AGLI Recortes de Prensa   Domingo 4  Noviembre 2018

Perdidos en la traducción del golpe en Cataluña
TSEVAN RABTAN El Mundo 4 Noviembre 2018

Supriman todos los adjetivos en los escritos de acusación presentados este viernes por Fiscalía y Abogacía del Estado, y examinen los hechos desnudos: nos queda un golpe de Estado. Los libros de ruta, la desobediencia reiterada y publicitada orgullosamente, el uso torticero de las instituciones por los golpistas, la incitación a las multitudes en los hechos de septiembre y octubre del año pasado, las alteraciones del orden público, los daños y lesiones. Las cabezas y las manos de los acusados propiciaron la ignorancia radical de las leyes fundamentales del Estado español y de las resoluciones de sus tribunales para conseguir el objetivo último: su destrucción.

Uno de los animalitos habituales del secesionismo es la falacia de que sin rebelión no hay golpe de Estado. Las rebeliones lo son, pero la fórmula no cumple la propiedad conmutativa. También puede darse por un uso fraudulento e ilegal de las instituciones que controlas, sin oposición. Imaginemos que Pedro Sánchez -el actual, no ese desconocido que ocupó su cuerpo antes de llegar a la Presidencia- no convoca elecciones y se autonombra sin oposición material -y, por tanto, sin violencia- presidente vitalicio mediante un decreto ley. ¿Alguien en sus cabales negaría que esto es un golpe de Estado consumado?

Cualquier persona racional añadiría un "eso es imposible" porque, para evitar estas derivas bananeras, los países serios cuentan con instituciones, leyes y contrapesos. Los golpistas catalanes controlaban las instituciones catalanas y decidieron ignorar los pocos contrapesos que allí se opusieron al dislate -como los letrados de la cámara o los juzgados que empezaron a investigar los hechos que se estaban produciendo-, y confiaron en la pasividad de un Estado que había demostrado su debilidad renunciando al instrumento natural a su disposición, el artículo 155 de la Constitución, por un pánico atávico al uso de la ley democrática contra el nacionalismo.

Querido ‘Chepas’, perdón ‘Coletas’, perdón, Pablo Iglesias
EDUARDO INDA okdiario 4 Noviembre 2018

Ésta es la macarril forma que emplearías tú para dirigirte a un disidente como yo. Más que nada porque, estalinista bolivariano como eres, te gusta adjudicar motes al discrepante o directamente catalogarlo por sus defectos físicos. Por tanto, repetiré mi salutación no sin antes pedirte disculpas por el experimento del titular.

Querido Pablo Iglesias:
Doy fe del nuevo recadito que me enviaste anteayer vía Twitter, con Federico Jiménez Losantos de augustísimo compañero de viaje. Tronco del alma de los golpistas como eres, transmitiste en tu vomitivo tuit tu “tristeza” por las peticiones de pena de la Fiscalía del Tribunal Supremo a los sujetos que perpetraron el 1-O el año pasado. Lo de siempre: hasta un niño de teta sabe que eres un colaborador de los delincuentes que perpetraron el segundo 23-F de nuestra democracia. Es, ni más ni menos, la prolongación de tu campaña de linchamiento y asesinato civil contra el cerebro de Esradio y Libertad Digital y un servidor. Campaña en la que figuran en primera posición de saludo periodistas de cámara como el autoproclamado “onanista” Risto Mejide, ese Roures a cuyo imperio el FBI acusa de sobornar a directivos de la FIFA y pobres hombres que quieren saltar a la fama a costa de Federico y de mí. “¿La ley es igual para todos en España? No. Mientras raperos y tuiteros son juzgados y condenados, sicarios de las cloacas como Inda o Losantos gozan de impunidad absoluta y privilegios”, apuntas en una clara calumnia e injuria que, obviamente, te costará la pertinente querella.

Mira, majete, tus amiguetes raperos han sido condenados por incitar al odio, por hacer apología del terrorismo y por soltar, entre otras salvajadas, un delictivísimo “mataría a Esperanza Aguirre, pero antes le haría ver cómo su hijo vive entre ratas”. Tu tronko y no menos delincuente Valtonyc sostiene en sus letras que “ETA es una gran nación” o que “hay que poner una soga en el cuello al Rey”. Hay que recordar que ETA es una banda terrorista que asesinó a 850 personas, mutiló o abrasó de por vida a centenares, extorsionó a miles y dejó huérfanos a miles de niños. Un iletrado totalitario como tú es incapaz de entender que en democracia no hay derechos absolutos, bueno, para vosotros sí y obviamente para los demás no. Como sucede en esas tiranías que tan bien conoces.

En el fondo, y en la superficie, estás reclamando que a Federico y a mí nos metan en la cárcel. Lo que quieres es convertirnos en los Leopoldo López o en los Ledezma españoles. Claro que tampoco descarto que alguna vez se te haya pasado por la cabeza el deseo de que nos ocurra lo mismo que a Fernando Albán, concejal de la oposición democrática venezolana al que arrojaron desde el décimo piso de esa KGB tropical que es el Sebin de tu jefe Nicolás Maduro. Así operan las dictaduras. Desaparecen ciudadanos. Inventan suicidios. Distorsionan la realidad. ¿Así funcionaríais vosotros si tomaseis el poder?

Lo que más te pondría es poder disfrutar en España de un artículo como el 58 de la Constitución Soviética. Seguro que desconoces este epígrafe porque la Facultad de Ciencias Políticas de Somosaguas en la que ¿estudiaste? es una ciénaga desde el punto de vista intelectual. Por si acaso, te contaré de qué va. Entró en vigor en 1927 y creó la tan etérea como despótica e infinita en términos prácticos figura del “enemigo de los trabajadores y la revolución”. De tal suerte que bastaba con colgarte ese sambenito en un tribunal para acabar en la cárcel, en el Gulag o ante un pelotón de fusilamiento. Servía también para confiscar las pertenencias de los disidentes de la dictadura comunista y las de sus familias.

Lo de nuestra vinculación con las cloacas del Estado es un mantra que por mucho que lo repitas goebbelsianamente mil veces jamás devendrá en verdad. Pillín: aquí los únicos que os habéis reunido con fines espurios con el ex comisario Villarejo fuisteis el sin vergüenza fiscal de Juan Carlos Monedero y tú. Pronto contaremos con pelos y señales qué reclamasteis al policía ahora encarcelado. Mis citas y las de decenas de compañeros de la profesión con el personaje eran siempre para lo mismo: obtener información de manera legítima. Es el caso, por ejemplo, de alguien que conoces bien, Jesús Duva, director de comunicación del Ayuntamiento de Madrid y antaño buen periodista del diario El País.

Ni San Francisco de Asís, ni María Goretti, ni la madre Teresa de Calcuta, fueron precisamente las fuentes en el Watergate, en Filesa, en los fondos reservados, en las escuchas del Cesid, en el caso Gil, en Nóos-Urdangarin, en los sobresueldos de Génova 13, en la financiación en B del PP, en los sms de Rajoy a Bárcenas, en las cuentas en Suiza de Granados, en el dúplex de 496 m2 de Ignacio González, en el contrato de Neymar que provocó el adiós de Sandro Rosell, en el robo de Cristina Cifuentes, en las revelaciones de Corinna sobre las cuentas de Juan Carlos I en Suiza, ni tampoco en el Tesisgate de tu compañero de Presidencia del Gobierno. El periodismo de investigación exige, por razones obvias, verte con tipos cuya moral es la misma que la tuya. Por cierto: de esos 15 escándalos, nada más y nada menos que 13 los hemos destapado Manuel Cerdán y yo. El copyright tiene en algunos de estos episodios periodísticos un tercer padre: Antonio Rubio o Esteban Urreiztieta.

También exiges, entre líneas, el encarcelamiento de un José María Aznar al que tildas de “máximo responsable de la corrupción y culpable de una guerra criminal”. En este caso, como en el del arriba firmante y Federico, hay un tufo a vendetta. Venganza por los vapuleos dialécticos que te hemos metido. Cuando te sale ese gen de niño malcriado que habita en algunos hijos únicos se te nota. Y el día de la comparecencia del ex presidente Aznar en el Congreso de los Diputados la bilis te salía por la boca, las orejas, la nariz y todos los orificios que pueblan ese cuerpo tuyo con forma de J invertida. Aquella mañana de septiembre fue gloriosa: fuiste a por lana y te volviste trasquilado a tu casoplón de Galapagar.

A mí personalmente no me perdonas la cantidad de sinvergonzonadas que te he sacado. Especialmente, ese chaletazo cuyo perímetro se tarda en recorrer 7 minutos andando. No pierdo la esperanza de que algún día me concretes cómo conseguiste adquirir por 600.000 euros una casa cuyo valor de mercado se sitúa en torno al millón de euros. Cómo has satisfecho los 200.000 pavos que, mínimo, os ha costado rehabilitarla a Irene y a ti. Y también si pedirás perdón el día que asalten la casa de cualquiera de los vecinos de los seis pueblos que antes patrullaban los guardias civiles ahora dedicados a guarecer noche y día vuestra mansioncilla de burgueses capitalistoides.

Como tampoco estaría de más que me puntualizases si la cuenta en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas, con 272.000 dólares regalados por el Gobierno de Nicolás Maduro, ha servido para financiar el chabolo de la piscina modelo Pablo Escobar Gaviria. No afirmo, sólo cuestiono con tanta humildad como cariño, querido amigo. Aprovecho también, si me lo permites, para rogarte que me cuentes cuánto tiene que ver en esta campaña fascistoide contra los que no comulgamos contigo la doble victoria que te he infligido en la demanda que me interpusiste por desvelar y publicar los documentos que acreditaban la existencia de esa cuenta offshore. Papeles cuya veracidad certificó hasta el entonces (mayo de 2016) presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup, ahora desmontada de iure y en cierta medida también de facto por tu jefe de filas, el narcoasesino Nicolás Maduro.

Permíteme un último consejo: deja de ser tan machista y tan cavernícola con las mujeres. Lo digo por tu bien. Nadie te lo dice porque todos, menos 10 ó 12 a los que jamás nos amordazarás, te tienen miedo. ¿Te arrepientes de haberte mofado de una periodista en rueda de prensa “por el bonito abrigo de pieles” que llevaba? ¿No te da vergüenza haber afirmado desde la tribuna de la Cámara Baja que Andrea Levy “se calienta” con tu diputado Miguel Vila? ¿Cuándo pedirás perdón por ofrecerle tu despacho “para que conozca” al susodicho? Otra cosa: ¿cómo puedes erigirte en el máximo defensor del feminismo el 8-M tú, sí, tú, que quitas a Íñigo Errejón de portavoz del grupo parlamentario para poner a tu compañera sentimental? ¿No te parece machistoidamente repugnante haber desplazado a la última fila detrás de la columna a Tania Sánchez cuando rompisteis vuestra relación?

En fin, leccioncitas ni una, chavalote. El machito alfa de una banda financiada por una dictadura como la venezolana que tiene 400 presos políticos, eso sí que son presos políticos y no tus socios golpistas, y otra como la iraní que lapida adúlteras y ahorca homosexuales, estaría en el extrarradio de la vida pública en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania o los ejemplares países escandinavos. Y, desde luego, los medios de comunicación no te harían ji-ji-ja-ja como irresponsablemente sucede en este país llamado España que quieres devolver a ese 36 de tan infausto recuerdo.

No podrás con nosotros. Para silenciarnos no te bastará con asesinarnos civilmente. O con intentarlo. Para lograr ese objetivo tendrás que asesinarnos físicamente. Y no creo que ése sea tu objetivo ni tu modus operandi.

Quedo a la espera de tu respuesta. Mientras tanto, recibe mi más alta consideración:
Querido ‘Chepas’, perdón ‘Coletas’, perdón, Pablo IglesiasUn abrazo.

Del relativismo al sabotaje
Ignacio Camacho ABC 4 Noviembre 2018

Es grave, muy grave. La prevaricación moral del Gobierno con su injerencia en el proceso a los golpistas catalanes incrementa su inquietante carácter a medida que se van conociendo los detalles. El Ministerio de Justicia obligó a la Abogacía estatal, purga mediante, a borrar de su escrito la palabra «violencia» que aparece 23 veces en el escrito paralelo de los fiscales. La maniobra a favor del independentismo, en busca de una condena indultable, alcanza por su grosera brusquedad rasgos políticos de fraude. Los profesionales de la justicia están asombrados ante una intervención tan desaprensiva que roza el sabotaje, toda vez que provee a los acusados de argumentos para sus apelaciones y deja indefensos a los intereses nacionales. No se trata de un despropósito o un disparate sino de un movimiento calculado para ofrecer a los sublevados una rebaja penal relevante. Al final ha resultado que el método bolivariano de la intromisión en los tribunales no lo ha importado a España Podemos sino el mismísimo Sánchez.

Esta semana, en el cumpleaños de la princesa Leonor, el presidente leyó con toda solemnidad un artículo de la Constitución cuya derogación ha propuesto. En concreto, el de la indisoluble unidad de la nación española, que pretende modificar para encajar el concepto de plurinacionalidad en el modelo. Su relativismo es absoluto, adaptado con plena naturalidad a las circunstancias de cada momento; la falta de valor o de compromiso de su palabra le lleva a defender cualquier principio y su opuesto. También sobre la rebelión en Cataluña ha cambiado de criterio, pasando en pocos meses de afirmarla a negarla sin un parpadeo. En ese sentido, su relajada relación con la verdad supera la tornadiza evanescencia de Zapatero; simplemente resulta tan inconsistente como su pensamiento, cuya única categoría estable es el deseo de ocupar el poder por el máximo tiempo. Pero esta vez incluso ese cínico designio lo ha llevado demasiado lejos, porque hay cosas que un gobernante no puede hacer bajo ningún pretexto.

