AGLI Recortes de Prensa   Jueves 15  Noviembre 2018

Sin independencia judicial no existe democracia
Enrique de Santiago okdiario 15 Noviembre 2018

El sistema de controles y contrapesos que existía en la Constitución de 1978, de la que ahora todo el mundo se hace padre para poco después apuñalarla, con la entrada del PSOE en el Gobierno —y eso que era el de Felipe Gonzalez— se comienza a desmantelar… Es lo que tiene la democracia con la izquierda. La Constitución opta, en el sistema de elección del órgano de política judicial, por el que favorece más la independencia judicial. Cuando los jueces son nombrados sobre la base de sus méritos, y por sus colegas, tienden a ser menos vulnerables a la presión externa, de lo que se colige que los cambios de la Ley Orgánica del Poder Judicial, desde la confirmación de Guerra del fallecimiento de Montesquieu, han supuesto el mangoneo de los políticos y la perturbación del sistema constitucionalmente construido. Todos los gobiernos, desde el hachazo de Gonzalez y su corifeo Guerra, han arrebujado, emponzoñado y puesto en cuestión la independencia judicial. Ninguno ha sido capaz de recuperar el sistema inicial.

Que la Justicia es independiente, en el día a día, puede ser un asunto a debatir, pues también se pone en cuestión, en la medida que se ha reducido la posibilidad de recursos procesales, haciendo que la mayoría de las decisiones queden en esferas inferiores y, muchas veces, demasiado próximas a las adherencias propias de la cercanía a los poderes de los caciques locales, pudiéndose comprobar en sentencias que sólo se comprenden cuando se observan los participantes. Que la independencia es más cuestionada en aquellos procesos que afectan a los políticos parece algo derivado del dato cruel y significativo de que el 83% de los casos que les afectan les son favorables, mientras que los que afectan a los “perritos sin alma” son muy inferiores al 60%. Lo que está pasando con el chalaneo en las designaciones del CGPJ resulta patético e indignante y demostrativo de que TODOS buscan lo mismo, su interés.

Propongo que el sistema cumpla, escrupulosamente, la Constitución y evite la cooptación política, de forma que a los ocho miembros elegibles constitucionalmente por el Congreso y el Senado les aplicaría un sistema de comprobación de los méritos profesionales de aquellos que fueren propuestos por el legislador que, una vez designados, serían examinados por el CGPJ vigente al momento de su designación y, de no superar el examen de los méritos por una mayoría cualificada, podrían ser rechazados, regresando al legislador que podría volver a proponerlos con una mayoría superior a la anterior, sin opción, por parte del Consejo, de segundo rechazo. Los restantes 12 miembros, que constitucionalmente se exigen, sean elegidos de entre jueces y magistrados, se realizaría por medio de una elección democrática, abierta y libre, a la que sólo podrían presentarse jueces y magistrados con más de 15 años de ejercicio profesional, sin ningún tipo de mácula en su expediente profesional, ante un colegio electoral compuesto por los jueces y magistrados compañeros de profesión, secretarios, fiscales, letrados y procuradores de la circunscripción en la que desempeñe sus funciones jurisdiccionales, de forma que el principio de igualdad y libre acceso se respetase en su integridad.

De este modo, se obtiene una representatividad y legitimidad derivada de su democrática elección, su mérito y positiva valoración por el campo profesional, impidiendo la actuación política y una representatividad por derivación, como sucede en el presente. Ahí va una propuesta, luego dirán que crispamos, que hacemos crítica destructiva, somos fascistas… pero la democracia se demuestra andando y no con pactos vergonzosos y vergonzantes.

La muela del juicio
ARCADI ESPADA El Mundo 15 Noviembre 2018

La renovación del Consejo del Poder Judicial se ha hecho a plena satisfacción del Gobierno. Se le ha pagado al juez De Prada el favor de haber incluido en la sentencia de Gürtel la moción de censura al entonces presidente Rajoy. En otro tipo de países, aunque no sabría decir qué países, la conducta del juez habría merecido sanción y no premio. Pero en España tenemos una temperatura estupenda y una gastronomía variada, y no se puede tener de todo. El Gobierno ha conseguido también apartar al juez Marchena de la presidencia del tribunal que iba a juzgar a los presos nacionalistas. Este y otros periódicos han interpretado que ese apartamiento debilitará las tesis del instructor y la Fiscalía. Me falta información para sostenerlo. Pero si esto fuera así supondría que el Partido Popular ha añadido a la vergüenza del nombramiento de De Prada un oprobio feroz: dar a entender al público votante que también él está por el apaciguamiento judicial ante los presuntos golpistas. ¡Y que en eso consisten el bipartidismo y los pactos de Estado!

Sin embargo todo esto tiene un cariz verosímil y siempre es más cómodo trabajar con certezas. Las certezas, en este caso, aluden al juez Marchena. He leído muchas invectivas contra el Gobierno y contra el Pp a propósito de su nombramiento, incluida esta fórmula tan extraña que eligieron de nombrarle antes de que los vocales que habrían de hacerlo estuvieran nombrados. Pero no he leído nada sobre la actitud del propio juez. Es decir, sobre la conducta de la pieza básica en todo este cambalache general del poder judicial, que es el propio Marchena.

El juez iba a presidir el juicio más delicado y trascendental de la democracia española. Desde el punto de vista del trabajo en sí, no creo que haya habido ni haya otro comparable en su carrera. Desde el punto de vista de la responsabilidad profesional y civil no tengo duda alguna: es improbable que Marchena tenga otra oportunidad de ser juez y ciudadano como esta. El juicio, para el que lo sentencie, será también un instante imponente para poner a prueba, con fuego real y al margen de las hipótesis académicas, cómo hacer justicia y que perezca el mundo, cómo hacer justicia sin que perezca el mundo o incluso cómo hacer justicia inmunda.

Es puramente extraordinario que un juez renuncie profundamente a serlo, que abdique de este tenso horizonte de esplendor en su ciencia para entregarse a la burocracia macilenta. Pero es fama que mi optimismo nunca cede: Manuel Marchena ha demostrado que no merecía ser el juez que debía juzgarlos y mejor que lo hayan mandado a hacer puñetas.

