AGLI Recortes de Prensa   Martes 6  Noviembre 2018

El empecinamiento de Sánchez ya es grotesco
EDITORIAL El Mundo 6 Noviembre 2018

Es una enorme irresponsabilidad convertir lo que queda de legislatura en el larguísimo tiempo de descuento de un mal partido. Pero es lo que parece haber decidido Pedro Sánchez, anteponiendo su ambición personal de permanecer todo el tiempo que pueda en La Moncloa al interés general del país. Y para ello está dispuesto a pasar por el bochorno de seguir gobernando con los Presupuestos del Estado de Rajoy, los mismos que, en la oposición, tachó de "injustos, ideológicos, no creíbles" y que juzgó como "un ataque al Estado del bienestar". Pocas veces habremos asistido a un ejercicio de funambulismo político tan grotesco si, finalmente, como ayer anticipó en el Eurogrupo la ministra de Economía, Nadia Calviño, el Gobierno prorroga las cuentas y, tal como advirtió Ábalos, se empecinan en seguir en el poder ganando tiempo a base de decretos leyes.

El Ejecutivo ha tirado la toalla tras el portazo de los independentistas catalanes. Y, en pura lógica política, ello nos sitúa en la antesala de unas elecciones anticipadas, porque como el mismo Sánchez defendía -cuando se trataba de atacar a Rajoy-, es lo único que puede hacer un Gobierno sin apoyos para sacar adelante sus Presupuestos. Pero el dontancredismo del presidente, empeñado en seguir haciendo que gobierna con 84 diputados, sólo es comparable a sus tragaderas. Que hay que tenerlas para pretender agotar la legislatura sin cuentas o para justificar que se usa la Abogacía del Estado igual que los gabinetes de comunicación. Todo parece una broma de mal gusto.

Si Cospedal tiene que dimitir, la ministra de Justicia ha de hacerlo antes
EDITORIAL esdiario 6 Noviembre 2018

Dolores de Cospedal ha abandonado la dirección del PP, tras conocerse otro nuevo audio en compañía de Villarejo ciertamente poco edificante en el que, en resumen, le sugería investigar las debilidades personales del hermano de un rival político de la talla de Rubalcaba: algo bastante menos defendible que otras conversaciones anteriores en las que, por mucho escándalo que se quisiera crear, podía sostenerse que entre las obligaciones de un dirigente de alto rango está enterarse de todo lo que sucede en su organización.

Y especialmente en lo referente a Luis Bárcenas, con y sin la compañía de Javier Arenas, pues si alguien tiene autoridad en el PP para hablar de su lucha contra la corrupción y las mafias internas es quien se opuso a ellas, despidió a sus cabecillas, les llevó al juzgado y soportó una incesante presión. Ésa es la auténtica Cospedal, y no la caricatura "en diferido" que se hizo de ella.

Su salida del órgano ejecutivo de Pablo Casado es, probablemente, el primer paso hacia un adiós definitivo que dejaría al PP sin un gran activo, en una edad perfecta, a cambio de no minar al nuevo presidente: la charla con Villarejo ofende a los sentidos, y brinda una oportunidad para marcharse con dignidad aun con la sensación de que aquí ha habido una cacería.

La misma vara de medir
Pero si Cospedal termina dimitiendo de todos sus cargos, quienes han insistido en que ése era el único camino presentable han de mantenerlo para todos los casos. Y los hay bastante más escandalosos: la ministra de Justicia, Dolores Delgado, apareció en grabaciones del mismo personaje siniestro obviando un posible delito con menores de sus compañeros jueces y fiscales o riéndose al conocer la existencia de una red de extorsión con prostitutas comandada por Villarejo.

Si en el caso de Cospedal queda la duda de qué pensaba hacer con esa supuesta información -nada presentable, sin duda-, en el de Delgado existe la certeza de para qué la usaba Villarejo. ¿Puede ser responsable de la Justicia española quien, aparte de hacer comentarios homófobos contra el hoy ministro Marlaska, se divierte presenciando delitos o se calla ante la posible comisión de otros?

Y tampoco es aceptable la postura del propio presidente Sánchez, quien intentó hace escasas semanas presentar los audios de Villarejo como un "chantaje al Estado" y ahora, cuando dañan a un rival cualificado, mira para otro lado solazado.

Unos y otros, finalmente, debieran preguntarse cómo es posible que un sujeto tan lamentable como Villarejo tuviera tan buenos contactos, trabajara con ambos partidos de algún modo e hiciera de su chabacana y miserable labor una forma de vida. Porque si es repulsivo ver condicionada ahora la vida de dos grandes partidos por las grabaciones de hace años de un preso que un día fue policía, no lo es menos que contaran con él en el pasado. De aquellos barros, estos lodos.

El partido secuestrado
Ignacio Camacho ABC 6 Noviembre 2018

Ni siquiera por motivos electorales parece haber en el PSOE ninguna personalidad relevante dispuesta a preguntarse por qué todos los aliados de Sánchez son, sin excepción alguna, enemigos declarados de los principios constitucionales. Desde los herederos de ETA a los comunistas radicales, pasando por los insurgentes separatistas catalanes, los socios de la moción de censura proclaman sin recato su propósito de llevarse lo que llaman «el régimen del 78» por delante. Frente a ese bloque de ruptura no hay en el socialismo español nadie capaz de alzar su voz para provocar un mínimo debate sobre el peligro de amistades tan poco ejemplares. El silencio sobre los incidentes de Alsasua resulta una demostración de complicidad lacerante; ninguno de los barones antaño críticos ha disentido de las consignas oficiales que acusan de provocadores a quienes ejercieron en un medio hostil su derecho a manifestarse. Las protestas en voz baja no sirven cuando están en juego cuestiones fundamentales. Lo único que importa al respecto es que la sociedad ha recibido de la antigua socialdemocracia un mensaje unánime de afinidad con la barbarie.

La razón de ese bochornoso sigilo es que el presidente tiene secuestrado al partido. Primero con la victoria en las primarias cambió el modelo interno para aproximarlo a un populismo de caudillaje y plebiscito; luego ha usado el poder como mortero con el que enterrar la discrepancia en espeso hormigón político. Es cierto que González siempre miró con agrado a los nacionalistas, a los que llamaba -¿te acuerdas, Nicolás Redondo?- «nuestros amigos», pero al menos entonces el desafío al Estado no era tan explícito. Entre aquel tiempo y el actual media una sublevación golpista contra el orden legítimo a la que el Gobierno presta soporte jurídico para restar importancia -y penas- al delito. Esa actitud inédita de sometimiento al separatismo tampoco ha merecido no ya un solo reproche sino ni un leve remilgo, ni un atisbo remoto de distanciamiento constructivo. Calla el aparato, callan los líderes territoriales, callan los ministros. Calla incluso la vieja guardia felipista que antes exhibía su autoridad moral como un dique de defensa del constitucionalismo. Y callan a sabiendas de que las cosas van por mal camino, temiendo que una queja, una reconvención o un simple reparo parezcan pataletas de vencidos.

La derrota de Susana Díaz en las elecciones internas les enseñó a todos ellos, y a la propia presidenta andaluza la primera, que tocaba asumir la nueva estrategia. Piensan que en 2016 se jugaron el tipo, y lo perdieron, para permitir que siguiera gobernando la derecha. Así que mientras Sánchez conserve el poder y atraiga el voto útil no sufrirá objeciones ni disidencias; todo lo más algún lamento quedo y meneos resignados de cabeza. Aunque no se trate de asentimiento sino de una mera cuestión de supervivencia.

¿Qué nos pasa?
Sigfrid Soria gaceta.es 6 Noviembre 2018

En España, en muy poco tiempo, nos hemos olvidado de la concordia pactada en la Transición mientras abrazamos una ley llamada Memoria Histórica, cuyo objetivo es revisar ideológicamente el pasado para eliminar lo inconveniente y ensalzar monográficamente lo conveniente, más allá de los verdaderos hechos ocurridos.

Asimismo, hace nada podías ser canario y hablar y escribir español, como español que eres, utilizando la segunda lengua más hablada en el mundo después del chino, y opositar en Vascongadas y Cataluña como vascos y catalanes lo pueden hacer en la actualidad en Canarias, como españoles que son. Ahora ya no.

Cierto es que había machismo y que era necesario corregirlo para ser más perfectos, pero en ese empeño estamos en el punto de que ser varón heterosexual implica ser inferior, primitivo y potencialmente peligroso. Por el contrario, ser mujer, gay, lesbiana o transexual imprime un plus evolutivo en un ambiente hostil a todo lo tradicionalmente establecido, ahora denominado heteropatriarcado. La ideología de género es un agujero negro en el que caen fondos públicos que son utilizados para condenar sumarísimamente a lo masculino, para arrancarle la presunción de inocencia y conferirle una permanente y antidemocrática presunción de culpabilidad.

