AGLI Recortes de Prensa   Sábado 3 Noviembre 2018

Una revolución fiscal para España
Daniel Lacalle @dlacalle elespanol 3 Noviembre 2018

“Let me be, let me breathe, Let me get control of my focus”. Joss Stone, Jonathan Shorten.

Esta semana hemos escuchado a nuestros políticos decirnos que los autónomos son unos insolidarios por no aceptar que les suban las cuotas hasta 564 euros y que las empresas familiares son unas maleducadas por quejarse al Gobierno que está para servirnos, en vez de callar y pagar.

El hartazgo ha alcanzado máximos y los solidarios con el dinero de los demás se han asustado al ver que las encuestas reflejan que la mayoría de los españoles (el 60%) consideran -con razón- que pagan demasiados impuestos, al ver que las empresas familiares -pymes en su inmensa mayoría- decían “basta ya” ante las mentiras del gobierno, y hasta Podemos se intenta presentar como el defensor de los autónomos cuando lo único que les proponen en la Coalición de la Recesión es subir cuotas e impuestos.

Los autónomos han recibido tres “propuestas”: subir 432 euros; subir más, 468 euros; o mucho más, 564 euros. Los autónomos son asaltados con la mayor subida de impuestos, que les costará 1.500 millones de euros en total si se aprueban los Presupuestos del paro. El 81,2% de los autónomos han rechazado la brutal subida de impuestos, según ATA, y el 71% asegura que no puede cotizar por una base superior a la actual, cuando ya pagan impuestos por adelantado y antes de cobrar, sufren brutales recargos si se retrasan en el pago de impuestos y están más penalizados que ningún otro agente social.

El presidente del Gobierno de minoría absoluta, Pedro Sánchez, le dijo a los representantes de la empresa familiar que hay empresas que pagan menos del 10%. Y, para no variar, mintió.

Los datos de la Agencia Tributaria muestran claramente que ningún grupo paga menos del 14,73% del resultado contable, y que la cifra de tributación efectiva sobre la base imponible se mueve entre el 22,5% y el 27,7%.

En el estudio Paying Taxes 2018 de PriceWaterhouseCooper, España aparece como el décimo país con mayor cuña fiscal total a empresas, un 46,9%, muy por encima de Noruega, 37,5%, Finlandia, 38%, casi el doble que Dinamarca, 24,2%, y muy por encima de Reino Unido, 30,7%.

Las empresas del Ibex ya han presentado sus resultados de la primera mitad de 2018 y también muestran una realidad muy distinta a la falacia que vende el populismo depredador. Un tipo efectivo del 30% global.

El Ejecutivo y sus socios ponen el gasto como único baremo. Nos dicen que recaudamos poco. España recauda un 11% menos que la media de la Unión Europea sobre PIB, pero tiene más del doble de paro y empresas mucho más pequeñas en media. Incluso las “grandes” son muy pequeñas a nivel global. Por eso tenemos una de las cuñas fiscales más altas a familias y empresas y, sin embargo, dicen que recaudamos poco. Porque en vez de buscar recaudar más y mejor con mayores y mejores empresas y menos paro prefieren decirles a ustedes que son unos insolidarios mientras mantienen una brutal red de gasto clientelar, un paro desproporcionado y destruyen empresas.

El presidente Sánchez no tuvo ni una sola palabra de aliento y apoyo a las empresas que siguen en pérdidas y se desviven por mantener el empleo. Y son más del 40% del total según la última cifra disponible. Ninguna palabra de apoyo a las empresas que sufren el ataque de las administraciones vía una brutal carga burocrática que lleva a que España sea el séptimo país en que los empresarios pasan más tiempo cumplimentando procedimientos burocráticos.

Si España fuera un paraíso fiscal para empresas tendríamos el Registro Mercantil haciendo horas extras para dar de altas a nuevas. Y no es así. Desafortunadamente, la Coalición de la Recesión quiere hacer de España un infierno fiscal para pagar su aumento en gasto clientelar.

En los Presupuestos de 2019 se mantienen más de 28.000 millones de euros en gastos de administraciones paralelas, duplicados y eso no se toca. El insolidario es usted que se niega a dar más del 50% de su salario para pagar favores de moción de censura.

España necesita una revolución fiscal
Una revolución fiscal donde no se trate de rascar unos euros más de lo que quede del expolio, sino de atraer más talento, innovación, inversión y empleo, y con ello, crecer más y recaudar mejor.

Impuestos mucho más bajos para ensanchar las bases imponibles, que aumente la inversión de auténtico valor añadido y para dinamizar el crecimiento y el emprendimiento.

Bajar el IRPF para que las familias tengan más renta disponible, y los impuestos al trabajo para que reciban más en sus cuentas bancarias y se cree más empleo. España es el único país del mundo en el que se habla del salario neto en los debates televisivos, sin caer en la cuenta de que los impuestos al trabajo suponen hasta casi un 40% por encima de lo que ingresa un asalariado en el banco. Eso es una penalización a la contratación y un escollo al crecimiento, detrayendo recursos que pueden generar más consumo, empleo y prosperidad.

Hay que bajar el IRPF, los impuestos al trabajo y los impuestos a la creación de empleo y a la inversión. En ello se encuentra también la bajada del impuesto de sociedades, eliminando algunas deducciones anticuadas y obsoletas, y haciéndolo más sencillo y eficiente.

Debemos cambiar el chip de la fiscalidad, que está orientado al mayor poder recaudatorio, aunque ponga en peligro el crecimiento potencial y con ello el estado de bienestar y los ingresos del futuro. Es lo que ocurre cuando los intervencionistas se obsesionan con lo que se recaudaba en 2007 sin decirles que era una burbuja, y no les cuentan que se acostumbraron a 40.000 millones de euros anuales de ingresos ficticios y extraordinarios por la burbuja inmobiliaria. Esos 40.000 millones que quieren arrancarle a usted hoy de su bolsillo.

Ponemos tantos escollos al crecimiento y al empleo que pensamos que eso es así por designio divino, encogemos los hombros y decimos que el modelo no permite recaudar más.

Debemos reducir toda la imposición a la inversión. La política impositiva supone un escollo para atraer capital y la obsesión por el Impuesto de Sociedades es una equivocación, debemos centraros en traer más y mejor inversión, y dejar que nuestras empresas crezcan y se desarrollen. Un país próspero no genera más bienestar destruyendo grandes empresas, sino creándolas.

Gracias a la bajada de los impuestos al empleo y la inversión podremos recaudar más y mejor. No es Laffer, es lógica. ¿Cómo? De la manera en la que lo hacen los países líderes, esos nórdicos que tanto aman para algunas cosas excepto para sus índices de libertad económica, su rigor presupuestario y sus bajos impuestos al empleo y empresas. Vía mayor contratación, mejor consumo y mayor actividad. Los que nos dicen que eso es imposible son los mismos que nos decían que no podríamos exportar un 30% del PIB y que no podemos recortar gasto mientras llaman a los miles de millones de euros de administraciones paralelas “el chocolate del loro”.

Tenemos que preocuparnos de que los beneficios empresariales crezcan de manera sostenida y sostenible, para que se recaude más. Nuestras empresas pequeñas son muy pequeñas; y las grandes, también y de esta forma ganarían tamaño.

España puede ser un gran centro mundial de inversión tecnológica. Eso no se hace poniendo escollos fiscales a los sectores de alta productividad y subvencionando los de baja productividad, como pretende la Coalición de la Recesión. Y eso se consigue atrayendo a las grandes empresas del sector con mayores ayudas fiscales, no poniéndoles impuestos ad hoc, como ahora.

El reto digital y tecnológico no se soluciona cerrando los ojos y tratando de volver a 1977. El reto tecnológico se lidera, y nadie nos puede decir que no tenemos el talento las condiciones y la oportunidad. Los que lo niegan se lucran de que mantenga el paro a niveles inaceptables.

Los robots no nos van a quitar el trabajo. Hay que aplicar una fiscalidad atractiva y defender la propiedad intelectual y jurídica a toda costa.

Por supuesto, debemos suprimir los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, porque son regresivos, injustos y completamente inmorales. Tanto que algunos socios de moción de censura se niegan a eliminarlos para España, pero exigen que les permitan eliminarlos en su comunidad autónoma.

Una revolución fiscal que ponga en valor el esfuerzo y trabajo de familias, trabajadores, empresarios y emprendedores. Para que sepan que cuando lleven a cabo su proyecto, el fruto de su esfuerzo y de su ahorro no va a ser confiscado, y que una sociedad solidaria se construye desde el respeto absoluto al esfuerzo de los creadores de riqueza, con un sector público sólido que da servicio, no un sector político extractivo que exige diezmos incrementales.

En España no podemos conformarnos con estar entre los que más gastan y felicitarnos por no hacerlo tan mal como otros países. Tenemos que ser líderes y podemos serlo, atrayendo un nuevo patrón de crecimiento que no se basa en confiscar para perpetuar los errores del pasado y lanzarnos a otra crisis. Un país que ofrece más y mejores oportunidades a todos, y que tiene todos los ingredientes para conseguirlo.

¿Es el Presidente, es Pedro Sánchez o es Dani Mateo?
Javier Somalo Libertad Digital 3 Noviembre 2018

Nada es lo que parece y todo puede cambiar en la neolengua orwelliana. La guerra es la paz y la libertad es la esclavitud.

La Abogacía General del Estado, que ostenta la representación y defensa del Estado, no ve causa de rebelión en el Golpe de la Generalidad, lo que se traduce en una rebaja notable de las penas contra los golpistas. Por lo visto, como ya adelantó la vicepresidenta Carmen Calvo, no hay rebelión porque no hay violencia armada sino algunos "incidentes de orden público".

El Gobierno niega haber ejercido "presiones" sobre la Abogacía y niega también que haya "gestos" hacia el golpismo. Ni presiones ni gestos. Sin embargo, la Abogacía General cambió su parecer sobre el golpe de la Generalidad contra el Estado español cuando el presidente del Gobierno empezó a negociar los Presupuestos Generales del Estado. Antes, el trabajo de la Abogacía había estado alineado con la instrucción del juez Pablo Llarena, contemplando los delitos de rebelión y malversación en el episodio de la euro-orden que hizo tristemente famosa a la ministra de Justicia alemana y al tribunal de Schleswig-Holstein, protectores del golpista Puigdemont y demás prófugos. También se mostraba afín a las tesis de la Fiscalía en materia de prisión preventiva contra los presos golpistas.

Pero la Abogacía è mobile y su superior jerárquico es el Ministerio de Justicia, así que en La Moncloa debieron decir a coro aquello de "¡Éxito seguro!". Dicho y hecho: Consuelo Castro, nombrada por el Consejo de Ministros y a las órdenes de Dolores Delgado, firma el escrito de conclusiones provisionales cuando lo normal es que lo haga el responsable de asuntos penales. La ministra de Justicia –no es la primera vez que conoce delito y lo celebra– achaca el cambio procedimental a la "relevancia" del asunto. Y tanto. Quizá el nombre de Consuelo Castro, ya responsable directa del dictamen de la vergüenza, cobre importancia cuando la Carmen Calvo oDolores Delgado de turno se sacudan las responsabilidades ante la gravedad e irregularidad de este acto. Yo no fui, fue Consuelo… El caso es que ya tenemos otra función de la Abogacía: contribuir al buen término de los presupuestos generales ejerciendo un papel mediador entre el Estado y sus enemigos para sostener un poder que no le han dado las urnas. Y ni así lo van a conseguir.

La cuestión es tan grave como sencilla de comprender: el Estado no se defiende ante un golpe de Estado, no actúa como acusación sino que rebaja la petición de pena –con la vista puesta en los indultos– porque hay una contrapartida de poder, convirtiendo así su herramienta acusadora en una Abogacía General del Golpe de Estado. Lo dijo el líder de la oposición Pablo Casado en el Congreso de los Diputados y lo avaló Albert Rivera. Fue una verdad como un templo y por eso desencajó a Sánchez.

Y por más que insistamos, serán pocas las veces que recordemos las palabras de Pedro Sánchez:
"Si no hay altercados públicos eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión como sí que se produjo (…) Por reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre [de 2017] en el Parlamento de Cataluña, ¿se puede entender como un delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es (…) A mí no me ha gustado lo que ha hecho el Poder Judicial, por ejemplo, en Bélgica y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que, en consecuencia, deberían ser extraditados esos responsables políticos a España".

Clarísimamente. Sin lugar a dudas. En audio y vídeo. Pero para medir hasta dónde puede llegar la ignominia de un Gobierno basta escuchar con cierta atención a Carmen Calvo, vicepresidenta. Aquellas palabras no las pronunció "el presidente del Gobierno" sino Pedro Sánchez, "el pasado mayo", un tipo que, por entonces, no tenía visos de llegar a presidente. Así es Carmen Calvo. La manipulación, la mentira y la desfachatez convertidas en ministra, así en Madrid como en El Vaticano. Y asunto concluido.

Nada es lo que parece y todo puede cambiar en la neolengua orwelliana. La guerra es la paz y la libertad es la esclavitud. De pronto la capital de España es Schleswig-Holstein y, al no ser suficiente la afrenta de tener a Dolores Delgado, nos convierten en ministra de Justicia de Pedro Sánchez a Katarina Barley.

Así que no, no es Dani Mateo. Es el presidente del Gobierno el que aparece en un vídeo leyendo la Constitución convertida en prospecto del Frenadol y sonándose los mocos con la bandera de España avalado, eso sí, por el tal Dani Mateo, que es en realidad el Abogado General del Estado.

Habrá que ver si en Ciudadanos todavía comparten lo que dice su gurú Manuel Valls al respecto de VOX, acusación particular en el golpe de Estado y parte en el juicio junto a la Fiscalía y la Abogacía General de Sánchez o del Golpe o de Mateo. Si PP y Ciudadanos no consiguen estar a la altura por llegar primero a las metas volantes andaluzas, yo registraría como pregunta parlamentaria dirigida al presidente del Gobierno –Pedro Sánchez, supongo– la efectuada por Frank Cuesta. Cambiando un poco el tono, es la pura realidad.