Por supuesto que Sánchez, como otro ciudadano cualquiera, está en su derecho de dudar que en la insurrección separatista existiese un componente claro de violencia, incluso de pensar que el delito de sedición, aunque minimiza la trascendencia cualitativa de la revuelta, sirve mejor al propósito de asegurar una condena. Lo que no puede de ninguna manera es trasladar su opinión a la causa para favorecer su estrategia, arrollando la división de poderes con una intolerable interferencia. Si quiere humillarse ante los nacionalistas, que lo haga en la esfera de su competencia y responda de ello ante el pueblo al que representa. Pero la decisión de inmiscuirse en el trámite procesal mediante una manipulación torticera no sólo constituye una extralimitación de funciones sino una invasión autoritaria que demuestra su falta de respeto al sistema.

Twitter y la arbitrariedad
El golpismo intenta anular toda discrepancia tanto en redes como en medios
Hermann Tertsch ABC 4 Noviembre 2018

Está claro que si acaban de bombardear Pearl Harbor no te preocupan los baches al garaje en Hawai, si entran las tropas alemanas en tu granja polaca no te irrita la fiebre de la vaca favorita y si te sorprende el 18 de julio de 1936 frente al Cuartel de la Montaña se te olvida la multa más reciente. Salvando las distancias, por la misma razón, inmersos en un golpe de Estado en España, no solo de los separatistas, con la complicidad de fuerzas con poder directo o indirecto en el Gobierno nacional, que te suspendan una cuenta de Twitter es lo de menos.

Y sin embargo, la ofensiva de cierres de cuentas en Twitter, sus sanciones arbitrarias, intimidaciones y mecanismos de censura son tan preocupantes como las amenazas de querella de Sánchez a ABC y otros medios. Querella que se cuidó de no presentar contra información fehaciente sobre la estafa de tesis doctoral de Sánchez. Preocupan las amenazas como los desprecios del matonismo ya habitual en los ministros, contagiado por el jefe y que es propio de los comunistas de Podemos en España y sus patronos en Cuba y Venezuela. Y alarman las leyes especiales que este Gobierno se quiere sacar de la manga para todo lo que le contraríe a él o a sus aliados comunistas y separatistas.

Aunque Sánchez no tenga palabra hay que tomarse muy en serio sus amenazas a los pocos medios que no defienden la operación que ha llevado a los enemigos del Estado a tener un poder decisivo sobre el Gobierno de la Nación. Van en serio, se consideran capaces y han demostrado que tienen el mismo respeto a las leyes y al Estado de Derecho que sus socios Torra o Junqueras, Otegui, Rufián o Iglesias: ninguno. Por eso hay que hacerles frente. Allá donde se pueda. Nos jugamos no una legislatura ni unos impuestos. Nos jugamos la libertad de los españoles para varias generaciones.

Es cierto que Twitter es muchas veces un nauseabundo lodazal. Los peores se sienten iguales a los mejores y pretenden vomitar más alto que ninguno. Twitter no tiene además el éxito de Facebook con sus 23 millones de usuarios en España. Instagram tiene 13 y Twitter que no llega a 5 millones. Pero es la red más política y como tal, las fuerzas de la extrema izquierda despliegan una presencia masiva y control por medio de la tecnología y su voluntad acosadora. Grupos de comunistas de Podemos concentran ataques contra quienes se significan como defensores de España y de la legalidad. Y la compañía forma parte de ese entramado globalista siempre amable a los comunistas. Por eso hay que estar. Porque España ha entrado en una decisiva batalla política y cultural. La Nación reacciona por primera vez en siete lustros ante una larga agresión totalitaria que cree poder acabar ahora con España y las libertades. Pero por primera vez esto puede acabar de muy diferente forma. Con el restablecimiento de las libertades, el fin del acoso a la verdad y la liquidación definitiva de la hegemonía mediática izquierdista que ha traído a la sociedad española a este estado de postración.

Apología de la mentira
En el presidente Sánchez hay más «marketing» que política: «El que resiste avanza», dicen en su equipo
Juan Fernández-Miranda ABC 4 Noviembre 2018

Este Gobierno eleva la mentira a la categoría de virtud. Desde 2014, el discurso político del hoy presidente siempre ha buscado el sol que más calienta y una vez instalado en La Moncloa nos quiere hacer creer que todo lo dicho y hecho son cosas del pasado, a pesar de las contradicciones. Lo demostró el viernes la vicepresidenta del Gobierno:en una defensa ciega y sectaria de su jefe llegó a decir que Pedro Sánchez nunca consideró el golpe independentista como un delito de rebelión. Menos mal que el periodista Juan Ruiz Sierra reaccionó rápido y le espetó la verdad:Sánchez dijo en mayo que «clarísimamente ha habido un delito de rebelión y sedición en España». «Pero entonces no era el presidente», respondió Calvo entre las risas de los periodistas y la incredulidad de miembros del Gabinete. Ella, sin embargo, se quedó tan ancha.

Ese argumento esconde una estrategia:Para este Gobierno, el presidente solo importa a partir de la moción de censura, y esto es así porque en él hay más «marketing» que política, lo que nos obliga a preguntarnos cuántos Sánchez hay y cuál es el verdadero:

- ¿El que en junio de 2014 se presentó ante los medios de comunicación como la opción liberal del PSOE, o el que pacta con el populismo para llegar al poder?

-¿El que en la moción de censura del pasado junio prometió convocar elecciones pronto o el que dijo dos meses después que su intención es agotar la legislatura?

- ¿El que votó sin rechistar la reforma del artículo 135 de la Constitución para garantizar la estabilidad presupuestaria o el que defiende que aquello fue un atropello a los españoles?

- ¿El que se presentó a la americana en su proclamación como candidato en 2015 de la mano de su mujer y con una con una enorme bandera constitucional o el que defendió en febrero de 2017 el carácter «plurinacional» del Estado?

- ¿El que aseguró en septiembre que acudiría al Senado a responder por el escándalo de su tesis o el que en octubre se negó a hacerlo para «prestigiar» la Cámara Alta?

- ¿El que dijo en la campaña de las elecciones generales de 2015 a Rajoy que no era una «persona decente» o el que ahora en el Gobierno considera «crispación» cualquier crítica legítima de sus rivales?

- ¿El que en 2015 dijo que «si una persona tributara menos con una instrumental estaría fuera de mi Ejecutiva al día siguiente» o el que mantiene como ministro a Pedro Duque a pesar de que, cuando menos, eso fue lo que hizo?

- ¿El que defiende el lenguaje soez de la ministra Delgado en las grabaciones de Villarejo o el líder de un Gobierno feminista?

- ¿El que da orden de proteger a la ministra de Justicia negando toda credibilidad a esas grabaciones o el que da orden de utilizarlas cuando la afectada es Cospedal?

- ¿El que en 2017, en su primera medida como redivivo secretario general del PSOE, votó en contra el acuerdo de libre comercio con Canadá (CETA) o el que como presidente del Gobierno lo avaló ante Justin Trudeau en Montreal el pasado septiembre?

- ¿El que en febrero de 2018 no apoyó el nombramiento del español Luis de Guindos como vicepresidente del BCE o el que seis meses después considera «desleal» que Casado critique sus Presupuestos en Europa?

El problema de Sánchez no es que su pensamiento evolucione, o que él cambie de criterio, es que las raíces éticas que lo sustentan no son las mismas. O se ha dado la vuelta como un calcetín o es que nada es verdad:ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social.

En el actual presidente del Gobierno, y también en el hombre que fue antes de llegar a La Moncloa, casi todo es mentira, porque nada es verdad. En política es razonable cambiar de idea, incluso en algunos casos es hasta aconsejable porque uno no debe gobernar solo para su electorado. Pero solo hay dos formas de justificar un cambio de criterio:«No he cambiado yo, sino las circunstancias»; y «he descubierto que estaba equivocado».

Ambas opciones son plausibles y por supuesto honrosas. El problema del presidente del Gobierno es la pátina de incoherencia que impregna lo mucho que dice, con ese tono displicente, y lo poco que hace. Da la sensación de que nos toma por tontos.

Savater apadrina en Navarra el primer acto unitario del centroderecha de la era Sánchez
Pese a la tensión de los últimos días, Rivera y Abascal coincidirán en el acto de España Ciudadana en Alsasua, donde también estará el PP.
Míriam Muro Libertad Digital 4 Noviembre 2018

El intelectual referente del constitucionalismo vasco, Fernando Savater, que hace casi dos décadas unió las manos del socialista Nicolás Redondo Terreros y del popular Jaime Mayor Oreja en la campaña vasca de 2001 -en la que el nacionalismo estuvo a punto de perder por primera vez el poder- será este domingo el protagonista en Alsasua (Navarra) del primer acto unitario del centro-derecha desde que la izquierda llegó al poder el pasado junio, merced a la moción de censura con la que Pedro Sánchez desalojó de La Moncloa a Mariano Rajoy.

Es cierto que se trata de una unidad sobrevenida, pues la convocatoria es unilateral de la plataforma España Ciudadana, impulsada por Ciudadanos, aunque será respaldada in situ por la presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, el portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, y el líder de VOX, Santiago Abascal, quien fue el primero en sumarse a la iniciativa. También es cierto que en los últimos días ha aflorado una importante tensión entre Ciudadanos y VOX, después de que el candidato que respalda la formación naranja para la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, se haya prodigado en los medios abogando por un "cordón sanitario" contra VOX, formación que no ha dudado en tildar de "extrema derecha" pese a que los dirigentes naranjas habían evitado ese calificativo.

No sólo eso, sino que Inés Arrimadas comenzó dando la bienvenida a Abascal al acto de Alsasua - donde en octubre de 2016 dos guardias civiles y sus parejas fueron brutalmente agredidos en un bar de la localidad - una actitud que luego fue enmendada por el número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas. La mano derecha de Rivera entró en el cuerpo a cuerpo con Abascal reprochándole sus ataques a Valls (en respuesta a la afirmación de "cordón sanitario" del político francés) y sitúandole en la órbita de Marine Le Pen, con cuya formación, al igual que con otras de Europa, VOX ha establecido contacto. Los de Abascal le recordaron a Villegas su pasado como candidato a las elecciones europeas de 2009 con Libertas, del eurófobo irlandés Declan Ganley, en una operación que pilotó el propio Rivera.

Con ese ambiente enrarecido pero al mismo tiempo de unidad inédita entre las dos grandes formaciones del centro-derecha, PP y Ciudadanos, y la tercera en discordia, VOX, que aspira a obtener representación institucional en las próximas citas electorales, se llega al acto de este domingo en la Plaza de los Fueros de Alsasua, donde los únicos oradores serán Savater, Rivera, y Beatriz Sanchez Seco, víctima del atentado de ETA contra la casa cuartel de Zaragoza de 1987. Escuchándoles estarán Abascal y los representantes del PP, pero es una incógnita si Rivera les saludará al finalizar el acto, en una instantánea que tendría, de producirse, una gran repercusión.

En declaraciones a Libertad Digital, Abascal asegura que "Rivera sabrá si en Alsasua tiene que hacer un discurso contra los agresores de los guardias civiles o contra quienes hemos padecido la persecución del terrorismo. Esa es responsabilidad suya, no mía. Nosotros solo vamos a apoyar".

Uno de los puntos discursivos singulares del acto, además de la denuncia de la agresión a los agentes de la Benemérita de hace dos años y la complicidad institucional con los agresores de las autoridades forales, incluida la presidenta navarra Uxue Barkos, será la petición de derogar la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que permite una eventual anexión de Navarra al País Vasco. Rivera apuesta fuerte por esa reivindicación tradicional del partido hegemónico de la derecha foral, Unión del Pueblo Navarro (UPN), socio del PP en las elecciones generales, hasta el punto de haberla incluido en el punto cuarto del decálogo de España Ciudadana.

La plataforma España Ciudadana nació en mayo, con la intención de Ciudadanos de convertirla en un gran punto de encuentro transversal sobre lo que une a los españoles. Ese fue el espíritu de su puesta de largo en Madrid, donde la cantante Marta Sánchez emocionó a los presentes interpretando a capela su versión del himno nacional. El acto se produjo apenas dos semanas antes de la moción de censura de Sánchez contra Rajoy que trastocó el panorama político español y, desde entonces, el resto de actos ha tenido un cariz más partidista, aunque siempre recurriendo a personas de la sociedad civil.

Difícilmente podía imaginar Rivera, cuando puso en marcha la plataforma, que el resto de partidos de su espectro ideológico acudirían a una de su convocatorias. Y es que nada parece poder anticiparse con antelación en el cada vez más cambiante escenario político español.

Amenazas
Una compilación de crónicas de la II República que da que pensar
Jon Juaristi ABC 4 Noviembre 2018

El lunes pasado se presentó en la Fundación Ortega-Marañón la compilación de las Crónicas de la República y de la Guerra Civil que Fernando Ortiz Echagüe (1892-1946) escribió para el diario bonaerense «La Nación» entre abril de 1931 y mayo de 1939. El autor, hermano del fotógrafo José y del pintor Antonio y tío del arquitecto César Ortiz Echagüe, no tuvo en España el eco y relevancia de sus famosos parientes, pues emigró a Argentina en 1917. Allí se incorporó a la redacción del periódico porteño y, desde 1918, ostentó desde París el cargo o función de coordinador o director de las corresponsalías europeas, amén de ocuparse él mismo de cubrir las de España, Francia y Alemania. Simpatizó con el Vernunftrepublikanismus de Weimar y, en consecuencia, con lo más cercano al mismo que encontró en la España de 1931, la Agrupación al Sevicio de la República, de Ortega, Marañón y Pérez de Ayala.