La corrección política se está tornando antitaurina, vegana, anticapitalista, pro palestina y anti patriota de España. La coletilla España es importante remarcarla porque sin embargo el patriotismo relacionado con Cuba, Venezuela, Palestina y Nicaragua se acepta ampliamente en esa nueva corrección política, de tal manera que llevar una camiseta con una bandera de un país bajo una dictadura socialista denota un estadío evolutivo muy superior, mientras quienes llevamos un cinturón, pulsera o gemelos con la rojigualda somos gente retrógrada, inmovilista y heteropatrialcal.
El virus del populismo se ha instalado en nuestra sociedad y su buenismo ha arrastrado a todos los partidos políticos hacia sus falaces posiciones. Ahora se habla de Pueblo, con mayúscula, dotado este de una supuesta conciencia supraindividual metafísica con olor a marxismo leninismo, teniendo en todo este contexto mucho valor e impacto mediático positivo las coletas, las camisetas, los vaqueros medio caídos y las sandalias. Los shows en las altas instituciones del Estado, como las Cámaras Legislativas o las recepciones oficiales del propio Jefe del Estado, cotizan al alza. Lo importante es reventar visualmente los códigos establecidos para significar diferencia, aunque quienes realizan todas esas indignas puestas en escena abandonen sus barrios de procedencia, de los que prometieron no salir jamás, trasladándose a vivir a zonas de la élite que tanto denuestan.

Nos acercamos a que el piropo a una mujer sea delito, pero quemar una bandera de España, o sonarse los mocos en ella, sea un acto reivindicativo que hay que tolerar. Invadir el espacio público con plástico amarillo es una señal democrática envuelta en libertad de expresión, aunque lo que represente sea la mentira de que en el Estado español hay presos políticos. Que no falte la infinita invocación al diálogo frente a quienes quieren dialogar absolutamente nada porque su único objetivo es liquidar España. Cuando el derecho a la propiedad privada comienza a desvanecerse porque la “okupación” lo corroe, o el presidente del Gobierno filtra el posible indulto masivo a delincuentes condenados por rebelión para asegurarse unos cuantos meses más como presidente, cuando todo eso ocurre y todo ello se percibe como normal en un ambiente de relativismo moral absoluto, es cuando hay que preguntarse, ¿qué nos pasa?

El nauseabundo caos que sufre España, descrito cual punta del iceberg en los párrafos anteriores, no es en modo alguno fruto de la casualidad. El caos siempre conlleva inestabilidad y cambios, siendo precisamente eso lo que le sucede a la España de 2018, los cambios. Además, todo acontece a un ritmo jamás visto, ritmo y velocidad que aturden a los españoles a los que no les queda más remedio que permanecer anestesiados por el buenismo tolerante imperante. Dichos cambios de paradigma son liderados por fuerzas mundialistas como la ideología de género, pilotada por el lobby LGTB, como las Primaveras Árabes que han derivado en la invasión musulmana de Europa, gestionada por ONGs, y muy concretamente en España como el separatismo o el populismo.

Que a nadie le extrañe lo que expongo puesto que es sabido que George Soros financia tanto el independentismo como financió el movimiento 15M que desembocó en PODEMOS, sin olvidar que dicho magnate financiero fue recibido por Pedro Sánchez en Moncloa. Huyendo de posiciones conspiranoicas, lo que sí afirmo sin lugar a dudas es que el beneficio de los especuladores internacionales está en el desequilibrio de las sociedades, por lo que las sociedades inmersas en grandes cambios o fuertes crisis son los escenarios ideales de la especulación financiera globalista. A río revuelto, ganancia de pescadores. Y el río de España está más revuelto que nunca.

Memoria histórica
El PSOE propone impedir por ley que los restos de Franco puedan ser visitados
OKDIARIO 6 Noviembre 2018

Los socialistas buscan la manera de evitar que los restos del dictador acaben en la Catedral de la Almudena
La reforma complicaría el compromiso con la familia para que fueran ellos los que eligieran el lugar del entierro

El PSOE propondrá reformar la Ley de Memoria Histórica para prohibir expresamente que los restos del dictador Francisco Franco reposen en lugares abiertos al público con carácter general, como sucede con la cripta de La Almudena donde su familia quiere enterrarlo una vez sea exhumado por el Gobierno del Valle de los Caídos.

Así lo han confirmado fuentes del Grupo Socialista, que registrarán próximamente varias enmiendas a la reforma de la Ley de Memoria Histórica que se tramita en el Congreso de los Diputados, y cuyo desarrollo va a prolongarse tras la petición de PP y Ciudadanos de prorrogar el plazo de presentación de enmiendas.

Otra de las modificaciones a la ley que quieren introducir los socialistas introducirá sanciones a aquellos espacios abiertos al público cuyos responsables no impidan episodios de enaltecimiento o exaltación del público. Los castigos podrían llegar al cierre temporal o incluso definitivo de una iglesia o cementerio donde tengan lugar ensalzamientos de la dictadura, según el sentido de las enmiendas en las que trabajan.

El giro del Gobierno
Aunque en un primer momento el Gobierno asumió que no podría hacer nada para impedir que Franco fuera inhumado en La Almudena si la familia así lo quería –la familia del dictador posee allí unas tumbas en perpetuidad– hace una semana el Ejecutivo dio un giro de 180 grados.

Tras reunirse en el Vaticano con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sentenció que Franco no podía ser enterrado en la cripta de La Almudena, en pleno centro de la capital, y aseguró que había acordado con Parolin trabajar conjuntamente para convencer a la familia de que optara por otro lugar.

Lucha legal contra los Franco
Este compromiso fue matizado por el Vaticano y por la Iglesia española, que sostiene que no puede negarse a que la familia entierre allí a su familiar. En la actualidad, la hija de Franco, Carmen, está enterrada en la cripta de La Almudena, junto a su marido, mientras que la esposa del dictador reposa en un panteón en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo).

Así las cosas, el PSOE se prepara para impedir por medio de la ley que la voluntad de la familia Franco se imponga a la mayoría del Congreso de los Diputados, que quiere que el dictador no esté enterrado en ningún sitio donde puede ser objeto de enaltecimiento, como explicó el viernes pasado Calvo tras la reunión del Consejo de Ministros.

INVITA A PP Y CIUDADANOS
VOX convoca una gran manifestación en Madrid a través de su plataforma ‘España viva’
La Gaceta  6 Noviembre 2018

La cita, que pretende apoyar la acusación popular que representa VOX y evitar que el Gobierno negocie indultos para los golpistas, será el próximo 1 de diciembre a las 12.00 en la Plaza de Colón.

Santiago Abascal ha anunciado esta mañana que la plataforma de VOX “España Viva” convoca a todos los españoles a sumarse a una gran concentración en la plaza Colón de Madrid el próximo sábado 1 de diciembre a las 12:00 para evitar que Pedro Sánchez negocie con Quim Torra los indultos a los imputados por el golpe separatista del 1 de octubre.

“El golpe de estado ha trasladado su residencia del palacio de la Generalidad al Palacio de la Moncloa. Es ya evidente que el Gobierno está maniobrando para impedir que los golpistas reciban la condena que merecen e incluso que el Gobierno está orquestando un gran complot para indultarles”, ha afirmado durante la rueda de prensa realizada en las puertas del Tribunal Supremo tras la presentación del escrito de acusación de VOX como acusación popular contra los golpistas para el juicio que se celebrará en los próximos meses.

Santiago Abascal además ha explicado que invita a sumarse al resto de partidos políticos constitucionalistas que quieran frenar el avance de los separatistas que permite Pedro Sánchez: “VOX no va a permitir la impunidad de los golpistas. Ni VOX ni el resto de los partidos democráticos deben permitirlo. En consecuencia llamamos a todos los españoles sin distinción de siglas, ni de ideologías, ni de lugar de residencia a una gran manifestación nacional para el próximo 1 de diciembre en Madrid a través de la plataforma España Viva que invita a todos los partidos, también al PP y Ciudadanos y a sus principales líderes a intervenir y a liderar esa gran movilización”, ha explicado el presidente de VOX.

Ridículo y esperpentico:Cerrar la cripta de la Almudena.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 6 Noviembre 2018

EL GOBIERNO QUIERE CERRAR AQUELLOS ESPACIOS PÚBLICOS DONDE SE EXALTE LA FIGURA DEL DICTADOR FRANCISCO FRANCO.

Pedro Sánchez y sus ultra revanchistas camaradas de partido y de Gobierno están teniendo una especie de pataleta infantil al ver cómo su principal promesa de legislatura, la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco de su actual tumba en el Valle de los Caídos, está sufriendo toda clase de retrasos y trabas que no parecen tener ni fácil ni pronta resolución. Pero es que este asunto se ha convertido en una obsesión casi enfermiza que quiere acabar con la frustración actual adoptando medidas drásticas, que pueden considerarse desesperadas y cuestionables desde el punto de vista legal. Y es lo que tiene haber vendido la piel del oso antes de cazarlo, porque este oso no se deja cazar. Ha sido tan grande el empeño puesto y la prepotencia de llevarlo a cabo en un mínimo plazo de tiempo, que los sucesivos fracasos y barreras casi infranqueables, siempre que se respete la ley, ponen en serio ridículo a este Ejecutivo.

Y esa prepotencia viene de insistir en resucitar los fantasmas del pasado para imponer una sectaria y parcial ley de Memoria Histórica, buscando no la justicia de las víctimas de uno y otro bando de la contienda civil, sino la revancha de quien quiere ahora ganar la guerra tras 80 años de la victoria final del bando “sublevado” (mejor decir franquista) y borrar los 40 años de dictadura y a sus protagonistas como si nunca hubiesen existido. Y a eso le llaman reparación de las injusticias, pero apelando solo a los que consideran represaliados de la dictadura e ignorando a los represaliados del Frente Popular de la República. Una hipocresía que fija su foco solo en un bando y en sus figuras más representativas, Mola, Sanjurjo, Queipo de Llano, Yagüe, Alonso vega , Serrano Suñer, Carrero y como no, Francisco Franco. Y como a aquellos anarquistas y comunistas del Frente Popular, les molesta cualquier signo y manifestación de la Iglesia católica, les molestan las cruces, sobre todo las que se multiplicaron por toda España en los monumentos a los Caídos. Y entre ellos, como sublime obsesión, el conjunto monumental del Valle de los Caídos en Madrid. Y también molestan lugares emblemáticos del conflicto civil como el Alcázar de Toledo y el entonces coronel Moscardó y ya puestos, los lugares de residencia y ocio del dictador y su familia como el Palacio de El Pardo, el Pazo de Meirás, el palacio de Ayete, etc...

