AGLI Recortes de Prensa   Jueves 8  Noviembre 2018

Que nadie se engañe: el impuesto a las hipotecas se mantiene por Sánchez
EDITORIAL esdiario 8 Noviembre 2018

En una inenarrable comparecencia, Pedro Sánchez anunció con una solemnidad artificial que, en adelante, los españoles no tendrían que volver a pagar el impuesto a las hipotecas y que, tras la aprobación de un nuevo decreto ley de urgencia, lo abonarían en el futuro los bancos.

Es su respuesta, llena de trucos retóricos y perfectamente inútil, a la decisión del Tribunal Supremo de enmendarse a sí mismo y fallar a favor del mantenimiento de ese cobro al receptor de la hipoteca y no a la entidad financiera que se lo concedió.

Sánchez mantiene en realidad un impuesto que se niega a quitar. E Iglesias le ayuda a disimularlo

Lo que en realidad hace Sánchez, y con él su socio Pablo Iglesias, es mantener un impuesto absurdo y sólo explicable por la voracidad recaudatoria de la Administración española, trasladando ficticiamente la carga a un sector que, si es castigado de esa manera, lo recuperará de la única forma posible: encareciendo otros productos para compensar así el mordisco del Gobierno.

Un mastodonte público
Porque la banca no se beneficia, en estos momentos, de ese impuesto, sino que ejerce de mera recaudadora de un Estado que, en sus tres niveles -local, autonómico y nacional- se queda con el 50% de los ingresos de cualquier ciudadano al cargarle de una axfixiante retahíla de tributos directos e indirectos que financian, al final, una mastodóntica estructura pública en nombre de un usuario al que desatiende.

Si Sánchez hubiera querido librar al ciudadano de ese pago, simplemente habría eliminado el impuesto. Pero no lo ha hecho, presentando como una gran proeza un mero artificio contable que no beneficiará a nadie pero le permitirá al Gobierno mantener sus ingresos previstos en este apartado.

La presión fiscal directa e indirecta para mantener a la Administración es asfixiante e inadmisible ya

El cinismo del presidente está presente también en la reacción de su socio, Podemos, que se niega también a exigir la desaparición de ese impuesto y, en su enésima performance demagógica, exige la devolución con carácter retroactivo y anuncia una manifestación populista frente al Supremo.

Sánchez e Iglesias faltan el respeto a la opinión pública y, además, se comportan como si no estuvieran en el Gobierno o no lo sostuvieran, intentando con ello tapar la evidencia de que simplemente han renunciado a retirar esa carga al ciudadano. Pudiéndolo hacer, sin más, no lo han hecho. Y ningún acto de propaganda puede maquillar esta certeza: ellos son los responsables.

Sánchez se hipoteca con la demagogia
 larazon 8 Noviembre 2018

Es imposible no reparar en el oportunismo político, demagogo en el exacto sentido del término, que entraña la corrección gubernamental de la resolución del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Ciertamente, el enfado ciudadano por una decisión judicial que consolida la impresión popular de que «la banca siempre gana», aderezado, además, por el insólito y desconcertante cisma de los magistrados, que había dado pábulo a las teorías conspiratorias más variopintas, era un cebo demasiado goloso para que un Gobierno en precario, como el actual, dejara pasar la oportunidad populista, presentándose como brazo justiciero contra los «malvados banqueros».

Sin embargo, lo hecho, la rectificación por decreto de una decisión judicial, sienta un preocupante precedente que no puede justificarse en la, en cierto modo, anómala actuación de la sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ni en unos supuestos derechos de los ciudadanos, a quienes la legislación vigente venía imponiéndoles desde hace veinte años el pago de un impuesto ideado y gestado por el poder político. La cuestión jurisdiccional de quién es el sujeto pasivo en una operación hipotecaria, si el prestamista o el prestatario, cuestión sujeta a controversia, como ha denunciado el propio presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, por su confusa plasmación en el corpus legal, no debería dirimirse a golpe de BOE, sino aprovechando la obligada reforma de la Ley Hipotecaria, aún pendiente de aprobación en el Congreso. Es, pues, la vía del Legislativo a la que hay que apelar y no al recurso ejecutivo del decreto.

Pero es que, además, la actuación de Pedro Sánchez no va a traer las bondades que pregona, puesto que, y no sabemos si es un rasgo de ingenuidad o de cinismo, las entidades de crédito tratarán de aminorar en lo que puedan, y pueden mucho, las pérdidas en su cuenta de resultados. Tampoco restituye el supuesto daño causado a los clientes hipotecarios, ya que no se impone la norma con retroactividad, y, finalmente, abona las denuncias sobre la creciente inseguridad jurídica que provocan los actos de la Administración. Incluso podríamos añadir un argumento más, basado tanto en la experiencia de la política como en el principio de precaución: si los impuestos a las transacciones hipotecarias recaen exclusivamente sobre los bancos, es decir, sobre esos malvados seres, epítomes del capitalismo feroz, se abre la puerta a una subida general de la fiscalidad, tan cara a la izquierda y, sobre todo, cubierta ante la opinión pública por el feliz «que paguen los bancos», que es el caballo de batalla populista por antonomasia.

Con todo, lo peor que oculta esta cortina de humo es que se escamotea el verdadero debate, el de por qué España es el país de nuestro entorno donde con más impuestos se grava al mercado hipotecario. La cuestión de por qué, en una sociedad que elige preferentemente adquirir la vivienda habitual en propiedad, como la gran, y muchas veces única, inversión de toda una vida, los poderes públicos se convierten en comensales privilegiados. En España, los gravámenes para una operación hipotecaria tipo de 200.000 euros suponen 2.800 euros de media, frente a los 500 de Italia o los 250 de Francia, y en los tres paga el cliente. En Reino Unido, Países Bajos y Alemania no se paga nada. Este es, insistimos, el debate que es preciso abordar si de verdad se quiere proteger a los ciudadanos y facilitar a las jóvenes generaciones el acceso a una vivienda propia. Gustará más o menos, pero uno de los factores que determinan la riqueza de un país, su proyección internacional y la calidad de sus servicios sociales es una banca potente, rentable y capaz de atraer a millones de pequeños accionistas. Lo demás es oportunismo.

