AGLI Recortes de Prensa   Martes 13  Noviembre 2018

Casado entrega a Sánchez la llave de la Justicia
Su actuación en la perversa renovación del órgano de gobierno de los jueces ahonda en la politización de la Justicia española en el peor momento posible.
Editorial Libertad Digital  13 Noviembre 2018

En virtud del acuerdo alcanzado por socialistas y populares, el próximo presidente del Tribunal Supremo y, por tanto, del Consejo General del Poder Judicial será un magistrado elegido por el PP mientras el PSOE se repartirá con Podemos la mayoría de miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial. Los socialistas se vanaglorian con toda lógica de este acuerdo alcanzado para la renovación del CGPJ, en el que la izquierda se ha arrogado el nombramiento de "una mayoría progresista fácilmente reconocible" como ha explicado con total desparpajo la portavoz del PSOE.

La decisión de Casado de llegar a un acuerdo con Sánchez para la renovación del CGPJ resulta incomprensible por varios motivos. En primer lugar, este reparto de cromos preserva la intromisión de los partidos en la gestión de los órganos judiciales, a pesar de las continuas promesas de unos y otros para acabar con esta intolerable politización de la Justicia. Pero es que además de esta importante cuestión de fondo, sorprende que el principal partido de la oposición, renovado con el nombramiento de un nuevo líder con el que el presidente del Gobierno ha roto relaciones, se pliegue a actuar de comparsa de Sánchez para que imponga su mayoría ideológica en el principal órgano de la Justicia española.

Para mayor bochorno, el pacto va a ser gestionado por Dolores Delgado, una ministra de Justicia reprobada por el parlamento a raíz de sus oscuras relaciones con lo peor de las cloacas del Estado, circunstancia que debería impedir a los populares abrir siquiera negociaciones con semejante personaje.

Pero es que desde la perspectiva del mero interés partidista, el movimiento de Casado beneficia extraordinariamente a Ciudadanos, al que convierte en el único partido que defiende una verdadera independencia de la Justicia en España como ya ha afirmado Rivera con toda legitimidad.

Finalmente, la componenda bendecida por Pablo Casado ahorma una nueva composición del tribunal que ha de juzgar a los responsables del golpe de Estado del separatismo catalán otorgándole un perfil más del gusto de Sánchez, cuya relación de vasallaje con el independentismo para mantenerse en La Moncloa es más que notoria.

Mal empieza Casado su carrera política al frente del PP si en la primera decisión trascendental se pliega a los intereses del PSOE y de un presidente sin escrúpulos como Pedro Sánchez. Por más que los populares traten de explicar su rendición con argumentos utilitaristas, lo cierto es que su actuación en la perversa renovación del órgano de gobierno de los jueces ahonda en la politización de la Justicia española en el peor momento posible.

Un cambalache que desprestigia al Poder Judicial
EDITORIAL El Mundo  13 Noviembre 2018

Quienes utilizan el ya histórico reparto de vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para desprestigiar las instituciones democráticas tendrán hoy, por desgracia, más argumentos que nunca para acusar a la Justicia de estar politizada. Pero no solo porque la fórmula utilizada no sea la que fija la Constitución en su artículo 122.3, ya que en una sentencia, tan polémica como histórica, el Tribunal Constitucional avaló la Ley Orgánica del CGPJ de 1985 -aquella por la cual Alfonso Guerra decretó la muerte de Montesquieu- y permitió que, de facto, los 20 vocales del máximo órgano de representación de los jueces sean elegidos legalmente con el aval del Congreso y el Senado. También, y sobre todo, porque el reparto ha adquirido tal nivel de cambalache que se ha conocido el nombre del próximo presidente del CGPJ antes de saberse quiénes serán los vocales que, como dicta la Ley, tendrían que votarlo. Es decir, que los vocales elegidos lo habrán sido bajo la condición de votar como presidente a Manuel Marchena, el nombre de consenso al que han llegado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor, Rafael Catalá.

Pero el acuerdo no solo es pernicioso para la imagen de la Justicia. También lo es para la seguridad y la estabilidad del Estado de derecho y el mantenimiento del orden constitucional, por cuanto que el pacto implica que Marchena, actualmente presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ya había condenado al ex conseller Francesc Homs por el referéndum ilegal del 9-N de 2014, no presidirá el tribunal que juzgue a los responsables del golpe independentista. En su lugar lo hará Andrés Martínez Arrieta, que estará al frente de una sala de mayoría progresista, tras la entrada de Susana Polo, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, alterando así la relación de fuerzas ideológicas en el juicio más importante de nuestra historia reciente. De la misma forma, también en el CGPJ habrá mayoría progresista, después de que el PP haya cedido, de manera insólita, un vocal más al PSOE, que dispondrá de 11, mientras que los populares elegirán solo a nueve.

El pacto, además, inhabilita a Pedro Sánchez y a Pablo Casado (pero también a Pablo Iglesias, que ha entrado en el juego partitocrático) para hablar de regeneración democrática, ya que poco respeto demuestran hacia el Poder Judicial quienes mercadean con sus miembros. También, las asociaciones de jueces, que el día 19 han convocado una huelga en favor de la independencia judicial, salen manchadas tras su implícita aceptación del pacto. Solo Albert Rivera, que recordó que el Poder Judicial no es un "supermercado", ha mantenido la dignidad democrática, exigiendo que se vuelva al sistema de elección de 1978 y se garantice una independencia real de la Justicia.

Los jueces tienen que elegir al gobierno de los jueces
OKDIARIO 13 Noviembre 2018

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene que estar regido por una mayor independencia. Para ello, lo idóneo sería volver al sistema que existía antes del año 1985 y que fueran los jueces y magistrados los que eligieran de manera directa y sin injerencias políticas a los vocales judiciales del CGPJ —el punto 3 del artículo 122 de la Constitución tiene una aplicación muy abierta, pero no es menos cierto que la incidencia política debería ser reducida a cero—. Fue Alfonso Guerra, al que se le atribuye la celebre frase “Montesquieu ha muerto”, el que llevó a cabo una reforma que entregó en manos de los partidos políticos la composición del órgano de gobierno del Poder Judicial español. Obviamente no fue una modificación baladí, ya que el PSOE de entonces pretendía limitar la mayoría conservadora existente en la judicatura y así poder controlarlo con mayor facilidad.

Algo que con el nuevo reparto han logrado PSOE y Podemos, a pesar de que la realidad política, social y judicial de nuestro país no tiene correspondencia con la mayoría progresista —11 a 9 tras el acuerdo entre los socialista y el PP— que se da en estos momentos en el CGPJ. Más allá, incluso, de las injerencias políticas en estos nombramientos con perfiles tan politizados y cuestionables como Victoria Rosell o José Ricardo de Prada, la imagen que proyecta nuestro país tras un proceso como el que hemos vivido en las últimas horas es el de un mercadeo que no beneficia en absoluto a nuestra salud democrática. Y eso que resulta incuestionable que el nuevo presidente del Consejo Genera del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el magistrado Manuel Marchena, es un fiscal de primerísimo nivel.

No obstante, y como bien ha denunciado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no puede ser que la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial parezca “un supermercado”. Incluso las asociaciones de jueces han transmitido su incomodidad con un proceso que han calificado como “aberrante” y vergonzoso”. Lo cierto es que deberían ser los jueces y magistrados quienes eligieran a los representantes del CGPJ. Ya lo escribió el propio Charles Louis de Secondat, más conocido como barón de Montesquieu, durante la Ilustración: “Para que no se pueda abusar del poder, hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”.

Todas las sombras que rodean al acuerdo judicial de Sánchez y Casado
EDITORIAL esdiario  13 Noviembre 2018

Seguramente era necesario un pacto entre los dos grandes partidos -y a ser posible los otros dos de implantación nacional- para renovar el Consejo General del Poder Judicial y, con absoluta seguridad, ningún procedimiento para hacerlo es perfecto: elija quien elija a los miembros del órgano de dirección de los jueces y las más altas instancias judiciales del país, siempre quedará la sospecha de que los criterios políticos, partidistas o gremiales están presentes.

El aroma a componenda puede no ser justo, pero que sea razonable sentirlo es suficiente para que lo hubieran evitado

Si la decisión se deposita en el Parlamento, la sombra de politización será inextinguible. Pero si lo hace una élite cualificada de magistrados, al margen de los teóricos representantes de los ciudadanos, la sospecha recaerá en el nepotismo, los intereses internos o las luchas personales. Nada, salvo la ética personal y la decencia jurídica e intelectual, salvaguarda a un poder básico de las tentaciones mundanas, pues.

En el caso que nos ocupa, las sombras son pese a todo intensas y por poderosas razones. Para empezar, sorprende que el Gobierno anunciara hace unos días la ruptura total de las relaciones con el PP, por mor de las legítimas críticas de Pablo Casado a Pedro Sánchez a cuento de sus devaneos con el independentismo; y que ahora sean capaces de ponerse de acuerdo en un asunto tan relevante.

El PP
Y no escama menos que el PP, convencido de que este Gobierno usurpa poco menos unas funciones que sólo se deben ejercer por designio en las urnas de los ciudadanos, lo legitime con un pacto que además afecta, siquiera estéticamente, al juicio en el Tribunal Supremo a los cabecillas del Golpe constitucional en Cataluña. Que ahora tendrán otro juez para juzgarles, teóricamente más abierto a la condescendencia.

Todo ello se hace especialmente llamativo por la participación de Podemos en la negociación, que le ha llevado a pasar de exigir un sistema de elección directa por los jueces a reivindicar su cuota en el pacto entre socialistas y populares, que por cierto pierden la supuesta mayoría en el CGPJ a cambio de designar al presidente del órgano.