Pirómanos de puño y rosa
Segundo Sanz okdiario 3 Noviembre 2018

La ley del embudo, lo ancho para uno y lo estrecho para los demás. Esa es la que manejan dirigentes del PSOE para acusar de crispadores a los partidos de la oposición, cuando, en realidad, son ellos los que están prendiendo la mecha del enfrentamiento ciudadano. Han rescatado la etiqueta de la crispación, un clásico que utiliza la izquierda para estigmatizar a la derecha, de nuevo estando en el Gobierno. Fue Zapatero aquel que dijo a micrófono cerrado lo de “nos conviene que haya tensión”. Ahora, diez años después, la historia se repite con unos pirómanos de puño y rosa que practican el guerracivilismo político con el revisionismo histórico y la complicidad con los golpistas catalanes, como marco idóneo para ellos.

La pintada del último descerebrado en la tumba del dictador (tenía seis años cuando murió Franco) no es un hecho aislado. En absoluto. Estos arrebatos son consecuencia directa del caldo de cultivo que está generando el sanchismo. A medida que los planes de este Gobierno Marketing vayan fracasando en esta empresa revanchista, vendrán más ataques, más odio y más oprobio. “No se pueden producir situaciones de enaltecimiento al dictador”, había afirmado la vicevogue Calvo el día anterior a la profanación. Fueron esas declaraciones en las que habló de un falso acuerdo con El Vaticano para que los restos de Franco no sean trasladados a la cripta familiar de La Almudena.

Sin embargo, pronto llegó el desmentido de Roma y del Arzobispado de Madrid. Lo explicó muy bien Francisco Vázquez, exembajador ante la Santa Sede y exalcalde de su mismo partido en La Coruña, en los micrófonos de Herrera en Cope. Vázquez cuestionó la Ley de Memoria Histórica, definiéndola como “un remedo de la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería de 1949” y afirmó que Calvo y compañía están “haciendo lo mismo que ellos condenan del franquismo”, es decir, “retrotrayendo” a la sociedad “al año 39 y al año 40”.

Claro, que en esa reapertura de viejas heridas restañadas, la mirada retrospectiva siempre es sesgada. A la fraila del chavismo corrupto en Andalucía hay que recordarle que el lugar donde nació fue -pocos días antes de aquel año 39- el Guernica de la Subbética. Pero esta vez, por un bombardeo republicano pese a encontrarse a mil kilómetros del frente. Así, estos días circula el siguiente mensaje dirigido a la número dos de Sánchez: “El próximo 7 de noviembre se cumplen 80 años del bombardeo de Cabra (Córdoba), su ciudad natal, por parte de la aviación republicana, que arrojó más de seis toneladas de bombas sobre la población civil que estaba en poder del bando nacional, alejada del frente y sin ningún valor estratégico. Se concentró sobre el mercado de abastos y sobre un barrio humilde, 109 muertos, entre ellos 14 niños, y más de 200 heridos. Me gustaría saber qué actos piensa organizar el Gobierno de España para recordar esa masacre y pedir perdón”.

La respuesta ya la dio la Junta andaluza años atrás, sosteniendo que ‘nada de nada’, que aquello fue un error estratégico, que los tres Tupolev SB-2 Katiuska del bando republicano confundieron las lonas del mercado con las de un campamento militar. Y encima hay que creérselo…

Tampoco fue causal que en esta misma semana el granollerense Dani Mateo se sonara los mocos con una bandera de España en prime time. Este gag del cómico que compartió pupitre con Albert Rivera incendió las redes hasta el punto que la cuenta oficial de la Guardia Civil salió a pedir “respeto” a la enseña nacional. Aunque la responsabilidad primera, ciertamente, es de quien sólo unos días antes cargó contra “los patriotas de la bandera en el balcón”. Esta gasolina la vertió la segunda en abordo en Ferraz, una Lastra obsesionada con la brocha gorda de distinguir entre rojos y azules, entre buenos y malos. Este país no se merece una clase gobernante que eche más leña al fuego. Y los del puño y la rosa lo están haciendo con descaro.

Carantoñas al tigre
Los separatistas desprecian la maniobra de Sánchez en favor de los golpistas
Luis Ventoso ABC 3 Noviembre 2018

Cuando un país sufre en su seno los tirones centrífugos del nacionalismo tiene dos alternativas: presentarle batalla frontalmente, o hacer concesiones en la esperanza de que al otorgarles más competencias renunciarán a su meta final independentista. Una y otra vez, la historia prueba que lo único que funciona es confrontar al nacionalismo. Intentar parecerse un poquito a él con la ilusión de que así se moderará solo sirve para cebar al dragón.

El separatismo quebequés, que hoy está por los suelos, ha pagado la aparición en 2011 de un fuerte partido liberal de centro-derecha, la Coalición por el Futuro de Quebec, que es regionalista, pero rechaza de plano la independencia. Además han perdido la batalla cultural, porque Estados Unidos está muy cerca y las posibilidades de todo tipo que ofrece un gigantesco mercado en inglés son muy superiores a las del reducto en francés canadiense. El conservadurismo británico no rascaba pelota en Escocia. Hasta que llegó la impetuosa Ruth Davidson, una treintañera unionista, que sin complejo alguno se lanzó a propinarle cera dialéctica a Nicola Sturgeon y a su todopoderoso SNP. En las elecciones escocesas los tories se encaramaron al segundo puesto y el SNP sufrió un fuerte retroceso. Los laboristas, que jugaban a filonacionalistas, como en España, se despeñaron. Francia no sufre nuestro problema territorial por la sencilla razón de que lo cercenaron, no toleraron que medrase, ni en Córcega, ni en Bretaña, ni en el País Vasco francés.

Tras la recuperación de la democracia, en España elegimos el rumbo errado: pensar que con cesiones aplacaríamos al nacionalismo. Se transfirieron a las regiones las riendas de los temas centrales en la vida de las personas, la educación, la sanidad, la justicia. En las dos comunidades donde el separatismo tenía arraigo, Cataluña y País Vasco, se fue incluso más allá y se retiró a la policía común para dejar la seguridad en manos de cuerpos locales. ¿Resultado? Un creciente extrañamiento respecto a la idea de España en todas las regiones; y en Cataluña y el País Vasco, la construcción de «estructuras de Estado» para intentar dar el paso final en cuanto la nación española atraviese alguna crisis, o muestre debilidad.

Sánchez ha optado por la vía de intentar apaciguar a los separatistas con cesiones, el utópico «diálogo». En realidad está vendiendo a España por un plato de lentejas, por cenar un día más en La Moncloa. Pero no se puede acariciar a un tigre. Acaba llevándote la mano. Su último paso en la senda del entreguismo ha sido presionar a la Abogacía del Estado para que contradiga a la Fiscalía y pida la mitad de pena para los golpistas. Además empieza a insinuar que puede haber indulto para Junqueras y compañía. Pero el tigre ya está desbocado. Ayer saludó con desprecio las maniobras entreguistas del presidente, llamándole «cómplice de la represión» y anunciando el «no» a sus presupuestos. El aprendiz de brujo, devorado por su criatura. En Cataluña se está dando una doble batalla, legal y por los corazones, y solo se puede vencer aplicando la ley sin resquicios y proclamando la valía del proyecto solidario. Sánchez, un oportunista cuya única brújula es su ombligo, no está ni en A ni en B.

Basta de tomar por idiotas a los españoles
EDITORIAL Libertad Digital 3 Noviembre 2018

Siendo grave que un político mienta por sistema, aún lo es más que tome por idiotas a los ciudadanos a los que debe el sueldo y un mínimo respeto.

Ha sido una semana intensa para la vicepresidenta del Gobierno: Carmen Calvo la empezó en el Vaticano y la ha terminado en Moncloa. Nunca menos fue más y, sobre todo, nunca nadie dejó tan bajo el pabellón del país al que, como miembro destacado del Gobierno, representa.

Y es que sólo unos días Calvo ha pasado del bochorno de que el mismísimo Vaticano tenga que emitir un comunicado para desmentir sus patrañas tras la reunión que mantuvo con el cardenal Pietro Parolin, a sustituir a Carmen Celaá como portavoz del Gobierno para protagonizar un bochorno aún mayor que los que nos tenía acostumbrados la ministra de Educación.

El esfuerzo de Carmen Calvo para, entre risas, desmentir que el presidente del Gobierno tenga que verse comprometido por las declaraciones de Pedro Sánchez sólo dos semanas antes de la moción de censura, como si fueran dos personas diferentes según la conveniencia del momento político concreto, ha sido uno de los momentos más sonrojantes de los últimos años de la democracia española.

Las relaciones de Carmen Calvo con la verdad y con expresión oral nunca han sido buenas, pero en las últimas semanas la vicepresidenta ha llegado a un grado tal de desconexión con la realidad que le permite decir cualquier cosa en cualquier momento, sin verse en la necesidad del menor disimulo o, si lo prefieren, de una mínima cautela para no ser descubierta en sus flagrantes mentiras.

No obstante, siendo grave que un político mienta por sistema, aún lo es más que tome por idiotas a los ciudadanos a los que debe el sueldo y, al menos, un mínimo respeto. Está claro que viendo la baja calidad de las trolas de Calvo estamos pidiéndole un respeto a los demás que no se tiene a sí misma, pero sus problemas personales no son una excusa para tomar por imbéciles a todos los españoles.

Lamentablemente, Carmen Calvo no es una excepción en este Gobierno, sino que es sólo un ejemplo más de un grupo de políticos con pocos escrúpulos capitaneados por el presidente con menos escrúpulos de la historia de la democracia española.

El problema, en suma, no es que una vicepresidente sea capaz de mentir descaradamente por salir más o menos airosa de la pregunta de un periodista, sino que un Gobierno está dispuesto -precisamente Calvo lo ha vuelto a dejar claro este viernes- a indultar a un grupo de delincuentes golpistas acusados de graves delitos para salir airoso de unos Presupuestos y mantenerse en el poder a toda costa, aunque esto suponga un acto de alta traición a España.

Rebajas
Ignacio Camacho ABC 3 Noviembre 2018

Está muy dicho que en la insurrección catalana concurrieron varios delitos y que existe una controversia especializada, de Derecho Penal, sobre la calificación de sus tipos. Pero ese debate, que sólo debería ser jurídico, se ha deslizado hacia la política por la escandalosa intromisión gubernamental para complacer al independentismo. Que por cierto ha replicado con desdén al evidente guiño porque el guión de la pantomima le impide mostrarse agradecido. La realidad es que el Ministerio de Justicia ha ordenado a la Abogacía oficial el flagrante contrasentido de que en lugar de defender al Estado se erija en letrada de sus enemigos mediante una acusación rebajada que les procure un cierto alivio. La Fiscalía ha tenido al menos el decoro de preservar su aparente independencia hasta que se celebre el juicio, aunque existe una probabilidad verosímil de que una vez practicadas las pruebas su criterio discurra por el mismo camino.

La diferencia entre rebelión y sedición no reside sólo en los años de cárcel que pueden recaer sobre los procesados. Hay una distancia cualitativa esencial porque en el primer caso se trata de un ataque contra la Constitución y en el segundo de un desorden público tumultuario. En términos políticos, la distinción supone un importante cambio de escenario: una condena por sedición puede ser amnistiada sin el descaro que requeriría perdonar una conspiración contra el orden democrático. Y lo que el Gobierno persigue con cada vez menos recato es una salida que a medio plazo le permita volver a contar con los nacionalistas como aliados. Aunque un eventual indulto pusiera al Rey, el único líder que respondió con decisión al golpe, en el problemático y humillante compromiso de tener que firmarlo.

Al fondo de la cuestión subyace el problema de que Pedro Sánchez ha convertido al Estado, y a la nación entera, en avalista de sus propias hipotecas. En el empeño por prolongar su mandato no se arredra siquiera a la hora de utilizar la justicia como herramienta. Sus directrices no sólo contradicen la prolija instrucción del juez Llarena, sino que involucran a la Abogacía pública al servicio de su particular estrategia. Ese concepto oportunista, que contradice incluso sus declaraciones previas, demuestra una notable falta de escrúpulos y de conciencia. Y perjudica los intereses nacionales en la medida en que asienta los argumentos que emplearán las defensas de los acusados en sus seguras apelaciones a la jurisdicción europea. En el sentido semántico se podría entender como una suerte de prevaricación aunque no lo sea en su acepción técnica.

Porque no es tanto la tipificación penal del motín sino el listón moral de la política y de la sociedad española lo que el presidente está rebajando. Al humillarse ante los golpistas hasta aceptar una negociación con ellos en la cárcel, ha convertido a España en una democracia de saldo.

Nueva felonía de un Gobierno secuestrado.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 3 Noviembre 2018

LA ABOGACÍA DEL ESTADO OBEDECE AL GOBIERNO Y REBAJARÁ LA CALIFICACIÓN DEL DELITO DE REBELIÓN AL DE SEDICIÓN.

Hoy se va a consumar la enésima traición a España por parte de un Ejecutivo rehén del chantaje de aquellos que le apoyaron para poder ganar la moción de censura contra el Gobierno del PP de Mariano Rajoy el pasado junio. Un Gobierno que no tiene libertad de acción y se ha embarcado en una política de concesiones a los que le sostienen en el poder, con tal de mantenerse en él por encima de los intereses generales de España y de los españoles. Un Gobierno, cautivo de las exigencias de los declarados enemigos de España, no puede seguir ni un minuto más al mando de esta nación. Hoy la Abogacía del Estado, se convierte en el instrumento cómplice de este Gobierno para romper la unidad de criterio en las calificaciones de los delitos imputados a los enjuiciados por el llamado "proceso", que no fue sino una serie de acontecimientos de desobediencia, violación de derechos y rebelión, perfectamente planificados y organizados, que culminaron con una farsa de referéndum ilegal, enfrentamientos con las FFyCCSE (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y una declaración de independencia.