El objetivo real de los copresidentes es otro: someter al Supremo
OKDIARIO 8 Noviembre 2018

Los copresidentes del Gobierno, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, —tanto monta, monta tanto— pretenden someter la voluntad del Tribunal Supremo manipulando el enfado de los españoles. La aparente preocupación que muestran por los ciudadanos es sólo un disfraz de sus verdaderas intenciones: sacar rédito político de la situación y condicionar las decisiones de la cúspide del Poder Judicial español. Puro totalitarismo populista. Si el PSOE estuviera realmente en contra de esta medida, las ocho comunidades autónomas donde gobierna no cobrarían un 72% más por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que aquellas regiones donde gobierna el PP. No obstante, y ante el descontento que ha provocado el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ambos kamikazes de la política están aliados para alentar la rabia y los instintos más primarios de los ciudadanos.

Esta irresponsabilidad política fomenta de manera innecesaria la tensión social. Atacar al Alto Tribunal es atacar los propios cimientos de nuestra convivencia y también la estabilidad del país. Factores indispensables en un momento donde el futuro económico se presenta incierto. Por ello, resulta inadmisible que Pedro Sánchez respalde el escrache al Tribunal Supremo que ha organizado Podemos de cara al próximo sábado. Un respaldo que viene después de que Pablo Iglesias apelara a la “rabia” de los ciudadanos para impulsar distintas manifestaciones callejeras. Todo ello obedece a una estrategia de la coalición PSOE/Podemos para conseguir nuevos votantes mediante la creación de una corriente de indignados. Antes de apoyar el acoso de Podemos, Sánchez había anunciado una modificación por decreto ley para que los bancos paguen el IAJD, al contrario de lo dictaminado por el Tribunal Supremo.

Con independencia de que la decisión del Alto Tribunal pueda ser cuestionable, no es el mejor mensaje posible el hecho de que salga el presidente del Gobierno al día siguiente desautorizando de una manera tan radical una decisión del Supremo. Además, resulta paradójico que el jefe del Ejecutivo muestre una preocupación tan súbita cuando su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantuvo este mismo impuesto en su tipo más alto —el 1,5%— durante su etapa como consejera de la Junta de Andalucía. Prueba de que tras las oportunistas apariciones de Sánchez e Iglesias hay una operación política que tratan de concretar con sumo ventajismo. El deber de los ciudadanos es reclamar lo que creen que es suyo, sin duda, pero también no dejarse manipular por unos partidos que no sólo legislan “en caliente”, sino que además quieren dar un golpe de mano al Tribunal Supremo.

El golpe del doctor volador
Pablo Planas Libertad Digital 8 Noviembre 2018

Se amontonan los indicios de que la moción de censura no fue sino un episodio más del largo golpe de Estado que comenzó en Cataluña.

Toneladas de demagogia e insensato buenismo. Los nuevos hipotecados no pagarán el impuesto sobre actos jurídicos documentados. A cambio, disfrutarán de hipotecas más caras y en peores condiciones porque todo lo que toca Pedro Sánchez se tuerce irremediablemente. Le daban mucha pena los inmigrantes que rechazaba Italia; ahora aparecen decenas de cadáveres flotando en las aguas del Estrecho. Quiso sacar a Franco de la tumba y lo único que ha hecho es sacarlo de olvido. Forzó las dimisiones de Màxim Huerta y Carmen Montón, pero aguanta a los potentados inmobiliarios Pedro Duque, Isabel Celaà y María Luisa Carcedo y tiene que soportar el ridículo de que le llamen "doctor" porque ha quedado meridiano que su tesis es un folleto ampliado de la propaganda del Ministerio de Industria y Comercio de cuando lo dirigía Miguel Sebastián. Se quiso desentender del juez Llarena y luego mandó acudir en su auxilio a la ministra villareja, la Dolores que no ha dimitido.

Ahora le ha tocado al Supremo y de rebote a los consumidores. Anunciar un decreto urgente para revocar una decisión del Alto Tribunal, por muy cuestionables que sean las formas e incluso el fondo, es una reacción tan oportunista, populista y despótica que convierte a Maduro en una especie de gran estadista a su lado. Claro que el sesgo y la deriva se veían venir desde mucho antes de que forzara a la Abogacía del Estado a capitular ante los golpistas, otra cacicada más del bello Pedro. El doctor volador es un torpedo que se cree que el mundo existe desde que él es presidente del Gobierno gracias a los votos de filoterroristas, golpistas y acomodados antisistema. De ahí lo de desenterrar cadáveres porque él lo vale, negociar con los presos sediciosos los Presupuestos Generales del Estado y acoger inmigrantes por un lado para devolverlos a Marruecos en secreto.

Sánchez está dispuesto a arrasar con todo y el Tribunal Supremo no va a ser un obstáculo en sus planes de permanecer en la Moncloa durante décadas. Ahora mismo está bailando sobre la lápida del Supremo una danza en homenaje a sus socios presos y prófugos. La declaración de guerra de Sánchez contra el Alto Tribunal abre un escenario infernal. Los jueces están absolutamente indefensos. Al presidente no le importan nada los hipotecados pasados, presentes y futuros. Lo único que le interesa es que alguien pague el dichoso impuesto a las comunidades autónomas y, principalmente, desacreditar al Poder Judicial para facilitar la puesta en libertad de los dirigentes golpistas y el retorno en olor de multitud de Puigdemont.

