se les honra por ello.

La desactivación de las siglas de ETA tampoco implica que sus responsabilidades se diluyan. Esas responsabilidades tienen nombres y apellidos: el de las 853 víctimas mortales, el de los 358 asesinados cuyos crímenes están sin resolver, el de los más de 2.500 heridos y mutilados, el de los desaparecidos, secuestrados, extorsionados y exiliados forzosos, que con su marcha bajo peligro de muerte modificaron de forma definitiva el censo electoral del País Vasco y de Navarra.

ETA busca blanquear su historia criminal, con la inestimable ayuda de los nacionalistas vascos. Lo único que espero de quienes defienden el Estado de derecho es que respondan con la ley y con la dignidad que los terroristas nunca tuvieron. Espero el final que sí nos merecemos las víctimas y los ciudadanos: que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad detengan hasta el último etarra que quede en las filas de la banda terrorista. Es indigno que un Gobierno democrático dé por válido que ETA se haya disuelto cuando ha querido y como ha querido.

Consuelo Ordóñez es presidenta de Covite.

Valencia y Baleares: el espejo de la Cataluña de hace 15 años
El modus operandi del nacionalismo en tiempos del tripartito catalán parece estar replicándose en otras comunidades: inculcar un sentimiento en todos los sectores sociales pasa por hacerse con el control de la Educación y los Medios de Comunicación públicos
Marina Alías vozpopuli.es 1 Octubre 2018

Baleares y la Comunidad Valenciana se mueven entre la defensa del nacionalismo y la lucha contra el llamado pancatalanismo y lo que algunos ya empiezan a denominar los "països inventats". A lo primero ayuda la composición de sus gobiernos que, según la oposición y diversos agentes sociales, cada vez se asemeja más a la Cataluña de hace 15 años.

Eran tiempos del tripartito catalán. El 16 de noviembre de 2003, se celebraron las primeras elecciones al Parlament en las que no se presentaba Jordi Pujol como candidato a la presidir la Generalitat. Pese a que su sucesor en la hoy metamorfoseada CiU, Artur Mas, consiguió el mayor número de escaños (que no de votos), no obtuvo la mayoría necesaria para formar gobierno. Y tuvo que recurrir a PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds para mantenerse en el poder.

Nació así el "tripartito catalán" con el socialista Pasqual Maragall como presidente de la Generalitat y las concesiones a la izquierda soberanista, que había crecido considerablemente, comenzaron a fluir. Algo parecido a lo que, según Ciudadanos, Partido Popular y algunas asociaciones civiles como Sociedad Civil Catalana y Sociedad Civil Balear está ocurriendo en la actualidad en Baleares y, con algo menos de ventaja, en Valencia.

Nació en 2003 el "tripartito catalán", con el socialista Pasqual Maragall como presidente de la Generalitat y las concesiones a la izquierda soberanista comenzaron a fluir

"La composición política de los dos lugares es la misma que la que entonces gobernaba Cataluña. Se trata de un gobierno formado por un partido socialista unido otros nacionalistas, cuyas exigencias se van permitiendo poco a poco. El nacionalismo no pide ocupar el área de urbanismo, sino la educación y los medios de comunicación públicos", compara el diputado de Ciudadanos Toni Cantó.

Armengol, Mónica Oltra...
La idea supremacista de los "Països Catalans" es un tema que, según el político, el nacionalismo implantó en Cataluña y está tratando de extender a Baleares y a Valencia. "En la Baleares de Francina Armengol, que aunque sea socialista es como el ERC catalán, con algo más de ventaja", opina.

Según Cantó, el PSPV lo tiene algo más difícil en la Comunitat Valenciana porque el "músculo antipancatalista" es más fuerte. "Conscientes de que muchos valencianos rechazan que el nacionalismo se dirija a ellos como una colonia, el discurso del Gobierno autonómico es más moderado, pero en la práctica es lo mismo: "Es el lobo con piel de cordero".

La cartera de Educación está en manos de Marzá, que encarna el Compromís más radical y está tratando de arrinconar el castellano en las escuelas"

Y añade dos ejemplos. "La cartera de Educación está en manos de Marzá, que encarna el Compromís más radical y está tratando de arrinconar el castellano en las escuelas", considera. "Por otro lado, À Punt Mèdia, el grupo de medios de comunicación públicos de la Comunidad Valenciana, se ha convertido en 'Telecompromís', con algunas de sus máximas responsables haciendo campaña en favor de esta coalición a través de sus redes sociales", agrega. "No hay pudor y el socialismo les permite todo", opina.