Hoy la Abogacía del Estado se convierte en títere de un Gobierno dispuesto a transigir con las peticiones de los enemigos de España en los que basó su legislatura. Un Gobierno obediente que trata por todos los medios de mantenerse en el poder usando como fundamento unos Presupuestos Generales inflacionarios, sectarios y contrarios a los pactos de contención del gasto acordados con la UE. Hoy la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, y por tanto de esa Ministra, Dolores Delgado, implicada en unas grabaciones que causan escándalo y que se ha negado a dimitir, obedece sumisamente y modifica el criterio del juez Instructor y del Tribunal Supremo que le avala para cumplir con el mandato de esos socios de Gobierno que le conminaron con exigencias como :“ahora quien tiene que moverse es el Gobierno y creo que le toca hacer gestos”. ¿Y qué mayor gesto que el romper la unidad de criterio de las calificaciones de los delitos alineándose con los Tribunales extranjeros que se han pronunciado en una clara injerencia con la Justicia de España?

Y la pregunta que hay que hacerse es si la Abogacía del Estado, que no del Gobierno, ni del partido que le sustenta, está cumpliendo con su misión definida en el Real Decreto 997/2003 del “Reglamento del Servicio Jurídico del Estado” de 25 de Julio (curiosa fecha coincidente con la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España). ¿Qué tipo de defensa es aquella que de partida cuestiona la Instrucción del juez del Tribunal Supremo no apreciando violencia, estando esta escrupulosamente fundamentada en el Auto? ¿Cuáles son los verdaderos intereses que defiende al rebajar la calificación del delito principal cuya comisión deberá ser establecida de forma indubitable durante el juicio oral? Resulta lamentable comprobar hasta qué punto la Abogacía del Estado es permeable a las sugerencias que provienen desde el Gobierno tras las declaraciones del mismísimo Presidente del Gobierno al opinar ahora que no ve delito de rebelión, en clara contradicción consigo mismo cuando no hace ni cuatro meses opinaba todo lo contrario y así lo manifestó públicamente.

Es clara la dependencia jerárquica de esta Institución del Estado, al hacerlo directamente del Gobierno de España. Pero ello no implica el que no mantenga una homogeneidad de criterio en sus actuaciones y una saludable independencia como sucede con los Servicios Jurídicos dependientes de otras Instituciones como los del Congreso de los Diputados y Senado, o los de los Parlamentos autonómicos. Aquí la opinión de un lego en la materia como es el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, es irrelevante. Se trata de una simple conjetura personal sin ninguna base jurídica, aunque con una indudable inmensa repercusión mediática y formadora de opinión pública. Se trata de influenciar y de marcar una determinado camino formando opinión. Y es claro que para que exista el delito de rebelión, no depende de la gradación de la violencia ejercida de si fue o no la suficiente para doblegar al Estado de derecho, sino de la existencia de otros aspectos y situaciones como la incitación a la violencia y de que esta existió en diferentes momentos de este “proceso”, incluidos los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre del 2017, en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre y en los disturbios de acoso a las FFyCCSE de los días posteriores. Todo ello ha sido debidamente relatado, pormenorizado y documentado en el Auto del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Así que solamente como un mero de acto de prudencia y respeto por quien conoce a fondo el sumario y la Instrucción, la Abogacía debería haber mantenido la unidad de criterio con el resto de las acusaciones, Fiscalía y particular, y como dije anteriormente, esperar a que sea en el juicio oral donde se consoliden o refuten los hechos imputados. Una labor que las defensas de los enjuiciados sabrán ejercer sin ningún género de duda. La sentencia será acorde con los delitos probados y ese será el momento de la presentación de los recursos previstos en caso de discrepancia con la misma, que ya han avisado los golpistas que no se aceptará ninguna que no sea la de la libre absolución, llegando en caso necesario a recurrir ante el Tribunal de Derechos humanos de la UE en ese plan de internacionalización del proceso independentista.

Lo que en absoluto es admisible es la injerencia descarada del Gobierno al ceder ante las presiones de los golpistas y darles un balón de oxígeno para reafirmarles en sus reclamaciones de no haber cometido delito alguno. Su argumentación es la de haber seguido siempre el mandato del pueblo de Cataluña procurándose una base legal para cumplirlo. No admiten por tanto ni rebelión, ni sedición, ni malversación de fondos públicos, ni que se cuestione la legitimidad del Parlamento de Cataluña para cumplir ese mandato. Ante esta actitud, lo irresponsable del Gobierno de España es haber transigido, aunque sea en parte, al rebajar la calificación del delito principal, porque con esa decisión da argumentos sólidos a los golpistas para mantener sus exigencias de libertad y libre absolución. Ha sido una grave irresponsabilidad y una felonía inadmisible.

Una razón más de peso para exigir
¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

El Gobierno no repara en triquiñuelas para alcanzar sus objetivos
Los tétricos buitres de la traición, el deshonor y el revanchismo sobrevuelan la vieja España
Miguel Massanet diariosigloxxi 3 Noviembre 2018

Cuando aquellos que debieran ser los que dieran ejemplo de cordura, moderación, respeto por las ideas ajenas, tutela de las leyes y de la Constitución y defensores de la unidad de la nación española son, precisamente, los que intentan buscar vericuetos legales, métodos torticeros, pactos contra natura y compañías indeseables, entonces, señores es que nuestra patria, España, se encuentra ante graves dificultades. El gobierno de nuestra nación, nacido de un contubernio entre distintos partidos, muchos de los cuales integrados por individuos que profesan ideas de carácter antisistema, separatistas, ácratas o partidarias de acabar con el régimen vigente, es evidente que, aparte de la legitimidad que le pudieran conceder las vigentes leyes y la Constitución, nos encontramos ante una situación que nos permite pensar que, si han precisado de tales ayudas para formular una moción de censura contra un gobierno democrático que daba muestras de saber conducir a la nación hacia una recuperación, difícil de conseguir pese a los esfuerzos realizados por todos, mejorando notablemente el empleo, elevando el nivel de competitividad y productividad de nuestras industrias, así como la cuota de nuestras exportaciones; podemos pensar, y con razón, que nos encontramos en una situación en la que las servidumbres que se ha comprometido a pagar el gobierno socialista que dirige el país, van a condicionar de una manera evidente, el futuro de nuestra nación, naturalmente para mal.

Si un tema accesorio, aplazable y, sin duda alguno, capaz de crear diferencias entre los españoles, provocar situaciones de incomodidad entre las instituciones, provocar diferencias con la Iglesia católica y desconcertar a aquellos que ya daban por amortizada la Guerra Civil y sus consecuencias después de más de 40 años de la muerte de Franco; el Gobierno socialista lo situar en primer lugar de todos los problemas que le quedan por resolver, no hace más que demostrar que lo que intenta no es la paz y el olvido para todos los españoles y hacer olvidar las heridas de la Guerra Civil, antes bien, se puede llegar a la conclusión de que se trata de todo lo contrario, de dar la razón a los que pudiéramos pensar que se intenta provocar un cisma entre dos bloques de idearios, con el fin de polarizar a los ciudadanos en dos tipos de pensamientos: izquierdas y derechas provocando un enfrentamiento entre ambos.

Esta interpretación, sin duda explicaría el que, habiendo sido enemigos declarados durante años, los socialistas y los seguidores de Podemos, ahora se hayan convertido en uña y carne, formando un frente común que pretende aglutinar al resto de partidos que, curiosamente, se han convertido en la oposición del actual gobierno del señor P.Sánchez. Sin embargo, para cualquier interesado en la política la maniobra no tiene secreto alguno: se trata de aislar al partido PP y a Ciudadanos ( si es que estos, como parece, no deciden buscando provecho propio, dar el cambiazo y dejar solo a sus compañeros de travesía en defensa de la Constitución española, los del PP del señor Casado), para apartarlos de las instituciones de representación popular: el Congreso de Diputados y el Senado, dejándolos en minoría; algo que ya sucede en el Congreso pero que, desgraciadamente para ellos, no en el Senado en el que el PP sigue teniendo mayoría absoluta. (Una reproducción de lo que fue en la anterior legislatura el pacto del Tinell)

No hay nada, legal o ilegal, marrullero o vergonzoso que estos socialistas, al mando de este sujeto peligroso, Pedro Sánchez, no sean capaces de emprender, de maquinar o de poner en práctica, para conseguir alcanzar sus objetivos. Y están llevando a cabo maniobras para intentar evitar que las leyes de “estabilidad económica” que fijan el techo máximo de gasto del país, no deban pasar por el trámite obligatorio de su validación por el Senado. ¿Qué esto es un intento de puentear la Constitución? ¡Evidente!, ¿qué se trata de una forma de evitar que la oposición, mayoritaria en el Senado, pueda argumentar sus reproches a la ley si, en realidad, hubiera motivos para ello? ¡Evidentemente!, ¿Qué nos encontramos ante una postura desestabilizadora y una forma torticera del gobierno de intentar prescindir de aquellos artículos de la Constitución que se opongan a sus planes? ¡¡ Nada más evidente!!

Y los pagos de los débitos contraídos por Sánchez, a quien no le importa un comino nada que no sea sacar provecho de la situación, ni el interés de España, cuando no le asegure su mantenimiento en la poltrona de la Moncloa, se tienen que hacer efectivos. Ya tiene a los vascos metidos en el bolsillo, con promesas de transferencias (35 parece que es el precio) y la rebaja del cupo anual que los vascos tienen que hacer al Estado español, algo que recogieron del gobierno de Rajoy y que, como es natural, si quieren el apoyo a los PGE para el 2.019 no les va a quedar otro remedio que mantenerlo y, puede que aumentarlo. Ha conseguido meterse la serpiente en su regazo, cuando ha convenido con P.Iglesias de Podemos, una especie de pacto de gobierno, ya que lo han rubricado en papel con membrete del Gobierno; un acuerdo que ya empezamos a notar con el aumento de impuestos, la exhumación de Franco, la relajación de la Justicia, la retirada de la Guardia Civil de determinadas regiones conflictivas y, principalmente, en la forma de tratar a los rebeldes catalanes; con los que, el dirigente de Podemos, parece mantener excelentes relaciones, en lo que da la sensación de ser una especie de ten con ten entre ambas formaciones, consistente en no dañarse mutuamente y apoyarse entre sí para favorecer los propósitos de cada uno de ellos, y la otra que, en el primer caso, consiste en conseguir convertir a España en uno más de los países sovietizados y, en el de la segunda, en apoyarlos en sus intentos secesionistas.

Resulta especialmente notable la ardua labor que, el señor Sánchez, dispuesto a mirar hacia otra parte cada vez que sus neófitas ministras meten la pata ( la última vez la señora Calvo ante el cardenal vaticano), les ha encomendado a sus feministas, fanatizadas, sobradas y, en ocasiones, embusteras ministras, a las que les ha encomendado que se mantengan ante la pantalla de las TV todo el tiempo que les sea posible de modo que, viendo la forma en la que son acogidas por los medios televisivos, deberemos reconocer que su capacidad para estar horas y horas en la caja tonta es de admirar. Ya se sabe, labor de intoxicación por todos los frentes: el comisario Villarejo, el caso Franco, los viajes de exhibición de Sánchez, sus enfrentamientos con la Iglesia católica y el intento de despojarla de sus bienes inmuebles; sus cargas constantes contra el PP y sus búsquedas de cualquier interioridad, que sus hábiles investigadores consigan encontrar, para intentar desacreditar al nuevo gobierno de Casado aunque sepan que, contra él y su equipo, no hay nada que buscar, no se desaniman siguiendo en su caza de brujas de la antigua ejecutiva y principales dirigentes.

Pero no dejemos en saco roto la última de las fechorías que la atribuimos a la ministra de Justicia, consistente en que, en el caso de los detenidos por presunta sublevación en Cataluña, la abogacía del Estado que normalmente sólo acude en aquellos presuntos delitos en los que se presume un perjuicio económico para el Estado, parece que han decidido ( cabe en sus funciones) también personarse en la investigación del fondo, anunciando algo que a los juristas consultados les ha llamado mucho la atención al proponer para varios de ellos (concretamente 6 de ellos) que se les acuse del delito de sedición en lugar del de rebelión, como mantiene la fiscalía del Estado. Los juristas sostienen que siempre se debe, antes de que se sepan los resultados de las pruebas, acusar del delito más grave ya que, si se ha pedido uno de menor gravedad y luego del juicio resulta probado uno de mayor importancia, ya es imposible pedir la aplicación de aquel superior al que se pidió; en cambio, sí se puede reducir la acusación si se imputó un delito de mayor gravedad.

Sin duda, la deuda de Sánchez por el apoyo de los separatistas a la moción de censura contra Rajoy conllevaba importantes contrapartidas que, de haberse conocido de antemano, y se hubieran dado a la publicidad, es muy probable que algunos de los que apoyaron a Sánchez hubiesen desistido de ello. Las presiones que han salido desde el Gobierno hacia el TS han dado lugar a grandes quejas, por parte de los magistrados de dicha institución, en contra del Gobierno, quejas que se han repetido en varias ocasiones en las que se ha manifestado la inquietud del alto tribunal ante la evidente injerencia de los políticos del Gobierno en los temas de la judicatura; mencionando la necesidad de mantener el respeto entre instituciones y la necesaria independencia de unos respecto a los otros.

