AGLI Recortes de Prensa   Jueves 1  Noviembre 2018

El constitucionalismo y los 'cordones sanitarios'
EDITORIAL Libertad Digital 1 Noviembre 2018

El 'único cordón sanitario' que cabe establecer hoy en España es el que tenga como objetivo aislar y doblegar al golpismo separatista y a las fuerzas de extrema izquierda que pretenden acabar con el régimen de libertades consagrado por la Constitución.

Una semana después de que el líder del PP, Pablo Casado, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, hicieran causa común en el Congreso frente al proceso golpista de las fuerzas secesionistas y la condescendencia rayana en la complicidad que le brinda el Gobierno de Pedro Sánchez, ciertas declaraciones y actitudes han erosionado las buenas relaciones que deben mantener los constitucionalistas en esta hora crítica para la Nación.

Lo menos grave es la desorientadora actitud de Ciudadanos en torno a los Presupuestos, pues en escasos días ha pasado de pedir colaboración al PP para bloquear las "ilegales" cuentas que Sánchez pretende sacar adelante con el apoyo de los separatistas y la extrema izquierda a dejar solos a los populares con su decisión de desbloquear la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que facilitará la tramitación de aquellos. Bien es cierto que esto no implica necesariamente el apoyo de Cs a los Presupuestos, sino que los de Rivera quieren aprovechar la oportunidad para lucirse como oposición en el Congreso, protagonismo que no podrían tener en el Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta. Aun así, esta desconexión entre PP y Cs ha enrarecido innecesariamente las relaciones entre ambos partidos y provocado estupefacción en no pocos seguidores de la formación naranja.

Más desnortadas y, a la larga, perjudiciales para la necesaria unidad del constitucionalismo son las declaraciones del candidato independiente pero apoyado por Cs a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, contra una agrupación como Vox, a la que prácticamente todos los sondeos conceden representación parlamentaria tras las próximas elecciones generales.

Sí, es cierto que el partido de Santiago Abascal es manifiestamente contrario al Estado de las Autonomías, como lo son no pocos millones de españoles; como lo es que en la Francia de la que fue primer ministro el Sr. Valls la totalidad de los partidos con representación parlamentaria, incluido el Socialista del propio Valls, son fervientemente centralistas. Pero eso no convierte a Vox en una formación comprometida con la voladura del orden constitucional, como sí lo están partidos aliados del Gobierno de Pedro Sánchez y no pocos de los electores que pretende cautivar Valls con sus guiños a un catalanismo arrasado por el propio nacionalismo.

Es cierto también que Vox es total y desacomplejadamente combativo con la inmigración ilegal y con el islamismo; posición muy similar a la que Valls exhibió cuando fue ministro del Interior y primer ministro de Francia, por lo que fue tachado de racista y ultraderechista por no pocos sectores de la extrema izquierda, tanto en Francia como en España. Lamentablemente, él ha decidido ahora tratar a Abascal como le trataron a él.

No menos cierto es que Valls se ubica ideológicamente en el ámbito de una socialdemocracia moderna y liberal, y que Vox es claramente conservadora, si bien tiene rasgos tanto o más liberales que el PP y Ciudadanos. En cualquier caso, los de Abascal están en los antípodas del colectivismo estatista y socializante del fascismo en el que tantos indocumentados y aún más miserables manipuladores pretenden encuadrarlos.

Lo decisivo aquí es que lo que diferencia a socialdemócratas, democristianos, conservadores y liberales comprometidos con la unidad de España y el orden constitucional es mucho menos importante que lo que les une frente contra un nacionalismo agresivo y liberticida que pretende acabar con la Nación y su Estado de Derecho y convertir a la mitad de los catalanes y a todos los demás españoles en extranjeros en Cataluña. Por ello, las palabras de Valls descalificando a Vox como formación "populista" y de "extrema derecha" a la que ha de imponerse un "cordón sanitario" no pueden ser más injustas, inoportunas y contrapoducentes.

Dirigentes de Ciudadanos y de Vox coincidirán este fin de semana en el acto que España Ciudadana celebrará en Alsasua en memoria de las víctimas del terrorismo separatista: qué mejor motivo y lugar para establecer que el único cordón sanitario que cabe establecer hoy en España es el que tenga como objetivo aislar y doblegar al golpismo separatista y a las fuerzas de extrema izquierda que pretenden acabar con el régimen de libertades consagrado por la Constitución.

Albertín Rivera y la aguja de marear
Enrique de Santiago okdiario 1 Noviembre 2018

Me encanta ver cómo quien hizo bandera y envaneció de un “no es no”, ahora, pretenda dar lecciones de diálogo, negociación, educación y buen hacer, pues su fatuidad y engreimiento le traicionan. No puedes pedir respeto cuando no lo ofertas, ni alardear de talante cuando la muestra es la negación en sí misma considerada; vamos, que no se puede estar en misa y en la procesión. En esto, me pregunto: ¿cuál es el motivo de no embestir con tanto vuelo a los separatistas o a los destructores del sistema democrático? ¿Es peor, o menos digno, ser un ladrón que un asesino? ¿Menos respetable un corrupto que un golpista? No me meteré en charcos, pues tan repugnante es un delincuente como otro.