Sánchez quiere cambiar de régimen, propiciar el tránsito hacia otra república, aniquilar el sistema de libertades e inaugurar un nuevo orden tutelado por los sujetos que asesoraron la destrucción de Venezuela, por ese Errejón que dice que allí comen tres veces al día y por ese Iglesias que ha pasado de un piso de protección oficial a un chalet con piscina porque un banco le ha prestado seiscientos mil euros. Lo que no se entiende es que ese hombre no montara un pollo en el notario con el impuesto de los actos jurídicos, salvo que su hipoteca no sea como la de los demás.

En apariencia, con Sánchez casi todo el mundo gana y la oposición le hace los coros al arremeter contra la decisión del Supremo. El tipo preserva el tributo autonómico y se cubre de gloria al prometer al pueblo llano que serán los bancos usureros quienes paguen el impuesto. A su vez, los bancos se libran de la retroactividad porque el decreto ratifica que hasta ahora la ley era que pagaran los hipotecados. Salen perdiendo los jueces y fiscales que según la retórica progre ponen en libertad a los violadores y persiguen a fray Junqueras, a Puigdemont y a los raperos republicanos, todos ellos grandes hombres de paz que festejan con Otegi el derribo de la democracia en España. Las hipotecas son la última cortina de humo de los vendepatrias. Ningún presidente de la democracia llegó tan lejos contra los jueces como Sánchez. Se amontonan los indicios de que la moción de censura no fue sino un episodio más del largo golpe de Estado que comenzó en Cataluña.

Hipotecas: Ciudadanos se alinea con los frentepopulistas
EDITORIAL Libertad Digital 8 Noviembre 2018

Si, como dice el dicho, bien está lo que bien acaba, cabría saludar la sentencia del Tribunal Supremo que ha rectificado el demagógico disparate jurídico y económico cometido hace escasos quince días por su Sala Tercera, cuando sentenció, contrariando la ley y la jurisprudencia de los últimos 23 años, que fueran los bancos y no los clientes los que abonaran el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

Pero es que resulta bochornosa la imagen que ha dado el TS; más aun si se tiene presente que 13 de los 28 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo aun insistían en que fuera la banca y no los clientes la que pagara un impuesto que, por ley y por jurisprudencia, corresponde abonar al prestatario y no al prestamista. El lamentable cruce de acusaciones entre los que sostienen que unos magistrados se han dejado presionar por el populismo ambiental y quienes aseguran que otros han sucumbido ante el poder la banca no se habría producido si todos ellos se hubieran limitado a observar el criterio establecido en la ley y en la jurisprudencia.

Todo es aún más patético si se repara en el hecho de que, aun cuando se hubiera aceptado el cambio de criterio y pasaran los bancos a ser formalmente los que tuvieran que abonar el impuesto, nada les impediría repercutir en lo sucesivo el importe a los clientes como gastos de hipoteca. Eso, por no hablar de que en las hipotecas ya concedidas serían las CC AA y no los bancos quienes tendrían que devolver a los clientes el dinero, en ningún caso la banca, puesto que el propio TS dictaminó recientemente que ni empresas ni particulares deben pagar por impuestos pasados cuando se reclamen por un cambio de criterio de la Administración.

Así pues, no es sino una auténtica tomadura de pelo que el Gobierno haya reaccionado anunciando un cambio legislativo para que sean los bancos y no los clientes los que pasen a abonar el IAJD, cambio que no se puede aplicar de forma retroactiva y que no impedirá a los bancos repercutir el importe.

Especialmente bochornosa ha sido la reacción de Ciudadanos, que, en lugar de demandar la supresión de ese injusto y anacrónico tributo, tal y como han hecho el PP y Vox, se ha sumado a la insensata demagogia del PSOE y de la extrema izquierda podemita en favor de una medida que, aunque teóricamente exima al cliente del pago del IAJD, de igual forma le encarecerá las hipotecas, haciéndolas más inaccesibles a los menos pudientes.

Cualquier formación liberal, o perteneciente a una socialdemocracia mínimamente moderna, hubiera aprovechado la oportunidad para pedir la supresión de un impuesto injustificable que, incluso como tasa, resulta redundante con los aranceles notariales y registrales, lo que constituye una vulneración del principio general del Derecho conocido como non bis in idem, que considera injusto penalizar más de una vez un mismo hecho.

Ni jueces ni bancos, los únicos culpables del impuesto de las hipotecas son los políticos
Manuel Llamas Libertad Digital8 Noviembre 2018

El único beneficiario del impuesto de Actos Jurídicos Documentados son las CCAA, no los bancos. Hay que eliminar ya, de inmediato, este tributo.

En un hecho inesperado, el Tribunal Supremo acaba de dictaminar que es el cliente y no el banco quien debe abonar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), a diferencia de lo que sentenció hace apenas dos semanas la Sala Tercera de esta institución. Esta decisión, tal y como era de esperar, ha reactivado con fuerza el populismo político y mediático que, por desgracia, ha prendido en la sociedad española tras el estallido de la crisis, hasta el punto de que Podemos y sus partidos satélite han convocado una manifestación ante el Alto Tribunal para el próximo sábado en señal de protesta. El Poder Legislativo arengando a las masas en la calle contra el Poder Judicial, algo muy propio de los regímenes bananeros que los comunistas de nuevo cuño quieren imponer en España. Muchos otros, sin embargo, se limitan a criticar con dureza a los jueces, pese a no tener ni idea de Derecho o, como mínimo, haberse molestado en leer las sentencias relativas a este asunto.

Unos y otros se equivocan de plano. Lo que acaba de hacer el Supremo es corregir una sentencia previa cuyo contenido resultaba incomprensible, por no decir aberrante, para la mayoría de expertos en la materia. No es materia de este artículo profundizar en los argumentos jurídicos de una u otra sentencia, pero basta señalar tres puntos para percatarse de la barbaridad que suponía cargar a la banca el ya polémico AJD.

