AGLI Recortes de Prensa   Sábado 10  Noviembre 2018

Sánchez, pillería y oportunismo
Carlos Herrera ABC 10 Noviembre 2018

¿Qué nuevo ámbito de la sociedad española va ser el objetivo de Pedro Sánchez para crear problemas donde no los hay? La respuesta no deja de ser una incógnita: puede ser cualquiera. Un Gobierno especializado en despertar demonios dormidos, en desbaratar instituciones varias, en encabronar diversos colectivos, es un Gobierno que puede dedicarse a cualquier acción disolutiva, ya que, en realidad, ha perdido la vergüenza. Por el momento, y antes de que sobrevenga alguna ocurrencia de última hora, el presidente del increíble Gobierno inesperado ha conseguido que las hipotecas sean más caras y más inaccesibles. Esa fraseología consistente en decirle «al pueblo» cosas que supuestamente el pueblo quiere escuchar (o que necesita darse por el cuerpo como una crema de consuelo ante las adversidades) cursa con un precio inevitable: es mentira y, además, contraproducente. Pero así son los peronistas de nuevo cuño, de edición digital.

En la antesala de la vista oral de un juicio trascendental para la democracia española, esa que a ojos de Puigdemont y Otegui prácticamente no existe (menuda paradoja: la ETA de Otegui ha matado en Barcelona con tozudo desempeño durante muchos años, pero eso a Puigdemont le importa tan poco que su único deseo es una alianza con quien representa a los carniceros que laminaron Cataluña; Hipercor, Vich y Ernest Lluch incluidos), a Sánchez solo se le ocurre reclamar con insultante suficiencia un ápice de «autocrítica» al máximo Tribunal español a cuenta del errático y churretoso proceso que tiene que ver con los impuestos de una hipoteca. Sánchez exige a un Tribunal (que le ha hecho un gran favor dejándole la pelota en el área para que la remate a puerta vacía) lo que él ha sido incapaz de poner en práctica a lo largo de estos erráticos meses de Gobierno. Si es que a esta banda se le puede llamar Gobierno. Ni una palabra por sus rectificaciones, por sus Presupuestos fallidos, por sus irregularidades doctorales, por sus ministros abrasados, por sus empeños guerracivilistas o por su alistamiento con el populismo más ramplón: la autocrítica siempre es cosa de los demás.

Dotado de una irritante artificialidad, Sánchez ha pretendido estimular una corriente de adhesión a sus meandros políticos mediante el método antiguo de la baja lisonja. Asegurar, a las pocas horas de haber decidido el Supremo que quien debe seguir pagando impuestos es el ciudadano, que los ciudadanos (y ciudadanas) no van a volver a pagar el impuesto de marras a la hora de escriturar una vivienda mediante la firma de una hipoteca es de una sinvergonzonería demagógica sin precedentes. Cualquiera con dos dedos de frente, y más un supuesto doctor en Economía, sabe que ningún banco está dispuesto a sufragar la compra de vivienda alguna por parte de ningún particular y que todo gasto atribuido a la cuenta de resultados de una entidad que vive del préstamo será repercutido, de una forma o de otra, al crédito concedido, es decir, que el prestatario, quien recibe el dinero para hacerse con una propiedad, correrá con los gastos de manera directa o de indirecta. Si de verdad Sánchez y su camarilla quisieran estar al lado de «la gente», suprimirían un impuesto inusitadamente alto que sirve para engrosar las cuentas de esos sacamantecas que son las comunidades autónomas y no se vestiría de Robin de Los Bosques para hacer creer que ha aliviado la cuenta de resultados de los particulares cargando la imposición sobre los hombros de los malvados banqueros españoles. La jugada, habida cuenta del populismo ramplón de muchos españoles, es de olfato rápido y de conocimiento del terreno que se pisa, pero es una ofensa más a la inteligencia de los votantes, la cual, a simple vista, está por demostrar.

Ahora puede dedicar su tiempo a ver si consigue levantar la losa de Franco. Pero ojo, pesa más de lo que parece.

Un grave abuso
¿Debe cambiarse la educación al dictado de un débil Gobierno minoritario?
Luis Ventoso ABC 10 Noviembre 2018

Groso modo, existen dos maneras de ver la vida. Para unas personas, las llamadas progresistas, los valores que deben primar por encima de todos son la igualdad y la equidad. Para otros, los liberales y los conservadores, lo prioritario es respetar las libertades individuales y de mercado y fomentar un clima favorable al talento y el esfuerzo personal. En España unas veces han ganado las elecciones los socialistas y otras los conservadores. Pero ha habido una diferencia esencial en su obra de gobierno. La izquierda impulsa siempre un proyecto de ingeniería social, aspira a que los ciudadanos asimilen su mirada ideológica como la única respetable y estándar; mientras que la derecha suele centrarse más en la gestión y menos en el apostolado ideológico. Resultado: desde la instauración de la democracia el modelo educativo que ha imperado es el del PSOE.

Gozando de una amplia mayoría absoluta, el PP se propuso por una vez cambiar las tornas con la llamada Ley Wert, ministro de buenas ideas y de tacto equiparable al de una vaquilla en un encierro. En esencia, Wert quiso recuperar la cultura del esfuerzo en las aulas. Pero el tándem Mariano-Soraya era alérgico a dar batallas ideológicas. Cuando la izquierda política y mediática saltó en tromba contra el «intolerable abuso educativo de la derecha», el Gobierno se arrugó y dejó solo a Wert. El siguiente ministro fue ya un encantador caballero... que en realidad no dio palo al agua.