Su intención primaria no era la exhumación de los restos de Franco, sino la clausura del conjunto monumental demoliendo la cruz y las figuras de los evangelistas. La basílica sería desacralizada y retirados los monjes benedictinos. El principal escollo estaba en qué hacer con los restos difícilmente separables e identificables de los nichos de las capillas anexas, ni qué hacer con los restos del Jefe de Falange José Antonio Primo de Rivera, asesinado por la República en una farsa de juicio sin garantías. Y es que hablando de revisiones de sentencias injustas hay que considerar todas las de ambos bandos y no solo los de una parte. En cualquier caso, el asunto del Valle está muy lejos de poderse resolver mientras se siga enfocando desde visiones sectarias y revanchistas y no desde la serenidad. Y es que este PSOE radicalizado de Pedro Sánchez, parece abjurar de su papel durante la transición y su contribución a que esta prosperase desde la perspectiva del perdón y de pasar página a una de las etapas más dramáticas y crueles de nuestra Historia. Su empeño en revisar la Historia y buscar ahora la resolución de lo que considera “injusticias” no satisfechas, es solo reabrir heridas y buscar la crispación y la confrontación de forma innecesaria.

Pedro Sánchez opta por imponer su propia ley para legitimar un acto de “expropiación forzosa”, en este caso de “exhumación forzosa” contra la voluntad de la familia del dictador. Para ello pretende usar esa ley sectaria de Memoria Histórica, para que recoja nuevos artículos que den cobertura legal a esa exhumación forzada y la posterior inhumación condicionada violando y limitando el derecho de la familia a la libre elección del lugar de enterramiento de los restos. La amenaza llega al ridículo extremo de cerrar cualquier espacio público que pueda servir para exaltar la figura del dictador Francisco Franco. Una boutade que llevaría, por ejemplo, a considerar el cementerio de la Almudena y un panteón como lugar de peregrinación. Porque el problema no son los restos, sino la instrumentalización partidista e ideológica de su ubicación y su difusión pública mediática.

La torpeza radica precisamente en haber dado a este asunto una difusión mediática y una relevancia como la de venderse como medida clave de la legislatura y verse ahora en el mayor de los ridículos al no poder cumplir con los compromisos adquiridos. Este muerto está muy vivo y como el cid Campeador, puede ganar esta última batalla sobre Babieca. Y eso solo es culpa de la precipitación y la falta de previsión del Ejecutivo que se creía que con su “ordeno y mando” absolutista sería suficiente para resolver un problema que lleva enquistado desde que el PSOE y la extrema izquierda decidieron hacer de la revancha su bandera.

Esta legislatura está amortizada por empeñarse en mantenerse en el poder a toda costa a pesar de la impotencia del Ejecutivo a aprobar los PGE, por haber sentido vértigo a traspasar la gran línea roja de transigir con las exigencias de los golpistas y forzar a la Fiscalía y la Abogacía a retirar las principales acusaciones dejándolo en una simple desobediencia y malversación de caudales públicos. Otro ridículo mucho mayor que el cosechado con el tema de la exhumación. Tal es así que hasta su socio preferente PODEMOS ha insinuado que ve lógico un adelantamiento electoral si no se aprueban los PGE. Y ese adelanto es lo que ya reclama más del 67% del pueblo español. Porque ya está bien de marear la perdiz.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!
¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

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Sin vuelta atrás
Hermann Tertsch ABC 6 Noviembre 2018

El domingo supimos que no hay vuelta atrás. Que no va a haber un retorno a la constitucionalidad del PSOE. Que ya ha cruzado con Pedro Sánchez la línea roja, nunca mejor dicho, de llevar el sectarismo del Frente Popular al enfrentamiento total con las fuerzas leales a la Constitución. Lo ha hecho de forma tan brutal que muchos ayer aún no daban crédito a lo visto y oído. Porque el domingo, el Gobierno y el PSOE, que días antes había tomado abiertamente partido por los golpistas presos frente a los jueces en Cataluña, tomaba partido por los separatistas y asesinos frente a las víctimas en Navarra y País Vasco. Si gana este Frente Popular una permanencia en el poder, tratará a todos los constitucionalistas como los trataba la masa filoetarra en Alsasua o como los tratan los CDR en Cataluña. Sánchez ha llevado al Gobierno español a alinearse con Arnaldo Otegui, el Carnicero de Mondragón y otros etarras asesinos contra José Antonio Ortega Lara, Fernando Savater y otras víctimas. Con los golpistas y terroristas contra los constitucionalistas y víctimas. La imagen es tan demoledora como real.

No mintió Pablo Iglesias ayer. No se precipiten. Acotemos la afirmación. No mintió cuando en su ya habitual gran comparecencia diaria en ronda permanente por su cortijo mediático, esta vez en RNE, dijo a sus entregados periodistas que «no nos estamos jugando sólo la aprobación de los Presupuestos, sino la dirección histórica de España». Así es. En cuanto dice una verdad, estamos de acuerdo. Es una verdad poderosa. Nos jugamos la dirección que marcará el destino de al menos varias generaciones del futuro de España. Y nos la jugamos de una forma radical y trascendente, como nunca desde años antes de la Guerra Civil. Si en la guerra luchaban dos opciones dictatoriales enfrentadas y al morir Franco todos querían democracia, ahora España se debate entre la defensa de unas libertades conocidas en un sistema tan defectuoso como mejorable y la enésima oferta de paraíso colectivista de un Frente Popular cuyos visos autoritarios y vocación totalitaria son evidentes.

Parcialmente destruidos ya por el revanchismo los cimientos de la Transición, se ha consumado esa ruptura del PSOE con la Constitución. Como antaño. Ni los peores exabruptos revanchistas de Iglesias, ni la grosera retórica miliciana de Sánchez y sus ninfas contra «las derechas» dejan tan clara esa ruptura como el mensaje en Twitter del portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, que entrará en los anales de la infamia. «Y fueron a agitar el odio a Alsasua los que nunca tuvieron que mirar por la mañana debajo del coche, los que nunca despidieron a un compañero en un funeral...». Este mensaje no iba dirigido a las hordas filoetarras que intentaban agredir a la concentración y a los seguidores de Ciudadanos y Vox. Sino a los agredidos, a Ortega Lara -532 días cautivo de ETA-, a Fernando Savater y las víctimas. El Gobierno del PSOE tacha de provocación un acto en homenaje y defensa de la Guardia Civil porque no quiere que los españoles vayan a defender a otros españoles a esas regiones españolas que pretende entregar definitivamente al golpismo y al separatismo a cambio del poder en Madrid. El homenaje en Alsasua ha sido un éxito para la Fundación España Ciudadana y para todos los que participaron. Porque ha abierto los ojos a toda España sobre qué es hoy el PSOE y dónde está. Y ha expuesto la absoluta necesidad de unidad de acción constitucional para impedir un Frente Popular que acabe no solo con 40 años de democracia más o menos imperfecta, sino con la Constitución, la Monarquía, la unidad de la Nación y largos ochenta años de paz.

Izquierda y separatismo nunca «crispan»
EDITORIAL ABC 6 Noviembre 2018

Inexplicablemente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tocado a rebato contra el constitucionalismo en Alsasua. Hasta tres ministros -Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y José Luis Ábalos- justificaron ayer, de modo balbuceante y poco convincente, las palabras de su portavoz en el Senado, Ander Gil, contra el acto celebrado el domingo por Ciudadanos, el PP y Vox por las libertades públicas y en favor de la Guardia Civil. Es inaudito que el Gobierno culpe a esos partidos de «crispar» por manifestarse libremente a favor de algo tan esencial en democracia como la convivencia. Lo ocurrido en Alsasua hace dos años fue una aberración y un intento de linchamiento terrorista que ahora encuentra amparo en el PSOE. Sin embargo, el PSOE nunca culpa a Arran, la CUP o ERC de crispar o «tensionar» cuando queman banderas de España y fotos del Rey. El PSOE nunca culpa de crispar a quienes se apropian de calles e instituciones públicas con lazos amarillos, hablan cínicamente de «presos políticos», o tildan al Tribunal Supremo de órgano «represor» del Estado. Y el PSOE nunca culpa a Otegui, ese «hombre de paz» condenado por terrorismo, de crispar. En España solo crispa la derecha democrática, ya se sabe. Es imposible diagnosticar por qué el PSOE acepta esta involución del raciocinio democrático, salvo que de verdad pretenda liderar con Podemos y el separatismo la demolición de nuestra Constitución. Y más difícil de entender es que se haya embalado en esta peligrosa deriva, que está pervirtiendo sus propios principios y valores, criminalizando sistemáticamente a los partidos constitucionalistas.

