AGLI Recortes de Prensa   Martes 16  Octubre 2018

Sánchez se atrinchera en la Moncloa
EDITORIAL Libertad Digital 16 Octubre 2018

Hay quien considera que Pedro Sánchez ya tiene prácticamente pactados los Presupuestos con los nacionalistas vascos y catalanes; otros, en cambio, creen que el acuerdo es imposible por las demandas maximalistas de ERC y PDeCAT. En cuanto al propio Sánchez, se muestra convencido de que sacará adelante unas cuentas que ha pactado con Podemos y que, por supuesto, serían catastróficas para la economía española.

Pero, por si acaso, al mismo tiempo ha deslizado la posibilidad de prorrogar los Presupuestos actuales, elaborados, no se olvide, por ese PP que, a juicio del doctor Sánchez, era el culpable de todos los males de España.

Es ésta una partida de cartas jugada por truhanes sin escrúpulos. Truhanes que, por supuesto, no apuestan con su dinero sino con el de los contribuyentes.

Con Presupuestos o sin ellos, con una política u otra, con más apoyos o con menos, lo único claro es que Sánchez ha decidido permanecer en la Moncloa al costo que sea, sacrificando ministros o salvándolos según estime oportuno, pactando con los enemigos de España y desoyendo el clamor popular por la celebración de elecciones anticipadas.

Lejos queda aquella moción de censura en la que se comprometió a solucionar determinados problemas urgentes y, acto seguido, convocar elecciones. En lo que ha sido una de sus mayores mentiras, ese compromiso se ha convertido en obsesión con agotar la legislatura.

La insensatez de Sánchez puede convertir lo que quede de legislatura en una auténtica tortura que aparte al PSOE del poder durante años; pero eso no debe hacer menospreciar su gran objetivo: forzar los cambios sociales y políticos necesarios para que, tras haber okupado la Moncloa con una moción de censura legal pero indefectiblemente contaminada por el apoyo que le brindaron los golpistas y los proterroristas, no haya forma democrática de sacarlo de allí.

Sánchez puede destrozar España y dejar a los españoles sumidos en una crisis total; pero eso le da igual: tan obsesionado está por aferrarse al poder, que se diría que cree que incluso pegarse a los Reyes le puede ayudar a lograrlo.

Del panfleto a la ingeniería contable
ABC 16 Octubre 2018

El proyecto de Presupuestos presentado ayer en La Moncloa y enviado a Bruselas es un ejercicio de ingeniería contable. Los técnicos a cargo de la ministra Nadia Calviño se han dedicado a transformar la prosa panfletaria y demagógica del pacto entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, en una hoja de cálculo presentable a ojos de la Comisión Europea. Pero no es más que eso, una endeble capa de pintura para intentar ocultar un proyecto de transformación social basado en viejas recetas, probadamente perjudiciales para la economía, al que el Ejecutivo quiere dar una apariencia de banalidad técnica. La reducción de las perspectivas de crecimiento, junto al mantenimiento de un objetivo de déficit dentro de los límites del pacto de estabilidad, están cuidadosamente encuadrados en el mismo marco de las reglas europeas para limitar la capacidad de la Comisión a la hora de señalar sus opiniones críticas sobre el fondo. Pero la realidad es que se trata de unos Presupuestos expansivos y poco prudentes para encarar un periodo de desaceleración de la economía. Si estuvieran realmente pensados para beneficiar a la sociedad española, se centrarían, ante todo, en fomentar el empleo, en lugar de subir los impuestos para pagar toda la parafernalia de ofertas electoralistas.

Tal vez la gravedad del desafío europeo del Gobierno italiano, en manos de demagogos de múltiples tendencias, pueda ayudar a Pedro Sánchez a sortear, aunque sea por los pelos, este examen preliminar comunitario, pero ese no será más que el primer paso. Le quedan todavía todas las facturas y chantajes de sus socios más inestables, entre ellos los efervescentes independentistas catalanes, cuyo voto será la prueba definitiva del desastre, porque estos siempre prefieren apoyar lo que es malo para España. Y lo tendrá que hacer bajo la vigilancia de Iglesias, que también le ha dicho que el pacto está cerrado y no admite regateos, salvo los que ellos van añadiendo, como la escandalosa propuesta de crear una nueva banca pública y renunciar a la privatización de Bankia.

Por si fuera poco, el Gobierno del doctor en Economía insiste en puentear al Senado por la sencilla razón de que no le favorece la correlación de fuerzas en la Cámara Alta a la hora de tramitar el Presupuesto. Esta maniobra es seguramente tanto o más grave que unas décimas más de déficit, y merecería realmente que la Comisión estudie si se trata de una violación de los principios enunciados en el artículo 7 del Tratado. Por gestos como este hay países que han sido apercibidos -y con razón- por parte de la Comisión Europea, y con el entusiasmo de la bancada socialista en Estrasburgo.

España: el cuadro del gran descuadre
J. S. Íscar okdiario 16 Octubre 2018

Por mucho que el Gobierno intente revestir con gran boato su reunión para la preparación del envío de los datos del cuadro macroeconómico a Bruselas tras el Presupuesto “bolchevique” que quiere aplicar, cuyo acuerdo escenificó con Podemos, confundiendo en los documentos la línea que hay entre partido y Gobierno, los números no cuadran ni a martillazos, que siempre ha sido la técnica preferida por los socialistas, en ausencia del rigor que exigen los datos, pero que esta vez ni de esa manera lo conseguirán.

Y no lo conseguirán porque el Presupuesto “bolchevique” que quieren aprobar no sólo nos conduce al abismo económico, sino que descuadra por todos los lados. El cuadro macroeconómico que quieren presentar es, en realidad, el cuadro del gran descuadre. Es el cuadro macro por el que multitud de personas, muchas de ellas con poca preparación y de origen humilde, verán cómo son expulsados del mercado de trabajo porque no les van a poder pagar por su trabajo los 900 euros que marca el nuevo salario mínimo. Son personas que la izquierda cree que son sus votantes, pero a las que va a empobrecer todavía más que al resto de españoles, a los que también perjudicará gravemente. Esas personas irán al paro, verán truncado su futuro profesional y dejarán de cotizar a la Seguridad Social, con menoscabo para su futura pensión. Puede, incluso, que muchas de ellas vayan a la economía sumergida, que es una lacra que esa subida absurda e irresponsable del salario mínimo cebará.

El cuadro del gran descuadre que la ministra Calviño tendrá que presentar en Bruselas —¿merece la pena poner en riesgo el prestigio profesional por ser ministro?— no hay por dónde cogerlo. El gasto sube en Educación de cero a tres años de manera insostenible, generando un nuevo derecho que no nos podemos permitir; sube en las pensiones, gran problema de la economía española, y en lugar de proponer una reforma seria, con una transición hacia un sistema de capitalización que haga viable el sistema, liga las pensiones al IPC, incrementa un 3% las mínimas y merma ingresos a la Seguridad Social, ya que los efectos perversos de este Presupuesto, que llegarán en forma de paro masivo, harán disminuir los ingresos de las cotizaciones, de manera que aumentará el déficit de la Seguridad Social.

Este cuadro del gran descuadre expulsará la financiación de las empresas, al imponer un impuesto a la inversión en las cotizadas, e invitará a irse a muchas grandes compañías, que generan la mayor parte de la actividad y el empleo, porque llevará a cabo una subida salvaje del impuesto de Sociedades. A los ciudadanos, terminará de rematarlos fiscalmente con una subida de IRPF y del impuesto de Patrimonio. La ministra Montero decía este fin de semana que no comprende cómo el PP no tiene sentido de Estado y en su lugar lanza “pedradas” contra los ciudadanos. La única pedrada enorme que van a recibir los ciudadanos es la losa de la recesión, la ruina y el paro masivo que provocarán, si se aprueban, estos presupuestos “bolcheviques”. Maduro también ha subido múltiples veces el salario mínimo y miren dónde está la economía venezolana. Hay que evitar que se instale aquí un régimen económico y político bolivariano, cuyo primer paso podría ser ese engendro de Presupuesto que ha firmado el PSOE con la extrema izquierda.

El socialismo democrático ha muerto
Hermann Tertsch ABC 16 Octubre 2018

Sánchez se lleva al PSOE al socialismo totalitario, elúnico posible

SI no fuera por la brutal amenaza que supone para la libertad, la seguridad y el bienestar de los españoles, tendría hasta cierta gracia ese fenómeno políticamente rocambolesco de un gobierno chavista en Madrid que lleva la contraria a todos y a todo lo que sucede en Europa. Que pretende utilizar estos tiempos de confusión para lanzar a dichos españoles por un túnel del tiempo y del horror hacia una febril realidad con retórica y práctica de socialismo caribeño. En la que todos los días hay que hacer culto al resentimiento y a la agitación contra las «fuerzas reaccionarias», «las derechas» y «el fascismo». No solo oímos ya todos los días mensajes que parecen de otros tiempos que se creían acabados tras la caída del muro de Berlín, que proceden unas veces de socialistas, otras veces de comunistas de Podemos, pero nunca son desautorizados. También sorprende una proliferación sin precedentes de ademanes autoritarios y obscenamente sectarios en el jefe del Gobierno como en sus ministros. Que son alarmantes en sus abiertas manifestaciones de desprecio hacia las opiniones discrepantes y hacia quienes demandan al Gobierno explicaciones por sus acciones y conductas. Demandas que, por supuesto, jamás son atendidas y mucho menos satisfechas.

Hay quienes dicen que Pedro Sánchez, aunque agrio y autoritario, no cree en monsergas revolucionarias y solo utiliza esa radicalización. Temo que la alianza de intereses es más profunda y perfecto «el maridaje» entre la ambición y falta de escrúpulos de Sánchez, las intención totalitarias de sus socios comunistas y las expectativas para golpistas separatistas. Sánchez es un regalo providencial para los enemigos de la Corona, de la Constitución y de España, y como tal lo van a tratar, aunque le repliquen o pongan condiciones.