1. El juez no legisla: este impuesto se aplica en España desde hace décadas y tanto la ley como los diferentes reglamentos que se han desarrollado sobre este tributo a lo largo del tiempo establecen que es el prestatario (cliente) y no el prestamista (banco) quien debe abonarlo (sujeto pasivo). En concreto, la norma señala que "será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan". La ley lo establece de forma bastante clara y lo que hizo la sentencia previa, la que cargaba el impuesto a la banca, fue anular ese apartado bajo el argumento de que el único interesado en inscribir la hipoteca es la entidad, modificando así la literalidad y sentido de una norma vigente desde hace años -el reglamento vigente data de 1995-. No es esa la tarea encomendada a los jueces.

2. Contradice la jurisprudencia previa: la sentencia en cuestión también ignora por completo la larga jurisprudencia previa del Supremo sobre esta cuestión. No es al primera vez que surgen dudas y conflictos sobre quién debe abonar este impuesto, pero el Supremo siempre había mantenido que el sujeto pasivo era el cliente, no el banco. De ahí, precisamente, todo el revuelo formado. La decisión de la Sala Tercera supuso un "radical" giro en la interpretación del Alto Tribunal, razón por la cual el presidente de dicha sala, Luis María Díez Picazo, convocó el Pleno para analizar en detalle el citado fallo. De hecho, lo más curioso e incomprensible de todo es que cuatro de los seis magistrados que modificaron ese criterio dictaron hace apenas un año que es el cliente, y no el banco, el sujeto pasivo, siendo éste un fallo en el que, además, unificaban doctrina. ¿Cómo es posible que estos mismos jueces dijeran una cosa y la contraria en tan corto período de tiempo? Los primeros que se contradicen son ellos mismos, ignorando de paso la prolija jurisprudencia anterior. Lo único que ha hecho el Supremo ahora es corregir ese inexplicable ¿error?

3. El interesado es el hipotecado: la sentencia que pretendía hacer pagar a los bancos se sustenta sobre un argumento de lo más endeble. Estos jueces venían a decir que el único interesado en que se inscribiera la hipoteca mediante escritura pública es la entidad y no el cliente, como hasta ahora, porque, en caso de impago, podría ejecutar la garantía para embargar la casa gracias a que consta en el Registro de la Propiedad. En primer lugar, esos jueces parecen olvidar que sin escritura ni registro no hay hipoteca. Su inscripción es un requisito legal para la concesión del préstamo hipotecario. Pero es que, además, es evidente que el interesado es el cliente, como bien ha dictaminado el Supremo en multitud de ocasiones, ya que es quien solicita el préstamo. Si el banco no pudiera ejecutar la hipoteca, sencillamente, no habría hipoteca y, como resultado, el cliente tendría que comprar el inmueble con un crédito al consumo -mucho más caro-.

Siempre paga el cliente
Por si fuera poco, aun en el caso de que el Pleno del Alto Tribunal hubiese decidido mantener ese insensato cambio de criterio, con todo el daño que ello supondría para el Estado de Derecho y la seguridad jurídica del país, la banca no tendría que pagar nada por dos razones básicas: las entidades nunca cobraron ese impuesto -ni ningún otro-, dado que el AJD, como el resto de tributos, son percibidos por Hacienda. En este caso, serían, por tanto, las CCAA las que deberían devolver lo ingresado de forma indebida; y, en segundo término, el propio Supremo dictaminó recientemente que ni empresas ni particulares deben pagar por impuesto pasados cuando se reclamen por un cambio de criterio de la Administración.

Así pues, los bancos, muy posiblemente, tampoco pagarían este desaguisado, puesto que no les corresponde. Los cerca de 5.000 millones de euros en devoluciones, aplicando una retroactividad de cuatro años -la que marca la ley-, tendrían que ser abonados por las CCAA, no por la banca. Es decir, con la corrección del Supremo, quienes ganan realmente son las haciendas regionales, no el sector financiero. Y ello sin contar que la devolución a los antiguos hipotecados sería sufragada por los futuros compradores mediante un aumento de las comisiones y los tipos de interés.

Y es que, en el fondo, da igual que jueces o políticos dictaminen ahora que el banco es el sujeto pasivo porque, en la práctica, siempre será el hipotecado el que terminará pagando, ya sea de forma directa -a la hora de formalizar la hipoteca-, ya sea durante la vida del préstamo -vía comisiones o intereses-. No cambiaría absolutamente nada.

El impuesto más caro de Europa
Lo que hay que preguntarse, por tanto, no es quién paga este tributo, sino por qué existe. ¿Por qué hay que pagar un impuesto sobre la escritura de una hipoteca? ¿Es que acaso no es suficiente con sufragar los gastos relativos a la notaría y el Registro que, encima, hay que abonar un tributo específico que oscila, hoy por hoy, entre el 0,5% y el 1,5% de la responsabilidad hipotecaria total (principal + intereses ordinarios + intereses de demora + cotas + gastos), según cada comunidad autónoma? El coste adicional para una hipoteca por importe de 100.000 euros puede llegar a alcanzar los 3.000, dinero que va, directamente, al bolsillo de los políticos.

No todos los estados aplican el AJD. Alemania, Reino Unido y Holanda, por ejemplo, carecen de este impuesto, mientras que Francia, Italia y Portugal, por el contrario, cuentan con un tributo similar, pero mucho más reducido que España. Además, en todos los países donde existe esta figura es el cliente, no el banco, quien abona la cuantía. El caso español es mucho más sangrante, ya que la factura a pagar es, de lejos, la más alta de Europa. Sobre una hipoteca de 200.000 euros, por ejemplo, en España se abonan de media 2.800 euros, frente a los 1.200 de Portugal, los 500 de Italia o los escasos 120 de Francia.