El PSOE opera de manera bien distinta. El jueves, a la hora de la merienda, conocimos por sorpresa un grave abuso. Sánchez, con el 25% de los diputados del Congreso, con un Ejecutivo zombi incapaz de aprobar unos presupuestos y que seguirá atado a los de Rajoy, anuncia una ley de educación para desmontar lo poco que queda de la del PP e imponer su doctrina en las escuelas. Su plan va de frente contra la cultura del esfuerzo, con el exterminio de las reválidas y nuevas facilidades para los repetidores. También se acabarán las comparaciones de resultados entre centros, pues en la subcultura de la igualdad nadie puede ser peor que otro, es mejor una feliz igualación a la baja. En un país con un supurante problema con el separatismo, el proyecto aboga también por otorgar más mando a las comunidades (exactamente lo contrario de lo que se precisa). Por último, en una España donde casi el 70% de la población se declara católica, se ponen nuevas trabas a la educación concertada, se resta todo valor académico a la asignatura de Religión y se crea una materia nueva que viene a ser la religión laica del Estado (progresista, of course, única fe admisible).

Si la sociedad civil española no está definitivamente atrofiada debería plantarse muy en serio ante este trágala, inadmisible viniendo de un mandatario que ni siquiera ha ganado las elecciones. El futuro de los países se mide por la calidad de su educación y nunca nadie fue a más trabajando cada vez menos, que es en lo que consiste el inventazo de la ministra Celaá.

La octava maravilla
Ignacio Camacho ABC 10 Noviembre 2018

Por más que hasta el neoliberalismo más esencialista haya asumido ya el Estado del bienestar como un fundamento del orden europeo, el sedicente progresismo español continúa considerándolo como su particular predio. En materia de educación y sanidad, en concreto, no admite ninguna reforma bajo otra pauta que su propio criterio. Cuando está en la oposición exige consenso, pero en cuanto llega al poder impone sus métodos por mayoría o por decreto. En el ámbito pedagógico, la izquierda se siente autorizada para decidir lo que es o no es moderno, que en general suele consistir en invadir de prejuicios ideológicos los colegios y en desmantelar cualquier ordenamiento que la derecha haya podido articular al respecto. Por eso llevamos siete leyes educativas en democracia, a una por quinquenio, contando la de Villar Palasí que, aunque promulgada al final de la dictadura, rigió en la Transición durante un cierto tiempo. Y dos de ellas, una de UCD (Suárez) y otra del PP (Aznar), nunca llegaron a entrar en funcionamiento. La octava norma ya está en proceso cuando la séptima, la Lomce de Rajoy-Wert, apenas ha alcanzado su desarrollo completo. Y como era previsible, este Gobierno pretende aprobarla sin plantearse siquiera un pacto de gran espectro. Los socialistas no discuten sobre su modelo.

En realidad no sería demasiado difícil alcanzar un acuerdo transversal sobre aspectos estrictamente técnicos o prácticos: los contenidos formativos, el desarrollo igualitario, la lucha contra el fracaso escolar, la formación profesional o la evaluación del profesorado. El problema es de orden político y simbólico, de los principios que determinan que se note quién está al mando. Ahí no cabe negociación posible porque la izquierda no permite a nadie la entrada en su territorio acotado y porque el nacionalismo vigila el blindaje de su hegemonía lingüística y su sesgo didáctico. Que los debates de tono más alto sean siempre el de la asignatura de Religión, el de la lengua vehicular o el de los centros concertados indica hasta qué punto la cuestión primordial está desenfocada por tabúes doctrinarios. No hay modo de centrarse en lo importante, que es la preparación del alumnado para desenvolverse en una sociedad global que penaliza el retraso. Ni siquiera hemos sido capaces de sacar partido a la formidable herramienta de competitividad que representa el castellano como idioma franco.

El gran déficit de país de España es la ausencia general de pensamiento estratégico. La élite dirigente vive ofuscada con ardor extremo en asuntos perfectamente superfluos. El combustible más potente de la actividad pública es el rencor, el antagonismo, el resentimiento; una paralizante, irresponsable obsesión histórica por desandar lo andado y deshacer lo hecho. Así nos luce el pelo. El futuro, que es de lo que trata la educación, nos pillará discutiendo. Lo pagaremos.

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Jurisprudencia golpista
Javier Somalo Libertad Digital 10 Noviembre 2018

El mes de noviembre nos ha dejado tres decisiones judiciales que ya son manejadas como jurisprudencia contra la Ley.

A falta de una acción política que el presidente Sánchez quiere postergar impidiendo elecciones generales, la confianza en la lucha contra el golpe de Estado de la Generalidad está depositada en la Justicia. Pero el mes de noviembre nos ha dejado tres decisiones judiciales que ya son manejadas –todo es posible– como jurisprudencia contra la Ley.

El auto de la Audiencia de Barcelona, al estimar un recurso contra un juzgado de Manresa por la actuación policial durante el 1-O, sostiene que la Guardia Civil debió permitir la votación porque no tenía consecuencias jurídicas. ¿Acaso se espera que un golpe de Estado busque "consecuencias jurídicas"? Pero es que, además, la Audiencia destaca la ilegalidad del referéndum, así que estamos, según un tribunal, ante un acto ilegal que no debe ser prohibido.

Dice también el auto que hubo "excesos policiales". Y vaya si los hubo: de los Mossos custodiando y transportando urnas con la pistola al cinto. Por eso el público pro-golpista aplaudía su paso y escupía el de la Policía Nacional. Por eso, asediaron a la Guardia Civil destrozando coches patrulla y robando sus armas. Pero el auto considera que hay que revisar imágenes y tratar de localizar a los policías nacionales y guardias civiles violentos para castigarlos por tratar de impedir un acto ilegal… que no debió prohibirse. No tiene demasiada importancia, al parecer, que el magistrado ponente de dicho auto se llame José María Assalit Vives y que firmara en 2013 un manifiesto a favor del referéndum.

El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España y a favor de Otegi alimenta también el ideario jurídico del golpismo. Tanto es así, que dos de los personajes fallidos de nuestra democracia, Otegi y Puigdemont, ya han pactado un "frente común" contra el "Estado totalitario". De todas formas, el etarra visitó al fugado Puigdemont y no al encarcelado Junqueras, por si acaso.