Y si muy lamentable es que el sanchismo oficial persista en criticar el derecho de manifestación de la oposición, es del todo descorazonador que otros dirigentes socialistas -alejados en principio de la impresentable teoría territorial que maneja su secretario general, al que en privado critican- no hayan sido capaces de alzar la voz contra ese disparate censor. Ni Susana Díaz se ha atrevido a apartarse de la doctrina oficial de Ferraz. Los electores andaluces habrán tomado nota de esta flojera de la candidata a repetir en la Junta andaluza, y seguramente entenderán muy mal que ayer se viniera a sumar a la teoría de las oscuras «otras intenciones» que, según los socialistas, tenía la manifestación de Alsasua. Hoy por hoy, el PSOE no solo está en la deriva arriba descrita, sino que no presenta una alternativa para retormar una senda de sensatez que consiga indentificarlo como un partido capaz de defender la democracia y la unidad de España, sin temor a que se enfaden quienes quieren liquidarla, que son los mismos, por cierto, que auparon a Sánchez a La Moncloa.

Cómo provoca la libertad
Cristina Losada Libertad Digital 6 Noviembre 2018

En las dictaduras, a esos que no callan, que disienten, que se oponen, también los llaman provocadores y los acusan de romper la paz de la convivencia.

Mira que era fácil. Bastaba decir: no vamos a lo de Alsasua. Sin más. Pero el partido del Gobierno anda en la crispación. Dice que la provocan las derechas. En general y en cualquier caso particular. Lo de la crispación lo decían mucho los peneuvistas. Lo decían por lo mismo, pero con ETA matando. No había que crispar a los asesinos ni a sus cómplices ni a sus votantes. Se ve que han creado escuela. La escuela socialista consiste en crispar acusando de crispar a otros. Se hubieran podido mantener discretamente al margen del acto que protagonizaron Rivera, Savater y Beatriz Sánchez. Pero no quisieron. Lo que quisieron, y lo que hicieron, fue culpar a los asistentes al acto de Alsasua de atizar el odio y, en consecuencia, disculpar a los filoetarras que los insultaron, agredieron y boicotearon.

La peripecia nos ha descubierto a un portavoz socialista en el Senado, de nombre Ander Gil, natural de Baracaldo y senador por Burgos. Fue el que puso la cara y se le vio motivado, consciente de que la prioridad socialista es dejar claro que el Mal son las derechas, y no los que siguen bebiendo del odio destilado por la organización terrorista ETA. No se ahorró ninguna inmundicia, como decir que los que hicieron el acto no habían sentido nunca la amenaza de ETA ni hecho nada contra ella. Eso, cuando estaban allí personas como Beatriz Sánchez, como Savater, como Abascal, como otras víctimas del terrorismo, como familiares de guardias civiles que estuvieron destacados en Alsasua en los años de plomo, es de lo más obsceno que se ha oído en mucho tiempo en la arena política española.

Gil dijo de todo y nada bueno, aunque a mí me llamó la atención que reprochara a los convocantes del acto que fueran "a avivar el conflicto y no a fomentar la convivencia". ¿De qué convivencia habla? ¿De la que consiste en aceptar sumisamente el dominio de los filoetarras en Alsasua? Quien dice Alsasua dice otros lugares de Navarra y el País Vasco donde pasa lo mismo. Ese tipo de convivencia la conocemos. Es la convivencia de las dictaduras. Uno puede vivir su vida sin grandes problemas siempre que no cuestione a los que mandan. Si uno renuncia a la libertad política, si uno se calla, si no alza la voz, si no se mete en política –si no disiente en público–, la convivencia va como la seda. El precio es el silencio. El precio es la libertad. Si no estás dispuesto a pagar ese precio, cuidado. En las dictaduras, a esos que no callan, que disienten, que se oponen, también los llaman provocadores y los acusan de romper la paz de la convivencia.

La rabia de los socialistas por el acto de Alsasua tendrá explicaciones. Tácticas, estrategias, socios y demás. Pero lo importante no es lo que hay detrás, sino el hecho mismo. El hecho de que el Partido Socialista, otra vez, abandone la defensa de la libertad y los derechos civiles cuando quienes los sofocan forman parte del nacionalismo excluyente. Como en Cataluña, donde retirar los asfixiantes lazos amarillos también era, decían, avivar el conflicto. La receta de convivencia del PSOE que se deduce de todo ello es simple: allí donde el nacionalismo excluyente se ha hecho dueño y señor (de un territorio, del espacio público, de las instituciones), hay que dejarlo. En Alsasua la receta resulta singularmente repugnante. Quien allí estaba representando al dueño y señor, tutelando el boicot de los filoetarras, era Zabarte Arregui, apodado el Carnicero de Mondragón por diecisiete asesinatos. Y va y nos dice el PSOE que manifestarse contra lo que representa Zabarte es atizar el odio y que la convivencia depende de no provocarle. Sorprendería si fuera la primera vez.

Alsasua: la "derrota" de ETA
Pablo Planas Libertad Digital 6 Noviembre 2018

Parece ser que la capitulación de la banda ETA incluye cláusulas como la extinción de todo rastro de españolidad en las provincias vascongadas y en Navarra.

Ahora resulta que montar un acto político español en la localidad navarra de Alsasua, comarca de la Barranca, valle de la Burunda, es una intolerable provocación a las buenas gentes de tan españolísima población debido a que unos cuantos vecinos cumplen condena por el linchamiento de dos agentes de la Guardia Civil de paisano y sus parejas.

Parece ser que la capitulación de la banda ETA incluye cláusulas como la extinción de todo rastro de españolidad en las provincias vascongadas y en Navarra, la cesión del espacio público a los proetarras, la expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la prohibición de facto de actos políticos contrarios a los principios sagrados del nacionalismo. Más o menos la Alternativa KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista), aquello de la autodeterminación de las siete provincias previa excarcelación de los asesinos y la retirada de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Las caras de la derrota. El teletipo de Efe: "Miles de personas defienden a Alsasua frente al 'agravio' de España Ciudadana". TVE se apuntó al titular, referido a la manifestación del sábado previa al acto de la plataforma España Ciudadana, pero introdujo el matiz de que, en lugar de defender, aquella gente apoyaba a la localidad. Así que unos defienden y otros apoyan mientras que víctimas de ETA como Beatriz Sánchez Seco o José Antonio Ortega Lara agravian nada menos que a los siete mil y pico censados en el pueblo. Con razón el cura mandó que las campanas tocaran a degüello mientras hablaban los diablos, un filósofo, Fernando Savater, entre ellos.

Otra faz, la impresionante jeta de Josu Zabarte, alias Carnicero de Mondragón, 17 asesinatos en la culata. Llegó a parar una ambulancia para rematar a un policía nacional, hechos probados en sentencia firme. Se paseaba el domingo por Alsasua en loor de multitud. El tipo no pasa desapercibido. Impresionante aspecto de matón vascolari, boina ancha, mostacho carlista y arandelas en las orejas. Cuando lo detuvieron delató hasta a su madre, según una crónica de hace un año en El País, diario que silenció ayer a Savater. Asesinos como el Carnicero de Mondragón o el catalán Carles Sastre no sufren ninguna restricción para deambular por todo el territorio nacional. No es el caso de sus víctimas ni el de sus adversarios políticos en no pocos escenarios del crimen.

Más caras del desastre. Ander Gil, el portavoz socialista en el Senado, nacido en Baracaldo en el 74, senador por Burgos, Andrés Gil García según la Wikipedia francesa, ha emitido el siguiente mensaje en Twitter: "Y fueron a agitar el odio a Alsasua los que nunca tuvieron q mirar por la mañana bajo su coche, los q nunca despidieron a un compañero en un funeral. Nada se construye desde el odio. No teneis proyecto de convivencia para unir a los españoles. Solo vivis de los conflictos".

Así, a lo loco y sin acentos, el senador por Burgos Ander se refiere al exdirigente popular Santiago Abascal, de familia marcada por los asesinos desde el principio, a Fernando Savater, de los enemigos públicos número uno de la ETA, al secuestrado y torturado Ortega Lara, exfuncionario de prisiones, o a Beatriz Sánchez Seco, una de las decenas de víctimas del atentado de ETA contra la casa cuartel de Zaragoza, entre tantos otros de los participantes en el agravio a Alsasua. O a las balas en el buzón de Rivera, a las amenazas y acoso a las gentes del PP y Ciudadanos y a los españolistas del PSC en Cataluña.

Hay encuestas que constatan un creciente pesimismo respecto a las opciones electorales del PSOE. El trato de privilegio a los golpistas, el grosero amaño de la Abogacía del Estado y la cruda estampa de su alianza con el Carnicero de Mondragón pueden lastrar al PSOE mucho más que la torpe operación Matar a Franco.

Los voceros de Puigdemont y Junqueras dicen que no apoyarán los Presupuestos. Resulta que el prófugo y el preso han retomado el contacto tras un año sin comunicarse y se han puesto de acuerdo en presionar al máximo al muñeco de la Moncloa. El 2 de diciembre se celebrarán las elecciones autonómicas de Andalucía. Susana Díaz se sube por las paredes. Está que trina. Teme que la red clientelar tejida durante cuarenta años no resista tanta ignominia. Sánchez tiene un plan B. Si el golpe derriba el régimen del PSOE en Andalucía, es capaz de obligar a la Abogacía del Estado a cambiar sobre la marcha la acusación contra sus socios y arrasar la Generalidad.

Lecciones de Alsasua
Cayetano González Libertad Digital 6 Noviembre 2018

"Fueron a agitar el odio a Alsasua los que nunca tuvieron que mirar por la mañana bajo su coche, los que nunca despidieron a un compañero en un funeral. Nada se construye desde el odio. No tenéis proyecto de convivencia para unir a los españoles. Sólo vivís de los conflictos". Esta excrecencia fue evacuada el domingo en Twitter por el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, tras el acto celebrado por España Ciudadana en Alsasua. Acto al que, entre otras personas, asistieron el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, secuestrado por ETA durante 532 días; Beatriz Sánchez, hija de un guardia civil que fue asesinado por la banda terrorista en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, o Santiago Abascal, cuya familia y él mismo han estado permanentemente en el punto de mira de ETA.