Puede que Sánchez tenga razón. Que el PSOE tenía que dejarse arrastrar a ese proyecto personal radical. Es posible que fuera de esta radicalización el PSOE ya hubiera avanzado mucho en el proceso general europeo que condena a la socialdemocracia tradicional a la extinción. El socialismo democrático se muere. Desapareció hace mucho el PSI en Italia, el PSF vende sus locales en toda Francia y es muy posible que estemos asistiendo ya a la agonía final del padre de la socialdemocracia europea que es el partido socialdemócrata alemán, el SPD. El domingo, el SPD cayó por primera vez por debajo del 10% en un estado federado alemán. En los sondeos para toda Alemania está en el 16% y cayendo.

El partido socialdemócrata de masas ya ha desaparecido. Porque la política socialdemócrata está ya firmemente en manos del centrismo burgués y la democracia cristiana. Quienes quieren medrar o luchar por proyectos socialistas han de volver a las vías revolucionarias, que son las que se habían entregado a los comunistas, inicialmente con la creación de la III Internacional pero de forma radical y definitiva en Bad Godesberg en 1959. El socialismo democrático se hunde en la irrelevancia de todos los países donde una derecha real le presenta la batalla ideológica. Que comienza a ser en toda Europa. El fenómeno se adelantó en países con experiencias totalitarias recientes. En Polonia, la alternativa al poder conservador es liberal. En Hungría, es otra derecha. En Austria, el histórico SPÖ nunca estuvo tan lejos del poder, y en Alemania, Los Verdes y la derecha se meriendan al SPD. Así las cosas, la huida del PSOE con Sánchez al regazo ideológico del chavismo de Podemos puede no ser mero fruto de una constelación maldita de factores inducida por la determinación irresponsable y la falta de escrúpulos de un obseso de sí mismo. Sino ganas de sobrevivir, muerto el socialismo democrático, en el totalitario que, la experiencia lo confirma, siempre es capaz de renovarse.

Presupuestos entre la farsa y la tragedia
Gonzalo Bareño La voz 16 Octubre 2018

Aunque el PSOE abandonó el marxismo en 1979, Pedro Sánchez haría bien en escuchar al pensador alemán. «Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa». Así arrancaba Marx su obra El 18 de brumario de Luis Bonaparte, que situaba a este como una imitación grotesca y más dañina para Francia que su tío, Napoleón Bonaparte.

Desde ese punto de vista, el Gobierno de Pedro Sánchez que ayer presentó los Presupuestos solo puede considerarse como una parodia del de Zapatero, que amenaza con acabar igual de mal o incluso peor. Antes que Sánchez, Zapatero tuvo ya la ocurrencia de gobernar España aliado con un partido independentista como ERC. Sus primeros Presupuestos, del 2005 y el 2006, los aprobó pagando a precio de oro y con prebendas los votos de los independentistas catalanes, entonces liderados por un Carod-Rovira que hoy sería una hermanita de la caridad al lado de personajes como Junqueras, Torra o Puigdemont.

Y también como Sánchez, Zapatero despreció el control del déficit en momentos que aconsejaban y aconsejan prudencia. Con la crisis llamando a las puertas, Zapatero no solo se empeñó en negarla, sino que en el 2008 se comprometió a devolver 400 euros a todos los españoles. Pobres o ricos. El coste de esa medida electoralista fue en 2009 de 5.700 millones de euros. Dos años después, en 2011, Zapatero, rendido ante el desastre, congeló las pensiones y ahorró así 1.500 millones de euros, cuatro veces menos de lo que gastó con los 400 euros. El cheque bebé que implantó en 2008 supuso un gasto de otros 4.000 millones de euros en dos años. Casi un tercio del gigantesco tijeretazo de 15.000 millones de euros que se vio obligado a aplicar después en el 2010. Y en plena crisis, implantó el plan E, un despilfarro de 12.000 millones en obras inútiles que no creó empleo.

Pues bien, precisamente ahora, cuando la desaceleración económica es admitida por el propio Gobierno, Sánchez presenta unos Presupuestos que aumentan el gasto público e incumplen la senda de déficit incluso anotando una cifra de ingresos fiscales que nadie se cree. Sánchez plantea un objetivo del 1,8 % para el que no tiene mayoría en las Cortes, aunque Bruselas se lo apruebe, y el mayor incremento del salario mínimo en 40 años, que supera incluso el que ya habían pactado los propios sindicatos -y con condiciones-, para el año 2020.

Plantear con vistas a las próximas elecciones medidas populistas que ponen en riesgo la recuperación es una irresponsabilidad. Pero, con todo, lo más grave es que, gracias a Sánchez, la aprobación de estos Presupuestos que afectarán a la vida de todos los españoles depende ahora de lo que decida -y de lo que pida a cambio- un señor que se llama Puigdemont, prófugo de la Justicia, que odia a España y al que el Gobierno implora apoyo a sus cuentas de forma vergonzante. En este caso, primero fue la farsa y luego la tragedia.

La economía y el rumbo de España, en manos de radicales y separatistas
EDITORIAL esdiario 16 Octubre 2018

Sánchez, los españoles no han votado que la política dependa de Iglesias y Puigdemont

Es inadmisible que un presidente sin respaldo de las urnas ni ganas de consultarlas entregue la política económica a partidos que miraban a Venezuela y a otros que quieren irse de España.

Si España tiene presupuestos en 2019, será por el visto bueno que les darán los partidos que, paradójicamente, quieren sacar a Cataluña de España. Y a continuación de ser aprobados, como parece probable, se aplicarán según el criterio de un partido que aplaudía la política económica de Venezuela o Grecia y, literalmente, aspira a "romper la Monarquía, el centralismo y el bipartidismo" para volver a la República de 1931.

No se puede seguir normalizando que un presidente sin votos entregue el país a Iglesias y Puigdemont como si nada

La descripción parece melodramática, pero es absolutamente cierta y se corresponde de manera objetiva con la realidad: España tiene un presidente no elegido por las urnas y va a padecer la política de unos socios que, a cambio de auparle y mantenerle, imponen sus criterios. Caprichosos en el mejor de los casos, irresponsables y suicidas en el más habitual. Y siempre contrarios al país.
Así es el plan de Podemos: "Romper la Monarquía, el centralismo y el bipartidismo"

Conviene decirlo, pues no se puede ni se debe normalizar un ataque tan contumaz a la esencia de un país democrático, como no se puede tolerar que Pedro Sánchez esté dispuesto a todo con tal de mantenerse en un cargo que necesita, inexcusablemente, el plácet de las urnas.

Vox y el extraño fenómeno
Pedro de Hoyos Periodista Digital 16 Octubre 2018

Perdóneme el lector mi manifiesto derrotista. Somos lo que quieren, pensamos lo que quieren y votamos lo que quieren. No me hable usted de la libertad aunque sea votante de Podemos o de Vox. No somos libres.

El extraño caso de Vox se manifiesta en cualquier televisión a cualquier hora: un partido sin diputados, casi sin concejales, salvo alguno que ha abandonado el PP, es noticia en todas las televisiones. De pronto, sin más ni más. Nos lo quieren vender como sea, con un objetivo definido, sea el que sea. Sí, exactamente lo mismo fue el caso de Podemos. Surgen de pronto, casi de la nada, casi sin infraestructura. Buscan a los desencantados de un sistema perpetrado para acogernos a todos. A casi todos.

Vox cierra el círculo perfecto que se inició el onceeme. El 11 M. Y nos promete la redención y conquistar el cielo, el palacio de invierno y el de verano. Y nos lo creemos y nos entusiasmamos. Pero entre todas sus voluntariosas promesas hay proposiciones inalcanzables. Nunca, nadie, por procedimientos democráticos va a suprimir las autonomías. Ni a prohibir los partidos independentistas. No hay bemoles de proscribir al cincuenta por cien de los habitantes del País Vasco o de Cataluña, no se puede prohibir al cincuenta por cien de la población. Pero nos lo creemos, nos entusiasmamos y queremos asaltar todos los palacios imperiales que se nos pongan por delante. Aunque, como es el caso, conquistarlos suponga la debacle final de una nación.

Hay mucho que regular, que cambiar, que arreglar, modificar y solucionar en el espinoso tema de las autonomías. Pero nada de ello pasa por suprimirlas. Por mucho que enardezca a los votantes de Vox.

Y no, no somos libres, nos dicen lo que tenemos que pensar, decir y votar. ¿Por qué en todas las televisiones, incluidas las supuestamente conservadoras se habla de Vox como partido de extrema derecha pero nunca, nunca, nunca se ha hablado de Podemos como de extrema izquierda? ¿Qué misterio se oculta detrás? ¿Resulta atractivo o rechazable para los espectadores que se hable de la extrema derecha? ¿Un partido que apoyó la causa funesta, innoble y antidemocrática del Chavismo no es de extrema izquierda? ¿Por qué no se repite la muletilla de la misma manera habitual que con Vox? ¿Por qué tanto periodista demócrata sonríe hasta las arcadas con Pablo Iglesias y pone cara de perro ante Abascal?

Vox es un futuro ilusionante para muchos, es un contrapeso al extremo izquierdo de nuestra sociedad. Vox puede ser parte del futuro, pero no es el futuro. No con demagogia, no con propuestas inalcanzables. Aunque haya miles de españoles dispuestos a votarles, especialmente en las próximas elecciones europeas, donde votar, aunque sea votar disparates, sale gratis.

Cuando partidos como Vox o Podemos llegan al Parlamento, no digamos ya al poder, es que los demás partidos no han sido útiles al pueblo, no han servido a los trabajadores, no han ayudado a la nación. Y como no han cumplido sus objetivos hay que ofrecer al votante nuevas opciones.

Nunca nadie gana unas elecciones, las pierde el otro. El que estaba en el poder.

Pulso de tahures y rufianes.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 16 Octubre 2018

EL PSC PIDE QUE SE RENUNCIE A LA UNILATERALIDAD PARA APOYAR LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALIDAD. ERC PIDE LA ABSOLUCIÓN DE LOS PRESOS DEL GOLPE DE ESTADO PARA APROBAR LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.