Según el TEDH, el terrorista no tuvo un juicio imparcial en el caso Bateragune -reconstrucción del brazo político de ETA- porque algunos de los magistrados estaban contaminados por actuaciones anteriores contra él o contra el entorno político etarra. Pero sigue sin importar que en el auto de la Audiencia de Barcelona el ponente sea firmante pro-referéndum. El caso es que Europa avanza con ahínco hacia su autodestrucción.

Por último, el fallo del Tribunal Supremo sobre las hipotecas, es asumido por los golpistas como prueba indubitada de que "la injusticia española es una amenaza para la Democracia". La autora de la frase, la portavoz del gobierno de Torra, Elsa Artadi, quiere que la Fiscalía del General del Estado (opresor, supongo) investigue a Carlos Lesmes y a Luis María Díez-Picazo por si hubiera delito en el "cambio de una sentencia firme". Pero, ¿qué hacen los nacionalistas catalanes con las sentencias firmes? Demostrar que la Justicia no es un freno si es adversa. Y nunca ha pasado nada.

Pero ahora, además, no están solos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro que el Poder Ejecutivo -siempre que lo detente él- es la última instancia judicial. A imagen y semejanza de los golpistas, defenderá y aplicará los fallos que considere útiles para sí y tumbará aquellos que le contravengan. Lo dijo Pablo Iglesias Posse en julio de 1910 en el mismo discurso en el que anunció el atentado que se perpetró después contra Maura. Aquí lo hemos repetido en varias ocasiones pero es que así aparece en el Diario de Sesiones del Congreso:

"Este partido está en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones".

Resulta triste que a algunos les parezca exagerado o anticuado decir la verdad. La de ayer la resumió el fundador del PSOE hace casi 120 años. La de hoy, apenas disimulada, es que al lado del presidente Sánchez están los que están: golpistas, terroristas y extrema izquierda. Y entre todos pretenden raptar a la Justicia antes de que se pronuncie sobre el golpe de Estado de la Generalidad.

A este paso -locución todavía de esperanza-, antes de que nos demos cuenta estaremos comiendo tres veces al día como en Venezuela.

Javier Somalo, director del Grupo Libertad Digital.

Una ley educativa para saciar a los socios de Sánchez

EDITORIAL El Mundo 10 Noviembre 2018

Como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta las hipotecas con las que subsiste el Gobierno socialista, la ley de Educación que prepara Isabel Celaá supone una concesión en toda regla a Podemos y los independentistas. Tal como consta en el documento de 17 páginas que la ministra de Educación ha hecho llegar al sector, la norma pone trabas a la expansión de la enseñanza concertada, rebaja el peso de la Religión y devuelve a las comunidades la competencia en lenguas oficiales. El Ejecutivo parece decidido a regresar a la normativa anterior a la Lomce, pero yendo más allá que la LOE en cuestiones como la concertada. En este punto, el PSOE parece asumir los planteamientos que defiende la izquierda radical, atendiendo a prejuicios dogmáticos y no a razones de peso, desde que el propio PSOE implantó este sistema durante el mandato de Felipe González.

De consumarse los planes de Sánchez y Celaá, el sistema educativo español recibiría la novena ley del ramo de la democracia. Ninguna se promulgó desde el consenso y no parece que este Gobierno esté en disposición de sentar un precedente en sentido contrario. El fracaso educativo que advierten todos los indicadores cabe imputarlo casi en su totalidad al Partido Socialista, puesto que los populares sólo son responsables de la LOCE y Ley Wert, que apenas se aplicaron. De hecho, ésta última fue autoenmendada por el propio PP. El PSOE tiene ahora una oportunidad de rectificar, pero empieza mal si quiere hacerlo tratando de saciar las exigencias de los socios que mantienen a Sánchez en La Moncloa.

Y no parece que quepa interpretarlo de otra forma porque las cesiones a Podemos y los nacionalistas son palmarias. Celaá plantea dejar en manos de las autonomías "la regulación del uso de la lengua cooficial" y propone materializar una norma acorde con la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el mecanismo para garantizar en Cataluña más castellano escolarizando en centros privados. A nadie se le escapa que esta iniciativa se enmarca dentro de la política de enjuagues de Sánchez con el independentismo catalán y el resto de fuerzas nacionalistas. Por otro lado, siguiendo la doctrina de Podemos, Educación propone suprimir el concepto de "demanda social" que permite ofertar más plazas a los centros concertados -en los que estudia el 25% del alumnado- si así lo piden las familias. Además, añade trabas a la educación diferenciada, pese que ha sido validada por el TC y la nota de Religión. El disparate se completa, tal como informamos hoy, permitiendo al alumno obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspendida, al contrario de lo que ampara la LOE y la Lomce. Si ya era rechazable que el Gobierno del PP accediera el año pasado a conceder el título de la ESO con menos de un 5, aún es más grave y preocupante en el caso del Bachillerato en la medida que permite al alumno acceder a la universidad. Todo ello, en el fondo, no hará más que erosionar el nivel de la enseñanza superior.

En lugar de igualar por arriba, es decir, en función del mérito y la excelencia del alumnado, el Gobierno de Sánchez tiene intención de igualar por deméritos. Sólo así se entiende que insista seguir horadando el listón de la exigencia. España necesita una legislación en materia educativa estable, consensuada y con altura de miras. Lo contrario es seguir añadiendo parches destinados solo a la explotación electoralista.

El separatismo redobla sus provocaciones e insultos a pesar de los guiños socialistas
Los golpistas llaman "fascista" a todo el mundo, pero se ofenden si comparan a Quim Torra con Kim Jong-un.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 10 Noviembre 2018

Máxima tensión en la cámara regional catalana. El circo del "Parlament" casi nunca defrauda. Las relaciones de los diputados de los grupos golpistas con sus adversarios políticos han desbordado la rivalidad partidista y entrado de lleno en el terreno personal. El separatismo no se quita de la boca el término "fascistas" para calificar a sus rivales, pero no tolera que éstos repliquen con los calificativos de "supremacistas" y "golpistas" para referirse a los nacionalistas.