Votaciones con anticipación

RAFAEL MOYANO El Mundo 15 Noviembre 2018

La mitad más uno es mayoría. Es la simplificación de la democracia. Las decisiones se toman y los elegidos lo son porque tras una votación libre hay más gente que se decanta por algo o por alguien. Se recuenta y se anuncia el resultado. En nuestra vida social y laboral decidimos y elegimos constantemente, a veces ganamos y a veces perdemos. Ejemplos de democracia a pelo los tenemos todos los días. En España, dos sin ir más lejos esta misma semana: la suspensión de militancia en Podemos de los ediles díscolos de la alcaldesa Carmena y la elección (futura) del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Asuntos dispares, de dimensiones diferentes, con un solo punto en común: la desvergüenza.

El partido de las esencias participativas, el de las asambleas ciudadanas y los círculos, decidió actuar contra los seis concejales de Madrid que rechazaron participar en el proceso de primarias del partido. Su Consejo de Coordinación local convocó una reunión telemática para votar sobre su suspensión por quebrantar el código ético y los estatutos de Podemos. Hasta ahí todo correcto. La cuestión: cuando sus miembros todavía estaban votando, alguien advirtió de que el resultado ya estaba publicado en un medio digital. Lo anticiparon.

La composición del CGPJ, el órgano encargado de garantizar la independencia del Poder Judicial, ha vuelto a ser conchabada por el PP y el PSOE, esta vez con Podemos como artista invitado en lugar de los nacionalistas, convidados habituales. Se lo permite una ley que los políticos se dieron para controlarlo gracias a un sistema de elección de vocales que garantiza todo menos su independencia. El reparto ya está hecho, once para uno y nueve para otro. El resultado de las votaciones en el Congreso y en el Senado ya lo podemos anticipar, es lo habitual. La cuestión: esta vez el pacto incluye quien será el presidente. Quizás en otras ocasiones también, pero esta vez lo anuncian con desparpajo. Los nuevos vocales del CGPJ ya saben cuál será el resultado de su primera votación en el Consejo, elegir al juez Marchena. Lo podremos anticipar.

Y en otra dimensión, un par de ejemplos más de votaciones anunciadas de este mismo año, esta vez internacionales. El presidente chino, Xi Jinping, fue reelegido por la Asamblea Nacional con 2.970 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones. Miguel Díaz-Canel fue elegido presidente de Cuba por la Asamblea Nacional con 603 votos de 604 posibles. La cuestión: no son democracias, pero lo hubiéramos podido anticipar.

La renovación (inconstitucional) del Consejo del Poder Judicial
Jaime Ignacio Del Burgo. vozpopuli  15 Noviembre 2018

No estaría de más que a los políticos –gobernantes o no– se les impusiera la obligación de leer todos los días, a modo del antiguo breviario de los clérigos, el texto de la Constitución. Tal vez así no ocurrirían algunas cosas que pasan en España por una supina ignorancia constitucional. Es lo que sucede, por ejemplo, con el Poder Judicial.

Los constituyentes fueron muy idealistas y bastante ingenuos. En aquel tiempo, nadie se hubiera atrevido a decretar la muerte de Montesquieu. Por el contrario, había un respeto reverencial por el dogma de la división de poderes, que Charles-Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, había acuñado en su obra “El espíritu de las Leyes”, publicada en 1748, y de la que extraigo estos expresivos párrafos:

“Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona (...) entonces no hay libertad, porque es de temer que (...) hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor. En un estado en que un hombre solo o una corporación (...) administrasen los tres poderes (...) todo se perdería enteramente”.

Es discutible sostener que la elección directa del CGPJ por jueces y magistrados incluye el riesgo de traspasar las divisiones ideológicas a la carrera judicial

Nuestra Constitución establece que la Justicia ha de administrarse por jueces y magistrados “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Y Para garantizar su independencia, se despojó al poder ejecutivo de cualquier intervención en la Administración de la Justicia. Así, se configuró, como órgano de gobierno de los jueces, un Consejo General del Poder Judicial de veinte miembros nombrados por el rey. Doce de ellos serían elegidos entre jueces y magistrados y los ocho restantes designados por las Cortes Generales entre abogados y juristas, “todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

En los debates constitucionales, el portavoz socialista Gregorio Peces Barba dejó bien sentado que el artículo 122 de la Constitución garantizaba la elección directa por los jueces y magistrados de los doce puestos a ellos reservados en el Consejo. Y para reforzar aún más la independencia del Poder Judicial, la Constitución estableció la prohibición de que jueces y magistrados pudieran desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. No obstante se les permitiría constituir asociaciones para la defensa de sus intereses profesionales. Esto último, un craso error.

Lo cierto es que las previsiones constitucionales han saltado por los aires produciendo una lamentable perversión de la Constitución. Desde 1985 –en plena era del absolutismo parlamentario felipista con sus 202 diputados–, todos los miembros del Consejo dejaron de ser elegidos por los jueces y magistrados conforme a la Ley Orgánica 1/1978 para ser nombrados por las Cortes Generales. Este punto de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado por 55 diputados pertenecientes al Grupo Popular encabezados por Alberto Ruiz Gallardón. El Pleno del Tribunal Constitucional, en sentencia de 29 de julio de 1986, rechazó el recurso de los populares. Presidido por Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en 1996, el Tribunal se inclinó por el nombramiento parlamentario de todos los consejeros. En el fundamento duodécimo de la sentencia, después de afirmar que “es cosa que ofrece poca duda” que “se alcanza más fácilmente [la pretensión de trasladar al Consejo el pluralismo de la sociedad] atribuyendo a los propios Jueces y Magistrados la facultad de elegir a 12 de los miembros del Consejo General del Poder Judicial”, se dice:

“Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.

“La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma constitucional, parece aconsejar su sustitución, pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez, ya que es doctrina constante de este Tribunal que la validez de la ley ha de ser preservada cuando su texto no impide una interpretación adecuada a la Constitución. Ocurriendo así en el presente caso, pues el precepto impugnado es susceptible de una interpretación conforme a la Constitución y no impone necesariamente actuaciones contrarias a ella, procede declarar que ese precepto no es contrario a la Constitución.