Las crónicas de Ortiz de Echagüe, en edición de Luis Sala González y publicadas por las Ediciones Espuela de Plata con un prólogo de la historiadora argentina Marta Campomar, ponen a disposición de los lectores actuales del mundo de lengua española una de las más inteligentes y fascinantes relaciones de las vicisitudes de la II República, desde su proclamación hasta su trágico final. Además de las crónicas propiamente dichas, incluye extensas entrevistas con políticos y militares, y hasta una con Charles Chaplin en Biarritz, amén de estampas taurinas de gran encanto. Pero lo mejor son, sin duda, sus análisis y pronósticos. Así, el 24 de noviembre de 1933, cinco días después de la primera vuelta de las elecciones generales que dieron el triunfo a la coalición de los radicales y la CEDA (y de las que dentro de pocos días se cumplirá el octogésimo quinto aniversario) «La Nación» publica un artículo de Ortiz Echagüe titulado «Puede ser un peligro el fuerte Partido Socialista», y por peligro no se refiere a un peligro electoral para la coalición conservadora en la segunda vuelta, a celebrar el 3 de diciembre, sino a un peligro para la nación (no para el diario argentino, precisamente).

Ortiz Echagüe observa que los socialistas volverán al Parlamento con sus efectivos reducidos a poco más de la mitad de los que poseían la legislatura anterior. La pérdida, opina Echagüe, no es tan catastrófica como lo que los propios socialistas piensan. Aún conservan votos y posibles escaños suficientes y necesarios para blindar el régimen republicano contra la amenaza de la extrema izquierda (anarquista) y de ahí que Azaña se esfuerce en lograr una alianza de radicales y socialistas para la segunda vuelta. Sin embargo, Ortiz Echagüe se confiesa abiertamente pesimista respecto a esta opción. No se resolverá, asegura el cronista, «el problema político que implica la existencia de un Partido Socialista fuerte que, por el camino que va, es una amenaza para la vida española» y cita, para fundamentar tal afirmación, el discurso de clausura de la campaña electoral que había pronunciado Largo Caballero y en el que, tras anunciar que el número de los diputados socialistas igualaría o superaría el obtenido para las Cortes Constituyentes, añadió: «Si son menos, se deberá al atropello de las autoridades, y entonces los socialistas tendrán que saltar las fronteras de la ley. Quisiéramos triunfar dentro de la democracia burguesa, pero ellos serán responsables si obtenemos el triunfo por otros caminos». Faltaba menos de un año para que se saltaran todas las fronteras de la ley que ellos mismos habían impuesto a la «república de trabajadores». Pongamos que no es la misma situación que la actual, pero, ¿a que las coincidencias son como para mosquearse?

Convulsión en la Abogacía del Estado: "Los hechos del escrito son mentira, ¡qué vergüenza!"
MANUEL MARRACO. Madrid. El Mundo 4 Noviembre 2018

La posición adoptada finalmente por la Abogacía General del Estado en la acusación del 1-O ha generado un malestar dentro del Cuerpo por la imagen de "sometimiento" al Poder Ejecutivo que ha llegado hasta la opinión pública.

Al día siguiente de que se hiciera público, fuentes de la Abogacía lamentan el contenido del escrito de acusación, devaluado respecto a lo que estaba inicialmente previsto. "Es una vergüenza la intromisión descarada del Gobierno. Una cosa es que pueda ser legal, porque representemos a la Administración, pero otra que sea aceptable con esa intensidad", afirman.

Consideran que en el caso del 1-O no se ha estado ante una discrepancia técnica que se resuelve a favor del criterio del superior jerárquico -"eso estaría dentro de lo normal"-, sino ante un caso "palmario" de que el Gobierno ha llegado ya a la Abogacía con su decisión cerrada. Las mismas fuentes discrepan tanto de la forma en la que se han reflejado los hechos en el escrito de acusación como de la calificación jurídica de sedición y el sistema del cálculo de penas de la malversación.

De los hechos, consideran "ridículo" que en el escrito no aparezca ni una sola vez la palabra violencia y que se escondan los numerosos actos violentos que se produjeron entre septiembre y octubre del año pasado. "Los hechos del escrito de acusación son mentira. Se ocultan cosas", explican las fuentes, indicando que se puede comprobar "comparándolo" con los hechos que presenta la Fiscalía en su escrito (23 veces se cita la violencia). "En una vergüenza", concluyen.

De la calificación jurídica de sedición, creen que responde más a cuestiones de oportunidad política que de precisión jurídica.

Finalmente, estiman que no es aceptable interpretar que la malversación era inevitable para cometer la sedición, algo que sí hace el escrito de acusación y que rebaja varios años la pena a parte de los encausados.

Las discrepancias dentro de la Abogacía entre los fiscales del caso y la posición que el Gobierno había hecho pública, contraria a la rebelión, se reflejó en el hecho de que el escrito de acusación no fuera firmado por éstos, sino por la propia abogada general del estado, Consuelo Castro. La máxima responsable de la Abogacía llegó al cargo el pasado mes de junio a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. A diferencia de lo que sucede con el puesto de fiscal general, el Gobierno es libre de nombrar o cesar al responsable de los servicios jurídicos del Estado.

La preocupación por "los daños" para la imagen de la Abogacía y las críticas públicas que el escrito de acusación estaba empezando a generar llevaron a la Asociación de Abogados del Estado a preparar un comunicado en defensa de la actuación del Cuerpo. A lo largo de la jornada del viernes, cuando ya había un borrador del comunicado, la abogada general transmitió a los miembros de la asociación que ella era contraria a la difusión de un escrito así. Finalmente, la directiva de la asociación, compuesta por 17 miembros, votó por no emitirlo. El anterior comunicado de la asociación se divulgó hace un año y mostraba su apoyo a los abogados del Estado que desempeñaban su tarea en Cataluña. En esta ocasión, la intención del comunicado era recordar que la Abogacía actúa ante los tribunales en defensa de la Administración del Estado con los intereses que le corresponden. También defendía el buen hacer de los abogados que actúan en todas las causas en las que está personada la Abogacía, bajo la dependencia jerárquica del abogado general y sometidos al principio de legalidad.

Defensa mínima de Llarena
La polémica interna sobre el delito por el que se debía acusar llegó después de que el ambiente en el Cuerpo quedara enrarecido por el amago de destitución del abogado jefe de Penal y del subdirector de Contencioso, como publicó este periódico el pasado jueves, a raíz de la polémica sobre el alcance de protección al juez Pablo Llarena. Después de que la ministra de Justicia optara por una defensa mínima del magistrado del Tribunal Supremo ante la denuncia en Bélgica de Carles Puigdemont, se conoció que la Abogacía del Estado habría respaldado en sus informes una defensa completa del instructor del sumario del 1-O.

La difusión de esos escritos ponía en un brete a la ministra Delgado, evidenciando que los titubeos en la defensa del juez se debían a su convicción personal y no a una necesidad jurídica de actuar así.

La reacción de Delgado fue comunicar a los dos abogados mencionados que quedaban relevados de sus cargos. Horas después se les comunicaba lo contrario, que seguían en sus puestos. En cuanto al resultado final del asunto de Llarena, el presidente del Gobierno enmendó a la ministra y ordenó una defensa integral del magistrado.

La siguiente fase en la que la Abogacía volverá a primera línea será cuando comience el juicio, previsiblemente en enero, si bien antes podría producirse una vista para resolver ciertas cuestiones que el Supremo debe abordar antes del juicio oral. Entonces se juntarán en el estrado de las acusaciones la Fiscalía, la Abogacía y Vox. Esta acusación popular presentó el viernes un escrito que no ve sólo un delito de rebelión, sino que ve dos.

Kosovo o la catástrofe del separatismo
«España ha hecho bien en negar a Kosovo el reconocimiento diplomático. Y hará bien en mantener esa postura, con independencia de los acuerdos eventuales a que lleguen serbios y kosovares. Porque la solución racional no fue la independencia ni lo es la partición de Kosovo. Es la reintegración del territorio en la soberanía serbia. De la que nunca debió salir»
Por Javier Rupérez ABC 4 Noviembre 2018

En esta misma página publiqué el 13 de septiembre de 2007 un articulo titulado «El error Kosovo» en el que analizaba el proceso que había de culminar en la independencia del que había sido territorio integrante de la República Federal de Yugoslavia, y luego de Serbia, antes y después de la disolución del conjunto de Yugoslavia. En él reflejaba las consecuencias de la intervención militar de la OTAN que desde el 23 de Marzo del 99 hasta el 10 de Junio del mismo año había actuado en contra de la política de limpieza étnica practicada contra los albaneses en el territorio y lanzada contra el todavía líder serbio Slobodan Milosevic y recordaba que habiendo sido ese el motivo de la intervención, llevada a cabo sin autorización del Consejo de Seguridad, este mismo organismo, en su Resolución 1244 había establecido la obligación de respetar la integridad territorial y la independencia política de la República Federativa de Yugoslavia al intentar resolver el conflicto de Kosovo. Para ello recomendaba la necesidad urgente de buscar fórmulas de autogobierno y autonomía. Antes de que acabara la intervención militar, el 6 de mayo de 1999, los países miembros del G8 (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Japón, Italia, Alemania, Canadá, Rusia) habían rubricado una declaración conjunta en el mismo sentido.

Sin embargo, y en vista de la continuación de los problemas en el territorio, el que fuera presidente de Finlandia Martti Ahtissari, enviado especial de la ONU para Kosovo, elaboró un informe en el que, contradiciendo lo establecido por el Consejo de Seguridad en su Resolución 1244, llegaba a la conclusión de que la única solución viable para solucionarlos era la declaración de independencia. El informe, que nunca fue aprobado por el Consejo de Seguridad, condujo efectivamente a tal fin: Kosovo declaró su independencia en 2008. Los Estados Unidos se apresuraron a reconocer el nuevo estado y bajo la influencia del impulsivo e influyente diplomático americano Richard Holbrooke, que había forzado a los lideres exyugoslavos al arreglo de paz concluido en Dayton, Ohio, en 1995, la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea hizo lo propio. Era comprensible que Serbia negara su reconocimiento a un estado nacido como consecuencia de la ruptura de su integridad territorial. Otro tanto hicieron unos cuantos países adicionales, Rumania, Bulgaria, Rusia y España entre ellos. Los tres primeros guiados por un prurito de solidaridad de raíz cristiano-ortodoxa con los serbios. Para el nuestro la motivación era y sigue siendo distinta y evidente: la ruptura del principio de la integridad territorial de los estados, tal y como recogen la ONU y el Acta Final de Helsinki, constituye una invitación a que otros lo hagan propio. Cataluña y el País Vasco vienen inmediatamente a la cabeza. Pero también Córcega, Flandes, Baviera, Padania, Escocia… Kosovo, que no es miembro de la ONU, ha sido ya reconocido por más de un centenar de sus miembros, mientras que son alrededor de cincuenta los que no lo han hecho.

La evolución del Kosovo independiente constituye una enmienda total a los que creyeron que con la separación se solucionarían los problemas. La convivencia entre la mayoría albanesa y la minoría serbia no ha mejorado mientras que el territorio, a todos los efectos prácticos, se ha convertido en un estado fallido donde el imperio de la ley brilla por su ausencia y son las mafias criminales las que imponen la suya, creando una insoportable situación interna de inseguridad y contagiando con ella a vecinos y próximos. Serbia, entre tanto, se ha visto obligada por la UE a buscar un acomodo con los separatistas albaneses si quiere culminar con éxito sus negociaciones de entrada en el conglomerado de Bruselas, como ya hace tiempo consiguieron las tambien exyugoslavas Croacia y Eslovenia. Resulta incomprensible desde este punto de vista el entusiasmo prokosovar que ha desplegado la Republica Federal de Alemania, pero cuya tozudez apunta ya a un posible acuerdo: el que consistiría en una nueva separación, esta vez consistente en ceder a Serbia las partes del territorio habitadas mayoritariamente por ciudadanos de origen serbio. Abriendo con ello la posibilidad de que en un futuro no muy lejano el Kosovo albanés buscara con Albania el arreglo que no deja de inquietar a las cancillerías occidentales: la creación de la Gran Albania, que no tardaría en poner tambien en peligro la integridad territorial de otra antigua república yugoslava, Macedonia, que cuenta entre su población con una minoría albanesa. Aspiración permanente de una de las más letales tentaciones del nacionalismo étnico/linguístico/religioso de los Balcanes.

Hace ya once años en estas mismas páginas yo escribía: «…Un Kosovo independiente no sólo vulnera el principio de derecho internacional que reclama respeto a la integridad territorial de los Estados. Concede alas, desde la cúspide de la comunidad internacional, a todos los irredentismos separatistas que quieran abolirlo. Apuesta por una sociedad sin matices, compuesta exclusivamente por los de un mismo color, una misma lengua, una misma raza o una misma religión. Crea inevitablemente una nueva inestabilidad regional, que acabará por afectar gravemente a todos los vecinos. Y constituye claramente un gigantesco paso atrás en todos los esfuerzos de la humanidad para construir comunidades de ciudadanos diferentes y libres, capaces de convivir pacíficamente a pesar de sus diferencias».

España ha hecho bien en negar a Kosovo el reconocimiento diplomático. Y hará bien en mantener esa postura, con independencia de los acuerdos eventuales a que lleguen serbios y kosovares. Y con independencia también de las presiones en contrario que pueda recibir de Washington o de las capitales europeas. Porque la solución racional no fue la independencia ni lo es la partición de Kosovo. Es la reintegración del territorio en la soberanía serbia. De la que nunca debió salir. Mal que le pese al premio Nobel de la Paz Ahtissari. O al neowilsoniano y autodeterminador Holbrooke. Todo lo demás, como estamos viendo, es pura locura. Releo mis textos de hace once años y me suenan a profecía. Qué lástima.