Las relaciones fuera de las cámaras se torcieron hace algo más de un año, cuando convergentes, republicanos y antisistema destrozaron el "Parlament" con sus leyes de "transitoriedad jurídica" y "desconexión". En las turbulentas sesiones de septiembre y octubre del año pasado, el separatismo utilizó como "fuerza de choque" a concejales, alcaldes y funcionarios de partido, un "grupo de animación" separatista dedicado a abuchear a la oposición y jalear a los golpistas.

Cuando los separatistas han reabierto la cámara, la tensión se ha recrudecido. La estrategia de ERC y Junts per Catalunya (JxCat) es tratar a los diputados de Ciudadanos como si representaran a la ultraderecha y responsabilizar al partido naranja de las actividades de los grupos ciudadanos que retiran propaganda amarilla de los espacios públicos. La indisimulada intención nacionalista es convencer al electorado de que Ciudadanos es un partido violento, enemigo de los catalanes y que anima la supuesta represión policial del separatismo.

Y cualquier debate vale para provocar a la bancada naranja. Este viernes, una moción de Ciudadanos sobre los gastos de la trama de "embajadas" separatistas ha dado pie al diputado de ERC Ruben Wagensberg a llamar por enésima vez "fascistas" a los diputados de la formación rival y quejarse de que estos utilicen el término "supremacista para referirse en ocasiones a algunos dirigentes de la bancada opuesta como el presidente de la Generalidad, Quim Torra.

Un ideólogo de los CDR
Wagensberg, fundador de la entidad separatista "En peu de pau" (En pie de paz) y uno de los ideólogos e impulsores de los Comités de Defensa de la República (CDR), se ha quejado primero del uso de los términos "supremacistas" y "golpistas" y después ha cargado contra los diputados naranjas: "Nuestra réplica podría ser hablar del grupo fascista de Cs. Podríamos hablar del fascista de Carrizosa o la fascista de Arrimadas. Estáis literalmente más cerca del fascismo cuando os manifestáis al lado de Vox",

Roger Torrent, el presidente de la cámara, del mismo grupo que Wagensberg, se vio en la obligación de instar la retirada de las palabras de su colega, que abandonó el atril pero continuó con el número. Al llegar a la altura de Carlos Carrizosa e Inés Arrimadas se detuvo para encararse con el primero. Luego continuó hasta su escaño y tras unas voces procedentes de la bancada de Ciudadanos, se levantó para denunciar que Carrizosa le había dicho algo así como que le esperaba en la calle. Bronca de instituto con la diputada de la CUP Maria Sirvent incendiada ante las "intolerables amenazas".

Carrizosa ha negado en vano haber dicho algo semejante o parecido y con esa intención y ha ironizado con que son Wagensberg y Maria Sirvent quienes dicen que las calles son suyas, en alusión al eslogan separatista "els carrers seran sempre nostres"

Superioridad moral
El separatismo está empeñado en establecer en sede parlamentaria su supuesta superioridad moral. Este pleno se abrió con una bronca de Torra a Ciudadanos, PSC y PP por no solidarizarse con los políticos presos. Dijo a los diputados que habían perdido una "oportunidad para humanizarse". Después cargó contra el jefe del grupo socialista, Miquel Iceta, del que dijo que "chorrea cinismo". El dirigente del PSC pasó por alto el insulto en aras del clima de concordia y entendimiento entre el Gobierno y el "Govern".

Los dirigentes nacionalistas están en un estado de crispación permanente. Torra se pelea hasta con los diputados de la versión catalana de Podemos. El parlamentario de ese grupo Lucas Silvano Ferro ha tenido la ocurrencia en tono amable y distendido de afirmar que Quim Torra parecía Kim Jong-un en el vídeo sobre los 125 años de las colonias infantiles en Cataluña.

Un ofendidísimo presidente de la Generalidad ha exigido la retirada de las palabras del diputado podemita, que no ha tenido inconveniente si bien ha insistido en que falta cintura y "sentido del humor". Diputados de JxCat y otros grupos se refirieron a que la falta de cintura de Irene Montero le ha reportado 70.000 euros de indemnización por unos ripios contra ella publicados en la revista de la asociación judicial Francisco de Vitoria.

El caso Márquez
Torra prometió un otoño caliente y está cumpliendo con el programa de caldear el ambiente. Aumenta la presión social del separatismo. El campeón de motociclismo Marc Márquez no puede salir al balcón del ayuntamiento de Cervera a ofrecer su último título porque está lleno de propaganda separatista que el alcalde convergente se niega a retirar por unas horas. Los separatistas retan a Ciudadanos, PP y PSC a visitar a los golpistas presos para comprobar que no tienen privilegios, pero se niegan a facilitar la relación de visitas que reciben cada día.

Se redoblan los ataques a la Corona y el Poder Judicial, a pesar de iniciativas como el decaimiento de la investigación sobre dos cabecillas de los CDR o el auto de la Audiencia de Barcelona que insta a un juzgado de Manresa a investigar supuestos excesos de la Guardia Civil durante el 1-O. El magistrado ponente firmó un manifiesto hace cuatro años a favor de la autodeterminación.

El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Otegi y la decisión del Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados son munición para el separatismo. La Generalidad se querellará contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, por el asunto de las hipotecas, según ha anunciado Elsa Artadi, mientras el prófugo Carles Puigdemont se reúne con Otegi para debatir sobre un "frente común" contra el "Estado totalitario".

