AGLI Recortes de Prensa   Lunes 22  Octubre 2018

Sánchez, un plagio en sí mismo
Sigfrid Soria gaceta.es 22 Octubre 2018

Hay un consenso general respecto de que un político, que administra el dinero de todos, ha de ser honesto y de que hasta en su vida privada anterior y presente ha de existir coherencia en cuanto a su posición ideológica. Lo antagónico a esta aseveración es unánimemente rechazado y el nivel de tolerancia social ante aquellos políticos que muestren incongruencias personales está creciendo exponencialmente.

El presidente del Gobierno de España pagará muy cara la indigna e insostenible diferencia entre lo que dice haber sido y es, y lo que realmente es. Y no es que Pedro Sánchez solo haya cometido un plagio, es que su propia persona es un plagio en sí misma. Pero es muy importante antes de avanzar, recordar algunos hechos importantes. Para empezar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue objeto de durísimas críticas a cuenta de su máster, por parte de Pedro Sánchez y del PSOE. También el presidente del PP, Pablo Casado, fue sometido a escarnio público con motivo de su licenciatura y de su máster, por parte también de Pedro Sánchez y del PSOE. Conste que yo fui uno de los españoles, millones de españoles de todos los signos políticos incluyendo al PP lo fueron también, que compartí críticas con Pedro Sánchez dirigidas a la peste que desprendían los casos de Cifuentes y Casado. Sin embargo, ya con Pedro Sánchez en el poder, y es el único caso ajeno al bluf presidencial que expongo de los muchos casos socialistas que podría exponer, saltó el escándalo del máster de la ministra Carmen Montón en el que en un principio el presidente dijo: “Está haciendo un gran trabajo y lo va a seguir haciendo”, frente a lo que dijo de Cifuentes poco antes mientras exigía su dimisión, que fue: “Puede devolver el máster que nunca cursó, pero no puede devolver la dignidad a las instituciones, el prestigio a la Universidad y la confianza a los madrileños”, con lo que ahí se demuestra la bastarda parcialidad partidaria de Pedro Sánchez. Pero pese al burdo y agraviante apoyo del presidente a Montón, la ministra acabó dimitiendo.

Volviendo al objeto de este artículo de opinión, toca ahora la descripción del sujeto: es socialista, líder del PSOE y presidente del Gobierno. Por las dos primeras características anteriores tiene que ser un entregado a la educación pública en el terreno personal y por la tercera característica tiene que ser honesto y coherente. Pues bien, el individuo apoya vehementemente a la educación pública y denuesta a la privada y a la concertada, esta última de mayoría católica, habiendo sumido recientemente a ese 25% del alumnado español en una importante incertidumbre. Pues bien, este mentiroso que en la moción de censura aseguró que la presentaba para convocar elecciones, estudió en un colegio privado de alto nivel social llamado Santa Cristina, sito en una calle llamada “Comandante Franco”, que vaya, vaya con el detalle. La carrera la cursó en un centro universitario privado católico, de los Agustinos, de élite llamado Real Centro Universitario María Cristina, en San Lorenzo de El Escorial. Posteriormente asistió a un programa del IESE de la universidad privada católica, del Opus Dei, de Navarra. El doctorado lo plagió en una universidad privada llamada Camilo José Cela, y cuando digo que lo plagió lo digo porque el mismísimo CEO de la empresa global alemana caza plagios PlagScan, Markus Goldbach, así lo ha asegurado. Tengamos presente antes de continuar que, si el plagio de la propiedad intelectual equivale al robo de la propiedad física, podríamos afirmar que Pedro Sánchez es un vulgar ladrón, uno que está al frente del Gobierno de España administrando un billón de euros anuales de todos los españoles. Ahí es nada. A la vista está que Pedro Sánchez es un tipo con una formación académica opuesta a la que se le supone a un socialista, esa que ha transitado por centros privados católicos que, por cierto, cuestan un pastón.

Es tal la gravedad derivada de todo lo anterior, que el Senado citó a Pedro Sánchez el 23 de octubre para tratar monográficamente el asunto del plagio, pero el presidente ha rehusado hasta el momento acudir, pese a que todos los españoles tenemos fresca en la memoria su tajante afirmación desde el estrado del Congreso que aludía a que en Alemania los políticos que plagian, dimiten. Tras este agónico rehúse y si finalmente el presidente se declara en rebeldía y pasa del día 23, Pedro Sánchez se enfrenta a una comparecencia irrenunciable en noviembre, también en el Senado. Y llegamos a la verdadera intención de este artículo. El ladrón plagiador, ese que miente más que habla, ¿acudirá a lo que él interpreta como su cadalso político? ¿Irá en noviembre al Senado? Opino que no, que volverá a rehusar dicha cita. Pero en esa ocasión la técnica no será la que probablemente use el día 23 de octubre, la de pasar olímpicamente de una de las Cámaras de representación de los españoles, entonces lo que hará será proponer desde el Consejo de Ministros al jefe del Estado la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Todo menos enfrentarse a la brutal realidad de que es un descarado ladrón y un impostor.

Concluyo recordando que, independientemente de la vía abierta por el Poder Legislativo, hay una acertadísima vía abierta en el Poder Judicial en forma de querella presentada por VOX que, a la vista de los hechos irrefutables, producirá que la Justicia condene al felón, le coloque la perenne etiqueta de delincuente y le otorgue el sitio histórico que merece. Lo dicho, Pedro Sánchez es un plagio integral.

Sánchez, al final de la escapada
 larazon 22 Octubre 2018

Como parece de todo punto increíble que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pudiera incurrir deliberadamente en un delito de desobediencia –tipificado en el artículo 502.1 del Código Penal–, negándose a comparecer ante la Comisión de Investigación que prepara el Senado sobre su tesis doctoral, habrá que resaltar el grave error de estrategia cometido por sus asesores, cuando desaconsejaron al Jefe del Ejecutivo que aclarara en un pleno del Congreso las, por otra lado, sólidas dudas que despierta su trabajo académico. Más aún cuando diversas voces autorizadas advirtieron en su momento de que se trataba de una equivocación de largas consecuencias, y no sólo en el tiempo, si el Partido Popular decidía imponer su mayoría absoluta en el Senado para emplazarle de acuerdo a la ley.

Como hoy publica LA RAZÓN, la decisión está tomada y la bancada popular en el Senado ya estudia cuidadosamente una lista de comparecientes, que incluirá no sólo a las personas directamente concernidas en la elaboración y aprobación de la tesis, sino a un elenco de testigos de referencia y técnicos en la materia, entre quienes se encuentran, necesariamente, los creadores del programa informático de detección de plagios que utilizó la Moncloa para desmentir las acusaciones. Está última comparecencia puede ser demoledora, si los responsables del programa mantienen en la Comisión sus dudas sobre su correcta aplicación por parte de los funcionarios gubernamentales.

Tampoco el calendario, todavía en período de consultas, parece que vaya a favorecer en absoluto al presidente del Gobierno, entre otras cuestiones porque su apretada agenda internacional convierte en inhábiles los meses de noviembre y diciembre. Dicho de otra forma, es previsible que los trabajos de la Comisión se prolonguen hasta el mes de junio, haciendo coincidir la resolución con las elecciones municipales y autonómicas.

Por cierto que poco margen de queja tiene el PSOE ante esta evidente maniobra política si tenemos en cuenta que los socialistas y sus socios están prolongando artificialmente en el Congreso, y con idéntica intención, las sesiones Comisión de Investigación sobre las cuentas del Partido Popular. Pero la conclusión más evidente, más allá de las estrategias electorales, de libro, por otra parte, es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a una delicada situación personal y política, incluso, si se tuercen las cosas, con derivadas penales.

No vamos a caer en la ingenuidad de recordar las exigencias éticas que, como arma arrojadiza, por lo ya visto, reclamaba Pedro Sánchez al Ejecutivo de Mariano Rajoy, ni su sobreactuación en los casos de corrupción ni, por último, la declaración paladina de que en Alemania dimitían los políticos sorprendidos en plagio porque nada de esto tiene ya importancia. El listón ético del Gobierno y su socios de censura se desplomó estrepitosamente cuando la realidad puso a medio Gabinete ante la disyuntiva de la dimisión o de las excusas incoherentes. Eligieron lo último.

Pero la cuestión de la tesis de Sánchez no admite tan fácil salida. Por un lado, los comparecientes están obligados a colaborar con la Comisión y pueden ser traducidos a un tribunal de justicia si mienten u obstruyen la investigación y, por otro, las explicaciones de Pedro Sánchez ante ese asunto nunca han sido clarificadoras y parten de una primera inexactitud, cuando afirmó ante la Cámara que su trabajo de doctorado estaba colgado públicamente en la red. Todo hace pensar que el tiempo de la escapada se le termina.

Andalucía: enmienda a la totalidad al nefasto régimen socialista
EDITORIAL Libertad Digital  22 Octubre 2018

La polémica en torno a las declaraciones de Isabel García Tejerina sobre el nivel educativo de los escolares andaluces debería dar paso a la denuncia radical de la catástrofe provocada por el socialismo en Andalucía, después de casi cuatro décadas de poder hegemónico. La región está en el furgón de cola no sólo en materia de enseñanza, también en el resto de medidores relacionados con el bienestar de una sociedad.

En Andalucía, el socialismo desovó hace ya demasiado tiempo un régimen basado en el abuso irrestricto del poder, la compra masiva de votos y la corrupción. Por desgracia, apenas cabe sorprenderse de que el andaluz esté considerado el peor Gobierno regional de Europa, ni de que la UE señale a Andalucía como el mayor foco de corrupción de la Unión.

Las circunstancias andaluzas exigen una propuesta alternativa poderosa y audaz, como acertadamente ha planteado el líder del PP, Pablo Casado. Una región con todos los resortes políticos, mediáticos, económicos y sociales en manos del caciquil PSOE supone un reto formidable que no va a ser superado apelando simplemente a cuestiones de matiz, como parece que pretende el muy mediocre José Manuel Moreno Bonilla, que con frecuencia da la sensación de no creerse ni él mismo el papel que se supone ha de representar.

