AGLI Recortes de Prensa   Viernes 2  Noviembre 2018

Empresarios, autónomos e instituciones, contra Sánchez
EDITORIAL Libertad Digital  2 Noviembre 2018

La gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es tan caótica y perjudicial que, por primera vez en mucho tiempo, está logrando poner de acuerdo a un nutrido grupo de colectivos y organismos cuyo único denominador común consiste en criticar la errónea política fiscal y económica que pretende poner en marcha el PSOE con la inestimable ayuda de Podemos y los separatistas.

Uno de los primeros en alzar la voz ha sido el dueño y fundador de Mercadona, Juan Roig, que, en su habitual tono distendido y sin pelos en la lengua –puesto que nada debe al poder político–, ha hecho un llamamiento a la clase empresarial para que salga del armario y defienda sin ambages la noble figura del empresario y su esencial función en la economía. En un momento en el que el populismo de corte bolivariano campa a sus anchas, es fundamental que las empresas den la cara para defenderse de los furibundos y falaces ataques que reciben por parte de la izquierda más radical, pero también del PSOE, cuya cúpula ha optado por asumir, en mayor o menor medida, el funesto programa electoral del Podemos.

La gran novedad es que Roig no se ha quedado solo. El Instituto de Empresa Familiar, que engloba a algunas de las compañías más importantes del país, también ha denunciado abiertamente la visión cortoplacista de Sánchez. La economía nacional todavía no ha salido de la crisis, y lo peor de todo es que presenta graves vulnerabilidades, de modo que, en caso de que vuelvan a surgir turbulencias financieras, corre el riesgo de sufrir un brusco estancamiento e incluso una nueva recesión. Son muchas las reformas estructurales que necesita España para impulsar el crecimiento y acabar de una vez con la lacra del paro, pero la voluntad de Sánchez va justo en la dirección contraria.

Prueba de ello es la sustancial subida de impuestos que pretende imponer a familias y empresas, incluidos los autónomos, que también se revelan contra el plan del Gobierno para aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social. Las asociaciones de autónomos ya han puesto el grito en el cielo, lo cual no es de extrañar, puesto que el 80% de los trabajadores por cuenta propia rechaza de forma categórica este nuevo sablazo fiscal.

Y lo mismo sucede con algunos de los principales organismos e instituciones públicas. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lanzó duras advertencias al Ejecutivo durante su comparecencia en el Congreso el pasado miércoles, sobre todo en materia laboral y de pensiones. La histórica subida del SMI y la revalorización de las pensiones con el IPC han sido diseñadas con el único fin de ganar votos, pero tendrán efectos muy negativos sobre la creación de empleo y la sostenibilidad de las cuentas públicas, respectivamente. La Comisión Europea, por su parte, ya ha alertado a Sánchez de que su plan presupuestario es papel mojado y España corre el riesgo de incumplir el objetivo de déficit.

Sánchez y su socio, Pablo Iglesias, hacen oídos sordos. El Gobierno no tiene ninguna intención de corregir su perjudicial política económica, ya que el objetivo del presidente es otro muy distinto: profundizar en su particular campaña de marketing electoral financiada con el dinero de todos. La factura de este gran error, por desgracia, la pagarán todos los españoles en forma de menor crecimiento y creación de empleo.

Sánchez tiene un plan
Emilio Campmany Libertad Digital  2 Noviembre 2018

Nuestro presidente del Gobierno no posee una mente especialmente privilegiada, además de estar huérfano de lecturas. Sin embargo, tiene un plan. Parte éste de la constatación de que, en contra de lo que le han contado sus mayores, España no es socialista. España es mayoritariamente conservadora. Es verdad que lo es más en términos literales que políticos y, por lo tanto, eso no significa necesariamente que sea de derechas. El caso es que la mayoría de los españoles aspira a conservar lo que ha conseguido. Eso incluye lo que ha ahorrado y los beneficios sociales que percibe o espera percibir. Es verdad que este español conservador puede no tener inconveniente en que a otros les quiten lo que tienen para que las prestaciones que le corresponden estén aseguradas, pero, desde luego, no está dispuesto a ceder nada de lo que ya posee. El afán por conservar puede llevarle fácilmente a votar a la derecha, no tanto por razones ideológicas sino por la convicción, relativamente fácil de alcanzar a la vista de la experiencia, de que una gestión más eficaz de los recursos garantiza mejor lo que a él más le importa, conservar.

En un país así, es muy difícil que un partido socialista venciera en las elecciones si no fuera porque la derecha española padece el lastre de no obtener apenas representación en Cataluña, donde la derecha sociológica vota a los nacionalistas. De hecho, las victorias del PSOE se forjaron en Cataluña. Y las del PP se alcanzaron a pesar de tener malos resultados allí. Hoy, el problema de Sánchez es que quienes daban la victoria al PSOE en Cataluña ahora votan a Ciudadanos. Eso significa que la única forma que tienen los socialistas de reunir una mayoría suficiente para gobernar es en alianza con al menos los nacionalistas catalanes. Esa alianza exige compartir en parte algunos de sus objetivos, a pesar del riesgo de fracturar España. Sánchez, en cualquier caso, confía en que la sangre nunca llegará al río.

Así que no es que Sánchez no quiera aplicar el artículo 155 o se proponga indultar a los golpistas. Es que no tiene otro remedio que asumir ese programa para poder gobernar, en esta legislatura y en la siguiente, en la que seguirá igualmente dependiendo de ellos. De forma que el plan consiste en darles todo lo que pidan mientras eso no implique la destrucción total del Estado a corto plazo. Lo que ocurra en el largo, le da igual.

A la vista de estas intenciones, la oposición tiene que ser severa e inclemente, pues la nación no puede asumir los riesgos a los que Sánchez quiere someter su supervivencia con tal de gobernar. Es cierto que el presidente de Gobierno tratará de evitar el hundimiento, pero es evidente que está dispuesto a acercarse al abismo tanto como sea necesario con la esperanza de que finalmente será capaz de evitar caer al vacío. ¿Necesitamos correr tantos peligros sólo para que Sánchez se dé el gustazo de dormir en la Moncloa, invitar a sus amigos a La Bodeguilla y viajar en avión privado?

Golpe al Estado
Arcadi Espada El Mundo  2 Noviembre 2018

La decisión del Gobierno de rebajar la acusación a los presos nacionalistas es un duro golpe al Estado. Aunque esta calificación habrá de esperar a lo que dictamine la experta semántica Carmen Calvo, claro. La decisión instala una insólita discrepancia en el Estado a la hora de afrontar su peor reto desde el 23-F y supone, de algún modo, trasladar la jurisprudencia Schleswig-Holstein al corazón del poder judicial español. La decisión gravitará de un modo insidioso sobre el desarrollo del juicio que comenzará este invierno. Y mucho más: su influencia será manifiesta sobre las decisiones que puedan tomar en el futuro los tribunales internacionales.

La decisión es pura y escuetamente política. La Abogacía del Estado podría haberse limitado a acusar de malversación, que es para lo que fue jurisdiccionalmente llamada en este entierro. Pero siguiendo las órdenes del presidente Pedro Sánchez ha entrado a discutir a la Fiscalía, la representante del interés público, sus previsibles conclusiones y ha desautorizado el relato del instructor Pablo Llarena.

Esta es la primera de las decisiones que el gobierno Sánchez va a tomar sobre el juicio a los presuntos rebeldes, un poco menos rebeldes y más presuntos hoy. La segunda será su indulto, en el caso de que resulten condenados y este u otro gobierno similar exista. Ambas decisiones están razonablemente conectadas. Hasta el punto de que en términos que rebasan la metáfora puede decirse que el indulto ha comenzado hoy.