Pero, si poco respeto merece el truhan que yace con la meretriz insultando a la del oratorio, no menos indigno es la alcahueta que ora se encuentra con el rufián, ora se posiciona con el clero y ni de chance con unas, ni de oración con los otros. Y, así, se contonea nuestro sonriente Alberto, que hoy se posiciona con fuerza y petulancia con el PP en defensa de las cámaras que representan la soberanía popular, y con ello impedir los presupuestos del, en ese momento, maléfico Gobierno, como de repente, sin saber muy bien el motivo, se le olvida el discurso y permite al PSOE piratear el proceso ante el Senado, dando curso a aquellas cuentas que tan malas eran. Pero coño, Rivera, si es que no pasan dos días sin que no nos des un susto presentándote como personaje de derechas, olvidando que te definías como socialdemócrata y, al punto, volver a tus orígenes intentando sonrojear tu posición. Que ser de centro no es ir de la Ceca a la Meca sin criterio ni sostén y, si consideras que el centro es un balancín sin fulcro en el que vacilar, debes de hacértelo mirar.

Luego dirán que los “perritos sin alma” nos encontramos desafectos de la política, la criticamos, pero es que nos mienten como bellacos, nos tratan como imbéciles, ahora nos defienden, después nos vapulean y, dale que dale con la tontería, en lugar de servirnos se sirven de nosotros para sus enjuagues y, además, tildarnos de fachas o trasnochados cuando queremos libertad. Unos, adhiriéndose al Gobierno como ladillas sin más sentido que no bajarse de la burra para la que no tienen escaños suficientes, —léase no tienen los votos del pueblo—; otros, llorando en la esquinas porque les han quitado el juguete que no supieron utilizar más que para asestarnos lindos hachazos; la canalla mononeuronal, buscando su sitio y generando el caos del que se nutren y, finalmente, las veletas que buscan el viento del que coger fuerza para alcanzar la pieza deseada. Vamos, que todos al turrón que mejor les sabe.

Entre tanto, los ciudadanos clamamos libertad, exigimos que nos dejen de meter la mano en el bolsillo. Estamos hartos de corrupción, de mentiras, de nichos políticos que sólo sirven para ellos y pagamos nosotros, que respetamos nuestra patria, que defendemos la vida y que nos dejen vivirla en paz, que buscamos la democracia como sistema de contrapesos, controles y frenos al poder, que trabajamos y queremos trabajo y paz, sobre todo paz, que se dejen de crispación, que la generaron los que hoy están arriba y, ahora, los de abajo no la dejan de utilizar.

El doctor hace historia
Álvaro Martínez ABC 1 Noviembre 2018

Un «artista» de vocación tardía (tiene casi medio siglo y no se le conoció «obra» alguna hasta que cumplió los 40) pintarrajeó ayer la lápida de Franco en el Valle de los Caídos. Lo grabó todo un amiguete suyo. Casi un desconocido en el circuito nacional del arte, el profanador ha visto el cielo abierto para hacerse algo famoso, aunque sea durante un rato, una vez que el doctor Sánchez ha sido capaz de «resucitar» el interés por Franco, de tal manera que ni la labor propagandística de la Fundación Francisco Franco había conseguido que se hablase tanto de él. Languidecía, por ejemplo, el interés por visitar la basílica de Cuelgamuros hasta que el «Gobierno de expertos» -como motejó la prensa progre al gabinete ministerial- decidió hacer bandera de sacar de allí el cadáver enterrado el 23 de noviembre de 1975 junto a la tumba de José Antonio. Patrimonio Nacional, gestor administrativo del complejo, comenzó entonces a frotarse las manos pues fue abrir la boca Carmen Calvo con los planes del desentierro y comenzaron a multiplicarse exponencialmente los visitantes. Solo en agosto pasado más de 60.000 (a 9 euros por persona) lo que supone un incremento de más del 75 por ciento. En septiembre, nuevo récord mensual, un 112 por ciento más que en el mismo mes de 2017. Se está hablando muy frívolamente de las capacidades reales de Sánchez, pero el estadista del barrio de Tetuán es un dinamizador extraordinario en algunos campos.

Lleva el Gobierno socialista dos días haciendo «historia» con Franco de por medio y eso que todavía no ha exhumado su cadáver. Anteayer consiguió que el Vaticano emitiese un insólito comunicado dejando por embustera a la vicepresidenta del Gobierno, por atribuir un inexistente pacto con la Santa Sede para impedir el nuevo enterramiento en la cripta de La Almudena. Y un día después asistimos a la profanación de la tumba, sin que se recuerde en el Valle de los Caídos un acto vandálico similar al de ayer.

Cuando cumplió cien días en La Moncloa, Sánchez hizo bandera de «gobernar el cambio, con un Ejecutivo feminista, europeísta y social y que hace lo que dice. Seguimos». El que sigue en el Valle es Franco pese a que según el doctor tenía que estar fuera «antes del verano». Eso sí, lo cierto es que no dijo de que año.

Críticas del Banco de España
Primo González republica 1 Noviembre 2018

El diagnóstico que acaba de formular el Banco de España sobre algunas de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno no es precisamente adulador. Estas críticas, que en su mayor parte proceden de los acuerdos sellados por el Gobierno con Podemos, se producen en unos momentos en los que Pedro Sánchez ha tenido que escuchar algunas críticas procedentes del sector empresarial, en las que se le reprocha su escasa receptividad hacia medidas económica de largo alcance y no meramente cortoplacistas, cuya principal motivación parece ser la de mantener al actual Gobierno en el poder.