Especialmente, en este sainete político, ha adquirido un papel evidentemente notorio, esta señora, que se declara feminista y que no parece tener demasiado respeto al cargo que ocupa, vicepresidenta del Gobierno, ni sabe mantener las formas que se requieren a una representante de España (caso de su entrevista con el cardenal del Vaticano) ni tan siquiera ha sabido presentarse en el Vaticano con ropa adecuada y no disfrazada de cabaretera. Esta señora se ha creído que puede moldear a España y a los españoles de acuerdo con el concepto que ella tiene de lo que debería ser el país, según sus gustos particulares y opiniones. Debiera tener en cuenta que, de momento, nadie, ni un solo voto, le ha conferido la representatividad de la ciudadanía española, lo que le debería haberle aconsejado mantener una actitud más humilde y, ya que hablamos de humildad, hagamos referencia al señor Avalos, otros de los que andan al retortero de su jefe de filas, al que se le han encomendado la función de intentar amedrentar a los nietos de Franco para que renuncien a enterrarlo en la tumba que la familia posee en La Almudena. Este señor ha recomendado a la familia del difunto general que “sean más humildes” añadiendo algo que se puede considerar como innecesario, vejatorio y, por supuesto, indigno de un señor ministro que, al parecer, no se está dando cuenta de que acusa a aquella familia de lo que, precisamente, él está practicando: “ yo pediría un poco más de humildad, después de tantos años de arrogancia, imposición y eliminación del discrepante” ¡Léase, señor ministro un poco de la historia de la II República y contabilice de verdad los muertos que hubo en cada bando y saque el oportuno saldo antes de engañar al pueblo con sus soflamas y, este engaño legalizado de la famosa Memoria Histórica, que se han pergeñado para reescribir la Historia a favor del bando perdedor. Si mentir fuera un mérito, en su gobierno, es posible que se ganaran ustedes el Nobel en esta especialidad.

Manifestación en Valencia
Los organizadores de la marcha españolista contra Sánchez en Barcelona lo harán ahora en Valencia
OKDIARIO 3 Noviembre 2018

La fundación España Responde ha organizado una nueva manifestación similar a la que realizó el pasado 9 de septiembre en Barcelona. En esta ocasión se llevará a cabo en Valencia y tendrá el mismo objetivo que la anterior, exigir al Gobierno que “rompa los pactos con los herederos de ETA y con todos los partidos que pongan en peligro la unidad de España”.

La cita tendrá lugar el próximo 18 de noviembre a las 11:30 h a la plaza de San Agustín valenciana. Según los organizadores, se espera una afluencia parecida a la de Cataluña.

Más de 50.000 personas se manifiestaron en Barcelona el pasado mes de septiembre con banderas de España para solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones generales anticipadas.

La convocatoria nació a iniciativa particular del empresario José Manuel Opazo -quien se autodefine como la “bestia humana” a la que Quim Torra se refirió en un artículo de opinión publicado en 2008 por reclamar el uso del español a la aerolínea que operaba un vuelo entre Barcelona y Suiza– en defensa “de la unidad de España”.

“El Pueblo Español, fiel a su historia y a la memoria de todos los que dieron su vida por España, no puede aceptar que el presidente de su Gobierno contraiga compromisos de colaboración con aquellos que de forma clara y explícita se han declarado enemigos de España despreciando sus leyes”, se podía leer en el manifiesto de la concentración.

Ahora, bajo el mismo mensaje, pasearán por las calles de Valencia exigiendo la respuesta de Sánchez.

Además, han confirmado una nueva fecha en la que extenderán sus peticiones hasta Madrid el próximo 1 de diciembre.


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La rebelión del Gobierno en apoyo de la rebelión separatista
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 3 Noviembre 2018

Este martes, Jorge de Esteban publicaba en El Mundo una tribuna tan sólida como oportuna: Rebelión o rebelión, en la que abundaba en los argumentos de Llarena y la fiscalía para acusar de ese delito a los golpistas catalanes, junto a los de sedición y malversación de fondos, que acarrean penas menores, aunque en ningún caso pequeñas. Había comenzado ya la campaña de intimidación a la Justicia del Gobierno Sánchez y sus secuaces comunistas y separatistas, y era bueno acopiar todos los datos teóricos con los que el régimen constitucional debe defenderse prácticamente, Ley en mano, contra los que quieren destruirlo.

El Estado podría y deberá hacerlo, si persiste la rebelión, con toda la fuerza de que legalmente dispone para reprimir el alzamiento de una parte de la administración contra los administrados, que eso ha sido y es el Golpe de la Generalidad de Cataluña. Y deberá hacerlo, si la persuasión de los tribunales no es suficiente para aplastar el Golpe. Pero, de momento, el peligro no está la fuerza de los golpistas en la cárcel sino en los que los apoyan desde fuera, con el Gobierno de España y sus socios a la cabeza.

El ámbito completo del Golpe de Estado
Al impecable artículo de Jorge de Esteban, sólo le añadiría dos datos que probablemente utilizará la acusación particular de VOX, en este y en otros juicios que, a este paso, habrá que hacer contra los que como Sánchez y sus cómplices tratan de blindar el golpe ya perpetrado y hacerlo impune. El primero se refiere a la violencia armada explícita: no hace falta sacar una pistola para violar a alguien, a veces basta amedrentarla físicamente, usar la sorpresa o someter a la víctima a una intimidación inesperada. Y los 14.000 mozos de escuadra estuvieron, como grupo armado, respaldando el Golpe contra la Policía nacional, el día del referéndum prohibido por el TSJC. Lo hicieron de forma jerarquizada, sorprendiendo y reduciendo al máximo la libertad de los ciudadanos que les pagan y confían en ellos para respaldar la Ley, no para vulnerarla en contra del mandato expreso del TSJ de Cataluña.

Por cierto, es un error habitual decir que se trata de un Golpe catalán, cuando se hace contra España y no sólo en nombre de los que allí viven y padecen la dictadura nacionalista desde hace décadas, sino de los que ya la están padeciendo en lo que llaman "Països Catalans", la "Catalunya Gran" del separatismo racista y violento -como el actual- antes de la Guerra Civil. Los ilusos que creen que cediendo a la presión, que es simple corrupción desde tiempos de Pujol (ver artículo de Santiago Trancón en el catalán.es) se quitarían un problema permitiendo aduanas en el Ebro, se equivocan. El antropoide Tardá lo dejó muy claro en cualquier televisión -todas son más o menos favorables al Golpe- ante la pregunta de si lo perderíamos de vista en el parlamento español de existir una Cataluña independiente: no, estaría en el mismo sitio, defendiendo la ruptura con España de las Baleares, la Comunidad Valenciana, parte de Aragón, el País Vasco, Navarra y Galicia.
Las armas traperas del Golpe

El segundo dato es el de la supuesta falta de armas -y de violencia- en el golpe. ¿Nadie favoreció pistola en mano la votación ilegal? Sí: los mozos de escuadra, que llevaban su arma aunque no la desenfundaran, y eso bastaba para amedrentar a los ciudadanos que sabían y saben que Trapero y compañía tienen esas armas y las usan, en las ruedas de prensa y en el fusilamiento de islamistas desarmados a campo abierto. Milans del Bosch no hizo disparar a sus tanques el 23F en Valencia, le bastó pasearlos. Armada ni siquiera sacó la pistola. Pero a ambos les cayeron 30 años de cárcel. Por cierto, al segundo, tras el recurso del Gobierno de UCD, que así entendió que combatía el Golpe en ejercicio de su sagrada obligación legal.

Exactamente al revés actúa el Gobierno de Falconetti, que utiliza con descaro todos los medios del Poder, empezando por los judiciales pero sin renunciar a los violentos -no han tratado de disolver las FAS, aunque ese sea el plan último de los comunistas y los separatistas en general- con el fin explícito de apoyar la impunidad de los golpistas y negociar con ellos sus objetivos. La presión a la Abogacía del Estado para prescindir del delito de rebelión y meterse a interpretar el de sedición (cuando sólo debería entrar en el de malversación, ya que su tarea es defender los bienes materiales del Estado) supone un ataque indirecto a la Fiscalía y un ataque directísimo al Tribunal Supremo, ya iniciado por la amiga de Garzón y Villarejo que aún okupa el Ministerio de Justicia por facilitar que Sánchez okupe la Moncloa.

El Gobierno y la Alta Traición contra España
El Gobierno está además cometiendo un acto de alta traición, contra España como Estado y la nación que la sustenta, atacando a su soberanía en el ámbito judicial y asumiendo los argumentos golpistas esgrimidos por los tribunales alemanes o belgas en abierto menoscabo de la Justicia Española. Sánchez y su Consejo de ministros deberían ser juzgados, y lo serán si sus trabajos finalmente conducen a la ruptura violenta del orden constitucional, por atacar a España en el ámbito europeo e internacional, para mantenerse en el Poder y desde él acometer la demolición del Estado con los golpistas.

Como ha dicho Arcadi Espada, el indulto al golpismo ha comenzado. En realidad, la sumisión de la Abogacía, la presión a la Fiscalía y la burla al Supremo son actos perpetrados desde un acto continuado de prevaricación. Por eso mismo, no debería continuar la relativa inacción y, sobre todo, la desunión de los partidos que defienden a nuestra nación y su Constitución: Ciudadanos, PP y VOX. Urge una moción de censura pedagógica, no para ocupar la Moncloa sino para explicar a los ciudadanos desde las Cortes la gravedad de la situación nacional por culpa de Sánchez, Iglesias y demás. Lógicamente, con el compromiso de convocar, no como el traidor okupa, elecciones generales inmediatas y formar un Gobierno que actúe contra el Golpe de Estado y no a favor. No todos los golpistas están en el banquillo. Pero habrá que sentarlos a todos, o el Golpe, definitivamente, triunfará.

Justa acusación, sonrojo para Sánchez

ABC 3 Noviembre 2018

La reacción del separatismo catalán a los escritos de acusación presentados por la Fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado demuestra al presidente del Gobierno que la táctica del apaciguamiento es estéril con un nacionalismo golpista y desbocado. Si Sánchez buscaba el favor de los nacionalistas sin dejarse crédito en el camino, con la manipulación de la Abogacía del Estado tiene todo el descrédito y ningún favor político, pues ayer mismo Torra negaba el apoyo de los separatistas a los Presupuestos, con lo que los deja heridos de muerte. Los independentistas no se conforman con la acusación rebajada de la Abogacía y pues para ellos es cuestión menor frente a la trascendencia que en estos procesos penales de interés público tiene siempre la posición de la Fiscalía. La jugada no le ha podido salir peor a Sánchez.

La Fiscalía ha actuado con coherencia jurídica, porque su consistente escrito de acusación no hace otra cosa que reflejar el resultado de la investigación dirigida por el juez Llarena, la cual, a su vez, ha confirmado los aspectos esenciales de la querella de la Fiscalía General. Esa coherencia es lo que marca la diferencia entre la actuación de la Fiscalía y la de la Abogacía del Estado cuya blanda acusación es la manifestación escandalosa del uso partidista que está dando el Gobierno a una institución respetable y esencial en el control de legalidad de la actuación administrativa. Diferencias que alcanzan incluso a las firmas de los escritos acusatorios: el de la Fiscalía tiene las de los cuatro fiscales de la Sala Segunda, seguros y convencidos de lo que afirman e imputan a los golpistas; el de la Abogacía tiene la de su máxima responsable, y no la de los abogados del Estado que habían intervenido hasta ahora, a los que nada hay que reprochar.

En cuanto al contenido de la acusación de la Fiscalía, es un repaso minucioso de los hechos que han jalonado la historia del golpe separatista contra el Estado, que comenzó el 9 de noviembre de 2014 y aún no ha finalizado. Los fiscales narran con detalle la estrategia montada por el nacionalismo en el Parlament, el Gobierno autonómico y las calles de Cataluña. En estos escenarios, los responsables del «procés» dieron por buena la violencia que pudiera desatarse, y que se desató, como un acelerante de la posterior declaración de independencia. Hubo violencia, claro, para derogar la Constitución y romper la unidad nacional. La Historia muestra que así empezaron muchas guerras civiles, por lo que es insultante que se califique como «política» la conducta destructiva de los acusados por rebelión. Jugaron con la paz de España y pusieron en peligro el ingente esfuerzo que costó implantar la democracia después de dos siglos de enfrentamientos civiles. Sí, merecen ser acusados por rebelión.

Sánchez socava las bases del Estado de derecho

EDITORIAL El Mundo 3 Noviembre 2018

El Gobierno consumó ayer uno de los mayores ataques al Estado de derecho que se recuerdan en los 40 años del régimen constitucional que se inicia en 1978 y que estamos en vísperas de celebrar. Con las indicaciones políticas a la Abogacía del Estado para que cambiase su criterio en el escrito de acusación a los encausados en el procés -sustituyendo el grave delito de rebelión por el más leve de sedición-, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado en suspenso, para regocijo de los golpistas y de sus apoyos fuera de España, el principio esencial de toda democracia: la separación de poderes.

Porque plegándose a los deseos del Ejecutivo, los representantes del Servicio Jurídico del Estado crean un disolvente conflicto institucional al poner en entredicho la rigurosa instrucción del juez Llarena -un magistrado acosado reiteradamente por el nacionalismo desde Cataluña y desde determinados tribunales de Alemania y Bélgica- y la posición firmemente defendida por los cuatro fiscales del Tribunal Supremo, que nunca dudaron de que los hechos de septiembre y octubre de 2017 eran constitutivos de un claro delito de rebelión. Así, además, lo justifican en el escrito de acusación que la Fiscalía presentó ayer ante el Supremo, en el que describen una acción "combinada y sincronizada" entre las instituciones catalanas (el Parlament y el Govern de la Generalitat), los partidos que las sostenían (Junts pel Sí -coalición formada por la antigua Convergència y ERC- y la CUP) y las asociaciones soberanistas encargadas de movilizar a la calle (ANC, Òmnium y AMI), para consumar su objetivo de provocar una secesión territorial de Cataluña. Para ello, argumenta la Fiscalía, se valieron "de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos y, por otra parte, el uso de los Mossos d'Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones". No es casual que, en paralelo, también ayer la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde se instruye el caso contra Trapero, haya pedido para el entonces Mayor de los Mossos 11 años de prisión por un delito de rebelión. Y que la Fiscalía pida 25 años para el ex vicepresident, Oriol Junqueras, y 17 para Carme Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, los cuatro máximos responsables de un golpe encaminado a subvertir el orden constitucional.