El PSOE pacta tras anunciar una ruptura total con el PP; y el PP deja de tratar al Gobierno como un usurpador. Escama

Hasta esto no es edificante, pues técnicamente al máximo responsable lo eligen los vocales, designados por el Parlamento, y no una negociación entre Sánchez y Casado de la que solo conocemos el resultado.

El aroma a componenda puede no ser justo, pero que sea razonable sentirlo es suficiente para llegar a una conclusión: pase lo que pase en adelante, será imposible defender que nada de ello tiene un hilo conductor de la política. Y evitar eso debiera haber sido el primer objetivo, más allá del proverbial reparto de sillas.

Pedro, el golpista
Sigfrid Soria. gaceta.es  13 Noviembre 2018

Como todo buen golpista, prometió que tomaba el poder para inmediatamente convocar elecciones.

En un período de seis meses, siendo Secretario General del PSOE y candidato a la presidencia del gobierno de España, obtuvo los dos peores resultados electorales de ese partido político en la presente etapa democrática de España, 90 y 84 diputados respectivamente. Tal fue el desastre, que su propia organización federal le obligó a dimitir tres meses después de cosechar los bochornosos 84 diputados. Un mes más tarde, entregó el acta de diputado, se inscribió en el paro y se montó en un Peugeot 407 de 2005 iniciando así un plañidero periplo por España con el objetivo de recuperar el trono perdido.

Y vaya si lo consiguió, ya que tras ocho meses y unos cuantos miles de kilómetros, Sánchez consiguió volver a ser Secretario General del PSOE, cosa sin lugar a dudas muy meritoria ya que convenció a los suyos de que ser el peor candidato de la historia de los socialistas no era tan importante; vamos, todo un crack.

Once meses después de su nueva entronización orgánica, la Audiencia Nacional sentenció que el Partido Popular era responsable civil por beneficiarse de la trama corrupta Gürtel, así como certificó la existencia de la caja B en el partido del charrán azul. Esta histórica y demoledora sentencia fue interpretada torpemente por un noqueado Rajoy y ávidamente por Pedro Sánchez, de tal manera que mientras el presidente del gobierno confió en que el paso del tiempo arreglaría las cosas, como siempre, el desesperado aspirante vio la oportunidad y registró su pasaporte a la cima: la moción de censura. Pedro Sánchez Castejón se convirtió en presidente del gobierno de España sin siquiera ser diputado, ante el pasmo de la inmensa mayoría de españoles. Dicho pasmo va en aumento seis meses después.

Pedro Sánchez, representando al partido político del capullo rojo, a ese partido que se opuso al voto femenino en 1931, al que lideró el golpe de estado de 1934 e intentó imponer desde enero de 1936 una dictadura marxista leninista, como la de Stalin en la URSS, al que robó todo el oro del Banco de España, al que arruinó a los españoles dos veces desde 1982 y al partido más corrupto cuantitativa y cualitativamente de la historia de España, enarboló la insólita bandera de la regeneración y expulsó de La Moncloa al don Tancredo.

Pero lo peor de todo el panorama no está en los párrafos anteriores, lo peor viene ahora. Pedro Sánchez es un golpista porque ha accedido al poder por la puerta de atrás, habiendo obtenido el peor resultado electoral de la historia moderna del PSOE y con el apoyo de quienes tienen como objetivo diáfanamente claro la destrucción de España. Quien llega al poder sin elecciones y, sobre todo, aupado por quienes quieren reventar el orden democrático establecido, es un golpista. Así de claro.

Y como todo buen golpista, prometió que tomaba el poder para inmediatamente convocar elecciones, haciendo ver que venía a hacer lo que el pusilánime de Rajoy no supo hacer. Pero ocupó La Moncloa, se subió al Audi A8 L, se trasladó a un concierto en el Falcon 900B, viajó en el Super Puma AS332 M1 a la boda de su cuñado y dijo aquello de donde dije digo, digo Diego o lo que viene siendo lo mismo, prometer hasta meter, pero una vez metido, olvidar lo prometido. Y van pasando los meses, el crecimiento económico se ralentiza, la creación de empleo se resiente, las medidas populistas se prodigan y los bastardos objetivos de los comunistas antisistema y de los separatistas se acercan. Mientras tanto, el hartazgo de los españoles aumenta y la ola patriótica, como consecuencia del terremoto golpista, va convirtiéndose en tsunami.

Mentiras de guerra
Nunca hubo separación real de poderes, ahora amenazan fusión
Hermann Tertsch ABC  13 Noviembre 2018

No van a pedir perdón las televisiones del Frente Popular, La 1 y La Sexta a la cabeza, por mentir de forma tan brutal a los españoles con el montaje del francotirador. Con la decidida voluntad de engañar, propia de Nicolás Maduro, ese narcocomunista padrino de Podemos, los periodistas celosos de servir al nuevo régimen que ven venir convirtieron la patética anécdota de un pobre hombre en un atentado de comandos del franquismo contra Pedro Sánchez, el adalid de la justicia y el antifascismo. Cuando decían que era un experto francotirador mentían ya con la radical procacidad con que mienten las televisiones en los regímenes dictatoriales. No fue error, ni confusión ni mera manipulación; fue una construcción para la desinformación. Con el objetivo político concreto de criminalizar a la oposición. Todos sabían que no era francotirador de nada, ni experto en nada y que todos se reían de él en los concursos de tiro de pueblo, donde siempre quedaba el último.

Ya sabrán que el jefe de los servicios de información del interior (BfV) alemanes, Hans Georg Maassen, ha sido cesado por afirmar que las dramáticas noticias difundidas este verano sobre pogromos y cazas de inmigrantes en la ciudad alemana de Chemnitz tras la muerte de un alemán a manos de refugiados eran inventadas y sin base real ninguna. «Frei erfunden», todo inventado, dijo. Fulminado, jubilado a los 56 años. Era intolerable que el máximo jefe de los espías que valoran los peligros internos revelara que los periodistas y los políticos, Angela Merkel incluida, habían propagado mentiras sobre acciones neonazis inexistentes para desprestigiar al partido derechista Alternativa por Alemania (AfD). El miedo de la socialdemocracia a la derecha real produce monstruos.

Los medios alemanes son en su mayoría tan sumisos a la canciller como en España hoy lo son al fraudulento doctor Sánchez y a su escudero comunista, que parece el jefe. Comenzamos a acostumbrarnos al grado de intoxicación, falsedad y ocultación propio de regímenes caribeños. Lo que no se debe solo a que tenemos en el poder a expertos en desinformación formados por regímenes criminales del Caribe. Se debe a que hemos dejado de tener una democracia estable y hemos entrado en guerra entre quienes quieren preservarla y quienes luchan por destruirla. En la guerra, la verdad es la primera víctima y solo recupera importancia en el resultado final.

Ayer asistimos en España a otro hito en esta deriva hacia la destrucción del sistema, que fue el terrible espectáculo en el que el PP se prestó al indigno cambalache de los jueces con el PSOE, con el Frente Popular y Podemos de ficha oculta. Cegado por el cinismo, no ve el PP la mentira en la que, iluso, cree que participa. Cuando ya juegan sin reglas. La alianza socialista-comunista, ya pasó cuando Carrillo hijo escribió a papá Wenceslao, tiene una inercia radical. Su objetivo no es el buen funcionamiento del CGPJ, sino la impunidad de los encarcelados por comenzar en Cataluña ese golpe de Estado que quieren llevar al triunfo en toda España. El obsceno reparto desacredita al PP y fortalece al Frente Popular. Muchos jueces son ya suyos. Los otros le temen tanto que pronto harán como si lo fueran. La mala broma de la división de poderes que jamás existió está a punto de dar paso a la fusión de poderes, con las togas hechas una mierda de tanto ayudar al «proceso progresista» de destruir los diques constitucionales de defensa de la España unida y democrática. Triste chiste que la UE quiera sancionar a Polonia por su reforma judicial y asista a este infame juego de desmoronamiento institucional de España como quien oye llover.

La hipocresía de PSOE, PP y Podemos: de querer acabar con el 'cambalache' a repartirse el CGPJ
Los tres partidos participantes en el acuerdo prometieron en su día cambiar el sistema para evitar "mercadeos" políticos.
Libertad Digital  13 Noviembre 2018

Los tres partidos protagonistas de la renovación del CGPJ criticaron en su día el reparto entre partidos de los miembros del poder judicial. Desde el propio Pedro Sánchez hasta Podemos, que ahora entra en el acuerdo, todos apostaron por reformar la forma en que se elige a los miembros del poder judicial.

Con este asunto, el presidente del Gobierno ha vuelto a desdecirse. "Mi compromiso: regenerar la vida democrática es hacer un CGPJ verdaderamente independiente del Gobierno", escribió Sánchez en Twitter el 9 de diciembre de 2014, un apunte que ha vuelto a circular en el día en el que ha trascendido un acuerdo que lleva fraguándose cuatro meses.

No ha sido la única vez en que se ha pronunciado en este sentido: en una entrevista en Telecinco concedida dos días después, abogó por cambiar el sistema de elección de los miembros del CGPJ porque "no puede seguir negociándose entre los partidos políticos". En dicha entrevista, recuerdaEuropa Press, Sánchez prometió que trataría de reformar la institución a su llegada al poder para "despolitizarla". Dicha promesa acabó recogida en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Ciudadanos, firmado dos años después.

La ministra de Justicia y la encargada de la negociación por parte del PSOE, Dolores Delgado, también se comprometió al llegar al cargo a implantar un nuevo procedimiento. En una comparecencia en el Congreso del pasado 11 de julio, denunció una "falta de transparencia en la designación de los vocales del CGPJ".