El PSC se ha convertido en el contrapeso que usa Pedro Sánchez para equilibrar el chantaje lanzado por los golpistas catalanes como contraprestación al apoyo de los PGE del 2019. ERC a través de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, ha lanzado un ultimátum a Pedro Sánchez exigiendo que el Gobierno de España inste a la Fiscalía que retire las acusaciones contra los enjuiciados por el golpe de Estado del 27 de octubre del 2017 y que “no negociaremos nada sin la liberación de los presos”. En respuesta, el PSC ha pedido a los partidos golpistas de ERC y JxCAT que renuncien a la unilateralidad para apoyar los presupuestos de la Generalidad. Estamos pues ante un pulso entre rufianes que persiguen similares objetivos: los golpistas garantizarse la legislatura tras haber quedado en minoría parlamentaria tras la actitud de Carles Puigdemont de no renunciar a su Acta de Diputado ni delegar el voto. Los socialistas, para garantizarse lo que queda de legislatura y mantenerse en el poder para imponer su programa de gobierno.

Y aquí tenemos al melifluo, histriónico y bailongo Miquel Iceta, actuando de mamporrero de Pedro Sánchez y desempeñando un papel de partido bisagra dispuesto a negociar con los golpistas rompiendo ese teórico frente constitucionalista formado con el PP y CIUDADANOS. Y no es la primera vez. Porque si por algo se caracteriza este PSC es por llevar años instalado en la ambigüedad y en una especie de lucha interna entre una parte independentista y la otra federalista, que no constitucionalista. La independencia le produce vértigo, aunque se siente atraído por esos cantos de sirena de identificarse como fuerza progresista de ese pueblo catalán liberado del yugo de España. Pero, por otra parte, no le desagrada la opción de ser una pieza clave dentro del nuevo sistema federal de naciones de España, con casi plena autonomía y en un plano de relevancia en las relaciones de bilateralidad con el Estado. Un pragmatismo que tiene en cuenta lo de la unión hace la fuerza y garantizarse no perder las ventajas con la UE ni el mercado cautivo del que goza en la actualidad.

Estamos en un pulso entre chantajistas tahúres y rufianes en el que se trata de conseguir lo máximo a sabiendas de que debe imponerse el pragmatismo y evitar a toda costa las elecciones generales y autonómicas que no les conviene a ninguna de las partes amenazantes. Para Pedro Sánchez es una cuestión de supervivencia política, ya que la alternativa a no aprobar estos PGE es: o convocar elecciones generales, o prorrogar los PGE del 2018. En el primer caso, a pesar de lo que digan las encuestas super cocinadas y optimistas, siempre es una apuesta arriesgada donde Pedro Sánchez, aunque consiga que el PSOE sea la opción más votada, no podría evitar un Gobierno de coalición entre PP Y CIUDADANOS con otros apoyos como el del mercenario PNV, siempre dispuesto a apostar por caballo ganador. En el segundo caso, su socio preferente PODEMOS, podría sentirse engañado y pasar a la oposición selectiva si Pedro Sánchez opta finamente por gobernar vía Decreto Ley.

Así que aprobar los nuevos PGE se ha convertido en cuestión vital y eso nos lleva a que Pedro Sánchez terminará por traicionar a los españoles cediendo a las exigencias y pactará con los golpistas actuar y presionar en todos estos meses previos al inicio del juicio oral y, sobre todo, durante el desarrollo del mismo. La estrategia es simple, forzar voces dentro de la Fiscalía y de los juristas progres que apelen a la rebaja de las calificaciones por no compartir la de rebelión y si acaso la de conspiración para la sedición. Y todo ello cun una amplia difusión mediática en actos de campaña y de partido, foros de debate, tertulias de TV, etc. Ya ha habido pasos en ese sentido y personajes como Felipe González han declarado que no aprecia el delito de rebelión, dando la razón a lo que han sentenciado jueces como en Alemania y Bélgica ante las peticiones de extradición del Tribunal Supremo de algunos de los fugados. Y por otro lado otros desde el mismo Gobierno de Pedro Sánchez que han llegado a mencionar el tema de un futuro posible indulto. Nadie puede dudar de la predisposición de este PSOE a mantener un perfil bajo con los golpistas y dar carpetazo a este embarazoso asunto.

Desde el principio, ni el PP de Mariano Rajoy ni el PSOE de Pedro Sánchez han estado cómodos con su papel obligado de defensores de una legalidad constitucional con graves lagunas y deficiencias congénitas y que nació en un momento de inmensas tensiones involucionistas tras una larga dictadura. Una deformidad que no ha sido corregida por ninguno de esos dos partidos durante los más de cuarenta años de alternancia en el Gobierno de España donde han gozado de mayorías parlamentarias suficientes para acometer las reformas necesarias. Y eso se notó a la hora de afrontar el desafío del nacionalismo catalán al proclamar de forma unilateral y solemne la independencia de la nueva República de Cataluña en una vergonzosa e infame sesión del Parlamento autonómico, convertido en Cámara de golpistas. Las medidas de intervención finalmente aprobadas por el Senado, fueron lo suficientemente contenidas e improvisadas, además de irresponsables, como para hacerlas ineficaces y no conseguir el propósito que se perseguía de la vuelta a la legalidad y la normalidad institucional. Al contrario, lo que se consiguió fue la revalidación del independentismo en las nuevas elecciones autonómicas convocadas de forma exprés al obtener mayoría parlamentaria.

Creo que finalmente Pedro Sánchez conseguirá su objetivo y este PSOE nos volverá a llevar a un indeseable enfrentamiento social y un clima de crispación consecuente con la cesión al chantaje de los golpistas y de los enemigos de España. Este constituido nuevo Frente Popular, no legitimado por las urnas, está sembrando la discordia en una reedición de aquel otro que trajo como consecuencia la rebelión militar y la instauración de una dictadura. Pedro Sánchez ha elegido anteponer su ambición personal y su sectarismo sobre el interés general de España y de los españoles y se ha echado en brazos de los enemigos de España. El PSOE se va a convertir de nuevo en cómplice de una traición a España y será responsable de las consecuencias. Porque que no duden de que hay una amplia mayoría de españoles que no van a consentir que se consuma esta traición.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!
¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

Woody Allen se cuela (por sorpresa) en el Consejo de Ministros
Inflar los ingresos es un viejo truco de todos los ministros de Hacienda. El Gobierno ha hecho lo propio y calcula ingresos con una precisión de cirujano pese a su complejidad
Carlos Sánchez elconfidencial 16 Octubre 2018

Era Woody Allen quien sostenía que los problemas económicos eran los más fáciles de resolver. Al fin y al cabo, decía con sorna el neoyorquino, se solucionan solo con dinero. Es probable que María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, y con ella el Gobierno entero, haya caído en el mismo razonamiento.

Tan es así que han diseñado unas estimaciones de ingresos que necesariamente hay que entender a la luz de la hermenéutica. Ya se sabe, aquella disciplina en la que los estudiosos intentan descifrar los escritos más antiguos, en particular los textos bíblicos. Y en verdad, solo desde la metafísica, que estudia la naturaleza última de las cosas, y casi desde la fe, se puede llegar a calcular cuánto podrá ingresar Hacienda por rebajar a 1.000 euros los pagos en efectivo que podrán hacer empresarios y profesionales en el seno de su actividad mercantil.

Si algo saben los economistas, sean de derechas o de izquierdas, es que medir la economía sumergida es algo más que difícil, como bien sabe el austríaco Friedrich G. Schneider, que lleva toda su vida laboral estudiando las bolsas de dinero negro en todo el mundo, siempre con resultados inciertos. Pues bien, según el pacto firmado entre Sánchez e Iglesias, la limitación de los pagos en efectivo aumentará la recaudación en 218 millones de euros, un cifra que, por cierto, no aparecía en el cuadro publicado por Nacho Álvarez, el responsable económico de Podemos, cuando se firmó el acuerdo. Probablemente, por su inconsistencia.

Más sorprendente, si cabe, es estimar cuánto puede recaudar Hacienda por añadir a los responsables solidarios de las empresas (los administradores) a la lista de morosos que cada año publica la Agencia Tributaria, reduciendo, al mismo tiempo, el importe para ser incluido en la famosa lista (del millón de euros actual a 600.000 euros). Pues bien, según el Gobierno, se espera una recaudación adicional de 110 millones de euros, lo cual es verdaderamente singular teniendo en cuenta que la lista se publica solo a efectos informativos. Y aunque es verdad que un número indeterminado de administradores pueden tener la tentación de saldar sus deudas, la precisión de la cifra sorprende. ¿Por qué no 50 o 200 millones de euros?

No es menos llamativo que el Gobierno haya incluido entre los ingresos adicionales otros 500 millones que procederán de lo que denomina "medidas internacionales de lucha contra el fraude". La cifra no es solo muy significativa, sino que sorprende teniendo en cuenta que se trata de medidas legislativas, incluida la transposición de directivas comunitarias o normas antielusión de la OCDE, cuya aprobación exige un largo camino de tramitación parlamentaria. Y el Gobierno (156 diputados con Unidos Podemos) ha estimado esos 500 millones de euros para el conjunto del ejercicio.

Deducciones y bonificaciones
El Gobierno, igualmente, ha estimado que con el incremento del 1% en el impuesto sobre el patrimonio (no habla de un punto porcentual) a los patrimonios superiores a 10 millones de euros, recaudará 339 millones de euros adicionales. No será fácil, teniendo en cuenta que este tributo ha sido cedido hace muchos años a las comunidades autónomas, y la mayoría no tiene intención de realizar la subida. En todo caso, esa cifra supone alrededor de una cuarta parte de la recaudación total del impuesto (algo más de 1.200 millones de euros), lo que no parece coherente con un incremento que se limita al 1%. Ese dinero, en todo caso, nunca iría a las arcas de la Administración central, sino a los gobiernos regionales.

La ley, como se sabe, establece que las deducciones y bonificaciones autonómicas “se aplicarán con posterioridad a las reguladas por la normativa del Estado”. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de aplicar la subida pactada entre Sánchez e Iglesias. Lógicamente, salvo que cambiara la norma, lo cual es complejo debido a que la ley que lo regula tiene carácter de orgánica, lo que exige mayoría absoluta. Y no está claro que nacionalistas vascos y catalanes estén por la labor.