Transcendencia del juicio del golpe catalán
Pablo Sebastián republica  2 Noviembre 2018

Lo que está en juego en el juicio a los responsables del golpe de Estado catalán es algo mucho más importante que el proceso en sí y supera de lejos el nivel de delitos y el alcance de las penas que las acusaciones (la Abogacía del Estado, la Fiscalía y la Acusación Popular, que ejerce Vox) van a presentar hoy ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para las aperturas respectivas de juicio oral.

La trascendencia de este proceso superará incluso el nivel y el alcance de las condenas que se dicten y su repercusión en Cataluña y resto de España. Porque, al margen de lo que ocurra en el Tribunal Supremo, está en juego el Estado de Derecho en España y este es el puntal sobre el que se sustenta la Democracia y la permanencia del Estado.

De manera que si desde el Gobierno, manipulando Abogados del Estado y fiscales o presionando a magistrados se pretende que el juicio y la sentencia sobre el golpe de Estado catalán se desnaturalice en favor de los golpistas, alterando sus lógicas sentencias y mediante indultos que el presidente Sánchez se niega a descartar, si el Gobierno altera el proceso en ese caso, habrá causado un daño irreparable al Estado de Derecho y la Democracia.

Y además habrá desprestigiado la imagen de España y de nuestra Justicia en la escena internacional y en Europa especialmente. Porque si el golpismo no es castigado con la Ley reponiendo el orden constitucional y advirtiendo a los posibles reincidentes, la unidad española quedará prácticamente rota para siempre y en Cataluña el golpe se repetirá cuántas veces lo consideren necesario los soberanistas hasta lograr la independencia, por ausencia de del Estado, de su autoridad política y de legalidad.

Además esto que está pasando en torno al golpe catalán está ocurriendo al final de la Transición, cuando se cumplen los 40 años de la Constitución de 1978 y reaparece el fantasma de Franco rescatado por el Gobierno, en plena división ideológica del país, y cuando la corrupción mana a borbotones y las cloacas del Estado son amparadas en el PSOE y el PP.

Y ese cóctel de golpismo impune y deterioro moral y democrático llevará a un fin de Régimen y ya veremos si también de sistema político. Porque si se rompe la legalidad, su efecto dominó será imparable y llegará hasta el final.

Choque de identidades
Alejo Vidal-Quadras gaceta.es  2 Noviembre 2018

A lo largo de mis muchos años de vida política me he hartado de oír a los nacionalistas catalanes acusar a los que se les oponen de serlo a su vez, pero españoles. Esta forma de defenderse atacando presenta un defecto que salta a la vista. Al reprochar a sus críticos un nacionalismo de otro color, están admitiendo implícitamente que esta doctrina es nefasta porque de lo contrario no se la echarían en cara a los que les combaten. Si no fuera así, entonces caerían en el absurdo de que su nacionalismo es bueno y el de los demás malo. Ningún liberal, socialista o comunista cargaría contra un rival electoral denigrándole por ser cualquiera de esas cosas porque incurriría en una incoherencia flagrante. La verdad es que no es un gran descubrimiento afirmar que los nacionalismos étnicos, lingüísticos o culturales, es decir, los movimientos políticos que consideran a la identidad, definida por algún rasgo diferencial contingente, el valor supremo al que han de supeditarse todos los restantes, libertad, igualdad, solidaridad o dignidad de las personas, carecen por completo de racionalidad en sus formulaciones.

La base de los nacionalismos identitarios es puramente emocional y se apoya en instintos y pulsiones primarios que la evolución ha creado en los seres humanos y que laten en la húmeda oscuridad que subyace a la delgada capa civilizatoria que nos permite convivir y prosperar sin matarnos los unos a los otros.

Los nacionalismos totalitarios y excluyentes, como las infecciones oportunistas, prosperan en épocas de grave recesión económica, de corrupción desatada o de desgobierno caótico, cuando el sistema inmune de las democracias frente a los extremismos se debilita. Por citar un ejemplo muy reciente, a los que se rasgan las vestiduras por la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil habría que preguntarles: Con el desempleo disparado, decenas de miles de millones disipados en corrupción por los jerarcas del PT y sesenta mil homicidios al año, ¿qué esperaba usted? O pensando en la anunciada retirada de Angela Merkel, si se permite la entrada de un millón de inmigrantes irregulares de golpe sin coordinarse con sus socios europeos y sin un debate público previo sobre las consecuencias, ¿creía la buena señora que los votantes no se lo iban a hacer pagar y que Alternativa para Alemania no iba a alimentarse del miedo y la indignación causados por esta imprudencia?

En España, durante décadas la clase política se ha felicitado por la inexistencia de partidos del estilo del Frente Nacional francés, del Partido de la Libertad holandés o de La Liga italiana gracias, se ha repetido, a que en el Partido Popular se encontraba almacenado el amplísimo espectro que iba desde el nacionalismo español trompetero hasta el centro moderado. Curiosamente, casi nadie en el mundo oficial expresaba una preocupación paralela por el auge de los separatismos en Cataluña y el País Vasco o por los millones de papeletas recibidas por Izquierda Unida. Ahora que Podemos maneja los hilos del Gobierno con el sano objetivo de arruinar y de fragmentar nuestro país y que los secesionistas se han alzado en rebelión contra el Estado, parece que la mayor alarma la suscita la posible aparición de un nuevo actor político que se reclama nacionalista español identitario.

Hasta hoy, los dos grandes partidos han vivido en el error de dar categoría de normalidad a los nacionalismos periféricos, de cerrar los ojos ante sus crecientes abusos e incluso de asociarse con ellos y de ceder sistemáticamente a sus agresivas reivindicaciones. Si el resultado de tan pusilánime e irresponsable proceder va a alumbrar por fin una fuerza parlamentaria que haga de la españolidad su bandera como imagen especular de los Torra, Puigdemont, Junqueras y demás ralea, pero apelando a un patriotismo sentimental que busque en la Reconquista, el Descubrimiento y cristianización de América, el triunfo sobre Napoleón y la difusión universal de una lengua hablada por quinientos millones de personas, su motivación y su orgullo, es ridículo escandalizarse y advertir del peligro de la irrupción de la extrema derecha. Lo que se siembra se recoge.

La única vía no incendiaria para neutralizar a los nacionalismos identitarios, xenófobos, violento y racistas es el compromiso firme con el imperio de la ley, el aislamiento político de sus organizaciones, la alianza sin fisuras de los partidos constitucionalistas frente a la amenaza separatista y un gobierno eficiente, honrado y competente que vacune a la población de tentaciones irredentistas, o sea, todo lo que no han hecho durante treinta años y siguen sin hacer el PP y el PSOE. Si se avecina un trágico choque de identidades, ya se sabe de sobras quienes lo han provocado con su oportunismo, su codicia, su indolencia y su cobardía. Hay lamentos que, aparte de hipócritas, suenan demasiado tarde.

Sánchez le ordena a la Abogacía del Estado retirar la rebelión en la acusación a los golpistas
Rafael Halcón Republica   2 Noviembre 2018

La Fiscalía y la Acusación Popular mantendrán la rebelión, pero la Abogacía del Estado la retira y la sustituye por sedición y malversación con penas de hasta 15 años de cárcel

La Abogacía del Estado no acusará por rebelión a los golpistas catalanes, aunque sí por sedición y malversación. Este ha sido el ‘gesto’ de Pedro Sánchez para con los golpistas catalanes que están en prisión. Los que sin duda esperaban mucho más, como que la Fiscalía se sumara a las rebajas, motivo por lo que es posible que ERC y PDeCAT decidan no apoyar los Presupuestos de 2019 que Pablo Iglesias presentó a Oriol Junqueras en la cárcel días atrás.