Javier Rupérez es miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

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La felonía de Sánchez
FRANCISCO ROSELL El Mundo 4 Noviembre 2018

Cumpliendo las diez de últimas que le dictaron sus socios independentistas y podemitas, Pedro Sánchez ha recurrido al «puñal del godo», en la peor tradición de traidores a la causa de España, para acuchillar al Estado de derecho y hacer dejación extrema de sus deberes como presidente del Gobierno. Al final, es lo de siempre: "Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional". Como el felón de Fernando VII al jurar la Constitución de Cádiz en marzo de 1820 y, después de ser tenido por El Deseado, renegar desde ese día contra la Carta Magna. Eso es cabalmente lo que ha hecho un presidente que a su cuestionable legitimidad de origen suma su cada vez más palpable ilegitimidad de ejercicio.

Contraviniendo todas sus promesas, el doctor Sánchez, ¿supongo? no sólo valida el golpe de Estado de los insurgentes en Cataluña, sino que posibilita que estos asalten la nave del Estado y arrebaten el timón a un presidente encantado de haberse conocido. No es extraño, disfrutando de las bicocas y prebendas de ese Estado al que socava con estúpida irresponsabilidad.

Lo peor del caso es que, después de humillarse y humillar al Estado para recabar el apoyo de los independentistas a los Presupuestos, estos lo han dejado en ridículo. Si él lo consiente, allá él y su conciencia, pero los españoles no debieran transigir con tamaña falta de respeto a sus instituciones.

En vísperas del Día de Difuntos, por mor de su atrabiliaria conducta, Sánchez ha hecho verdad lo escrito por Larra en su célebre artículo de 1836 sobre esta elegíaca efemérides: "Aquí yace media España; murió de la otra media". Tratando de sepultar el Régimen del 78, formalizó su claudicación ante los independentistas al cumplimentar una de las exigencias que estos verbalizaron la mañana del viernes 19 de octubre. Fue horas antes de que su también socio, Pablo Iglesias, visitara en prisión a uno de los dos cabecillas del golpe, Oriol Junqueras, para rendirle pleitesía e implorarle su apoyo al proyecto de presupuesto en común del Gobierno y de Podemos. Pere Aragonès, mano derecha de Junqueras en el golpe y actual vicepresidente de la Generalitat con Quim Torra, reclamó a Sánchez que, por medio de la Abogacía del Estado, el Gobierno reorientara la causa del 1-O.

Dicho y hecho. Haciendo mangas y capirotes con el trabajo desarrollado hasta ahora por los Servicios Jurídicos del Estado, el Gobierno ha coaccionado a estos a retirar su calificación provisional de rebelión y marca así el camino a la Fiscalía para cuando llegue la hora de fijar sus peticiones en firme. Sánchez retoma así la discrecional doctrina que el otrora Fiscal General del Estado y hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, puso a disposición de Zapatero en sus tejemanejes con el terrorismo etarra: "El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino", dado que el ministerio público no puede ser ajeno a la realidad social, "sino profundamente comprometida en su transformación". Parecida argumentación esgrimió el viernes la ministra de Justicia, la fiscal Delgado, para explicar el volantazo de la Abogacía.

Aún en los momentos más dramáticos del PSOE, siempre se alzaron voces críticas cuando la situación de emergencia lo requería. Ahora sólo se escucha un clamoroso silencio

Sánchez atropella así la independencia judicial española y la pone en solfa en el ámbito internacional al municionar los requerimientos independentistas de cara a su recurso en Estrasburgo. A este paso, como en la sátira de Horacio, "Solventur risu tabulae, tu missus abibis", esto es, la causa acabará en risas y quedarán libres de cargos. Nunca tan pocos hicieron tanto daño al Estado de Derecho.

Conviene insistir en que, al margen de la mayor pena, la rebelión entraña una transgresión contra el orden constitucional -esto es, un golpe de Estado-, mientras la sedición supone un quebrantamiento del orden público. Todo ello después de que Sánchez manifestara que era clarísimo el delito de rebelión. Claro que las opiniones del doctor Jekyll para llegar a La Moncloa no comprometen al mister Hyde apoltronado en el Palacio (Carmen Calvo dixit).

Ante esa deserción del Gobierno, cabe preguntarse qué espectáculo aguarda cuando el separatismo, con su dominio de las artes escénicas, convierta el juicio en un proceso a la democracia española como en su día los alzados del 23-F.

No es para menos cuando, además, anuncia por adelantado el indulto a los golpistas en pago a que estos le hicieran presidente mediante una moción de censura que supone un cambio de régimen en España. Por eso, fue incapaz de responder a la interpelación directa que le hizo en este sentido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. No era cosa que le creciera aún más la nariz de Pinocho. Todo en él se revela fraudulento como su tesis doctoral. Ya lo advierte el adagio latino: "Falsum in uno, falsum in omnibus" ("Quien falsea un punto, los falsea todos").

Habiendo rebasado ampliamente las rayas rojas que prometió no saltarse, empero, casi todos en su partido callan como muertos. No hacen siquiera un mohín de protesta ante los desatinos de un presidente al que los españoles le dispensaron los peores resultados de la historia reciente del PSOE. ¿Qué ha sido de tanto barón y baronesa socialistas sino verduras de las eras? Aún en los momentos más dramáticos del PSOE, siempre se alzaron voces críticas cuando la situación de emergencia lo requería. Ahora sólo se escucha un ensordecedor y clamoroso silencio.

Cuántos independentistas deberán ser cortejados antes de aprender la lección

En una tesitura similar como fue la asonada del 23 de febrero de 1981, un Gobierno tan débil, pero firme en sus convicciones, como el de Leopoldo Calvo Sotelo, supo estar a la altura de aquella dramática encrucijada logrando las máximas penas contra sus promotores, sin ningún posterior indulto. Amén de ello, conjurada la asonada mediante la histórica comparecencia televisiva del Rey Don Juan Carlos en la que éste se ganó el Trono, aquel Ejecutivo capeó la campaña de desprestigio que se maquinó contra el Monarca desde ámbitos proclives al golpe. Como anota Calvo Sotelo en su Memoria viva de la Transición, al igual que los hombres de Nehemías, el artífice de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, "con una mano levantábamos los muros y con la otra sosteníamos la espada".

Contrariamente a su padre, en su particular 23-F que fue el 1-O separatista y que tuvo su plasmación en su memorable alocución televisiva del 3 de octubre, Felipe VI vive a cuerpo gentil la campaña de hostilidad y hostigamiento secesionista, mientras el Ejecutivo avala la despenalización de las injurias al Jefe del Estado.

A diferencia de su antepasado Felipe IV que acometió la conquista de Breda con el mejor estratega de la época, el genovés Ambrosio de Spinola, y consiguió hacer capitular a Justino de Nassau, de la casa de Orange, Felipe VI debe confiarse a un presidente tributario de quienes quieren romper España y a los que entrega las llaves, poniendo del revés el óleo velazqueño de Las lanzas. Como antaño los visigodos lo fueron de los caudillos moros merced a la traición del Conde Don Julián, luego reivindicado por Juan Goytisolo, tras franquearles el paso del Estrecho de Gibraltar en venganza, según la leyenda, al ultraje de Don Rodrigo a su hija.

Que nadie dude de que, una vez repuestos los golpistas, como acaeció con Companys en la II República, ellos seguirán a lo suyo con mayor fuerza y más crecidos. Por eso, en un instante tan oscuro, tiene sentido parafrasear las palabras de Churchill a Lord Halifax cuando éste le instó a negociar con Hitler y a abandonar su fantasía de luchar hasta el final: cuándo aprenderemos la lección, cuántos independentistas deberán ser cortejados, apaciguados, colmados de inmensos privilegios antes de que se aprenda la dolorosa lección de que "no se puede razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca".

Presuntos rebeldes y reglas de juego

Roberto L. Blanco Valdés La voz 4 Noviembre 2018

Los españoles debemos prepararnos para lo que se nos viene encima: el más importante proceso penal que tendrá lugar en nuestro país desde el que juzgó a los implicados en el golpe de Estado militar de Tejero y compañía. Tan trascendental como aquel, pero muchísimo más grave.

Sí, muchísimo más grave por una circunstancia que sería una irresponsabilidad desconocer: porque, a diferencia de lo que aconteció hace ahora tres décadas y media en el Juicio de Campamento, en esta ocasión una parte importante de las fuerzas políticas (las nacionalistas, por un lado, y Podemos y sus confluencias, por el otro) niegan rotundamente la legitimidad del poder judicial para juzgar a los procesados. Lo que, inevitablemente, está teniendo una notable y muy perversa influencia sobre la población a la que tales fuerzas representan.

Y no se trata -entiéndaseme bien- de que ERC, el PDCat, Podemos, el PNV, Compromís, el BNG o En Marea discrepen de la calificación de rebelión llevada a cabo por la fiscalía, o de la de sedición establecida por la Abogacía del Estado. Ni siquiera se trata de que todos esos partidos consideren que, en realidad, los procesados no han cometido delito alguno y que por tanto el tribunal que los juzga debiera dictar un veredicto de inocencia. Aunque tal consideración exige un grado absoluto de ceguera, una contumaz negativa a ver la realidad, no seré yo quien discuta el derecho que tienen esas fuerzas a defender la delirante teoría de que organizar una insurrección no debe ser considerado delito si sus autores son los dirigentes de las instituciones autonómicas en lugar de un grupo de guardias civiles y altos mandos militares.

No, lo terrible no es eso -o, en cualquier caso, no es eso, principalmente- sino un hecho que resultaría insólito e increíble en todos los países democráticos: que las fuerzas políticas aludidas renieguen, como si ello fuera algo natural, de las reglas de juego sobre las que reposa el funcionamiento del Estado de derecho. Es decir, que renieguen, entre otras, de la obligación del Estado de juzgar a los que han podido cometer acciones tipificadas como delito en el Código Penal a juicio de quienes en estos momentos están legitimados constitucional y legalmente para tomar las oportunas decisiones: la fiscalía, el juez instructor y el tribunal sentenciador.

Los partidos y los ciudadanos tienen derecho a opinar lo que estimen oportuno sobre las decisiones de los órganos del poder judicial, pero ni unos ni otros pueden poner en duda su legitimidad para hacer aquello que constituye una inexcusable obligación. Y esa y no otra es desde hace meses la inaudita posición de Podemos, sus confluencias y los nacionalistas: negar la legitimidad del Estado democrático para exigir las responsabilidades que se derivan de la presunta violación de las leyes. Una forma como otras de defender la barbarie frente a la civilización.

C.C y D.D. toreando al alimón.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 4 Noviembre 2018

CARMEN CALVO MIENTE SIN INMUTARSE Y SE BURLA DEL PERIODISTA. DOLORES DELGADO NIEGA LA MAYOR Y SE LÍA EN UNA MADEJA DE JUSTIFICACIONES DE LA CALIFICACIÓN DE DELITOS DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO.

Ayer la comparecencia a la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros se caracterizó por el protagonismo de las dos responsables de los temas más mediáticos ajenos a lo acordado en el Consejo de Ministros: la exhumación e inhumación de los restos del dictador Francisco Franco y la comunicación de la Abogacía del Estado sobre la calificación definitiva de los delitos de los enjuiciados en el llamado “proceso” y los indultos. Esta vez, la representante habitual, la Ministra portavoz Isabel Celáa permaneció en la sala sentada en la zona de los periodistas y se evitó el mal trago de volver a ser interpelada por el tema de su ocultación de su abultado patrimonio en su declaración de bienes obligatoria y que aún no ha rectificado. Tras una primera fase donde Carmen Calvo hizo de portavoz de los temas del Consejo de Ministros, se dedicó a dar su versión personal del encuentro con el Cardenal Pietro Parolin en el Vaticano y que ha traído una serie de desmentidos y una nota de prensa por el Vaticano rectificando por primera vez en la historia diplomática de ese Estado a un representante extranjero.

Carmen Calvo se explayó en el contenido de la reunión con el Cardenal en la que ahora solo destaca el que ella transmitió cual era la intención del Gobierno de España respecto a la exhumación y la inhumación de los restos del dictador. En cuanto a la exhumación dijo que se haría porque así le obliga la Ley, anunciando el rechazo del recurso presentado por los monjes Benedictinos encargados de la Basílica y que los restos serían exhumados. Respecto a la posición del Vaticano afirmó que obtuvo una respuesta clara de que la Iglesia no se opondrá a la exhumación. Pero otra vez obvió el contenido de la nota de rectificación emitida por el Vaticano donde se añade la coletilla de “si así lo han decidido las autoridades competentes” y es ese matiz en el que hay discrepancias ya que el Estado no es autoridad competente en el recinto de la Basílica, aunque el conjunto monumental sea de Patrimonio Nacional y necesita la aprobación del Arzobispado de Madrid y, por supuesto, el permiso de la familia de Francisco Franco.

En cuanto a la inhumación, la corrección del Vaticano a las declaraciones de Carmen Calvo, fueron más explicitas al negar el que el Cardenal Pietro Parolin “en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación”, aunque también matizó que “Es cierto que la señora Carmen Calvo expresó su preocupación por la posible sepultura en la catedral de la Almudena y su deseo de explorar otras alternativas, también a través del diálogo con la familia. Al Cardenal Secretario de Estado le pareció oportuna esta solución”. Carmen calvo se refirió a una reforma de la ley de Memoria Histórica para imponer a la familia de Franco el que elija un lugar donde no pueda ser exaltada y enaltecida su figura, negando su inhumación en la Capilla anexa de la Catedral de la Almudena. En este aspecto, Carmen Calvo quiso dejar clara la determinación del Gobierno de cerrar este tema, heredado como tantos otros, aludiendo a temas como el de las inmatriculaciones de la Iglesia en España a efectos fiscales, y que a eso obedeció la llegada de este Gobierno (tras la moción de censura) en un cambio de posiciones y de políticas que, en algunos casos, cierren asuntos que llevan pendientes mucho tiempo y encontremos soluciones.