La situación política de la región, con dos expresidentes procesados y la mayor macrocausa por corrupción de la historia reciente dilucidándose en los tribunales, debe propiciar una enmienda a la totalidad en la próxima cita electoral. El objetivo no puede ser crear otro sistema clientelar, sino, como ha prometido Casado, "abrir puertas y ventanas para que se pueda saber de verdad lo que se ha hecho con el dinero de los andaluces".

El adelanto electoral dictado por la incompetente demagoga Susana Díaz pone a Andalucía ante una nueva oportunidad de sacudirse el yugo socialista. Para ello es necesario que el partido de Casado traslade a los andaluces un mensaje que exponga en toda su crudeza los estragos que ha causado el régimen de Díaz y sus procesados predecesores, así como una estimulante oferta de transformación de una realidad ominosa, lo cual verdaderamente no pasa por competir con los socialistas andaluces en demagogia barata saturada de regionalismo de la peor estofa.

España se la juega en Andalucía o el problema de dos malos candidatos
Pedro de Tena Libertad Digital 22 Octubre 2018

Inexplicablemente, los dos únicos partidos que podrían lograr el cambio, PP y Ciudadanos, nos proponen dos malos candidatos que inhiben el voto del cambio.

Muchos creen que el partido nacional se juega en Cataluña y así nos va, con los informativos de todas clases y tendencias pendientes de si el racista y agresivo Torra o el majareta cobarde de Puigdemont hacen o dicen algo nuevo. Pero ese partido ya está perdido para el separatismo, que ha logrado despertar, sean dadas las gracias a ambos por siempre jamás, a la Cataluña española, que es mayor y mucho mejor que la caricatura independentista. Donde de verdad se juega el futuro de España es en toda España, y especialmente en esa España del Sur, Extremadura, Castilla-La Mancha y, singularmente, Andalucía, cuyos Gobiernos autonómicos socialistas no tienen más remedio que tragarse a un Pedro Sánchez que coquetea, o algo más, con los separatismos.

Pero, claro, las próximas elecciones se celebran en Andalucía, donde ha gobernado el PSOE clásico, el de Alfonso Guerra y Felipe González, representado ahora, no sin diferencias y traiciones, por una Susana Díaz que no puede, tal vez ni quiere, elevar la voz ante espectáculos indignantes como el del vicepresidente Iglesias firmando presupuestos o negociando con Junqueras. Por si fuera poco, tiene tras de sí una gestión de la cosa pública que ha mantenido a Andalucía en los últimos lugares de España y Europa durante 36 años, tras haber administrado 36 presupuestos y algunos más, extraordinarios, procedentes de la Unión Europea. Esta Andalucía, que ha necesitado durante más de tres décadas el dinero solidario de las demás regiones de España debido a la situación heredada de la parcialidad de los Gobiernos hacia las regiones desarrolladas, no puede dejar que los Gobiernos separatistas de dos regiones, País Vasco y Cataluña, sigan saciadas de privilegios varios o acaban rompiendo la nación.

Pero para ser creíble, Andalucía debe cambiar y ejercer la solidaridad real, que es de ida y vuelta, in solidum, obligando a cada socio a cumplir su parte por entero. Tú me ayudas y yo correspondo con mi esfuerzo para devolverte la ayuda y no necesitarla más. Esto es lo que no se ha hecho durante 36 años por la interpretación de la mayoría realizada por un PSOE más parecido al PRI mexicano o a una derivación nacionalista que a un partido democrático al estilo europeo. Y, de paso, se ha contagiado a todos los andaluces de ese espíritu esencialmente insolidario que recibe sin verse obligado a devolver. Esa infección moral alimentada por la voluntad de poder infinito del régimen resultante es la que impide el cambio en Andalucía.

Por ello, estas elecciones son decisivas. Pero, inexplicablemente, los dos únicos partidos –Vox está muy lejos todavía y los podemo-comunistas andaluces están deseando potenciar el régimen, que no cambiarlo– que podrían lograr ese cambio, PP y Ciudadanos, nos proponen dos malos candidatos que inhiben el voto del cambio. Juan Manuel Moreno es el aliado de la Soraya que acaba de ser propuesta por el PSOE para el Consejo de Estado y está a la baja en todas las encuestas desde hace años. Juan Marín ha representado el papel de felpudo de Susana Díaz durante los últimos tres años y medio, callándolo todo y, demasiadas veces, siendo cómplice del PSOE, al que ahora, teatralmente, llama corrupto. Y encima se disputan la misma franja de votos en una estrategia estúpida.

Si de esta necedad sin parangón de ambos partidos emerge de nuevo un Gobierno socialista que impida la presencia de una Andalucía activa, crecientemente rica y claramente opuesta a todo privilegio regional, incluidos los propios, en la España del futuro, que Dios y los españoles se lo tengan en cuenta para siempre jamás.

El enchufismo en España
La cartera de empleo de los partidos políticos: 100.000 puestos entre empresas públicas y asesores
Francisco Núñez okdiario 22 Octubre 2018

El ‘enchufismo’ ha sido el deporte más practicado por la clase política. Pocos altos cargos se han resistido a la utilización del poder para colocar a los suyos e incluso para relanzar la carrera política de amigos, compromisos y familiares directos.

Los presidentes del Gobierno han sido un buen ejemplo. Así, Carmen Romero, ex esposa de Felipe González, fue incluida en las listas electorales del PSOE para conseguir el acta de diputada. Ana Botella, esposa de José María Aznar, accedió a una concejalía del Ayuntamiento de Madrid y posteriormente alcanzó la alcaldía. Por su parte, Elvira Fernández, Esposa de Mariano Rajoy, fue fichada por Telefónica cuando ya era alto dirigente del PP y vicepresidente del Gobierno. También está empresa de comunicaciones fichó a Iván Rosa, marido de Soraya Sáenz de Santamaría recién nombrada vicepresidenta del Ejecutivo. Y Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sólo tardó algo más de un mes de llegar su marido a La Moncloa en ser fichada también por el Instituto de Empresa.

El nuevo presidente del Ejecutivo, además, acaba de nombrar a más de medio millar de altos cargos, más otra cifra similar que seguirá en los segundos niveles de la Administración Central y empresas públicas, que sustituyen a los nombrados en su momento por el anterior Gobierno. Si los sustituidos son funcionarios, serán relegados a un departamento donde no vean papeles o no puedan pasar información al partido que gobernó anteriormente.

Los nombramientos a dedo no acaban aquí porque sigue el goteo de casi 1.300 nuevo asesores que vienen del entorno del partido y de sus representantes (el Congreso tiene a otros 321 y cada diputado toca ya a casi un asesor) que formarán parte del ejército de cargos de confianza con un coste superior a los 44 millones de euros para el contribuyente y a los que no se exige mérito alguno.

Por ejemplo, la mitad de los que disponía el PP no tenía estudios universitarios, y el nuevo presidente de la Empresa Nacional del Uranio (Enusa) es licenciado en filosofía. Tampoco tiene experiencia en gestión empresarial el nuevo presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez. En total, los nuevos nombramientos superarán los 4.000.

Este modelo se replica en las 17 autonomías, los casi 8.200 ayuntamientos, el medio centenar de diputaciones y los más de 10.000 entes y organismos públicos, empresas, sociedades mercantiles, agencias y entidades de todo tipo que duplica, triplican o cuadruplican las administraciones. De esta forma, los partidos políticos tienen en sus manos una cartera directa de al menos 100.000 puestos de trabajo. Esta cultura del enchufismo y ‘dedazo’, a la que se ha unido la exageración y las dudas de los datos académicos de muchos representantes, se aprecia incluso en las consultas electorales ya que, al no existir listas abiertas, los votantes tienen que elegir una lista confeccionada por los propios partidos.

Este mal ejemplo de conducta se replica en los estratos de la sociedad. Ocurre en un país en que muchos ex ministros y ex altos cargos aparecen en los consejos de administración de importantes empresas privadas, muchas de ellas privatizadas y que gozan de situaciones de cuasi oligopolio, como ‘abre puertas’ para las relaciones con las administraciones. En este ámbito privado, además, sigue sorprendiendo que los presidentes o consejeros delegados sean quienes designen o autoricen los nombramientos de hasta los consejeros que figuran como independientes. El sector farmacéutico, gran consumo (comercio en general), industria y la tecnología de la información son los sectores del ámbito privado donde más prolifera el networking. Sin embargo, el financiero, el más habitual hasta hace unos años, es el sector en que menos se da ahora el enchufe por el permanente ajuste.

Manuel Chaves, factoría de escándalos
Javier Caraballo elconfidencial 22 Octubre 2018

Diez años después, una sentencia judicial ha condenado el caso de nepotismo más grave y desconocido de la Junta de Andalucía: los más de 10millones de euros que Manuel Chaves, siendo presidente, concedió a la empresa en la que trabajaba su hija. Desconocido fuera de Andalucía y prácticamente olvidado dentro. Lo que conoce todo el mundo de las corruptelas andaluzas es el escándalo de los ERE, por su volumen económico, por la legión de imputados, por la grosería del desfalco, pero ha sido este caso desconocido, sobre el que ya hay sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el que más directamente afecta a Manuel Chaves y, sobre todo, el que mejor explica la soberbia y la prepotencia con la que se manejaba el Gobierno socialista andaluz en esa etapa; soberbia y prepotencia, el denominador común de los otros muchos escándalos que Chaves ha dejado tras su larga etapa como mandatario andaluz. Una factoría de escándalos fabricados con los mismos materiales de descontrol, despilfarro y falta de ética política, podría decirse.

En el caso de Matsa (Minas de Aguas Teñidas SA), la empresa en la que la hija de Manuel Chaves aún trabaja como abogada jefa, todos los aspectos legales y políticos desaconsejaban que el Gobierno andaluz concediera esa ayuda millonaria, pero Manuel Chaves, con el aire inflado de inmunidad que se respiraba en aquellos años en el PSOE andaluz, los desoyó todos y sacó adelante la subvención. La superioridad era tan grande que el entonces presidente de la Junta de Andalucía ni siquiera tuvo la prudencia estética de ausentarse unos segundos del Consejo de Gobierno, para que por lo menos la aprobación de la subvención a la empresa de su hija no llevase su firma. Pero no, se quedó y su Gobierno ratificó la ayuda que, previamente, había autorizado la Agencia IDEA, la que está en el epicentro del fraude de los ERE. Todo se produce, además, cuando la crisis económica ya había estallado en todo el mundo, comenzaba a arrasarlo todo en España y, con las líneas de crédito cerradas y los mercados en caída libre, recibir una ayuda pública como la que obtuvo Matsa era un deseo imposible para el común.