Esta rebaja de rebelión a sedición por parte de la Abogacía del Estado figura en las instrucciones que ha dado el presidente Sánchez a su más que descontrolada ministra de Justicia Dolores Delgado en relación con los escritos de acusación y petición de penas que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Acusación Particular presentan este viernes ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional en relación con los procesados (la mayoría de ellos por rebelión) por el golpe de Estado catalán del 27-O de 2017.

Hace unos días y contradiciendo una declaración suya del pasado mes de mayo, el presidente Sánchez se posicionó a favor de quienes se oponen a que se juzgue por el delito de rebelión a los máximos cabecillas del golpe que encabezaron el preso Junqueras y el prófugo Puigdemont. Y en la misma línea se pronunció la vicepresidenta Calvo (a la que el Vaticano ha dejado en ridículo a propósito de la exhumación e inhumación de Franco).

Y ello se ha confirmado con este cambio de posición leve y limitado de la acusación de la Abogacía del Estado porque ni Sánchez ni Delgado se han atrevido a hacer lo mismo en la Fiscalía enfrentándose a los fiscales del Supremo. La decisión de Sánchez no ha sido muy importante pero no va a contentar a nadie, ni a los golpistas presos ni a los partidos de la oposición, PP y Cs, que protestarán y llevarán esta decisión de Sánchez a la campaña electoral de Andalucía como es de esperar.

A Sánchez, frente a los golpistas, le queda el recurso final del indulto sobre el que el presidente no se quiso pronunciar en el Congreso de los Diputados a pesar de las insistentes preguntas de Albert Rivera.

En todo caso, todo apunta a que la leve rectificación de Sánchez no servirá para que ERC y PDeCAT le apoyen los Presupuestos de 2019, y en ese caso Sánchez tendrá que prorrogar los Presupuestos de 2018. Lo que por otra parte abrirá una crisis en las relaciones de Sánchez con Iglesias y Podemos, que están muy cerca de los golpistas y acusarán al presidente de timorato.

Sánchez dirá que él ha hecho ‘un gesto’ en la Abogacía del Estado que es donde podía y no se atrevió a bajar de sedición ni a torcer la mano de la Fiscalía del Estado, porque los fiscales se iban a sublevar y porque todo ello tendría un gran impacto en Andalucía, donde ya están en campaña electoral.

Últimas noticias sobre Joseba Pagaza
José María Albert de Paco. vozpopuli   2 Noviembre 2018

Joseba Pagazaurtundúa fue fotografiado atendiendo a un guardia civil herido en un atentado de ETA. Quizá fue en ese preciso momento cuando firmó su sentencia de muerte

Venciendo el escrúpulo de premiar a un político en ejercicio, la Asociación por la Tolerancia concedía al fin su galardón a Maite Pagaza. El comienzo de su discurso de recogida me recordó por un instante el que pronunciara en el mismo marco, ocho años antes, Xavier Pericay. Si el hoy parlamentario balear discurrió sobre su natural lentitud, Pagaza se confesó, antes que valiente, despistada. Y en ello andaba, hilando monerías sobre la inusitada fealdad de Barcelona (“con esas esteladas que digo yo que estarán ya bastante sucias, ¿no?”) cuando de pronto regresó a Andoain. No hacía ni dos meses que un periodista, haciendo acopio de delicadeza, le había enviado una foto tomada el 16 de septiembre de 1993 en un aparcadero del pueblo. Tal vez le pueda interesar. La imagen muestra los primeros auxilios al guardia civil retirado Juvenal Villafañe, de 78 años, al que una bomba lapa en el coche acaba de herir de muerte.

Seis personas en cuclillas atienden a Villafañe, deshecho de cintura para abajo (De inmediato llegarían su mujer y sus hijas, pues el piso familiar estaba enfrente; según los testimonios, una de las hijas le echó una manta por encima para cubrir, también, su desnudez). Además de los sanitarios de la Cruz Roja, vemos a un hombre con pantalón claro, camisa oscura y sandalias. Por el macuto con que carga (y que, vencido a la derecha, parece equilibrar su centro de gravedad) y la acuciante maniobra en que se halla inmerso, se diría que es médico. Pero no. Es policía. Un policía local. Era Joseba, sí. Fue uno de los primeros en auxiliar a Villafañe, eso me consta. Pero no tenía constancia de que hubiera quedado registro gráfico de aquellos cuidados.

Esa foto se publicó en la prensa y tal vez le acabara marcando. “Es verdad que Joxeba ya era entonces la única persona en Andoain que se atrevía a saludar a los guardias civiles. Pero igual ese día tomaron nota de verdad”. La conjetura de Maite, a la que cito de memoria, descansa sobre un sólido indicio: un año después del asesinato de Villafañe, Joseba recibió la información de que ETA lo tenía en el punto de mira. Mal que bien, el terrorismo había ido soslayando que le tendiera la mano al enemigo. Ahora bien, que esa afabilidad apareciera inmortalizada en una foto; que su compromiso cívico, en suma, adquiriera rango de símbolo les debió de parecer intolerable.

Y tras ponerle pie a la foto, Maite recobró el aire risueño con que, minutos antes, había empezado a corresponder a los parabienes: “Antes que nada, y por si me parte un rayo, me gustaría decir dos cosas. 1) Qué contenta estoy de tener tan buenos amigos, y 2) ¡Viva el Rey!”.

La crisis de supervivencia de Europa
Giulio Meotti (Gatestone Institute)  latribunadelpaisvasco.com  2 Noviembre 2018

"La posibilidad de que Europa se convierta en un museo o un parque recreativo cultural para los nuevos ricos de la globalización no está completamente descartada". Esta idea de Europa como un inmenso parque temático cultural la planteó el difunto historiador Walter Laqueur, quien, por su visionario pronóstico sobre la crisis de Europa ha sido llamado el "pesimista indispensable". Laqueur fue uno de los primeros que entendió que el actual punto muerto en que se encuentra el continente va mucho más allá de la economía. La cuestión es que los días de la fortaleza europea se han terminado. A causa de las bajas tasas de nacimientos, Europa está encogiéndose drásticamente. Si persisten las actuales tendencias, dijo Laqueur, dentro de cien años la población de Europa "será sólo una fracción de lo que es hoy, y dentro de doscientos, puede que algunos países hayan desaparecido".

Lamentablemente, la "muerte de Europa" se aproxima cada vez más, se está volviendo más visible y los escritores populares hablan con frecuencia de ella.

"En un momento en que la literatura es cada vez más marginada en la vida pública, Michel Houellebecq nos ofrece un llamativo recordatorio de que los novelistas pueden aportar ideas sobre la sociedad que los analistas y expertos suelen pasar por alto", escribió The New York Times sobre el que es probablemente el autor francés más importante. Houellebecq "habla" mediante sus exitosas novelas, como Sumisión, así como en sus conferencias públicas. La última conferencia que dio Houellebecq en Bruselas –con motivo del premio Oswald Spengler, que homenaje al autor de La decadencia de Occidente– estaba dedicada a ese tema. "Por resumir –dijo Houellebecq–, el mundo occidental en conjunto se está suicidando".