A continuación, intervino la Ministra de Justicia Dolores Delgado para dar cuenta de la calificación de delitos presentada por la Abogacía del Estado sobre los enjuiciados por el “proceso” secesionista en Cataluña del año pasado. Hizo una breve introducción sobre el momento en que la Abogacía del Estado se persona en la causa el pasado mes de enero del 2018 por orden del Gobierno de Mariano Rajoy, enfocada al delito de malversación de caudales públicos y que el juez Pablo Llarena aceptó en una providencia en febrero. En el transcurso de la Instrucción (sin especificar el momento) la Abogacía amplió su acción de seguimiento y análisis a los delitos de rebelión y desobediencia, delitos que el juez instructor Pablo Llarena atribuyó en su Auto de procesamiento preliminar presentado el pasado 2 de julio y que, tras la resolución de los recursos presentados, elevó a definitivo en el mes de agosto.

Seguidamente Dolores Delgado presenta el documento elaborado por la Abogacía General del Estado remarcando que los hechos analizados ”se circunscriben a los actos previos y preparatorios al pretendido referéndum del 1 de octubre y posteriores”. ¿Y qué pasa con los actos posteriores y hechos violentos contra las FFyCCSE de esos días que desembocaron en la sesión del 27 de octubre con la declaración de independencia? Habla de los tres ámbitos de autoría referidos al Parlamento, el Gobierno de la Generalidad y la Sociedad Civil y los particulariza en los miembros del Gobierno, los componentes de la Mesa del Parlamento y los dos máximos representantes de ANC y OMNIUM. Los delitos imputados se establecen también en tres: sedición, malversación de fondos (entendido ambos en relación en lo que se llama “concurso medial” en cuanto a que la malversación se realiza como medio para conseguir el fin de la sedición) y por último el delito de desobediencia grave a resoluciones judiciales. Describe en base a lo anterior las condenas pedidas para cada uno de los enjuiciados. Dolores Delgado no hizo ninguna mención al cambio de criterio de la Abogacía de apreciar rebelión hasta hace bien poco y ahora determinar el de sedición.

Tras esta breve exposición se dio paso al turno de preguntas que ocupó más tiempo que el usado en las dos intervenciones. En estas hay que resaltar:

- D.D. (Dolores Delgado) niega que el posicionamiento de la Abogacía sea un gesto sino que es una cuestión técnico jurídica de valoración de los hechos bajo criterios profesionales.

- C.C (Carmen Calvo) niega haber discutido sobre una reforma del código penal sobre el delito de rebelión. Afirma que esta es la primera vez en que las acusaciones se pronuncian sobre los delitos en el caso y que hasta hora lo que ha habido ha sido un debate extenso a nivel social y de expertos sobre los delitos. El Gobierno respeta el tiempo procesal donde estamos.

- C.C. El indulto es una figura constitucional y que si se quiere revisar hay que decirlo porque no es una reforma menor. (En este sentido lo que recoge la Constitución es como una atribución del Jefe del Estado en el Art. 62 apartado i) “Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”). Lo malo es que los indultos han sido el arma política más discrecional usada por los diferentes Gobiernos de España, en algunos casos de forma totalmente escandalosa.

- C.C. Exige lealtad a los partidos políticos respecto a buscar una vía de salida al problema de Cataluña e insiste en que la figura del indulto está en la Constitución.(¿Es eso una confirmación de que están dispuestos a indultar a los golpistas?)

- C.C. reconoce que son diferentes los ámbitos en los que se mueve la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pero que aquí todos califican los delitos, incluso los partidos políticos que entiende que presionan también a la justicia. Pide respeto al momento procesal.(Parece claro que el Gobierno ha estado presionando también a la Justicia y por lo que se ve a la Abogacía del Estado)

- C.C. se reafirma en que la inhumación de los restos de Franco será en un sitio privado y decoroso donde no pueda ser enaltecido porque eso es lo que obliga la ley (se supone que con la reforma que están tramitando).

- D.D. niega que la Abogacía se hubiera manifestado sobre la clasificación de los delitos hasta este momento.(Falso, anteriormente había aceptado el Auto del juez Llarena sin comentar nada sobre el delito de rebelión).

- C.C. Niega que el “Presidente del Gobierno” se hubiera pronunciado sobre la calificación del delito. Lo diferencia del ciudadano Pedro Sánchez cuando declaró en mayo que veía el delito de rebelión.(Esto es de traca. Pedro Sánchez ahora es como dios uno y trino: Presidente, ciudadano y espíritu veleta).¡Carmen, por favor!

Una comparecencia en la que las dos intervinientes carecen de credibilidad porque han mentido de forma descarada durante sus comparecencias previas sobre estos y otros asuntos como el de la grabaciones de Villarejo a Dolores Delgado. Es de resaltar la actitud chulesca y totalitaria exhibida por este Ejecutivo y por la vice Carmen Calvo en la pifia de la exhumación -inhumación´n de los restos del dictador, caracterizada por la precipitación e improvisación constante, llegando incluso a la amenaza y no dudando en modificar las leyes sectarias como la de la Memoria Histórica para violar derechos como el de la libre elección del lugar de enterramiento, aduciendo cuestiones de futuros supuestos disturbios públicos. Una actitud dictatorial inaceptable en nuestra democracia.

En cuanto al uso de la Abogacía del Estado en asuntos que no son de su incumbencia al haber asumido su personificación (recuérdese que era en defensa del Ministerio de Hacienda) en el delito de malversación de caudales públicos en el proceso como parte perjudicada del Estado, se trata de un intento de influencia en la causa y uso descarado de una Institución totalmente dependiente del Gobierno de España, cuyos intereses políticos se encuentran seriamente influenciados por las exigencias de sus “socios” de Gobierno que le mantienen en el Congreso y de los que depende la aprobación de los PGE. Niegan que este cambio de actitud de la Abogacía sea consecuencia de la cesión a ese chantaje como gestos de buena voluntad, pero el cambio radical de criterio de la Abogacía, aunque sea esta la primera vez que oficialmente se manifieste en la causa, resulta sorprendente y tremendamente sospechosa por la levedad de las acusaciones imputadas y la irrisoria petición de condenas sensiblemente inferiores a las de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Es imposible desligar la relación causa efecto.

Este posicionamiento escandaloso claramente influenciado por el Ejecutivo es absolutamente despreciable e inadmisible. La respuesta de los demócratas debe ser acorde y proporcional con la desfachatez que demuestra este Ejecutivo a la hora de mantenerse en el poder a toda costa y cueste lo que cueste.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!! ¡¡¡ELIMINACIÓN DE LA FIGURA DE LOS INDULTOS DE LA CONSTITUCIÓN!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

Un Gobierno golpista
La Tribuna del País Vasco 4 Noviembre 2018

Una chusma de extrema izquierda conformada por un PSOE en ruinas acompañado de una extensa horda de radicales podemitas, filoetarras, independentistas, antisistema, racistas y populistas, y avalada por el PNV, ha tomado el control del Gobierno para convertir a este país en un estercolero ético y político, de claro aliento golpista, sobre el que construir un nuevo Frente Popular, tan totalitario como el que abrió las puertas a la guerra civil española.

No hay que engañarse. Quienes están gobernando España, legitimados también por un Partido Popular dimisionario rebosante de estupidez política, de anomia ideológica y de desvergüenza moral, son los mismos que llevan décadas transmitiendo la idea de que siempre hay una causa “decente” detrás de las bandas terroristas que actúan contra los valores occidentales y que se posicionan permanentemente junto a tantos miserables como abundan en España especializados en aprovecharse de nuestro sistema de libertades, de nuestro Estado del bienestar, de nuestras “leyes burguesas” y de nuestro irrenunciable derecho a la libertad de expresión para tratar de promover una agenda oculta de iniciativas y objetivos que tiene más que ver con la revolución comunista, las revueltas bolivarianas y con las algaradas antisistema que con la búsqueda del desarrollo, el progreso y el bienestar para todos los ciudadanos.

A cambio de poner en venta el Estado democrático, Pedro Sánchez ha sido entronado y está siendo mantenido en el Gobierno por un conglomerado infecto, sectario y barriobajero de izquierdistas bananeros e independentistas xenófobos que no se cansan de exigir guillotinas para todos quienes no rebuznan como ellos. Y, de esta forma, se ha convertido en un presidente legítimo pero indecente que gobierna bajo mínimos un territorio sonrojante en el que el término diálogo se santifica como una panacea casi mística, en el que el recurso a la “libertad de expresión” sirve para justificar todo tipo de acciones totalitarias, en el que se identifica como “fascista” a todo aquel que se atreve a disentir de su pensamiento único presuntamente progresista y en el que las más inmensas necedades morales e intelectuales, a fuerza de repetirse incesantemente, acaban convirtiéndose en pretendidas verdades colectivas.

Ante esta realidad escabrosa y ante la constatación cierta de que el anillo de partidos políticos infames que se ha hecho con el control de España, la 14 potencia económica mundial, representa indudablemente el sentir de millones de ciudadanos, solamente podemos hacernos una pregunta, fijándonos, sobre todo, en el futuro de nuestros hijos: ¿Qué sociedad puede alumbrarse con esta mugre humana que mezcla proterrorismo militante, ecofascismo, totalitarismo identitario, integrismo ideológico, fanatismo político y una inmunda ideología de género y que, en el fondo, lo único que demuestra es un odio visceral a nuestro sistema de libertades y a los valores éticos que conforman nuestra forma de vida?

Pedro Carlos González Cuevas, profesor de Historia de las Ideas en UNED y uno de los analistas más destacados del país, en una entrevista publicada en La Tribuna del País Vasco hace ya más de tres años, ya adelantó la situación que ahora vivimos: “Este crecimiento de la izquierda radical no solo es un peligro para el sistema democrático sino que es también, y esto es casi más importante, una clara amenaza para el Estado y para la nación española. Sin Estado y sin nación, no hay democracia. En España, hay una crisis global. Una crisis económica, una crisis del modelo de Estado, una crisis de representación y una grave crisis social. Todo el sistema de convivencia que nació con la Transición, está en cuestión. No digo que vaya a caer en unos pocos días, pero se encuentra muy cuestionado. Si en los próximos meses la izquierda radical consigue una representación importante en las instituciones, esta situación se agravará. Y nuestra sociedad estará realmente en peligro (...) Además, la izquierda y la extrema izquierda española creen, siguiendo a Lenin, que los nacionalismos favorecen la subversión, ya que una forma de acabar con el Estado es fragmentándolo. Ahora mismo, Izquierda Unida o Podemos y otras fuerzas lo que buscan es unirse con los nacionalistas para destruir el Estado. Es así de simple. Y de tremendo”.

Un proyecto frente a un chalaneo
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli  4 Noviembre 2018

La recientísima hazaña de Sánchez, Abogacía del Estado mediante, es de vergüenza ajena, pero el que esté libre de culpa que arroje el primer reproche

Los nacionalistas catalanes han tenido un proyecto desde el momento mismo de la gestación del Pacto de la Transición. Este plan se ha ido adaptando en su desarrollo estratégico y en su evolución táctica a las circunstancias de cada etapa y a las características de sus sucesivos interlocutores en las instancias centrales, pero jamás ha variado en su propósito final, en su pertinacia y en su determinación. Frente a este empeño sostenido y siempre al ataque, los dos grandes partidos nacionales y sus gobiernos han mantenido una continua posición defensiva, entreguista, cortoplacista y pusilánime. Ante el diseño de una ofensiva de trazos crecientemente nítidos, la España en manos del PP y del PSOE se ha ido desdibujando con el tiempo en su identidad colectiva, en su presencia en Cataluña, en su armazón institucional, en su autoridad legítima y en su capacidad de proteger a sus ciudadanos de los abusos y atropellos de los secesionistas.

La historia de los últimos cuarenta años ha sido la de una cobarde retirada de los elegidos por los españoles para preservar la vigencia de la Constitución de 1978 en todo el territorio nacional cada vez que los independentistas, mediante un nuevo embate, ganaban espacios de poder. Jamás se ha revertido esta tendencia pese a frenazos ocasionales de unos y reacciones esporádicas de otros. Un observador imparcial de este penoso proceso ha de llegar forzosamente a la conclusión de que un bando, el de los separatistas, ha sabido permanentemente adónde quería ir en tanto que el de enfrente, los gobiernos de la Nación, solamente ha tenido claro hasta qué límite podía ceder en las distintas coyunturas con tal de acceder a La Moncloa o seguir ocupándola. Si hay dos barcos, el primero con un rumbo sólidamente fijado y un puerto de arribada inequívocamente seleccionado, y el segundo con el timón desencajado y carente de destino conocido, no hay que ser adivino para señalar cuál amarrará en el muelle deseado.