No es menos sorprendente, si cabe, que inicialmente se hubiera estimado una recaudación adicional equivalente a 800 millones de euros por la subida de los tramos más elevados en el IRPF, y así aparece reflejado en el documento de Podemos. Por arte de birlibirloque, sin embargo, esa cifra se ha quedado en 328 millones. Es decir, una sustancial diferencia.

El sesgo a favor de los altos ingresos no acaba ahí. Como ha dicho la patronal CEOE, los 1.200 millones de euros estimados como recaudación por el impuesto a las empresas tecnológicas “parecen excesivos”, toda vez que las estimaciones de recaudación del Gobierno anterior, sobre una propuesta de impuesto muy similar, ascendían a 600 millones. Ahora, por el contrario, se estima que se ingresará el doble pese a que es improbable (por no decir imposible) que este tributo, que exige una ley singular, ya que no se puede crear a través de la Ley de Presupuestos, entre en vigor el 1 de enero. Y los impuestos, por definición, no pueden tener carácter retroactivo, como ha señalado el Tribunal Constitucional en varias sentencias.

La ministra Montero, en todo caso, no ha inventado nada. Inflar la recaudación es un viejo truco de los habitantes del Ministerio de Hacienda para cuadrar los Presupuestos. En particular, incrementando los ingresos por cotizaciones sociales mucho más de lo razonable, y en lo que los anteriores inquilinos de la Real Casa de Aduana eran unos virtuosos. Hasta el punto de que el anterior Gobierno tuvo que renegociar en al menos tres ocasiones los objetivos de déficit. En todos los casos, por el mismo motivo: el papel lo aguantó todo a la hora de hablar de ingresos.

¿Quién ha votado a Podemos?
Los españoles no han votado la política económica de Podemos, que es la que se va a aplicar; como no han votado tampoco que Puigdemont, Junqueras o Urkullu decidan nada que afecte al conjunto de los ciudadanos a cambio de unas dádivas que o no se conocen o son inaceptables pero, en todo caso, no nacen de la autoridad de un presidente apoyado por votos ni de las necesidades de España, sino de las suyas.

Pervertir así la naturaleza parlamentaria de nuestro sistema democrático es inadmisible, por mucho que se apele a ella para tratar de justificar lo que es un mero cambalache entre intereses gremiales que no tienen en cuenta los generales y no se atreven, además, a consultarlos convocando unas Elecciones.

Urge una respuesta
No es baladí que nadie, en ninguna democracia madura, busque mayorías parlamentarias sin tenerlas antes en las urnas; y alterar esa premisa denota una falta de escrúpulos impropia de un presidente de España. La dimensión del desafío es tal, y las consecuencias negativas de tanto calado, que tal vez haya llegado el momento de que el PP y Ciudadanos, por citar los dos únicos partidos críticos con este desastre, suban un peldaño en su queja.

La ilegitimidad de todo lo que hace Sánchez y la catadura de sus socios no pone en peligro los intereses coyunturales de una familia ideológica, por amplia que sea, sino los cimientos estructurales de España. Y eso requiere, sin la menor duda, otro discurso y otra actitud de los pocos que se resisten a ver semejante hecatombe sin hacer nada.

No es la economía
Ignacio Camacho ABC 16 Octubre 2018

Si el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias fuese una mera cuestión de política presupuestaria, su criticado carácter expansivo formaría parte de la lógica de la alternancia. Es un axioma clásico del sistema turnista que la derecha ahorra y la izquierda gasta, que los socialistas suben los impuestos y los liberales (salvo que sea ministro Montoro) los bajan, o que se sucedan gabinetes que cuadran el déficit y otros que lo disparan. Todo eso es relativamente normal en los países de estabilidad asentada donde los relevos en el poder son un síntoma de salud democrática y sus correspondientes cambios de prioridades se producen sin grandes quiebras de confianza. El problema es que esta alianza se extiende a proyectos que superan de largo la materia económica rutinaria para convertirse en una suerte de contrato-programa, un pacto ideológico con pretensiones de sustituir las bases de la cohabitación política por un statu quo de hegemonía sectaria.

De hecho, ninguno de los dos partidos firmantes tiene seguridad -ni puede tenerla en este momento- de que salga adelante el teórico objetivo común del presupuesto. Lo que les importa es la voluntad de constituir un bloque de largo aliento al que pretenden incorporar al nacionalismo en pleno. Un esquema frentepopulista que recuerda al de Zapatero con la diferencia de que el liderazgo de éste tenía mucho más peso, toda vez que el PSOE ocupaba con comodidad un espacio que ahora le disputa Podemos. Pero al igual que entonces, se trata de establecer en torno al centro-derecha un perímetro de aislamiento que lo estigmatice ante la sociedad como una rémora del progreso. La novedad esencial consiste en que los socios del Gobierno mantienen contra la Constitución una posición de antagonismo abierto. Y que, por primera vez desde la refundación de la democracia, el socialismo se alinea de modo expreso junto a los enemigos declarados del sistema, de la Corona y/o del modelo de nación única y soberana en el marco europeo.

Es un error, por tanto, enfocar la crítica del compromiso presupuestario desde la discrepancia contable o desde sus posibles efectos indeseados sobre una desaceleración que hasta para el Ministerio de Economía ofrece ya indicios claros. La subida fiscal o el incremento del gasto son medidas opinables que al fin y al cabo todo Ejecutivo tiene margen para gestionar según su ideario. El asunto esencial que está en juego es político y tiene que ver incluso con la forma y la naturaleza del Estado, sometido a la presión simultánea de fuerzas que lo quieren romper o tomar al asalto. Es éste el aspecto que la oposición parece no haber contemplado: el de la debilidad estructural de un régimen asediado cuya cúpula de poder actúa como caballo de Troya de sus adversarios. Si la coalición en ciernes cuaja a medio plazo, lo de menos va a ser que el déficit quede unas décimas arriba o abajo.

Gobernar para ir gobernando
Ana I. Sánchez ABC 16 Octubre 2018

En los días previos a la moción de censura, José Luis Ábalos y Santos Cerdán citaron a los portavoces de la oposición en un hotel cercano al antiguo estadio Vicente Calderón para negociar el desahucio de Rajoy. El hoy ministro de Fomento explicaba, con cara de funeral, que el PSOE había planteado la moción porque tras la sentencia del caso Gürtel no se entendería que no lo hiciera y preguntaba a sus interlocutores qué querían a cambio de su apoyo. Cuando estos le preguntaban cuál era el objetivo del nuevo Ejecutivo, él contestaba lacónicamente «gobernar para ir gobernando». Sin más meta. Sin ningún proyecto. Es la máxima más hueca con la que ningún partido ha llegado a La Moncloa.

Desde aquel día, ese «gobernar para ir gobernando» guía los pasos del nuevo Ejecutivo. Desde la exhumación de Franco sin consenso hasta el acogimiento del Aquarius a bombo y platillo. Medidas cortoplacistas solo para consolidarse en las próximas elecciones y seguir gobernando. La última, los nuevos Presupuestos. Una lluvia de millones que no se dirige a atajar el grave problema que sobrevuela nuestro país: el riesgo de desaparecer como pueblo. Y no por la crisis catalana, sino por el déficit de natalidad. El mismo día que Sánchez e Iglesias firmaban el acuerdo para las nuevas cuentas, el INE publicó un dato estremecedor: España perderá casi el 7% de su población nativa durante los próximos 15 años. Con esa progresión, el 43 % de la población será extranjera en tan solo 50 años. Un dato que, de paso, vuelve aún más absurda la lucha del independentismo: en una generación la mayoría que vivirá en Cataluña no será ni española, ni catalana. Será inmigrante.

En esa máxima de «gobernar para ir gobernando» no entra, por supuesto, ningún análisis sobre cómo atajar lo que Alejandro Macarrón, autor de libros como «El suicidio demográfico de España» califica de «emergencia nacional». Sánchez e Iglesias han intentado dar el pego con medidas efectistas que no buscan resolver el problema sino más votantes. La primera, la subida a capón del salario mínimo. Una decisión cuyos efectos serán inciertos si llega a aprobarse. Incluso Julio Anguita sospecha que muchas empresas intentarán eludir una alza tan fuerte rebajando las horas de trabajo en los contratos e imponiendo horas extra impagadas. La equiparación de los permisos de paternidad y maternidad -segundo reclamo- es un gran avance para la corresponsabilidad, pero no tiene efectos sobre la natalidad. En EE.UU. no existe la baja remunerada por hijo y la tasa de nacimientos es mayor (1,84) que en España (1,31). Y por si no había quedado clara la indiferencia que despierta este grave problema al dúo Sánchez e Iglesias, cuando pueden bajar el IVA a una gama de productos eligen la higiene femenina en lugar de los pañales. Qué lejos queda el famoso proverbio que ha guiado durante años a China: «La generación anterior planta árboles y la posterior se cobija a su sombra». Hoy en España, solo se gobierna para ir gobernando.

Putiferio
Bajo el escándalo de las tarjetas está el sistema clientelar que ha degradado la autonomía a un marasmo de corruptelas
Ignacio Camacho ABC 16 Octubre 2018

Se llama clientelismo a una estructura de poder basada en la construcción de redes –institucionales, políticas, sociales– de dependencia. Famosa desde el caciquismo de la Restauración, el vigente modelo autonómico la ha reproducido a su manera, utilizando el Estado de bienestar como mecanismo de reparto discrecional de recursos y prebendas. En Andalucía, la larga hegemonía socialista ha creado un denso tejido de intereses que eleva al grado máximo ese sistema, permeabilizando desde la Administración a los sindicatos, las empresas, las universidades, los estamentos de la sociedad civil y hasta las cofradías o las peñas flamencas, beneficiarios todos, en mayor o medida, de las transferencias directas de renta. En cierto modo ha procurado una relativa estabilidad entre las clases bajas y medias, pero también ha condenado a la región a un estancamiento productivo y a un bajo índice de desarrollo y de riqueza. Y sobre todo ha degradado la política a un marasmo de venalidades, enchufes y corruptelas que afloran en vergonzosas secuencias como las de los ERE, los fondos de formación o la reciente de las tarjetas que sufragaban noches de puticlubs y otras juergas.