¿Por qué Europa ha acabado obsesionándose tanto con su propio declive demográfico y la creciente inmigración fértil de África?
Según Ross Douthat, en un artículo en The New York Times, "los esfuerzos de control de la población financiados por Occidente en el mundo desarrollado" se están "introduciendo en el debate" por tres motivos:

Porque las tasas de natalidad africanas no se han reducido con tanta rapidez como esperaban los expertos occidentales; porque la demografía europea está siguiendo la ley de Macron hacia la tumba; y porque los líderes europeos ya no son ni mucho menos tan optimistas sobre la asimilación de los inmigrantes como lo eran sólo unos años atrás.

Douthat se refiere a dos discursos del presidente francés, Emmanuel Macron. En 2017, Macron dijo que los problemas de África eran "de civilización" y se lamentó de que "cada mujer tenga siete u ocho hijos". En un segundo discurso en la Fundación Gates la semana pasada, Macron dijo: "Preséntenme a la mujer que decide, perfectamente educada, tener siete, ocho o nueve hijos". La pregunta que Macron planteó implícitamente fue: ¿Cómo puede Europa gestionar a su propia población educada con sus bajas tasas de natalidad, mientras se enfrenta a una inmigración masiva y la fertilidad de África y Oriente Medio? Parece que Europa está en una lucha demográfica con el resto del mundo, y que sólo puede perder.

Al enfrentarse a este reto existencial, una espiral descendente en la que los europeos parecen ir muriéndose lentamente por no reproducirse, parece que Europa también ha perdido toda su confianza en sus valores de la Ilustración, que tanto le costó alcanzar, como las libertades personales, la razón y la ciencia en lugar de la superstición y la separación de Iglesia y Estado.

Éstos son fundamentales, si Europa quiere de verdad sobrevivir. El distinguido historiador Victor Davis Hanson escribió hace poco:
Si se juzga por los grandes determinantes históricos del poder civilizacional –combustible, energía, educación, demografía, estabilidad política y poderío militar–, Europa está menguando. Está gastando sólo un 1,4% de su PIB colectivo en defensa [...]. Y con una tasa de fertilidad de menos del 1,6%, Europa está menguando y envejeciendo lentamente –de ahí la miope política migratoria de Angela Merkel, que al parecer ve la inmigración como una solución a la crisis demográfica y un atajo para la mano de obra barata.

Sin embargo, como escribió Walter Laqueur, "incluso aunque el declive de Europa sea irreversible, no hay motivo para que deba acabar desmoronándose".

¿Cómo evita uno que se desmorone?
En una reciente cumbre europea, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, líder del partido antinmigración la Liga, dijo:

He escuchado a colegas decir que necesitamos la inmigración porque la población de Europa está envejeciendo, pero yo tengo un punto de vista completamente distinto [...]. Creo que estoy en el Gobierno para conseguir que nuestros jóvenes tengan el mismo número de hijos que tenían hace unos años, y que no se trasplante lo mejor de la juventud de África en Europa. Tal vez en Luxemburgo necesiten hacer esto, pero en Italia necesitamos ayudar a la gente a tener más hijos, en vez de traer a esclavos modernos (de África) para sustituir a los hijos que no estamos teniendo.

Después, respondiendo directamente a una interrupción del ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, Salvini añadió:
Respondo tranquilamente que su punto de vista es diferente al mío. [...] Si en Luxemburgo necesitan nueva inmigración, yo prefiero mantener a Italia para los italianos y empezar a hacer hijos otra vez.

Es evidente que Salvini ve lo que cabe esperar del futuro de Italia. Si las condiciones no cambian, la población de Italia podría colapsar, al alcanzar sólo los 16 millones de habitantes, frente a los 56 millones de hoy. Ese inquietante futuro surgió en el último "Festival de Estadística y Demografía" que se celebra cada año en Italia, donde Matteo Rizzolli, profesor de la Universidad de Roma, dijo:

Como esto ocurrirá dentro de cien años, aunque seamos 8 millones menos dentro de 20 años, si seguimos actuando como lo hacemos, no servirá para estimular la tasa de natalidad.

El establishment de Europa se divide por lo tanto entre los llamados "europeístas", que creen que los nuevos migrantes son necesarios para frenar la crisis demográfica de la UE, y los "euroescépticos", que quieren superarla por su cuenta. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por ejemplo, ha pedido a los europeos que frenen el "declive demográfico" invirtiendo más en las familias tradicionales. Entretanto, el arzobispo católico italiano Gian Carlo Perego ha dicho:
El reto para Italia es que reconcilie un país que está muriendo con los jóvenes que vienen de otras partes, a fin de empezar una nueva historia. Si cerramos la puerta a los migrantes, desapareceremos.

Salvini propuso otra idea más en una entrevista con The Times:
Un país que no engendra niños está destinado a morir [...]. Hemos creado un ministerio de la familia para trabajar en la fertilidad, las guarderías, en un sistema fiscal que tenga en cuenta a las familias numerosas. Al final de este mandato, el Gobierno se medirá por la cifra de nacimientos más que por su deuda pública.

Lo que está en juego, dijo Salvini, es la "tradición" de Italia, "nuestra historia, nuestra identidad": la izquierda está utilizando la crisis de fertilidad como "excusa" para "importar inmigrantes".

Otro arzobispo católico, Andrew Nkea Fuanya, de Mamfe (Camerún) dijo hace poco sobre las bajas tasas de natalidad en Europa:
Es algo muy importante. Y me atreveré a decir que, especialmente con el telón de fondo de la invasión islámica, si se observa a lo largo de la historia, cuando la Iglesia se durmió, y se alejó del Evangelio, el islam aprovechó esa ventaja y entró. Eso es lo que estamos viendo en Europa, que la Iglesia se está durmiendo, y que el islam se está infiltrando [...]. Europa está siendo islamizada, y eso afectará a África.

El declive y la transformación de Europa también se manifiesta en Francia. Según las nuevas estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos francés, Mohamed y otros varios nombres árabes tradicionales encabezan ahora la lista de los nombres más populares para los bebés en el departamento francés de Seine-Saint-Denis (1,5 millones de habitantes). Es reseñable que dos periodistas del periódico Le Monde, Gérard Davet y Fabrice Lhomee, acaban de publicar un libro titulado Inch'allah: l'islamisation à visage découvert (Si Alá quiere: El rosto revelado de la islamización), una investigación sobre la "islamización" del área de Seine-Saint-Denis.

Mientras, una investigación publicada en julio por el semanario L'Express mostró que en Francia "entre 2000 y 2016, el número de niños con al menos un progenitor extranjero creció del 15 al 24%". Die Welt informó de que, según la Oficina Federal de Estadística, en la Alemania occidental, el 42% de los niños menores de 6 años provienen ahora de origen migrante.

La inmigración sin topes a Europa parece haber causado más perjuicio que beneficio. Walter Laqueur escribió:
La inmigración sin controles no fue la única razón del declive de Europa. Pero tomada en conjunto con los otros infortunios del continente, dio lugar a una profunda crisis; podría hacer falta un milagro para sacar a Europa de estas tribulaciones.

Tanto Matteo Salvini como Michel Houellebecq han señalado que el drama de una Europa envejecida y fatigada no es una cuestión partidista, sino civilizacional. Esta cuestión también decidirá el futuro de la Unión Europea, que la política de fronteras abiertas podría arruinar.