Que este responsable político del PSOE sea capaz de decir lo que dijo y siga al frente de la portavocía de su partido en el Senado da una idea exacta de cómo está el PSOE. Como Ander Gil, senador por Burgos, donde vive Ortega Lara, no va a dimitir, ni es previsible que pida perdón por lo que dijo; sólo espero que, si se presenta en las próximas elecciones generales por esa provincia, los burgaleses le den el castigo electoral que se merece.

No son las únicas declaraciones inaceptables que se produjeron con motivo del acto de Alsasua. Dos ministros del Gobierno de Sánchez, Grande Marlaska y Margarita Robles, también han dado la nota. Ambos han acusado a los organizadores del acto, es decir, a Ciudadanos, de "crispar" y de utilizar con fines partidistas a la Guardia Civil. Marlaska, en el colmo de la desfachatez, ha señalado que "la gente violenta y agresiva", en referencia a los que lanzaron piedras y profirieron todo tipo de insultos contra Rivera y los asistentes al acto, "no es socia del Gobierno", pretendiendo con ello obviar que EH-Bildu apoyó con sus votos la moción de censura contra Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa.

Tampoco tiene un pase lo que dijo en Radio Euskadi, en la víspera del acto de Alsasua, el portavoz del PP en el País Vasco y presidente de los populares guipuzcoanos, Borja Semper, que para desmarcarse del acto manifestó: "Si algo tiene que hacer la política es serenar los ánimos y enfriar el ambiente, no encender los ánimos", dejando en muy mal lugar al presidente de su partido en el País Vasco, Alfonso Alonso, que había manifestado su apoyo al mismo; a la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, o al portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, estos dos últimos presentes físicamente este domingo en Alsasua. Y, sobre todo, dejando en muy mal lugar a los militantes y votantes del PP del País Vasco y del resto de España que no entienden ni se reconocen en esas declaraciones.

El constitucionalismo tiene en Navarra, pero también en el País Vasco, en Cataluña o en Baleares, un reto trascendental: hacer frente a los afanes independentistas en algún caso, anexionistas en otros y de ruptura con España en todos. Para eso se necesita un entendimiento, lo que conlleva una gran dosis de generosidad, no estar permanentemente en el regate en corto o en estrategias exclusivamente partidistas o personalistas. Ese entendimiento es vital si no se quiere que el proyecto de frente popular-populista-independentista que encabeza Sánchez con la ayuda de Podemos se consolide.

Las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo tendrán en ese sentido una enorme importancia. Si el frente popular-populista-independentista avanza y triunfa en comunidades autónomas y ayuntamientos importantes, será una muy mala noticia para España y para los españoles. Todavía hay tiempo para reaccionar y para que los líderes del PP, Ciudadanos y Vox acuerden una estrategia conjunta en defensa de la Nación y de la libertad.

Alsasua, inquietante diagnóstico
Fernando Ónega La voz 6 Noviembre 2018

En Alsasua no se produjeron daños personales porque Dios y los guardias no quisieron. Pero volaron las piedras y debieron ser lanzadas con muy mala intención porque iban acompañadas de gritos de «hijos de puta». Tal apelativo iba dirigido a los asistentes al acto de homenaje a la Guardia Civil y de defensa de la unidad nacional que había convocado España Ciudadana. Más allá de los gritos, la tensión palpable y los episodios vividos, lo ocurrido en Alsasua es como un diagnóstico de la política española en estos difíciles momentos.

Primer apunte para ese diagnóstico: la presencia de representaciones de los tres partidos que la izquierda llama «las tres derechas», Ciudadanos, autor de la idea, Partido Popular (el estatal, no el vasco) y Vox. Ni el PP ni Vox quisieron permitir que Ciudadanos saliese solo en la tele y en la foto, no sea el diablo que su activismo patriótico le proporcione algún voto. Compiten a ver quién dice la palabra más gruesa, y ahora se ve que quieren competir por quitarse protagonismo. Resultado de Alsasua: al estar Vox allí, la imagen de la derecha es una imagen extremista. Ocurrió lo mismo que en el resto del país: en el flanco conservador no hay quien represente la moderación.

Segundo apunte: la reacción de los aberzales alsasuarras, típicamente fascista. Se rechazó y apedreó a los oradores y a los concentrados por ser extranjeros, por defender ideas distintas y por tener la osadía de hacerlo en «su» territorio. Entienden su terruño o su pueblo como una propiedad privada, física e ideológicamente, y nadie puede ocuparlo. Es una tendencia ya vista en Cataluña ante otras manifestaciones y demuestra el carácter excluyente de los nacionalismos actuales. No es una tendencia mayoritaria, pero sí creciente. Y está siendo una de las semillas del odio político, que cada día asoma de forma más descarada y a veces a rostro descubierto.

Y el tercer apunte es la ruptura del bloque constitucional, que cada día pierde alguna de sus costuras. La reacción del portavoz socialista en el Senado, que calificó la convocatoria como «una grave irresponsabilidad» demuestra que la distancia entre los conservadores y los progresistas es prácticamente insalvable en lo que se refiere a la política territorial y en concreto a la relación con los independentismos, violentos o no.

Resumen: en Alsasua se vieron dos extremismos con tendencia a enfrentarse; un asomo de fascismo que impide la libertad de expresión; otra expresión de odio político que empieza a ser frecuente en hechos y discursos y una hiriente discordia entre los partidos que hasta ahora apoyaban la Constitución. Ninguno de estos factores es nuevo. Pero es alarmante su reiteración.

Miserable
Nota del Editor 6 Noviembre 2018

No se puede caer mas bajo. Quiere que defender España sea delito. Y sitúa miserablemente los extremos para facilitar la destrucción de España.

Cómo atacar a Franco es atacar a la democracia y defenderlo es defender la libertad
Pío Moa gaceta.es 6 Noviembre 2018

En su escalada de ataques y provocaciones contra la democracia, comenzada por Zapatero con la ley de memoria histórica y mantenida por el PP, el Doktor está llegando a los extremos: trata de cerrar cualquier “espacio” en que se exalte a Franco. Por supuesto, en democracia cualquiera puede exaltar o denigrar a Franco, por lo que ese plan ya es un ataque directo a las libertades básicas. Ataque por parte de un tercer frente popular, compuesto, como los anteriores, por separatistas, totalitarios y golpistas.

Pero de lo que se trata no es de exaltar o denigrar, sino de defender la verdad histórica contra el Himalaya de falsedades y calumnias que ha constituido siempre la propaganda del frente popular, como denunciaba Besteiro. Y la verdad histórica es que Franco, con todos los defectos que se le quieran achacar, representa datos fundamentales como la continuidad y la independencia de la nación española, de la cultura cristiana, de la libertad personal. Representa la prosperidad, la reconciliación entre los españoles y la paz más larga que ha vivido el país en siglos. Representa el triunfo sobre el comunismo y sobre la disgregación de España. Y esto es lo que sufre como una herida insanable el irreconciliable tercer frente popular, una amalgama de grupos que quieren considerarse herederos de los derrotados en la guerra civil, y, fraudulentamente, invocan una democracia a la que amenazan y corroen a diario. Una “democracia” que acaba de retratarse, una vez más, en Alsasua.

Conviene ver claramente quienes son los que persiguen la libertad de los españoles con el pretexto de Franco: son cuadrillas de estafadores académicos, corruptos, ligados por un lado a la prostitución y por otro a lo peor de las llamadas cloacas del estado, pandillas de proetarras, cómplices del terrorismo y de regímenes brutales como el de Maduro, destructores de la ley y profanadores de tumbas. Son una chusma que por algo se identifica con los asesinos y torturadores de las chekas, a quienes trata de “víctimas del franquismo” cuando, si de algo fueron víctimas, fue una chusma como ellos, los jefes del PSOE y los separatistas entonces derrotados. Gente que escapó a toda prisa llevándose tesoros expoliados a medio país y abandonando a su suerte a aquellos sicarios que fueron capturados, juzgados y fusilados por los vencedores.

La pregunta es: ¿cómo estamos llegando a estos extremos desde la espléndida herencia de Franco que permitía una convivencia en paz y libertad entre los españoles? ¿Desde una herencia que en el referéndum de 1976 descartó rotundamente una democratización contra el franquismo, y rechazó la amenazadora ruptura propuesta por un frente popular en ciernes de juntas y plataformas “democráticas”, que intentaban un nuevo frente popular? ¿Cómo ha podido resurgir a estas alturas un frente popular?

La respuesta es: por la complicidad de una derecha indecente que confundió enseguida democracia con antifranquismo y entregó, desde Suárez, el campo de las ideas, la cultura y la historia a aquella chusma. Una derecha descerebrada –desde el Vaticano II– que creía que lo importante en definitiva es “la pasta”. No han faltado las advertencias sobre la peligrosa deriva emprendida, sobre la corrupción, sobre los ataques a la libertad, sobre las complicidades con la ETA, la financiación de los separatismos, la marea de falsificación histórica, la degradación de la familia y de la salud social… Todo en vano. Y hoy, la tarea del momento histórico es derrotar a este tercer frente popular desde una posiciones difíciles y divididas. Pero es preciso hacerlo.