Treinta mil euros gastados en locales de alterne son una bicoca para la oposición en plena campaña, pero el caso de la fundación Faffe representa mucho más que eso. Se trata de otro entramado encubierto -uno más- del método extractivo con que el régimen andaluz ha esquilmado el presupuesto. Contratos irregulares o fraudulentos, amiguismo partidista, falsos funcionarios y subvenciones fantasmas con cargo –como los ERE– a las inmensas partidas de fomento del empleo. Una hipertrofiada carcasa administrativa, inútil en su funcionamiento, para camuflar el tráfico de favores y el reclutamiento de personal afecto. Un artefacto de poder paralelo que, como tantos más, habría pasado inadvertido sin el detalle escabroso del putiferio.

De los 36 años que el PSOE lleva gobernando en Andalucía, Susana Díaz sólo ha sido presidenta en los últimos cinco. Eso la exime de responsabilidades directas en los asuntos bajo escrutinio, ocurridos durante las etapas de Chaves y Griñán, pero no del usufructo tardío del lucro político que han proporcionado a su partido. En las elecciones de diciembre no se juzga tanto la gestión del susanismo como la continuidad de una supremacía que lleva algún tiempo ofreciendo síntomas de falta de oxígeno. El secreto principal, aunque no el único, de esa longevidad consiste en la derrama subterfugial de beneficios muchas veces pequeños en su cuantía pero persistentes y fluidos. Los otros factores claves de este anómalo monocultivo son la resignación social y la reiterada incomparecencia de una oposición incapaz de romper el círculo vicioso de la falta de estímulos. Y un escándalo cada víspera electoral tal vez sea poca herramienta para sacudir tanto conformismo.

Ussía hunde a los votantes de Sánchez recordándole lo que quiere olvidar de Vox
ESdiario 16 Octubre 2018

Mucho se está hablando del daño que puede hacer el ascenso del partido de Santiago Abascal a los intereses electorales de Pablo Casado y el PP. El periodista ha puesto el dedo en la llaga.

La irrupción de Vox en el panorama con el aumento en intención de voto del partido de Santiago Abascal ha causado un verdadero terremoto político al que este martes se sumó Alfonso Ussía desde su columna de La Razón.

Según Ussía, el PP "tiene un muy alto suelo de votos" y la culpa de que se derrumbara el techo no la tiene Vox y sus expectativas electorales.

A su juicio, "Vox es la consecuencia de una desesperanza crecida dentro del PP, y ahora lo presentan como extrema derecha" pero "es mentira. Vox representa al sector más conservador y menos acomplejado de la derecha española, y tiene sitio en el PP, como el liberalismo puro, el impuro, la democracia cristiana y demás tendencias del conservadurismo en España".

Vamos, que "Vox no es enemigo ni adversario del PP, y el PP no está autorizado moralmente para serlo de Vox. Resulta incomprensible que Abascal y Ortega Lara se dieran de baja del PP y establecieran fuera de su ámbito un nuevo partido, que ha crecido por su actividad decidida, y ha sido despreciado hasta que ha demostrado su inesperada fuerza".

Pero Ussía tranquiliza a Pablo Casado: "Son 800.000 votos que el PP, todavía, puede recuperar si Casado se deja influir por el sentido común. Un partido como el PP, en las condiciones por las que transcurre España, tiene que recuperar a sus antiguos militantes para impedir la victoria de los comunistas, los separatistas, los bolivarianos y los terroristas, socios de un socialismo enloquecido por un dirigente ambicioso, okupa, necio y desalmado", se refiere muy duro a Pedro Sánchez.

Dice Ussía que "Casado sabe que Vox encaja perfectamente en el ala más conservadora del PP, pero teme que se convierta en un Pepito Grillo de su conciencia. Sería bueno que supiera arriesgarse. El gran defecto del PP ha sido la renuncia a superar su incomprensible complejo de inferioridad democrática, como si la ultraizquierda que hoy se ha instalado en el poder pudiera dar lecciones de democracia y Derechos Humanos. Son receptores de dinero proveniente de dictaduras asesinas, y socios de los que asesinaron al padre de Santiago Abascal y mantuvieron enterrado en un agujero inmundo más de 550 días a José Antonio Ortega Lara. Que esa es la calaña de los que apoyan a Sánchez".

Porque, recalca, "Vox no habla con asesinos. Los ha sufrido".

La Fundación Franco hará una manifestación en la Plaza de Oriente el día que se lleve el cuerpo a La Almudena
Carlos Cuesta okdiario 16 Octubre 2018

Pedro Sánchez lleva camino de convertir la prometida exhumación de los resto de Franco en todo un acto de aclamación al dictador. El presidente del Gobierno aseguró que sacaría sus restos mortales del Valle de los Caídos antes del verano. Y sin haberlo conseguido en todo este tiempo, ya cuenta con la oposición de la familia; con el aviso de una querella por profanación; con la advertencia de que –si lo hace– tendrá que ser para constituir la tumba del dictador en pleno centro de Madrid y en la catedral de La Almudena; y, a partir de este martes, con el mensaje de que, cuando traslade los restos, se encontrará con una manifestación de apoyo a Francisco Franco que acabará en los jardines de la Plaza de Oriente con pantallas de vídeo gigantes y hasta imágenes del Nodo.

La organización correrá a cargo de la Fundación Francisco Franco. Y el objetivo será aprovechar los honores militares que, según la ley, debe recibir el dictador en su traslado, para organizar todo el acto de apoyo.

Ese acto se congregará en la Plaza de Oriente, uno de los tradicionales puntos de aclamación del pueblo español a Franco durante la etapa de la dictadura. Allí se instalarán pantallas de vídeo gigantes. Y en esas pantallas se recordarán momentos de la vida de Franco, incluidas imágenes del Nodo con los momentos que ensalzaban la figura del entonces jefe de Estado español.

Es más, si los restos mortales de Franco son trasladados de alguna manera protocolaria, la movilización de la Fundación no descarta en absoluto buscar la forma de acompañar el cuerpo.

Todo un homenaje
El resultado será todo un homenaje. Y ya no en el Valle de los Caídos junto a El Escorial. No: será en pleno centro de Madrid y a tiro de metro y autobús de cualquier persona.

Dicho de otro modo, que si lo que buscaba Sánchez era quitar “un mausoleo” en honor a un dictador, va a conseguir justo lo contrario. Con manifestación, pantallas y el Nodo incluidos.

Por el momento, los propios familiares del dictador ya han trasladado un anticipo de lo que se puede acabar generando. Lo han hecho dentro de su escrito de alegaciones al Ministerio de Justicia para intentar frenar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Y en ese documento, la familia Franco pide que el dictador reciba “cristiana sepultura en la Cripta de la Catedral de La Almudena de Madrid” y piden que esa sepultura se lleve a cabo con honores militares.

La decisión de la familia Franco de enterrar los restos del militar en la catedral madrileña cuenta con el visto bueno del arzobispo de Madrid que este lunes declaró que “la Iglesia no excluye a nadie”.

Los Franco consideran que su antepasado merece ser enterrado con honores militares amparados en el Real Decreto 684/2010, en el que se contempla que, “en representación de la Nación y en nombre de los poderes del Estado, las Fuerzas Armadas rinden honores militares como homenaje y manifestación de respeto a la Bandera de España, al Rey y a determinadas personalidades, autoridades y mandos militares”, tal y como adelantó OKDIARIO.

Según el decreto que menciona la familia, los honores que recibiría Franco son los que se conceden a la familia real, al presidente del Gobierno, al ministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor de la Defensa, al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y a oficiales generales. De todos modos, en dicho texto se recoge también que “la Presidencia del Gobierno o el Ministerio de Defensa serán los responsables de la organización y concreción de los actos de honras fúnebres que se celebren, con la participación de la Casa de Su Majestad el Rey cuando proceda”. A partir de hoy el Gobierno ya sabe que, además, se puede encontrar con un acto de respaldo al dictador en las calles más céntricas de Madrid.

Peor el remedio que la enfermedad
OKDIARIO 16 Octubre 2018

La situación política en España está para que la retrate un nuevo Luis García Berlanga. Dislate y desconcierto se dan la mano para sumirnos en un contexto que roza lo esperpéntico. Pedro Sánchez ha demostrado tal obsesión por utilizar el traslado de la momia de Francisco Franco con el objetivo de tapar sus numerosas vergüenzas gestoras que, al final, lo único que va a conseguir es movilizar a los numerosos seguidores que aún tiene el dictador. La Plaza de Oriente —en pleno corazón de Madrid, junto al Senado y al Palacio Real— volverá a llenarse de personas dispuestas a loar y homenajear la figura del militar gallego. Hasta ahora, Franco sólo recibía la visita de un número limitado de personas al Valle de los Caídos, un lugar con tintes casposos que por obra y gracia del actual presidente del Gobierno, encima, ha aumentado el número de visitantes. Gracias a Pedro Sánchez y su voluntad de utilizar su exhumación como cortina de humo, habrá miles de personas esperando delante del Palacio de Oriente.

Sánchez conseguirá retrotraernos a la España del blanco y negro y el NODO. La situación recordará a lo ocurrido en plena dictadura, cuando el Régimen protestó por la decisión de retirar a los embajadores acreditados en España. Corría el año 1946. Después, vivieron otras concentraciones masivas que, por momentos, llegaron a superar el millón de personas. Por ejemplo, cuando el régimen organizó una concentración de adhesión en 1970. Un año después, hubo un homenaje por sus 35 años como jefe de Estado. La última vez que Franco estuvo vivo en ese lugar fue 1975 con motivo de una manifestación “contra el comunismo el terrorismo y las injerencias extranjeras”.