Sostuvo que era necesario cambiar de "inmediato" determinadas cuestiones y afirmó: "Es insoportable para una democracia ese mercadeo de segundo grado en el que se ponen en juego no los intereses del servicio público y de la sociedad, sino los intereses particulares y corporativos, que a veces son espurios". Abogó, informa Efe, por reformar "con seriedad" el proceso de elección de los vocales del Consejo y de introducir elementos de protección, objetividad y transparencia. Planteó mecanismos de valoración efectiva de méritos, con la presentación de un proyecto público y accesible para la ciudadanía y una comparecencia parlamentaria para defenderlo.

El PP, el otro partido protagonista del acuerdo, también llevaba la promesa en su programa de 2016. En concreto, apostaban por promover "un acuerdo de todas las fuerzas políticas que garantice la independencia del Consejo General del Poder Judicial, reforzando sus labores como gobierno de los jueces y buscando criterios objetivos para la elección de sus miembros". La promesa llegaba después de que en la anterior legislatura, el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón anunciara cambios en el sistema de elección de los vocales para acabar con la "politización" de la justicia, con una división de poderes "vulnerada por la lucha partidista".

El nuevo actor del acuerdo del CGPJ, Podemos, también llevaba en su programa la promesa de cambiar la forma de elegir a los vocales, informa Miriam Muro:
Establecer la elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ, quienes serán elegidos entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de experiencia profesional y que, asimismo, hayan sido avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas.

Este lunes, su portavoz Noelia Vera ha alegado que se saltarán su promesa por una "cuestión de responsabilidad". Dice que tienen que "participar de todos los órganos institucionales que haya en este país para que las cosas que estamos criticando dejen de pasar".

Vox en Sevilla es una pesadilla
Javier Caraballo elconfidencial  13 Noviembre 2018

Partamos de una sencilla regla de tres política y sociológica: si Vox llena en Sevilla un auditorio con 3.000 personas, cuando hace poco eran insignificantes, es que algo está pasando en la derecha. Si hace nada de tiempo, cuando los echaron a pedradas de una plaza, la cosa no pasaba de 100 o 200 personas, y ahora abarrotan los espacios, es que algo se mueve en la capa freática de la sociedad española, porque estos acontecimientos nunca suelen estar precedidos de la casualidad. Lo absurdo es que haya quien piense que todo este fenómeno se debe a los medios de comunicación, que no dejan de jalear a los de Vox. Pueden irritarse con esa versión, y repetir mil veces, como en ‘My Fair Lady’, que “Vox en Sevilla es una pesadilla”, pero la realidad es distinta.

Si hemos concluido que Vox es una formación política populista y de extrema derecha, o el personal no lo considera así o resulta que, por el contrario, es la extrema derecha lo que quieren para este país. No podemos pasar por alto, además, que el acontecimiento en cuestión se produce en una provincia como la de Sevilla, histórico granero de votos del PSOE, allí donde la izquierda siempre gana a la derecha por goleada, hasta con 40 puntos de ventaja. En esa provincia, ¿es anecdótico que un partido al que se identifica con la extrema derecha haya abarrotado un auditorio, como ocurrió el pasado domingo? ¿Es normal esa metamorfosis inesperada y repentina? No, no es normal… Con lo cual, alguien o algo está equivocado, aunque ya lo iremos viendo en estas elecciones autonómicas de Andalucía, que tantos interpretan como antesala de lo que sucederá después en el resto de elecciones municipales, regionales y generales que se celebren en España.

Lo del acto de Sevilla que fue disuelto a pedradas ocurrió en marzo de 2015, en la campaña de las anteriores elecciones andaluzas. En el barrio de Triana, en la concurrida plaza del Altozano, el líder de Vox, Santiago Abascal, se fue a dar un mitin y, desde una azotea, comenzaron a lloverle piedras. “Las pedradas contra el mitin de Vox solo reflejan su pavor a la libertad. #NoPodrán”, escribió Abascal en su cuenta de Twitter y, entre muchas muestras de solidaridad, también había alguien que escribió: “¿Qué es Vox, una marca de laxante?”. Cuando se celebraron las elecciones andaluzas de 2015, Vox sacó en toda Andalucía 18.017 votos, un 0,45%, muy por debajo hasta del Pacma, que superó los 30.000 votantes, y a una distancia sideral del Partido Popular, que rebasó el millón votos.

En la provincia de Sevilla, con un censo de 1.529.000 votantes, Vox solo sacó 7.644 votos. ¿Qué quiere decirse? Pues que el interés político y sociológico del mitin de Vox en Sevilla del pasado fin de semana está en el contraste con ese momento de hace tres años, porque ahora abarrota un auditorio complicado por el elevado aforo para este tipo de actos sin haber llegado ni siquiera a la campaña electoral.

Podrá decirse, y es verdad, que ese acto de Vox no pasará a la historia por ser el más multitudinario de Sevilla, pero lo que no podemos olvidar es que todos los mítines no son comparables. Los mayores mítines en Sevilla en las ultimas décadas se han celebrado en el Velódromo de Dos Hermanas, donde se pueden llegar a reunir hasta 20.000 personas, que los organizadores siempre elevan hasta 30.000 en sus recuentos. Pero ninguno de esos mítines podría celebrarse si los partidos convocantes no contaran con una potente infraestructura logística y grandes sumas de dinero para sufragarlos. En algunos de esos actos, el PSOE o el PP han declarado que el coste de llenar ese auditorio, con hasta 500 autobuses contratados en varias provincias, supera el medio millón de euros.

El mitin de Vox del pasado domingo fue ‘a pelo’: quien acudió lo hizo por su cuenta y dedicó la mañana de un domingo a desplazarse hasta las afueras de Sevilla para sentarse en una butaca del Palacio de Congresos. Como recogió oportunamente Isabel Morillo en su crónica de El Confidencial, el propio Abascal retiene todavía las imágenes de aquella humillación a pedradas para exhibirla ahora como un triunfo postrero: “¡Aún dan esas imágenes para reírse de nosotros; a ver qué dicen ahora!”. Entre las informaciones del acto se daba cuenta, además, de la presencia entre el público de gente de clase media, o clase media baja, que había llegado de algunos pueblos cercanos a Sevilla y que no tenían empacho en reconocer que, en años anteriores, habían votado a Felipe González o a José María Aznar pero que, ahora, ante el panorama político, estaban “asustados por el futuro de sus hijos y nietos”. Y ese miedo los había conducido a Vox.

La conclusión inmediata es que la extrema derecha está aflorando en España de una manera seria, como no había ocurrido nunca en 40 años de democracia, y la explicación que tiene ese fenómeno puede explicarse bien con lo que está ocurriendo en la autonomía andaluza. En todas las encuestas, cuando se pregunta por las necesidades de cambio político, es curioso observar cómo la inmensa mayoría de los andaluces afirma que sería bueno un cambio político pero, a continuación, expresa su disconformidad con los partidos de la oposición, fundamentalmente con el Partido Popular.

Según la última encuesta de El Confidencial, la mala valoración que se le atribuye al PSOE de Andalucía se corresponde con la mala valoración que se hace del resto; solo Ciudadanos sale ligeramente mejorado. Que después de 36 años de hegemonía socialista ininterrumpida decepcione tanto el partido del Gobierno como los partidos de la oposición es una anomalía democrática muy destacable. Y en ese caldo de cultivo, el mitin del otro día en Sevilla no puede ser pasado por alto. Si alguien quiere engañarse, que se quede con el lamento ripioso, “Vox en Sevilla es una pesadilla”, pero el trasfondo puede ser otro muy distinto. Por lo que estamos viendo, no basta con decir que son todos muy fachas.

La fiebre nacionalista que trajo la Primera Guerra Mundial
Jorge Mestre okdiario  13 Noviembre 2018

Este pasado domingo con motivo del centenario del armisticio de la Gran Guerra no han sido pocos dirigentes internacionales los que han coincidido en poner en la picota el nacionalismo. Tras adentrarme en lo dicho por el presidente francés, Emmanuel Macron, no pude ocultar cierta sorpresa por su diatriba a lo que él consideraba nacionalismo. Detrás de sus palabras existía una crítica velada a Estados Unidos y a otros países europeos como Italia, Polonia o Hungría por no compartir la visión del mundo que Macron quisiera. Podremos adjetivar a los gobiernos de los países aquí citados de muchas maneras, pero para nada representan ese nacionalismo que prendió la mecha de la Primera Guerra Mundial. Todos los estados del mundo, incluida la Francia de Macron, han defendido, defienden y defenderán sus intereses nacionales, por lo que no pueden ser tildados de nacionalistas por ello. Los EEUU que están de retirada de la arena internacional no se repliegan porque así lo haya decidido Trump caprichosamente.

EEUU, pese a su poderío militar y económico, no puede perpetuar su hegemonía y ejercer eternamente el papel de sheriff mundial por lo que el cansancio de su sociedad ante tantas aventuras bélicas conduce a un aislacionismo natural. Ese aislacionismo o defensa de las fronteras y de todo lo que esté relacionado con conservar los principios soberanos de cada unidad estatal podrá gustar más o menos, pero no es ejemplo de casus belli. Lo verdaderamente peligroso es el apetito expansionista o imperialista de romper el equilibrio de poder o de acentuar el desequilibrio existente. En este sentido, los fantasmas del nacionalismo que sí que comprometen nuestra convivencia son los que desencadenaron a través del rencor y animosidad la Primera Guerra Mundial y los que dos décadas después condujeron a otra guerra todavía mucho más cruel y sangrienta, la Segunda Guerra Mundial.