La batería de críticas que ha vertido el máximo responsable del Banco de España, con el aval de los análisis que realiza el Servicio de Estudios de esta entidad, poco proclive a la complacencia política, se ha centrado en tres aspectos, la cuestión del Salario Mínimo Interprofesional, la ligazón de la cuantía de las pensiones al IPC con el impacto que ello puede tener en el futuro gasto público y en la propia viabilidad del sistema y, en tercer término, la necesidad de aprovechar la etapa de crecimiento económico para impulsar reformas económicas más audaces y una rebaja más intensa del déficit público.

El aumento del salario mínimo en algo más de un 22% quizás no tenga grandes efectos en el conjunto de la economía, pero sí puede afectar de forma bastante negativa a algunos sectores laborales de baja remuneración que pueden perder la posición que ahora ocupan. Los colectivos de personas jóvenes así como las personas de mayor edad y en general los que ocupan los escalones más bajos en cuanto a productividad, podrían verse seriamente perjudicados si los niveles salariales mínimos exigibles para la normativa les colocan en una situación altamente vulnerable. Está claro que la batalla contra la desigualdad salarial forma parte de los objetivos de cualquier Gobierno que se precie, sobre todo desde una óptica progresista, pero también resulta patente la necesidad de dar oportunidades de empleo a colectivos que cuentan con menor formación.

Una segunda andanada es la que atañe a la vinculación de las prestaciones por pensiones públicas con los niveles de inflación. El cálculo que anuncia el Banco de España sobre el impacto de esta medida en el gasto público futuro es bastante elevado y por ello preocupante, sobre todo si esta medida no se acompaña con un incremento asumible de la financiación del sistema. Es difícil encontrar un equilibrio entre las dos aspiraciones contrapuestas, el aumento de las rentas de los pensionistas sin forzar la máquina de la presión fiscal, ya que se puede caer en el riesgo de frenar la creación de empleo, justo de quienes han de financiar a los pensionistas, así como el atractivo de la inversión.

Por último, los responsables del banco público vuelven a insistir en la necesidad de afrontar una política más agresiva en la reducción de la Deuda Pública y del nivel de endeudamiento del sector público, ahora que viene una etapa menos complaciente en cuanto a tipos de interés y facilidades del BCE para adquirir títulos públicos españoles. Con este deterioro de las expectativas de financiación, el recorte de la Deuda Pública en circulación se convierte e en necesidad más apremiante, ya que en caso contrario el gasto público por intereses aumentaría por encima de lo deseable, detrayendo recursos de otras finalidades o, alternativamente, incrementando el déficit público.

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Sánchez paga el peaje a los proetarras
OKDIARIO 1 Noviembre 2018

Pedro Sánchez paga los peajes que sean necesarios con tal de mantenerse en La Moncloa. Da igual España. Dan igual sus ciudadanos. Se mantendrá en el poder a cualquier precio, no deja de demostrarlo. Ya sea a base de entregar RTVE a los comunistas bolivarianos de Podemos, cediendo ante Torra y sus acólitos separatistas o, aún peor, favoreciendo los intereses de los proetarras en Navarra. Resulta inadmisible que un presidente del Gobierno colabore con una nacionalista como Uxue Barcos para desmantelar la presencia de la Guardia Civil en la Comunidad Foral. Sobre todo porque colaborar con ella es colaborar con EH Bildu.

La delegación del etarra Arnaldo Otegi en Navarra, junto con Podemos e Izquierda-Ezkerra, respalda el gobierno regional de Barcos. Por lo tanto, alcanzar un acuerdo con ella es igual que dar alas a los herederos de los violentos que amenazaron la convivencia pacífica en España durante más de medio siglo. Algo que es especialmente siniestro cuando se trata de una treta para acabar con la presencia de la Guardia Civil en la región. Detrás del traspaso de competencias como Tráfico, Seguridad Vial o Rescate está la intención de expulsar a los efectivos de la Benemérita de cara a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. Esta decisión es una negligencia más del Gobierno socialista.

Los nuevos batasunos pretenden imponer sus postulados en Navarra, desde la ikurriña al modelo de educación. Con la retirada de los guardias civiles en favor de la Policía Foral, Sánchez persiste en el gravísimo error de seguir alimentando las veleidades de los enemigos de España. La prueba la tenemos con lo que sucedió en Alsasua, donde un grupo de radicales propinaron una paliza a dos miembros de la Benemérita. Entonces, Barcos y sus socios fueron incapaces de condenar el abyecto ataque. De hecho, la consejera de Interior, María José Beaumont, llegó a decir que la detención de los agresores era “innecesaria”. Al igual que en Cataluña, no sólo no hay que retirar la Guardia Civil, sino que hay que aumentar el número de efectivos.

Riverita se cambia de bando
Vicente Torres Periodista Digital 1 Noviembre 2018

Estos politiquillos luego nos quieren hacer creer, como si fuéramos tontos, que todo lo hacen pensando en el bien de los ciudadanos. Y una porra.
Riverita debe de haber visto que en el caladero del PP cada vez pesca menos y ha optado por tender las redes en el del PSOE, ya que como Sánchez lo ha llevado a la extrema izquierda puede conseguir adhesiones entre los socialistas moderados, que son muchos.