Hay que eliminar el AJD
Si a ello se le suma el resto de gastos asociados a la formalización del préstamo, el coste de firmar una hipoteca asciende a cerca del 10% del importe solicitado -unos 10.000 euros para lograr un préstamo de 100.000-, lo cual es una barbaridad. Y esto no es culpa de la banca, sino de la clase política y su sangrante carga fiscal.

No en vano, ¿saben acaso los españoles cuál es el coste impositivo total que soporta una vivienda? La siguiente tabla, elaborada por la patronal de promotores Asprima, muestra que un inmueble cuyo precio final ascienda a 157.500 euros para el comprador incluye una factura fiscal equivalente al 25%, algo más de 39.000 euros, debido a las diferentes tasas y tributos aplicados a lo largo del proceso de construcción. Es decir, el precio real de ese piso rondaría los 120.000 euros, excluyendo la tributación. Dicho de otro modo, los políticos encarecen arbitraria y artificialmente la adquisición de una vivienda en un 25%.

¿A qué viene entonces que los partidos se rasguen las vestiduras por la decisión del Supremo? Comprar una vivienda es un robo a mano armada desde el punto de vista fiscal. El AJD lo crearon los políticos y lo cobran los políticos. Da igual que el sujeto pasivo sea la banca, tal y como propone ahora el Gobierno, puesto que seguirá siendo sufragado por el cliente de uno u otro modo.

Lo que hay que hacer es eliminarlo ya, ipso facto, e incluso con carácter retroactivo -hasta cuatro años- para que las CCAA se rasquen el bolsillo y devuelvan los 5.000 millones de euros citados. Por desgracia, ni un solo partido con representación parlamentaria plantea algo similar. PSOE y Cs engañan a la opinión pública con el cuento de que pagará la banca; Podemos tan sólo persigue la inestabilidad institucional cargando su hipócrita ira contra el Supremo mientras Echenique sube un 50% el AJD en Aragón; y el PP, si bien es el único que habla de eliminarlo, se limita a decir que lo hará cuando gobierne, en lugar de proponerlo ya en el Congreso o, al menos, bonificarlo al 100% en las autonomías donde gobierna.

Basta ya de engaños y promesas vacías. La gente está harta del expolio fiscal de la clase dirigente. A quien hay que culpar de este despropósito no es a los bancos ni a los jueces, sino a los políticos, y, como consecuencia, es a ellos a quienes hay que exigir sin dilación la anulación de este inaceptable atraco.

Ignominia en Alsasua
Ana Velasco Vidal-Abarca Libertad Digital 8 Noviembre 2018

El pasado domingo se desveló en Alsasua -con toda su crudeza- la verdadera situación que se vive en el País Vasco y Navarra. No fue una provocación. Fue una constatación. El odio está ahí, dispuesto a saltar contra cualquiera que ose cuestionar el pensamiento único, el status quo del nacionalismo preeminente y la docilidad sumisa de los demás. Nada se puede salir del guión si no queremos despertar la furia de los guardianes de las esencias separatistas.

Ha aflorado la falsa derrota del terrorismo. Se ha visto a las claras que el fanatismo radical, la justificación obscena del terror campan a sus anchas, sin cortapisas, y que los adláteres de Eta no toleran que nadie que no sean ellos tenga algo que decir en sus dominios. Y lo que es peor, ha quedado al descubierto que hay muchos que están dispuestos a permitirlo en silencio y se indignan ante los que desenmascaran las mentiras políticamente correctas.

Fue terrible contemplar los insultos, las amenazas, los gritos de cientos de individuos enardecidos por el odio, un odio que no sacia ni la sangre inocente derramada, como si no fuera suficiente el inmenso daño causado ya. Pero fue aún más atroz ver que allí, entre aquella muchedumbre de moral hedionda, se encontraba el asesino en serie de diecisiete personas. Y fue desolador volver a constatar que ese miserable criminal está en libertad porque el Estado de Derecho no ha sido capaz de aplicarle la pena que merecía. Fue repugnante que los españoles que acudieron a Alsasua a reivindicar la libertad, a homenajear a la Guardia Civil y a defender la integridad de la Nación, tuvieran que soportar la presencia provocadora e indecente de ese asesino, y probablemente de otros como él que también estarían allí.

Y fue demoledor comprobar que el manido "relato" que se está fabricando -como si la verdad no brillase por sí misma-, no es más que una acumulación de burdas mentiras urdidas por los que quieren lavar sus conciencias por haber desertado de la auténtica derrota del terrorismo, y por los que pretenden legitimar que tuvo una razón de ser y equiparan a los que fueron asesinados con sus asesinos.

Ahora, la verdad está al descubierto. Sin tapujos. Eta quiere el control, quiere mandar, quiere continuar imponiendo su voluntad. Por las buenas o por las malas. Y los cobardes están dispuestos a transigir con sus exigencias a cambio de una paz fingida, de una retirada pusilánime, del abandono del respeto a las víctimas y a la sociedad española; a cambio de mirar para otro lado cuando los asesinos -liberados por un Estado que no ha sido capaz de cumplir con su obligación de impartir justicia- increpen y amenacen a los españoles que defienden la libertad. ¡Qué ignominia!

Un programa exquisito
ARCADI ESPADA El Mundo 8 Noviembre 2018

Cuánto daría yo por ser el columnista exquisito de centro centro que diseña mi querido FJL en su columna de ayer. Ese columnista, bien sûr -sea dicho en la lengua exquisita-, que no se pone sistemáticamente a cubierto, equidistante, en el centro del segmento sino, orgullosa y precisamente, en el centro de todas las dianas. No lo soy, pero aspiro, y ya veréis todos cuando crezca.