El que fuera presidente de EEUU en 1918, Woodrow Wilson, ha sido habitualmente enaltecido en las Relaciones Internacionales por ser impulsor de los llamados ‘Catorce puntos’ que fueron la fórmula que los estadounidenses propusieron para traer la paz al mundo y que, entre otras cosas, hablaba de la creación del precedente de la actual Naciones Unidas a través de la Sociedad de Naciones y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Ese último concepto fue una verdadera trampa porque lo único que hizo fue avivar la polémica y dar alas a los movimientos nacionalistas que tanta sangre han derramado en el siglo XX y que ha rebrotado de manera exacerbada en los últimos años en lugares como Cataluña. Cuando Wilson hablaba del derecho de todas las naciones amantes de la paz a vivir su propia vida y decidir sobre sus instituciones, no era consciente de que infundió unas esperanzas que nunca iban a cumplirse en muchos rincones del mundo y que “no se apercibió de los riesgos hasta que ya fue demasiado tarde para detener a los que intentaban convertir el principio en una realidad”, como dijera el entonces secretario de Estado, Robert Lansing.

Wilson llegó a decir en el Congreso de los EEUU que las aspiraciones nacionales no debían introducir nuevos elementos de antagonismo y enfrentamiento. Se declaró en contra de apoyar a los nacionalistas irlandeses, que querían salir de la dominación británica. En aquella ocasión, aseguró que los irlandeses vivían en un país democrático y podían solucionar las diferencias por medios democráticos. Finalmente, un Wilson escarmentado se arrepintió de haber introducido el derecho a la autodeterminación, pero ya fue tarde. El nacionalismo ya se había echado a la carretera y 100 años después sigue dividiendo sociedades avivando el odio y resentimiento.

Hablamos Español
Fray Josepho Libertad Digital  13 Noviembre 2018

La plataforma Hablamos Español, presidida por la gran Gloria Lago, ha conseguido las 500.000 firmas necesarias para que se tramite en las Cortes su iniciativa legislativa popular: la Ley de Libertad de Elección Lingüística. El objetivo es que cualquier ciudadano, en cualquier lugar de España, pueda escolarizar a sus hijos, si así lo desea, en español, y que no se discrimine, se penalice ni se multe a nadie por ejercer el derecho constitucional de usar nuestra lengua común. Ya, ya sé que es triste que haya que recurrir a recoger firmas para conseguir algo que los poderes públicos deberían garantizar de oficio. Pero así son las cosas.

La recogida de firmas ha resultado difícil y penosa. Lamentablemente, ningún partido parlamentario ha ayudado a Hablamos Español. Al revés, les han puesto palos en las ruedas y en muchas ocasiones han tratado de boicotear su movilización. De los nacionalistas y de Podemos no se podía esperar nada. Del PSOE, tampoco. Pero es que el PP y Ciudadanos también han evitado cuidadosamente ayudar a Hablamos Español. No así gran parte de sus bases y de sus votantes, que tienen menos complejos que la cúpula para defender la libertad de elección de idioma.

Tampoco los medios de comunicación han ayudado. Por supuesto, ni un minuto en las televisiones. Y de las radios, solo la de esta casa ha dado eco a la iniciativa. Pero la movilización en las redes sociales y el entusiasmo de los voluntarios han conseguido lo que parecía imposible. Ya hay 500.000 firmas.

Ahora habrá que tramitar el proyecto en las Cortes, donde no se sabe lo que pasará, pero al menos los partidos se tendrán que retratar. A ninguno le va a salir barato rechazar el muy razonable proyecto de Hablamos Español.

En un asunto crucial,
los de Hablamos Español
han anotado un buen gol
a la caverna feudal.
El ímpetu liberal
de la sociedad civil,
con un trabajo febril,
brilló a muy alto nivel…
¡Hubo firmas a granel!
¡Ya están las quinientas mil!


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Sánchez controla el Poder Judicial y Casado se pasa a la ‘sedición’
Pablo Sebastián republica  13 Noviembre 2018

La nueva composición del Consejo General del Poder Judicial pactada por Pedro Sánchez y Pablo Casado constituye otra victoria de Sánchez porque se hace con la mayoría de Consejo, por más que el PP logre la presidencia para el magistrado Marchena, al que Sánchez además logra que se vaya del Tribunal que juzgará el golpe de Estado catalán. Además Sánchez concedió a Pablo Iglesias la selección de varios vocales del Consejo, lo que constituye una importante novedad.

Aunque a este vuelco en el Poder Judicial que evidencia la intromisión de la política en la Justicia y la no separación de los poderes del Estado tenemos que añadir otro hecho alarmante como es que Pablo Casado ahora renuncia al delito de rebelión para los jefes del ‘procés’ y facilita su rebaja al delito de sedición.

Que es lo que proponía la Abogacía del Estado en su escrito de calificación de delitos y penas del ‘proces’. Y lo que Casado denunció con ímpetu días atrás acusando a Pedro Sánchez de manipular la Abogacía del Estado en favor de los golpistas del ‘procés’.

Esa es al menos la consecuencia que se deriva de la decisión de Casado de proponer para nuevo Presidente del Consejo General del Poder Judicial (a partir del próximo 1 de enero de 2019), al fiscal y hasta ahora presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena. Quien además ocupaba la presidencia y ponencia del Tribunal que a partir del mes de enero juzgará a los autores del golpe de Estado catalán.

El magistrado Marchena que estaba en línea con el delito de ‘rebelión’ y que ahora será sustituido como presidente y ponente del Tribunal juzgador del ‘procés’ por el magistrado progresista Andres Martínez Arrieta. Al tiempo que la marcha de Marchena permite acceder a ese Tribunal de la magistrada Susana Polo, también progresista, lo que mejorará y mucho las opciones del delito de ‘sedición’ en la sentencia.

Algo que hubiera sido impensable si Marchena hubiera permanecido en su sitio. Y por eso el PSOE ha aceptado encantado que Marchena sea el nuevo presidente del Poder Judicial, porque eso abre la puerta a Martinez Arrieta. Y desde luego el ambicioso Marchena no renunciará al ascenso para seguir al frente de la Sala Penal y del Tribunal que juzgará el golpe de Estado, del que sale huyendo.

¿Por qué Casado ha promocionado a Marchena? No se sabe, pero puede que al líder del PP lo haya enredado Rafael Catalá que llevó la negociación de la renovación del Poder Judicial con la ministra Delgado (otra que tal baila) con la intención Catalá de poner un conservador al frente del Poder Judicial para desde ahí tapar en lo posible la corrupción del PP.

Que fue lo que hizo el Presidente saliente del Poder Judicial Carlos Lesmes al menos en sus maniobras recientes para que Rosalía Bárcenas no entrara en prisión tras su condena a 13 años de cárcel en la sentencia de Gürtel. Y es que Catalá, el amigo y confidente de Ignacio González, sabe mucho en eso de tapar la corrupción del PP. Mientras que Casado no sabe nada de lo que debiera y acaba de desvestir un santo para tapar las vergüenzas de un diablo.

Pero si la sentencia del golpe de Estado condena a los golpistas por el delito de sedición y no de rebelión, el responsable no será Sánchez sino Casado que desestabilizó la presidencia y ponencia del Tribunal poco antes de que se iniciara el juicio oral. Y que se prestó a este reparto obsceno del Consejo General del Poder Judicial, donde Podemos aparece por primera vez.

El Estado pasa factura al separatismo
EDITORIAL ABC  13 Noviembre 2018

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas a reintegrar a las arcas públicas catalanas 4,9 millones de euros, que es el coste de organización del referéndum celebrado el 9 de noviembre de 2014. Además, otros exconsejeros de Artur Mas han sido condenados a cantidades menores, que se corresponden con los gastos causados por sus respectivas consejerías con motivo del referéndum ilegal del 9-N. Lenta pero inexorablemente, esta vez ha sido la Justicia contable la que ha alcanzado a los autores de aquella ilegalidad flagrante. No sólo responden penalmente por los hechos, sino también patrimonialmente, asumiendo en toda su dimensión jurídica la gravedad de su conducta. No se trata de una resolución ejemplarizante, sino justa, sin otra pretensión que no dejar impunes unas decisiones que sustrajeron casi cinco millones de euros al destino que debían recibir los fondos públicos a disposición de la Generalitat. El cumplimiento de la ley implica también usar el dinero de los ciudadanos para asuntos de interés general y con arreglo a la legalidad, no como fuente de financiación de estrategias partidistas.

Mas y el resto de políticos condenados a la devolución del dinero actuaron con esa desfachatez propia de quienes se sienten aupados por «el pueblo» por encima de las reglas del Estado de Derecho, como si la legitimidad de un separatista estuviera muy por encima de las obligaciones de un demócrata. Y sí, esta sentencia encierra también un aviso a los autores del 1-O para que entiendan que el Gobierno de Sánchez puede prometerles mucho, pero cuando se refieren a la aplicación de la ley, y esta depende de instituciones autónomas, como la Fiscalía, y tribunales independientes, esas promesas son papel mojado. El Estado pasa la factura que escriben las leyes y cobran los tribunales.

La revolución a través de la ingeniería del comportamiento
Ernesto Ladrón de Guevara TBN  13 Noviembre 2018

Probablemente a un argentino, chileno, andaluz, manchego, etc., no le interese nada lo que pasa en la escuela del País Vasco, donde nací y vivo desde que mi madre me alumbró.

Probablemente tampoco le interese lo que ocurre en Cataluña al respecto. Argentina está muy lejos y mucha gente de allí ni lo sitúa en el mapa. Pero como fenómeno de psicología conductista sí le puede importar, porque esta nueva forma de totalitarismo se le puede aplicar a él una vez comprobados los resultados de ese laboratorio de experimentación.