Cuatro años después de la celebración del primer referéndum ilegal, el del 9-N de 2014, Artur Mas sale a la palestra para advertir a los suyos de que "no es lo mismo un Gobierno con Pedro Sánchez, que sale a la tribuna para decir que no ha habido rebelión, que otro de Ciudadanos, el PP y Vox". Entrevistado en TV3 ha dicho además que no dijo que la república era inviable porque no se lo preguntaron.

Tratar con el diablo
Miquel Giménez. vozpopuli  10 Noviembre 2018

No es la primera vez que Arnaldo Otegui y Carles Puigdemont se ven. El denominado “hombre de paz” por el separatismo catalán da todo su apoyo a la independencia catalana. ¿Qué quiere decir eso?

“Euskadi y Cataluña, dos pueblos, un solo objetivo: la independencia”. Eso colgó en Tuiter el etarra Otegui junto a una fotografía suya y del fugado de Waterloo. Otegui se reunió con el ex President porque tiene en la cabeza desde hace tiempo una idea: asociarse en una misma plataforma separatistas catalanes, vascos y gallegos de cara a las elecciones europeas.

El vasco y el catalán se admiran, se aprecian, se entienden. No solo es Puigdemont quien tiene en alta estima a Otegui. Entre las bases separatistas se dan de guantazos para hacerse fotos con él. Matrimonios con niños pequeños, abuelos con cara de malas pulgas, jóvenes hiper ventilados, todos babean al lado del hombre que se niega a abjurar de la criminal ETA, que sonríe ante el carnicero de Mondragón, el sospechoso de participar en los secuestros de Javier Rupérez y de Gabriel Cisneros, de la UCD, el condenado por el secuestro del director de la factoría Michelin en Vitoria, Luis Abaitua, el nuevamente condenado por enaltecimiento del terrorismo en los funerales de Olaia Castresana, o por lo mismo en el homenaje al etarra Argala, o por Marlaska cuando era juez por el asunto de la financiación de las Herrikotabernas, o por el intento de reconstrucción de la extinta Batasuna. Es ese Otegui, el siniestro personaje que encarna lo peor de una ETA que creímos vencida y que asoma de nuevo su peor cara en los incidentes de Alsasua. Ahora no matan, ahora te perdonan la vida y te impiden ejercer tu libertad de expresión. Todos los que no piensan como ellos son, automáticamente, unos fascistas. De momento, eso sí, ya no te pegan un tiro en la nuca, lo que es de agradecer.

En ese espejo se mira, orondo y feliz, Puigdemont y sus gentes, incluso los de Esquerra como Tardà o Rufián, que también se hacen fotos con él, o Lluís Llach, el flamante encargado de esa constitución que no se llama así porque no quieren que la justicia tome cartas en el asunto.

No hay duda con respecto al estado de derecho en el que vivimos, con todas las imperfecciones mejorables que se quiera, porque lo de las hipotecas o lo de la Manada clama al cielo, por no ir más lejos, pero es indiscutible que aquí no se juzga a nadie por sus ideas y sí por sus delitos"

El Otegui al que entrevistan en Cataluña Radio entre jadeos de admiración casi orgásmica, el Otegui que es recibido en el Parlament catalán casi con honores de jefe de estado, el mismo Otegui del que ahora se aprovechan los separatistas con motivo de la sentencia que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha dictado acerca de que el juicio contra Otegui en España no fue justo. Se piensa que esto puede beneficiar las causas de los presos separatistas, en especial la de Puigdemont, basándose en el argumento de que aquí vivimos bajo el yugo de un estado opresor, en que la justicia es inexistente porque no hay separación de poderes, en fin, en ese armazón de embustes de los que se nutre a diario la masa separatista, aborregada por los medios al servicio del régimen. “Miren, miren lo que dicen e Europa”, vocean hasta quedarse afónicos en TV3, en Cataluña Radio, en RAC1.

Alguien entre los carísimos letrados del fugado – por cierto, algunos vinculados con el terrorismo etarra - debería decirles a estas gentes que el TEDDH no forma parte de ninguna institución de la UE y que entre el 2013 y el 2017 ha emitido treinta sentencias condenatorias contra España, sí, pero en el mismo periodo lo ha hecho también contra el Reino Unido, 31, contra Austria, 40, contra Bélgica, mira tú, 45, contra Francia, 82, o contra Italia, 132, y eso por no seguir. Gracias, Alexandra López-Liz Corbella por divulgar estas informaciones que tanto esclarecen las cosas, dejando a cada quien en su justo lugar.

No hay duda con respecto al estado de derecho en el que vivimos, con todas las imperfecciones mejorables que se quiera, porque lo de las hipotecas o lo de la Manada clama al cielo, por no ir más lejos, pero es indiscutible que aquí no se juzga a nadie por sus ideas y sí por sus delitos. También es cierto que no todos acaban pasando por el juzgado, porque mientras Rato, Urdangarin o Bárcenas han ingresado en prisión, los Pujol van tan campantes por la calle sin que nadie les tosa.

Relacionarse con Otegui es hacerlo con un diablo que tiene las manos manchadas de sangre, que se escuda en viles mentiras para justificar la matanza de Hipercor, que tiene en su haber tres mil atentados, más de ochocientos asesinados y siete mil víctimas"

Pero, a lo que vamos, relacionarse con Otegui es hacerlo con un diablo que tiene las manos manchadas de sangre, que se escuda en viles mentiras para justificar la matanza de Hipercor, que tiene en su haber tres mil atentados, más de ochocientos asesinados y siete mil víctimas: militares, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, profesores, catedráticos, empresarios, políticos, mujeres, niños, gente de a pie. Porque su objetivo éramos todos, que nadie lo dude.