El último episodio de esta triste película ha sido el brusco cambio por parte de la Abogacía del Estado de la calificación de los delitos cometidos el 1 de Octubre de 2017 por los cabecillas del levantamiento violento acaecido en Cataluña contra el orden constitucional. Obedeciendo órdenes del Gobierno, al que deben acatamiento, sus letrados, en contra de su propio y reiterado criterio, han renunciado a acusar de rebelión a los principales responsables del golpe para rebajar su planteamiento al menos grave de sedición. Al apartarse así de las tesis del magistrado instructor y de la Fiscalía, Pedro Sánchez ha confirmado lo que todos sabíamos acerca de su nivel moral y político. Sin embargo, y eso no va para nada en su descargo -la ignominia cometida por los demás en ningún caso justifica la nuestra- su vil comportamiento de hoy no es conceptual ni éticamente distinto al seguido por sus predecesores en innumerables ocasiones. Los que pusieron en su día el grito en el cielo cuando Felipe González le transfirió graciosamente a Jordi Pujol el 15% del IRPF se apresuraron a subir la puja al 30% pocos años después a su particular conveniencia. Y los mismos que se rasgaron las vestiduras cuando José Luis Rodríguez Zapatero otorgó a los separatistas un nuevo Estatuto que reventaba las costuras de la Ley de leyes, habían aplicado su artículo 155 para poner en manos de la Generalitat la gestión de los puertos de interés general y el control del tráfico en las carreteras catalanas sin que aparentemente les temblara el pulso. La recientísima hazaña de Sánchez es de vergüenza ajena, sin duda, pero el que esté libre de culpa que arroje el primer reproche.

La diferencia entre Sánchez y los anteriores presidentes del Consejo de Ministros es su impúdica capacidad de modificar en pocos meses -seis en el caso que nos ocupa- no ya sus recursos tácticos o incluso sus orientaciones estratégicas, sino la base doctrinal, legal y moral de sus políticas. El joven y arrollador secretario general del PSOE no es que aplique de manera oscilante un cuerpo ideológico, es que lo abandona para adoptar el opuesto con la agilidad de un experimentado volatinero. Si en Mayo pasado afirmaba enfáticamente que las fechorías cometidas por Puigdemont, Junqueras, Forcadell y restantes componentes de la banda, correspondían, “lógicamente”, a la figura penal de la rebelión, hoy, con similar convicción, cree que no hay para tanto y que la sedición es más apropiada. Obviamente, no es posible razonar semejante salto mental y jurídico, porque quien presenta como suya una tesis que no ha escrito está preparado para bajezas del volumen que haga falta. Lo que esta inaudita pirueta ha demostrado es que la toxicidad potencial del personaje es comparable a la surgida de las entrañas de la central nuclear de Chernobyl la infausta jornada de la fusión de su núcleo.

El Gobierno de Pedro Sánchez es el postrer eslabón de una larga cadena de chalaneos que está a punto de precipitar a España a una catástrofe irreversible. Salvo que el PP de Pablo Casado y el Ciudadanos de Albert Rivera tomen conciencia de la extrema gravedad de la situación y actúen urgentemente con la energía y la conjunción de esfuerzos necesarios, se dilapidará un capital histórico, humano, económico, social y cultural que ha costado muchos siglos acumular. Una mayoría de españoles están ahí, esperando su llamada para apoyarles. Ni pueden ni deben decepcionarles.

Partido bisagra, partido veleta
Manuel Marín ABC 4 Noviembre 2018

Ciudadanos convive entre la prosperidad que le proporciona ser un partido bisagra y el riesgo de transformarse en un partido veleta. De momento, los resultados electorales en los últimos años no permiten concluir que la apuesta de ser compatible a izquierda y derecha esté arruinando a Albert Rivera. Al contrario. Liderar un partido bisagra se ha convertido en un valor en alza en esta etapa de «multipartidismo paralizante», frente a la fase de aquel «bipartidismo complaciente» y aburguesado que durante 30 de los 40 cuarenta años de democracia nunca había sido amenazado.

Un partido bisagra está bien percibido y considerado por una parte templada del electorado que no es dogmática, que se inclina por criterios volubles de simpatía y liderazgo ocasional, y que a veces, siempre sin excesos, es progresista o a veces conservadora, pero siempre vota en clave moderada aferrada a la etiqueta «bienqueda» y reversible de liberal. En el ideario colectivo, el partido bisagra es constructivo y compatible, genera estabilidad y se adapta sin problemas a los estándares democráticos más alejados de la radicalidad. Históricamente, hay unos tres millones y medio de votantes en ese espectro electoral oscilante.

Sin embargo, un partido veleta representa todo lo contrario. Adquiere una connotación negativa en el electorado, es percibido como indeciso y oportunista, y el factor positivo que conlleva la complementariedad de principios y valores se convierte de repente en un pésimo riesgo de incoherencia. En su cuarta acepción, la RAE define el término veleta como «persona inconstante y mudable», y a ella se asocian el oportunismo, el tacticismo, la provisionalidad, y la carencia de ideas sólidas porque sus prioridades son la ambivalencia, los principios reversibles y la pirueta ideológica.

En el combate político, la línea que separa la bisagra de la veleta puede ser muy fina. Y el margen de error para ser corregido, prácticamente nulo. Tras un año en el que Ciudadanos ha favorecido ser un partido asimilado a la derecha porque Rivera emergía como líder con calibre suficiente como para sustituir en el poder a un PP desnortado y con una dirección debilitada, ahora ha decidido cambiar el rumbo con un golpe brusco de timón. Emprende el regreso al centro para no ser identificado como un siamés de Pablo Casado, cuyo liderazgo al frente del PP nunca pareció entrar en los planes originarios de Rivera.

Hasta la llegada de Casado, a Ciudadanos le convenía, y beneficiaba, ser la ilusión óptica de esa parte del votante de la derecha hastiado de Mariano Rajoy que había emprendido una huida del PP en busca de otro partido con una mínima vitola de convincente frente a la izquierda populista. Pero a Rivera la actual coyuntura le ahoga. Ha desplazado el eje sobre el que giraba y a veces da la sensación de que el Gobierno de Pedro Sánchez le desorienta tácticamente. La moción de censura ha estrechado su margen de maniobra, y Ciudadanos empieza a temer la pérdida de una parte del terreno conquistado a su derecha. Contra Rajoy vivía mejor, y hoy le distorsiona la emergencia de un PP que, según los sondeos, ha conseguido contener la hemorragia de votos, e incluso ha iniciado una ligera recuperación rehabilitando un discurso de «valores» que había arrinconado a favor de una concepción puramente tecnocrática de la gestión política.

Por eso, tan pronto Rivera compite con Casado por endurecer el tono con una hipotética re-intervención de la Generalitat de Cataluña, como pretende erigirse en portavoz de la oposición con la fake tesis de Pedro Sánchez. Tan pronto vota y bloquea con el PP proyectos alumbrados por PSOE y Podemos cuando fuerzan los resortes de la normal práctica parlamentaria, como permite a esos mismos partidos tramitarlos semanas después. Tan pronto se pone al frente de la manifestación contra hipotéticos indultos contra los líderes del independentismo, como pacta las cuentas públicas con el PP en la Asamblea de Madrid o permite gobernar a Susana Díaz en Andalucía.

Rivera es consciente de que la reversibilidad tiene un riesgo, pero necesita dar una de cal y otra de arena sin solución de continuidad. Son bruscas maniobras a lo «Loco Iván», similares a las que ejecutaban antiguamente los submarinos de la URSS para despistar al enemigo de un modo sorpresivo y temerario. Ciudadanos fabrica golpes de efecto, cambia el paso inopinadamente para distinguirse de Casado, y cultiva, en un complejo ejercicio de funambulismo, la manera de «marcar» de cerca de Sánchez dejándole espacio suficiente por si en las próximas elecciones generales la suma de escaños entre PSOE y Ciudadanos cuadrase para conformar un Gobierno de coalición.

A Rivera le queda ahora calibrar la prueba electoral de Andalucía, convertida en el laboratorio que le confirmará si su estrategia es la idónea o si, como ha ocurrido siempre -excepto en el singular caso de Cataluña-, las encuestas han sobredimensionado las expectativas reales de Ciudadanos. Hasta ahora, ser un partido bisagra le ha funcionado. Pero seis años después de convertirse en una formación de implantación nacional, el temor a ser percibido como un partido veleta puede empezar a convertirse en un riesgo.

¿Monarquía?; ¿República?: Catalunya!
El futuro de España se está jugando en Cataluña. El conflicto ha conseguido bloquear el sistema político. Lo que está en juego ahora es el funcionamiento del sistema parlamentario
Carlos Sánchez elconfidencial 4 Noviembre 2018

Hace poco más de un siglo, el 21 de abril de 1907, tras la dimisión obligada del liberal Montero Ríos, España celebró unas elecciones generales marcadas por la crisis catalana. Unos meses antes, en noviembre de 1905, se habían registrado los llamados hechos del '¡Cu-Cut!', que nacieron a raíz de que un grupo de militares de la guarnición de Barcelona asaltara las redacciones de dos publicaciones afines al catalanismo: ‘La Veu de Catalunya' y el semanario satírico '¡Cu-Cut!', vinculadas a la Lliga Regionalista de Cambó y Prat de la Riba

Una viñeta antimilitarista, en la que el dibujante Junceda se reía de forma velada de las derrotas del ejército, y que hoy resultaría infantil, había encendido la mecha. Los autores del asalto, ejecutado contra el "catalanismo separatista", lejos de ser juzgados, fueron respaldados por autoridades del Estado, incluido el monarca Alfonso XIII.

Meses después, el parlamento aprobó la llamada Ley de Jurisdicciones, que ponía bajo la tutela de la justicia militar ciertos delitos de opinión, lo que los catalanistas moderados interpretaron como una agresión. El propio Alfonso XIII, que se dirigió a los cuartos de banderas para asegurarles que obtendrían satisfacción, llegó a jactarse de haber redactado de su puño y letra la ley, en vigor hasta 1931.

Su aplicación, como se sabe, representó el primer choque entre poder civil y militar del siglo XX, y "una subida notable en la temperatura del conflicto nacionalista", como ha sostenido el historiador Moreno Luzón. Fue en ese contexto de crispación política en el que fraguó una alianza contra natura de todos los partidos para presentarse a las elecciones de 1907, y que Cambó resumió en una célebre sentencia: ¿Monarquía?; ¿República?: ¡Catalunya!

La coalición, presidida por un anciano Nicolás Salmerón, expresidente de la I República, logró integrar en una misma lista electoral a catalanistas moderados, integristas, federalistas, republicanos y a los viejos carlistones del XIX. Su éxito fue indiscutible. Solidaritat Catalana obtuvo 41 de los 44 diputados elegidos en Cataluña, cuando dos años antes los catalanistas —por separado— apenas habían logrado seis diputados.

La sacudida fue tremenda. Sobre un censo de 511.694 electores, votaron 309.764 personas, es decir el 61%. Y nada menos que 211.791 sufragios (el 68%) fueron a parar a Solidaritat Catalana.

La cuestión catalana
Como han sostenido muchos historiadores, a partir de aquellas elecciones nada fue ya igual en Cataluña, aunque tampoco en el resto de España. En palabras de Moreno Luzón, la cuestión catalana, que había irrumpido como una pequeña brecha en el sistema político al despuntar el siglo, se había convertido, como la cuestión clerical, la educativa o la obrera, en uno de los ejes de la vida pública española, como bien pudo comprobar en sus propias carnes la II República al cabo de poco tiempo.

Más de un siglo después, la cuestión catalana sigue siendo el centro de los debates, y, como en aquella ocasión, ha acabado por contaminar todo el sistema político. De hecho, no solo lo ha contaminado, sino que lo ha envenenado. Hasta el extremo de que hoy, incluso, la propia jefatura del Estado —no sólo la presidencia del Gobierno— está en el punto de mira del independentismo.

Probablemente, porque la vía judicial para encauzar el debate soberanista ninguneando cualquier estrategia política de largo alcance, ha sido un completo fracaso, lo que explica que hoy no solo esté roto el frente soberanista (a quien solo une su enfrentamiento con el Estado), sino que los propios constitucionalistas son víctimas de una fractura que ha hecho colapsar el sistema parlamentario, donde solo triunfan el griterío y las malas formas. El barro político en el sentido más genuino del término.

Es en este sentido en el que se puede decir que el independentismo ha ganado. Si su objetivo era desestabilizar y hacer inviable el sistema político del conjunto del Estado (que necesita acuerdos para resolver los grandes asuntos del país) el objetivo se ha conseguido.

Hoy el Gobierno, con una insultante minoría, es incapaz de aprobar siquiera los presupuestos generales del Estado, y no digamos otras leyes que necesita España para encarar las inmensas transformaciones que se están produciendo en los países de nuestro entorno. No hay margen alguno para hacer política parlamentaria. Ni siquiera para resolver los problemas más urgentes, como las pensiones o la precariedad laboral.

Como ha señalado el profesor Alfredo Pastor en 'La Vanguardia', y en contra de lo que pueda parecer, lo que está en juego no son las balanzas fiscales con Cataluña, ni las cercanías, ni siquiera el corredor mediterráneo, sino la oportunidad de desempeñar en Europa el papel que le corresponde a España, hoy atrapada en una feroz lucha intestina.

Miopía política
Y no es así, probablemente, porque los principales partidos del arco parlamentario han sido incapaces de tejer una estrategia global sobre la actualización del modelo territorial 40 años después de la proclamación de la Constitución, y, más en concreto, han sido completamente inoperantes a la hora de dibujar una solución (aunque sea temporal) para encarar la cuestión catalana, que solo puede abordarse desde una visión global que tenga en cuenta al conjunto del Estado, como sucedió en 1978.

Cataluña, al contrario, de lo que muchos piensan, no es un botín electoral ni un pulso entre el Estado y la periferia. Entre otras cosas, porque las comunidades autónomas son la esencia del Estado, de ninguna manera un cuerpo extraño creado artificialmente. Cataluña es un problema de todos los españoles, no solo un conflicto entre catalanes.

La miopía política es de tal calibre que, incluso, el Gobierno Sánchez pretende buscar soluciones con acuerdos bilaterales con el independentismo a través de las comisiones mixtas Generalitat-Estado, lo cual es un completo disparate.