Es importante detenerse en los detalles del caso porque ayuda a reconstruir con fidelidad el ambiente existente en Andalucía, el caldo de cultivo de la corrupción andaluza que estallaría después. Paula Chaves Iborra entra a trabajar como abogada en la empresa Matsa el 2 de julio de 2007, siendo su padre presidente de la Junta de Andalucía. Dos semanas más tarde, el 20 de julio, Matsa solicita una subvención al Ministerio de Industria, entonces en manos de Miguel Sebastián, con Rodríguez Zapatero de presidente, y tres meses más tarde, el 11 de octubre de 2007, pide una subvención más a la Junta de Andalucía. Al recibir el expediente, los técnicos del ministerio deniegan la ayuda porque la subvención se solicitó para unas obras que ya estaban iniciadas (por “no cumplir con el requisito de no iniciar las inversiones antes de la presentación de la solicitud de la ayuda”, decía el BOE el 7 de mayo de 2008) mientras que, de forma paralela, la Junta de Andalucía, que estaba acogida por la misma normativa, no solo no denegó la ayuda sino que la incrementó, de seis millones de euros a 10, exactamente 10.093.472,70 euros.

Sin reparo alguno, la subvención en la que intervino Paula Chaves como apoderada de la empresa Matsa la aprobó un Consejo de Gobierno presidido por Chaves, el 20 de enero de 2009; padre e hija en el mismo expediente. Era muy evidente la incompatibilidad que existía por el hecho de que Chaves no se hubiera ausentado del Consejo de Gobierno, pero con distintas estratagemas el presidente andaluz logró esquivarla. Lo que, 10 años después, no ha logrado burlar es la constatación de que, como decía el ministerio, la ayuda se solicitó con las obras ya iniciadas. Por eso ahora, casi 10 años después, Matsa ha sido condenada a devolver, con intereses, el dinero recibido.

De todas formas, con ser grave lo sucedido, lo fundamental para comprender el porqué de la corrupción en Andalucía es lo que ocurrió cuando se denunció el caso Matsa, la cobertura social y mediática con la que se acalló el escándalo. Esa era la norma común en la Andalucía de Chaves: toda denuncia que afectaba al presidente socialista se envolvía al instante de una campaña de descrédito del periodista y del medio que la hubiera realizado. En este caso, como en tantos otros durante aquellos años, la denuncia la realizó la edición regional del periódico 'El Mundo' y el periodista que investigó la subvención a Matsa fue Manuel María Becerro, que tuvo que soportar la descalificación burlona de su trabajo y la amenaza continua de querellas judiciales. Puede servir de ejemplo lo que escribió al conocerse la denuncia un político socialista que sigue en primera línea, era portavoz del Gobierno socialista y, en la actualidad, es consejero de Susana Díaz. Se llama Miguel Ángel Vázquez y el 27 de mayo de 2009 escribía lo siguiente en su blog: “Una manía persecutoria más allá de la razón y la verdad merecedora de psicoanálisis (…). Sus denuncias sobre supuestos escándalos e irregularidades no tienen ni fondo ni eco en los otros medios de comunicación, son auténticos panfletos incendiarios y tendenciosos. Y lo trágico es que ha convertido el periodismo en una mercancía, en un sindicato de intereses, en una reyerta de mercenarios por un botín ayuno de deontología”.

En lo único que no mentía el tipo, hoy consejero de Cultura, es en que eso era así, las cosas funcionaban así en Andalucía: las denuncias que afectaban al PSOE y, sobre todo, a Manuel Chaves se tapaban, se ignoraban, se minimizaban o se negaban, sin más. Ante cualquier escándalo, siempre existía una presunción de culpabilidad de quien denunciaba y ese era todo el debate.

En este caso, a Chaves le bastaba con decir, como hizo con toda solemnidad: “Es rotundamente falso que mi hija haya tenido participación en el procedimiento de solicitud y aprobación de ese incentivo, ni como apoderada ni como nada” y, aunque las pruebas documentales demostrasen lo contrario, ya no existía otra versión para quienes, desde diferentes ámbitos sociales, políticos y periodísticos, tenían la obligación ética y profesional de buscar la verdad. Por eso, 10 años después, cuando llega una sentencia sobre un caso del que ya nadie se acuerda, conviene detenerse en él para comprobar que si, durante un largo periodo de tiempo, se produjeron muchos casos de corrupción en Andalucía, fue porque existía un silencio cómplice que hizo creer a los gobernantes que estaban amparados por una inmunidad que les permitía cualquier exceso. Incluso firmar como presidente una subvención ilegal de 10 millones de euros para la empresa en la que trabaja tu hija.

Discurso político y discurso cultural. Rescate de la historia
Pío Moa gaceta.es 22 Octubre 2018

P. Usted ha expuesto alguna vez una serie de puntos que, se supone, deberían constituir la esencia del discurso político
–Se trata de una elaboración de circunstancias, algo a debatir, corregir, etc. No pretende constituir un discurso completo, lo que pasa es que no ha suscitado ninguna discusión ni debate, porque así está el país, y este es un problema cultural. Pero hay unas directrices generales. Estamos ante un tercer frente popular. En el primero, el de 1936, la amenaza principal venía del totalitarismo y el secundario y auxiliar, de los separatismos. Hoy viene a ser al revés: la amenaza más inmediata viene de los separatismos y el totalitarismo, que indudablemente avanza, parece estar en segundo plano, aunque en realidad los dos van muy unidos. Una de las armas principales de ambos es la historia, o más exactamente la falsificación de la historia, que intentan imponer por ley, al modo de Corea del Norte o Cuba. Por ello el discurso político debe partir de un rescate de la historia. No puede tolerarse más, para empezar, que los mayores enemigos históricos de las libertades políticas y hasta de la libertad personal, se envuelvan en la bandera de la democracia para cometer mil fechorías. Ese ha sido el mayor fallo de la transición. En parte, esta se hizo con la idea de que la generosidad de los políticos procedentes del franquismo sería correspondida por los que se identificaban con los perdedores de la guerra. Esto era una ilusión producto de un mal análisis del pasado, pero en principio podría funcionar y hasta pareció que funcionaba. Lo que envenenó todo fue el acuerdo, al principio tácito y después abierto, de que democracia y antifranquismo significaban lo mismo, que no habría democracia sin antifranquismo. Pero los autoerigidos en herederos del Frente Popular solo podrían corresponder a la generosidad si se dejaba bien claro que la victoria en la guerra había sido justa, que el franquismo había sido una necesidad histórica y un régimen excepcionalmente fructífero, del que venían las libertades… Y que los separatismos no serían tolerados. Si se les dejaba claro que el pueblo, muy mayoritariamente, había rechazado sus soluciones y votado por una democratización desde y no contra el franquismo.

P. Sin embargo, ¿sería eso suficiente en una época nueva en la que asoman mil problemas que tienen muy poco que ver con los de los años 30, incluso con los 70? Me refiero a la globalización, los movimientos LGTB, el multiculturalismo, los grandes movimientos migratorios, la integración europea…
–Efectivamente, pero una persona no puede afrontar los problemas cotidianos si no sabe quién es y qué quiere. Lo mismo pasa, a un nivel muy superior, con la nación. Debemos afrontar esos problemas con una política clara, que solo puede estar enraizada en nuestro pasado. Debemos decidir si queremos seguir existiendo como nación soberana o disolvernos en la UE; si queremos satelizarnos a los poderes condensados en Gibraltar o no; si queremos admitir masivamente inmigrantes de otras culturas o no; si queremos mantener la familia tradicional o disolverla… Todo esto requiere posiciones firmes y meditadas, no puede improvisarse. Yo he procurado sentar un principio de discurso también en esos problemas, aquí en el blog, por ejemplo en forma de lecciones de democracia sobre las leyes LGTBI o sobre el franquismo y la figura de Franco… Esto último es absolutamente crucial. De la actitud hacia el significado del franquismo depende en muy gran medida cualquier enfoque de los problemas actuales. Eso no lo quiere ver casi nadie, pero sin clarificar esa cuestión ni superaremos la guerra civil ni saldremos del laberinto político en que estamos inmersos. Por eso, precisamente, escribí Los mitos del franquismo y otros libros como el referido a Europa.

P. Supongamos que la sociedad acepta la necesidad histórica del franquismo, ¿qué se sigue de eso?
–Obviamente se sigue la deslegitimación de las tendencias crecientes separatistas y antidemocráticas, se sigue la exigencia de independencia tanto frente a las derivas totalitarias de Bruselas como ante la OTAN y Gibraltar, se sigue una mayor atención a Hispanoamérica y una mayor contención de una inmigración peligrosa, sobre todo la islámica. He discutido sobre esto con algunas personas que lo cifran todo en la decisión administrativa. Un senegalés no es problema y probablemente se integrará, pero un millón de senegaleses sí constituyen una problema muy serio. Vi hace poco un video en una escuela francesa con mayoría de alumnos islámicos y africanos. Todos eran de nacionalidad francesa, hijos y a veces nietos de inmigrantes. Eran, pues franceses administrativamente, pero se les preguntaba si se sentían franceses. Todos, no sé si con alguna excepción, afirmaron no sentirse franceses. Esto significa mucho. En fin, se siguen muchas cosas más. Pero, como dije, el discurso político quedaría flojo si un discurso cultural más amplio que lo sostuviese.