No le importa pervertir el sistema democrático. Las reglas de juego son las que son y no se las puede calificar de restrictivas puesto que permiten medrar a torras, rufianes, urcullus, etc. Si a Sánchez no le gusta la composición del Senado, que alguno de sus impresentables socios ha calificado de espuria, tiene la potestad de convocar elecciones, que es el medio previsto para que cambie.

A Riverita le preocupa que lo confundan con Casado, como le ocurre a Sánchez, por ejemplo, pero es que éste no ve dos a caballo de un burro, y tres tampoco, como lo prueba que dijera que la política va mejor y la economía va bien. La política no puede ir mejor, porque depende de lo mejor de cada casa, podemitas, bildutarras y golpistas. En cuanto a la economía, lo cierto es que por este camino se aproxima una catástrofe de proporciones considerables, como intentaron advertirle los empresarios en el Palacio de Congresos de Valencia. Claro que a él y a sus ministros eso les da igual. La disyuntiva para ellos es la siguiente: o siguen la senda iniciada o dejan el gobierno, y a eso sí que no están dispuestos.

Solo faltaba que Riverita lo ayudase perpetrar tamaño desafuero, simplemente para marcar diferencias con el PP. No es extraño que lo haya hecho, porque Ciudadanos en su origen era socialista sin mezcla de nacionalismo. Luego se hizo de derechas y asumió algo de nacionalismo, y ahora intentará parecerse al PSC, nacionalismo incluido.

El Alcázar no se rinde
Pablo Planas Libertad Digital 1 Noviembre 2018

Cada día que pasa el muerto en su caja es una humillación para el Gobierno de los patanes.

Franco. El cadáver resiste en su tumba del Valle de los Caídos las acometidas de las tropas del doctor Sánchez. El Alcázar no se rinde. Hasta la última bala. Ha llegado el frío, óptimas condiciones para la extracción de la momia, pero la maniobra de los deudos del dictador de prepararle un hueco al abuelo en la cripta familiar de la catedral de la Almudena mantiene en punto muerto la ofensiva gubernamental.

No había ninguna necesidad de remover al muerto y en el pecado lleva la penitencia el Gobierno. El caso expone las vergüenzas de un Gabinete inepto, incapaz de proceder con la prudencia, tacto y cautela que requiere un asunto de estas características. Antes de anunciar a bombo y platillo la exhumación, cualquier otro habría cerrado antes una acuerdo con la familia, con los benedictinos del Valle de los Caídos y con el Arzobispado de Madrid. Pero no. Sánchez vendió la piel del oso porque se cree que mandar es hacer lo que a él le dé la gana cuando le dé gana.

Donde no había un problema ahora hay varios, y de calado. El Gobierno chantajea a la Iglesia con las inmatriculaciones y el escándalo planetario de los abusos sexuales, pero se requiere que la familia consienta no inhumar el cadáver en la Almudena para salvar el trance. Los nietos del dictador saborean la situación. Cada día que pasa el muerto en su caja es una humillación para el Gobierno de los patanes.

La última hora en torno al cerco de Cuelgamuros refiere la acción a la desesperada de un sujeto que ha logrado pintarrajear en la lápida un pajarraco y las palabras "por la libertad" en rojo escandaloso. Enrique Terneiro se llama el kamikaze, un tipo que la semana pasada se presentó desnudo en una exposición. Homenaje al David de Miguel Ángel dijo. Si no recibe tratamiento acabará contrayendo la sífilis o cortándose una oreja.

Urge destino alternativo para los restos del generalísimo. A pesar del entusiasmo popular, no ha cuajado la propuesta de enterrar a la momia en la Sagrada Familia de Barcelona. Sin embargo, no hay lugar en España donde más vivo esté el totalitarismo. De hecho, ilustres separatistas como Josep Maria Matamala, el inseparable compañero de Puigdemont, el mismo Puigdemont, Lluís Llach o el joven vicepresidente regional Pere Aragonès, por citar sólo algunos casos, son hijos y nietos de ilustres franquistas, caciques carlistas, jefes falangistas, alcaldes de la dictadura, prebostes del caudillo.

La presentación del Consell per la República en el palacio de la Generalidad constituye un ejemplo palmario de la herencia dictatorial del movimiento separatista. Coros y danzas, lazos amarillos a modo de yugos y flechas y el Cara al Sol de Els Segadors, que en Cataluña se canta en los colegios a todas horas y hasta para finalizar las reuniones de escalera.

En esa región sí que hay un problema, no como en el Valle de los Caídos, pero Sánchez prefiere pelearse con un fantasma. Como dijo Rivera, no acepta que Casado le llame golpista, pero tolera que Torra se presente en la Moncloa con un símbolo golpista en la solapa. Cualquier observador imparcial lo tendría claro. Franco merece reposar en Montserrat, otra abadía benedictina donde persiste una cripta dedicada al Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, oficiales y soldados franquistas cien por cien catalanes, ochenta por ciento de mortalidad en la Batalla del Ebro. Muchos de sus herederos gobiernan Cataluña desde 1939.