Y no es casualidad que la cuestión de Franco se haya convertido en la piedra de toque para distinguir a un demócrata de un totalitario y antiespañol. Quienes defienden a Franco pueden ser o no demócratas. Pero quienes lo atacan son forzosamente liberticidas, que corroen la base sobre la que es posible una democracia: la subsistencia de España y las libertades políticas

Vivir en el infierno
Todavía en pueblos de Navarra y País Vasco, donde nos intentan vender normalidad, los terroristas y sus amigos hacen lo que quieren
Juan Antonio Extremera Apesteguia. larazon 6 Noviembre 2018

Subo las persianas y de nuevo otro día mas la lluvia se hace notar en los bonitos parajes verdes de esta tierra navarra. Salgo como todas las mañanas hacer mis compras diarias y nada más salir me encuentro con los primeros vecinos. «Egunón», «Buenos días» les contesto yo. «Otra vez nos visita la lluvia». «Sí, sí parece que no nos quiere dejar». Mientras se aleja, me responde «esto es bueno para el campo». Paso por la calle y otra vez, nuevas pancartas, fotos de jóvenes con un cartel de kilómetros y unas letras donde les llaman «gudaris» –héroes– a miembros de ETA encarcelados. Además de pancartas donde pone «aldemendik txakurras kanpora» contra la Guardia Civil, que rodean casi todas la calles, un aire huracanado intenta llevarse mi paraguas y los charcos que hay en la calle salpican en mis pies mojándolos. Después de toda mi odisea entro en la tienda de todos los días. «Kaixo», «¿que tal?», «bien», «¿y tu?», «bien». «¿Las dos barras de pan y la caja de leche de siempre no?». «Sí, sí como siempre», respondo. Mientras la dependienta me pone lo que le he pedido dos mujeres conversan entre ellas, escucho lo que dicen: «Estuve visitando a Aitor, está muy bien, esperemos que pronto con los socialistas ahora en el gobierno nos lo acerquen pronto a las cárceles de Euskalerria. Nuestros gudaris no se merecen el castigo que les están haciendo esos fascistas españoles».

La mujer que habla se llama Maialen, tiene a su hijo en la cárcel, cumple condena por varios atentados, todos con muertos. De repente una de esas mujeres me pregunta, ¿oye tú qué opinas de nuestros gudaris, que nunca dices nada, ni acudes a las manifestaciones de apoyo?». «Y a tus hijos nunca se les ve por la herriko, ¿no serás de ellos?», «peor, ¿no serás txakurra –guardia civil–? Son unos segundos en los que te dan ganas de decir lo que piensas, pero por otro lado sabes las consecuencias que puedes tener. Entonces, te muerdes los labios y contestas rápido y en voz baja. «A mí esas cosas no me interesan, paso de la política, no me va, no quiero saber nada». La respuesta de ellas es clara: «Esto no es política, los fascistas españoles atacan nuestra tierra Euskalerria y los txakurras día tras días pasean por nuestro pueblo para provocarnos, yo estoy orgullosa de mi hijo por que lucha por su pueblo, mi hijo es un héroe, es un gudari». En ese momento ya no puedo más y respondo: «A mí no me gusta lo que ha hecho ETA durante estos años, ha matado a mucha gente ha dejado viudas, huérfanos, familias destrozadas, ha llenado la calle de sangre y ha manchado la imagen de nuestra tierra, no os quejéis vosotros.

Veis a vuestros hijos en la cárcel, aunque hagáis kilómetros, pero las víctimas sólo pueden ir al cementerio a ponerles flores, ¿no os dan pena esas familias?» ¿Y no te acuerdas, Maialen, el verano pasado, cuando los compañeros de esos guardias civiles que dices que vienen a provocarnos, salvaron la vida a tu hija Naiara en aquel barranco en Jaca, donde uno de esos guardias civiles perdió su vida por salvar la vida de tu hija?». «Un perro menos», dice entre risas la dependienta de la tienda desde la otra esquina del mostrador. «Eso, eso, un txakurra menos, ya quedan menos», dice Mariano el del kiosko mientras abrocha la chaqueta a su nieta pequeña Nekane. Veo miradas fijas de ellas, como si fuesen cuchillos afilados que pasan por mi cuerpo. Y yo, con un sudor frío y temblando, noto por un lado entre un desahogo de tantos años aguantando esto y por otro en el lío que me he metido y he podido meter a mi familia. La respuesta de ellas es firme y clara: «A nosotros la muerte de esos fascistas no nos importa»; «algo habrán hecho». Con los nervios y el enfado que llevo en el cuerpo por esa respuesta les respondo: «Bueno, bueno, tengo prisa, me tengo que ir, agur». Ellas ni me responden, sólo me observan con una mirada asesina y la dependienta me da la bolsa del pan con un mal gesto sin decirme el «agur» de todos los días. Salgo de la tienda temblando con el paraguas medio roto por el viento, mientras voy de camino a mi casa. Voy pensando cómo digo en la comida a la familia lo que he hecho, seguramente se enfadaran conmigo.

Llega la hora de la comida y nerviosa tartamudeando les voy comentando mientras sirvo la sopa caliente en los platos. Hoy comprando el pan me he encontrado a Maialen, la mujer de Paco, ¿qué Paco? Paco el de Jaén, los que tienen a un hijo en la cárcel por ser de la ETA. Estaba hablando con Marisa, la mujer de Luis, y me ha preguntado qué opino yo de su hijo, no he podido aguantarme y he dicho lo que pensaba, que me parecía mal el daño que había hecho ETA durante todos estos años y me he desahogado, de repente las miradas de mi familia entre asombro y enfado se quedan clavado en mí. ¿Para qué has dicho tú eso? Ya sabes lo que tenemos que decir, a nosotros la política no nos va, no nos interesa, te callas y te vas, ya pero... contesto ni pero ni leches, has entendido bien; a nosotros no nos interesa ni la política ni nada. Ya, pero no podía más viendo pancartas y fotos de terroristas y he reventado. Uno de ellos entre gritos se levanta da un golpe en la mesa y dice: en menudo lío nos has metido, ahora veremos las consecuencias que vamos a tener, ¿por qué no has tenido la boca callada? Ahora toca tomar precauciones; los coches siempre en el garaje, desde ahora no se quedan aparcados en la calle.

Termina la conversación con los platos llenos de sopa encima de la mesa y cada uno en su cuarto balbuceando en alto. Esto que parece una historia de tiempos pasados desgraciadamente ocurre a día de hoy, año 2018. Todavía en pueblos de Navarra y País Vasco sucede, aunque algunos intenten decir que ya no hay miedo, ni intimidación en estas dos comunidades españolas y nos intentan vender que hay normalidad. No es cierto, en estos pueblos siguen con mucho miedo, mucha intimidación y donde los terroristas y sus amigos hacen lo que quieren en las calles de estos pueblos, donde decir que no eres nacionalista que tú eres constitucionalista y que te sientes español/a puede traerte consecuencias graves.

El Supremo rechaza expulsar a VOX de la causa del 1-O como pedían los golpistas
C. Cuesta y Miguel A. Pérez okdiario 6 Noviembre 2018

El Tribunal Supremo no entrará en el juego de los separatistas. El ex presidente de Òmnium Jordi Cuixart planteó un recurso auspiciado por ERC para expulsar a Vox de la acusación popular. Pero el Supremo tiene ya tomada la decisión y no aceptará el recurso. Vox seguirá formando parte de la acusación y seguirá elevando el listón de las peticiones de penas defendiendo la existencia del delito de rebelión.

El presidente de Òmnium Cultural que se encuentra en prisión provisional, Jordi Cuixart, pedía recientemente al Supremo en un escrito presentado por su defensa que se expulsara a VOX de la causa abierta por el “procés”, al entender que la estaba utilizando como “polo de atracción electoral” para los próximos comicios y para legitimar “ideas que contravienen” la Constitución.

Cuixart, tal y como publicó este diario, defendía que los planteamientos de Vox como acusación popular no eran netamente jurídicos sino que le movía un interés electoralista que, según sus abogados, pervertía el sentido de una acusación legítima.

Los abogados de Cuixart reclamaban, de hecho, la expulsión de Vox del caso por considerar que se había hecho uso de datos judiciales en el congreso de este partido en el acto de Vistalegre.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el Supremo rechaza las pretensiones de la defensa de Cuixart y por lo tanto, mantendrá a VOX en la causa para que siga ejerciendo la acusación popular. La decisión del Alto Tribunal se hará pública en las próximas horas o este mismo miércoles.

En el escrito remitido al Supremo, la defensa de Cuixart mantenía que el partido VOX es de extrema derecha y que no defiende el interés general en la causa por el “procés”, sino que su personación obedece “de forma principal, e incluso única, a la voluntad de utilizar dicha personación como polo de atracción electoral”.

“La existencia de intereses ajenos a la administración de justicia con exclusivas finalidades partidistas supone la utilización fraudulenta de la institución de la acusación popular en el procedimiento penal”, añadía el escrito.

La abogada de Cuixart recordaba en su escrito que el reciente acto que VOX celebró en el Palacio de Vistalegre de Madrid demostraba que su ideario “se focaliza especialmente en el desconocimiento y negación del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” y se caracteriza por “una actitud beligerante de recentralización del Estado y negación de los derechos nacionales”.

Además, para la defensa del presidente de Òmnium, las repetidas alusiones al papel de VOX en la causa del “procés” en Vistalegre probaban que este partido la está utilizando “para dar una imagen de legitimidad, en actos de propaganda electoral, a ideas que contravienen la misma Constitución”.