En la actualidads, las dictaduras, salvo en los ciclos de evolución al límite, no aplican los métodos de terrorismo de Estado, de represión burda y explícita. Son más sutiles. Hasta parecen progresistas, políticamente correctas, e incluso democráticas. Bien sabemos que el término democracia está muy deslavazado. Puede aplicarse con tantas acepciones que ya no se sabe ni lo que es, ni los rasgos de funcionamiento que han de caracterizarlo para considerarse como tal en su sentido más genuino.

El factor cognitivo con el que se configura la cosmovisión personal, la forma de percibir la realidad, el filtro mental estructurado para que solamente se vean ciertos rasgos de la realidad, es el objetivo prioritario de los adoctrinamientos; es decir, el uso de la escuela con la finalidad de orientar a las masas a modo de pastor con su rebaño. Esta ingeniería del comportamiento se puede aplicar en cualquier parte del mundo como se establece, por ejemplo, en mi tierra natal: las Vascongadas. El término Vascongadas me gusta, y sin embargo no está contemplado ni en la Constitución Española ni en el correspondiente Estatuto de Autonomía. Y, sin embargo, es el más riguroso desde el plano histórico y cultural. El lugar donde nací fue vasconizado y no siempre fue emplazamiento de vascos, como bien refleja en sus magníficos estudios históricos el que fue presidente de la República española en el exilio y mejor medievalista de todos los tiempos, Claudio Sánchez Albornoz.

Vayamos a los ejemplos concretos: Si usted, querido lector, fuera gobernante de la Euskadi de Sabino Arana y los resultados académicos de los centros escolares estuvieran a la cola en comprensiónlectora entre los países del mundo y comunidades autónomas de España, ¿qué haría? Probablemente, y razonablemente, analizar las variables que producen ese desperdicio de capacidad en la comprensión verbal, que origina el retraso. Descartadas variables económicas, pues la Euskadi de Sabino Arana está en cabeza de inversión en educación sobre el PIB, lo razonable sería que llegáramos a la conclusión que hay algún factor desencadenante del fracaso.

Si en esa Euskadi de Sabino Arana se obliga a todos los centros educativos a aplicar una fórmula de inmersión en una neolengua que se llama euskera y que no tiene nada que ver con el vascuence de nuestros antepasados; y que no lo habla más del 15% de la población en sus relaciones habituales; y, además, en determinados centros se empieza la lectoescritura a los ocho años -leen ustedes bien, no a los seis, a los ocho- parece razonable suponer que el factor es el modelo de inmersión. Y, sin embargo, la consejera del ramo dijo que para resolver el problema había que intensificar el programa de apoyo al euskera. A estas alturas de la lectura del artículo, si usted no ha abandonado, estará hecho un ovillo mental y probablemente no entenderá nada, pues las cosas absurdas no se entienden, son más bien un acto de fe.

Si usted querido lector lee la prensa vasca encontrará este título: “Educación inicia una ‘reflexión´ para mejorar la formación de los profesores y las oposiciones [sic]”. Aparte de lo mal que está redactado el titular de la información fruto del pésimo sistema educativo español promovido por los socialistas, hermanos fraternos de los nacionalistas, veamos qué quiere mejorar la consejera:

El 70 % de los candidatos a plazas de profesores en la especialidad de matemáticas suspendieron. Dice la información que en lengua española “solamente” el 60%. Es decir, que quienes aspiran a enseñar en nuestros centros educativos no llegan al listón de quienes pretenden enseñar matemáticas o lengua española. Y ahora viene la pregunta que arrojo contra sus maltratadas entendederas: ¿por qué?

405 plazas a cubrir mediante esas oposiciones en Secundaria y Formación Profesional quedaron desiertas, pues una parte significativa de los aspirantes no alcanzaba unos requerimientos mínimos de dominio de las materias a las que pretendían ejercer docencia, algo más de un cuarto de los puestos de trabajo convocados. De 4.134 docentes interinos -es decir que no han superado la oposición pero entraron a dedo en unas listas preparadas para que solamente entraran euskaldunes, y, por tanto, un número significativo de comisarios políticos- solamente obtuvieron plaza fija 1.152, es decir el 25%. Saquen ustedes conclusiones. Yo no me invento nada. Es lo que refiere la prensa que se ha hecho eco de la noticia.

Hagamos inferencias deductivas: Si eso es así, ¿cuál es la causa de ese desatino? ¿Ha oído alguien alguna interpretación mínimamente aproximativa a la realidad, o simplemente alguna invocación de sorpresa o cuestionamiento en la clase política? Ni saben ni contestan.

Mis deducciones:
1.- El contingente mayor de profesores actuales es víctima de la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo), que ni es orgánica pues nadie la cumplen, ni de ordenación, pues nunca ha habido más caos, ni general, porque no genera nada sino analfabetismo funcional, ni del Sistema Educativo, pues no hay uno sino 17 sistemas educativos. En consecuencia, el nivel formativo es el peor de la historia de la Educación, e incluso de la Educación Comparada. A los informes de la OCDE me remito. Por eso uno de los sindicatos mayoritarios del sector en las Vascongadas insiste en no aplicar las pruebas PISA y PILRS en el País Vasco, y derogar el sistema de oposiciones. Así, ojos que no ven, corazón que no siente.

2.- Como el contingente casi hegemónico de los opositores proviene de las listas de contratación, y éstas se hacen con el filtro radicalmente excluyente del euskera, es decir que o sabes euskera o no entras, en otras materias no parece que sepan mucho, pero en la neolengua vasca se desenvuelven con mucha soltura aunque su abanico de conceptos se limite a la huerta y poco más. Con lo cual se da la paradoja de que en Alava no encuentran trabajo los nativos de mi querida provincia natal porque su lengua materna es el español, y vienen en autobuses de zonas vascohablantes de Guipúzcoa y Vizcaya, es decir aquellas donde gana por goleada la tribu abertzale y más en concreto la peña proetarra.

Pero no se preocupen. Aquí lo importante no es lo que sepan los alumnos vascos, el objetivo es que sean nacionalistas. Muchos y buenos. A eso le llamo yo, en sentido estrictamente semántico, adoctrinamiento. De libro.

De la misma manera, el objetivo del socialismo del PSOE, que no es socialismo sino sanchismo, es decir el juego de intereses personales del presidente “ocupa” que se ha instalado ilegítimamente en el Gobierno a la manera bolivariana para usurpar las funciones del Gobierno sin que ningún ciudadano de los de “a píe” le hayamos elegido; es mantenerse en el sillón pese a que a los españoles nos sale muy cara su permanencia. Para ello, se presta al juego de destrozar más aún el sistema educativo. Provocar la enésima esperpéntica ley de Educación sobre las cenizas de las anteriores, sin consensos de Estado puesto que él cree que el Estado es él mismo. Y así tener contentos a los nacionalistas que lo que tratan es de dejar en enaguas lo poco que queda de Estado. Es lamentable, ridículo y trágico a la vez.

Entre unos y otros se masca la tragedia española.

Trampantojos en la política española
NICOLAS REDONDO TERREROS El Mundo 13 Noviembre 2018

No me limitan hasta el absurdo ni la afiliación política, ni lealtades mansas de grupo que suelen ocultar incapacidad o miedo para pensar por uno mismo. Felipe González, en un congreso de los socialistas allá por la lejana Transición, se negó a ocupar la Secretaría General del partido al sentirse desautorizado por las bases cuando salió derrotada su idea de considerar el marxismo como una fuente ideológica más del pensamiento socialista, en complemento de otras de orígenes distintos; en la intervención en la que renunciaba a presentarse a la Secretaría General, ante la expectación arrepentida de los delegados congregados, dijo: "¡soy socialista antes que marxista!". Muchos años después, en la campaña en la que me presenté como candidato de los socialistas vascos a la Presidencia del Gobierno vasco, repetí con frecuencia una frase traída de aquella de González: "soy ciudadano español antes que militante socialista". Era un intento de establecer categorías de importancia en mi relación con la sociedad; primero, y antes que cualquier otra condición, somos, soy ciudadano español. Podría haber sido francés o británico, senegalés o chino -en estos dos últimos casos, sería chino o senegalés; en ningún caso, ciudadanos-, pero resultaba que he nacido aquí y, por tato, soy ciudadano español (en ocasiones muy orgulloso de serlo, en otras resignado y siempre inevitablemente).

Y creo que mi ciudadanía se menoscaba cuando los dirigentes políticos actúan sin la consideración debida a un conocimiento medio, como el mío, de las cuestiones públicas. Por lo que paso a ejercer mi condición de ciudadano. Pedro Sánchez triunfó en la moción de censura con la promesa de convocar elecciones en cuanto se ¿normalizara? la situación. Hoy sabemos que por detrás de tan categórica y paradójica afirmación, el apoyo de varios partidos, probablemente, todos los concertados para derribar a Rajoy, estaba condicionado al compromiso de no convocar elecciones.

Por lo tanto, a los ciudadanos españoles se les sustrajo una información fundamental para sentirse corresponsables de la política española. Argumentaron justificaciones en la tribuna del Congreso sabiendo que no sólo no iban a cumplirlas, sino que el acuerdo iba muy en contra de lo que se estaba haciendo público. Esa contradicción moral -decir una cosa sabiendo que se hará la contraria-, es muy negativa para la confianza de los ciudadanos en el Gobierno y devastadora para la confianza de los ciudadanos en la política; que nadie se extrañe, por lo tanto, si luego aparecen expresiones políticas radicales que tienen su base en el descrédito de los políticos.