El razonamiento es abracadabrante en cualquiera de sus acepciones. Si se reconoce que una ley tan trascendental en el sistema constitucional, como es la reguladora del funcionamiento de del tercer poder del Estado, corre el riesgo de interpretaciones contrarias a la Constitución debió ser expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. El Tribunal era plenamente consciente del riesgo que corría, pues al declarar constitucional el nombramiento de todos los miembros por las Cortes estaba legitimando la distribución de los puestos a cubrir mediante la asignación de cuotas entre los partidos (“la lógica de los partidos conduce a actuaciones de ese género”). ¿Acaso en un procedimiento semejante hay otro modo de nombrarlos? Por otra parte, es difícilmente comprensible sostener que la elección directa por los propios jueces y magistrados tiene el riesgo de traspasar al seno de la Carrera Judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad. Resulta difícil de creer que los sesudos juristas del Tribunal Constitucional no supieran que eso precisamente es lo que iba a ocurrir. En todas las renovaciones posteriores a 1985 se ha sabido de antemano a qué sector ideológico pertenece cada uno de los designados. Incluso se publica sin rubor el cambio de cromos: te doy la presidencia, decisión que conforme a la ley vigente corresponde proponer al Consejo, a cambio de que aceptes que añada un nombre más a mi lista de candidatos. De todo ello se podría concluir que el nombramiento de todos los Consejos del Poder Judicial designados desde 1985 ha sido inconstitucional.

Me he referido al comienzo al error de los constituyentes al autorizar la creación de asociaciones profesionales de jueces, magistrados y fiscales, pues la realidad es que se han desbordado las previsiones de la Constitución ya que no se limitan a la defensa de sus intereses profesionales sino que son fiel reflejo de las ideologías políticas en liza. Basta con saber a qué asociación pertenece un miembro de la magistratura o de la fiscalía para ponerle la etiqueta de “progresista”, “centrista” o “conservador”, circunstancia que puede gravitar sobre aquellas resoluciones judiciales donde exista algún interés político en juego.

Tenía razón Alfonso Guerra cuando dijo -si es que pronunció alguna vez la frase que se le atribuye a raíz de la aprobación de la Ley de 1985- que Montesquieu había muerto. En efecto, el dogma de la separación de poderes acuñado por el pensador francés murió entre nosotros -o, cuando menos, quedó en coma vegetativo– cuando los partidos políticos pudieron repartirse los puestos a cubrir en el Consejo General del Poder Judicial mediante el espurio sistema de cuotas; murió desde el momento en que el presidente del Gobierno o los dirigentes de los partidos mayoritarios nombran de facto al presidente del Tribunal Supremo, lo anuncian públicamente sin ningún pudor y, lo que es peor, los consejeros nombrados les obedecen con total sumisión; murió cuando los nombramientos de los cargos más importantes de la magistratura –presidentes de Sala y magistrados del Supremo, presidentes de los Tribunales de Justicia de las Comunidades Autónomas y de las Audiencias Provinciales, etc.–, comenzaron a repartirse en el seno del Consejo entre las asociaciones profesionales. Esto ha permitido, por ejemplo, a la asociación de Jueces para la Democracia (de obediencia socialista y claramente minoritaria) colocar en puestos de responsabilidad a un gran número de magistrados en proporción infinitamente superior a su representatividad. Mientras tanto, la promoción a las responsabilidades más altas de la judicatura está vedada en la práctica a los jueces y magistrados no pertenecientes a ninguna asociación que son la mayoría.

Si a Montesquieu aún le queda entre nosotros un soplo de vida, en cuanto se refiere a la elección del Consejo General del Poder Judicial, es porque la inmensa mayoría de los jueces y magistrados ejercen su función constitucional con total imparcialidad e independencia y se someten únicamente al imperio de la ley. Por eso es inaceptable que los que quieren destruir la democracia española, como son, entre otros, los grupos de extrema izquierda independentistas y neopopulistas totalitarios, amenacen la independencia judicial con concentraciones ante las sedes de los tribunales para presionar, protestar y pronunciar discursos demagógicos contra aquellas resoluciones que no son de su agrado.

El gran banquete del Consejo General del Poder JudicialJ
Javier Gómez de Liaño Libertad Digital 15 Noviembre 2018

Los ciudadanos no podrán soñar con una justicia de verdad mientras los políticos sigan manipulando el CGPJ como si fuera una sucursal de los partidos.

Estas nueve palabras que llevo al título del presente comentario muy bien pudieran haber sido otras. Por ejemplo, Este Consejo no es para ingenuos o Manos pringosas sobre el CGPJ, que quizá fueran los más ciertos y precisos. También pensé en El Consejo ha muerto, lo que no hubiera sido excesivo, pues son muchos los males y los virus que desde su origen en 1980 acechan a la institución.

Al margen de la honradez profesional de los vocales propuestos que no pongo en duda, aunque en algún caso concreto no faltan motivos para la crítica, lo verdaderamente grave es el espectáculo de cómo los partidos políticos se han repartido las veinte vocalías de la institución, más el presidente que también lo es del Tribunal Supremo. Limpieza y suciedad se distribuyen, como las virtudes y los vicios, con criterios bastantes más complejos.

Ante el pacto sin escrúpulos para adjudicarse la octava edición del CGPJ y de este modo controlar el Poder Judicial, hay que dar la razón a quienes califican el proceso de elección de chapuza, paripé, farsa o chanchullo, lo cual se parece mucho a lo que el gran León Felipe, el poeta maldito, payaso de múltiples bofetadas y fervoroso defensor de la Justicia, decía con su garganta rota y en estribillo de matraca de que la justicia mezclada con política era "una pantomima, un truco de pista, un número de circo".

En su obra El Poder, la Administración y los Jueces, el catedrático de Derecho Administrativo José Eugenio Soriano García afirma que el CGPJ "es cualquier cosa menos muestra alguna del Poder Judicial, sino, más bien, del puro Poder Político" y su situación la de "completo descrédito, sea cual sea el baremo, criterio, herramienta o técnica que se utilice para medir dicho estigma". La descripción no sólo es obra de expertos externos como el profesor Soriano, sino que son los propios jueces quienes confirman el oprobio al quejarse del sesgo descaradamente partidista de los nombramientos de los vocales del CGPJ, de las injerencias públicas y notorias de los partidos políticos en los nombramientos del presidente y vicepresidente de ese órgano y lamentan el desencanto de una judicatura que se siente poco valorada y, lo que es mucho peor, atosigada por un poder político que mete la mano sin complejos en el poder judicial. Y todo ante la mirada de los ciudadanos que ríen, o sufren, pero en todo caso con espanto.