A Sánchez todo eso le da igual. Sólo le importa volar a su antojo y desembarazarse del cadáver cuanto antes. Franco es una cortina de humo, jodida, eso sí, pero lo que en realidad pretende el doctor es dinamitar la cruz de 150 metros que preside el monumento para dar gusto a su socio Iglesias. Parece ser que en los días claros es visible desde el chalet de Galapagar.

El indulto como fraude a la Justicia

 larazon 1 Noviembre 2018

Con actuaciones parlamentarias como la de ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da pábulo a quienes aseguran que existe un protocolo secreto, anexo al pacto con los partidos nacionalistas que contribuyeron a llevarle a La Moncloa, por el que se habría comprometído a indultar a los políticos catalanes encausados, en el caso de resultar condenados por el Tribunal Supremo. La cuestión no es menor, puesto que supondría la voluntad predeterminada de soslayar la acción de la Justicia por parte del poder ejecutivo del Estado, en un clamoroso fraude de ley, y, desde luego, exigía del presidente interpelado una intervención clara, en lugar de refugiarse en el chascarrillo y la mofa para no dar respuesta a la interpelación, directa y reiterada, del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, como ya hizo anteriormente ante las preguntas del presidente popular, Pablo Casado.

No es la primera vez que advertimos de que las confusas señales que emite el Gobierno en torno a la respuesta judicial al golpe anticonstitucional que intentó la Generalitat de Cataluña en octubre pasado pueden alentar un sentimiento de impunidad en un sector de la ciudadanía catalana, que provocará, en el mejor de los casos, frustración social y, en el peor, la indignación de quienes confían en la ley, y sólo en la ley, para garantizar el normal desarrollo de las libertades democráticas. Lo cierto es que la sociedad española, que otorgó al candidato Sánchez el peor resultado electoral cosechado por el PSOE en su historia reciente, no puede hacerse corresponsable de la debilidad objetiva de un Gobierno que se ha puesto en manos de quienes, por razones obvias, están más preocupados en asuntos de índole personal que en la gestión de los intereses generales.

Pedro Sánchez debería haber sido consciente de que el precio a pagar por el atajo a La Moncloa podía provocar indeseables tensiones institucionales, sociales y políticas en el conjunto de España, pero, por lo que estamos viendo, pudo más en su criterio la urgencia de la oportunidad. Es preciso recalcar este extremo porque los separatistas catalanes no parecen dispuestos a aceptar de buen grado la reprensión penal de quienes proclamaron la secesión de Cataluña, despreciando la Constitución, el propio Estatuto y el principio de la soberanía nacional, y buscan ahora soluciones de carácter extrajudicial, imposibles en toda democracia que se precie, De ahí, que resulten graves las presiones, poco veladas, que ha recibido el Ministerio Público desde el Gobierno, con el propio Pedro Sánchez permitiéndose el desahogo de calificar delitos, que, sin embargo, no han conseguido modificar la apreciación de los fiscales sobre la instrucción de los hechos.

La fiscalía mantiene las imputaciones por los delitos de rebelión y malversación contra los responsables del procés –delitos que pueden sumar penas conjuntas de entre 190 y 280 años de prisión– y aunque no es descartable, como hoy publica LA RAZÓN, un cambio de criterio acusatorio en el transcurso de la celebración de la vista, voluntario o forzado, que no es momento de abrir juicio de intenciones, esto sólo significaría reducir la apreciación a los delitos de sedición y conexos, con penas de hasta quince años de cárcel. La sociedad española asiste perpleja y preocupada a estas burdas maniobras de desistimiento, con negociaciones impropias de políticos responsables en los recintos penitenciarios, que no engañan a nadie. Todo el peso de la Ley debe recaer sobre quienes, desde una posición institucional y pública privilegiadas, trataron de llevar a cabo el peor ataque contra la democracia española desde la intento del 23-F y aún hoy se mantienen en abierto desafío. Condonar la responsabilidad por medio de añagazas legales no debería entrar en modo alguno en los cálculos de un Gobierno.

Terroristas del 'procés'
María Jesús Cañizares cronicaglobal 1 Noviembre 2018

A simple vista, Carles Sastre pasaría por el indefenso jubilado que aprovecha una invitación del Palau de la Generalitat para comer canapés, hacerse selfies y maravillarse con el patrimonio artístico del salón Sant Jordi. Pero ese aire de abuelo despistado esconde a un condenado por asesinato, el del empresario José María Bultó. El fundador de Terra Lliure fue uno de los invitados a la presentación del Consejo por la República, cuyo formato es digno de la monarquía más absolutista que se pueda uno imaginar. Qué liturgia. Qué solemnidad. Qué pompa. Qué boato. L'état c'est moi, vino a decir Carles Puigdemont por videoconferencia desde Bélgica. En realidad parecía un corresponsal televisivo informando de las últimas noticias europeas, pero el tratamiento que le dio el público asistente era propio de esa realeza que tanto critica.

Resulta muy curiosa la fascinación que los terroristas retirados ejercen en el independentismo catalán. Sastre acude a cualquier movilización, acto o protesta secesionista que se precie y Quim Torra se lo agradece invitándole a su Palau. En eso compite con Arnaldo Otegi, uno de los protagonistas de la última Diada de Cataluña. El terrorista vasco fue escoltado por Mossos d’Esquadra desde el AVE hasta la ofrenda floral ante el monumento a Rafael Casanova.