El tiempo se acaba. Como dijo Houellebecq en un discurso en el premio Frank Schirrmacher:
El avance del islam sólo está comenzando, porque la demografía está de su parte y porque Europa, que ha dejado de tener hijos, ha entrado en un proceso de suicidio. Y no es realmente un suicidio lento. Una vez que has llegado a una tasa de natalidad del 1,3 o el 1,4, después las cosas van muy rápido.

* Artículo publicado inicialmente en la web del Gatestone Institute

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Pedro Sánchez se entrega a los golpistas del 1-O

EDITORIAL El Mundo  2 Noviembre 2018

En su indisimulado afán por complacer las demandas de los independentistas, el Gobierno podría cruzar una peligrosa línea roja que amenaza con violentar la independencia del Poder Judicial y poner en cuestión la división de poderes, inquebrantable principio de todo Estado de derecho. Descartada por burda y antidemocrática la presión directa sobre la Fiscalía General para que impusiera directrices políticas a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo y utilizando como ariete a la Abogacía del Estado, el Gobierno pretende cuestionar la instrucción del juez Llarena, construida sobre la base de que los encausados en el procés cometieron un delito de rebelión, que implica el uso de la violencia para «declarar la independencia de una parte del territorio nacional», como señala el artículo 472 del Código Penal.

Además, con esta decisión el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la reprobada ministra de Justicia Dolores Delgado, estaría cuestionando la posición que durante la fase de instrucción ha mantenido firmemente la Fiscalía del Supremo, que nunca ha dudado de que los sucesos de septiembre y octubre del año pasado son constitutivos de un claro delito de rebelión para subvertir el orden constitucional, una postura que defenderá en el escrito de acusación que va a presentar este viernes en el Tribunal Supremo. El proyecto de acusación que el Gobierno encargó a los abogados del Estado opta, sin embargo, por descartar que hubiera violencia y se decanta por acotar la acusación a los delitos de malversación y sedición, que supondrían, de confirmarse en el juicio oral, penas menores para los acusados que las que contempla el delito de rebelión.

La decisión del Gobierno solo puede ser entendida como una claudicación ante el independentismo y el pago de una hipoteca. En primer lugar, porque antes de llegar a La Moncloa aupado por los votos del separatismo, Sánchez había declarado en varios medios de comunicación su convicción de que los políticos separatistas procesados habían incurrido en un claro delito de rebelión. Y en segundo lugar porque habitualmente la Abogacía del Estado se limita a defender los intereses económicos de la Administración, por lo que suele acotar sus acusaciones a los delitos de malversación. Por tanto, es doble la irresponsabilidad en la que conscientemente incurre el Gobierno de Sánchez, pagando un peaje ante el Govern rebelde de Cataluña y dando argumentos a determinados tribunales extranjeros que han intentado socavar la credibilidad del juez Llarena y con ella la del Poder Judicial español. Sánchez y Delgado están aún a tiempo de rectificar y ordenar a la Abogacía del Estado que limite su acusación a la malversación y evite un conflicto impropio de una democracia avanzada y moderna.

La escandalosa actitud de un presidente dispuesto a todo para conservar el poder
EDITORIAL esdiario  2 Noviembre 2018

Lo único que ha cambiado desde que Pedro Sánchez reclamara un 155 más contundente y el endurecimiento del delito de rebelión, que veía tan claro como el perjuicio para España de pactar con Podemos, es que él ha alcanzado la presidencia del Gobierno -tras dos derrotas históricas- apoyado precisamente por todos los partidos que consideraba imprescindible ignorar.

El viraje, en apenas unas semanas, es tan escandaloso y tan evidentemente sustentado en su mero interés personal, que no convocar de Elecciones Generales de inmediato constituye un inmenso fraude político al conjunto de los españoles: no le eligieron para nada de lo que está haciendo, y lo que sabían de él cuando optaron por conducir al PSOE a sus dos peores resultados históricos era justamente lo opuesto a lo que ahora impulsa.

El penúltimo capítulo es especialmente sangrante: dar órdenes a la Abogacía del Estado para que renuncie a juzgar por rebelión a Junqueras y los otros 17 cabecillas del Golpe contra la Constitución en Cataluña, rompiendo así la coincidencia que hasta ahora mantenía la institución -dependiente de la ministra de Justicia- con el criterio de la Fiscalía del Supremo y con la precisa instrucción del juez Llarena, definitivamente abandonado por el Gobierno.

Blanquear al separatismo
La decisión tendrá probablemente poco efecto jurídico inmediato, pues tanto la Fiscalía cuanto la acusación popular mantendrán sin duda la acusación, pero tiene unas enormes consecuencias políticas y simbólicas: significa que el Gobierno, por las necesidades personales presentes y futuras de quien lo encabeza, se niega a defender la Constitución como el propio Sánchez exigía hace nada, y blanquea con ello el infame desafío de unos dirigentes al margen de la ley que ahora se sienten propietarios de La Moncloa.

La negativa de Sánchez a contestar si seguía oponiéndose a indultar a los cabecillas del procés cuando sus previsibles condenas sean firmes explica, con seguridad, este volantazo destinado a devolver el favor de la moción de censura y a sentar las bases de un pacto a medio plazo entre Sánchez, Iglesias y Junqueras, válido para La Moncloa y para la Generalitat.

Es decir, un presidente que logró el puesto beneficiándose de quienes consideraba un peligro para España y tildaba de populistas, supremacistas o golpistas con razón; ahora trabaja desde el Ejecutivo para enmendar al poder judicial y acordarlo todo con ellos, negándose además a preguntarles en las urnas primero a los ciudadanos.

La carencia de principios y escrúpulos que está demostrando Sánchez no tienen parangón en ningún país democrático occidental, y legitima pensar que, en adelante, siempre hará lo que mejor le convenga, al precio que sea, para conservar un poder que no ganó donde debía y utiliza para lo que no está facultado. Un escándalo, se mire por donde se mire, que pone en riesgo la estructura democrática de un país que no se merece un dirigente tan irresponsable y frívolo.

Sánchez se rinde al golpismo

OKDIARIO  2 Noviembre 2018

El presidente Pedro Sánchez sobreactuó y anunció que rompía relaciones con el PP, después de que Pablo Casado le acusara en las Cortes de ser “partícipe” del golpe de Estado que la Generalitat catalana mantiene en marcha contra el orden constitucional. Pero día tras día, los hechos siguen dando la razón a Casado. La infamia se ha consumado ahora: este jueves hemos conocido que la Abogacía del Estado sólo acusará a Oriol Junqueras y el resto de golpistas de la Generalitat por los delitos de sedición y malversación, pero no por rebelión.

Algo que contradice abiertamente la postura que la Abogacía del Estado mantuvo hace tan sólo tres meses, el pasado 6 de agosto, cuando en un escrito dirigido al Tribunal Supremo interesó que los 18 procesados lo sean por los delitos de rebelión (según el artículo 272 del Código Penal), desobediencia (artículo 410) y malversación (pues gastaron más de 4 millones de euros públicos en el referéndum ilegal del 1-O).

Pedro Sánchez cumple así su parte del acuerdo, humillante para todos los españoles, sellado en la cárcel de Lledoners por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el propio Oriol Junqueras. Tras su entrevista en prisión, Pablo iglesias anunció que el Gobierno debía “moverse” y aliviar la situación penal de los golpistas, a cambio de que ERC y el PDeCAT apoyen su proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Si alguien tenía dudas sobre cuál sería la respuesta de Pedro Sánchez a este desafío, ya se han despejado: cede una vez más ante el chantaje de los golpistas, a cambio de mantenerse unos meses más en el palacio de La Moncloa. Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno gracias a un pacto infame con los populistas de Podemos, los independentistas y los proetarras de Bildu. Ya ha quedado claro que está dispuesto a mantenerse en el poder a cualquier precio. Si es preciso, quebrando el Estado de Derecho para que los golpistas que se jactaron de vulnerar la Constitución e intentaron arrebatar sus derechos a millones de catalanes, salgan cuanto antes de prisión.