Desde esas dos herramientas [Educación y Medios], continúa Cantó, empieza la construcción. Construcción que hoy se ve en Cataluña. "Si desde los departamentos de Enseñanza empiezas a implantar sutilmente determinados libros de texto para luego hacerlo descaradamente asociando lo español a lo facha y desfasado y lo catalán a lo moderno, en dos generaciones has creado lo que está ocurriendo hoy con muchos jóvenes catalanes", explica el parlamentario.

Además, destaca otro similitud entre los tres lugares como es la tendencia a arrinconar el castellano no solo en la escuela, sino también entre los funcionarios públicos. "Cada vez hay más profesionales que se ven obligados a abandonar la función pública como ocurre en el sector de la Sanidad en Baleares", cuenta.

Programa 2000
Fuentes académicas de la rama de Historia destacan que tanto Artur Mas, como el tripartito catalán hace ya 15 años, o Puigdemont terminaron heredando el Programa 2000, un documento que recogía la estrategia de la antigua CDC para inculcar el sentimiento nacionalista en todos los sectores sociales y que se filtró a la prensa en 1990.

Se trataba de un borrador para la próxima década que dibujaba los planes para penetrar en todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo en aquellos, como la enseñanza o los medios, que más contribuyen a la configuración del pensamiento y de la opinión pública. "También tratan de hacer lo mismo desde los gobiernos que hoy lideran Baleares y la Comunidad Valenciana", opinan las mismas fuentes.

Otra de las similitudes son las Oficinas de Derechos Lingüísticos que velan por el uso del catalán en la función pública. Cataluña fue pionera, pero Valencia ya tiene la suya y la socialista Armengol anunció este verano su predisposición a crear una en Baleares. "Si no se pone freno, Baleares y Valencia podrían terminar igual que Cataluña en un futuro", advierten fuentes parlamentarias.

Independentismo en Cataluña
La Guardia Civil advierte a sus agentes de sanciones disciplinarias si retiran lazos amarillos
María Jamardo okdiario 1 Octubre 2018

Los Mossos identifican a 14 constitucionalistas por llevar mapas con la localización de lazos amarillos
Los 14 identificados por retirar lazos amarillos denuncian al jefe de los Mossos ante la Fiscalía

El mando operativo de la Benemérita en Barcelona ha comunicado a los agentes que su participación en dicha actividad, aún fuera de su horario profesional, “no resulta conveniente para la imagen de la institución” y será castigado como infracción disciplinaria.

Así lo refleja el responsable de la unidad de operaciones de la Guardia Civil, en un mail al que ha tenido acceso OKDIARIO. En él, se advierte a los miembros del Instituto Armado que actualmente se encuentran destinados y prestan servicio en Cataluña de las consecuencias de no obedecer a la instrucción.

La orden se produce a raíz de los hechos puestos en conocimiento por la Jefatura de la 7ª zona (Manresa) según los cuales “el pasado mes de agosto, una patrulla de la Policía Autonómica Mossos d’Esquadra, identificó a un guardia civil entre los integrantes de un grupo de 14 personas que estaban retirando simbología independentista colocada en la vía pública, instruyendo diligencias por supuesto delito de daños en mobiliario público” y realizando difusión de dicha condición lo que, en opinión de los mandos “podría haber causado algún tipo de daño a la institución“.

La Guardia Civil advierte a sus agentes de sanciones disciplinarias si retiran lazos amarillos

En el documento se recoge que “a raíz de la información reservada practicada, se determina amonestar verbalmente al afectado” a pesar de que los Mossos procedieron, entonces, a una identificacio´n arbitraria de los implicados sin denuncia previa ni orden judicial. La policía autonómica remitió posteriormente el atestado al juzgado de Falset, cuyo titular archivó el caso al considerar que no habi´an cometido ningu´n tipo de delito.

La actuación de la policía autonómica catalana arrojó, desde un primer momento, amplias dudas sobre su legalidad, dado que en los municipios donde se produjeron los hechos no existe normativa local que prohiba la retirada de símbolos independentistas.

Denunciado el jefe político de los Mossos
Los 14 identificados por los Mossos denunciaron ante la Fiscali´a Superior de Catalun~a al jefe político de la policía catalana y consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch.

En el escrito registrado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se encuentran denunciados, además, el Director de los Mossos d’Esquadra, Andreu Joan Martínez; el Comisario Jefe, Miquel Esquius, y la totalidad de los agentes que participaron el día 17 de agosto en la identificación y traslado del atestado al Juzgado de Instrucción de Falset.


 


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