Ese es el amiguete de Puigdemont y su gente, el representante de lo que más dolor y luto ha causado en España desde aquel 1968 en que saltó a la palestra con su criminal propósito. Ese es en quien ahora se apoyan para justificar lo que no tiene justificación. Y yo me pregunto, al ver todo esto, ¿qué deben pensar personas de la ex Convergencia que, me consta, están totalmente en contra del terrorismo? ¿Qué pasa por la cabeza de aquel gran Conseller de Interior que fue Xavier Pomés, persona cabal e íntegra a más no poder, al que le tocó lidiar con el malhadado comando Barcelona que segó tantas vidas? ¿Qué pensará Xavier Trías, uno de los políticos más humanos y más empáticos con el dolor ajeno que he tenido el privilegio de conocer? Voy más lejos, ¿qué debe pensar JoaquimForn, ex Conseller también de Interior, ahora en prisión? Sería de gran provecho que alguno, y muchos más que mi pluma omite, alzase la voz y dijera “Por aquí, no. Por aquí, nunca”. Todos ellos tienen una gravísima responsabilidad y no pueden desoírla ni un minuto más. Se puede ser lo que se quiera, se puede, incluso, estar en contra de España, pero se pierde toda legitimidad cuando ese viaje lo haces en compañía de los que han sembrado el terror y la muerte durante tantos y tantos años.

Si reflexionan, comprenderán que tengo razón, como la tenemos todos los que, y los incluyo a ellos, abominamos del asesinato como método para defender lo que sea. Empleando una metáfora conocida, es hora de arrojar a la papelera de la historia a quienes, con tal de salvaguardar su silla, no dudan en juntarse con el diablo. No le regalen el menor ápice de respetabilidad, porque, como dijo Elisabeth Barret Browning, al verse respetable, el demonio se torna más diabólico.

Se consuma el complot Gobierno-Generalitat para traicionar a España
Sánchez dispuesto a ceder ante el independentismo con tal de salvar los PGE. Su actuación entra dentro del supuesto delito de deslealtad a la Constitución y a la nación española
Miguel Massanet diariosigloxxi 10 Noviembre 2018

Lamentablemente, lo que está pasando en esta nación no tiene precedentes en ningún otro gobierno, desde que la transición de manos del Carlos I y el señor Suárez estableció la democracia en España, con un solo y gravísimo error: el establecer las comunidades autónomas. No pasa día sin que se conozcan nuevas noticias sobre la ignominia que algunos indeseables están esparciendo sobre la nación española. Ya no son delitos escupir a la bandera, intentar denigrar al Jefe del Estado o que cualquier zote con pretensiones de intelectual se atreva a denigrar el nombre de España o la acuse de totalitaria, cuando la realidad ha demostrado que en este país es donde la libertad de expresión, opinión y manifestación no tiene parangón con ningún otro de los países de nuestro entorno, en cuanto a la permisividad que las autoridades, que debieran cuidar de que no se produjeran excesos, demuestran ante los desmanes de una izquierda para la cual todo vale y todo se les debe permitir en nombre de esta disparatada y poco controlada libertad que se atribuyen, exagerando un derecho constitucional que, sin embargo, como cualquier otro, siempre ha de estar supeditados a un control para evitar que, lo que para unos valga para otros signifique una disminución de sus libertades como persona, de su honor, de su derecho a la presunción de inocencia o a la defensa de su honra, a no ser vejado, injuriado o calumniado, precisamente valiéndose de este supuesto derecho a expresarse, que muchos entienden como una barra libre para poner de chupa de dómine a cualquiera que se les antoje.

Desgraciadamente, últimamente, parece que existe una tendencia, en la judicatura, a adjudicar a este derecho lo que se entiende como una “libertad fundamental”, como algo indiscutible, que prima sobre cualquier otro derecho del individuo, que está por encima de cualquier otra consideración que implicara respeto para las instituciones, defensa de los símbolos nacionales o falta de respecto a las creencias íntimas de grupos de ciudadanos, como puede ser el caso de ofensas a la religión católica, a sus imágenes o a sus actos, cuando se habla de que España es “laica” confundiendo lo que está establecido en la Constitución, respecto a una nación aconfesional con una nación laica que, evidentemente, no significa lo mismo ni tiene las connotaciones que algunos acérrimos luchadores contra la Iglesia y el clero intentan darle, confundiendo el que en una nación no haya religiones con lo que sucede en España donde las religiones existen, pero el Estado no interfiere en ellas mientras se atengan a y respeten la legalidad.

Queremos creer que continúa existiendo, en el tercer poder de la nación, el Judicial, el baluarte que durante estos años de evidente dislate del Ejecutivo y el legislativo, en manos de un Parlamento fraccionado, enfrentado, con mayoría de partidos de izquierda y extrema izquierda a cuyo grupo, recientemente, se les ha incorporado el PSOE del señor P.Sánchez, por la necesidad de no molestar a sus socios, Podemos y pagar el precio de los compromisos que contrajo con los separatistas del señor Puigdemont y, su vicario en Barcelona, el señor Torra. Sin embargo, tenemos la sensación de que la férrea estructura del edificio judicial está empezando a experimentar grietas debido a que, tal y como ha venido comportándose el gobierno socialista de Sánchez, algunos jueces han empezado a pensar que pueden permitirse determinadas licencias que, vayan ustedes a saber, si es que piensan que les puedan compensar, en un futuro que estiman que tiene visos de producirse, el haber interpretado a su manera, la legislación española.