En ese sentido, el escrito alertaba de que el principal objetivo de VOX es “disponer del altavoz mediático que supone la ocupación del estrado de la acusación en la fase del juicio oral en un proceso penal de relevancia pública”, por lo que el partido lo aprovechará, según la defensa, para difundir su programa electoral.

“La personación de dicho partido político no aporta nada al interés de la justicia, ni siquiera desde la óptica de la acusación”, concluía el escrito, que emplaza al Supremo a no “permanecer impasible con la evidencia del uso espurio de la institución de la acusación popular” por parte de VOX.

Los argumentos de la defensa de Cuixart no habrían convencido al Supremo. Cabe recordar que VOX que ejerce la acusación popular en la causa se ha caracterizado por mantener una postura muy firme junto a la Fiscalía frente a los golpistas. Un acusación que también era firme por parte de la Abogacía del Estado, hasta que el socialista Pedro Sánchez llegaba a la Moncoa.

La formación liderada por Santiago Abascal solicitaba en su escrito de acusación presentado en las últimas horas 74 años de cárcel para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación de caudales públicos.

En el escrito de acusación que VOX ha presentaba ante el Tribunal Supremo pedía las mismas penas por los mismos delitos para los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull.

Lo cierto es que esa petición por parte de la defensa de Cuixart tenía mucho que ver con ciertas negociaciones políticas. En concreto, con las mantenidas por la gente de ERC con el Gobierno de Sánchez. Y es que, tras haber ordenado rebajar la acusación de la Abogacía del Estado para que no incluyeran el tipo de rebelión, el segundo paso de las negociaciones entre el Ejecutivo de Sánchez y ERC pasaba por favorecer una salida de Vox de la acusación popular. Sin embargo, el Ejecutivo socialista no contaba con un escollo insalvable, los magistrados del Supremo que no se dejarían influir y presionar, manteniendo en todo momento su independencia.

El plan final era dejar a la Fiscalía aislada y más presionable, con el objetivo de que también ella pasará de la petición del tipo de rebelión al de sedición, con menores penas.

Sobre penas, indultos y 155
Francesc Moreno cronicaglobal 6 Noviembre 2018

La calificación provisional de la Fiscalía y, sobre todo, de la Abogacía del Estado en relación con el fallido golpe de estado de septiembre y octubre de 2017 ha vuelto a demostrar la inexistencia de una política de estado que tenga por objetivo evitar otra asonada secesionista.

Otra vez, y llevamos así cuarenta años, los partidos estatales vuelven a anteponer sus objetivos políticos en vez de colaborar en una estrategia común, que puede tener diferencias tácticas, pero que debería tener un objetivo compartido: restablecer el estado de derecho en Cataluña.

La impresión que transmiten los partidos es que lo único que les preocupa es utilizar el conflicto para recobrar el poder, o para mantenerse en él.

Si realmente el objetivo fuese derrotar al secesionismo los partidos podrían discrepar en cuestiones tan trascendentes como si, una vez firmes las sentencias condenatorias, en caso de producirse, debe aplicarse o no un indulto --y el alcance total o parcial del mismo-- si es solicitado por los afectados cumpliendo los requisitos legales. Es legítimo que un partido sea partidario del indulto y otro no. Entra en el juego político y es perfectamente constitucional una postura y la otra. Eso sí, respetando la independencia judicial, después que las sentencias sean firmes, y habiendo defendido las respectivas posturas ante los electores.

La estrategia del independentismo es conservar el poder a toda costa y seguir, según sus palabras, ampliando su base social, es decir, continuar con la ingeniería social a la espera de “una ventana de oportunidad”. Mientras tanto promueven que los disidentes se vayan. Tratan de limitar la inmigración latinoamericana por hablar español --Pujol dixit-- favoreciendo la llegada de inmigrantes de otras procedencias más difíciles de integrar, pero que en la batalla por la secesión piensan que les serán más favorables. Desincentivan la llegada de españoles de otras regiones. Fomentan la hispanofobia. Adoctrinan cuanto pueden en la escuela. Utilizan los medios de comunicación públicos como altavoces de agitación y propaganda. Hacen uso y abuso del presupuesto para mantener y ampliar su red clientelar. Desobedecen las sentencias. Incumplen las leyes cuando les parece.

Es esencial que el estado de derecho, la democracia, no ceda. Y ello implica revertir la degradación democrática que se vive en Cataluña. Sin ello no se dan las condiciones para unas elecciones realmente libres... El Gobierno de Cataluña puede estar dirigido por independentistas que acaten lealmente las leyes, y traten de cambiarlas según los procedimientos establecidos, pero no por quienes, según sus propias palabras, esperan otra oportunidad para repetir su asonada.

Para conseguir este objetivo, que debería ser compartido por todos los partidos no secesionistas, puede discutirse si debe haber o no indultos, pero todos deberían ponerse de acuerdo en impedir que los secesionistas utilicen el Gobierno de la Generalitat para sus fines golpistas que ellos mismos reiteran cada vez que tienen ocasión.

Si el 6 o 7 de septiembre se hubiera aplicado el articulo 155 nos hubiéramos evitado todo lo que sucedió después. Los partidos deberían haber aprendido y no volver a caer en el mismo error para evitar en el futuro otros episodios que pueden tener consecuencias todavía más graves para la convivencia.

ETA reivindica 758 asesinatos y dos atentados que no había asumido hasta ahora
OKDIARIO 6 Noviembre 2018

ETA dice que el atentado de Hipercor fue su "mayor error y desgracia" pero que "las autoridades tomaron la decisión de no desalojar el edificio".

ETA asume en su último boletín interno “Zutabe”, fechado el pasado mes de abril, 758 asesinatos y 2.606 “acciones” entre las que incluye atentados no reivindicados hasta ahora por la banda terrorista, como el de la cafetería Correo de Madrid en 1974, y califica la masacre de Hipercor como el “mayor error y desgracia”.

El último “Zutabe”, difundido un mes antes de que ETA anunciara su disolución y que ha sido publicado hoy por el diario Gara, fija en 758 el número de personas asesinadas, “decenas menos que los listados del Ministerio del Interior o la Fundación de Víctimas del Terrorismo que refieren 853 y 829 víctimas mortales”.

La banda terrorista rechaza la autoría de “falsos atentados” como el “incendio del hotel Corona de Aragón” -83 muertos en 1979- que, según dice, le “achacan” la AVT y Covite y asegura que “las divergencias se corresponden con la imputación a ETA de acciones cometidas por otras organizaciones armadas -el caso de la niña Begoña Urroz en 1961- o bien producto de la guerra sucia”.

En este último boletín previo a su disolución, ETA reconoce 2.606 “acciones armadas, dos más que en su día no reivindicó”: el asesinato de tres personas en Tolosa (Guipúzcoa) en 1981, “al confundirlas con policías”, y la “explosión en una cafetería de la calle Correo de Madrid en 1974 en la que perdieron la vida 13 personas”.

En las cinco décadas de actividad violenta ETA asume que cometió “365 atentados contra la Guardia Civil” en los que asesinó a 186 miembros de este cuerpo; 215 contra “cuerpos policiales españoles” en los que murieron 139 agentes; y 147 contra el Ejército, en los que perdieron la vida 101 militares, además de “11 funcionarios civiles de la Armada”.

En el texto, según publica Gara, ETA describe su trayectoria criminal “desde una perspectiva básicamente operativa”, aunque incluye la declaración de “reconocimiento del daño causado que emitió el pasado 8 de abril”, en el que la banda terrorista reconoce “la responsabilidad directa que ha adquirido en este dolor” y manifiesta que “nada de todo ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto en el tiempo”.

ETA hace referencia a su atentado más sanguinario, cometido en el hipermercado Hipercor en Barcelona el 19 de junio de 1987, en el que murieron 21 personas y 45 resultaron heridas, y afirma que fue “el mayor error y desgracia” de su “accionar armado”, pero alega que “los responsables policiales y gubernamentales tomaron la decisión de no desalojar el edificio”.

Respecto a los secuestros que califica de “motivación económica” llevados a cabo en la década de los 90, asegura que “se convirtieron en el centro de una fuerte confrontación” y considera que los de los empresarios José María Aldaya (342 días) y Cosme Delcalux (232) “se prolongaron tanto por las dificultades técnicas y operativas provocadas por la presión policial”.

En su último boletín ETA señala que en 2001 “se realizaron tres intentos de atentado contra el presidente del Gobierno, José María Aznar, con la utilización de un misil mientras estaba en vuelo”.

Estrasburgo falla que el tribunal que juzgó a Otegi por terrorismo no fue imparcial

larazon.es. Madrid. 6 Noviembre 2018

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sentenciado que la Audiencia Nacional vulneró los derechos fundamentales del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi en el juicio del caso Bateragune --por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna--, por el que fue condenado por un delito de pertenencia a la banda terrorista ETA y sigue cumpliendo una condena en firme a 10 años de inhabilitación. No le indemniza, pero le recuerda que puede pedir en España la revisión de aquella sentencia.

La sentencia, dada a conocer este martes, declara que se ha producido una vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos --derecho a un procedimiento judicial imparcial-- sobre Otegi, Jacinto García, Rafael Díez Usabiaga, Miren Zabaleta Tellería y Arkaitz Rodríguez Torres, todos condenados en aquel procedimiento. El fallo ha sido unánime de todos los miembros del tribunal, entre los que estaba la española María Elósegui.