Sánchez no convocó elecciones, decisión que le habría prestigiado, y se apresuró a confeccionar un Presupuesto improbable para dar un aspecto de normalidad a una realidad política tan legítima como extraordinaria, fuera de lo normal -era poseedor de una mayoría suficiente, en la que se integraban desde Bildu a los independentistas catalanes, para expulsar a Rajoy del Ejecutivo, pero sin fuerza y coherencia suficiente para presentar un programa de Gobierno-. El triunfo de la moción de censura y de la negociación de un Presupuesto imposible ha dado y ha reforzado la centralidad, la legitimidad política y la respetabilidad institucional en la política española a Podemos, sin necesidad de adaptarse a la realidad constitucional. Y Pablo Iglesias no ha perdido la oportunidad que los socialistas le han puesto en bandeja, al depender totalmente el Gobierno de sus votos. En la vida nada es gratis y menos en la política, donde suelen cobrarse los errores del contrario con grandes beneficios. Iglesias no ha visitado a Junqueras y a Urkullu únicamente para negociar los Presupuestos. Han hablado de cómo alargar la coalición todo lo que puedan esta legislatura y prolongarla durante la próxima. Y a esa estrategia contribuye todo lo concedido por Sánchez -centralidad y legitimidad política- y el discurso del Gobierno empeñado en subsistir en base a una división social hasta hace poco casi inexistente o mucho menos profunda que en la actualidad. Hemos pasado o estamos pasando de una pluralidad, tal vez demasiado desgarrada, a una división fecundada por la desconfianza mutua, el lenguaje agresivo y el predominio de los insultos y descalificaciones sobre la confrontación de ideas.

Uno de los objetivos políticos de la coalición que apoya hoy al Gobierno socialista es la impugnación de la Transición del 78, aunque el PSOE no quiera reconocerlo por temor a perder su precario apoyo. Dos factores políticos impulsan esa estrategia. Uno, el resurgimiento de Franco como eje de la política española actual. No dudo de la honestidad de los socialistas que se sienten incómodos con la ubicación actual de los restos del dictador, pero la actualización de dicha cuestión por parte de Podemos tiene más trascendencia. Se trata de convertir a Franco, muerto en su cama hace más de 40 años, en un eslabón que por un lado desprestigie la Constitución del 78 y por otro nos una a la idea nostálgica y mítica de la República. Tendrán éxito o no, esto todavía no lo sabemos y depende casi exclusivamente del PSOE, pero la línea estratégica está lanzada. No lo hacen claramente, sólo lo plantean como una cuestión moral. Enseñan sólo la parte de la maniobra que no asusta; confunden, pero detrás de estos trampantojos morales la motivación es de largo alcance y afectaría a todo el sistema democrático.

La segunda base de acción resulta evidente: el ataque directo al jefe del Estado. Las declaraciones institucionales del Parlamento catalán y del Ayuntamiento de Barcelona no son una casualidad provocada por gentes más o menos descontroladas, ni una iniciativa de quienes hace un año traspasaron sin perturbarse la legalidad. Se trata de una estrategia planificada para superar la Constitución del 78. Los independentistas saben que en el marco constitucional es imposible la independencia, lo saben antes y mejor que nosotros, y Podemos nació con la voluntad de superar una Transición que considera muy defectuosa. El Rey no es el objetivo, aunque lo parezca; el objetivo es la Constitución. Felipe VI es un pretexto para un cambio de régimen. Están muy al principio y puede que los menos avispados no se hayan enterado todavía, pero el órdago es, esta vez literalmente, a la mayor. El PSOE ha optado por la ambigüedad: por ejemplo, recurre ante el Tribunal Constitucional, aun con la posición contraria del Consejo de Estado, la declaración del Parlamento catalán en contra del Jefe del Estado, cuando lo más fácil, lo más contundente, lo más eficaz, lo que reduciría casi a anécdota la resolución sería romper con quienes la impulsaron y con quienes la apoyaron... Soplar y sorber no puede ser. Otro ejemplo son los Presupuestos. Se rasgan las vestiduras por el tour de Pablo Iglesias con la justificación formal, exclusivamente formal, de buscar el apoyo para las cuentas del Estado, pero lo fundamental es que para aprobar los Presupuestos sea necesaria la aquiescencia de los reclusos y de los fugados catalanes.

Siendo la realidad así y no como la cuentan, creo que la solución más razonable, la que nos consideraría a los españoles ciudadanos adultos y con una capacidad razonable para tomar decisiones adecuadas serían unas elecciones generales. Ninguna ambición personal, ninguna visión sobre el mejor futuro para España, ningún proyecto que, hoy por hoy, parece más claro entre los confabulados que en el Gobierno, justifica no escuchar a la sociedad española.

Durante la Guerra Civil, no pocos socialistas eligieron las siglas y pasaron sus últimos años en el exilio lamentando no haber dicho en voz alta lo que de verdad sucedía en el bando republicano. Siempre he creído íntimamente que Prieto fue uno de ellos. Prefiero aquellos que, como Besteiro o Wenceslao Carrillo, estuvieron dispuestos a equivocarse o a que los desprestigiaran -hasta el propio hijo de Wenceslao hizo una carta despreciable contra su padre y calificaba en ella a Besteiro de profascista- antes que asistir mudos a lo que estaba ocurriendo.

Termino este artículo afirmando, sin embargo, que la situación que atravesamos no es inevitable, que debemos olvidar el tristemente famoso y resignado "¡que más da lo que yo haga!". Está en la mano de los políticos, de los medios de comunicación y de las élites españolas, si éstas existen, que retornemos a los grandes espacios de la Transición; rechazando el extremismo ideológico, las memorias rencorosas o la transformación del adversario en enemigo. Se nos vuelve a plantear la encrucijada, en la que hoy nos acompañan muchos países de nuestro entorno, entre la moderación, la renuncia a los programas máximos de los partidos políticos y el deambular entre extremismos desgarrados y vengativos. Hoy el conflicto en Occidente enfrenta a quienes defienden la democracia socialliberal, impulsando las reformas necesarias para su mantenimiento en un mundo radicalmente distinto del que propició su aparición, con quienes defienden los etnicismos de origen diverso, nacionalistas extremos y nostálgicos de revoluciones siempre fracasadas. En España, a pesar de nuestro coqueto fatalismo, nos encontramos en parecida situación: los que defendemos el éxito de la Transición , sin miedo a las reformas que fortalezcan el sistema, y los que consideran la Constitución del 78 un corsé para sus objetivos independentistas o ideológicos.

Nicolás Redondo Terreros es miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Antes de lanzar las campanas al vuelo
Los cambios en el Poder Judicial conspiran en favor de los que no sabían lo que hacían.
Pablo Planas Libertad Digital 13 Noviembre 2018

El día que la prensa catalana ha anunciado una operación del entorno de Artur Mas para que semejante personaje regrese a la política activa al frente del partido del prófugo Puigdemont, el Tribunal de Cuentas ha sentenciado que el ínclito gafe debería pagar casi cinco millones de euros por la fiesta de la consulta separatista del 9-N de 2014. Antes de lanzar las campanas al vuelo, un par de detalles: el fallo es recurrible y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Mas por desobediencia, pero descartó la malversación, que implicaba prisión, "jurisprudencia" a la que se aferra la defensa del "Astucias" frente a un Tribunal de Cuentas presidido por Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia del PP de Aznar.

Ni de lejos está dicha la última palabra judicial sobre aquel ensayo general del golpe de Estado que encabezó Mas hace cuatro años y cuatro días con la inestimable financiación de los Fondos de Liquidez Autonómica del gran Montoro, capaz de perseguir hasta el final al desgraciado contribuyente físico y al tiempo decir que en ese gran timo del proceso separatista no se ha desviado ni un céntimo a propaganda e infraestructuras golpistas.

Mas jamás ha pagado las consecuencias de sus actos, a pesar de ser el principal responsable, muy por encima de Pujol, Puigdemont y Junqueras, de la catástrofe catalana, y no es previsible que vaya a ser el caso. El tipo vive tan tranquilo, con nómina, despacho, coche y escoltas oficiales. Se levanta más de cien mil euros al año, regalías, comodidades y deferencias presidenciales al margen. No hay un presunto delincuente mejor sostenido por el erario público. Pide dinero al pueblo llano para su fianza, pero no se priva de navegar por aguas de Menorca o de esquiar en Suiza. Es la viva estampa de la represión. Pobre hombre, tremendo perseguido.

Los que están en la cárcel y los que se escaparon quieren que la justicia les trate como a Mas y es natural. Ese vendedor de crecepelos fue quien prendió la mecha, el que activó la cuenta atrás, "milhomes" matasietes que dinamitó los puentes a capricho de sus encuestas hasta que los dinamiteros de la CUP le dinamitaron a él. Y ahí está, campando a su antojo.

El PSOE hace lo que puede, que es mucho, para que Junqueras y Puigdemont acaben como Mas o Pujol, aunque ya se ha comido un año de cárcel y fuga y en los cinco meses del Gobierno de Pedro Sánchez "sólo" ha cambiado la situación de los presos, que son los putos amos de la prisión de Lledoners, pero no entienden que Mas no comparta con ellos las excelencias del sistema penitenciario catalán. Paciencia. Los cambios en el Poder Judicial conspiran en favor de los que no sabían lo que hacían. El único obstáculo para un desenlace flácido es que Junqueras no quiere pasar una segunda Navidad en prisión mientras Mas sigue suelto para pregonar las bondades del Gobierno de Sánchez frente a una alternativa de C's, PP y Vox. Sin embargo, todo el mundo confía en que el pío preso no haga ninguna locura y acepte "los tiempos de la judicatura".

El pacto por el CGPJ indigna a la Judicatura y agranda la brecha con la política
ESdiario  13 Noviembre 2018

En el peor momento de las relaciones entre políticos y jueces por el vodevil del impuesto de las hipotecas, el acuerdo suscrito entre populares y socialistas ha añadido más leña al fuego.