Franco estuvo en la Plaza de Oriente en una última ocasión: durante su funeral, el 23 de noviembre de 1975. Lugar al que lo devolverá Pedro Sánchez, ya que como antiguo jefe de Estado —guste o no— tendrá que volver a ser enterrado con honores tal y como establece la ley. Allí estarán esperando los miembros de la Fundación Franco y una manifestación que se verá apoyada por pantallas gigantes con imágenes del NODO. Ése es el logro de Sánchez: de nuevo, y para estupor de la comunidad internacional, Francisco Franco volverá a ser aclamado en la Plaza de Oriente donde su Régimen ya consiguiera reunir varias veces a más de un millón de personas en una época y en una España que ya parecían olvidadas. El remedio es mucho más cómico que la enfermedad.

Radio Televisión Española
TVE se disculpa con Falange tras descalificarla durante la emisión de un programa de OT
María Jamardo okdiario 16 Octubre 2018

El Defensor de la Audiencia de RTVE, Angel Nodal, ha remitido un mail a los responsables de Falange Española de las JONS para pedir disculpas a la formación, tras las descalificaciones vertidas sobre ésta durante la emisión de un programa de Operación Triunfo. En ellas, un alumno y la Directora de la Academia, Noemí Galera, reconocieron “cagarse” en Falange.

En la comunicación enviada desde la televisión pública -por el responsable institucional de los espectadores en nombre de la Directora de Magazines y en el suyo propio- a FE de las Jons, el canal afirma lamentar “muchísimo el comentario tan desafortunado” vertido, en horario de máxima audiencia, por uno de los alumnos y “mucho más el que hizo la Directora de la Academia de OT”.

Reconoce que es “de todas intolerable” y añade que en TVE “estamos en contra de este tipo de comentarios”. Por lo que insisten en trasladar “nuestras más sinceras disculpas” y se comprometen a tomar “las medidas oportunas para que este tipo de acciones no se vuelva a producir”, añaden.

El presidente de FE de las JONS, Norberto Pico, remitió la pasada semana una comunicación a los directivos de la cadena pública a través del buzón de atención al espectador, en el que solicitaba a TVE una rectificación inmediata sobre las opiniones despectivas dirigidas contra ellos, durante la emisión del programa:

Noemí Galera, Directora de la Academia de Operación Triunfo 2018, se refería a la formación política, al hilo de un comentario previamente vertido por uno de sus alumnos -durante una reunión en la que se hablaba de respeto– asegurando que se había “cagado en Falange”.

La directora del programa se dirigió al alumno que había iniciado la reflexión, para preguntarle, tal como se desprende de la secuencia: “¿Te refieres a la Falange Española?”. “Sí, y de las JONS”, confirmó el triunfito. “Bueno, ahí también me cago yo. Y si no, que vengan“, sentenció Galera.

El hecho provocó la reacción inmediata de algunos de los integrantes de FE de las JONS, quienes criticaron que con dinero público de todos los españoles se permitiese insultar “a un partido legal”. La reflexión, colgada en su cuenta oficial de tuiter, iba acompañada del vídeo íntegro de la escena:

Falange Española de las JONS valora positivamente la reacción de TVE, aunque considera que debería haberse producido en un formato de difusión equivalente al del insulto, en horario de máxima audiencia y no a través de un mail que agradecen, pero consideran insuficiente.

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Una acusación genérica de rebelión
 larazon  16 Octubre 2018

La estrategia emprendida por los dirigentes de la Generalitat de presionar de manera directa al Ministerio Público para que «suavice» sus acusaciones sobre los dirigentes independentistas es temeraria. Pretender que a través del Gobierno la Fiscalía retire el delito de rebelión impulsado por el fallecido José Manuel Maza es desconocer el funcionamiento de este órgano y, en definitiva, de la separación de poderes. Pudo comprobarse en los incidentes del día 20 y 21 de septiembre del año pasado ante la Consejería de Economía de la Generalitat, motivo ahora de querella: ante un mandato judicial de recabar una documentación se quiso impedir el trabajo de los tribunales.

Presionar ahora para que los dirigentes que encabezaron aquella revuelta sean acusados por delitos menores o directamente sobreseídos, incide en el mismo error. ¿Querrá decir que de no atenerse la Fiscalía y el Tribunal que juzgue a aquellos dirigentes a las presiones de la Generalitat es una llamada, de nuevo, al choque frontal con el Estado? En estos temas conviene actuar con moderación. Tal y como informamos en nuestra edición de ayer, el Ministerio Público está ultimando el escrito de acusación, en el que mantiene el delito de rebelión contra nueve dirigentes, siete miembros del Govern y los responsables de Omnium y ANC, a falta de que la fiscal general del Estado, María José Segarra, rubrique lo expuesto.

Por otra parte, también habrá que esperar al juicio oral, momento en el que los fiscales tengan que pronunciarse sobre sus conclusiones y la solicitud de penas. Previo a este trámite, los magistrados del TS deberán dar por terminado el sumario, momento tras el cual se anunciará el juicio oral, que dará inicio previsiblemente en enero. Estos son los tiempos y a ellos se deberán atener los encausados, pero también los que desde el ámbito político quieran desencadenar una ofensiva contra magistrados de la Sala del TS y fiscales.

Lo sucedido en las jornadas del 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre fue grave y, según los fiscales, no se trató ni de tentativa de rebelión ni conspiración, sino de un delito consumado. De ahí que el Ministerio Fiscal también se incline por acusar por el mismo delito de rebelión a Josep Lluís Trapero, ex mayor de los Mossos d’Esquadra y responsable máximo del dispositivo policial durante aquellos días.

La Fiscalía defiende que la policía autonómica fue una pieza clave en aquellos sucesos. Por un lado, permitieron que miles de personas increparan a la comisión judicial, prolongando hasta la madrugada el operativo. Como prueba evidente, están las conversaciones de los mandos de los Mossos. Por otro lado, abandonaron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, permitiendo la votación del referéndum ilegal y haciendo caer sobre ellos todo el peso de contención. Ni siquiera cumplieron con lo acordado: que los colegios, que habían sido ocupados la noche anterior, fueran desalojados. Es más, los Mossos informaron a los organizadores de la consulta de los movimientos de las fuerzas de seguridad del Estado. Argumentaron el principio de actuación policial de «proporcionalidad», pero lo único cierto es que su comportamiento fue de total de inactividad, tal y como también quedó recogido en otras grabaciones. De esta manera se unifica el delito de rebelión que pesaría sobre Trapero con el del consejero de Interior, algo que no dejaba de ser una incongruencia, pues tanta es la responsabilidad del político, como la del mando del operativo, pese a que éste evitó muy precavidamente realizar cualquier declaración a favor de celebrar un referéndum previamente anulado por el Constitucional.

Fueron a la cárcel y no ocurrió nada
Javier Caraballo elconfidencial 16 Octubre 2018

Fueron a la cárcel y no ocurrió nada, ahí comenzó a cambiar todo. De hecho, el aniversario más relevante que se cumple en octubre sobre la rebelión de los independentistas no es el del ‘referéndum trampa’ del 1-O, sino el de este 16 de octubre, el día que entraron en prisión los dos primeros independentistas, los Jordis, Jordi Sànchez, que era el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural.

Los dos van a cumplir este 16 de octubre un año en prisión y lo fundamental de la efemérides no es el hecho en sí sino lo que supuso, el de punto de inflexión de aquel conflicto enorme; el momento en que la inmensa mayoría de los ciudadanos pasó de la preocupación a la confianza en España como una realidad sólida, estable, consolidada, que no se iba a venir abajo por mucho que la intentasen derribar un grupo de radicales independentistas y por mucho que ese grupo de radicales independentistas encontrase en la calle el aliento y el apoyo de varios cientos de miles de personas.

El personal estaba acojonado a principios de octubre, cuando los independentistas burlaron al Estado y lograron simular un referéndum en el que los curas repartieron hostias y papeletas en la misa de 12. El ridículo que hizo el Gobierno de la nación fue tan sonrojante —algún día nos enteraremos de quién fue la culpa, si de Rajoy, como presidente; de Sáenz de Santamaría, como responsable de los servicios secretos, o de Zoido, como ministro del Interior— que cuando le reventó aquel descontrol es cuando los ciudadanos comenzaron a temer de verdad por su presente y por su futuro.

¿Cuántos de nosotros no pensamos lo mismo cuando vimos la manipulación nacional e internacional de las intervenciones policiales durante la jornada del ‘referéndum trampa’? ¿Cuántos de nosotros no pensamos que se acercaba una tragedia cuando vimos a cientos o miles de personas rodeando el hotel en el que se quedaban unos policías o unos guardias civiles, como si estuvieran tramando un linchamiento público?

La sensación de caos, de inseguridad, caló en toda España, la hizo temblar. Por fortuna, duró poco: un par de días después, el 3 de octubre, se produjo la intervención del rey Felipe, equiparable en su impacto social a la que su padre realizó en la noche del golpe de Estado de Tejero. Unos días después, el lunes 16 de octubre, la jueza Carmen Lamela mandó a prisión a los Jordis y, en cuanto traspasaron la puerta de la cárcel, la percepción del conflicto de Cataluña cambió definitivamente para los españoles. Porque fueron a la cárcel y no ocurrió nada.

Desde entonces, desde ese día, existe en España un legítimo desinterés por la cosa catalana. Porque el efecto de este aniversario fue doble. Primero, se recuperó la confianza en el sistema y, a continuación, se comenzaron a contemplar los discursos de los independentistas catalanes como una cansina retahíla de provocadores e iluminados. Absurdos e incansables, eso también. Pero por encima de ellos ya existe otra seguridad: en el momento en el que incumplan la ley, les pasará como a los Jordis, a la cárcel y en paz. O tendrán que hacer como Puigdemont, fugarse de España con la idea de no poder volver en muchos años.