P ¿Qué podríamos entender por un discurso cultural? ¿No suena demasiado amplio y difuso?
–Parte importante de ese discurso es el rescate de la historia, no solo de la guerra civil y sus consecuencias, sino más en general. España sufre el peso de la leyenda negra, que deprime sus energías, y se vienen haciendo esfuerzos crecientes por contrarrestarla y resaltar los grandes valores del convencionalmente llamado siglo de oro. Eso está muy bien, es imprescindible, pero se quedaría a medias si, como en el caso del franquismo, no intentáramos analizarlo de tal modo que extrajéramos de ahí lecciones válidas para afrontar los problemas actuales. ¿Por qué España tuvo tal fuerza durante un siglo y medio en torno al XVI? ¿Podría recuperar de alguna forma su importancia cultural, o estamos condenados a la satelización al mundo anglosajón y la colonización por el inglés? Etc. Observe usted que uno de los tópicos del antifranquismo, que envuelve una hispanofobia de fondo, es el del “páramo cultural” de aquel régimen. Se trata, como de costumbre, de una enorme falsedad. El páramo es más bien el actual. Los antifranquistas saben bien que atacar al franquismo no solo en el plano político sino también en el cultural, es esencial en su estrategia. Una labor importante consistiría en analizar aquel período con un punto de vista mucho más amplio que el político, y ver si podría obtenerse de ahí alguna lección que permitiese una continuidad, saltando por encima del siniestro frente popular hoy dominante también en la cultura. Pero eso casi nadie lo hace, ni siquiera se lo propone. Haría falta una verdadera escuela historiográfica que por ahora no existe. No basta con reivindicar el pasado a base de retórica e indignaciones, si empezamos por conocerlo mal y ni siquiera nos preguntamos qué podríamos aprovechar de él para las circunstancias actuales.

Las cruces amarillas comienzan a ser una ruina para el turismo en Cataluña
ESdiario 22 Octubre 2018

Los ingresos han bajado casi un 7% en Barcelona y la caída del negocio hotelero también se ha empezado a notar en las grandes poblaciones turísticas de las zonas costeras.

La caída del turismo suma y sigue en Cataluña. Solo en Barcelona, los ingresos han bajado en un 6,8%, y esa deriva se ha ampliado este verano a las zonas costeras. José Luis Zureda, vicepresidente de Exceltur, la asociación que actúa como lobby del sector turistico en España ha alertado de que el desplome del negocio "se siente ya en lugares emblemáticos de la costa catalana como Salou o la Costa Brava porque los altercados de cruces en las calles y playas han tenido una traslación en la tendencia hacia estas zonas", ha dicho.

En general, el sector ha ralentizado su crecimiento en el pasado verano, se queda en el 1,1%. La aportación de este importante sector al PIB ha disminuido. Se confirma el fin del turismo de sol y playa, se acabó la tormenta perfecta que ha beneficiado a nuestro país. Turquía y Egipto se están recuperando rápidamente. Menos turistas, menos pernoctaciones, aunque se han gastado más y hay un leve aumento de los ingresos la desaceleración es evidente.

El sector motor de nuestra economía se queja además de los presupuestos acordados entre Sánchez e Iglesias, con aumento de impuestos como el de Sociedades o el gravamen al diésel y a los beneficios. Perjudicará, en su opinión, a la productividad del sector. Entiende que “una subida en el Impuesto de Sociedades puede provocar que los inversores cambien sus inversiones en España a los países competidores”, precisamente Turquía o Egipto.

El 70,2 % de empresas turísticas catalanas vieron reducir sus resultados en verano respecto al de 2017, con un descenso de los ingresos del 3,8 % entre junio y agosto. Sin embargo, Exceltur espera un repunte del crecimiento de la actividad turística en España en el último trimestre del año centrado en Madrid, las ciudades vascas, castellanas, andaluzas y valencianas, frente a caídas en Canarias ante la mayor competencia de Egipto.

La actividad se verá más animada por el dinamismo previsto para la demanda nacional, al albur del buen desempeño del turismo de negocio y del calendario laboral, y la aceleración en el crecimiento del consumo de los principales mercados emisores europeos.

Ley Memoria Histórica
Barcos aprueba una ley de Memoria Histórica que expropiará bienes privados “por interés social”
Luz Sela okdiario 22 Octubre 2018

El ‘Proyecto de Ley de Lugares de Memoria Histórica de Navarra’, que este miércoles aprobó el Gobierno de Uxue Barcos, permite las expropiaciones de bienes privados que formen parte de un catálogo de lugares relacionados con la Guerra Civil y el Franquismo.

Esa lista, que será elaborada “de oficio” por el gobierno regional, incluirá, según recoge el borrador, espacios “de interés por haberse desarrollado en ellos hechos de singular relevancia vinculados con la represión y violencia ejercidas sobre la población como consecuencia del golpe militar de 1936 y la subsiguiente represión franquista”: fosas “de personas fusiladas y desaparecidas tras el golpe militar de 1936”, “obras públicas construidas con trabajos forzados de personas presas durante el franquismo”, “lugares de detención y asesinato de las personas que sufrieron la violencia y la represión franquista” y, en definitiva, cualquier espacio que las víctimas, asociaciones o administraciones públicas “hayan erigido en recuerdo, reconocimiento y reparación de las víctimas de aquella represión”.

La Administración, según el artículo 5, podrá “adoptar las medidas cautelares, incluida en su caso, la expropiación forzosa, en defensa” de estos lugares.

Esa expropiación tendrá lugar cuando los propietarios incumplan alguna e las obligaciones establecidas en la ley. Así, las personas titulares de terrenos o inmuebles inscritos como lugar de memoria histórica deberán “conservar, proteger y mantener dichos bienes en razón de su condición de lugar de la memoria histórica, de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores”, “evitar su destrucción y deterioro”, informar al Gobierno regional de cualquier actuación en estos lugares, “permitir su señalización”, “permitir la visita pública al menos cuatro días al mes” y “permitir la inspección” por parte del Departamento competente en memoria histórica, así como facilitar toda la información que se requiera.

“El incumplimiento de los deberes y obligaciones (…) podrá dar lugar a la expropiación forzosa por la Administración de la Comunidad Foral, de los terrenos o inmuebles inscritos como lugares de la memoria histórica de Navarra, por causa de utilidad pública o interés social”, se advierte en la ley. Los propietarios verán también muy limitadas las posibilidades de realizar obras en sus fincas o inmuebles.

Además, la ley establece un severo régimen sancionador, con multas de hasta 150.000 euros para las infracciones consideradas ‘muy graves’, entre las que se incluye la realización de excavaciones sin autorización, la destrucción de fosas, o la “omisión del deber de conservación cuando traiga como consecuencia la pérdida, destrucción o deterioro irreparable” de bienes catalogados como lugar de la memoria histórica de Navarra.

Serán infracciones ‘graves’ -castigadas con hasta 10.000 euros- el incumplimiento de la conservación si no hay destrucción de bienes, la obstrucción de las inspecciones por parte de la Administración o la realización, sin autorización, “de cualquier obra o intervención” en estas propiedades.

Memoria histórica en las aulas
Entre las novedades del proyecto se incluye también un plan de actuación en el ámbito educativo.

Así, se establece que “las Administraciones Públicas de Navarra promocionarán y divulgarán los lugares de la memoria histórica de Navarra y su estudio formará parte del sistema educativo de Navarra”.

El Gobierno navarro buscará además la implicación de alcaldes y asociaciones para diseñar itinerarios de memoria histórica en las distintas localidades, con los que se ofrecerá una visión parcial y sesgada de lo ocurrido.

El capital oculto de los españoles
Amando de Miguel Libertad Digital 22 Octubre 2018

El capital oculto de los españoles y de los hispanoamericanos (más de 600 millones de habitantes; se dice pronto) es la lengua común, la de Pérez Galdós o la de Vargas Llosa. Representa tanto o más que el capital físico o, incluso, que la acumulación de inteligencia y trabajo.

El capital más valioso y oculto, un verdadero tesoro, es la facilidad para el uso cotidiano de una de las pocas lenguas de comunicación internacional que hay en el mundo. Téngase en cuenta que la humanidad dispone hoy de más de seis mil; la mayor parte ni siquiera se escriben. Esa calificación que digo no se deriva solo del número de hablantes, sino de la acumulación literaria con validez universal. Muy pocas lenguas pueden mostrar el equivalente de tipos literarios tan conocidos en todo el mundo como don Quijote o don Juan. El indicador más medible es el número de personas que no tienen el español como legua materna y que la están aprendiendo. Así definido, el primer idioma del mundo es el inglés, pero el segundo puesto (a bastante distancia, es cierto) corresponde al español. Se trata de un hecho natural en el que ha contado poco la influencia política. Quizá haya sido más decisivo el dato de que el español cuenta con una red de academias que fijan y dan lustre al idioma. La matriz es la Real Academia Española.

Una característica notable del idioma español es que se aprende rápidamente gracias a su simplicidad fonética. La prueba es que los hispanohablantes mínimamente educados no necesitan deletrear una palabra nueva o poco oída para saber cómo se escribe. Es algo que no ocurre con el inglés, por ejemplo.

No deja de ser una triste ironía que en Cataluña los que mandan se hayan propuesto erradicar el castellano de la vida pública. No han aprendido la lección de Irlanda, hoy una economía próspera, que ha conseguido impulsar el negocio de enseñar inglés a muchos extranjeros que no son angloparlantes. Barcelona inició hace muchos años esa misma iniciativa respecto al castellano, pero todo se ha ido al garete. Aun así, a pesar de la inmersión de los estudiantes en la lengua catalana, hoy prácticamente todos los habitantes de Cataluña se pueden expresar en castellano. Es algo que sucede por primera vez en la historia. Otra cosa es que muchos jóvenes profesionales de Cataluña se defiendan mal por escrito en castellano. Se consuela uno pensando que lo harán mejor en inglés.

La cuestión no es conocer el castellano, sino atenerse a las reglas de la escritura, por otra parte, muy sencillas. Recientemente hemos visto que la ministra de Educación y portavoz del Gobierno escribe "educación" sin acento. Conviene recordar que estudió en las universidades de Deusto y de Valladolid y llegó a ser catedrática de instituto. Es muy posible que maneje un teclado sin tildes, pero no da ejemplo a los escolares. Acabarán creyendo que eso de las normas de ortografía es un resto de un ambiente facha. Por cierto, la palabra facha con ánimo despectivo se empleó en España mucho antes de que en Europa se empezara a hablar de fascismo. Recuerdo la conversación con un alumno de quinto de carrera hace ya algunos lustros. En un examen había escrito la palabra vergüenza sin diéresis. Se la corregí, pero me contestó con naturalidad que la cosa no tenía importancia, que lo de los dos puntitos era "un resto del castellano antiguo" y, por tanto, ya no se estilaba.