El auto del TSJC, aparte de dejar fríos y asombrados a todos aquellos que todavía confiábamos en que, la justicia, pondría orden en semejante caos, demuestra a las claras la incongruencia que supondría el que, unas autoridades que les hubieran exigido, a los guardia civiles y policías nacionales, que intervinieron en los infaustos sucesos del 1.O, que se hubieran rebelado en contra de las órdenes de sus superiores y hubieran actuado con la falta de profesionalidad de los mismos mossos de escuadra, que se mantuvieron expectantes e inactivos, mientras algunos separatistas instalaban urnas en los colegios electorales; cuando, precisamente, habían recibido la orden de la Audiencia catalana de que no se permitiese, de ninguna manera, que aquel día se llevara a cabo una votación prohibida por el mismo TC. Parece ser que, en dicha resolución, se alega que los guardia civiles que se sobrepasaron en sus actuaciones (cuando debieran haber recibido una medalla por su meritorio comportamiento) porque, según el ponente, se debió permitir que se votase aquella consulta porque ¡¡no tenía ningún efecto jurídico!! Ahora resulta que los guardias debían de saber si se trataba de un acto con efectos jurídicos o no, antes de intentar cumplir con las órdenes que recibieron de la autoridad judicial; indisciplinándose y desobedeciendo las órdenes de sus mandos para que, luego, se los hubiera acusado de desobediencia o de insubordinación. Por lo visto, el que firma el auto del TSJC es un juez que ya firmó manifiestos en favor de la independencia catalana, lo que nos da la medida de la confianza que se puede tener en tales sujetos, que anteponen sus sentimientos catalanistas y separatistas a lo que sería su compromiso con su profesión de impartidores de la Justicia. Veremos que sucede con esta pifia, que se añade a muchas otras que ya se van haciendo demasiado frecuentes en la Justicia, y si el Consejo General del Poder Judicial no toma medidas disciplinarias contra estos señores que, al parecer, no han tenido inconveniente en dictar un auto que tiene todas las trazas de ser considerado, al menos a la vista de los ciudadanos, como una prevaricación o algo muy parecido que ha tenido la virtud de haber desacreditado la acción de la Guardia Civil, un cuerpo del máximo prestigio y aprecio dentro del Estado español y fuera de él. Nadie puede dudar del estoconazo que este error ha significado para la moral y la estima de aquellos que, precisamente, se caracterizan por cumplir siempre con su deber en defensa del pueblo español.

Pero, en todo este tema, lo mismo que en lo que hemos conocido hoy respecto a la intención del Gobierno de dar más facultad para promocionar la lengua catalana, cooficial en Cataluña (es evidente que los vascos van a pedir lo mismo), seguramente en perjuicio de la enseñanza del castellano ya suficientemente proscrito en lugares como Cataluña o el País Vasco. ¿Va permitir este gobierno provisional socialista que el castellano, el idioma nacional, considerado por nuestra Constitución como el oficial en todo el estado español y con la obligación de todo español de conocerlo que, en Cataluña, desaparezca como, evidentemente, ocurrirá si se les da manga ancha para hacer con él lo que les dé la gana?, y ¿a cambio de qué, esta concesión? ¡Es obvio que, a cambio del apoyo a los PGE, sin los cuales este gobierno haría aguas y tendría que convocar elecciones antes de lo que tiene calculado P.Sánchez, se están cediendo compensaciones!

No acaba aquí el dislate y el sometimiento del Presidente del gobierno de España ante estos capitostes catalanes, algunos de los cuales ya debieran de haber seguido el camino de Junqueras, Cuixart o Sánchez en la confortable cárcel de Lladoneras que, según sus directivos, a los que se les ha acusado de darles un régimen especialmente condescendiente, en especial en lo que atañe al régimen de visitas; se han excusado diciendo que, el reglamento penitenciario permite que las autoridades visiten cuando quieran los establecimientos penitenciarios; se olvidaron de que no es lo mismo girar una visita a un establecimiento de dicho tipo y otra es la de visitar a presos ingresados en ellos ¡ un matiz importante, señores! También, el señor Sánchez, en su entrega a los soberanistas catalanes, parece dispuesto a concederles “un régimen educativo propio para Cataluña”. Entendemos que ello significa que, de una manera sectaria, encubierta, absolutamente impropia y demostrando una desfachatez supina, este señor, está concediéndoles todo lo que han venido pidiendo los catalanes y se les ha sido negado durante todos los años que viene durando este desgraciado e incomprensible proceso del intento independentista de Cataluña.

Pero, aun siendo gravísimo, que bajo mano se les entregue a los políticos catalanes todo lo que desean, lo peor es que, como ya comentamos en otro artículo sobre este tema, en Cataluña se ha vuelto con mayor saña, más fuerza y menos miedo a las represalias a fomentar lo del gobierno republicano catalán, a no hacer caso de las leyes del Estado y a insistir en que el gobierno libere a los presos que están en las cárceles ( o un hotel de cinco estrellas) como condición previa a cualquier acuerdo para apoyar al gobierno de P.Sánchez. Insistimos, no se entiende que, en España, se siga aceptando que se negocie y se les vayan concediendo prebendas a los catalanes separatistas, aparte de que ya se les han entregado importante cantidades de dinero, con las que, nadie lo puede negar, siguen preparando el Estado paralelo que ya comenzaron a construir antes de que se les aplicara el 155 ( una aplicación que, como se ha demostrado después, no ha servido absolutamente para nada que no sea una reafirmación intolerable de las aspiraciones de los soberanistas, que se sienten más fuertes después de haber recuperado todas las instituciones que les fueron quitadas entonces)

Y, con este panorama, uno se pregunta si, todavía, toda esta serie de periodistas, enterados de turno, defensores de las negociaciones, del diálogo o de crear comisiones que se eternicen para discutir asuntos que nunca acaban siendo acordados, meapilas y calzonazos que les ríen las gracias a las feministas que ocupan los cargos de ministras, cuando difícilmente serían capaces de dirigir un bar de un barrio; toda esta colección de dirigentes vendidos, todos estos comunistas resabiados de Podemos y el lenguaraz Echenique, unos de los que apoyaron, juntamente con el partido socialista, la aplicación del impuesto que ahora se discute sobre las hipotecas y, de forma hipócrita, ahora se lamentan de que lo paguen los ciudadanos que las vienen suscribiendo; siguen pensando que, el medio de conseguir volver a los catalanes independentistas al redil, consiste en ir cediendo, cada vez más, hasta que finalmente se les conceda el visado para que se constituyan en nación independiente y aquí paz y allí gloria.