Además de ese pasado criminal, Sastre y Otegi comparten cuota mediática en TV3. En efecto, ambos han sido entrevistados en prime time en los medios públicos catalanes.

“Preso político” y “gran reserva del independentismo”. Así fue presentado Sastre en un programa, avalado por un Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) --órgano fiscalizador de los contenidos audiovisuales-- gracias al voto de calidad de su presidente, Roger Loppacher. El mismo CAC ha acreditado en sus informes que Otegi apareció más veces que el Rey en TV3 en 2017.

Otro asiduo de la televisión catalana que no tiene nada que ver con el terrorismo y sí con los ataques al Rey es Jair Domínguez, que se hizo famoso por simular prácticas de tiro utilizando como diana una imagen del monarca en un programa de “la nostra”, Bestiari il.lustrat. Este espacio ya no existe, pero sí Està passant, que conduce el activista independentista y productor Toni Soler. Domínguez llama “hijos de puta” a quienes apoyan a Manuel Valls, alcaldable por Barcelona, insta a cortar las carreteras, insulta al Rey y arremete contra todo aquel que no es secesionista.

El guionista apela a su libertad de expresión, un derecho que, bajo su punto de vista, no debe tener el consejero del CAC Daniel Sirera, quien preguntó en perfil de Twitter si esas invectivas son normales en una televisión pública. “De Sirera me lo espero todo. Un auténtico parásito”, respondió el aludido. Un respeto que Domínguez es coautor de la canción Baila el Chiki Chiki, con la que Rodolfo Chikilicuatre representó a España en Eurovisión.

Rebelión o rebelión
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 1 Noviembre 2018

El Gobierno de Pedro Sánchez, y él especialmente, no parecen darse cuenta de que están sentados sobre un barril de pólvora que en cualquier momento puede estallar si siguen colaborando con los separatistas y sus compañeros de viaje. Y digo colaborando, porque el denominado vicepresidente efectivo del Gobierno, Pablo Iglesias, manifestó al salir de su visita oficial a Junqueras, en su despacho carcelario, que "el Gobierno tenía que cuidar a la mayoría que mediante la moción de censura nombró presidente a Pedro Sánchez".

Y, en efecto, la está cuidando hasta tal punto que para lograrlo, no importa que se desdiga de lo que dijo cuando estaba en la oposición ("creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión", dijo en mayo), manifestando ahora lo contrario ya que es lo que necesita para seguir sentado inconscientemente en el barril. Para empezar, lo más importante, según le transmitió presuntamente, el líder de Podemos tras la audiencia palaciega con Junqueras, es que bajo ningún concepto se puede comenzar el juicio oral de los golpistas, manteniendo la imputación del delito de rebelión, regulado en el artículo 472 del Código Penal. A tal fin, el presidente Sánchez resucitó, para coaccionar al Tribunal Supremo, hace unos días, la interpretación que hace muchos años expuso Federico Trillo sosteniendo que no puede haber rebelión sin armas, es decir, sólo los militares como el general Sanjurjo pueden organizar una rebelión, según nos cuenta la documentada novela histórica que acaba de publicar Luis María Cazorla. Pero antes de entrar en el análisis de lo que se debe entender por rebelión, según una interpretación lógica, merece la pena que señalemos que el presidente de la Generalitat es un perfecto ignorante de lo que debe ser un Gobierno democrático. En efecto, Joaquín Torra, con la humildad y realismo que le caracterizan, advierte al Gobierno de que "no aceptará ninguna sentencia que no sea la libre absolución de los encausados". En otras palabras, para él la ley no tiene importancia y no hay que cumplirla, lo mismo que las sentencias del más alto tribunal, pues afirma también que "estamos en la puerta de un juicio que sabemos de antemano que será una farsa".

Como se ve, para Torra el Estado de derecho tiene el mismo valor que un Estado de derechas, por decir algo, y, por consiguiente, hay que combatirlo, porque su Gobierno tiene como único objetivo "construir un Estado que traduzca en acción y conducta las inspiraciones colectivas derivadas del procés". Pero Torra ignora que la política debe ser un compromiso por la justicia, es decir, por la voluntad de aplicar el derecho y por la comprensión del derecho, es decir, por el cumplimento de la ley. Sin embargo, la conducta de los separatistas catalanes ha abierto hace años otra puerta que ha sido la que les ha llevado a desvirtuar el derecho y a la destrucción de la justicia. Precisamente por eso sus dirigentes, todos presuntamente culpables, unos están en la cárcel y otros son prófugos. Creo que hay que recordar a Torra, por si no lo sabe o por si lo ha olvidado, lo que escribió San Agustín y se enseña en todas las Facultades de Derecho del mundo civilizado: "quita el derecho y entonces, ¿qué distingue al Estado de una gran banda de bandidos?". Sentencia que no sólo sirve a los gobernantes separatistas catalanes, sino que también habría que recordárselo, por si acaso, a ese pseudoGobierno que preside Pedro Sánchez por ahora.