Y un dato que me he permitido sacar del escalafón de la carrera judicial. Salvo error u omisión, el próximo CGPJ tendrá entre sus competencias la de nombrar discrecionalmente a 36 magistrados del Tribunal Supremo, distribuidos en 3 de la Sala del Civil, 4 de la Sala de lo Penal, 13 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 8 de la Sala de lo Social y 7 de la Sala de lo Militar, más al vicepresidente del Tribunal Supremo, quienes se jubilarán al cumplir la edad de 72 años. Que cada uno haga su personal lectura.

La vergüenza que el escalafón entero de la carrera judicial padece es por la institución en sí misma, por un CGPJ que las instancias políticas que designan a sus miembros manchan de forma irreversible, hasta el extremo de que la independencia de los vocales está en tela de juicio durante el quinquenio que cada mandato dura. ¿Qué queremos que sienta esa gran parte de la magistratura convencida de que su carrera profesional queda en manos de un órgano confeccionado por la maquinaria de los partidos?

En fin. Quien esto escribe cree en la Justicia y en el Poder Judicial y no se avergüenza de hacer pública su fe. Por eso soy capaz de pensar que sin jueces y fiscales realmente independientes un país se va al garete sin remisión y doy por hecho que los ciudadanos no podrán soñar con la justicia, ni con jueces de verdad, mientras los políticos sigan manipulando el CGPJ como si fuera una sucursal de los partidos políticos ocupada por sus representantes o delegados.

Las ocurrencias diarias de Sánchez para tapar su lamentable situación
EDITORIAL esdiario 15 Noviembre 2018

Prácticamente a diario, Pedro Sánchez se descuelga con una propuesta que o es inviable, o es absurda, contraproducente, sectaria o simplemente a un plazo tan largo como incompatible con su propia permanencia en el cargo: la penúltima, anunciar desde su Gobierno que para 2040 prohibirá la circulación de coches movidos por gasolina, gasóleo o incluso de tecnología híbrida.

La mezcla de medidas ideológicas con recetas frentistas no puede maquillar ya el estado de salud del Ejecutivo ni de quien lo encabeza

Faltando 22 años para esa fecha, proponer algo así sólo ha servido para dañar al sector del automóvil y desestabilizar en general al mundo empresarial, del que depende el empleo, en un contexto de inquietud económica incipiente, de falta de Presupuestos Generales y de dudas crecientes en Europa al respecto de la salud de la economía española.

Nada se gana, pues, con ocurrencias de este tenor, salvo una colección de titulares que quizá -y ésa ha de ser la intención- desvían la atención de la opinión pública sobre los problemas reales del país y la situación objetiva de quien teóricamente ha de gestionarlos.

La dura realidad
La mezcla de medidas ideológicas con recetas frentistas, en la línea de la exhumación de Franco (tan razonable en el fondo como epílogo de la conciliación como infumable en las formas por el deseo de resucitar bandos), no puede maquillar sin embargo el estado de salud del Ejecutivo ni de quien lo encabeza: sometido a la presión del nacionalismo (el mismo que jalea el hostigamiento al juez Llarena), carente de fuerza para sacar adelante unos Presupuestos y sometido a Podemos.

Sánchez está intervenido por Podemos e hipotecado por el soberanismo. Todo lo demás es humo para disimular
Es decir, un Gobierno sin capacidad de maniobra y a la vez hipotecado por quienes menos creen en la estabilidad de España y más apuestan por su ruptura o transformación. Ese panorama exige Elecciones Generales, pero Sánchez ha optado por intentar dibujar una realidad paralela que adormezca con ideología la capacidad analítica de la sociedad y opere como un somnífero de su conciencia y un reactivo de su maniqueísmo.

La agenda sectaria de Sánchez, unida a la populista de Podemos y a la rupturista del soberanismo; requiere de una confrontación urgente con las urnas que el Ejecutivo, sin embargo, rechaza una y otra vez. Probablemente con la única idea de ganar tiempo para ver si esa nueva cosmovisión germina y coloniza de algún modo a una mayoría. Un objetivo tan inquietante como irresponsable, especialmente en un país que parece dirigirse de nuevo a otra crisis económica.

Control sectario de la Educación
 larazon 15 Noviembre 2018

Ciertamente, la obsesión por el control ideológico de la educación no es sólo patrimonio de la izquierda española, pues sólo hay que ver el proyecto nacionalista para la escuela, pero constituye un rango distintivo de su política educativa que cada vez parece adquirir mayor peso. Así, en el proyecto de derogación de la Lomce, que es la vigente ley de Educación elaborada por el último Gobierno del Partido Popular, se pretende recuperar la figura del «comisario político» en los consejos escolares, que ya fue impuesta en la reforma de 2006, la de la LOE, como una de las exigencias que puso Izquierda Unida al PSOE para acordar su aprobación.

Se trata de que en los órganos de dirección de cada centro escolar se integre un representante del Ayuntamiento, cuyas funciones de supervisión en materia educativa nunca estuvieron bien definidas, hasta el punto de que dependía de cada Consistorio el cumplimiento efectivo, o no, de la norma. Si bien, una medida de estas características podría tener su lógica en el caso de los institutos públicos, puesto que una parte de los servicios y del personal que los cubre dependen directamente de los ayuntamientos, carece de justificación en el caso de los centros concertados, entidades privadas que corren con los propios gastos de los trabajadores auxiliares.

La experiencia adquirida con estos «comisarios», cuya actuación, como ya hemos señalado, dependía mucho del signo político de cada corporación municipal, fue muy negativa. Algunos delegados, es cierto, ni siquiera asistían a las reuniones, pero otros se dedicaban a dar auténticos mítines en las sesiones del Consejo escolar o utilizaban esa figura jurídica para sortear el resultado adverso de las urnas en las elecciones a los mismos consejos, y hubo quien exigió a la dirección de los centros colaboraciones extemporáneas con las actividades del Ayuntamiento que representaba.