Desasosiega un poco ver cómo algunos altos cargos del Estado no parecen dominar la lengua común de los españoles. Son raros los que saben hablar en público sin leer el texto, incluso los que se dicen portavoces. Por ese lado también se malgasta el capital oculto del idioma. Sabemos que la calidad del aprendizaje del idioma común ha descendido mucho en España. Así que no debe extrañarnos que lleguen a los altos puestos de la política algunas personas que han egresado de un bachillerato degradado.

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

Una nueva encuesta señala la caída del PSOE y le da un 5% de voto a VOX
Un sondeo de Metroscopia recoge el primer retroceso del PSOE y pronostica un espectacular resultado para VOX, que superaría el 5%.
Libertad Digital 22 Octubre 2018

El PSOE ganaría las elecciones según el sondeo de Metroscopia para el Grupo Henneo que publican varios de los medios de este conglomerado como 20 Minutos, pero marcaría una importante caída comparándolo con el propio pronóstico de hace sólo un mes, ya que cae dos puntos y medio, pasando del 27,7% en septiembre al 25,2% ahora.

La encuesta destaca también porque, por primera vez, incluye la intención de voto de VOX y el partido de Santi Abascal se estrena a lo grande: superaría el 5% de voto y, sin ningún género de duda, entraría en el Parlamento.

Este crecimiento del VOX parece frenar el despegue de un PP que pierde dos décimas respecto a septiembre y se queda en el 22,6%, mientras que Ciudadanos tampoco tiene un buen resultado, ya que se deja un punto y seis décimas para caer al 19,2%. Los de Rivera mantienen la tercera posición pero ya ven de cerca a Podemos que parece recoger la caída del PSOE y sube 2,6 puntos para llegar al 17,7%.

La encuesta, que ha contado con un número muy importante de entrevistas -casi 2.800- se realizó la pasada semana entre los días 16 y 18 de octubre.


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La conjura de Lledoners
Luis Herrero Libertad Digital 22 Octubre 2018

La idea de que Iglesias pueda haber ido a ver a Junqueras sin la aquiescencia de Sánchez pertenece al género de la ciencia ficción. No cuela. Las declaraciones posteriores de socialistas varios marcando distancias con la iniciativa del caudillo podemita son tan falsas como la de los gobiernos que niegan conocer a los espías que son capturados mientras hacen cosas prohibidas. Iglesias no hubiera podido llegar demasiado lejos en su escaramuza carcelaria de haber reconocido oficialmente que actuaba como el Miguel Strogoff del Gobierno. El guión exigía que pudiera decir que actuaba por libre.

Ahora, al hacer suyas las exigencias de ERC (incluida la de la presión a los fiscales para que dejen a un lado el delito de rebelión), el líder de Podemos se convierte en aliado preferente de Junqueras sin dejar de serlo de Sánchez. En nombre de uno obligará al otro a avanzar en la idea plurinacional de las soberanías escindidas y en el nombre del otro obligará al uno a apearse de la acción unilateral. Ese es, creo yo, el convenio que comenzó a muñirse el jueves en Lledoners.

Se trata de un convenio que va mucho más allá de la negociación presupuestaria. Una vez que Sánchez parece haber llegado a la conclusión de que le importa un rábano seguir gobernando con la prórroga de las cuentas de Rajoy (algo que al principio, según dijo, le producía escalofríos), que se aprueben o no los presupuestos de este año deja de ser un hecho relevante. Es más: incluso puede interesarle que se rechacen. De ese modo podría esgrimir que no ha vendido su alma al independentismo. No será verdad, pero al menos será creíble.

Lo que se puso en juego el viernes, me parece a mí, es una operación de largo alcance que persigue varios objetivos consecutivos: garantizar cierta estabilidad parlamentaria de aquí al final de la legislatura, amarrar el compromiso de un acuerdo tripartito de cara a la siguiente, perfilar una salida viable, aunque indigna, a la cuestión catalana y poner a salvo a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Barcelona de las amenazas que representan tanto la operación Valls, por un lado, como la locura de Puigdemont, por el otro.

Las encuestas que están aflorando de un tiempo a esta parte ponen de manifiesto que cada vez hay menos posibilidades de poder establecer coaliciones de gobierno de dos únicos socios. Parece que vamos a la España de los triunviratos. El que puedan establecer Sánchez, Iglesias y Junqueras garantizaría -o casi- la continuidad del PSOE en Moncloa, el ascenso de Esquerra a la cima del Palau y la hegemonía de Podemos en la otra orilla de la plaza de Sant Jaume. Hay botín para todos.

El precio que pagaríamos los españoles, si ese acuerdo se consuma, sería demoledor. No solo porque quedaríamos condenados a padecer las consecuencias de una política ordinaria de izquierda radical, sino porque perfilaría una solución para Cataluña difícilmente compatible con la idea de España que hemos heredado de nuestros padres y prometimos legar a nuestros hijos. El reconocimiento del dichoso derecho a decidir, eufemismo que significa lo mismo que referéndum de autodeterminación, es una reivindicación incluida en los programas de dos de los tres socios del contubernio de Lledoners. Para subirse al carro, el PSOE no tendría más remedio que asumirla también como cosa propia.

Es evidente que Sánchez está obligado a decir que nada de todo esto es cierto. Si lo reconociera, gran parte de su electorado huiría en estampida hacia Ciudadanos. Es por eso le puede venir bien que Esquerra no apoye los presupuestos. Es menos malo para él agotar la legislatura habiendo prorrogado los anteriores que llegar a las urnas dentro de un año tras el tremendo desgaste que le supondría estar bajo sospecha de haber llegado a acuerdos inconfesables por debajo de la mesa con los independentistas.

Por eso hay que desconfiar de su discurso. Más elocuentes que las palabras son los hechos. Y el hecho indiscutible es que Sánchez ha permitido que Iglesias se reúna con Junqueras en la cárcel sabiendo de antemano lo que iba a pasar. Al no impedir la visita, el presidente se hace responsable de sus consecuencias. La más importante de todas es que Podemos y ERC ya han oficializado que sus puntos de vista -lo cuantificó Tardá- coinciden al 95%. Desde esa cercanía, ambos colocaron la pelota en el tejado del Gobierno. Y allí sigue todavía, a la espera de que el PSOE decida si se suma a la partida o defiende los intereses de la Nación. Son apuestas incompatibles.

Yo me temo lo peor.

Iglesias, el enviado de Sánchez para negociar todo con Junqueras y Puigdemont
EDITORIAL esdiario 22 Octubre 2018

El Gobierno promueve o tolera unas conversaciones opacas entre Iglesias, Junqueras y Puigdemont que evidencian el precio que el independentismo le puso a Sánchez para darle La Moncloa.

Cuanto más se empeña el Gobierno en negar toda participación de Pedro Sánchez en las conversaciones que Pablo Iglesias mantiene con los líderes independentistas, más evidente resulta la conexión entre todos ellos: resulta ridículo, amén de increíble, pensar que quienes se pusieron de acuerdo para impulsar una moción de censura contra el PP no mantengan fluidas conversaciones para, ya de entrada, tratar de pactar los Presupuestos Generales del Estado.

Nadie se puede creer que Iglesias actúe sin el plácet de Sánchez ni que las conversaciones con Puigdemont y Junqueras sean solo para los PGE

Y resulta también inútil intentar persuadir a la opinión pública de que, del mismo modo que la moción de desalojo de Rajoy no era gratis para Sánchez; las negociaciones entre su delegado, Junqueras y Puigdemont se van a limitar al ámbito económico.

Lo que el dirigente de Podemos está haciendo es preparar el terreno para que Sánchez, por obligación o devoción, empiece a preparar a la ciudadanía para las concesiones que, de mayor o menor envergadura, va a seguir concediéndoles a quienes le auparon a él a La Moncloa y ahora le pasan la factura correspondiente.

Una hoja de ruta penosa
Que ya se hable abiertamente de presiones a la Fiscalía General para que ordene rebajar los cargos, de indultos o de salidas de prisión no es una casualidad, como no lo fue la primera concesión nada más ser investido Sánchez, el traslado de los presos por rebelión y sedición.

Todo forma parte de una hoja de ruta que Iglesias resumió en pocas palabras tras su conversación de casi una hora con Puigdemont: "Estamos de acuerdo en abrir espacios de diálogo político sin exclusión de ningún tema".

Es un escándalo que la política económica y territorial de España estén en boca de Iglesias y los separatistas

Esa frase permite muchas interpretaciones, y viniendo de un político que defiende la celebración de un referéndum legal en Cataluña, presagia lo peor. O no lo descarta. Y eso es razón suficiente para considerarlo todo un escándalo de magnitudes desconocidas, pues convierte las necesidades y aspiraciones electorales de unos pocos -ligadas a repetir alianzas similares en el futuro en La Moncloa y en la Generalitat- es una hipoteca colectiva para España.

Que Sánchez desmienta, sin energía alguna, lo que sin embargo tolera hacer a Iglesias, atestigua la comunión entre ambos y el reparto de papeles que se han dado para mantener las formas. Y que ni ahora ni mañana esté en juego la integridad territorial de España, pues cualquier cambio requiere de unas mayorías que jamás lograrán e incluye la participación de todos los españoles en la decisión, no le resta gravedad al blanqueamiento bochornoso de unos delincuentes con ínfulas a los que el Gobierno, y su socio preferente, tratan con una dignidad y un respeto rehabilitadores simplemente infames.

EDITORIAL DE LAS 7 H EN COPE
Escalofriante cornada de Carlos Herrera a El País por su "infame" editorial pidiendo la libertad de los golpistas
 Periodista Digital 22 Octubre 2018

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, salió a darle instrucciones al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, diciendo que tenía que "moverse" tras su reunión con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la prisión de Lledoners, quien le ha transmitido que ERC no negociará los Presupuestos sin gestos hacia los presos.

Iglesias se ha reunido durante unas dos horas y media con el líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, en prisión preventiva en el centro penitenciario de Lledoners, en un contexto marcado por las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado y la situación de Cataluña.

Al día siguiente, el editorial del diario El País ya estaba haciendo el trabajo sucio a Sánchez pidiendo la liberación de los presos preventivos a la espera de juicio.