Sánchez alivia a los golpistas
ABC  2 Noviembre 2018

El «gesto» más explícito del Gobierno hacia los independentistas ha consistido en arruinar el prestigio de la Abogacía del Estado obligando a que acuse por un delito de sedición a los principales responsables del proceso separatista en Cataluña. Durante todo el proceso penal, el reconocido servicio jurídico del Estado había apoyado en todo momento los planteamientos tanto del juez Llarena como de la Fiscalía General, lo que hace extravagante e inexplicable técnicamente este giro de última hora. La causa es puramente política. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha impuesto su criterio y con la firma de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, dará el lamentable espectáculo de contradecir la probable acusación de la Fiscalía por rebelión. Las instituciones llamadas a representar los intereses públicos -los de la Administración General del Estado y los de la sociedad- van a concurrir con planteamientos divergentes al proceso penal más trascendente de la historia democrática. Lo más intolerable de esa disparidad de criterios es que no responde a un análisis jurídico, sino a la necesidad partidista del Gobierno de Pedro Sánchez de demostrar servilmente a los separatistas que está haciendo lo que puede para socavar la unidad de actuación de las instituciones estatales responsables de defender el interés público.

Aunque las penas pedidas por la Abogacía del Estado siguen siendo altas, porque al delito de sedición se suma el de malversación, lo que importa es el «gesto» de no acompañar a la Fiscalía en su firme actuación acusatoria e introducir en el juicio una acusación bajista, que aún puede ser reducida más cuando finalice la prueba. Nada impedirá entonces otro «gesto» del Gobierno -o de su «abogacía privada», antes llamada del Estado- que rebaje la sedición a desórdenes públicos o simple desobediencia y se olvide de la malversación. Y, además, siempre será más fácil indultar (como ya ha sugerido que se haga la delegada del Gobierno en Cataluña) por sedición que por rebelión. Este Gobierno está dispuesto a pagar el precio que sea para retener el poder, llevando su indigna complicidad con el separatismo a límites cercanos a la prevaricación.

La oposición debe exigir la comparecencia inmediata de la ministra de Justicia para que explique públicamente qué instrucciones ha impartido a la Abogacía del Estado y qué purga ha llevado a cabo dentro de esta institución para imponer su criterio en el escrito de acusación. El Gobierno vuelve a dar la medida de su falta de escrúpulos en la gestión de los intereses nacionales y en el respeto a los principios del Estado de Derecho. Con Pedro Sánchez, el Estado está secuestrado por el relativismo ético, el oportunismo político y la ruina legal.

España, camino de la «bananización»
roberto l. blanco valdés La voz  2 Noviembre 2018

Solo hay una cosa peor que el hecho de que a las instituciones democráticas se les pierda el respeto institucional: que sean ellas las que no se respetan a sí mismas. Algo gravísimo debe estar pasando en España cuando la falta de autoestima de los tres poderes del Estado se ha hecho general. Tanto que una gran parte del país (la que tiene sensibilidad democrática para verlo) asiste atónita a hechos que en otras democracias, pero también en la nuestra hasta hace poco, serían inconcebibles.

Porque inconcebible es que la administradora ¡provisional! única de RTVE haya insultado en la comisión mixta Congreso-Senado de control del ente público no ya un diputado sino a la propia comisión. Al diputado le llamó Rosa María Mateo, «mezquino» y «miserable» por formularle con todo su derecho una pregunta incómoda para la compareciente. Luego, la propia Mateo, que ha achicharrado en unas semanas el prestigio profesional ganado en años, calificó a la comisión de teatrillo: «Estas comparecencias son un teatrillo. Ya sé que tiran contra el PSOE, pero este teatrillo es muy desagradable, que afronto porque la democracia lo merece». La señora Mateo se equivoca, desde luego, pues comparece, no por altruismo, sino porque esa es su obligación. Pero se equivocan sobre todo sus señorías al tolerar que se les considere muñecos de guiñol sin responder a tan ofensiva acusación todos a una.

Si del parlamento pasamos al Gobierno, la autoestima del que preside Sánchez anda bajo mínimos por su sujeción trágica a Podemos, que ha llevado a Iglesias a comportarse como un perdonavidas con sus socios presupuestarios, a los que trata con una mezcla insoportable de desprecio y autoritarismo. Basta haber seguido la yenka sobre la subida de la cotización a los autónomos, asunto crucial en el que el Gobierno ha cambiado de posición en la última semana un día sí y otro también, para captar hasta que punto el Ejecutivo es hoy una marioneta en manos Podemos, que demuestra su poder dejando una y otra vez a Sánchez en ridículo.

¿Y qué decir del poder judicial? Pues que resulta inaudito que tras las constantes e inadmisibles interferencias del Gobierno en su labor -¡todo un presidente y una vicepresidenta desautorizando la calificación penal del Tribunal Supremo sobre el presunto delito de rebelión cometido por los dirigentes de la intentona secesionista en Cataluña!- el Consejo del Poder Judicial, órgano de gobierno de ese poder básico del Estado democrático, haya sido incapaz de salir en su defensa, según denuncias reiteradas de las asociaciones judiciales. Por no hablar claro del delirio de la Generalitat proclamando que ¡desobedecerá cualquier sentencia que no sea absolutoria!

Así están las cosas: con una España donde los poderes públicos permiten que se les tome por el pito del sereno, primer paso para que nos convirtamos en una democracia bananera.

La carETA de Sortu
Cristina Losada Libertad Digital  2 Noviembre 2018

Este domingo, la plataforma España Ciudadana, impulsada por el partido Ciudadanos, hará un acto en Alsasua en defensa de la libertad y el respeto a los servidores públicos. Es la localidad navarra en la que, hace dos años, fueron brutalmente agredidos dos guardias civiles y sus parejas y se celebraron manifestaciones de apoyo a los agresores, orquestadas por simpatizantes de la organización terrorista ETA. Es por ello uno de los lugares que refleja de forma más visible los efectos de décadas de terrorismo nacionalista, singularmente la persistencia de una comunidad del odio que no es que haya sustituido a la violencia terrorista, porque siempre fue parte esencial de aquella.

De Alsasua se creen dueños los partidarios de ETA, de manera que han rechazado virulentamente cualquier presencia contraria a la banda que asesinó a más de 850 personas, como han hecho cada vez que han ido allí representantes de asociaciones de víctimas. El acto de España Ciudadana, como era de esperar, no es bienvenido por los proetarras. Preparan una contestación en su estilo bronco y grosero, a la que contribuye Sortu, uno de los herederos de Batasuna, con un cartel que se ha publicado estos días en la prensa. En el cartel, sobre el fondo de una imagen de Franco, vestido de militar y con gafas oscuras, aparecen las caras de Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal con los ojos tapados y un texto que incluye estas palabras: "Quitemos la careta al fascismo". Los años no pasan para la propaganda etarra. Este cartel son los 70, con multicopista. Y Franco sigue ahí.