A pesar del cinismo y el descaro mostrado ayer por la vicepresidenta del Gobierno, que sin rubor alguno intentó convencer a la ciudadanía de que Sánchez no había cambiado de criterio sobre los supuestos delitos cometidos por el Govern de Puigdemont, lo cierto es que debido a la forma en que el líder socialista llegó a La Moncloa, le ha obligado a claudicar ante el Govern rebelde y a enviar un inequívoco mensaje político a Torra y sus aliados de ERC. Por eso, Carmen Calvo, cuya irresponsabilidad y arrogancia recuerdan cada vez más a las de cualquier líder populista, llegó a defender un posible indulto, si la sentencia fuese condenatoria, como única forma de compensar a sus aliados soberanistas. Justo el precio que han puesto para seguir sosteniendo a Sánchez en el poder, aun a costa de erosionar las instituciones democráticas del Estado, como recordó Pablo Iglesias tras su visita a Junqueras en la cárcel de Lledoners.

Esa es la única razón por la que se forzó el cambio de criterio de la Abogacía del Estado, cuya intención fue siempre acusar por el delito de rebelión, como demuestra el hecho de que preguntasen por él durante la fase de instrucción. Tras las directrices políticas del Gobierno, sin embargo, del escrito de acusación se borró el concepto de violencia, palabra que no aparece en ningún momento, para reducir los hechos a meros "incidentes contra el orden público". Pero no solo eso. Para rebajar de manera más espectacular aún la petición de penas, los abogados del Estado han utilizado una argumentación conocida como "concurso medial" que, en este caso, consiste en considerar que el delito de malversación fue solo un medio para perpetrar el más grave de sedición, por lo que el cálculo de la condena es más favorable a los encausados que si se contabilizasen los dos delitos por separado. En base a este argumento, para Junqueras solo se piden 12 años de prisión, frente a los al menos 16 que le corresponderían sumando los dos delitos de manera individual.

La grave crisis institucional abierta irresponsablemente por el Gobierno amenaza con socavar la credibilidad del Poder Judicial y debilitar la acción del Estado frente al más serio intento de destruir nuestra democracia, como anhelan populistas y nacionalistas. En solo cuatro meses, Sánchez ha perdido su legitimidad y debe convocar elecciones cuanto antes, para que sean los españoles los que decidan sobre su futuro.

¡Mentir, mentir y volver a mentir!

Jimmy Giménez-Arnau okdiario 3 Noviembre 2018

Luis Aragonés logró que España fuera Campeón de Europa con una célebre arenga que enardeció a los jugadores de la selección bajo su mando: “¡Ganar, ganar y volver a ganar!”. El hálito de esa misma frase fue el que usó y transmitió Vicente del Bosque a los suyos – sin obviar citar a su autor – para que España se proclamase Campeón del Mundo. Sabemos que fútbol y política muy poco han de ver entre sí. No obstante, Pedro Sánchez, tan dado al plagio y a plagiarlo todo, rematadamente mal, como torpe felón que es, sólo cambió el verbo, siendo su máxima imperante: “¡Mentir, mentir y volver a mentir!”

Tales genios trajeron gloria a nuestro país, sin pedir nada a cambio. El último de la lista apenas ofrece incertidumbre económica y avería social, a cambio de seguir presidiendo el poder. Por algo nació lerdo, siendo su lema. “¡Mentir, mentir y volver a mentir!”. Pócima que sorbe con tal de no salir de Moncloa, que debería estar habitada por un político cuerdo, comprometido con el bienestar de los españoles, como Casado o Rivera, capaces de impedir el acceso a palacio al del lazo amarillo, etarras y bolivarianos que manejan al títere Sánchez a su antojo, pues abolir la Constitución, vejar a Felipe VI y sostener a un imbécil en el poder, está entre sus pretensiones más rentable.

Según balbucea Pablo Echenique, altavoz podemita sin credibilidad: “PP, C’s y Vox son los Bolsonaro de España”. Ojalá sea cierto, por una sola vez, lo que vomita el tarado, pues de serlo, los únicos que defienden a España gobernarían nuestra Nación, tras unas próximas e hipotéticas elecciones, a pesar de los mil inventos y alcaldadas del CIS, que se empeña en hacernos creer que un zopenco del calibre de Sánchez es una deidad del Olimpo. Y de las encuestas manipuladas.

Según la RAE: “mentir es manifestar lo contrario de lo que se sabe”. Cualquier inmaduro psíquico como Sánchez se refugia en la mentira, adicción que procura la omnipotencia y lleva implícita la narcisista idea de sí mismo. Semejante zoquete cree ser un dios del Olimpo y mantendrá su lema: ¡Mentir, mentir y volver a mentir!, hasta que le abandonen sus socios traidores o unas elecciones le devuelvan al limbo para siempre. Su único mérito consiste en sostenerse a flote en el poder sobre estériles fantasías, pues Sánchez es la viva imagen del náufrago que se tragó la mar. Zeus quiera que sea antes que después, cuando ocurra tal naufragio.

El disparate
Luis Herrero ABC 3 Noviembre 2018

En el enredo del pliego de acusaciones a los caudillos del procés, casi todo el mundo miente. Lo hace el Gobierno cuando niega haber ordenado a la abogacía del Estado que se olvidara del tipo penal de la rebelión, que como acredita el escrito del ministerio fiscal es el más caro de todos, y lo hacen los acusados y sus corifeos cuando afirman estar ingratamente sorprendidos. Ambas mentiras pertenecen al género de la fabulación política, aunque las consecuencias de la primera son mucho más graves que las de la segunda.

Al dar la orden a los juristas a su cargo de calificar la gravedad de los hechos con menos severidad de la que ellos querían, Sánchez comete tres despropósitos de libro. El primero —y menos importante— es el de dejarse a sí mismo a los pies de los caballos. Fue él mismo quien refutó la opinión de los jueces belgas y alemanes de Schleswig-Holstein en declaraciones públicas. «A mí no me ha gustado lo que ha hecho el poder judicial en Bélgica —dijo— y creo que esos responsables políticos deberían ser extraditados a España porque han cometido, clarísimamente, un delito de rebelión». A partir de ahora, aquellos mismos jueces señalados por él pueden invocar el criterio de la abogacía del Estado para hacerse fuertes en su doctrina.

Esa es la segunda consecuencia —la más grave de todas— de su desafuero. Ya no son solo algunos jueces centroeuropeos quienes esgrimen las atrabiliarias disquisiciones jurídicas que menoscaban el crédito del Tribunal Supremo. Los abogados del Estado también las suscriben. Y, al hacerlo, dejan de ser atrabiliarias y centroeuropeas para convertirse en sensatas y autóctonas. De no ser así, ¿cabe pensar que el Gobierno pudiera apadrinarlas? Quienes acusan al Supremo de ser una herramienta al servicio de la política, y no de la justicia, tiene munición suficiente para seguir en sus trece durante una larga temporada. Atentos a las declaraciones de los independentistas: es seguro que se pondrán las botas.

Y, sin embargo, ningún acto contribuye más a la politización de la justicia que el que ha perpetrado el presidente del Gobierno. Esa es la tercera consecuencia de su funesto mandado. Todo el mundo sabe que la abogacía del Estado era partidaria de incluir el delito de rebelión en su pliego acusatorio. Lo dejó muy claro durante sus actuaciones previas en la fase inicial del procedimiento. Ahora sabemos, por lo tanto, que en su escrito no ha prevalecido el criterio profesional que dictaba su ciencia jurídica, sino el criterio político que le impone la obediencia debida. Si eso no es politizar la justicia, que venga Dios y lo vea.

El triple disparate gubernamental admite muchos adjetivos. En el carcaj de los denigratorios hay cientos que le sentarían como anillo al dedo. Pero hay uno —creo— que sobrepuja a los demás: innecesario. Es innecesario lo que no sirve para nada. Este es el caso. Se supone que esta bajada de pantalones era un gesto de buena voluntad que debía contribuir a que los independentistas siguieran formando parte de la mayoría que alumbró la moción de censura. Ya hemos visto que no es así. ¿Alguien creía en serio que la solicitud de 12 años de cárcel para Junqueras —por mucho que sea la mitad de lo que pide la fiscalía— permitiría que ERC y PDeCAT apoyaran los presupuestos?

Basta repasar el saludo que unos y otros le han brindado a la petición de la abogacía para llegar a la conclusión de que Sánchez, le guste o no, tendrá que prorrogar las cuentas de Rajoy si quiere agotar la legislatura. Por mucha impostura que haya en la dureza de las declaraciones suscritas por Torra tras la reunión extraordinaria del Govern, pincho de tortilla y caña a que la alianza de los separatistas con el PSOE salta por los aires. Me temo que a Sánchez le ha pasado lo mismo que le pasó a Chamberlain cuando creyó que era posible la política de apaciguamiento con Hitler. Se le ofreció elegir entre la deshonra y la guerra, eligió la deshonra y no pudo evitar la guerra. Que las urnas nos protejan.

Por qué hay que condenarlos por rebelión
José García Domínguez Libertad Digital 3 Noviembre 2018

Conocidas, al fin, las peticiones provisionales (podrán ser alteradas a lo largo del juicio) de la Abogacía del Estado, el poli bueno, y de la Fiscalía del mismo Estado, el poli malo, que la segura condena de los cabecillas catalanistas engañados por Puigdemont apele o no a la figura de la rebelión tendrá una importancia crítica para el desenlace final tanto del proceso (judicial) como del procés. Una trascendencia política, la derivada de que no se les aplique a esos reos el delito de sedición sino el de rebelión, que, sin embargo, tiene poco que ver con los argumentos que en las últimas horas vienen utilizando el Gobierno y los partidos de la oposición de derechas en su cotidiana reyerta propagandística en los medios. Al cabo, esos dos tipos penales contemplan penas de prisión que en muchos casos se pueden llegar a solapar. La sedición, es sabido, cabe que resulte castigada con un máximo de quince años, los mismos quince años de reclusión que lleva asociada la rebelión en sus grados más atenuados. Por tanto, no es la mayor o menor extensión temporal de la condena el factor determinante a la hora de establecer la importancia de que sea una u otra la figura elegida por el Tribunal para catalogar la conducta delictiva de los acusados.

Y tampoco lo es esa coletilla algo ociosa y bizantina que se incluye en el Código Penal, la que aclara que el delito de rebelión supone un ataque expreso contra el orden constitucional, como si la sedición no implicase exactamente lo mismo. Esas dos cuestiones, en el fondo, no dejan de ser matices menores. Porque el aspecto colateral que dota de genuina trascendencia política a que sea la rebelión el tipo finalmente elegido para dictar sentencia nada tiene que ver con todo eso. Y es que procede no olvidar nunca que la Generalitat de Cataluña es hoy un Estado dentro del Estado. Un Estado dentro del Estado cuya plantilla funcionarial está integrada por un ejército burocrático de más de doscientos mil efectivos profesionales que reúne dos rasgos críticos para el Estado cuyo seno parasita. La primera es que no resulta posible, dado el origen de sus integrantes, lograr la lealtad personal de los peones funcionariales de esa Administración al poder central. La segunda es que tampoco resultaría factible en la práctica desmantelarlo. Un Estado, y la Generalitat es el Estado en Cataluña, no se puede ni purgar a fondo ni mucho menos desmantelar, so pena de provocar el caos en el territorio sobre el que se asienta.

El último ejemplo histórico de ese axioma de la ciencia política fue el definitivo desastre provocado por los norteamericanos en Irak cuando se les ocurrió disolver las estructuras estatales del país para acabar con el partido de Sadam. Y de ahí la trascendencia futura de que se les aplique ese tipo penal a los catalanistas presos. Y es que, a diferencia de los que sucede con la sedición, los artículos del Código que contienen las penas aplicables a la rebelión contemplan la eventual colaboración de los funcionarios, tanto por activa como por pasiva, en la comisión del delito. Así, y de forma expresa, se dice ahí que "los funcionarios que continúen desempeñando sus cargos bajo el mando de los alzados o que, sin habérseles admitido la renuncia de su empleo, lo abandonen cuando haya peligro de rebelión" serán castigados con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública. E incluso se prevé en el mismo texto la inhabilitación "para los que aceptaren empleo de los rebeldes". Aquí y ahora, hay en Cataluña varias decenas de miles de pequeños colaboracionistas con una nómina pública que necesitan como agua de mayo recibir ese aviso a navegantes. Y cuanto antes.

Manipulación de la Abogacía del Estado y el gran fracaso de Moncloa
José Oneto republica 3 Noviembre 2018

Indignacion en la oposición por la intervención del Gobierno en la petición de la Abogacía del Estado de penas más suaves que la Fiscalía por el intento de golpe de Estado en Cataluña del año pasado y movilización del independentismo ante lo que consideran una venganza al incluir el delito de Rebelion en sus peticiones de penas de prisión con acusaciones contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez de ser “cómplice de la represión”.

Este podría ser el resumen de las peticiones hechas publicas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía en el proceso que se sigue en el Tribunal Supremo contra los máximos responsables del ilegal Referéndum del pasado 1 de octubre, de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y de los graves incidentes que ocurrieron el año pasado en Cataluña que obligaron al Gobierno a suspender la Autonomía, y a destituir tanto al presidente de la Generalitat, actualmente, huido y a todo el Gobierno de la Generalitat, de acuerdo con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Indignación en la oposición parlamentaria, especialmente en el Partido Popular y en Ciudadanos, por la intervención del Gobierno ante la Abogacía del Estado para añadir al delito de malversación de caudales públicos el delito de sedición, algo que hace meses no estaba previsto, y que, además, no coincide con la petición de la Fiscalía, que incluye el delito de Rebelión para los políticos que actualmente se encuentran en prisión. Esa actuación de la Abogacía del Estado es interpretada como un gesto hacia el independentismo para conseguir su voto para los Presupuestos Generales del Estado y ha sido calificada de “infame” por parte del líder de la oposición Pablo Casado.