Tras el título Prisión preventiva, el diario de Soledad Gallego-Díaz reconoce que "es admisible que el Supremo revise la situación de los detenidos del procés". Pese a que el texto no se refiere a Junqueras y compañía en ningún momento como presos políticos, sí da razones para que se les pueda poner en libertad mientras no empiece el juicio, que aun no tiene fecha.

El País señala que la prisión preventiva constituía "un expediente judicial muy frecuente durante el franquismo", pero que en la actualidad esta medida "se circunscribe a protagonistas de presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas, miembros de organizaciones criminales y autores de robos con violència", pero también en asuntos "de especial trascendencia mediática" como sería el caso del juicio por el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Porque los jueces actúan en esos casos mediáticos guiados por un "exceso de prudencia, por el prurito de no ser criticados por exceso de benignidad o por la permanencia psicológica del antiguo requisito de la alarma social".

El País señala que las medidas cautelares de los procesados por el 1-O pueden ser "reexaminadas", entre otras razones, porque "de los tres requisitos necesarios para legitimar una prisión preventiva, hay dos que parece que ya no concurren: el riesgo de destrucción de pruebas (obsoleto con el paso del tiempo) y el de reincidencia en el delito (al no ocupar los justiciables sus anteriores responsabilidades)".

Respecto al tercer requisito, el riesgo de fuga, el periódico señala que "varios de los hoy encarcelados fueron en su momento puestos en libertad" y en ese momento "descartaron drásticamente utilizar esa ventaja para convertirse en prófugos".

Carlos Herrera, en su editorial este 22 de octubre de 2018 en la COPE, ha salido en tromba contra El País:
"Hay un problema espinoso: la libertad de los golpistas. El Gobierno no puede indultarles. ¿Qué pasará? ¿Descolgará el teléfono Sánchez para presionar a la Fiscal General? Es muy delicado. ¿Qué gesto puede hacer Sánchez? Y mientras tanto, el Gobierno del Frente Popular va a crear esa masa de gente social de gente que viva de lo público y que nos siga votando. Y para eso hace falta que el diario E País haga el trabajito como en ese editorial infame [del 20 de octubre de 2018] pedía la libertad para estos, para golpistas. Porque como son nacionalistas, amigo mío. Aquí puede estar Granados tres años en la cárcel en prisión preventiva que no pasa nada, pero si el delito es de un nacionalista que cometió golpe de Estado, ya está El País con su campaña de blanqueo".

Los falsos mitos del independentismo: por qué Cataluña está como está
La situación de la comunidad autónoma sería muy diferente sin las falsedades que repiten y propagan aquellos que buscan y apoyan la ruptura con España
Antonio Fernández. Barcelona elconfidencial 22 Octubre 2018

El independentismo ha comenzado desde hace unos meses una dura campaña de concienciación entre los suyos en base a mensajes de dudosa credibilidad que machaconamente se lanzan tanto en las redes sociales como en campañas institucionales, ya sean dentro del territorio catalán como internacionalmente. Son los falsos mitos que el independentismo necesita mantener para justificarse. Sin ellos, la situación de Cataluña entraría en una normalidad alarmante que los más radicales tratan de que no llegue nunca. Aquí recogemos los principales:

- La mayoría de los ciudadanos es independentista. Falso. Las formaciones unionistas sumaron 2.228.421 votos frente a 2.079.340 de los independentistas. En estos cómputos, solo se han tenido en cuenta los sufragios recibidos por los partidos con representación parlamentaria. No están contabilizados los 38.743 del Pacma (la cabeza de lista se declaró abiertamente antiindependentista) o los 10.287 de Recortes Cero, por ejemplo. Cierto que por la Ley d’Hondt, el reparto de escaños favorece a los soberanistas porque los votos de zonas rurales, donde ellos acaparan más apoyos, son los que pesan más a la hora de repartir los escaños. Basándose en la atribución de escaños, los independentistas reclaman que tienen la mayoría absoluta del Parlament y que, por ello, representan a la mayoría del pueblo catalán. De ahí que sea peligrosa la deriva que reivindica que con el 50%+1 (de escaños) pueden hacer lo que les venga en gana. Ello lleva a otra paradoja: mientras para algunas cuestiones es necesaria una “mayoría cualificada” del Parlament (que puede ser de tres quintos o incluso de tres cuartos), para modificar el estatus de Cataluña, abolir la Constitución y declarar la república no se necesita más que el 50,1% de los escaños.

- El Govern no cumple el mandato del pueblo. Falso. “La mayoría de analistas han dado por bueno que el Govern no está cumpliendo el mandato (…) Pues mirad, esto es falso. No está incumpliendo ningún mandato. (…). No hay ningún mandato incumplido”, llegan a afirmar los propios independentistas. El programa electoral de ERC detalla lo siguiente: “El primer objetivo electoral es, ahora y aquí, después de la aplicación arbitraria del artículo 155 de la Constitución, restaurar un Govern y un Parlament legítimos y defender las instituciones catalanas”. También se compromete a “trabajar para hacer efectivo el reconocimiento del derecho ejercido por el pueblo de Cataluña en el referéndum del 1 de octubre”, pedir “la liberación de los presos políticos”, defender “las instituciones de Cataluña ante la agresión que representa la suspensión de nuestro autogobierno a raíz de la arbitraria aplicación del artículo 155” e impulsar un gran “diálogo de país que ensanche la amplia mayoría ciudadana a favor de hacer realidad la república catalana”. JxCAT prometía “restaurar al ‘president’ de Cataluña, Carles Puigdemont, restituir las instituciones catalanas, continuar con el mandato democrático del 27 de octubre y del 1 de octubre, la construcción de la república catalana”, "defender la democracia y las libertades individuales y colectivas y derrotar al tripartito del 155 en las urnas”, exigir la revocación de las “causas pendientes por motivos políticos”, acabar con “la aplicación del artículo 155 y la intervención financiera de la Generalitat” y exigir al Gobierno español “la aceptación de los resultados electorales”.

- No fueron unas elecciones libres. Falso. Fueron unas elecciones convocadas en tiempo y hora, sin dilaciones por parte del Gobierno central, a las que pudieron concurrir incluso candidatos que se encontraban encarcelados y otros huidos de la Justicia. Es más: todos ellos resultaron elegidos y se les concedieron todas las prebendas como parlamentarios. Otra cosa es que algunos de los candidatos no pudieran ser elegidos presidente porque no se encontraban físicamente en el hemiciclo, tal y como prevé el reglamento de la cámara. Por otra parte, Carles Puigdemont, el principal afectado por ello, incumplió su promesa de regresar a Cataluña tras los comicios, prefiriendo quedarse en Bélgica a comparecer ante la Justicia y la sociedad catalana.

- Puigdemont fue el presidente elegido. Otro de los mitos falsos. Ni siquiera ERC se comprometió a investir a Puigdemont. El ‘expresident’ recibió 948.233 votos, solo 12.372 más que Oriol Junqueras. Pero no fue el candidato más votado, sino que lo fue Inés Arrimadas, con 1.109.732 votos. No obstante, tiene derecho a buscar alianzas y a pactar su investidura con quien considere conveniente. Un analista tan poco sospechoso de unionista como Francesc Abad lo dejaba muy claro: “Hay alguna cosa que no está saliendo como se querría, por ejemplo, investir a Puigdemont. Y es un tema muy importante este, pero aun así conviene tener en cuenta dos cosas, sin las cuales cuando se pone este ejemplo de incumplimiento de mandato se está manipulando y mintiendo. De entrada, JxCAT, que es la fuerza que asumió este mandato, no tiene mayoría para hacerlo. Solo podía investirse un presidente independentista a partir de un acuerdo con ERC, y ERC no se había comprometido nunca a investir a Puigdemont. Ante esto, se podría tirar todo por la borda o se podía actuar con responsabilidad, buscando un acuerdo, que es lo que se hizo, porque solo somos mayoría si estamos todos”.

- JxCAT y ERC se comprometieron a proclamar la república. Falso. “Ni JxCAT ni ERC pusieron fecha a hacer realidad la república. Reiteraron su compromiso inequívoco para hacerlo posible, para hacerla realidad. Pero no se puso ninguna fecha, ningún calendario, nada que dijese que en octubre de 2018 la tendríamos que tener, ni en noviembre, ni en enero de 2019. Me resultan, por tanto, incomprensibles los que alimentan el relato de que se está incumpliendo un mandato. Es una manera muy vil de engañar a la gente y de querer desgastar al Govern y a los partidos”, dice Abad. En los programas electorales de ERC y de JxCAT, no aparece en ningún momento la promesa de proclamar la república.

- En Cataluña hay presos políticos. Falso. Hay políticos presos, acusados de delitos contenidos en el Código Penal. La expresión se utiliza no solo para calificar a los miembros del Gobierno catalán encarcelados, sino también a alcaldes y concejales imputados por diversos delitos, como incumplimiento de la Ley de Banderas o desobediencia al juez.

Psicosis o neurosis, nueve paradojas catalanas
Ignacio Varela elconfidencial 22 Octubre 2018

El independentismo catalán ha quedado dividido en dos grupos: unos creen que hay una república. Otros saben que tal cosa no existe ni llegó a existir, pero les cuesta digerirlo

- El referéndum del 1-O fue legal. Falso. Legalmente, la Generalitat no tenía competencias para convocarlo, ya que solo lo puede hacer el Gobierno central. Además, no había ni censo oficial ni hubo un control de las votaciones. En muchas urnas se metían votos a puñados que luego eran contabilizados como válidos. La desfachatez llegó a tal extremo que los independentistas llegan a detallar la cantidad de votos con el sí, con el no o nulos de las urnas que fueron confiscadas durante la jornada. Sin embargo, es imposible conocer cuáles eran los contenidos de esas urnas, ya que nunca fueron abiertas y contabilizados sus votos. ¿Cómo es posible, entonces, que den una cantidad exacta de los ‘votos confiscados’? Por otro lado, la comisión de ‘expertos’ internacionales invitada al referéndum por la Generalitat se negó a realizar ningún informe oficial, tal y como se había prometido, “porque el referéndum no tenía las garantías democráticas mínimas” como para ser tenido en cuenta. El posicionamiento de ‘sus’ observadores fue ocultado por la Generalitat para no tener que reconocer públicamente esa circunstancia y poder seguir teniendo su único ‘leit motiv’ de la secesión: que hubo un referéndum ‘democrático’.