Para los partidarios de ETA y los que fueron miembros de la banda, Franco es hoy más que nunca un comodín necesario. No sólo por eso que dicen de que el franquismo no desapareció al llegar la democracia, con lo que concordó en algún momento el ahora líder de Podemos, y que les sirve para justificar los crímenes cometidos después de 1978, que son la gran mayoría, con diferencia. Es que recurren a Franco y la dictadura para justificar la existencia de la organización terrorista, su surgimiento y su decisión de empezar a matar, que se materializó por primera vez en 1968 con el asesinato del guardia civil Pardines. La mitología terrorista quiere que el origen del terror fuera la dictadura, que habría aplicado tal grado de represión contra el pueblo vasco que no quedó otra salida que la "lucha armada". Hoy, los sucesores de ETA enfatizan aquel supuesto carácter antifranquista original suyo, como si fuera un salvoconducto moral.

Esa mitología terrorista se ha asumido muchas veces como si contuviera verdad. Durante más tiempo del debido, en la izquierda española se consideró a ETA como parte del antifranquismo. Incluso durante el Gobierno de Zapatero, cuando la negociación, se oyó decir a ministros y portavoces que ETA era el último vestigio de la dictadura franquista. En la prensa, sobre todo en la extranjera, es habitual que se presente el origen de ETA como una respuesta a la dictadura franquista. Todo ello a pesar de las evidencias en contrario. No existía un alto grado de represión en el País Vasco en los años en que ETA empezó a matar. Y el carácter nuclear de ETA no fue el antifranquismo, sino el nacionalismo. Lo ha escrito hace poco el abogado José María Ruiz Soroa: "Lo de que ETA surgió como consecuencia de la represión franquista es pura patraña". Y también: "ETA nunca fue antifranquista, salvo en un sentido irrelevante".

El objetivo para el que nació ETA era la lucha no contra la dictadura sino contra España. Cuando mató, secuestró y extorsionó a gran escala fue cuando España era ya una democracia. Los jóvenes nacionalistas vascos que tomaron la decisión de matar lo hicieron, entre otras cosas, por un cálculo típico del terrorismo: provocar una réplica represiva del Estado, más cuando se trata de una dictadura, que les favorezca. Porque entonces podrán reunir el apoyo social que necesitan. Eso fue, en efecto, lo que sucedió después de los primeros asesinatos de ETA. Contaba Soroa en su artículo que "cuando un paisano noctámbulo o madrugador caía acribillado en un control de carreteras, ETA aplaudía y se felicitaba por su éxito. Cuantos más inocentes mueran, sobre todo si son vascos, mejor para nosotros, más posibilidades de éxito, más conciencia en el pueblo".

En el blanqueamiento de ETA, que pretenden sus sucesores y algunos otros, la mitología de su antifranquismo originario es pieza clave. Va siendo hora de desechar esa pieza por lo que es: otra falsedad para justificar décadas de terror y su legado de odio.

El catalán, ¿lengua propia?
Manuel Peña Díaz cronicaglobal  2 Noviembre 2018

Hace casi dos décadas, Juan Ramón Lodares publicó un libro magnífico y provocador: El paraíso políglota. En él demostraba que la difusión de la lengua española no era un cuento de leyes que la impusieron prohibiendo a otras. Es cierto, por ejemplo, que las leyes de Carlos III en las que se obligaba a aprender el español sólo afectó a poco más del 0,3% de la población. En este ensayo también dedicó brillantes páginas al mito de la Cataluña surgida de Babel, con la lengua pròpia como signo de pureza identitaria, y se preguntó si los procesos de “normalización lingüística” no eran sino “simples usos del poder político para controlar la gente”.

En 2002, Lodares publicó Lengua y patria, un ensayo breve pero igual de incisivo, en el que negaba que una lengua pudiera considerarse propia de un territorio. Afirmaba que en España los nacionalismos lingüísticos se enmarcaban dentro del tradicionalismo católico hispánico “donde el idioma es tributo sagrado, trasunto de la raza y fundamento de la nación”. Negaba que en España hubiera “una lengua nacional”, ni siquiera una lengua propia, en todo caso “una lengua mayoritaria, común, de la que participan todos”, y que es internacional. Y concluía que los españoles “aunque podamos entendernos en una misma lengua, admitimos no sólo que el nuestro es un país plurilingüe, sino que esta característica debe fomentarse”. Su trágica muerte en 2005, con apenas cuarenta y seis años, nos privó de uno de los lingüistas más lúcido y crítico con la estupidez y la simpleza de los nacionalistas dogmáticos.

¿Se ha hecho lo suficiente desde las instituciones del Estado para apoyar la diversidad lingüística? Rotundamente no. El anuncio de Luis García Montero de reforzar en el Instituto Cervantes actividades relacionadas con las literaturas hispánicas ha de ser bienvenido aunque sea una proposición obvia. Queda todavía mucho por hacer. Por ejemplo, ¿por qué no implementar enseñanzas específicas sobre el catalán y las literaturas catalanas en el bachillerato o en todas las universidades españolas? Es posible que ayude a formar mejores ciudadanos que otras materias de dudosa utilidad.

La pluralidad no deber ser sólo reconocida sino también practicada, eso sí en todas las comunidades autónomas. ¿Se puede seguir afirmando e imponiendo que Cataluña tiene una lengua pròpia? Esta falacia se lleva repitiendo una y otra vez desde hace algo más de un siglo. Es un argumento heredado de la teoría nacional racista sobre la unidad popular de la patria. Resulta sospechoso que el dogma trinitario de que Cataluña es una nación con una lengua, una cultura y una historia haya sido compartido por personas tan dispares como el historiador marxista Pierre Vilar o el que fuera obispo de Solsona, Antoni Deig, a los que podemos añadir todos sus seguidores, sean de izquierdas o de derechas, ateos militantes o de misa diaria.

El catalán no es pròpio de Cataluña por tres sencillas razones. No es exclusivo porque se habla en otros territorios; tampoco es único porque el castellano es también lengua catalana, en tanto es la lengua materna de algo más de la mitad de los catalanes; y no es una lengua “natural” sino consecuencia de una evolución histórica con muchos préstamos y no menos mestizajes. Sobre este aserto deben abstenerse de participar fanáticos, pero no aquellos catalanistas que deseen construir espacios comunes de diálogo y de intercambio cultural y político. Dicho de otro modo, la ausencia de pluralidad no es un defecto en el ojo ajeno sino en el propio. Al margen de la cooficialidad, las fuerzas políticas catalanistas democráticas deberían asumir de una vez por todas que en Cataluña hay dos lenguas mayoritarias que invalidan la consideración del catalán como única lengua pròpia. Mientras no se practique la pluralidad y el respeto a la diversidad en la casa de uno, es mejor no exigir nada a nadie.

Lodares predijo el desastre social y cultural al que el nacionalismo nos podía llevar: “Es posible que en dos generaciones nos vamos a encontrar con gente que no sabe hablar bien ni catalán ni español, que serán semilingües”. Y añadió: “Eso no va a ser bueno para Cataluña”. Sólo le faltó añadir ni para España.

Ha sido algo más que ridículo el episodio protagonizado en TV3 por la obtusa presentadora de FAQS y una Ada Colau traductora ante el perplejo exalcalde del Medellín colombiano. Las actitudes de ambas confirman hasta qué punto ha calado la mentira del catalán como lengua pròpia, hasta qué punto no se avergüenzan de ser cómplices del movimiento soberanista, represor de libertades y derechos lingüísticos. Porque ante una Cataluña excluyente, demediada y semilingüe siempre es preferible una España inclusiva, políglota y tolerante.