La intervención del gobierno al no acusar también, a través de la abogada general del Estado Consuelo Castro, a los políticos presos de Rebelión, como la Fiscalía, ( y que supone una desautorización del juez Llarena), tampoco ha gustado al independentismo, que ha calificado la postura adoptada por la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, no como un “gesto” a favor del mundo nacionalista y a los políticos que se encuentran en prisión, como venía exigiendo el presidente Quima Torra y su entorno, sino como un autentico “menosprecio”.

Menosprecio a quienes se han limitado, dicen, a ejercer su derecho a votar libremente y a defender el derecho de autodeterminación de Cataluña, sin ningún tipo de violencia. La única violencia, elemento decisivo, para poder acusar de Rebelión, han venido insistiendo, se producía por parte del Estado y de la policía en los graves incidentes del 1 de octubre, incluso con la intervención del Rey al que el Parlament, catalán, ha llegado a reprobar

Por si había alguna duda del fracaso de la estrategia que se decidió el pasado Lunes en la Moncloa, para influir en la Abogacía del Estado que no ha servido de nada, el propio Torra se ha encargado de ponerlo de manifiesto al señalar que el presidente del Gobierno “ha perdido una oportunidad de oro” para trasladar el conflicto que se vive en Cataluña de los Tribunales a la política“. “Está criminalizando a los más de dos millones de personas que el 1-O defendieron la democracia a base de golpes en sus cuerpos”.

Ajeno a cualquier gesto de acercamiento al presidente del Gobierno tras conocer la intervención gubernamental en la petición de la Abogacía del Estado, (intervención negada este mediodía en rueda de prensa por la ministra de Justicia Dolores Delgado, que ha hablado de criterios puramente técnicos y jurídicos en las peticiones ), Torra, en una declaración institucional ha dicho, con dureza, que “el Gobierno ha perdido una oportunidad de oro para sacar de los tribunales el conflicto que se vive en Cataluña y devolverlo a la política, que es dónde debe estar”.

Es decir que la decisión tomada en Moncloa en la reunión de coordinación de los lunes, de intervenir ante la Abogacía del Estado, para suavizar la petición de la Fiscalía que incluía el delito de Rebelión, aun sabiendo las reacciones que se iban a producir en la opinión pública y en los partidos de la oposición, no sólo no ha servido de nada, sino que ha puesto al Gobierno en una difícil posición, después de repetir con insistencia que no iba a intervenir ante la Fiscalía, insinuando que tampoco lo iba a hacer en la Abogacía del Estado, cuyas peticiones no vienen firmadas por los abogados del estado que han llevado hasta ahora el proceso, sino por la superiora jerárquica, nombrada por la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Toda esta estrategia se diseñaba el pasado lunes en la Moncloa en una reunión en la que estaban el número dos del PSOE y Ministro de Fomento José Luis Ábalos, la portavoz parlamentaria Adriana Lastra, el jefe de Gabinete y asesor áulico del Presidente Iván Redondo, y el Secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. En esa reunión de coordinación semanal se decidió que había que suavizar el delito de Rebelión que estaba en la petición de la Fiscalía, sobre la que no se había querido hacer ningún tipo de intervención, con lo que, como se venía especulando desde hace semanas, solo quedaba la vía de la Abogacía del Estado, sobre la que si se podía intervenir según el propio Estatuto de la Abogacía.

Y eso, a pesar del mal ambiente existente desde que el pasado mes de agosto cuando en plena polémica por la defensa institucional del juez Pablo Llarena ante las maniobras de Carles Puigdemont en Bélgica, la ministra Delgado comunicó su destitución al responsable de los asuntos penales de la Abogacía, Edmundo Bal, y al subdirector general de los Servicios Contenciosos, Luis Gonzaga Serrano.Destituciones que posteriormente eran rectificadas.

La Abogacía del Gobierno
Las únicas razones que explican el desacertado escrito de la Abogacía del Estado son las presiones de Moncloa
Luis Romero. larazon 3 Noviembre 2018

Llama la atención que el escrito de conclusiones provisionales de la Abogacía del Estado lo firme la Abogada General del Estado y no los abogados del Estado que hasta ahora ejercían su función en el procedimiento instruido por el magistrado Pablo Llarena en el Tribunal Supremo. Igualmente, es sorprendente que la referida Abogacía no se haya opuesto hasta ahora a que los hechos investigados se consideraran constitutivos de delitos de rebelión como lo demuestra el que dicha parte procesal no se opusiera a que se procesara a los líderes independentistas por rebeldes en vez de por sediciosos.

Los abogados del Estado tienen encomendada la defensa jurídica del Estado y de sus principales instituciones en cualquier jurisdicción, habiendo cometido un gran error en la calificación jurídica de los hechos ocurridos en Cataluña el 1 de octubre de 2017 así como en los días previos y posteriores.

Este cambio de criterio solo se puede explicar por su dependencia jerárquica del Ministerio de Justicia y las sugerencias que la Sra. Ministra diplomáticamente haya hecho sobre el prestigioso Cuerpo del Estado. Hace años ocurrió algo similar cuando la Abogacía del Estado se pronunció sobre la expropiación de Rumasa desviándose de su posición inicial.

Como penalista no puedo estar de acuerdo con las manifestaciones de la Sra. Ministra de Justicia, María Dolores Delgado, en las que intenta justificar el cambio de postura de la Abogacía en que no ha sido hasta ahora cuando el Estado a través de sus asesores jurídicos ha tenido que pronunciarse por primera vez.

En el proceso penal hay muchas oportunidades para expresar el criterio que sigue cada parte desde el mismo inicio del mismo mediante la presentación de los escritos y recursos que sean oportunos fundamentándolos jurídicamente de acuerdo con la estrategia que se establece desde el principio. Otra cosa sería que hubieran surgido en este momento procesal importantes cambios originados en nuevas pruebas o revelaciones que modificaran los graves hechos ocurridos en el otoño pasado y la responsabilidad de todos o algunos de los procesados.

Pero estas circunstancias extraordinarias no han sucedido y, desde mi punto de vista, las únicas razones que explican el desacertado escrito de acusación de la Abogacía del Estado son las presiones del Gobierno. Esta conminación ya llevaba tiempo fraguándose y así pudimos conocer cómo Pascual Sala opinaba que no se había cometido delito de rebelión por no decir que tampoco el de sedición, seguido de una opinión similar por algunos fiscales cercanos al Gobierno y, más recientemente, por el propio Presidente del Gobierno y varios ministros.

Así consigue el Gobierno poner en entredicho las conclusiones excelentemente fundamentadas de la Fiscalía del Tribunal Supremo que respaldan la labor instructora del Magistrado Pablo Llarena brillantemente ejercida, a su vez respaldando la querella en su día presentada por José Manuel Maza como fiscal general del Estado. Quien ocupa actualmente ese cargo, María José Segarra, ha respetado la posición de los fiscales del Alto Tribunal, no permitiendo que el gobierno se inmiscuyera en sus labores, decisión que debe aplaudirse pues estamos acostumbrados a que no siempre defienda su autonomía el ministerio público.

La doctrina y jurisprudencia se refieren a la sedición como a «una rebelión en pequeño» y los sucesos de octubre del pasado año en Cataluña no fueron de escasa entidad sino muy graves como todos pudimos comprobar por las imágenes y la información publicada. Un año después, gracias a la labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que con sus detallados informes han facilitado la brillante instrucción del Magistrado Llarena, estamos convencidos que los líderes del «procés» se alzaron violenta y públicamente tratando de declarar la independencia de una parte del territorio nacional, tal como se recoge en el artículo 472 y siguientes del Código Penal.

El Gobierno desprecia a la Justicia para dar aire a los golpistas
 larazon 3 Noviembre 2018

La ruptura de la unidad de acción que supone el escrito de acusación de la Abogacía del Estado con respecto a las imputaciones que hace firmes la Fiscalía contra los responsables de la intentona golpista en Cataluña, no sólo debilita la posición del Tribunal Supremo, que es, en última instancia, quien debe juzgar los hechos, sino que, en caso de sentencia condenatoria por rebelión, deja inerme al Estado ante el más que probable recurso de los procesados en la Corte Europea de Derechos Humanos.

En efecto, mal se compadece que el mismo cuerpo jurídico encargado de defender los intereses de España y que sólo ha apreciado la existencia del delito de sedición, tuviera que sostener ante los jueces de Estrasburgo la legalidad de una condena por rebelión. No es, sin embargo, la única contradicción de fondo que existe en la inaudita actuación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en este asunto, por cuanto estamos ante un cambio de criterio que roza el fraude procesal y, por lo tanto, provocaría indefensión. Que tal artificio procesal provenga de una profesional de la Justicia, que ha ejercido durante décadas como fiscal, nos llena de perplejidad y abona, es inevitable, la sospecha de que el enrocamiento del presidente del Gobierno a la hora de mantener a la ministra Delgado en el puesto que ocupa, pese al escándalo de las escuchas del ex comisario de Policía José Antonio Villarejo, es de raíz instrumental.

En efecto, no se entiende qué nuevas pruebas de convicción, qué hechos sobrevenidos han determinado que la Abogacía del Estado, que actúa como acusación particular en la causa del «procés», no hubiera interpuesto recurso cuando se declaró firme el auto de procesamiento por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia si en su escrito de acusación iba a incluir el de sedición, que los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no contemplaban. Existen, pues, bases para reclamar la indefensión por parte de los acusados, como han reconocido juristas de probada experiencia en el Derecho procesal. Como en otras actuaciones del actual Gobierno socialista, estamos ante una decisión de orden legal dudosa, fruto, sin duda, de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Triste papel el de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, por más que se deba a la obediencia a su superior jerárquico directo, como es el Ministerio de Justicia.

En definitiva, se ha roto la unidad acusatoria, la abogacía del Estado actúa en un ámbito que nada útil aporta al proceso, puesto que sobrepasa la defensa de los interés pecuniarios de la Administración; se ha hecho daño a la imagen exterior de España y, es lo más grave, se traslada al tribunal juzgador una indicación totalmente inadecuada sobre las preferencias del Gobierno de turno en la resolución de este caso. Pocos ejemplos más claros de presión gubernamental sobre la labor de los magistrados, a quienes, además, se advierte de las intenciones últimas del Ejecutivo con las continuas referencias, ayer sin ir más lejos, a la figura del indulto. Y todo esto para que los destinatarios de la gestualidad se reafirmen en su posición de máximos, exijan a las claras y por las bravas la impunidad de los reos y amenacen al presidente del Gobierno con retirarle el apoyo parlamentario. Porque la realidad es que entra más en el campo de la psicología que en el de la política o el derecho la pretensión del separatismo catalán de que todo lo sucedido no surta el menor efecto penal.

Y, sin embargo, el impecable escrito de acusación de la Fiscalía nos relata, con la sobriedad del lenguaje forense, cómo los 18 acusados, desde el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, hasta la ex diputada de la CUP Mireia Boya Busquet dirigieron, promovieron y participaron activamente en la ejecución de un proceso perfectamente concertado y organizado para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado en forma de república, segregándola del Reino de España. Hay más implicados, pero unos, como el ex responsable de la Policía autónoma, Josep Lluis Trapero, figuran en otra causa, o, como el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se encuentran huidos de la Justicia. La Fiscalía, como el juez instructor, aprecia el ejercicio de la violencia que tipifica el delito de rebelión, describe los hechos en que sustenta su acusación y disecciona la malversación del dinero público efectuada por la Generalitat para poder sufragar el proceso. En consecuencia, pide las penas a que son acreedores los procesados, con una de 25 años de cárcel para el principal acusado, Oriol Junqueras. Se entiende el vértigo que produce ese horizonte penal, incluso, entre quienes, de buena fe, hubieran preferido que nada de esto fuera necesario. Pero el riesgo en que los dirigentes separatistas catalanes, sin ninguna razón válida, pusieron la libertad y la convivencia en paz de todos los españoles y el daño para nuestra democracia obligan a aplicar la Ley.

Sánchez acorralado por la Fiscalía, la Oposición, ERC y PDeCAT
Pablo Sebastián republica 3 Noviembre 2018

El presidente Pedro Sánchez ha fracasado de manera estrepitosa en su pretensión de que ERC y PDeCAT aprueben los Presupuestos de 2019 a cambio de insinuar indultos y de rebajar de ‘rebelión’ a ‘sedición’ en las penas de los escritos de la acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra los principales jefes del golpe de Estado catalán.

Lo que Sánchez no consiguió en el escrito de la Fiscalía aunque sí en el de la Abogacía lo que ha sido calificado duramente por PP y Cs y considerado inaceptable e insuficiente por dirigentes soberanistas de ERC y PDeCAT. Y lo que provoca una asombrosa divergencia entre la Fiscalía que solicita 25 años de prisión para Junqueras mientras la Abogacía sólo le pide 12 años.

El presidente Sánchez y su vicepresidenta Calvo habían afirmado días atrás –en contra de lo declarado por Sánchez en mayo, ‘cuando todavía no era Presidente’, matiza Calvo- que no estaban de acuerdo con el delito de rebelión aplicado a los golpistas. Pero finalmente eso fue rechazado por la Fiscalía, aunque si aceptado por la Abogacía del Estado que depende de Sánchez, lo que tendrá un alto coste político para el Presidente y el PSOE, ante la opinión pública y en las elecciones de Andalucía del próximo día 2 de diciembre.

La Fiscalía General del Estado, fiel a sí misma, ha acusado de los delitos de rebelión y malversación a la cúpula del golpe de Estado catalán del 27-O. Y ha explicitarlo con precisión y detalle la organización y la actuación de la trama criminal del golpe catalán que lideró Oriol Junqueras a quien le piden 25 años de prisión. Para sus más allegados cómplices, Forcadell, Cuixart y Sánchez 17 años de prisión, otros 16 para los Consejeros Forn, Turull y Rull y 11 para los cargos de los Mossos Trapero, Soler y Puig.