En cualquier caso, no parece que se trate de una iniciativa que mejore las funciones educativas de los colegios, ya sujetos a los controles que determinan las distintas legislaciones estatales y autonómicas. La cuestión es que esa obsesión por el control político, muy caracterizada en los partidos de raíz comunista y entre los nacionalismos identitarios, que son hoy, no lo olvidemos, imprescindibles para que el Gobierno de Pedro Sánchez saque adelante su nueva Ley de Educación, se traduce en una persecución a la escuela concertada, con especial incidencia en aquellos centros que mantienen un ideario religioso. Así, el proyecto de ley en marcha acaba con el concepto de «demanda social» para impedir la apertura de nuevos colegios, pese a esa demanda es muy real y responde al derecho de libre elección de los padres, que debería ser reconocido.

Pero es que, además, en la escuela concertada no sólo los resultados académicos son mejores, sino que el coste de cada puesto escolar es inferior al de la enseñanza pública pura. Estamos, pues, ante un nuevo intento de proceder por su pasos contados a la estatalización de la enseñanza, expulsando de la mismas a todos aquellos actores que no son considerados próximos al proyecto ideológico de la izquierda, obviando que amplios sectores de la sociedad española reclaman ese tipo de escuela para sus hijos. Mejor haría el Gobierno en buscar el mayor consenso posible en materia educativa. Porque la enseñanza pública en España, como vienen reiterando los informes de la OCDE, no padece de falta de financiación ni de formación de su profesorado, sino de una política extendida en el tiempo en la que se ha primado más la igualación por abajo que la búsqueda de la excelencia. Enfrentar a la escuela pública con la concertada, como si fueran incompatibles, es una mera opción ideológica, pero, sobre todo, es un ataque a la libertad de elección.

La ideologías y los partidos políticos HAN MUERTO
Antonio García Fuentes Periodista Digital 15 Noviembre 2018

Visto la marcha de los últimos tiempos, visto la real y cruda verdad materialista de unas plagas de políticos “de panza y bolsillo”; hay que rendirse a la evidencia y esta es cruda y dura… y lo sintetizo en mi titular de hoy. Todo lo que de verdadero cambio y progreso efectivo para el hombre, que alguna vez tuvieran “los gérmenes” de todas las ideologías políticas, ha muerto; y han muerto matados por sus propios propagadores, que mintiendo más que hablando y haciendo lo que en cada momento ha convenido a las camarillas dominantes; han terminado por enterrar todo tipo de ideología que sostuviera a, unos sistemas que después de corromperse, han sido muertos y no enterrados. Es por lo que aún soportamos unos hedores que contaminan todo el ambiente y que pudren todo cuanto rozan o tocan.

Todo el arco político está fracasado y por ello; todo se ha convertido en una especie de bodrio en que todo es o sabe lo mismo, si bien nos lo quieren presentar como diferente; pero la ideología que impera es la vieja técnica o táctica del… “quítate tú que me ponga yo”; lo que importa es el bolsillo y la panza del aspirante y el que éste se sitúe bien o magníficamente bien, para lo que le reste de vida.

La situación que estamos viviendo lo demuestra, puesto que han sido tan inútiles que partiendo de un mundo próspero y sin grandes complicaciones (1970/1980) y contando con la mayor tecnología de toda la historia del “pobre hombre (dicen que sapiens)”; han propiciado la mayor catástrofe social y económica que registra la historia… “la tan cacareada globalización ha resultado una globalidad miserable y que llena de miseria a la mayor parte del globo terráqueo”. Y en vez de establecer unos tribunales especiales para hallar culpables y que estos sean juzgados como merecen; todos estos inútiles van de reunión en reunión, itinerantes por el mundo, produciendo enormes gastos, y dándose una vida de lujos y apariencias que nada resuelve, puesto que se ve claro que el asunto es de tal envergadura, que ni saben cómo afrontarlo y como siempre; y en las grandes catástrofes o cataclismos… “la naturaleza y sus bichos obrará por sí misma y con su ley natural resolverá todo, en el tiempo y el espacio, pero con la crudeza en que obran siempre las fuerzas naturales”.

Por tanto, ya no podemos confiar ni en conservadores, ni en revolucionarios; hay que tratar de animar a aquellos inteligentes, al parecer ocultos, para que se manifiesten y preconicen soluciones si es que las hay y procurar elegirlos para que dirijan esta catástrofe; pues ya no se trata de partidos (todos fracasados: reitero) sino de administradores para “un todo”; eficaces, honrados, trabajadores y en quienes intentemos de nuevo confiar, puesto que el ser humano es un ser social y al vivir en sociedades, esas sociedades necesitan administradores… pero buenos administradores y no todo lo que hemos padecido y a los que hay que repudiar sin contemplaciones; simplemente necesitamos una renovación de principios y fines, que estos son incapaces de realizar. Y lo son posiblemente, por cuanto faltos de inteligencia y sobrados de egoísmo, no están dotados para dirigirnos hacia un futuro posible y razonable y sin las perniciosas banderías o nefastos partidismos que nos asolan.

Todo ello es el fruto de que se llevan ya bastantes décadas, en que desparecidos los últimos y verdaderos estadistas… no nacieron los que debían sustituirlos (o no los dejaron llegar al poder) y al caer todos los resortes en manos de mediocridades y además cargadas de ambiciones y egoísmos; hemos sufrido la destrucción que a la vista está, pero la que no podemos eludir las masas, por cuanto y sencillamente… somos impotentes y estamos inermes ante toda esta pléyade de inútiles totales.

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Lo que antecede, lo escribí a primeros de abril del 2009; hoy podría escribirlo igualmente, pero empeorándolo; puesto que la inutilidad ha ido creciendo desde entonces y sigue “su marcha normal como si tal cosa”; por otra parte el súbdito que no ciudadano, persiste en su pernicioso “borreguismo” y espera el que otros le solucionen sus muchos problemas; cosa que nunca ocurrirá.
Hay que aplicarse a lo que hace milenios ya aconsejaban los sabios… “El precio de desentenderse de la política es el de ser gobernado por los peores hombres”: Platón… Modestamente y hace ya muchos años vengo escribiendo, que… “La política es algo demasiado serio e importante para dejarla en manos… sólo de los políticos”.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más)

Nueva felonía de Pedro Sánchez.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 15 Noviembre 2018

ENÉSIMA TRAICIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ: RENUNCIA A LOS LOGROS OBTENIDOS POR EL PP SOBRE GIBRALTAR Y EL BREXIT.