Alguien, en esta nación, sabe que todo esto tiene un fin y que, de prolongarse este escenario de indefinición del Gobierno para lograr conseguir apoyos parlamentarios, puede llevar a una situación en la que, el pueblo, al menos aquella parte de los españoles que conservan el sentido común y contemplan angustiados como, unos cuantos cretinos insisten en desmantelar la nación, que está acumulando pacientemente agravio sobre agravio, que contempla como cada día que pasa nos vamos pareciendo más a los venezolanos del régimen dictatorial de Maduro ( estos que, para Errejón, viven en la mejor de las vidas y comen tres veces al día) y que observan como el sistema educativo que se propone para los hijos lleva, inexcusablemente, a un adoctrinamiento calculado y se les entrega a profesores nacionalistas la educación y el adoctrinamiento de sus hijos; decida que, si nadie de los responsables de la defensa de la Constitución se toma en serio el peligro de involución que acecha a nuestra nación, es muy posible que la presión pueda llegar a que, como ya ha sucedido en otras ocasiones de nuestra historia, tengan que enfrentarse a otro caso de colisión entre españoles, algo que muchos de nosotros tuvimos ocasión de presenciar cuando éramos niños.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la desagradable impresión de que nos hallamos en un momento del periplo histórico de nuestro país en el que, quizás como nunca con anterioridad en los años que llevamos de democracia, se había estado tan cerca de que algo grave sucediera en España. Está en manos de los que nos dirigen el evitarlo pero, si no hay un cambio radical en los que dirigen el país, es muy posible que sea inevitable un nuevo choque entre españoles.

Bargalló chulea a Ciudadanos con las horas de castellano en las escuelas
El consejero de Enseñanza insta a la formación naranja a leer 2.949 direcciones web de centros educativos en respuesta a la petición de información sobre sus proyectos lingüísticos
María Jesús Cañizares cronicaglobal 10 Noviembre 2018

Durante meses, el departamento de Enseñanza de la Generalitat se había negado a informar a Ciudadanos de los proyectos lingüísticos de los centros escolares. Y cuando por fin ha accedido a responder, lo ha hecho con retranca: enviando a la formación naranja 131 folios con las 2.949 direcciones web de centros educativos. Dicho de otra manera, Bargalló invita a Cs a consultar, uno por uno, los portales de las escuelas para conocer las horas de castellano que se imparten.

La chulería del departamento se ha sabido el mismo día en que el Gobierno español ha anunciado la reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que, prevé eliminar la regulación estatal del uso de las lenguas cooficiales, dejando que su ordenación corresponda a las Comunidades Autónomas en las que hay lengua cooficial. Esta modificación no interferirá en el modelo de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que aplica la Generalitat de Cataluña, pese a que los tribunales han dictaminado su ilegalidad en reiteradas ocasiones.

Petición de información
La cerrazón del departamento se remonta al pasado mes de abril --el 155 todavía estaba vigente y no se había constituido el ejecutivo catalán--, cuando vía pregunta parlamentaria, la diputada de Cs Sonia Sierra se interesó por las medidas adoptadas en el departamento de Enseñanza, así como copia de los actos administrativos, para garantizar “de manera proactiva” una oferta educativa que asegure una enseñanza en castellano como lengua vehicular “en proporción razonable y con una presencia mínima de la misma en un 25% de las horas efectivamente lectivas”.

De hecho Sierra ya consultó en algunas webs escolares, pero no encontró esos proyectos lingüísticos. De ahí que Ciudadanos presentara una petición de amparo a la Mesa del Parlament, al entender que se han vulnerado sus derechos como diputados. Se da la circunstancia de que el propio Bargalló anunció que aumentaría las horas de castellano en colegios con un entorno sociocultural con una fuerte implantación del catalán.

El Parlament avala la queja de Cs
El Parlament, a través de su Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, dio la razón a Cs el pasado mes de septiembre en un escrito en el que aseguraba que la consejería “debe disponer de los proyectos lingüísticos” y “entregarlos a la diputada”. O, cuando menos, “facilitarle su acceso de forma ágil sin que eso comporte trasladar a la diputada una carta adicional”.

Aseguraba este órgano que la administración educativa “es la responsable de custodiar los proyectos educativos y, por lo tanto, de tener acceso a todos los proyectos lingüísticos de todos los centros, sean públicos o sean privados sostenidos con fondos públicos, no solamente para garantizar la legalidad en la fase de su elaboración, sino también para hacer una comprobación y verificación de que los mismos, una vez aprobados, se ajustan al ordenamiento jurídico para, eventualmente, requerir la modificación”.

Por tanto “es el departamento en tanto que dispone o debe disponer de los citados proyectos lingüísticos, debe poderlos entregar a la diputada que los solicita o bien facilitar su acceso de una forma ágil sin que eso comporte trasladar a la diputada una carga adicional en la búsqueda de la información solicitada”.

Basaba su argumentación en el artículo 14 de la Ley de Educación, según el cual todos los centros públicos y privados tienen la obligación de elaborar un proyecto lingüístico.

La respuesta de Bargalló
Por ello, la Consejería se ha visto obligada a responder a Cs. “Os envío, en anexo, las direcciones web de los 2.949 centros educativos que prestan el Servicio de Educación de Cataluña, donde deben mostrar el proyecto educativo durante este curso escolar en cumplimiento de lo establecido en resolución de la Secretaria General, de 20 de junio de 2018, por la que se aprueban los documentos para la organización y la gestión de los centros para el curso 2018-2019”, indica el texto --que se puede leer en este enlace-- firmado por Bargalló.

Explica el departamento que “los centros públicos han de publicar estos documentos de gestión, por lo accesible, a través de la web del centro y del resto de sistemas de información internos. Hasta la actualidad y atendiendo a la autonomía de gestión de la que disponen todos los centros educativos, no se había previsto que los proyectos educativos quedaran depositados en ningún dependencia administrativa del Departamento de Enseñanza”.
 


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