Sí, Vox populi es un partido inconstitucional. Estuvo bien que acudiera a Alsasua. Pero yo no dejo de considerar que el Papa de Roma sea un majadero porque esté como yo en contra de la guerra y a favor de la paz en el mundo. Vox populi quiere acabar con el régimen del 78 como quiere hacerlo la Podemia. Propone que el Estado español vuelva a ser un Estado unitario, con un solo Gobierno y un solo Parlamento. Propone la ilegalización de partidos en función de los objetivos políticos que tengan. Propone la deportación de inmigrantes que hayan reincidido en leves delitos. Propone la exclusión de la enseñanza del Islam en la escuela pública. El programa de Vox populi no tiene desperdicio como siempre sucede cuando todo es desperdicio. Incluso comparte con la izquierda las políticas de identidad, por más que sean otros los sujetos. Para Vox populi, por ejemplo, los inmigrantes hispanoamericanos, que privilegiará en esa política de cuotas, ¡por origen!, que se propone establecer. O las víctimas del Síndrome de Down, que no considera víctimas de una enfermedad sino personas con una particular manera de ser y sobre las que proyecta una de las mentiras más innobles que habré leído en un programa político: "Y amparándoles [a esos enfermos] ante la persecución que sufren por parte de quienes se han propuesto exterminarles".

Vox populi no aspira a reformar la Constitución como en su día quisieron hacer otros partidos, UPyD por mejor ejemplo. Vox populi quiere una nueva Constitución y un nuevo régimen. Como lo quieren la Podemia y el independentismo que sostienen al gobierno Sánchez. Todo ese aquelarre de la política es hoy el frente inconstitucional español. La apelación exculpatoria al supuesto patriotismo de Vox populi tiene poco sentido. Incluso Pablo Iglesias se considera un patriota; y podría haberlo sido de haber tenido algo de inteligencia estratégica.

Un importante mandato democrático, y de la pura inteligencia, obliga a no utilizar jamás argumentos ad hominem. De ahí que sea ineficaz e inmoral trazar cinturones higiénicos en torno a Vox populi por lo que es. A ese partido nacionalpopulista hay que tratarlo por lo que dice, y con eso basta y sobre todo sobra.

Hablamos español (si nos dejan)
Javier Orrico Periodista Digital 8 Noviembre 2018

“Hablamos español” es una asociación formada por ciudadanos de las regiones donde la lengua española está sufriendo desde hace años marginación, cuando no persecución: catalanes, mallorquines, valencianos, vascos, navarros y gallegos. (Y, al paso de locura que vamos, hasta los asturianos vendrán a pedir que los salvemos de sí mismos, de la imposición de ese dialecto medieval y de ficción, l’asturianu, que ya está llegando a los centros educativos del Principado).

Son ellos, y no murcianos o andaluces, los que han puesto en marcha una ILP (Iniciativa legislativa popular) para reclamar la aprobación por las Cortes de una “Ley de libertad lingüística” que permita, en toda España, vivir, opositar, estudiar o enterarse de dónde va a llover, que ahora en la tele no hacen más que decir Pitiusas o ‘Sabia’ (Jávea/Xàbia) y no hay quien se aclare. En fin, una propuesta para que en las comunidades con dos lenguas oficiales se usen y, sobre todo, se puedan usar las dos. En igualdad, sin imposiciones, sin primacías.

Absurda e increíblemente, hoy son casi veinte los millones de españoles que viven en comunidades donde la lengua española (la mayoritaria como lengua materna en todas ellas) ha sido reducida en la práctica a lengua vergonzante y seña de identificación (no de identidad) de unos supuestos invasores, colonos enviados desde Castilla para pervertir la pureza étnica de los pueblos elegidos. Este es el pensamiento perfectamente ario que alimenta, por ejemplo, a las bestias pardas que apalearon en Alsasua a dos jóvenes guardias civiles y sus novias. O a Torra y Otegui.

No hay ninguna prueba más patente y escandalosa, si tuviéramos vergüenza, del fracaso del Estado democrático que esta esperpéntica situación: cuarenta años de democracia constitucional después, podemos decir que el español ha sido prohibido en la vida oficial y pública de media España: en la enseñanza, en la rotulación de calles, carreteras y edificios públicos, en comercios y empresas, en la denominación de ciudades y pueblos, en las pruebas y requisitos para la función pública, en la sanidad, en los medios de comunicación autonómicos, en folletos informativos y todo tipo de comunicaciones oficiales, y hasta en las cartas de muchos restaurantes.

Ninguno, creo, de los jóvenes que nos manifestábamos en 1976 y 77 para reclamar la oficialidad y la enseñanza de las lenguas regionales, imaginábamos que lo que en verdad se perseguía era la eliminación del español, de facto y hasta legalmente, de la vida de esas regiones. Se trataba de eso exactamente, de borrar la huella de lo que entendían por España para justificar su disgregación, y con ella, sobre todo, perpetuar el control político, social y económico, de clase, de un grupo étnico-lingüístico muy cohesionado sobre una mayoría desvertebrada a la que traicionaron todos: los partidos y sindicatos de izquierda, cómplices entusiastas y necesarios de los nuevos nazis, y la siempre asustadiza derecha.

No se buscaba sino establecer un instrumento de selección, un filtro de adhesión que garantizara una falsa movilidad social cuyo fin era encubrir la supremacía de la casta que administraba la lengua correcta: la propia, frente a la impropia (¡una lengua impropia!), la excluyente, frente a la común. La que por eso debía ser expulsada, por ser común, por constituir la prueba manifiesta de la existencia de una nación que comparte una lengua de comunicación, comercio y cultura desde hace cientos de años. Y que por eso resulta ser el principal obstáculo para el Estado plurinacional que quieren encasquetarnos desde una izquierda que, en la cuestión nacional, hace mucho que dejó de serlo. Izquierda y nacional.

Así que, lo que nos jugamos con la “Ley de libertad lingüística” no es el futuro de la lengua española, que, gracia a Dios, está en manos de nuestros parientes americanos mucho más que en la nuestra. Lo que está en juego es la democracia, la igualdad. Es, en efecto, la libertad.