- El antiindependentismo es ultraderecha. Falso. El mensaje simplista lanzado unánimemente por el secesionismo es que “la ultraderecha” es el principal enemigo de Cataluña. En ese concepto se incluyen a partidos como PP, Ciudadanos o la entidad Sociedad Civil Catalana (SCC). La simplificación del mensaje llega hasta el extremo de que sectores cada vez más amplios del independentismo, los más radicales, incluyan entre la extrema derecha al PSC e incluso a dirigentes de la izquierda tradicional que hoy militan en las filas de Podemos o de los comunes. Paralelamente, desde hace algunos meses se ha ido aplicando la calificación de ‘extrema derecha’ combinándola con la de ‘fascismo’, en lo que es una muestra clara de la manipulación ideológica del soberanismo. En el lenguaje tergiversado que utiliza el independentismo, siempre se añade la coletilla ‘democrática’ a toda acción que provenga de las filas secesionistas, un intento de justificación de sus propias acciones, que muchas veces rayan en la ilegalidad, cuando no en el autoritarismo puro y duro. No deja de ser sarcástico que se llegue a calificar de ‘resistencia democrática’ la violencia callejera de los radicales.

- España no es una democracia. Falso. Es el principal mensaje que, internacionalmente, el independentismo trata de ‘vender’ a los demás países para justificar sus propias acciones. La Constitución española garantiza unos estándares de democracia de primer nivel. Pero la consigna independentista ha sido perversa: si una ley no me interesa, no la obedezco. De ese modo, el Parlamento catalán asumió competencias que no le correspondían al aprobar leyes que abiertamente vulneraban la Constitución, exactamente igual que hizo el Reichstag en 1933 (el único antecedente que existe en Europa) con la Constitución de Weimar. España, por otro lado, tiene un alto grado de permisividad en sus leyes. En Alemania, país que suelen poner como ejemplo los independentistas, están prohibidos los partidos independentistas y las campañas secesionistas. Tampoco se permite que el presidente de un ‘Land’ gane más que la canciller Merkel, por ejemplo. Y, por si fuera poco, tienen sus competencias mucho más limitadas que la autonomía de Cataluña. Claro que también sus competencias están blindadas y no existe injerencia del Gobierno federal en el terreno que corresponde a los gobiernos regionales, como ocurre en España.

- No nos dejan votar. Falso. Fue uno de los mensajes más difundidos en un principio para atacar a España y justificar cualquier actitud secesionista. Desde el año 2010, Cataluña se ha visto abocada a cuatro elecciones autonómicas, tres elecciones generales, dos elecciones municipales y unas europeas. En ocho años, pues, los ciudadanos catalanes han pasado 10 veces por las urnas. ¿Alguien da más?

- La república será más democrática. Falso. Al menos, la república que algunos quieren implantar en Cataluña. Solo dos detalles ilustran la peligrosidad de la deriva en que el independentismo quiere sumir a la sociedad catalana: no establece separación entre los poderes judicial y ejecutivo y el máximo órgano judicial está presidido por el mismísimo consejero (o ministro) de Justicia. Por otro lado, mientras que la Constitución española establece que hay una figura inviolable (que es el Rey), el nuevo régimen catalán, según la ley de transitoriedad aprobada por el Parlamento catalán con los votos de JxCAT, ERC y la CUP establece que el ‘president’ es también inviolable, así como todos sus consejeros (o ministros). Además, el ‘molt honorable’ solo puede ser imputado por el presidente del Tribunal Supremo… un cargo que sólo puede nombrar él en persona. Para justificar estas aberraciones, los independentistas alegan que esa ley es solo “provisional”. Claro que no aclaran hasta cuándo durará esa provisionalidad.

Mossos: el juguete roto del separatismo
El cuerpo policial se fractura entre facciones independentistas y plataformas no nacionalistas.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 22 Octubre 2018

El aplauso espontáneo que miles de agentes de los Mossos d'Esquadra dedicaron a sus compañeros de la Policía Nacional al paso por la Jefatura Superior de Policía durante una protesta laboral ha desquiciado a los sectores independentistas de los Mossos d'Esquadra. Los Mossos per la República de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Mossos per la Democràcia y el grupo clandestino de mossos agrupados bajo el nombre de "Guilleries" no son mayoría en el cuerpo. Tampoco la Unión de Mossos por la Constitución, pero hace tan sólo unos meses tal nombre para una agrupación de policías en Cataluña era impensable.

La dirección política de los Mossos jamás ha actuado contra los agentes que se declaraban abiertamente independentistas en las redes sociales y sus centros de trabajo. Si algo ha hecho es alentar la politización separatista y promocionar a agentes de probada lealtad nacionalista. La imagen definitiva de la politización del cuerpo fue la participación de varios agentes en la fuga de Puigdemont y la escolta permanente a cargo de miembros del cuerpo.

Se tolera que el agente Albert Donaire, líder de los mossos de la ANC, insulte a los ciudadanos contrarios al separatismo en su concurrido canal de "Youtube", que los agentes de "Guilleries" llenen las comisarías de panfletos y comunicados a favor de boicotear al Estado y los Mossos per la Democràcia avisen por vídeo a Vox, Ciudadanos y el PP de que no tolerarán injerencias españolas.

Doble rasero
En cambio, mossos que han redactado algún informe en español o quienes han criticado el nacionalismo en las redes sociales han sufrido represalias en forma de traslados o investigaciones internas. A la contra, la división de asuntos internos canceló la investigación sobre la actividad de los agentes que se enfrentaron a policías nacionales y guardias civiles durante el 1-O o simularon llevarse urnas.

Sin embargo, el nacionalismo ya no ejerce el control absoluto sobre los Mossos de antaño. La instrumentalización política, la falta de medios y el impago de las horas extras del 1-O, entre otros factores, han cristalizado en la plataforma "MosS.O.S", los organizadores de la manifestación que congregó a casi cinco mil agentes (son cerca de 17.000) en la que se aplaudió a la Policía Nacional.

Se reclaman apolíticos, no permiten llevar banderas en sus actos y se visten de negro para protestar. El peso numérico de un grupo que nació en grupos de telefonía ha propiciado su inclusión inmediata en las mesas negociadoras de la consejería de Interior con los sindicatos. El episodio de la Jefatura Superior de Policía les vincula con la supuesta represión contra el separatismo. ERC también les reprocha que cargaran a las puertas del "Parlament" o cuando los CDR les lanzaron piedras y pintura en una manifestación de Jusapol, el pasado 29 de septiembre.

Además de la falta de personal y medios, de la utilización política y de los retrasos salariales, "MosS.O.S" también surge por la desprotección jurídica de la acusan a la Generalidad respecto a la setentena de agentes investigados por los sucesos del 20-S y el 1-O.

Los separatistas señalan como los nazis las casas que cuelgan la bandera española en Menorca.
OKDIARIO 22 Octubre 2018

La improbable independencia de Cataluña no es el final del trayecto. La estrategia del PDeCAT, ERC y la CUP pasa por arrastrar a las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana a su proyecto totalitario, para hacer realidad el sueño de los llamados “Països Catalans”.

Los separatistas marcaron con lazos amarillos y banderas esteladas decenas de viviendas particulares de Menorca cuyos propietarios habían colocado la bandera española en su fachada, para celebrar la Fiesta Nacional del 12 de Octubre.

Los independentistas recurren así, de nuevo, a la práctica de señalar públicamente a sus enemigos, como hacían los nazis que marcaban las viviendas en las que vivían los judíos, en la Alemania de los años 30.

La imagen que acompaña esta noticia ha sido tomada en Es Mercadal, donde la Policía Local tardó pocas horas en retirar las pegatinas y carteles que los radicales habían colocado en apoyo de los golpistas que cumplen prisión preventiva.

Menorca
Esteladas y lazos amarillos usados por los separatistas para marcar una vivienda en la que ondeaba la bandera española durante la Fiesta Nacional del 12 de Octubre en Menorca.

Se trata de la misma población de Menorca en la que los separatistas intentaron reventar el pasado verano una conferencia al aire libre ofrecida por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que estaba disfrutando de unos días de vacaciones en la isla.

Durante la charla de Rivera, media docena de jóvenes independentistas se pusieron en pie y exhibieron pancartas con los lemas “Menorca es Països Catalans” y “Kill your local fascist” (Mata a tus fascistas locales). En aquella ocasión, buena parte del público respondió a la provocación increpando a los separatistas con gritos de “¡Fuera, fuera!” y “¡Nazis, nazis!“.

En el caso de Menorca, los separatistas actúan amparados por las instituciones: el PSOE gobierna el Consell insular y varios ayuntamientos mediante un pacto con Podemos y con Més, el partido independentista que califica de “presos políticos” a los golpistas y que mantiene excelentes relaciones con ERC.

Durante el pasado verano, se puso en marcha en la isla un CDR, formado por domingueros y catalanes independentistas que se encontraban de vacaciones en Menorca. A imitación de los CDR controlados por la CUP en Cataluña, este grupo protagonizó varios actos testimoniales desplegando grandes lazos amarillos en las playas de Menorca o pintándolos en parajes naturales protegidos, para molestar a los turistas.

Los catalanes que 'mataron' a Companys
José García Domínguez Libertad Digital 22 Octubre 2018

Como cada año por estas fechas, la máxima autoridad del Estado español en Cataluña, plaza hoy ocupada interinamente por el testaferro Torra, ha aprovechado otro aniversario del fusilamiento de Lluís Companys en el patio del castillo de Montjuich para culpabilizar al Estado español de aquella muerte trágica. Una rutina propagandística, por lo demás. Tan odiado en vida (Estat Català intentó asesinarlo en 1937) por los elementos más hiperventilados y fanáticos del separatismo de su época –los Badia, Dencàs, Cardona, Casanovas o Torres Picart, aquellos racistas filonazis que tanto admira ahora el testaferro Torra–, Companys ocupa una función icónica central en esa imaginativa ficción novelada que en la Cataluña actual usurpa el lugar que debiera corresponder a la crónica histórica objetiva. Y es que el guión de esa narración canónica en forma de cuento, la que todos los escolares locales contemporáneos aprenden en los colegios, recrea un pasado virtual en el que los catalanes no tuvieron absolutamente nada que ver ni con el apoyo civil al bando franquista sublevado el 18 de julio de 1936 ni con el largo régimen dictatorial al que daría lugar luego su victoria en la guerra. Cataluña, según el índice del cuento, fue por completo ajena a todo aquello.