Como ahora con los máximos representantes institucionales de la Generalitat, Quim Torra y Roger Torrent: cada semana dicen algo, alguna nueva provocación, pero de ahí no pasan. Esa es la certerza que se instaló en la sociedad española a partir del 16 de octubre. Era como pensar: “¡Ah! entonces, ¿no pasa nada? ¿Significa que esos que nos han amenazado a todos, esos que han enfrentado a los catalanes entre ellos, esos que van diciendo por Europa que España es un Estado delincuente, un Estado fascista… Todos esos, van a la cárcel y se acabó? Pues entonces, que vayan a la cárcel y dejemos ya de hablar de Cataluña que estoy hasta las narices del mismo tema, como si en España, empezando por Cataluña, no hubiera problemas más importantes que resolver”.

La fortaleza de un Estado de derecho se demuestra en momentos críticos como los que hemos vivido en España a raíz de la rebelión independentista de octubre de 2017, porque es entonces cuando se demuestra que no existe nada más fuerte, más poderoso, que la ley. En una democracia, nadie puede echarle un pulso a un Estado desde la ilegalidad y ganarlo, porque entonces es la propia democracia la que se acaba.

A una democracia se la puede derrotar para imponer una ilegalidad con el uso de la fuerza, de las armas, un golpe de Estado violento, pero nada más. Cuando entraron los Jordis en la cárcel y, al día siguiente, no ocurrió nada; cuando en las semanas siguientes siguieron entrando independentistas en la cárcel y no ocurrió nada, la crisis de Cataluña comenzó a encauzarse por vías legales. Hasta los cientos de miles de independentistas, incluso los más exaltados, lo asumieron como una realidad incuestionable y, de hecho, ninguno de ellos ha llegado más lejos que el legítimo derecho a la discrepancia convertido en lazos amarillos. Los Jordis en la cárcel y los lazos amarillos en las rejas…

Esa reacción es razonable, es asumible, porque lo fundamental es lo primero. Y, sobre todo, porque gracias a aquel punto de inflexión, por primera vez en muchos años se convocó en Barcelona una manifestación a favor de la unidad de España a la que asistió un millón de personas. Y en todas las ciudades, en todos los pueblos, desde Bilbao hasta Canarias, desde Salamanca hasta Mallorca, se colgaron banderas de España en los balcones.

Cuando llegue la sentencia, si resulta condenatoria, otra vez tendrá que suceder lo mismo, idéntica secuencia. Hasta que llegue el día en que todos esos reconozcan públicamente su tropelía, que tanto nos ha costado, que tanto le ha costado sobre todo a Cataluña, y asuman que nada existe más fuerte que la ley en un Estado de derecho.

Zapatero en el caserío
Cayetano González Libertad Digital 16 Octubre 2018

Cuando se tuvo conocimiento de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se había reunido el pasado 8 de setiembre en el caserío guipuzcoano de Txillarre con Arnaldo Otegui, lo primero que me vino a la cabeza fueron unas palabras, llenas de angustia, de Pilar Ruiz Albisu, la madre de los Pagazaurtundúa. "Patxi, harás y dirás cosas que me helarán la sangre", le dijo al entonces líder del PSE, Patxi López, en una carta que le escribió en mayo de 2005, cuando todo apuntaba a que Zapatero había puesto en marcha un proceso de negociación política con ETA. El 6 de julio de 2006, López, junto con Rodolfo Ares, mantuvo una reunión en un hotel de San Sebastián con dirigentes de la ilegalizada Batasuna, entre los que se encontraba Otegui. Evidentemente, la madre de los Pagazaurtundúa había acertado.

Lo que quizás no pensara Pilar Ruiz en aquel momento es que, trece años después, el que fuera presidente del Gobierno de España de 2004 a 2011 tuviera el cuajo de reunirse con uno de los líderes más importantes que ha tenido el entramado etarra. Algo que sólo puede explicarse porque Zapatero es mucho más "bobo solemne" –en acertada definición de Rajoy– de lo que se pensaba, o porque su concepción de la decencia democrática y del respeto a las víctimas del terrorismo, empezando por las de su propio partido, es manifiestamente mejorable. Aunque, bien pensado, alguien como Zapatero, que en 2006 dijo que Otegui había hecho un "discurso por la paz", ¿por qué iba a negarse a reunirse con él en un caserío y disfrutar de los buenos productos gastronómicos que a buen seguro degustaron?

También puede haber una razón más de fondo que explique, aunque no justifique, la reunión en el caserío de Txillarre. Con el proceso de negociación política con ETA, Zapatero perseguía no solamente que la banda terrorista dejara de matar, sino empezar un camino que condujera a la segunda transición, es decir, a la demolición del régimen constitucional del 78. Si para eso tenía que negociar políticamente con ETA; arrinconar a las víctimas del terrorismo; prometer a Maragall que apoyaría en Madrid el texto del nuevo estatuto que llegara de Cataluña; sancionar el cordón sanitario contra el PP y expulsar al centroderecha del espacio político, lo haría.

Que, catorce años después de llevar a cabo todo ese proceso, Zapatero acceda a reunirse con Otegui en un caserío tiene su sentido. ¿Para celebrar los logros mutuos alcanzados en este tiempo? Es posible. ¿Para hablar del presente y futuro de España, de Cataluña, de Euskadi? No tengo la menor duda de que así sería, y no tanto por Otegui, sino por la absoluta inanidad y falta de principios de su interlocutor, como ha quedado demostrado con creces en los últimos tiempos, con su actuación en la Venezuela de Maduro.

Retomando las palabras de la madre de los Pagazaurtundúa: ¿a cuántos socialistas de a pie se les habrá helado la sangre al conocer la reunión de Zapatero con Otegui? ¿Cuántos socialistas de a pie habrán sentido vergüenza? Hablo de socialistas de a pie, porque los otros, los que van en coche oficial, no han dicho esta boca es mía, seguramente porque piensen, con razón, que al actual líder del PSOE no le habrá parecido mal esta reunión. Al fin y al cabo, bienvenido sea todo lo que suponga ganarse complicidades para seguir en el poder, aunque vengan de quienes han formado parte del entramado de una organización terrorista como ETA.

Qué bajo ha caído el PSOE, y que pocos resortes morales quedan en un partido que no es capaz de desautorizar públicamente a un expresidente del Gobierno socialista que accede a reunirse con un individuo como Otegui.

Incitadores del odio
Jorge Mestre okdiario 16 Octubre 2018

Este fin de semana he visto la última película de Paul Greengrass, ’22 de julio’, que aborda sin ambigüedades las consecuencias del terrorismo a través de los hechos acontecidos en Noruega hace siete años donde murieron 77 personas a manos de un fanático, Anders Breivik. Es estremecedora. Lo me ha gustado especialmente no el trepidante desarrollo de los acontecimientos de la primera parte de la película, sino la capacidad que tiene el director en meternos en la piel de uno de los supervivientes e intentar entender el impacto que genera en la vida de una víctima, sus aspiraciones derrumbadas, temores permanentes y deseos de tirar la toalla en más de una ocasión. Frente a la víctima que ha visto morir a decenas de amigos suyos se coloca la de Breivik, un siniestro personaje que halló cobijo para desarrollar su odio hacia otros individuos en la soledad y en Internet.

La incitación al odio forma parte de la escenografía política en nuestro país y me preocupa que muchos de los políticos de la izquierda española lesionen su mayor o menor prestigio personal con sus palabras o acciones. Este fin de semana hemos conocido que Zapatero pensó indultar a presos etarras durante su etapa como presidente del Gobierno. Hubiera sido un gran error, una verdadera afrenta a las víctimas del terrorismo y un duro golpe a nuestra democracia. La historia de ETA es la que es: casi un millar de asesinados en 3.000 atentados y más de 7.000 víctimas. Indultar terroristas no contribuye a nada bueno. En todo caso, a dividir sociedades. Es una frivolidad y un incoherencia total que gran parte de la izquierda política con escaño sea tan pusilánime con los terroristas de la ETA que han estado matando y extorsionando hasta hace poco mientras conserva una memoria selectiva hacia lo ocurrido entre los últimos 80 y 40 años en España.

Hablaba este fin de semana Pablo Iglesias de su concepto personal de patriotismo para atacar al Rey con la reiterada mentira de que la monarquía no fue elegida por los españoles. Eso es falso y pronto se cumplirán 40 años desde que la monarquía fue refrendada por la inmensa mayoría de españoles. Y eso incluye al 91,09% de los votos de los catalanes que apoyaron que la jefatura del Estado recayera en una monarquía. Lo que ocurre es que Pablo Iglesias y la extrema izquierda a la que representa, la misma que cierra los ojos ante la crisis humanitaria de Venezuela, quieren tumbar con su panoplia habitual de tópicos y prejuicios el espíritu conciliador de la Constitución de 1978. Iglesias incita al odio cuando con el resto de los partidos independentistas reprobaron al Rey la semana pasada. El Rey representa a la España constitucional e ir contra ello sólo tiene una finalidad revolucionaria con graves consecuencias para nuestra convivencia.

El acoso e insultos a quienes portan banderas españolas en lugares de Cataluña, País Vasco o Navarra debería ser enmarcado como lo que todas las organizaciones internacionales lo definirían, delito o cuanto menos incitación al odio. En Cataluña ya hemos visto que la labor desarrollada por muchos de sus profesores y periodistas ha sido la de alimentar el odio hacia España y todo lo español. Ahora también Podemos quiere eliminar el delito de injurias a la Corona, lo que contribuiría a que muchos independentistas terminaran de perder el poco respeto que les queda hacia España. Ante eso el Estado no debe quedarse de brazos cruzados. De hacerlo, nos exponemos a los mismos riesgos que en el siglo XIX nuestro país afrontó ante la pérdida de nuestras colonias. Y yo no quiero un 1898 doméstico.

Excargos del PNV, contra las cuerdas en el juicio por el mayor caso de corrupción vasco
Jose Mari Alonso. Vitoria elconfidencial 16 Octubre 2018

El mayor juicio por presunta corrupción en el País Vasco, que sienta en el banquillo de los acusados a 26 personas, entre ellas varios exmiembros del PNV alavés, por integrar una supuesta trama de financiación irregular y cobro de comisiones ilegales, se ha retomado este lunes tras agotarse la segunda prórroga de 15 días concedida para que las partes intentaran llegar a un acuerdo de conformidad sin que se haya alcanzado un pacto entre los principales acusados y la Fiscalía. Sin embargo, este periodo ha sido muy fructífero para el Ministerio Público y ha servido para poner contra las cuerdas al cabecilla de la presunta trama, el ex número dos de la formación 'jeltzale' en Álava Alfredo de Miguel, después de que la Fiscalía haya llegado a un acuerdo con ocho de los procesados, que van a asumir la existencia de una “trama organizada destinada al cobro de comisiones ilícitas” a cambio de una reducción en la solicitud de condena.