Y vayamos ahora al problema de la definición del principal delito que se atribuye a los encausados: el de rebelión, aparte de alguno más. A mi juicio, las opiniones que se han formulado hasta ahora, si no me equivoco, se han centrado fundamentalmente en el párrafo primero del artículo 472, que dice: "son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes". El problema, por tanto, surge en la palabra "violenta", es decir, según muchos juristas y, por supuesto, los propios separatistas catalanes, mantienen que no hubo violencia en los actos que se les imputan. Porque para ellos la violencia consiste en la utilización de armas e incluso en la existencia de heridos graves o muertos. Evidentemente, no hubo armas, entre otras cosas, porque los golpistas no necesitaban usar la violencia física en todos los casos puesto que ya poseían el poder, pero sí utilizaron una violencia institucional que fue determinante. Por lo demás, a pesar de lo que afirman los imputados, también recurrieron a la violencia, según expuso el Ministerio Fiscal de forma impecable: "los querellados se valieron de la población en incesantes actos de insurrección pública, desobedeciendo o resistiendo colectivamente la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos, y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso en actos que alcanzaron dimensión suficiente para colmar el elemento de violencia que requiere el tipo" (Auto de la magistrada Carmen Lamela de 31 de octubre de 2017). En definitiva, esta descripción de la rebelión se identifica con la acepción del diccionario de la Real Academia, que es la que me parece más acertada: "acción violenta o contra el natural modo de proceder". Sea como fuere, no voy a entrar aquí en disquisiciones filológicas, aunque hay que reconocer que la violencia no sólo es física, sino que puede ser también psicosocial en forma de insultos, amenazas, mentiras, menosprecio, aislamiento, acoso. Todo esto existió y basta para comprobarlo el testimonio de muchos catalanes no separatistas que lo tuvieron que sufrir.

Ahora bien, lo importante para mí, en este caso, no es el análisis de los medios violentos que se utilizaron durante los meses de septiembre y octubre de 2017, sino el fin de lo que perseguían, y que es lo que convierte a su acción en una verdadera rebelión o rebelión. Se atribuye tal vez erróneamente a Nicolás Maquiavelo la famosa frase "el fin justifica los medios", pero sea quien fuere su autor auténtico, la han utilizado cínicamente muchos políticos, entre ellos Napoleón, aplicándola a su política. Como vimos, el artículo 472 CP señala que son reos de rebelión los que busquen "cualquiera de los fines siguientes". Para el legislador basta con que se persiga uno de los siete supuestos que se enumeran. Pues bien, en el caso del golpe de Estado institucional realizado por el Gobierno y la mayoría parlamentaria de separatistas catalanes, lo que pretendían era alcanzar tres de los siete fines enumerados. El primero: derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; el segundo: destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o Reina u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad; y el quinto: declarar la independencia de una parte del territorio nacional. En resumidas cuentas, estos objetivos no se consiguen jugando en una tómbola, sino que de acuerdo con la frase de que "el fin justifica los medios", la forma de conseguir los tres fines consistía en utilizar los medios adecuados, legales o ilegales, esto es, actos de violencia física, psicosocial o jurídica.

Por consiguiente, lo decisivo para definir el delito de rebelión no consiste, a mi juicio, en analizar los medios que se han empleado, sino en insistir en los tres objetivos que se perseguían y que estuvieron a punto de conseguir por la pasividad del Gobierno de Rajoy. Lo grave es que continúan queriendo obtenerlos todavía mediante la desobediencia, los desórdenes en la calle y la creación de nuevas herramientas independentistas, como la Crida y el Consejo de la República, o como se llame. Pero, sobre todo, con el chantaje a un presidente del Gobierno que ha vendido su alma a separatistas, neochavistas y neocomunistas, ya que necesita sus votos para poder seguir en La Moncloa. Ahora bien, esta presunta traición del presidente del Gobierno a su patria, que podría rectificar mediante la inmediata convocatoria de elecciones, puesto que le sobran votos según el CIS, no fraguará en ningún caso porque la mayoría de los españoles de bien, el Rey y el Tribunal Supremo no lo consentirán. De ahí que, como ya he dicho en otro artículo, hoy estar a favor de la Corona no significa ser monárquico, sino defender la unidad de España aun siendo republicano de corazón. Por el contrario, estar a favor de la República no significa que se vaya a implantar una democrática para todo el territorio nacional, sino que sin duda surgiría, como ya conocimos en 1873, una fragmentación de España semejante a la que sucedió en Yugoeslavia hace tan solo 28 años y, por supuesto, no de forma pacífica.

En definitiva, lo que sí se anticipó Maquiavelo es que el Estado dispone del monopolio de la violencia legítima para defender su unidad y conservación, como también advirtió agudamente Max Weber. Estas son las palabras del escritor florentino, en El Príncipe: "debéis saber que hay dos maneras de combatir: una, con las leyes; y otra, con la fuerza; la primera es propia del hombre; la segunda lo es de los animales, pero como muchas veces la primera no basta, conviene recurrir a la segunda". De ahí que habría que recordar a Torra, ante sus continuas bravatas que al final quedan en nada, que las palabras se gastan cuando se usan sin que las preceda el pensamiento en contraste con la realidad.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