Parece obvio que cualquier normalización de la vida política pasa, primero, por que los partidos constitucionalistas alcancen un acuerdo sobre qué hacer con el pacto territorial que alumbró la Constitución en 1978, y que hoy aparece agrietado.

Sin duda, por la deslealtad del separatismo, pero también por la incapacidad de los partidos constitucionalistas para ofrecer salidas a un conflicto que amenaza con arrastrar al vacío a varias generaciones de españoles. Y la aparición de una extrema derecha que construye su discurso sobre la bandera no es más que un aviso a navegantes. Es la demostración de un fracaso de nuestro modelo de convivencia, como ha sucedido en otros países.

Diseñar una estrategia conjunta desde el constitucionalismo para atacar el problema catalán no es, de ninguna manera, menospreciar el papel de los tribunales, que deben seguir haciendo su trabajo con independencia del poder político. Y es verdad que aplicar la ley es una condición necesaria para dignificar la democracia española ante la gravedad de los delitos cometidos, pero nunca será suficiente para desbloquear un conflicto político que solo la política debe resolver, y que hoy está consumiendo ingentes recursos para no llevar a ningún sitio.

Si la historia sirve para algo es para aprender que el victimismo, como sucedió en las elecciones de 1907, es una fuente inagotable de votos. Los nacionalismos de uno y otro lado lo saben, y por eso lo explotan políticamente.

Harían bien los líderes políticos (incluidos los nacionalistas) en sentarse alrededor de una mesa y empezar a aportar soluciones antes de que un nuevo caso '¡Cu-Cut!' estalle delante de nuestras narices, y que bien pudiera ser la condena firme de los acusados. En particular, tras la previsible condena de un Junqueras legitimado ante buena parte de la población tras pasar muchos años en prisión. Sería el mejor homenaje que se pueda hacer a la Constitución del 78 y a los valores cívicos que representa.

Dictadura lingüística en Cataluña
La Generalitat insta a los colegios a enseñar español con acentos latinoamericanos
Luz Sela okdiario 4 Noviembre 2018

El nuevo modelo lingüístico urge a la escuela a "profundizar en los registros formales de la lengua" española
La Generalitat elimina el español de los recreos, el comedor y las actividades extraescolares

El nuevo modelo lingüístico de la Generalitat plantea modificaciones en el sistema vigente para hacer frente a los “cambios sociolingüísticos” en el aula. Y, entre esos cambios, está una mayor presencia de alumnado de origen extranjero y, en concreto, procedente de países de América Latina. El documento, que servirá de guía para el tratamiento de las lenguas en el sistema educativo, establece que el español debe adaptarse a esa realidad y, por tanto, su enseñanza se hará con distintos “registros”.

Por primera vez, el texto admite que el español “es una lengua lingüísticamente muy próxima al catalán” y también que existe “una gran presencia social de la lengua castellana”. Y reconoce incluso que “en muchos entornos, el castellano es la lengua mayoritaria de los alumnos del centro educativo y tiene una presencia social muy alta”. Por ello, se dice, “el castellano se tiene que enseñar como lengua primera de los alumnos, ya que la traerán de casa y del entorno”.

“Valorar la diversidad”
Pero hasta ahí la ‘mano blanda’. Porque, a continuación, el texto urge a la escuela a “profundizar en los registros formales de la lengua” y a “valorar la diversidad, cada vez más presente en nuestro país, de esta lengua (especialmente con hablantes que provienen de América Latina)”. Es decir, enseñanza del castellano sí, pero adaptándola a los “registros” utilizados por el alumnado, los que correspondan a los países latinoamericanos.

El enfoque supone, una vez más, un maltrato al idioma español en Cataluña. El nuevo método otorga cierta libertad a la escuela para decidir su modelo educativo, y qué lengua prioriza, pero, al fin y al cabo, existe una condición: que los alumnos deban dominar igualmente el catalán al término de su escolarización. Todo ello, además, teniendo en cuenta que el texto advierte en varias ocasiones de que “el idioma de la escuela es el catalán”.

La prioridad de la lengua catalana sigue siendo evidente ya desde las primeras páginas del documento, donde se insta, entre los objetivos principales, a “reforzar el papel de la lengua catalana como lengua de referencia del sistema educativo y potenciar su uso por parte del alumnado”.

El plan contempla además otra polémica medida, en aras, según el Govern, de la “cohesión social”: la introducción de una segunda lengua extranjera -como chino o árabe- que, en la práctica, acabará desplazando también la enseñanza del español.

Otras lenguas
La Generalitat considera que la administración debe velar para que los alumnos puedan aprender en horario extraescolar o ampliando nuevas lenguas en horario lectivo como optativa una segunda lengua extranjera, por lo que introducirá en algunos centros estas lenguas menos habituales.

Además, se apuesta por las “lenguas de origen del alumnado”. Marruecos y Rumanía son los principales países de procedencia de la inmigración en Cataluña.

Pese a este nuevo modelo, la Generalitat sigue dando pasos para aislar el uso del castellano en Cataluña.
Como reveló OKDIARIO, un informe de la Consejería de Educación, que marca las pautas a aplicar en todos los colegios públicos en el curso 2018/2019, elimina el español de forma absoluta en los patios y comedores de los colegios, así como en las actividades extraescolares.

El informe lleva por título ‘Documento para la organización y la gestión de centros: El tratamiento de las lenguas en el sistema educativo’, y, a lo largo de once páginas, recuerda que la lengua catalana debe ser el vehículo de expresión y comunicación utilizado en todos los espacios del centro. La ‘vigilancia’ en el empleo del catalán corresponderá no solo a los docentes, sino también al personal de servicio, encargado de los patios, comedores y las actividades extraescolares.

El requisito lingüístico para los funcionarios, por la puerta de atrás del Presupuesto valenciano
XAVIER BORRÀS. Valencia. El Mundo 4 Noviembre 2018

Compromís quiere 'colar' la exigencia de valenciano a los funcionarios como enmienda a la Ley de Acompañamiento porque cree que la Ley de Función Pública no se aprobará en esta legislatura

La reforma de la Ley de Función Pública y, con ella, la introducción del requisito lingüístico para acceder a una plaza de funcionario en la Administración pública, es uno de los grandes compromisos legislativos del primer mandato del Botànic en la Generalitat.

La obligación de acreditar el conocimiento del valenciano figura en el borrador del anteproyecto de la Ley de Función Pública que, en los próximos días, se volverá a someter a criterio de la Mesa General formada por las consellerias de Justicia y Hacienda y los sindicatos mayoritarios en la Administración.

Sin embargo, Compromís, el socio nacionalista del Consell, comienza a desconfiar del retraso que acumula esta ley y de que el calendario político permita la aprobación del texto en las Cortes Valencianas, una vez haya cumplido los trámites consultivos previos y el Consell remita el proyecto de ley a la cámara legislativa.

Dado que Compromís no quiere afrontar la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas sin haber aprobado el requisito lingüístico, su grupo parlamentario ha encargado la elaboración de varias enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2019 con el fin de colar la medida por esta puerta de atrás, un auténtico cajón de sastre que sirve cada año para cambiar infinidad de leyes autonómicas.

Los nacionalistas consideran que tanto el PSPV como Podemos darán respaldo a esta vía de aprobación del requisito lingüístico dado que ya existe un acuerdo político y sindical «cerrado» sobre la fórmula que se va a emplear en la Ley de Función Pública. De momento, sin embargo, ni socialistas ni podemitas tienen noticia de las intenciones de Compromís, que maneja este asunto con discreción y no ha adoptado una decisión definitiva, según explican a EL MUNDO fuentes de la formación que lidera la vicepresidenta Mónica Oltra.

El Grupo Parlamentario de Podemos ya criticó hace algunas semanas la «timidez» y el retraso de sus socios del Consell en este aspecto: «Valdría la pena preguntar por qué no se ha presentado a trámite la Ley de Función Pública que aprobaría esta cuestión y resolvería las dudas en cualquier ámbito», señaló el diputado César Jiménez.

Para el PSPV, sin embargo, no se trata de una cuestión prioritaria de la legislatura. Tampoco para su sindicato afín, UGT, aunque ni socialistas ni ugetistas se oponen ya al requisito lingüístico con la fórmula pactada en el anteproyecto.

La fórmula «pactada»
El artículo 60 del anteproyecto de la Ley de Función Pública, en el que se contemplan los requisitos de acceso a las plazas de empleo público, establece que cualquier aspirante a un puesto de empleo en la Administración valenciana «deberá acreditar la competencia lingüística en el conocimiento del valenciano que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes».

La fórmula es la misma que establece la ley balear tras la reforma que impulsó el Gobierno regional de la socialista Francina Armengol. Se fija en ambos casos un marco ajustado a lo que permite la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para luego regularlo en un decreto que ya determina los niveles de exigencia para cada puesto.

Por tanto, la ley contempla un posterior desarrollo reglamentario en el que se afinará con detalle la contundencia con la que se aplica el requisito en el caso de la Administración pública valenciana.

De momento, la Ley de Función Pública admite que, a la hora de hacer el examen de oposición, «el personal aspirante tendrá derecho a elegir libremente la lengua oficial de la Comunidad Valenciana en la que desea realizar las pruebas selectivas, lo que conlleva a su vez el derecho a recibir en la misma lengua los enunciados de los ejercicios».

El último borrador de la norma introdujo un nuevo cambio para preservar la «debida prestación de los servicios públicos» en la Sanidad, por encima de la obligación que puedan tener los funcionarios de acreditar el conocimiento del valenciano. El sector sanitario, por su especialización, merece un trato legal distinto para garantizar que no se produce una «fuga de talento», sobre todo entre el personal médico.

En concreto, la disposición final cuarta establece que, al margen de lo que se disponga en un reglamento posterior sobre el grado de conocimiento exigible a cada nuevo aspirante a funcionario, «excepcionalmente, en el ámbito sanitario y de la salud, si hay necesidad de personal y éste no dispone de la competencia lingüística acreditada, primará la garantía de la debida prestación de los servicios públicos en los términos que se determine reglamentariamente».

Se trata de una iniciativa de la propia consellera Gabriela Bravo (PSPV) que, en contra de lo que informó este diario cuando reveló esta «excepción sanitaria», no contó con la aprobación explícita de la directora general de Función Pública, Eva María Coscollà, nombrada a propuesta de Compromís, ni del secretario autonómico de Justicia, Ferran Puchades, ambos defensores de una vía más dura en el requisito lingüístico.

Puchades, militante del Bloc, se ha quejado en privado del «excesivo protagonismo» de Gabriela Bravo en este y otros asuntos en los que, según asegura su entorno, ni siquiera ha sido consultado.

La exigencia del conocimiento del valenciano vendrá determinada reglamentariamente en cada uno de los puestos a los que se opte. Se reclamará el Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixement para el A1 y A2; el Básico para el C1 y el C2; y el Conocimiento Oral para agrupaciones profesionales.

En los tres años largos de la legislatura actual, los decretos que establecen los reglamentos de provisión y selección de puestos del personal público, tanto en la Administración general como para el personal estatuario en Sanidad, no han incluido la obligación de conocer el valenciano. Eso sí, se establece, para la Administración General, que quien no haya acreditado el conocimiento de la lengua asista a cursos para poder hacerlo. Esto no rige para la Sanidad.

CÓMO LO REGULÓ EL PP
La ley valenciana de Función Pública anterior, aprobada en 2010 bajo mandato del Partido Popular, establecía en su articulado que el valenciano podía ser un mérito, pero no una exigencia: «Quienes superen las pruebas selectivas, acreditarán sus conocimientos de valenciano mediante la presentación de los certificados, diplomas o títulos que hayan sido homologados por la Generalitat, o mediante la realización de un ejercicio específico al efecto». Tal y como estaba fijada la cuestión hasta ahora, «el personal que no pudiera acreditar dichos conocimientos debe realizar los cursos de perfeccionamiento que a este fin organice la administración de la Generalitat», rezaba la ley anterior. El requisito lingüístico para el profesorado en Educación lo instauró de manera generalizada el Consell bajo mandato del PP.

Los intérpretes «blindados» de la Generalitat: 700 euros al día
La política del Govern para fomentar el catalán ha hecho que la profesión de traductor al castellano se cotice al alza en la comunidad y ha conducido a situaciones esperpénticas como la entrevista en TV3 en la que Colau acabó ejerciendo de traductora
Ángel N. Lorasque. larazon 4 Noviembre 2018

És molt difícil per a la gent del carrer, pels activistes, arribar a governar? La política ha d’anar cap aquí? Cap a incorporar persones que venen del carrer? Quizá, aunque usted no hable catalán, entienda en líneas generales la pregunta. Pero si esta cuestión se la hace una periodista durante una entrevista televisada en directo y no habla esta lengua, lo más probable es que se quede con la misma cara que puso el ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo. En la mesa del programa «Preguntas frecuentes», moderado por Laura Rosel, se encontraba el político colombiano y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. «Por un oído escucho la traducción y con el otro trato de entender directamente y tengo una confusión», le explica Fajardo a Rosel. Ella se la repite de nuevo en catalán. Colau y ella ríen. Él insiste. «No entiendo, me lo puede decir en español, en castellano», le pide el suramericano a la alcaldesa que al final es ella quien ejerce de traductora. Una situación ridícula que en los últimos días se ha convertido en viral (aunque la entrevista se emitió el 20 de octubre). Lo más chocante es que tras concluir la entrevista a tres, se abre el debate con otros tertulianos y la charla vira al castellano. Salvo la presentadora, que continúa en catalán. El intérprete del programa sigue traduciendo a través de un auricular al alcalde de Medellín (el único que no es catalán parlante) durante el resto de la entrevista. Las dudas y quejas que han inundado las redes sociales coinciden en por qué si todos hablaban castellano no se utilizó este idioma para entrevistar al colombiano y ahorrar así un servicio extra (el de la traducción simultánea) a costa del contribuyente. ¿Es necesario que una televisión pública invierta en servicios de interpretación cuando son, en determinados casos, claramente innecesarios? ¿Por qué Rosel se negó a pronunciar una palabra en castellano mientras que en ocasiones anteriores sí lo hizo, por ejemplo, para entrevistar a un miembro de ETA? «Yo ya estoy de vuelta en Colombia con todas las controversias de acá...», zanja el ex alcalde de Medellín cuando este diario se pone en contacto con él para saber cómo vivió ese incómodo momento.