Estamos ante un escrito de acusación de la Fiscalía duro y justo por la gravedad de los delitos cometidos contra el orden constitucional por los principales gobernantes de Cataluña y a la vez los jefes del golpe catalán. Acusación de la Fiscalía que coincide con lo decidido por los fiscales del Supremo, el juez instructor Llarena y la Sala de los Penal del Supremo.

La novedades de los escritos de acusación presentados ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional son que: al mayor Trapero y a sus colaboradores de los Mossos, Soler y Puig, la fiscalía también les acusa rebelión, a pesar de que en su procesamiento inicial la juez Lamela les imputó la sedición; pero sobre todo la principal novedad está en que la Abogacía del Estado, distanciándose de la Fiscalía en el ámbito penal rebajó la acusación de rebelión a las sedición y malversación.

Y es aquí donde se abre la gran polémica y la batalla política nacional del Gobierno con PP y Cs que le acusan a Sánchez de ponerse del lado de los golpistas; y con ERC y PDeCAT que desprecian el ‘gesto’ del presidente en el escrito la Abogacía que consideran inútil e insuficiente.

En consecuencia, que olvide Sánchez los Presupuestos de 2019 y que se prepare para prorrogar los de 2018 de Rajoy. Y vamos a ver cual es el impacto que la fallida maniobra de Sánchez tiene ante el conjunto de los españoles y en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre.

Y de nada van a servir a Sánchez las explicaciones de la vicepresidenta Calvo y de la ministra Delgado para justificar la decisión de la abogacía del Estado. Como tampoco servirán las airadas protestas en Cataluña de la Generalitat y los partidos soberanistas, a sabiendas por otra parte que la acusación de la Fiscalía aumenta el riesgo de fuga de los presos preventivos del golpe de Estado, tal y como lo insinuó meses atrás el presidente Torra.

Así explica la Fiscalía como se fraguó el golpe catalán:
Ante este escrito de acusación y petición de penas de la Fiscalía que es el más importante a tener en cuenta por los jueces del Tribunal Supremo se deben recordar los hechos que están en el origen del juicio y que figuran en el preámbulo del escrito de los fiscales que resumimos a continuación:

‘Los acusados dirigieron promovieron y/o participaron activamente en la ejecución de la estrategia llamada ‘procés’ perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado con forma de República, segregándola del Reino de España.

La estrategia se basaba en la actuación convergente de las instituciones catalanas de autogobierno (Parlamento y Gobierno de la Generalitat), de las formaciones independentistas con representación parlamentaria (JUNTS PEL SI y CUP), y de entidades sociales soberanistas (Asamblea Nacional Catalana, Ómnium Cultural y también la Asociación de Municipios por la Independencia, cuyos máximos dirigentes eran, los acusados ORIOL JUNQUERAS VIES, en su condición de Vicepresidente de la Generalitat y presidente de ERC, CARME FORCADELL LLUIS, como ex Presidenta de ANC y Presidenta del Parlamento, JORDI SANCHEZ PICANYOL y JORDI CUIXART NAVARRO, presidentes de la ANC y Ómnium Cultural. Los que en unión de otros procesados huidos -que no figuran en el juicio- acordaron como principales promotores ponerla en práctica mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos:

1. El parlamentario, en cuyo epicentro se situaba en la actuación de la Mesa del Parlamento autonómico, cuya función consistía en permitir la tramitación y facilitar la aprobación de resoluciones, leyes y normas jurídicas abiertamente inconstitucionales como cobertura normativa del nuevo Estado para que sustituyera a la legalidad democrática vigente;

2. El Ejecutivo, identificado con el Gobierno de la Generalitat cuya misión esencial era la convocatoria y celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación que legitimara internacionalmente su proyecto de segregación territorial, así como la creación y desarrollo de estructuras de Estado paralelas que pudieran sustituir a los órganos estatales legalmente constituidos en todos los órdenes (Hacienda, Seguridad Social, Poder Judicial, etc.), incluida la acción exterior fuera del territorio nacional, que se tradujo en la apertura de embajadas en algunos países, y en la ejecución más allá de nuestras fronteras de numerosas actividades dirigidas a preparar, financiar y legitimar la celebración del referéndum, a reforzar la imagen de Cataluña como Estado y lograr que el proceso de independencia fuera reconocido internacionalmente;

3. El social, en el que las entidades soberanistas antes mencionadas (muy especialmente, ANC y Ómnium Cultural) desarrollaban un papel crucial mediante la movilización popular como instrumento de presión para obligar al Estado a capitular frente al nacimiento de esa nueva república.

En resumen, el plan que habían urdido consistía en orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquélla, para conseguir como objetivo último con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional.

Con la colaboración del resto de los acusados, en los diferentes roles y niveles de responsabilidad que se dirán, y de otros procesados huidos contra los que no se dirige la acusación, los promotores y partícipes del plan secesionista lo pusieron en práctica en el año 2015 y contemplaban la utilización de los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo. Incluida, ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación, la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra parte, el uso de los Mossos d’Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos, que acataría exclusivamente sus instrucciones como así sucedió. Y que, llegado el caso podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional.’

Cuando el Gobierno mercadea con la sedición
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN elespanol 3 Noviembre 2018

Como una farsa hay que definir el subterfugio legal utilizado por el Gobierno para solicitar la pena mínima a Oriol Junqueras, reduciéndola a 12 años de cárcel. El Ejecutivo ha impuesto su criterio a la Abogacía General del Estado para acusar al ex vicepresidente sólo de sedición. Una pena que es menos de la mitad de lo que reclama la Fiscalía que lo considera, en efecto, responsable de un delito de rebelión.

Todo esto resulta más grave aún si se analizan en profundidad los 58 folios del escrito de la Abogacía del Estado respecto al golpe separatista. En ningún momento se menciona ni la palabra "violencia" ni la palabra "heridos", construyendo así un relato que modifica la realidad de lo ocurrido de forma flagrante.

Ficción jurídica
El informe minimiza lo que fue un intento de quiebra del orden constitucional y reduce el procés a meros altercados, en lo que supone el enésimo intento de contentar al separatismo. Lo hace a costa de crear una ficción jurídica.

Que Fiscalía y Abogacía del Estado, que en última instancia dependen del Ejecutivo, tengan argumentos divergentes en un asunto trascendental, transmite una gran sensación de caos y desconcierto. Llama la atención, igualmente, que la propia Abogacía del Estado contradiga las manifestaciones que hizo Pedro Sánchez antes de llegar a la Moncloa, cuando calificaba el golpe en Cataluña como "rebelión".

Trueque político
A la vista de los hechos, no hay duda de que el Ejecutivo emplea este proceso penal como un elemento de trueque y de mercadeo político con los independentistas, a los que necesita para mantenerse. Ahí hay que buscar la explicación de la trampa de presentar la malversación como un delito meramente instrumental de la sedición, con la evidente rebaja de la pena que esto representa para los encausados.

Pedro Sánchez no tiene reparos en contradecirse las veces que haga falta ni en intentar alterar la Justicia para acomodarla a su conveniencia. Y ello aunque para el nacionalismo, insaciable, sus regalos nunca sean suficientes. La actuación del Gobierno le deja muy marcado para millones de ciudadanos que no entenderán su actitud claudicante con quienes atacaron la soberanía nacional y la unidad de España.

Puigdemont virtual
Borja Gutiérrez gaceta.es 3 Noviembre 2018

Decía Abraham Lincoln que se puede engañar a todo el mundo algún tiempo; se puede engañar a algunos todo el tiempo; pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Una reflexión más que acertada que se puede aplicar, desgraciadamente de forma bastante común, a algunos personajes con los que nos toca compartir momentos y experiencias a lo largo de nuestra vida. En los últimos tiempos he de reconocer que las palabras del presidente Lincoln me sobrevienen como un mantra que se asoma una y otra vez a mi consciencia cuando observo las dementes andanzas del fugado Puigdemont.

El golpista refugiado en Waterloo, ha cumplido un año como prófugo de la Justicia española. Doce meses en los que ni un solo día ha cejado en su empeño de romper España, de mofarse de los españoles (lo que manque le pese, también incluye a los catalanes), y de conformar su ansiada, utópica e insostenible República Catalana. Un delirio que algunos magnifican como “gobierno en la sombra”, y que en lo único en lo que puedo estar de acuerdo, es que se halla carente de todas luces.

Y para celebrar su primer aniversario como “presidente” del lado oscuro o del reverso tenebroso, como ustedes prefieran, el prófugo Puigdemont decidió montar una fiesta a lo grande en el emblemático salón Sant Jordi del Palacio de la Generalidad. Un acto solemne cargado de liturgia en el que se cuidó con mimo cada gesto, cada detalle de la escenografía para recibir ante un numeroso grupo de invitados, al ex presidente Pugdemont, que por primar vez, tras un año, daba un mitin ante la concurrencia, eso sí, de forma virtual, a través de una pantalla gigante habilitada al efecto para que cupiera la grandeza de tan “ilustre” personaje.

Y allí, entre aplausos y quijadas abiertas, Puigdemont se presentó como presidente del Consejo por la República, el ente que ha puesto en marcha el golpismo para seguir alimentando el Proceso independentista, de forma que pueda tener cierta cobertura, cobijado bajo una aparente institucionalidad. Este Consejo, aseguran nace en el ámbito privado, amparado por la jurisdicción de Bélgica y al margen del Govern. Un margen por cierto, sobre el que deberían practicar algo más de disimulo, ya que el mismísimo presidente de la Generalidad, Quim Torra, fue uno de los máximos protagonistas del aquelarre independentista, protagonizando uno de sus discursos más encendidos y en el que además de escupir palabras enalteciendo su pretendida república, espetó entre otras lindezas que “no hemos venido a gestionar la autonomía ni los restos del estado autonómico”. Claro que no, señor Torra, ustedes no han venido a gestionar nada, salvo a vivir del cuento, tal como está haciendo su colega Puigdemont, perpetrando una permanentemente mentira al pueblo catalán. Y con esos ciudadanos a los que vilmente engañan, mediante el adoctrinamiento y la manipulación, son con los que pretende crear un registro de fieles a su causa, o tal como el propio Puigdemont lo definió: “un registro de ciudadanos que quieran participar en la construcción de la República a través de su compromiso activo”.

Mentiras y más mentiras. Puigdemont, Torra, Comín, Junqueras, Gabriel… una caterva de trileros que nunca cumplieron la primera premisa de la teoría de Lincoln porque nunca nos engañaron a todos ni por poco ni por mucho tiempo; aunque lamentablemente aún continúan engañando a algunos. Es nuestra responsabilidad que no sea por mucho más tiempo. Para acabar con las sombras, nada más eficaz que la luz de la verdad.

Sánchez, en el punto de no retorno
José Antonio Zarzalejos elconfidencial 3 Noviembre 2018

Cuando volver atrás ya no es una opción se llega al punto de no retorno. Es en el que está el presidente Sánchez tras una sucesión de reveses de distinta naturaleza que han deteriorado su Gobierno y, en consecuencia, sus mejores expectativas electorales. El voto estimado que le atribuía al PSOE el último barómetro del CIS (más de un 31%, a diez puntos de diferencia del PP) no solo no goza de credibilidad sino que está siendo desmentido por el resto de los sondeos. El de este diario, uno de ellos. Y el de Metroscopia correspondiente a octubre asigna a los socialistas el 26%, a los populares el 22,6%, a Ciudadanos el 20,2% y a Podemos el 17,3%. Como quinta fuerza política y con un 4,2% (equivalente a un millón de votos) emergería Vox. Un retrato demoscópico que está en la media de todas las encuestas publicadas salvo la hiperbólica que dirige José Félix Tezanos.

La primera circunstancia que marca el punto de no retorno del presidente es el escrito de conclusiones provisionales de la fiscalía que imputa rebelión y malversación a los dirigentes del proceso soberanista y a la cúpula de los Mossos. El Gobierno no se ha atrevido a provocar una crisis con la Fiscalía General del Estado como le urgían a hacerlo los independentistas. El gesto gubernamental se ha realizado a través de la Abogacía del Estado, que acusa por sedición, no sin forzar técnicamente el criterio de los abogados de ese cuerpo que han venido representando a la Hacienda Pública en el proceso y que de forma constante respaldaron al magistrado instructor, a la fiscalía y en agosto solicitaron la apertura de juicio oral por malversación y rebelión. Falta por saber si el esfuerzo de Sánchez es o no pírrico. Por las reacciones que ayer se produjeron, la relación del Ejecutivo con los independentistas se ha convertido en inmanejable y muestra una insaciabilidad ante la que el Gabinete se ha comportado con ingenuidad o incompetencia. Los Presupuestos Generales del Estado parecen, ahora, inviables.

Torra: “Sánchez ha decidido ser cómplice de la represión”.
Unos Presupuestos que en el ámbito empresarial han suscitado el respaldo de dos grandes referentes del empresariado español —Isidro Fainé, presidente de la Fundación la Caixa y de Criteria y José Antonio Álvarez, consejero-delegado del Santander— pero también el ataque frontal del importante Instituto de Empresa Familiar que en su XXI Congreso, celebrado esta semana en Valencia, acusó a Sánchez de "cortoplacismo para mantenerse en el poder". Insólito pronunciamiento público. La disertación del máximo dirigente de esta entidad abrió a cuatro columnas la edición del diario económico 'Expansión' del pasado día 31 de octubre que, con otros, recogía también la expresiva opinión de Juan Roig según la cual los empresarios están "acojonados por los líos políticos".

Al presidente le está resultando muy difícil también implementar dos medidas centrales en su gestión. La exhumación de Franco del Valle de los Caídos se ha complicado por la fallida entrevista entre la vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. La discrepancia de versiones sobre el contenido de la reunión entre ambos, sin presencia del embajador de España ante la Santa Sede, disuade, más aún, a la Iglesia española de una actitud activa en la búsqueda de soluciones para la inhumación del dictador que pretende la familia Martínez Bordiú Franco: en la cripta de la Almudena, en donde es titular a perpetuidad de cuatro tumbas. La iniciativa gubernamental, en su origen, se limitaba a desenterrar a Franco de Cuelgamuros por imperativo de la Ley de Memoria Histórica, pero no contaba con que la alternativa fuese su inhumación en la catedral de Madrid. Y si así sucediese el Gobierno sabe que su gestión en este asunto habría fracasado. Pretende evitarlo a todo trance.