Lo de este sujeto es ya de juzgado de guardia. Un asunto de extrema gravedad por el que debería ser interpelado de forma urgente en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones de esta vileza de dejación de funciones y las concesiones inadmisibles realizadas al Reino Unido respecto a la colonia de Gibraltar. En concreto se refiere al punto 24 del acuerdo alcanzado con la UE en el 2017 por el entonces Ministro de Exteriores Alfonso Dastis, que decía: “después de que Reino Unido abandone la Unión Europea, ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin un acuerdo entre el Reino de España y Reino Unido”. La denuncia viene por parte del responsable de Asuntos Exteriores del PP el diputado Juan Ramón García, que califica esta renuncia como “Es una de las actuaciones más impresentables de nuestro Departamento de Exteriores que yo recuerdo”.

EL Reino Unido se ha comportado en el tema de Gibraltar como un auténtico bucanero, apoyado como no en su potencia militar como elemento coactivo. Durante años ha ido incumpliendo de forma sistemática lo reflejado en el Tratado de Utrecht, consolidando el estatus de colonia del Peñón. De forma paulatina pero continua ha ido apropiándose de extensas zonas que no le pertenecen, tanto en tierra como en el mar. En el primer caso, de forma unilateral se apropió de gran parte de la llamada zona neutral donde construyó un aeropuerto en esa franja cuya titularidad se atribuyó en exclusiva violando las leyes internacionales que aplican a esos espacios frontera. Por otra parte, se atribuyó igualmente la soberanía de unas ilegales aguas territoriales de varias millas ocupando militarmente con frecuentes patrullas navales y vigilancia aguas territoriales de España. Una extensión que en el Tratado estaba limitada de forma exclusiva a la zona del puerto de Gibraltar.

Esta coacción bajo amenaza militar ha producido durante años diversos enfrentamientos con la Royal Navy que acosó a pesqueros españoles y a los guardacostas de la Guardia Civil encargados de la lucha contra el narcotráfico que se refugiaba en esas ilegales aguas territoriales gibraltareñas. Una situación que en varias ocasiones pudo provocar una escalada indeseable entre países socios de la OTAN. Pero es que ese aspecto no parece importarle en absoluto a los diferentes Gobiernos de su “nada graciosa majestad” que mantienen una actitud cínica que contraviene el propio Tratado de Utrecht y la resolución de la ONU para que Reino Unido y España dialoguen sobre un acuerdo que resuelva el conflicto de anacronismo de esta colonia, única en territorio de la UE. Porque el Tratado recoge perfectamente el que si Reino Unido renuncia a la soberanía, esta retornaría a la Corona de España.Se ha planteado por España la solución de la cosoberanía a lo que el Reino Unido se ha negado de forma sistematica aludiendo a derechos de los gibraltareños. La excusa de que deben ser los gibraltareños los que decidan si siguen como ciudadanos británicos o adquieren la nacionalidad española, no tiene nada que ver con la soberanía del territorio y sí con los derechos de los actuales ciudadanos del peñón.

Renunciar como ha hecho Pedro Sánchez y el Ministro de Exteriores Josep Borrell al acuerdo logrado por el PP es renunciar a reclamar la soberanía, por ejemplo, la del Aeropuerto pirata y la apropiación de aguas territoriales españolas. Porque el BREXIT sigue siendo un hito en el que el tema de Gibraltar debe quedar encarrilado para su resolución definitiva y acabar con años de ocupación militar y acciones de piratería basada en hechos consumados. Una situación agravada por la inquina y animadversión de los diferentes Gobiernos de la colonia y sus “Primeros Ministros” como el impresentable Caruana y por la actitud chulesca y desafiante tanto por parte de la Corona británica, como fue la presencia de parte de la familia Real británica, la princesa Ana, en visita oficial al peñón, como diferentes situaciones de desprecio por la legalidad como fueron las visitas de submarinos nucleares como el Tireless, supuestamente para reparación usando la base militar naval de la colonia y sin dar aviso a las autoridades españolas. Una actitud inadmisible por la que no se dieron explicaciones y que provocaron protestas diplomáticas.

Pedro Sánchez y su Ministro de Exteriores han demostrado o bien su absoluta incapacidad y torpeza en acometer un asunto de Estado de extrema importancia, o una irresponsable actitud de sectarismo y rechazo por todo aquello que hubiese pactado el PP sin evaluar las consecuencias de su desidia. Tal parece que estos individuos hubieran “tirado la toalla” y renuncien a reclamar lo que nos pertenece por derecho. Pero ¿Qué se puede esperar de un hombre que cuestiona la propia existencia de España como nación y la intenta partir en un engendro plurinacional? ¿Qué podemos esperar de este Gobierno que basa su legislatura en el apoyo de los enemigos de España? Y es que el Reino Unido con su posicionamiento imperialista que niega el diálogo sobre su colonia, se comporta mas como enemigo que como un aliado, no dudando en hacer patente su potencia militar y usarla como medio coactivo para mantener y consolidar las ilegales apropiaciones territoriales.