El indulto que viene
José García Domínguez Libertad Digital 1 Noviembre 2018

El que calla otorga, pero el que prevarica delinque. Pedro Sánchez puede estar tentado de sacar a la calle a la parte de sus apoyos parlamentarios que ahora mismo es competencia exclusiva de la Guardia Civil, pero, si lo hiciera, él mismo se convertiría en objeto de atención preferente por parte del Instituto Armado. Porque Sánchez no podrá liberar de sus inminentes condenas de cárcel a los cabecillas catalanistas presos, so pena de distorsionar la letra y la música de la norma legal que permite la concesión del indulto hasta unos extremos tipificados en el Código Penal. No podrá, de entrada, porque esa ley exige que para que quepa la gracia del indulto los reos llamados a beneficiarse de ella expresen de forma pública su personal arrepentimiento. Así las cosas del Derecho, un primer paso insoslayable previo a la eventual impunidad de Junqueras y el resto de los sediciosos encarcelados pasaría por un muy humillante acto de constricción con luz y taquígrafos, estampa que cuesta trabajo imaginar en perfiles psicológicos tan mesiánicos y de diván de psiquiatra como el del líder de la Esquerra.

Pero ese escollo, el de tener que tragarse la dignidad y el ego con un plato de patatas, solo sería el primero. Porque habría unos cuantos más. Por ejemplo, el derivado del siguiente párrafo extractado de la propia Exposición de Motivos de la Ley: "Es altamente necesario que el indulto, aun en los casos en que más justificado sea, no quebrante el prestigio de que deben gozar siempre los Tribunales , y sin el cual se haría imposible su misión social". Al respecto, he ahí la campaña de acoso (profesional) y derribo (personal) orquestada por la Generalitat contra el juez Llarena, un ataque impúdico contra la independencia del Poder Judicial comandado en última instancia por los propios reos llamados a beneficiarse del indulto. Necesidad imperiosa, la de que el prestigio de los tribunales no se vea proyectado a la altura del betún por culpa de la oportunista lenidad del Ejecutivo, que fue lo que llevó a la Audiencia de Barcelona, en 2012, a confirmar el ingreso en la cárcel de cuatro mozos de escuadra condenados por torturar a un detenido (luego fue declarado inocente) introduciéndole de modo reiterado una pistola en la boca tras haberle propinado una paliza en los calabozos.

Los mozos torturadores fueron indultados a la mitad de sus penas por el Gobierno de Rajoy, muy sensible en aquel momento a las demandas en ese sentido de Artur Mas y del entonces mayor Trapero. Pero aunque Sanchez se quisiera saltar todas y cada una de esas cautelas que el ordenamiento jurídico prevé para los supuestos de indulto, toparía con un muro infranqueable en el caso particular de Puigdemont y los otros prófugos que huyeron con él al extranjero. A Puigdemont es imposible indultarlo, completamente imposible. Y ello por la sencilla razón de que la ley establece esa inviabilidad absoluta para los condenados que no estén a disposición del tribunal para el cumplimiento de la condena. Pero todavía le quedaría a Sanchez un impedimento más, el mayor, por cierto. Porque no se olvide que la del otorgamiento de los indultos es una de las muy contadas prerrogativas que la Constitución deja en manos del Rey, si bien a propuesta del ministro de Justicia. Y atreverse a manchar las manos del Rey con medio Congreso de los Diputados en contra es una osadía mayor que acaso no esté ni siquiera al alcance de alguien tan audaz como el presidente del Gobierno. Veremos.

Alberto Bárcena: “El Valle de los Caídos es una excusa del Gobierno para devolvernos a 1936”
OKDIARIO 1 Noviembre 2018

Alberto Bárcena ha encontrado la fama casi sin pretenderlo. En los tiempos de la prisa y la inmediatez, la popularidad no suele estar asociada a los estudios que están fundamentados en el rigor y la paciencia. ‘Los presos del Valle de los Caídos’ (San Román) es una de esas obras. Este profesor de Historia en la Universidad San Pablo CEU ha dedicado cinco años a una obra que cuenta la historia no contada, no publicitada y no proclamada por los amantes de lo políticamente correcto. Muy al contrario, es un volumen para desmentir mantras y asertos establecidos en la ignorancia.

En esta entrevista de vídeo repasa tanto el desarrollo histórico y político del Valle como su utilización como recurso político y de propaganda en la España actual. Así, habla de algunos de los mitos erróneos que rodean al monumento. Por ejemplo, el tema de los esclavos, los muertos o el número de obreros que trabajaron en el lugar donde están enterrados Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Enclave de plena actualidad debido a la campaña de Pedro Sánchez para exhumar los restos del dictador.

Pasado y presente, por tanto, se dan la mano en ‘Los Presos del Valle de los Caídos’, libro que día a día gana en actualidad y vigencia. El trabajo que presenta el profesor Bárcena es una rigurosa labor histórica basada en hechos incontrovertibles que están documentados al mínimo detalle. De ahí que sea una obra de consulta fundamental para quienes quieren entender qué pasó durante su construcción (1940-1958) y qué influencia ha tenido tanto en la política como en la sociedad española desde entonces hasta hoy.

Una presencia que Sánchez y sus socios de Gobierno han potenciado hasta convertir el lugar en uno de sus puntos estratégicos de comunicación y propaganda política. Además de sus reflexiones en vídeo, Bárcena hace una advertencia: “Cuidado con la Ley de Memoria Histórica. Si Sánchez lograra aplicarla, esta entrevista no podría producirse si tener serios problemas”.
 


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