Además, de la reforma constitucional exprés de los artículos 70 y 102 de la Carta Magna para suprimir los aforamientos políticos, nunca más se supo. La anunció Sánchez el 17 de septiembre y pronosticó que estaría en marcha en sesenta días. Todavía no ha salido del Consejo de Estado el borrador del anteproyecto cuya viabilidad, al igual que ocurre con los Presupuestos, es muy problemática por falta del suficiente apoyo parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado.

Para rematar, el socio principal del Gobierno, Unidos Podemos, le incomoda por su hostilidad hacía la Monarquía. Además de las reprobaciones a Felipe VI y la petición de abolición de la actual forma de Estado, declaraciones votadas favorablemente en el Parlamento de Cataluña (y ayer recurrida) y en el Ayuntamiento de Barcelona, UP se propone plantear igual resolución en el Parlamento vasco y en todas las instituciones en las que tiene representación. Los socios del Gobierno, independentistas y populistas, acumulan fuerzas contra la Corona y por un cambio en el modelo de Estado. Pretenden un proceso constituyente.

Con semejantes "amigos", Sánchez no necesita enemigos. Debió haberse fiado de su intuición cuando aseveró que convocaría elecciones "cuanto antes". Ahora, el presidente no puede retornar a su punto "dulce" (agosto de 2018) cuando dispuso de la oportunidad de planificar y ejecutar la decisión más inteligente para sus intereses: llamar a las urnas. Además, las expectativas electorales socialistas en Andalucía el 2 de diciembre no son precisamente buenas. Este Ejecutivo gobierna por encima de sus posibilidades y está estresando al Estado cuyas cuadernas crujen con riesgo de naufragio.

Son como niños salvajes
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 3 Noviembre 2018

En Cataluña ha asaltado el poder un puñado de demagogos autoritarios que se comportan como los niños salvajes huérfanos de la ley.

La situación crítica que se vive en España, y sobre todo en Cataluña y la comunidad vasca, me recuerda cada vez más el descenso a la barbarie que el escritor británico William Golding (Premio Nobel de literatura 1983) retrató en su novela El Señor de las Moscas, escrita en 1954, de la que también existen dos versiones cinematográficas.

Las peores taras
Un grupo de niños británicos de entre seis y doce años sobrevive, tras un accidente de aviación, en una isla deshabitada. A lo largo del relato asistimos a la transformación gradual de unas criaturas civilizadas en niños salvajes, que viven sin leyes que gobiernen su conducta ni adultos que los guíen. El proceso de asilvestramiento hace aflorar en ellos las peores taras de la naturaleza humana.

Ralph, el embrión de estadista, hace sonar una caracola y convoca una asamblea que lo elige jefe. Parece el preludio de la democracia. Piggy, gordinflón, miope y asmático, es el consejero que le inculca racionalidad. Jack, ambicioso congénito, recurre a todo tipo de artimañas para arrebatarle la caracola y el mando.

Ralph es inteligente y emprendedor y enciende una hoguera para que el humo atraiga un barco de rescate. Jack es fuerte y astuto y se ocupa de cazar jabalíes para alimentar a sus compañeros y congraciarse con ellos. Simon, el soñador, cree ver una fiera, la Bestia, que acecha desde las tinieblas del bosque. En realidad se trata del cadáver de un piloto cuyo paracaídas, que se hincha y deshincha según cómo sopla el viento, se asemeja a un ser vivo y monstruoso, pero esta monstruosidad semioculta e inexplicable siembra el terror entre los crédulos.

Nace la tribu
Jack se convierte en el adalid del combate contra la Bestia imaginaria, y consigue agrupar en torno a él a un pelotón de fieles seguidores que se dedican a la caza con lanzas talladas en la madera y a las celebraciones colectivas con cantos, danzas y comilonas de carne de jabalí. Así nace la tribu de los niños salvajes, como la bautiza el autor de la novela. Una tribu cuyo tótem es un palo coronado por una cabeza de jabalí: El Señor de las Moscas, cuya putrefacción atrae nubes de insectos. Vale la pena recordar que en la mitología filistea, luego recogida por el cristianismo, El Señor de las Moscas es Belcebú, la encarnación del mal.

Ralph es depuesto de la jefatura, reprobado por la tribu de los niños salvajes, y sobrevive aislado junto a Piggy y unos escasos leales que poco a poco lo van abandonando, ya sea por instinto gregario o por miedo. Jack se aficiona cada vez más a la violencia contra Ellos, o sea quienes no forman parte del Nosotros tribal, y la fractura culmina cuando su secuaz Roger, temprana simiente del represor profesional, tortura a los niños díscolos y asesina al soñador Simon y al racional Piggy.

Los salvajes –que se han apoderado también de la hoguera– incendian los frondosos bosques para acorralar al ya solitario Ralph y matarlo, pero la gigantesca columna de humo atrae la atención de un barco de la Armada británica (la acción transcurre en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial) y un oficial se acerca en un bote para investigar lo que ocurre. Cuando empieza a interrogar a los supervivientes, que se han congregado en la playa, todos lloran. Incluidos el déspota Jack y el desalmado Roger. Los salvajes han vuelto a ser niños.

Huérfanos de la ley
Y aquí estamos nosotros. En Cataluña, donde ha asaltado el poder un puñado de demagogos autoritarios que se comportan como los niños salvajes huérfanos de la ley. "¡Al cuerno las normas!", exclama el cabecilla Jack en la ficción, como si fuera un precursor de los golpistas que aprobaron el 6 y 7 se septiembre del 2017 el mamarracho que dejaba el Poder Judicial subordinado a la arbitrariedad del Ejecutivo, y que votaron el 27 de octubre siguiente una DUI desprovista de respaldo social y legal. Y los niños salvajes reprueban al jefe sensato como los neandertales del Parlamento de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona reprueban, desde su caverna, al Rey constitucional. Barrabasada que cometen, afortunadamente, sin poder político suficiente para convertir estas ricas cuatro provincias del Reino de España en la escuálida repúblika de pacotilla que ellos pretenden seguir expoliando.

Lo que en la novela era una reacción instintiva a la ausencia de control adulto que hacía aflorar, repito, las peores taras de la naturaleza humana es, en los jerarcas del alzamiento, una estrategia supremacista metódicamente planificada para separar a los que ostentan el orgullo de ser Nosotros, por un lado, de los que cargan con el estigma de ser Ellos, por otro. Lo consiguen explotando sentimientos de superioridad colectiva, basada en la tergiversación de la historia y en la mitificación de purezas culturales, psicológicas o genealógicas que chocan con el mosaico de una sociedad plural y mestiza.

Cataluña no es una isla, como aquella donde transcurre la novela. Pero sus amos circunstanciales están empeñados en aislarla como si lo fuera para evitar que la civilización circundante, que desempeña el papel de la Bestia acechante, la devore. Por eso su mayor ambición consiste en fundar una repúblika enrocada detrás de nuevas fronteras que dejen fuera a Ellos, ya sean compatriotas españoles o compatriotas -¿por qué no definirlos así?- del resto de Europa.

En este hogar mítico de la tribu no se alzaría el tótem macabro de El Señor de las Moscas, pero no faltarían símbolos identitarios para segregar a los habitantes díscolos que acariciaran añoranzas hispanas o europeas. Símbolos que irían desde el pino de las tres ramas, hoy tan podrido como la cabeza de jabalí de la novela, hasta los ubicuos trapos con estrellas revolucionarias que eclipsan a la senyera tradicional. Y los gamberros de los CDR y Arran, encarnarían a los precoces guerreros armados con lanzas de dos puntas que brotaron de la premonitoria imaginación de William Golding.

Fines espurios
Para más inri, en el resto del Reino de España opera otra tribu cuyo desprecio por la ley no es menor que el de sus compatriotas renegados, con los que mantiene contactos y amancebamientos entre bambalinas, puesto que ambos clanes confían en que esos trapicheos les sirvan para materializar sus respectivas taras disfrazadas de ideales. Esta segunda tribu aplica la táctica que urdió el ideólogo nazi Carl Schmitt y que los niños salvajes utilizaron instintivamente: fomenta la polarización entre Nosotros y Ellos, reservándose el papel de izquierda progresista enfrentada a la derecha reaccionaria. Mienten descaradamente.

Lo que se hace pasar por izquierda abarca un contubernio de partidos y organizaciones embarcados en el guerracivilismo y en la conversión del Reino de España en un reino de taifas apodadas repúblikas, de matriz chavista. Contubernio que ha colado al raquítico PSOE en la Moncloa y lo utiliza como tapadera para lograr sus fines espurios. Nada más reaccionario y opuesto a los valores de la Unión Europea que esta tenebrosa conjura, que encaja como anillo al dedo en los planes rupturistas del exasesor de Trump, Steve Bannon, de los padrinos neonazis flamencos del prófugo Puigdemont y de los sátrapas de Polonia y Hungría.

En cambio, lo que estos rufianes y sus servidores mediáticos califican de derecha reaccionaria, aglutina a los partidos e instituciones que, con la diversidad ideológica propia de una sociedad abierta, cultivan los valores que nos legó la Transición democrática, impresos en una Constitución digna de esta España integrada en el mundo moderno.

Genes bárbaros
Ahora, así como los niños salvajes de la novela alegórica reprobaron a su primer jefe, Ralph, que personificaba la voz de la razón, y se masificaron en torno a un dictador y sus secuaces ("¿Qué es mejor, tener reglas y estar todos de acuerdo, o cazar y matar?", preguntó el reflexivo Piggy antes de ser asesinado), así también los genes bárbaros de sus clones locales de carne y hueso los impulsan a reprobar al Rey ilustrado que podría darles lecciones de convivencia armoniosa entre ciudadanos libres e iguales.

Claro que como estos histriones retrógrados son adultos conscientes de los actos delictivos que perpetraron con premeditación y alevosía, dudo que cuando la justicia y las urnas pongan fin a su chirigota subversiva se echen a llorar como los niños embrutecidos de la ficción. Pero deberían hacerlo, en lugar de pedir la absolución (estos reos impenitentes rechazan el indulto), después de todo el daño que causaron, para demostrar que aún conservan un vestigio de sensibilidad humana.

VOX pide 74 años para Junqueras por dos delitos de rebelión y malversación
Redacción | Agencias elespanol 3 Noviembre 2018

La acusación popular que ejercer el partido VOX en el caso del procés pide 74 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación de caudales públicos.

Así consta en el escrito de acusación que VOX ha presentado ante el Tribunal Supremo y en el que pide las mismas penas por los mismos delitos para los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull.

Unas peticiones que casi triplican las penas que ha solicitado la Fiscalía en el caso de Junqueras y muy superior a los doce años que ha reclamado la Abogacía General del Estado.

Además, para los exconsellers Meritxell Borràs i Solé, Carles Mundó i Blanch, y Santiago Vila i Vicente, Vox solicita, para cada uno de ellos, 24 años de prisión y multa de 108.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años, como autores de un delito de organización criminal, otro de desobediencia y uno de malversación de caudales públicos.

Para el exvicepresidente y los exconsellers solicitan además que sean condenados al pago de 4.279.985,03 euros, correspondientes a la suma malversada a cargo de "los gastos públicos, que necesariamente habían de realizarse o comprometerse para la realización del referéndum que convocaron los integrantes del Gobierno" catalán.
52 años de prisión para 'Los Jordis'

Vox pide asimismo que los expresidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sean condenados a 52 años de prisión como autores cada uno de ellos de dos delitos de rebelión y alternativamente, de dos de sedición, y un delito de organización criminal.

La misma pena y por los mismos delitos piden para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y además, solicitan que se la condene al pago de una multa de 108.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años, por un delito continuado de desobediencia, al considerar que tuvo "una participación medular, desde los primeros momentos del proceso de independencia".

Para los cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las denominadas "leyes de desconexión" -Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet- y la expresidenta de la CUP en la cámara catalana Mireia Boya, piden 12 años de cárcel, 108.000 euros de multa a cada uno e inhabilitación para empleo o cargo público durante dos años, al estimarles autores, a cada uno de ellos, de un delito de organización criminal, y otro continuado de desobediencia.
"Subvertir el orden constitucional"

En su escrito, Vox basa estas acusaciones en que los políticos en prisión promovieron una consulta popular "vinculante" que suponía "un claro intento de subvertir el orden constitucional", a fin de "desintegrar la unidad territorial del Estado".

Califican los hechos acaecidos de "ataque subversivo contra el orden constitucional vigente", dirigido por "los ahora procesados", a los que acusan de haber empleado la violencia y utilizado a las "masas de ciudadanos contra las distintas instituciones del Estado español".

El partido presidido por Santiago Aabascal califica el "referéndum ilegal" del 1-O de "estrategia golpista para continuar manteniendo una falsa esperanza de independencia entre aquellos ciudadanos que luego emplearán la violencia para intentar culminar el proceso", utilizando para ello, un "mecanismo sofisticado y novedoso en comparación con otros golpes de estado ocurridos en la historia moderna occidental".

A los políticos catalanes en prisión les culpan de "lanzar violentamente a las masas de los ciudadanos catalanes separatistas contra las instituciones del Estado español", saltándose a los tribunales y a la Constitución.

Respecto a la implicación de las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural en estos hechos, les acusan de "favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable", promoviendo para eso "una intensa y violenta movilización ciudadana".

De estos hechos responsabilizan directamente a los expresidentes de ambas organizaciones, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y acusan a ambos de llevar años "alimentando el mito de la independencia de Cataluña mediante argumentos xenófobos y racistas en contra de los españoles y entre amplios sectores de la población catalana".

 


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