El nulo disimulo del PSOE y el PP a la hora de pactar el nombre del nuevo presidente del CGPJ cuando todavía no están siquiera designados los 20 vocales ha acentuado el enfrentamiento entre la política y la Judicatura.

La designación de Manuel Marchena por acuerdo de Pedro Sánchez y Pablo Casado no ha hecho sino empeorar una relación que ya viene atravesando un momento muy delicado a raíz del vodevil del impuesto de las hipotecas en el Tribunal Supremo.

La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales salieron este lunes en tromba contra lo que consideran una componenda que acentúa la sensación de injerencia del poder político, y ello en vísperas del juicio más importante al que se ha enfrentado la democracia española: el del procés.

La más crítica fue la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, cuyo portavoz, Raimundo Prado, tildó el pacto entre socialistas y populares de "aberrante" y acusó a ambos de "saltarse a la torera" la Ley Orgánica del Poder Judicial, según la cual al presidente del CGPJ lo han de elegir libremente los vocales del mismo.

Desde Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega lamentó que la "batalla política por controlar" el CGPJ envíe a la ciudadanía un mensaje que daña su imagen.

Algo más comedido fue el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, mayoritaria entre los jueces, que confió en que el pacto "no afecte ni a la apariencia de independencia ni a la credibilidad de la Justicia". Aunque recordó que deberían ser los jueces y no los políticos quienes elijan a los miembros de su órgano de gobierno.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallarés,tachó de "impresentable" el acuerdo, que a su juicio "pone en evidencia la politización de la justicia" en España.

En medio del clamor en la Judicatura, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, intentó serenar los ánimos de antiguos compañeros al resaltar lo buena noticia que es haber alcanzado un pacto en un Parlamento fragmentado.

A Sánchez tampoco le ayuda el tuit que desempolvó este lunes Ciudadanos de la hemeroteca, en el que se comprometía a hacer un CGPJ "verdaderamente independiente del gobierno". Claro que entonces, en el año 2014, no estaba en La Moncloa.

Iglesias pone a trabajar a Pedro Sánchez.
Vicente A. C. M. Periodista Digital   13 Noviembre 2018

COLAU E IGLESIAS PIDEN A LOS GOLPISTAS APOYO A LOS PRESUPUESTOS. / MIQUEL ICETA SE UNE A LA JAURÍA QUE PRESIONA AL TRIBUNAL SUPREMO PARA QUE REBAJE EL DELITO DE REBELIÓN.

Pablo Iglesias sigue con su principal trabajo de buscar apoyos a la aprobación de los PGE que considera suyos más que del PSOE. Esta vez se acompaña de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ahora se erige en portavoz de las clases trabajadoras diciendo que “La gente trabajadora no tiene la culpa de la represión del PP”. Hace falta tener desfachatez quien así se expresa cuando es la funcionaria pública de las que más cobra en España siendo su sueldo de 100.000 euros anuales. Eso sí según el portal de transparencia de la web del ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau supuestamente dona a su partido una parte sustancial, quedándose con un salario neto de 14 pagas de 2.200 euros, de acuerdo con el nivel de exigencia ético de su formación política Barcelona en comú. Claro que cada uno es libre de creer que efectivamente cumple con ese requisito de extrema solidaridad.

Por su parte, Pablo Iglesias vuelve a predicar echando en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que no haga más por lograr acuerdos y le acusa de “no haber estado a la altura” en clara alusión a las calificaciones de los delitos atribuidos a los golpistas presos tanto de la Abogacía del Estado como de la Fiscalía. Pero enseguida baja el tono y pide aparcar este tema y “darse oportunidades de acuerdo, aunque sea inmoral mientras haya presos”, desligando los PGE de la situación política. Además, se alinea con las declaraciones de Ada Colau e incide en que “Nos tendrán a su lado para denunciar represión, pero ellos también deben estar al lado de la gente trabajadora que no tiene la culpa de la represión del PP”. Y aquí la inmoralidad es seguir acudiendo al mantra de la represión del PP que lleva desde la moción de censura cinco meses fuera del Gobierno de España y en la oposición.

La represión, supuestamente referida al artículo 155, fue también obra del PSOE y de todos los partidos que la apoyaron en aquella sesión del Senado y fue "tan dura" que pocos meses después los partidos golpistas recuperaron la mayoría parlamentaria en Cataluña. Las únicas limitaciones fueron las que la Justicia impuso a los responsables del golpe de Estado y que se consumase una burla y fraude de ley al proponer a candidatos a Presidente de la Generalidad acusados de graves delitos como el de rebelión e inmersos en causas judiciales. Algunos en prisión provisional y otros fugados de la Justicia huidos a países de cuestionable lealtad institucional y Justicia laxa y comprensiva con delincuentes de otros países. Unos refugios desde los cuales esos golpistas como Carles Puigdemont, Toni Comin o Marta Rovira, siguen con su campaña de desprestigio de España y presentándose como víctimas, cuando han sido verdugos de las libertades de sus conciudadanos.

Se olvida cínicamente Pablo Iglesias de que la represión es la que impone el soberanismo catalán desde hace décadas a esa parte mayoritaria de la población de Cataluña que no comparte las aspiraciones independentistas, ni las imposiciones culturales como el arrinconamiento del español como lengua cooficial. La represión es la que proviene de unos CDR violentos que coaccionan la libertad de expresión y marcan y acosan, incluso usando la violencia física a los que no consideran catalanes solo por el hecho de discrepar. Y Luego viene este apóstol de las dictaduras bolivarianas represoras de los pueblos como el de Venezuela o Cuba a decir que “No se lo pongamos fácil a los enemigos de la democracia” refiriéndose y azuzando el fantasma de la vuelta de las “derechas” al poder, si Pedro Sánchez no consigue la aprobación de los PGE y convoca elecciones generales. Algo que Pablo Iglesias considera como única salida posible diciendo que “Hay que lograr mayoría para esos PGE, yo no puedo hacer todo el trabajo. Sánchez se tiene que mojar” y marcando el camino si no consigue ese pacto “si no hay presupuestos, sería sensato ir a elecciones generales. ¿Por qué? Porque si un Gobierno pierde su mayoría parlamentaria, es lógico que el Gobierno convoque elecciones. Pero la decisión no es mía, es del Presidente del Gobierno”.

Tal y como están las cosas ya dije ayer que Pedro Sánchez y este PSOE están dispuestos a ceder y pervertir las leyes insinuando no ya indultos sino amnistías a la carta. Todo con tal de lograr ese apoyo a los PGE que les consolidaría en el poder durante el resto de la legislatura a la que accedieron de forma tan vergonzosa como fue la de pactar con los enemigos de España, donde los golpistas de ERC y PDeCAT eran decisivos junto a los nacionalistas del PNV y proetarras de BILDU. El Gobierno de Pedro Sánchez nunca ha “tirado la toalla” sino que es consciente de lo que se juega y mantiene muy vivas las reuniones de trabajo con la Generalidad comprometiendo inversiones, condonación de deuda y, sobre todo, ofreciendo una salida a los golpistas presos y fugados en forma de amnistía evitando los problemas del indulto.

Por su parte, su socio confederado en Cataluña, el PSC cumple también con su trabajo de zapa sumándose a quienes presionan al Tribunal Supremo para que rebaje las calificaciones de los delitos de rebelión. El predicador Miquel Iceta que no termina de posicionarse sobre lo de las cargas policiales del 1 de octubre del 2017, manifiesta que “En el procedimiento ha habido cosas muy dudosas” y pone ejemplos que dejan en mal lugar al juez Pablo Llarena sin entrar en el fondo del asunto de las limitaciones judiciales en asuntos de extradición e insinuando que podía haber hecho más de lo que hizo. Se une a las críticas de los golpistas diciendo que “nosotros también hemos dicho que la prisión preventiva la consideramos desproporcionada”. Y por último y sin entrar en otras consideraciones como el respeto por los derechos de los investigados que no tienen aforamiento, se une a las críticas interesadas que reclaman que todo lo centralice el Tribunal Supremo diciendo que “hay juristas que sostienen con algún fundamento que tener un mismo tema objeto de investigación en tres tribunales diferentes puede perjudicar la causa”. ¿Y qué pasa con el perjuicio de los investigados que tienen derecho a otro camino procesal comenzando por la instrucción en un juzgado de primer Instancia y la cadena de futuros recursos de la sentencia? De caer en el Supremo, no hay recurso posible ya que es la máxima Instancia judicial.

Se trata de una estrategia de sembrar dudas sobre la Justicia y el Tribunal Supremo y el sistema judicial español, pero sin profundizar en el análisis de los hechos que critica con la sola intención de crear dudas sobre el procedimiento y la Instrucción del juez Pablo Llarena, y no decir cínicamente que cree que existen esas cosas muy dudosas. Pero de Miquel Iceta siempre tan melifluo y adaptable al entorno, podemos esperar cualquier cosa.

Se nota la desesperación de quienes ven peligrar su permanencia en el poder, forzados por su incapacidad de cumplir las expectativas de los que ofrecieron su apoyo a cambio de contraprestaciones muy concretas, la liberación sin cargos de los presos y de la exoneración de los fugados. Unas concesiones imposibles de cumplir en la fase actual procesal y por el imperativo legal que obliga al Gobierno y sus miembros a respetar la ley. ¡Qué más quisiera Pedro Sánchez que satisfacer esos deseos y garantizarse su continuidad para imponer su programa sectario! Se debe atener a la ley, aunque no deja de lanzar mensajes de estar plenamente dispuesto a hacer uso de sus prerrogativas para bien conceder indultos o, en su caso, una amnistía ”ad hoc”. Por eso no resulta aventurado predecir que finalmente, “in extremis” tenga lugar un cambio de posición de los golpistas mucho más pragmático basado en esas “promesas” y dejar que durante el juicio sean los acontecimientos los que perfilen las acusaciones y las defensas con las pruebas presentadas y se emita la sentencia final. Pare ello aún faltan muchos meses y eso en política es una eternidad.