Un Gobierno capaz de traicionar a España, a su Historia y a los españoles, que renuncia sin estar legitimado para ello a la Soberanía, no puede permanecer ni un segundo más al mando de la Nación.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!! ¡¡GIBRALTAR ESPAÑOL!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

Sánchez a tumba abierta intentando darle el vuelco a España
La influencia de Pablo Iglesias y la necesidad de dar apoyo a los soberanistas, le impulsan a entrar a saco con el modelo de Estado de España
Miguel Massanet diariosigloxxi 15 Noviembre 2018

Las cosas para España y los españoles se han puesto peor más rápidamente de lo que hubiéramos podido imaginar, por mucho que ya hace tiempo que barruntamos que, el actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, amagaba con intentar, en cuanto pudiera, acabar con todo lo que el PP, desde que ascendió al gobierno en el 2011, consiguió mejorar respeto a la situación de pre-quiebra que, el anterior gobierno de Rodríguez Zapatero, le había dejado como “obsequio” de última hora cuando abandonaron el gobierno. La realidad ha sido que han conseguido, en apenas cinco meses de estar al frente de España, superar con creces cualquier previsión que, los más pesimistas, hubieran podido hacer en cuanto a cambios, sustituciones, componendas y anulaciones respecto a todo lo que los populares habían conseguido mejorar durante los años en los que se enfrentaron a la grave crisis de las hipotecas fraudulentas (las sub prime americanas). Sánchez se ha convertido, si es que no lo ha sido siempre, en uno de los peores gobernante que le podrían haber tocado a España, con la particularidad de que, puede que sin que el mismo se dé cuenta, haya sido el que más ha favorecido a los comunistas bolivarianos de Pablo Iglesias, que han encontrado en los apuros del líder socialista para bregar con los separatistas catalanes, que le niegan el apoyo para los PGE, haciéndole el chantaje de exigirle, previamente, la libertad sin cargos de todos los encausados por el referendo ilegal del 1.O, el apoyo más importante para su causa que, últimamente, se encontraba en una fase de descomposición.

Se puede decir que, desde que ganaron la moción de censura en contra de M.Rajoy, la influencia de los comunistas sobre el PSOE, se ha hecho tan patente como lo ha sido el cambio radical de Iglesias respecto a los socialistas, convirtiéndose en su aliado, cuando antes lo consideraba como adversario a batir. Las consecuencias las estamos padeciendo todos los españoles que, aparte de habernos anunciado la puesta en vigor de nuevos impuestos, el incremento de otros, cambios en la enseñanza empezando por la derogación de la llamada ley Werd, demasiado exigente para ellos que pretenden que, la nueva ley que están planeando, permita a los bachilleres conseguir su título aunque tuviesen un suspenso. Su obsesión por el igualitarismo llega a puntos tales que pretenden que, los que menos facultades tengan para los estudios obtengan títulos que les den el paso a la universidad, sin estar capacitados para ello.

Si, en la actualidad, los abandonos escolares ya pueden alcanzar un 30%, cuando se les exige más (tampoco con exageración); ya podemos imaginar lo que va a suceder, de ahora en adelante, si se relajan las exigencias de los profesores y, con ello, se les da alas a los menos estudiosos, los menos capacitados, los que menos se esfuerzan o los más gandules, permitiéndoles que renuncien al estudio de una asignatura sabiendo que, aunque la suspendan, van a conseguir su título de bachillerato. Y vamos a ver lo que sucede con las becas de estudios, algo que debiera de estar directamente ligado a la excelencia del estudiante, a aquellos con más inteligencia y facultades para brillar en sus respectivas carreras, a los que más esfuerzo hayan puesto y más sacrificios hayan dedicado a su formación.

No se trata de sacar altos porcentajes de bachilleres ni de licenciados universitarios, para demostrar que en España existe una igualdad entre todos los jóvenes y que el nivel de los estudiantes es alto, porque son muchos los que consiguen pasar las pruebas. La vida ya se encargará de seleccionar a los mejores que seguirán triunfando y de dejar en el anonimato a todos aquellos que no tuvieran los conocimientos precisos para poder afrontar estudios superiores. Pero una carrera les cuesta dinero a los ciudadanos y el despilfarrarlo es una manera como cualquier otra de robar a la gente que paga impuestos.

Otro de los puntos negros de esta campaña de los socialistas, para apartar a los partidos constitucionalistas de centro o de derechas, se ha situado en el empeño que ha puesto el señor Sánchez en conseguir, y parece que lo está logrando, situar sus peones (a los magistrados progresistas que sabe que están más en su onda política) en los lugares que le interesan. Ahora su empeño está situado en intentar que los magistrados del TS que han de juzgar, ya no queda mucho tiempo para que se convoque el juicio oral, a los encausados catalanes que están acusados de delitos relacionados con el referendo ilegal convocado por los separatistas catalanes, pese a haber estado declarado ilegal y estar prohibido por el TC y el propio TSJC; con la esperanza de que los delitos de que se acuse a los encartados no sean los mismo que los fiscales van a pedir que sean juzgados. Piensa el Presidente del gobierno que, con esta maniobra, conseguiría que los catalanes independentistas, entre ellos los más rebeldes, ERC y CUP, se iban a conformar y darían su apoyo a los PGE.

La incorporación al CGPJ de magistrados progresistas, como el Magistrado de Sala de la Audiencia Nacional, ponente de la Gürtel tampoco carece de simbolismo. También entrarán, de entre los propuestos por las organizaciones profesionales, a señora Vitoria Rosell, de Podemos, junto a otros que ya tenían en mente los directivos del PSOE. Por otra parte, es evidente que al PP le interesaba la elección de Marchena como presidente del TS que, a su vez, será sustituido en la Sala de lo Penal por el magistrado Martínez Arrieta (de centro izquierda) y, con toda seguridad mejor considerado por Sánchez para ocupar el lugar de Marchena. Es evidente que se debe presuponer que una cosa son las ideas políticas que, particularmente pudieran tener los magistrados y otra muy distinta, es que su deber profesional los blinde contra ellas y sepan separarlas a la hora de aplicar la Ley o, esto es lo que queremos dar por sentado. Pese a ello, la llegada de una jueza progresista, la señora Susana Polo, nos causa una cierta inquietud cuando, lo que pretenden los socialistas, por la cuenta que les trae, es hacer lo posible para crear un ambiente de distensión, de evitar tensar más las diferencias con Cataluña y, por ello, están gastando toda la pólvora en crear un contexto favorable a quitarle importancia a lo que la actitud levantisca de aquellos que fueron instigadores y responsables directos de aquellos actos de insurrección contra el Gobierno de España y la unidad territorial del país se podía considerar como un levantamiento contra el Estado y la Constitución..