Por el 'caso Bateragune' Otegi cumplió seis años de prisión y está inhabilitado para ejercer cargo público hasta 2021. El tribunal de Estrasburgo apunta en su sentencia que cuando haya habido una vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, "la forma más adecuada de reparación sería, en principio, un nuevo juicio o la reapertura del caso, a petición de la persona interesada".

Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de que Otegi y el resto de demandantes pueden, con esta sentencia de Estrasburgo, presentar recurso de revisión ante el Supremo, que es el tribunal que les condenó en firme por intentar reconstruir Batasuna. Este recurso, regulado tras otra sentencia del TEDH contra España, la que anuló la conocida como 'doctrina Parot', podría afectar a la inhabilitación que impide a Otegi presentarse a las elecciones hasta 2021.

Imparcialidad contaminada
La demanda ante el TEDH, instada por la defensa de Otegi, buscaba dilucidar si la actuación de la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo, presidenta del tribunal que le condenó por el 'caso Bateragune', vulneró sus derechos fundamentales. La defensa alegó que su imparcialidad estaba contaminada por el prejuicio mostrado en un juicio anterior contra él.

En concreto, alegaba que durante un procedimiento anterior por el homenaje al cabecilla de ETA 'Argala', Murillo preguntó a Otegi si condenaba el terrorismo etarra y, ante su negativa a responder, la magistrada afirmó: "Ya sabía yo que no me iba a contestar esa pregunta".

En aquel juicio, Otegi fue condenado a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo, pero después el Tribunal Supremo atendió su recurso dándole la razón en el cuestionamiento de la imparcialidad de la magistrada Murillo.

De este modo, dado que en el tribunal que le condenó por el 'caso Bateragune' estaba la misma juez de la Audiencia Nacional, Otegi recurrió al Supremo y al Constitucional con los mismos argumentos de supuesta parcialidad, pero en este caso ni uno ni otro le dieron la razón, motivo por el cual decidió acudir a Estrasburgo.

«Recelo justificado»
De hecho, Otegi también recurrió por la supuesta parcialidad del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, dada su militancia en el Partido Popular, y del magistrado Antonio Narváez, que fue el fiscal que impulsó la ilegalización de Batasuna. Sin embargo, el TEDH rechazó de plano estudiar estos dos últimos casos, que tachó de maliciosos en primera instancia, pero si admitió a trámite la parte relativa a la Audiencia Nacional.

Pues bien, ahora el tribunal de Estrasburgo afirma que el "recelo" de Otegi y el resto de demandantes hacia la magistrada Murillo pudo estar "objetivamente justificado", ya que el Tribunal Supremo había aceptado su recusación en un caso anterior.

A pesar de todo, el TEDH establece en su sentencia --aunque no por unanimidad-- que no cabe indemnización a los demandantes por parte del Gobierno español, ya que considera que darles la razón supone "satisfacción equitativa suficiente" y recuerda que las compensaciones monetarias están planteadas sólo en aquellos casos en los que el daño no puede repararse de otro modo.

Estrasburgo falla a favor de Otegi en una sentencia aberrante para España
ESdiario 6 Noviembre 2018

La Corte Europea vuelve a poner en cuestión la imparcialidad de la Justicia española. Y en el peor momento, en vísperas del juicio en el Supremo contra los procesados del referéndum del 1-O.

El independentismo catalán está de celebración. Después de que el propio Gobierno de Pedro Sánchez haya cuestionado al Tribunal Supremo -con su descafeinado escrito impuesto a la Abogacía del Estado poniendo en duda la rebelión en Cataluña-, las malas noticias para la Justicia española llegan ahora desde Estrasburgo, cuyo tribunal tendrá a la postre la última palabra sobre el futuro judicial de Oriol Junqueras y el resto de procesados por el procés.

Y es que el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea (TEDH) ha dictado una sentencia en la que concluye que la Audiencia Nacional vulneró los derechos fundamentales del exdirigente de Batasuna y actual líder de Sortu, Arnaldo Otegi, en el juicio por el caso Bateragune, por el que fue condenado por un delito de pertenencia a la banda terrorista ETA y sigue cumpliendo una condena en firme a 10 años de inhabilitación.

La resolución conlleva la retirada de esta inhabilitación y abre la posibilidad a que Otegi sea candidato a lendakari en las elecciones vascas de 2020.
Ensayo general del "procés": Estrasburgo examina a España y puede blanquear a Otegi

La sentencia, dada a conocer este martes y que no ha sido unánime, resuelve que se ha producido una vulneración del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre Otegi y otros cuatro proetarras, Jacinto García, Rafael Díez Usabiaga, Arkaitz Zabaleta y Miren Rodríguez Torres, todos condenados en aquella causa sobre la reconstrucción ilegal de Batasuna.

El caso, instado por la defensa de Otegi buscaba dilucidar si la actuación de la magistrada de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, en el juicio que le condenó por el caso Bateragune vulneró sus derechos fundamentales. La defensa alegó que su imparcialidad estaba contaminada por el prejuicio mostrado en un juicio anterior contra él.

En concreto, alegaba que durante el juicio por el homenaje al cabecilla de ETA Argala, Murillo preguntó a Otegi si condenaba el terrorismo etarra y, ante su negativa a responder, la magistrada afirmó: "Ya sabía yo que no me iba a contestar esa pregunta".

Asimismo, Otegi denunció la presunta parcialidad del presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, dada su militancia en el PP; y del magistrado Antonio Narváez, que fue el fiscal que impulsó la ilegalización de Batasuna. El TEDH rechazó de plano estos argumentos, que tachó de "maliciosos" en primera instancia, admitiendo a trámite sólo la parte relativa a la juez Murillo.

Todo un precedente para las defensas de los presos del 1-O, que llevan meses agitando el discurso de la parcialidad de los tribunales de España, con el instructor de la causa, Pablo Llarena, a la cabeza.

Strasbourg
Nota del Editor 6 Noviembre 2018

Ahora se enteran de la gentuza que hay por allí. Como si les importasen algo los derechos humanos.
 

España ACUERDO SÁNCHEZ-BARKOS
200 guardias civiles hacen las maletas en Navarra: "Nos han desahuciado. Nos han vendido"
Gonzalo Araluce elespanol 6 Noviembre 2018

"Ceder las competencias de Tráfico es el primer paso para forzar la salida de la Guardia Civil de Navarra". Esa es la máxima que impera entre los agentes del Instituto Armado desplegados en la Comunidad Autónoma, que en las últimas fechas han visto cómo Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con la presidenta Uxue Barkos para que la Policía Foral asuma esta labor. Dicen que el arreglo supone un "desahucio" para 200 compañeros y sus familias, obligadas a abandonar la región: "Nos han vendido por unas monedas de plata".

La noticia saltó la semana pasada. Uxue Barkos viajaba a Madrid para reunirse con Pedro Sánchez. La presidenta navarra sostiene su presidencia en la Comunidad Foral en un cuatripartito. Barkos lidera la formación Geroa Bai, la marca navarra del PNV, y que cuenta con el apoyo de EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra (IU). Del mismo modo, aunque en otro plano, Sánchez necesitó el apoyo de los nacionalistas para llegar a la Moncloa.

En el encuentro entre Sánchez y Barkos, el presidente del Gobierno le anunció la cesión de las competencias de Tráfico, que recaerán en la Policía Foral de Navarra. Se trata de una reivindicación en la que coinciden formaciones políticas de todo el espectro de la Comunidad Foral. Actualmente en la región hay desplegados unos 1.600 agentes del Instituto Armado, distribuidos en 53 cuarteles.

"Un éxodo"
Los guardias civiles, no obstante, no coinciden en el fondo de la cuestión: "Esto es una cesión política de negociación de los presupuestos", denuncia José Cobo, secretario general de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), en conversación con EL ESPAÑOL. Según sus estimaciones, cerca de 200 guardias civiles tendrán que abandonar Navarra.

"Les obligan a un éxodo, a trasladar a sus familias y sus trabajos a otros sitios de España", detalla Cobo, quien insiste en que muchos de esos agentes "son navarros, tienen mujeres navarras e hijos navarros". "Se nos ha vendido por unas monedas de plata, este es el primer paso para sacar a la Guardia Civil de Navarra".

En términos similares se expresa la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC): "Este objetivo representa un nuevo ataque a España y a su integridad territorial, conscientes del carácter vertebrador que representa el Cuerpo de la Guardia Civil". Desde la asociación hablan de "estupor e indignación": "Por otra parte, no es ningún secreto que el objetivo último del actual gobierno de Navarra no es otro que la expulsión total y definitiva la Guardia Civil de la Comunidad Foral".

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) define el acuerdo como "una nueva muestra de desprecio" al Instituto Armado: "Vuelve a incidir en la descoordinación policial, suponiendo una pérdida de competencia para los guardias civiles, cuyo trabajo sigue siendo objeto de faltas de respeto. Debemos hacer pública la gran preocupación que en estos momentos existe entre nuestros compañeros destinados en Tráfico en Navarra y sus familias ante la incertidumbre que ahora se abre respecto a su situación".

La pasarela a la Foral
Por eso, la AUGC señala que algunos de los guardias civiles afectados se están planteando la posibilidad de abrir una pasarela hacia la Policía Foral. Así, seguirían desarrollando su misma función y en la misma tierra, aunque en otro cuerpo policial.

Esta opción ya ha provocado las primeras reacciones en el panorama político. María Chivite, secretaria general del Partido Socialista de Navarra (PSN), ha planteado la opción de facilitar este trasvase de agentes. Desde EH Bildu, no obstante, la consideran "un error político y jurídico".

 


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