Por eso, lo que vengo a pedirles hoy, mes semblables, mes frères, es que firmen y apoyen esta ILP. Lo pueden hacer, si tienen firma electrónica, hasta el próximo domingo en esta dirección:
https://www.mifirma.com/proposals/65

Háganlo, firmen, multiplíquenlo entre sus amigos. Antes de que nuestra indiferencia culpable nos castigue con un nuevo Babel y ya no quede nada que nos una.

¿Por qué miente Errejón con tal desparpajo? ¿Es un iluso o un fanático? ¿Tendrá que ver con la mano amiga que financió el nacimiento de Podemos... o será simplemente que el bueno de Íñigo está un poco mal informado?

Un partido que apoya sin sonrojarse las tropelías de una de las dictaduras más torpes del mundo es simplemente lo que parece: un cáncer para España, que por cortesía del PSOE ya está empezando a corroer los pilares del país.

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Alsasua: el algodón no engaña
Enrique de Santiago okdiario 8 Noviembre 2018

Es verdad, C’s, PP y Vox fueron a Alsasua a provocar, a abrir una herida que aún mana sangre —la de la democracia a manos de los asesinos—, a generar crispación y avivar los odios —defender España—, son todos ellos mala gente y deben de ser perseguidos por una justicia popular, por ser esta la más Justa, la otra está repleta de mangarranas engominados y poco sensibles. Es cierto que José Antonio Ortega Lara es un mal bicho que se acerca a quienes le tuvieron en un zulo durante 532 porque se lo merecía y tuvo la suerte de que, la cruel y desalmada panda de asesinos de la Guardia Civil, le obligaron a salir de donde se encontraba tan a gusto. Santiago Abascal es un perro fascista que porta pistola por el sólo hecho de que una padilla de amigos del pueblo le querían enviar a ver a su Dios antes de tiempo, un totalitario que intentaba impedir que le diesen una manita de abrazos y que su pueblo fuera liberado por los valientes cachorros de la asociación de monjas de la caridad que se congregaba en torno a lo que llamaban ETA.

Rivera es un mentecato que merece ser sometido a la turba popular, pues sólo quiere hacerse la foto y crear climas de crispación. De Casado no tengo más que afirmar que es peor que Aznar, que era el diablo con bigote, un personaje de la más baja estofa que sólo es capaz de ganar unas elecciones mediante el engaño, la crispación. Quienes pretenden defender la unidad de España, los símbolos trasnochados de su bandera o la pachanga fachosa de su himno, así como enaltecer esos valores de mierda en los lugares más pacíficos del planeta, véase la serena Euskadi o la apacible Cataluña, que sólo se ven perturbados en sus sosegados espíritus por la presencia de esa caterva de fachas o con la basura de los símbolos españolazos de mierda. Debían de ser ilegalizados para permitir la democracia popular y la libertad del poder omnímodo del Estado y sus dirigentes.

Pues bien, si ser fachoso es defender todos esos valores de unidad, esos símbolos, la democracia, el respeto y la libertad, así como estar del lado de Ortega Lara, Santi, Rivera o Casado, amigo mío, acabas de dar con el más facha y, lo siento por ti, que no lo eres, pues te pierdes lo mejor, te comes la piel y desperdicias la esencia y lo peor es que ni lo ves, ni lo entiendes. Me gustaría que aprendiésemos que democracia no es estar con el delincuente, que no es permitir que cada uno haga lo que quiera, que no es saltarte la Ley cuando no te guste, que no es perseguir al disidente o escupir al que no piensa como tú, que poder defender un Estado pequeño y libre frente a un Estado elefantiásico y regulador no es inaceptable, sino una postura ante la vida tan digna, sino más, que la contraria.

Que no perturba quien defiende la vida, sino el asesino que te impide defenderla. Que no es crispación defender a tu madre, a tu padre, la libertad y la democracia, sino jalear al asesino. Que el diálogo sólo se puede hacer entre iguales y no con delincuentes o golpistas que son los únicos que deben de sufrir el “no es no” de los demócratas. Que la vergüenza y la dignidad no es propiedad de una izquierda que comprende al criminal y criminaliza al demócrata.

El PSOE compra el relato de Herri Batasuna

Cristina Seguí okdiario 8 Noviembre 2018

Cualquier persona decente preferiría fregar escaleras antes de pisar un plató o un escaño a costa de llamar “fascista” a José Antonio Ortega Lara. A costa de llamárselo o a costa de tolerarlo. Sin ambages: todos ellos son culpables de procurarle la muerte civil junto a todos los que nos representan para vivir de las lisonjas de esas industrias. Las que provocan la náusea física, cada vez que un presentador o tertuliana hiperhormonada le llama “ultraderechista” antes de dar paso en la escaleta a Gonzalo Boye, aquel gordo infame del terror que ascendió a abogado de un golpista fugado décadas después de secuestrar a Emiliano Revilla. A todos esos sinvergüenzas que el lunes menospreciaron a Ortega Lara y defendieron la tesis de “la provocación y la crispación de las tres derechas” frente a la horda etarra en Alsasua, los batasunos también les hubieran partido la cara por tratar de hacer su trabajo en aquella plaza.

Por eso, ninguno se metió el pasado domingo entre aquella piara de paletos tribales fabricados en las ikastolas del PSN y de Uxue Barcos, que gritaba a la Guardia Civil y a Ortega Lara “hijos de puta, nazis” y “terroristas”. El lunes siguiente al acto era hilarante ver a los rutilantes analistas laicos aparcando su odio anticlerical un rato para no hablar de la Iglesia vasca de Setién. Aquel obispo que, en lugar de bajar al infierno tras sus exequias, debió meterse en el campanario navarro para tañer las campanas que el domingo silenciaron a las víctimas de ETA y que avisaron a los padres de una de las mujeres apaleadas en el puto bar Koxka, y que aún viven en Alsasua, que era hora de volver a bajar las persianas de su casa. Con la intención de levantarlas se había desplazado, desde Burgos hasta el perímetro de su secuestro, Ortega Lara.