Lo que sí que debe hacer la oposición es estar vigilante con las medidas y movimientos que se van a ir adoptando y que sean acordes con la legalidad vigente y así evitar que Pedro Sánchez logre como desea satisfacer a los golpistas.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

Los socialistas riojanos votaron en contra del castellano como lengua común en España
El grupo del PSOE en el parlamento de La Rioja se opuso a que defender el español como lengua vehicular de la enseñanza y las administraciones de todas las Comunidades Autónomas
Enrique Delgado Sanz. Víctor Ruiz de Almirón  ABC  13 Noviembre 2018

Los líderes del socialismo riojano se emplearon a fondo, desde primera hora de la mañana, en negar la información publicada ayer por ABC y que desvelaba el interés de dicho partido por equiparar el español y el euskera en el próximo Estatuto de Autonomía de la región. Sin ir más lejos, el secretario general del PSOE en la región, Francisco Ocón, se apresuró a defender la lengua española y aseguró que en La Rioja «no se habla euskera, ni se va a hablar». Esta defensa del castellano, sin embargo, contrasta con la postura del grupo socialista en el Parlamento autonómico hace sólo unos días.

En el Pleno celebrado en las Cortes riojanas el pasado día 8 de noviembre, el PP presentó una proposición no de ley para que el Gobierno de La Rioja instara al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez a cuatro cosas: reivindicar la Transición, defender los símbolos que representan a todos los españoles, defender la Monarquía Parlamentaria y, en cuarto lugar, «defender el español como lengua vehicular y común de la enseñanza y las administraciones públicas en todas las comunidades autónomas respetando siempre la existencia de las lenguas cooficiales reconocidas en los diferentes estatutos de autonomía».

En el turno de votaciones, los diputados regionales socialistas votaron a favor de los tres primeros puntos de la proposición -Transición, símbolos de España y defensa de la Monarquía Parlamentaria-, pero sin embargo votaron en contra del cuarto punto. De esta forma los socialistas se opusieron abiertamente a respaldar al español en un momento en el que está cuestionado en autonomías como Cataluña. Parece, al menos a tenor de esta decisión, que en el PSOE riojano están más preocupados por destacar el euskera.
Una líder empeñada en un «proyecto plurilingüe»

Concha Andreu, recientemente elegida candidata del PSOE para competir en la próxima campaña de elecciones autonómicas en La Rioja, ha mostrado en varias ocasiones su simpatía por reconocer en la región tanto el castellano como el euskera, en la línea de las enmiendas que los socialistas quieren incluir en el próximo Estatuto. Amparándose en que ambas lenguas se originaron en San Millán de la Cogolla (La Rioja), Andreu propone que la región encabece «un proyecto plurilingüe desde la pluralidad política». Así lo dijo en julio de 2017 como portavoz parlamentaria en las Cortes regionales y así lo repitió este mismo sábado, delante de Pedro Sánchez, tras ser proclamada candidata: quiere que La Rioja sea una tierra de «convivencia lingüística».

El relato vasco lo dictará quien mande
Carlos Gorostiza. vozpopuli   13 Noviembre 2018

Hoy, la encrucijada más importante de Euskadi es dirimir cuál es el relato sobre la violencia que acaba imponiéndose, si el académico o el nacionalista

Cuando alguien afirma, retóricamente, que en Alemania no sería admisible un mausoleo como el de Cuelgamuros para Hitler, dan ganas de responderle: “Claro que sería posible, solo haría falta que hubiese ganado la guerra y tendría un mausoleo impresionante, sin duda”.

El relato de lo que pasó siempre lo marca quien se queda con el poder y así será también en Euskadi. Quien mejor lo explica es Humpty-Dumpty en “Alicia a través del espejo”: cuando la niña dice que las palabras no pueden significar cosas diferentes, responde que las palabras significan lo que él quiera, que “el problema es saber quién es el que manda. Eso es todo”.

De momento la polémica en el País Vasco está en vigor. Aún no ha pasado tanto tiempo desde que ETA fue derrotada y con los recuerdos tan recientes, tantas víctimas vivas y dispuestas a hablar, y tanta desmesura como fueron cuatro décadas de terror, la batalla por ver cómo se cuenta el relato de lo que pasó sigue viva, como se ve, año tras año, en los diversos y enfrentados actos institucionales de conmemoración del día de la memoria.

Al nacionalismo vasco moderado los asesinatos de ETA le producían un horror humano y una solidaridad personal con las víctimas que, siendo grandes, no alcanzaban a ocultar el otro sentimiento más profundo: el de indignación por el daño que tales acciones hacían a la reputación del propio nacionalismo. Algunos incluso lo decían, como Joseba Egibar cuando, en la tribuna del Parlamento Vasco, espetó a los diputados constitucionalistas escoltados que a quien objetivamente perjudicaba ETA era al nacionalismo. Aunque no lo dijeran con tan insultante sinceridad, se les notaba mucho, tanto que algunas veces la sociedad vasca señalaba la tibieza de su posición. Entonces se enrabietaban. Como cuando, en febrero del 2000, asesinaron a Fernando Buesa y el PNV salió a la calle en tromba a desagraviar a su propio Lehendakari, marginando en la manifestación a los familiares y compañeros del consejero recién asesinado.

Los constitucionalistas también llevábamos nuestra propia rabia cuando desde las cloacas del Estado se cometían abusos y horrores. Pocos, nunca aceptados y sí perseguidos, pero aún así letales para el discurso de una España democrática. En aquellos episodios encontraban los nacionalistas el hueco por el que meter la mercancía averiada de que los abusos policiales y las torturas, que existieron, eclipsaban los centenares de asesinatos de ETA. Precisamente son estos episodios los que, como era de esperar, tratan de utilizar ahora para presentar como un enfrentamiento entre iguales la limpieza ideológica que el nacionalismo vasco radical impuso en gran parte del País Vasco.

De momento pervive cierta tensión. De un lado, el poder político que teme que el repaso frío de la negra y reciente historia haga más evidente aún que el proyecto totalitario de la banda era un proyecto nacionalista vasco, hermano incómodo, pero hermano al fin del que, mientras tanto, ejercía el poder. De otro lado, el sector de la sociedad vasca que sufrió directamente en sus carnes el terrorismo de ETA y que contempla cómo su honrosa sumisión a la Ley y a la Justicia, alejada de cualquier respuesta violenta, se paga ahora con la irrelevancia y casi con la incomodidad por parte de sus vecinos, que no tienen demasiadas ganas de rememorar lo cobarde que fue una sociedad que, mientras mataban, presumía de tan buen vivir y de tan buena gastronomía.

A la hora de ganar batallas el poder político local, que cuenta con la decisión y con el presupuesto, suele ser el favorito pero, afortunadamente, en un país democrático no es el único poder. En este caso están las organizaciones civiles, las de víctimas, los medios, los intelectuales (que Euskadi también los tiene, oiga) y, no lo olvidemos, una excelente cantera de historiadores, nada equidistantes pero muy académicos, que ha seguido con detalle el drama y que cada poco tiempo sacan los colores y los datos a quienes tratan de ocultarlos.

Que sea el poder ciudadano y académico o el poder político quien imponga el relato que le explicarán a la próxima generación de vascos es la encrucijada en la que nos encontramos ahora. De momento la pugna está abierta, veremos quién manda en esto.

¿HABRÁ NUEVA COLECTA?
Artur Mas, condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver 5 millones por el 9N
La Gaceta   13 Noviembre 2018

Para el Tribunal de Cuentas no cabe duda de que tanto Mas como los demás miembros de su Gobierno eran los “máximos responsables” de estas decisiones de gasto de dinero público.

El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas y a otros ex altos cargos autonómicos a devolver casi cinco millones de euros gastados por la Generalitat de Cataluña en organizar y celebrar la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre 2014.

Según la sentencia, a la que ha tenido a acceso Efe, han sido condenados Mas, los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega y seis personas más por los gastos originados por la consulta del 9N, cifrados en 4.946.788,16 euros.

El Tribunal de Cuentas considera responsables contables directos a los citados, así como a Luis Bertrán Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo Planas, Ignaci Genovés, Jordi Vilajoana y Teresa Prohias.

Se les condena a reintegrar a la Generalitat la suma en que se cifra el alcance de sus respectivas responsabilidades. Así, por ejemplo, a Mas se le hace responsable del total de los 4,9 millones de euros y, al resto, se les van imputando importes en función de su papel en el 9N.

Por ejemplo, Francesc Homs debe responder por casi 3,5 millones por diversos conceptos; Irene Rigau, de 2,8 millones por la compra de los 7.000 ordenadores empleados en las mesas de votación, y Joana Ortega, por algo más de 1,7 millones de euros.

Los máximos responsables
En los casos en los que concurre la responsabilidad de varios demandados respecto a un mismo concepto, la responsabilidad de todos ellos es solidaria en relación con los daños causados, dice la sentencia.

Para el Tribunal de Cuentas, no cabe duda de que tanto Mas como los demás miembros de su Gobierno demandados no sólo no eran ajenos a las decisiones de gasto público de la Generalitat, sino que eran los “máximos responsables” de estas decisiones.

El año pasado, este Tribunal ordenó el embargo preventivo de la vivienda que Artur Mas puso para cubrir parte de la fianza de 5,2 millones de euros que le impuso por el gasto de dinero público en la consulta del 9N.

Tras consignar 2,9 millones de euros en efectivo, Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el ex secretario general de Presidencia Jordi Vilajoana depositaron el 23 de noviembre del año pasado varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza.
 


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