El acuerdo supone un serio revés para De Miguel, que se enfrenta a una pena de 54 años de cárcel por más de una veintena de delitos, como cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita, coacciones, malversación o tráfico de influencias, ante la decisión de ocho de los imputados de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que da así por "acreditada" la existencia de esta presunta trama. La identidad de los imputados que han alcanzado un pacto con el Ministerio Público no se ha desvelado de forma pública, tanto por razones de confidencialidad como de estrategia, de cara a un juicio que en estos momentos afronta su fase decisiva. Pero el fiscal jefe de Álava, Josu Izagirre, ha resaltado que se trata de una “parte significativa” de los acusados.

Lo ha hecho en declaraciones a los periodistas a las puertas de la Audiencia Provincial de Álava. No se ha cerrado “desafortunadamente” un acuerdo de conformidad con la “mayor” parte de los acusados, pero, según ha remarcado Izagirre, el pacto alcanza a una “parte significativa” de los procesados y, además, alcanza a operaciones “esenciales” del caso, lo que deja “acreditada” la versión de la Fiscalía, que pide penas que suman más de 450 años para los procesados por pertenencia a una “trama organizada criminal”. No ha querido desvelar más detalles, aunque el Ministerio Público se ha garantizado en las negociaciones mantenidas a lo largo de este último mes que varios de los acusados reconozcan algunos hechos, en especial los relacionados con el pelotazo urbanístico para instalar un gran polígono industrial en el municipio de Zambrana.

Todo un as en la manga que puede dejar en evidencia a De Miguel y al resto de principales imputados, entre ellos Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, por entonces también miembros de la Ejecutiva alavesa del PNV, para quienes el fiscal solicita 32 años de cárcel para cada uno. También están procesados Gurutz Larrañaga y Xabier Sánchez Robles, quienes fueran viceconsejero de Cultura y director de Juventud en el Gobierno presidido por Juan José Ibarretxe. De todos los acusados, una veintena está relacionada directamente con el PNV, ya sea como dirigentes, cargos institucionales o afiliados. La Fiscalía considera que De Miguel dirigió un entramado societario con el que buscaba obtener un "ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas", valiéndose para ello de las responsabilidades políticas que tenía por su pertenencia al PNV.

La defensa de De Miguel ha solicitado que el Ministerio Público identificara a los acusados con los que ha cerrado un acuerdo, pero el fiscal se ha negado en base al principio de confidencialidad. También el abogado Gonzalo Susaeta ha intentado modificar el orden de declaraciones para que su cliente no fuera el primero en declarar este lunes de cara a preparar mejor la defensa una vez escuchados otros testimonios, pero no ha sido estimada su petición.

El acuerdo alcanzado con parte de los acusados no tiene “ninguna vinculación jurídica”, sino que se trata de un “pacto de caballeros”, como ha dejado constancia el fiscal ya en la reanudación del juicio oral en la sala. De este modo, el pacto podría saltar por los aires en cualquier momento a lo largo del proceso sin que haya consecuencias legales para los procesados. En caso de que los imputados no cumplan lo pactado, la Fiscalía no modificaría a la baja las penas solicitadas en su escrito de acusación y se mantendría en su petición inicial.

En todo caso, existe una gran preocupación en la defensa de De Miguel ante el escenario que se ha abierto. El principal acusado, que siempre ha negado los hechos, si bien hace unas semanas se mostró abierto a llegar a un acuerdo con la Fiscalía que suponía asumir su participación en una trama ilícita a cambio de ver rebajadas la petición de cárcel y de un trato más beneficioso para su esposa, Ainhoa Bilbao, también imputada en el caso, teme que aquellos que han accedido a colaborar con el Ministerio Público le incriminen.

Por lo pronto, en su declaración de este lunes, una vez cerradas las puertas a un posible pacto con la Fiscalía, De Miguel ha negado todos los hechos y ha insistido en basar su defensa en que las conversaciones grabadas por la joven empresaria que denunció los hechos, y en las que supuestamente le solicitó una comisión ilegal, están “manipuladas”. El principal acusado, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha afirmado no reconocerse en las grabaciones de sonido que Ainhoa Alberdi entregó en 2009 a la Ertzaintza y que destaparon el supuesto entramado de corrupción. Para De Miguel, estas conversaciones ni están “íntegras” ni son “veraces”, y están “manipuladas”.

Esta empresaria denunció que dirigentes del PNV en este territorio le habían exigido el pago de 100.000 euros por haber recibido ‘a dedo’ supuestamente el contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano. Incluso aseguró que la presión había llegado a su padre, que había recibido la visita de cargos ‘jeltzales’ para que ‘pasara por caja’ por el favor otorgado. A este respecto, el que fuera diputado foral de Administración Territorial de Álava ha negado que se le ofreciera “gratificación” o “contraprestación” económica a Alberdi por la adjudicación de este contrato y ha sostenido que el dinero reclamado a la empresaria obedecía a una “deuda pendiente” de la empresa propiedad de un antiguo socio de Alberdi. Además, ha resaltado que los contactos mantenidos con Alberdi fueron en todo momento de "cordialidad" y "confianza".

El juicio oral se ha reanudado este lunes tras los dos plazos de 15 días que fueron concebidos por el presidente del tribunal, Jaime Tapia, para tratar de que las partes llegaran a un acuerdo de conformidad, si bien el magistrado ya había advertido hace dos semanas de que no habría más aplazamientos en caso de no alcanzarse un pacto para no demorar más un macrojuicio que se inició en enero y en el que comparecerán unos 150 testigos, peritos y policías. La dimensión y complejidad del denominado caso De Miguel ha motivado que el macrojuicio se divida y desarrolle en 12 piezas diferentes, correspondientes a las diversas actuaciones investigadas.

La vista se ha retomado unos días después de que el Parlamento autonómico expresara su “reprobación” a las declaraciones que algunos dirigentes del PNV están realizando con motivo del proceso y que pretenden “condicionar” el juicio y “minusvalorar” la gravedad y las “profundas consecuencias políticas” de esta presunta trama. La iniciativa, que salió adelante con los votos de los tres grupos de la oposición —EH Bildu, Podemos y el PP—, aludía en esencia al portavoz del PNV en la Cámara, Joseba Egibar, que en varias ocasiones ha mostrado su apoyo a De Miguel convencido de su “inocencia”. Incluso el que es presidente de la formación ‘jeltzale’ en Guipúzcoa recibió con un efusivo saludo al presunto cabecilla de la trama cuando este acudió al Parlamento a declarar en la comisión de investigación que se creó para investigar la presunta trama corrupta y que determinó que existían responsabilidades políticas del PNV en estos hechos.

Sin embargo, la formación nacionalista denuncia que este proceso judicial busca establecer un vínculo entre el partido y la corrupción. A este respecto, el lendakari, Iñigo Urkullu, que era presidente del partido al estallar el caso, ha negado que haya corrupción generalizada vinculada a las administraciones o a los partidos en el País Vasco y ha defendido la actuación de la formación, que solicitó a los implicados la entrega del carné tras conocerse su imputación.

Un colegio de Valencia rechaza acoger un acto de Vox ya programado por la “tensión política”
OKDIARIO 16 Octubre 2018

La dirección de Escuelas San José-Jesuitas de Valencia ha decidido no ceder sus instalaciones a Vox para la celebración de un acto político el próximo día 24, pese a que lo tenía apalabrado, por razones de seguridad y de “fuerte tensión política”.

El director del colegio, José Ignacio Rodríguez, ha explicado que Vox estaba interesado en utilizar el salón de actos de las escuelas y así se estaba negociando, pero existe “tal tensión política” que han decidido por el momento no alquilar las instalaciones a ningún partido.

Este lunes han comunicado esta decisión a Vox, que había hecho ya público en las redes sociales un próximo acto en Valencia con José Antonio Ortega Lara, Santiago Abascal y José María Llanos que tendría lugar el día 24 a las 20 horas en el salón de actos de Escuelas San José-Jesuitas, en la avenida de Les Corts Valencianes.

El director del centro ha indicado que el protocolo de la escuela establece que cualquier partido político o sindicato legalmente constituido puede utilizar las instalaciones, que están abiertas a actos políticos o de interés social.

“Todo el mundo ha disfrutado de nuestras instalaciones”, ha recordado Rodríguez, pero se trata de una institución religiosa que quiere estar “por encima de los partidos” y trabajar por “la reconciliación”, y los momentos actuales son de “fuerte tensión política, de unas posiciones en contra de otras y de exclusión”, ha argumentado.

Además, pese a que las instalaciones son grandes, con un salón con capacidad para mil personas, se ha temido que la convocatoria del acto desborde este aforo y se puedan producir problemas de seguridad.

En este “clima de tensión política” ya no vale el protocolo del colegio de estar abiertos a todos y se ha decidido por la postura contraria, según su director, que ha recordado que la escuela cuenta con 2.400 alumnos de todas las tendencias y posiciones políticas.

“El ambiente político es tan tenso, tan excluyente, tan difícil, que no queremos vernos arrastrados en una lucha partidista, ni con este partido ni con ninguno”, ha concluido.

Fuentes de Vox en Valencia han mostrado su extrañeza por la decisión, pues aseguran que ya se había abonado la totalidad de la fianza y del alquiler del salón de actos, y creen que el colegio “ha cedido a presiones que han hecho que se arrepientan”.

Han indicado que sus servicios jurídicos estudian el incumplimiento de lo acordado y pagado, y respecto a los problemas de aforo esgrimidos por la dirección han afirmado que el partido cuenta con seguridad privada propia.


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