También para trazar la línea de la decencia junto al resto de las víctimas, Ciudadanos, el PP, y VOX. Todos menos el PSOE que, representado por Marlaska, el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, RTVE, EFE, el ministro de Fomento Ábalos, y María Chivite, la secretaria general del PSN firmaron en el bando del Carnicero de Mondragón, el asesino de niños y embarazadas que una vez se eusko-cagó encima al ser detenido por la Guardia Civil. Ciudadanos y PP aseguraron que era la primera vez que el PSOE había cruzado aquella línea, aunque el PSOE la sobrepasó 15 años antes. Desde el 3 de noviembre de 2003 cuando, tras firmarse el tripartito de PSC, ERC, ICV en Cataluña, los socialistas aspiran a reeditarlo en el País Vasco y Navarra. Para lograrlo compraron el relato etarra. Y llamaron a la estrategia y a la revitalización ideológica de la ETA “nuevos tiempos”.

Un mojón poético para que pareciera menos sucio y bastardo. El diseño retórico le correspondió a Jonan Fernández, ex portavoz de Herri Batasuna en Tolosa, que aplaudió los tres asesinatos que costaron el trazado de Leizarán y que hoy vive del dinero público como secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco. La dirección socialista delegó el trajín de la pomposidad de la paz a cambio de votos en manos de Jesús Eguiguren, entonces presidente del PSE-EE que describió a Josu Ternera como “un hombre castigado por la política”. Y, tras ello, los socialistas consumaron la batasunización de Navarra gracias a su concubinato con BILDU para forzar la dimisión de Barcina en 2014. Lo que los medios compraron a partir del lunes siguiente al acto fue el relato de Fernández y otros como él, que siempre negaron a las víctimas su derecho a salir a la calle cuando las mataban para exigir la aplicación de la ley. Entonces, como el pasado domingo, también eran apedreadas.

El PSOE cambia de bando
José Manuel Sánchez Fornet okdiario8 Noviembre 2018

La última prueba del cambio de “trinchera” socialista lo tuvimos el pasado domingo en Alsasua. La Fundación España Ciudadana creada por C’s organizó un mitin político en dicha localidad navarra de unos 7.000 habitantes, que adquirió notoriedad nacional porque algunos de sus jóvenes cachorros dieron una paliza a dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas, mujeres, una madrugada. Alsasua es España. Un partido político o cualquier organización tiene derecho a organizar allí un mitin político y los ciudadanos del pueblo tienen la obligación de respetar la ley. ¿O no? ¿Existe allí una ley distinta que dice que los derechos civiles de la ciudadanía están a expensas de lo que decidan los radicales del pueblo? ¿Se puede en el Estado español ejercer los derechos civiles y políticos en cualquier zona del mismo o existen mafias locales que deciden por encima de la ley?

El recibimiento a los ciudadanos que acudieron al mitin portando banderas de España fue de insultos, amenazas, lanzamientos de piedras y estiércol, boicot del evento con aparatos de música a todo volumen, motosierras, y las campanas de la Iglesia sonando —según el párroco, unos jóvenes entraron al campanario y cerraron la puerta; fueron identificados y desalojados con posterioridad—. La Policía Foral pudo hacer algo más pero no quiso, o no pudo, aunque sabiendo que el Gobierno de Navarra está en manos de abertzales, los filoterroristas etarras, es fácil suponer las instrucciones que recibieron. Alsasua funciona como una dictadura. Los no afectos son aislados. La novia del teniente además de agredida ha debido abandonar el pueblo. Sus padres han cerrado el bar. Tienen puesta en venta la casa, pero no consiguen venderla —por la presión que ejercen sobre los que quieren comprarla—.

Están condenados a vivir como judíos en territorio nazi. Y el Estado español, cobarde y miserable, no interviene. Toda la diligencia la dedica a los poderosos, a poner escoltas a saltimbanquis y vividores de la política en casoplones sin ayudar a los ciudadanos que lo precisan. ¿A qué esperan para considerarlos víctimas del terrorismo, comprarles la casa y facilitarles unas condiciones de vida dignas? Alsasua, como otros pueblos de España, está en manos de mafiosos independentistas que imponen sus caprichos por encima de las leyes. El Estado está ausente. El PSOE, su portavoz del Senado Ander Gil, el ministro de Interior o el de Fomento han realizado declaraciones impresentables no repudiando la violencia de los fanáticos y culpando de provocación a quienes ejercen sus derechos civiles y políticos. Un cambio de trinchera, de la democracia, las leyes y el ejercicio pacífico de los derechos a apoyar a los filoterroristas que lo impiden.

A partir de ahora si los jubilados, policías, autónomos, conductores de diesel… ciudadanos con derechos deciden arrojar estiércol, insultar y acosar a los militantes del PSOE en cada mitin, será exigible que les apliquen la misma consideración que a los violentos de Alsasua. Entre la jauría de radicales paseando, haciendo acto de presencia como “pastoreando” a los violentos estaban la presidenta del Parlamento Navarro —de Podemos— y el asesino Zabarte Arregui, condenado por 17 crímenes de los que nunca se arrepintió, —entre ellos cinco niños y mujer embarazada—, que fue detenido escondido en un armario, con el arma cargada, sin realizar un disparo, físicamente cagado y meado, cuando dos de sus cómplices de comando ya habían resultado muertos. El PSOE con Sánchez a la cabeza ha cambiado de trinchera. Defiende casi por obligación y con la boca pequeña a la Monarquía como forma de Estado y la Transición, mientras jalea, negocia, comparte y fortalece a quienes quieren destruirla.
 


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