Eficacia y eficiencia
Nota del Editor  2 Noviembre 2018

Eso de pluralidad y respeto a la diversidad de cada uno es una forma de doblegar a los débiles para que asuman las imposiciones de quienes se los benefician. Hay que dejarse de tonterías de pluralidad y centrarse en la utilidad y eficiencia de una gran lengua como es el español. Que haya "lingüístas" que pretendan que las lenguas regionales y otras cuya utilidad es tan marginal que desaparecen y mueren es su posición para seguir defendiendo lo indefendible.

El artículo anterior, colocado en la sección bilingüe se debe a su uso de palabras en lengua regional (acentos).

La Abogacía cede a las presiones del Gobierno y sólo acusará a los golpistas de sedición y malversación
Joan Guirado okdiario  2 Noviembre 2018

Los independentistas pedían un gesto en el ámbito judicial a Pedro Sánchez para garantizar la estabilidad de su gobierno y negociar los presupuestos y a pesar que el ejecutivo ha repetido reiteradamente que no podía hacer nada al respeto, los separatistas tendrán su gesto. Llegará vía abogacía del estado y en forma de reducción de la acusación: sólo les acusará de sedición y malversación, y no de rebelión como la Fiscalía.

De esta forma, la abogacía del estado se desmarca del ministerio público, que aunque sea un cargo nombrado también por el gobierno si mantiene su independencia judicial, y no acusará de rebelión a los líderes independentistas. Al servicio del ejecutivo y la defensa de los intereses del Estado, la abogacía considera que no existe el delito de rebelión en los hechos ocurridos entre el 20 de septiembre del año pasado y el 1 de octubre.

La posición de la abogacía del estado concuerda precisamente también con las manifestaciones en los últimos días del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la vicepresidenta Carmen Calvo, que ponían en duda que los líderes independentistas procesados hubiesen cometido un delito de rebelión. Una alineación que llega en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado, imprescindibles para garantizar la estabilidad del ejecutivo, y necesarios para que Pedro Sánchez se pueda mantener en La Moncloa.

Además, el gesto tan reivindicado por los independentistas, que aún así piden la libre absolución de los acusados, se produce pocos días después de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias -actuando como portavoz del Presidente del Gobierno-, se reuniera en la cárcel con el presidente de Esquerra Oriol Junqueras y hablara por teléfono con el ex presidente Carles Puigdemont.

Como la Fiscalía, la abogacía del Estado también disponía de tiempo hasta el lunes para presentar su escrito de acusación, pero prefiere no esperar y hacer coincidir petición con la del ministerio público, el mismo día que se cumple un año del encarcelamiento de gran parte del gobierno de la Generalitat.

El nacionalismo, a por la Guardia Civil
Barkos prefiere a la Guardia Civil fuera de Navarra y Sánchez cede al deseo de la dirigente «abertzale» (ella misma así se define) que persigue la euskaldunización de la Comunidad foral
ABC  2 Noviembre 2018

La penúltima transferencia del Gobierno central va a sacar de Navarra a casi un 20 por ciento de los efectivos de la Guardia Civil de Navarra. En el peor momento posible, Pedro Sánchez ha transigido a la petición de Uxue Barkos y retirará a la Benemérita sus competencias sobre Tráfico, que ya comparte con la Policía Foral, lo que señala lo innecesario de este repliegue pues los agentes autonómicos ya se ocupan de esta tarea. Pero Barkos prefiere a la Guardia Civil fuera de Navarra y Sánchez cede al deseo de la dirigente «abertzale» (ella misma así se define) que persigue la euskaldunización de la Comunidad foral, convertirla en algo así como «la cuarta provincia» del País Vasco. La absorción de Navarra siempre ha sido objeto de deseo del nacionalismo vasco. Con los sucesivos gobiernos de UPN esta identidad propia, esa Navarra foral y española, no corría peligro alguno toda vez que los intentos de injerencia del ejecutivo de Vitoria y otras fuerzas nacio-independentistas eran desarticulados. La llegada al poder de un partido provasquista (Geroa Bai), aupado por proetarras y populistas, y que gobierna gracias a la abstención de los socialistas, ha vuelto a abrir el peligro a una entrega al nacionalismo vasco que se compagina con una progresiva eliminación de la presencia del Estado en Navarra. Por eso es importante para Barkos (y para el PNV) que la Guardia Civil vaya saliendo de allí cuanto antes. Desafortunadamente, el Estado se ha ido replegando del País Vasco y Cataluña con continuas cesiones con las que se pagaba el apoyo puntual en las Cortes de los nacionalistas al Gobierno central de turno. Ese vergonzante «Brexit interior» del Estado sigue vigente, tolerando la retirada, a empujones consentidos, de las instituciones, símbolos y principios que lo representan en toda España. La Guardia Civil lo es y por eso los nacionalistas la quieren fuera.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
El PSOE vota con Podemos y Bildu despenalizar los insultos a militares, guardias civiles y policías
María Jamardo okdiario  2 Noviembre 2018

El PSOE cede ante Podemos y respalda que se suprima el artículo 504 que penalizaba los insultos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Sánchez cede ante Podemos y se abre a derogar el delito de blasfemia en su ofensiva contra la Iglesia

La admisión a trámite de la reforma penal, en sede parlamentaria, con los votos a favor de Podemos, PSOE, Bildu y los separatistas catalanes permitirá insultar a militares, guardias civiles y policías. Dichos comportamientos delictivos contra las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, vigentes hasta la fecha, quedarán eliminados del Código Penal, de resultar aprobada la nueva norma que suprime la redacción del íntegra del artículo 504.

Los socialistas de Pedro Sánchez han acordado, con su apoyo a la iniciativa legislativa de Podemos, que las injurias y amenazas a los tres Ejércitos (Tierra, Armada y Aire) y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil y Policía Nacional) -así como al resto de las instituciones del Estado- dejen de formar parte del catálogo de delitos.

El texto presentado por Podemos en el Congreso -para su tramitación parlamentaria como Proposición de Ley el pasado 20 de marzo y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales tres días después- considera que los tipos legales deben ser suprimidos porque “chocan frontalmente con la libertad de expresión desde su propio enunciado”.

La formación de Pablo Iglesias considera que el castigo a dichas conductas en el Código Penal “proviene de la dictadura” y que “por tanto no tienen cabida en un sistema democrático y plural” por lo que propone su derogación íntegra “en aras de asentar, no solo el derecho a la libertad de expresión, sino también la seguridad jurídica y la respetabilidad de nuestro país en lo concerniente a los estándares europeos sobre libertad de expresión”.

Y añade, como línea argumental para respaldar las reformas de calado planteadas, que “lógicamente las instituciones en un sistema democrático tienen que estar expuestas a la crítica de la ciudadanía”.

En la misma iniciativa, como adelantó OKDIARIO, Podemos también abre la puerta a la legalización de las blasfemias o “vejaciones a los creyentes”, actualmente incluidas en el artículo 525 del Código Penal, cuyo nuevo planteamiento fue acogido positivamente por la propia vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, durante su comparecencia del pasado martes en el Congreso de los Diputados.

Calvo mantuvo, al ser preguntada, que “los últimos tiempos han ido en dirección contraria a proteger libertades y a entender también los fundamentos de la libertad de expresión”.

Tampoco se libran de la purga legislativa los ultrajes a España –regulados en el artículo 543 del actual Código Penal- así como cualesquiera expresiones injuriosas y/o calumniosas contrarias a los órganos judiciales y tribunales de justicia, protegidos hasta la fecha en el mismo artículo 504 de la norma que tutela la figura de los Ejércitos, Guardia Civil y Policía Nacional como garantes de la seguridad, interior y exterior, del Estado.


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