De ahí que, a efectos de hacer la relación convincente de entrada, en el juicio y posterior ejecución de Companys no deban aparecer en escena, y bajo ningún concepto, nombres o apellidos catalanes. Puesto que el guión exige de modo insoslayable que no podía haber franquistas ni falangistas catalanes, hubo que hacer desaparecer de la memoria oficial cualquier rastro de comprometedora catalanidad genuina en el martirologio mítico del president. A Companys solo podían haberlo matado los fascistas españoles residentes en Cataluña, en ningún caso catalán legítimo alguno. Razón por la cual en las decenas y decenas de reportajes televisivos y piezas hagiográficas de todo tipo que se han realizado sobre el acontecimiento solo aparecen apellidos castellanos cuando se hace mención a cuantos tuvieron algún papel en el consejo de guerra. Pero como en España no hay mejor manera de conservar un secreto que publicarlo en un libro, a Jordi Pujol no se le ocurrió mejor idea en 1999 que editar con cargo a la Generalitat una reproducción facsimil con todas las actas mecanográficas de la causa 23.468 contra el reo Lluís Companys i Jover, la que tuvo lugar en el castillo de Montjuich entre los días 3 y 15 de octubre de 1940.

Así, gracias a Pujol, cualquiera puede constatar con solo ojear ese documento que, de entrada, los tres principales testigos de cargo que depusieron testimonios acusatorios contra Companys fueron tres catalanes de indubitada cepa. Y no tres catalanes del montón, por cierto. Porque, azares del destino, resulta que el primero de ellos respondía por José Tapies Mestres, por más señas el padre del célebre pintor Tàpies, uno de cuyos lienzos abstractos preside, para más inri, la sala oficial en la que se reúne el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Pero es que otro de los acusadores más significados en el proceso de Companys resultó ser cierto Carlos Trías Bertrán, jefe provincial accidental del Movimiento en la provincia de Barcelona, según aclaran las actas del juicio, y tío abuelo de Xavier Trías, el último alcalde convergente de Barcelona. Por su parte, el tercero de los testigos de la acusación privada respondía por Joaquim Maria Balcells i Serch, lo que tampoco nos parece remitir a una genealogía precisamente madrileña. Pero es que en los legajos del expediente Companys igual aparece un Lluís María Callís i Farriol, médico militar y teniente forense destinado en el castillo de Montjuich durante aquellas fechas. Militar catalán, por cierto, que no fue el único soldado oriundo de la tierra presente en la sala.

Sin ir más lejos, el abogado defensor de Companys, el teniente de artillería Ramón de Colubí, también era catalán por los cuatro costados. Tan catalán por todos los costados posibles como el propio juez instructor de la causa, el general Ramón de Puig. O como el acusador oficial, el fiscal jurídico militar Salvador Rodríguez i Molins. O como el general de brigada Pompeyo Masferrer, que ejerció de vocal en el consejo de guerra. O como, en fin, Antoni Fernàndez i Ferrer, el funcionario de la Generalitat, en concreto del Departamento del Presupuesto, que también ejerció como testigo de cargo contra Companys en Motjuich. Nombres y apellidos que la historiografía oficial catalana se ha encargado de hacer desaparecer con la misma técnica que utilizaban los funcionarios de Stalin para hacer invisible a Trotsky en todas las fotografías de los archivos de la revolución de octubre. La misma.

Ortega Lara despachado en 15 segundos: este es el relato sobre ETA que llegará a las aulas
Alejandro Requeijo vozpopuli.es 22 Octubre 2018

Un fundador de ETA justificándose en el inmovilismo del PNV (“¡se presentaban como angelitos, como pacifistas!”), numerosas comparaciones con Irlanda del Norte o el secuestro de Ortega Lara reducido casi a un comentario. Estos son algunos de los mensajes que contiene la serie de documentales con los que el Gobierno vasco pretende enseñar en las escuelas el medio siglo de existencia de la banda criminal. Son casi dos horas de imágenes en las que la palabra terrorismo parece tabú y hay que esperar casi 40 minutos para escuchar a una víctima de ETA.

En su repaso a esta historia, los 532 días que el exfuncionario de prisiones permaneció encerrado en un zulo se despachan exactamente en 15 segundos de imágenes con una narración de fondo. Es menos que los 22 segundos que se le dedica, por ejemplo, a la detenida por terrorismo Guruzte Yanci, fallecida durante su arresto en un cuartel de la Guardia Civil en 1993. La autopsia determinó que no presentaba signos de violencia y que su muerte se debió a un fallo cardiorespiratorio.

Asociaciones como la AVT y COVITE creen que el programa blanquea a la banda, el PP lo ha tachado de “despropósito” y el PSE pide que se revisen y corrijan algunos contenidos. Desde el Gobierno vasco, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha rechazado estas acusaciones, aunque ha abierto la puerta a aportaciones del resto de partidos para definir esta unidad didáctica. El programa Herenegun! (antes de ayer) empezará a impartirse este año en una experiencia piloto en ocho centros vascos a alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato (entre 15 y 18 años).

Primer asesinato
El documental es especialmente condescendiente con la banda a la hora de valorar sus primeros años y el origen de su actividad. “¿Tu cómo te enteraste de la muerte de José Pardines y de Txabi Etxebarrieta?”. Esta es la primera pregunta que le realiza la presentadora del espacio a uno de los entrevistados. La mera formulación de la frase sitúa en condiciones de igualdad al terrorista muerto en un tiroteo con la Guardia Civil y a José Pardines, un joven gallego destinado en el servicio de Tráfico al que había asesinado unas horas antes.

Ese fue el primero de más de 800 víctimas a manos de ETA. Etxebarrieta también fue el primer etarra muerto en el desempeño de su actividad criminal y por ello sigue siendo un símbolo en los ambientes proetarras. Era 1968 y para situar históricamente el surgimiento de ETA, el entrevistado acude a referentes como el mayo francés o la primavera de Praga en la que Checoslovaquia se rebeló contra la bota soviética cuyo modelo de sociedad y ausencia de libertades era el mismo que inspiraba a ETA.

En el enfoque sobre el nacimiento de la banda se emplean sobre todo imágenes del dictador Franco. En ese marco, el documental entrevista a un extremeño llegado a Euskadi en busca de trabajo. Tenía 16 y eran los años 60 en los que toda España vivía bajo el yugo de la dictadura franquista. Según dice, cuando llegó se dio cuenta de que el pueblo vasco “estaba masacrado”. Luego se queja de la dureza de las fuerzas de seguridad franquistas ante las protestas sindicales.

“Uno de los objetivos de la iniciativa es ayudar a los estudiantes a comprender la historia del País Vasco en una situación de convulsión y violencia”, dice la web del Gobierno Vasco. Son cinco capítulos de algo más de 20 minutos cada uno grabados a modo de documental. Abordan el periodo comprendido entre 1960, un año después del nacimiento de ETA, hasta 2011, fecha del cese definitivo de la violencia de ETA. El Gobierno vasco advierte de que se trata de un periodo sujeto a distintas interpretaciones y con ese enfoque se incluyen numerosos testimonios carentes de un contexto adecuado.

Para explicar la dispersión de presos de ETA por cárceles de toda España, el documental se centra en el aspecto emocional mostrando a un grupo de familiares de presos terroristas, en detrimento de ahondar en los argumentos en los que se basa esta estrategia: evitar la retroalimentación de los terroristas en prisión y facilitar su reinserción impidiendo el control férreo que sobre todos ellos ejercía la organización.

Los asesores
Las víctimas de ETA no han participado en la elaboración de estos contenidos. Los vídeos son el resultado de un acuerdo entre EITB y el Gobierno vasco y han contado con el asesoramiento del catedrático de Historia de la Universidad Complutense de Madrid Juan Pablo Fusi, la exdirigente del PNV Mari Carmen Garmendia y el periodista Mariano Ferrer. Este último fue el primer director del diario abertzale Egin y ejerció como portavoz de la plataforma 18/98 contrario al macrosumario instruido contra el entramado de ETA. Llegó a pedir la desaparición de la Audiencia Nacional por ser un "tribunal de excepción".

En el documental hay caras conocidas como la de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien recuerda que, cuando un comando de ETA asesinó al presidente del Gobierno Carrero Blanco, “por dentro el mundo decía que había sido providencial porque iba a ser un tapón para el desarrollo de la democracia”. A su lado el director de cine Imanol Uribe describe a ETA como “un exponente antifranquista” mientras el primer presidente del Parlamento Vasco en 1980, Juan José Pujana, celebra que la banda matase a Carrero: “Como todo el mundo, yo me alegré”.

Antes que ellos, el fundador de ETA Julen Madariaga justifica así el surgimiento de la banda: “Nuestros contactos con el PNV se presentaban como angelitos del cielo, muy pacifistas, nada de guerras. Pero vamos a ver, pero si el PNV llevó a cabo una guerra total durante el 36 y el 37. Nosotros nos tenemos que defender también frontalmente (..). Pues oye, si no están haciendo absolutamente nada nosotros vamos a intentar hacer algo”.

También tienen su hueco dirigentes de la izquierda abertzale más recientes como Hasier Arraiz, quien lamenta que tenía que dormir con un ojo abierto porque debajo de su casa había un coche de la Policía. “Así es muy difícil hacer política”, dice Arraiz, quien en 2016 fue condenado por integrar Batasuna tras reconocer que la formación, efectivamente, formaba parte de ETA.

“¿Por qué no condenasteis el asesinato de ese militar en Madrid?”, le pregunta en otro momento la periodista a la abogada Jone Goirizelaia. Entonces la histórica defensora de etarras admite que desde el entorno proetarra se toman decisiones respecto a la violencia en función de lo que sea más conveniente: “La izquierda abertzale no ha hecho nunca algo que el otro quiere que haga por que sí, porque le parece mejor al otro, a la otra parte. La izquierda abertzale lo que hace es lo que cree que es más conveniente en ese momento”.
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