Lo cierto es que la televisión «de la Generalitat», TV3, se ha convertido en la mayor abanderada de la defensa del catalán en una obsesión que roza el esperpento, como pudo verse en este programa del ente público, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), la cual recibió este verano una inyección de 20 millones extra. Aunque, sin duda, este sinsentido también tiene su parte positiva, sobre todo para el sector de los intérpretes y traductores de catalán al castellano que han visto cómo en estos años su trabajo cotiza al alza. LA RAZÓN ha hablado con una docena de ellos que han explicado con detalle el impulso que ha tomado su profesión. Eso sí, todos han pedido anonimato por si sus opiniones «incomodan» a los inquilinos de la Generalitat y prescinden de sus servicios. «Ahora podríamos decir que estamos en temporada alta, porque los actos oficiales para los que nos llaman se suman a los congresos y reuniones empresariales que se multiplican en estas fechas. Nosotros habitualmente trabajamos para instituciones de la Generalitat y también para la televisión pública catalana siempre que nos los solicitan», explica una de las trabajadoras de la principal asociación de traductores de Cataluña. Ellos realizan traducciones simultáneas como la que tuvo lugar en el programa «Preguntas frecuentes». ¿El precio? «La normativa europea establece que los intérpretes debemos cobrar 700 euros por jornada de trabajo. Es decir, por ocho horas», explica la gestora de dicha empresa. Según detallan, estas jornadas son de ocho horas, pero con trabajo de hora y media y descanso de otra hora y media que es cuando toma el relevo el siguiente. O sea que por una jornada serían dos personas y un total de 1.400 euros. «Aunque en España es un poquito inferior el sueldo», matiza. Según la Agencia Especializada de Traductores e Intérpretes la tabla oficial de precios es de 530 euros por jornada en traducción simultánea y 615 en consecutiva (modalidad que consiste en comenzar a traducir cuando el sujeto ha concluido una frase o argumento). «Además, luego puede subir más el caché en función de la experiencia», apuntan desde la agencia. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan los traductores simultáneos? ¿Qué ocurrió durante la entrevista con el «pinganillo» del alcalde de Medellín? «La calidad del sonido debe ser muy buena y es necesario contacto visual con las personas que participan en la charla. Cualquier mínimo error puede dar lugar a una ralentización de la traducción. Normalmente, los intérpretes están en la sala de los técnicos para evitar que haya interferencias. También hay que saber manejar bien los tiempos y tomar las notas necesarias para no olvidar ninguna de las preguntas», aclara otra experta en interpretación catalán-castellano.

«Ir a Alsasua no sirve si luego no se ayuda a los guardias civiles»
Así lo afirma en una entrevista para LA RAZÓN Inmaculada Fuentes, madre del teniente de la Guardia Civil agredido en Alsasua
C.S. Macías. larazon 4 Noviembre 2018

Una llamada telefónica diciéndole que su hijo había sido agredido la expuso como madre coraje. Fue la voz del silencio del teniente de Alsasua al que los abertzales golpearon hasta partirle el tobillo. Se enteró después, en el juicio, de que los radicales querían «reventarlo». Madre y esposa de guardia civil aún siente angustia cuando su hijo, Óscar, en algún momento no le coge el teléfono y dice que a ella le costará mucho superarlo. La «España Ciudadana» de Albert Rivera que hoy celebra un acto en el municipio navarro le ofreció participar, pero ella declinó la invitación.

¿Cómo recuerda aquel día de la agresión a su hijo?
Lo vivimos con mucha angustia, mucha preocupación y mucha incertidumbre. Lo primero era saber cómo estaba mi hijo, qué había pasado y qué iba a pasar a partir de ahí. Nos apoyaron, evidentemente los compañeros del Cuerpo. Por parte de la Institución de la Guardia Civil también vino a visitarle tanto el DAO como el director general que estaba en ese momento; y amigos y gente de Alsasua que había hecho buena relación con él y que también tuvo la deferencia de venir al Hospital a verle. Al cuartel poquitos se atrevían a subir... Covite nos apoyó desde el principio y Consuelo Ordóñez fue con tres personas más a plantarles cara a los abertzales.

Ortega Lara y Abascal fueron al cuartel a visitar a los guardias entonces...
-Sí, de hecho, el señor Ortega Lara vino acompañado de Abascal pero a título personal, sin representar a ningún partido. Ortega Lara le dijo a mi hijo que era lo mínimo que podía hacer ya que estaba vivo gracias a la Guardia Civil.

Con esa sentencia, que aún no es firme, ¿cree que se ha hecho justicia?
Se hizo justicia a medias. Nosotros creíamos que era un delito de terrorismo y en esa sentencia dictaron que no lo era. Pero los delitos de odio, de desórdenes públicos, amenaza y atentado a la autoridad sí que se tuvieron en cuenta, así como los agravantes que Covite presentó en ese momento de superioridad numérica, etc. La sentencia está recurrida y la excusa para no declararles ahora mismo víctimas a los cuatro agredidos es que se tiene que resolver ese recurso, cosa que no es cierta. La sentencia está a medias. Por tanto, ellos no pueden tener los derechos que les corresponde como víctimas del terrorismo hasta que no se desbloquee ese expediente que alguien tiene paralizado. Pero no es cierto que haya que esperar a que el recurso se resuelva, ellos ya deberían ser víctimas y tratadas como tal.

¿Cómo están María José, Pilar y el sargento?
Los padres de María José perdieron el empleo, la madre tuvo que dejar el bar, el piso lo tienen en venta y todos sabemos que ese piso les va a costar mucho venderlo para poderse ir y empezar de cero en otro lugar. María José se tuvo que marchar fuera y toda su vida se ha venido abajo, están en la ruina... Pilar, igual. Tienen que hacerse cargo de todos los gastos que supuso el juicio para ellas. Y Álvaro, el sargento, después de dos años sigue en Alsasua. Estamos preocupados de que le pueda pasar algo a él y a su familia, porque ya fueron agredidos entonces. Y ahora con la tensión que va a haber allí...

Ahora Alsasua se ha convertido en el epicentro de todo. ¿Os acompañaron tantos políticos entonces?
No, hace dos años no vino ningún político a apoyarnos, ni tampoco estuvo ninguno apoyándonos en la Audiencia cuando fue el juicio en abril. Sí que tuvieron buenas palabras en los Plenos, pero nada más. Pero ir dos años después a Alsasua, si no existe ninguna actuación más real que conlleve la mejora de la seguridad de los guardias y del bienestar de sus familias, no sirve para nada. Este acto está muy bien si a continuación esos políticos hacen algo por los guardias civiles. Se me ocurren varias cosas que se podrían hacer para que resultara creíble que nos apoyan; porque ellos irán, después se marcharán y el ambiente se va a tensar y quien se queda allí son los guardias civiles, Álvaro, Pilar y la gente del pueblo que no están con los abertzales.

¿Qué podrían hacer para que resultara creíble?
Evitar que se toleren y consientan los escraches delante de las casas cuartel, evitar que les insulten, que les miren mal, que les señalen, que no pueden ir a comprar... También, cuando sale un etarra asesino de la cárcel, que ha cumplido la condena, que se impidan los homenajes en sitios públicos y consentidos por políticos e instituciones como el Parlamento Navarro y del Gobierno foral. Si los políticos, quieren que su acto sea creíble que hagan eso y no vengan y se marchen.

¿Alsasua es ahora mismo un territorio sin ley?
Hay ley porque para eso está la Guardia Civil. Eso es lo que no les gusta a los que quieren estar al margen de la ley.

¿El pueblo tiene más miedo?
La propuesta y el trabajo de Óscar cuando llegó allí era la de promover y normalizar la convivencia entre la gente del pueblo y los guardias civiles. La gente del pueblo empezaba a convivir, a relacionarse con los guardias civiles y a ver que no eran los monstruos que ese pequeño grupo de gente les había vendido. Y lo que pasó es que ese pequeño grupo del pueblo dijo que eso no se podía tolerar, y pusieron otra vez las cosas en su sitio. ¿Cómo? Dándole una brutal paliza a dos guardias civiles y a dos mujeres y volviendo así a meter al pueblo en el miedo que tenía.

¿Cómo es la situación del pueblo actualmente?
La sentencia apoya judicialmente a los guardias y da el mensaje de que esos actos no se quedan impunes; pero en el pueblo, la gente que es radical y que está posicionada del lado de los agresores mantiene la guardia muy levantada y los agentes no se pueden relacionar con total normalidad, ni sus familias tampoco, ni ir a comprar al pueblo.

¿Ha estado en Alsasua?
No, yo no. Mi hijo sí que me consta que en alguna ocasión ha vuelto, en contra de mi voluntad, absolutamente. Le preocupa que al sargento le vuelva a pasar algo, que pase algo más grave.

¿Cómo está Óscar? ¿Ha podido hacer vida normal?
A ojos nuestros está bien. Habla poco del tema y me dice siempre: «Mamá ya está» y si le digo algo me dice «supéralo ya». Pero a mí me va a costar superar esto el resto de mi vida. Le veo bien, pero preocupado por sus compañeros y especialmente por Álvaro.

Cuando le dijo que quería ser guardia civil, ¿le sorprendió?
Yo se lo veía desde los tres años. Se ponía la ropa vieja de su padre, aunque no sirviera y hacía sus dibujos o los deberes con el tricornio al lado. Sientes una mezcla de orgullo inmenso y terror. Yo me casé en 1987, una época que era de atentados a diario... Pensé que ahora sería todo más tranquilo hasta el día que me dijo que se iba destinado a Alsasua y la tranquilidad saltó por los aires.

"Pedro Sánchez es actualmente una 'marioneta' en manos de Podemos", dice Santiago Abascal
Vox saldrá a la calle para impedir que los "políticos corruptos" catalanes "roben una parte de la nación"
  latribunadelpaisvasco.com  4 Noviembre 2018

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que el "golpe de Estado separatista ha cambiado de residencia y ha pasado de la Generalidad a la Moncloa" y ha advertido de que no “vamos a permitir” ni a aceptar "en silencio" que indulten a los "políticos corruptos" que quieren "robar una parte de la nación" sin "acudir y convocar a la calle".

En un acto celebrado en Bilbao, Abascal ha valorado que frente al "golpe de Estado" que se da en Cataluña, muchos balcones muestran banderas españolas, algo que, por contra, en el País Vasco no pasa, lo que ha atribuido "al miedo" que han generado "las pistolas y las bombas que han callado a varias generaciones".

El resto de los partidos políticos y los medios, los que nos llaman “fachas” y “fascistas”, “están nerviosos porque van a tener que escuchar muchas cosas que se habían dejado de escuchar por la dictadura de la corrección política que dictaba la izquierda mientras la derechita cobarde callaba", ha lamentado.

En su intervención, que ha sido interrumpida en numerosas ocasiones por aplausos y gritos en favor de la Guardia Civil, Abascal ha acusado también al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de "traidor y estalinista" y de cantar "puño en alto" la Internacional, una canción "sangrienta responsable de millones de muertos".

También ha denunciado Abascal que el ex primer ministro francés Manuel Valls - quien se presentará a las próximas elecciones municipales en Barcelona- reclame para Vox "un cordón sanitario". "Se han ofendido porque le dijimos que se fuera a Francia... le podíamos haber dicho que se fuera a la mierda", ha añadido.

Por lo que respecta a la situación generada en Cataluña, Abascal ha sostenido que el "golpe de Estado" está "cambiado de residencia y ha pasado de la Generalidad a la Moncloa" porque los socialistas "tienen que pagar los votos de quienes les han investido".

De este modo, ha advertido de que no aceptarán "mansamente en silencio" que indulten a los "políticos corruptos" catalanes que quieren "robar una parte esencial de la nación" sin "acudir y convocar a la calle". "Sin manifestarnos masivamente no lo vamos a permitir", ha subrayado.

A su juicio, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, es actualmente una "marioneta" en manos de Podemos, "el Partido Comunista, responsable de haber llevado a España con esas mismas siglas al enfrentamiento civil".

Abascal ha acusado al estado de las autonomías de haber "fracasado, arruinarnos, acabar con la igualdad y provocar que tengamos menos libertad", especialmente donde gobiernan los nacionalistas. "El estado de las autonomías no ha garantizado la pluralidad en Euskadi", ha señalado, para añadir que Vox "se identifica con la historia de esta tierra, pero no aceptamos la imposición y el odio a España".

Del mismo modo, ha criticado la "injusticia" que a su juicio se da en el reparto de las ayudas sociales y el "efecto llamada a la inmigración ilegal" que han provocado "los 'progres' del PSE y el PNV". "Una parte de este pueblo está harta de sentirse discriminada en su propia tierra... acabaremos con esa injusticia y con la delincuencia asociada a esa injusticia”.

Por último, ha apostado por "no aceptar las políticas de puertas abiertas" a los inmigrantes y ha defendido una inmigración regulada en función de la economía y capacidad de adaptación: "No es lo mismo un inmigrante procedente de un país hermano hispanoamericano, que comparte nuestra lengua y cultura, que una persona que procede del Magreb”.


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