Mientras tanto, el ambiente en Cataluña sigue siendo de crispación. Ninguna de las distintas ramas del separatismo catalán parece que haya bajado el tono, decidido amansarse o alterar sus demandas referentes a la puesta en libertad de los presos que siguen en la cárcel de Lledoneres. Pero ERC pide más, exige que se anulen todos los juicios del franquismo en toda España. Por lo visto en Cataluña ya se tomó la medida aprobando una Ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, lo que produjo la anulación de 63.961 consejos de guerra del franquismo. Nos preguntamos si, antes de proceder a su anulación, se tomaron la molestia de revisar los expedientes y comprobar los motivos en los que se basaron los jueces militares para establecer las sentencias correspondientes. ¿Se podría entender que algunos de los que fueron condenados por pertenecer a las checas de Cataluña, un total de 46 se instalaron en Barcelona, donde se torturaron a miles de personas con los más horrendos suplicios y después asesinadas; fueran después anuladas, sin más ni más, simplemente porque fueron debidamente condenados por tribunales franquistas? Ahí queda esta pregunta para que cada cual reflexione sobre el tema.

En todo caso y volviendo, por un momento, al tema de los jueces y fiscales, resulta algo poco comprensible que, tratándose de magistrados y fiscales que tienen la obligación y el deber de impartir justicia los unos y pedir que se inicien los procedimientos penales los otros; todos ellos sujetos a la legalidad vigente, sin embargo, se les permita tener asociaciones, no como es el caso de los abogados que tienen su Colegio en el que están todos inscritos sin que haya distinciones debidas a sus distintas posturas políticas. Los jueces se han agrupado, salvo la asociación Francisco de Victoria, una asociación minoritaria sin estar involucrada en ningún pensamiento de tipo político, el resto, como es el Caso de Jueces para la Democracia, sí tienen un carácter más de izquierdas. Así como otras lo tienen más conservador. Sería mucho mejor que en el caso de estos servidores de la Justicia, no se les permitiera formar grupos con matices políticos debido a que, para el ciudadano de a pie, puede producirle susceptibilidades en orden a que, la tendencia política de estos señores podría, en cierta manera, condicionar el sentido de ciertas resoluciones, aunque en la realidad esto no suceda. Ya saben no basta que la mujer del César sea honesta es preciso que lo parezca.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sentimos que se están produciendo situaciones que nos hacen pensar en que, este gobierno actual, aspira a acabar con nuestra Constitución y con todo lo que, durante años, muchos millones de españoles han intentado construir sin que ello significase establecer una valla que nos separe a los unos de los otros. Sin embargo, señores, parece que, desgraciadamente, hemos entrado en una fase en la que se está poniendo en peligro todo lo que se había logrado y, sin que existan motivos para ello, ya que estamos en una democracia y tenemos todas las libertades inherentes a ella, siempre nos encontramos con quienes no se sienten bien en tiempos de paz y, para conseguir sus obscenos objetivos, se ven en la necesidad de crear el enfrentamiento, el odio, la envidia, la desazón y el rencor entre los ciudadanos, para provocar lo que, en los años 30 del siglo pasado, fue lo que acabó encendiendo el enfrentamiento entre españoles y entre hermanos. Sería una pena que volviéramos a reincidir.

¿Profecías de Sánchez para el 2040? Antes habrá arruinado España
“No pierda la cabeza, nada ocurre como está previsto, es lo único que nos enseña el futuro al convertirse en pasado.” Daniel Pennac
Miguel Massanet diariosigloxxi 15 Noviembre 2018

Es cierto que, el actual gobierno socialista del señor P. Sánchez, ha encontrado una mina estupenda con esto del cambio climático, algo que le permite hacer promesas a largo plazo sin temor alguno a cogerse los dedos. Sólo un aspirante a dictador, como parece que es el actual presidente del Gobierno, puede predecir lo que va a suceder es este país y mucho menos en el Mundo, de aquí al año 2040. Sin embargo, en su afán de sorprender cada día a la ciudadanía española con una nueva ocurrencia, ha encontrado el medio de ofrecer muchas cosas, con apariencia de seguir una línea acorde con la prevención del Cambio Climático, urdiendo una ley, no de efectos inmediatos, que podría reportarle graves problemas y no menos tropezones, sino legislando para muchos años adelante, en lo que será un futuro lo suficientemente lejano, tanto que ya quisiéramos muchos poder descifrar. Nadie le puede negar, al señor Sánchez, habilidad para aquello de tirar la piedra y esconder la mano, porque es un verdadero experto en semejante práctica.

Ha escogido un ejecutivo a la medida de sus intereses y lo utiliza con gran destreza para ir tirando globos sonda, de la más diversa naturaleza, sobre temas lo suficientemente espinosos como para no abordarlos directamente y exponerse a quedarse a los pies de los caballos. Dicen que aumentarán las cotizaciones de los autónomos de modo que les cuesten 170 0 180 euros más al año y, cuando se les echan encima los afectados con apoyo de la prensa y los sindicatos, hacen marcha atrás y lo reducen a 50 euros; lo mismo pasó con la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, que debía ser una actuación inmediata y vean ustedes como sigue coleando y, a pesar de que la oposición a tal venganza se circunscribía a unos pocos que siguen respetando aquella figura que salvó a España del mismo comunismo que ahora nos acecha de nuevo; es obvio que no valoraron convenientemente los obstáculos que se encontraría. Hablaron de aumentar el impuesto sobre el diésel y se produjo la correspondiente protesta de todos aquellos, muchísimos, que se sintieron directamente afectados por aquella decisión, evidentemente poco meditada y con un claro afán recaudatorio, que les permitiera atender a todos aquellos proyectos fantásticos que intentan llevar a cabo aunque sepan, positivamente, que no hay medios suficientes para poder llevarlos a cabo.

Es evidente que, este sistema de amagar y retroceder, no puede seguir utilizándose indefinidamente, lo mismo que gobernar a decretazos, como dijo Sánchez, sin que la oposición cargue contra ellos por su falta de seriedad y omisión del preceptivo análisis previo respecto a aquellas propuestas que intentan implantar. Por ello, ahora se trata de utilizar otro medio para menear la marrana sin que los presuntos votantes (en definitiva, todo lo que llevan tramando los socialistas gira en torno a cómo pueden conseguir llegar al 2020, año de las elecciones legislativas, manteniéndose en el poder) puedan achacarles haberles prometido mejoras que luego han sido incapaces de cumplir. Aquí cabe aquella frase de “Tan largo me lo fiais…” (Curiosamente el título de una primera versión del Burlador de Sevilla de Tirso de Molina) una expresión que Don Juan repite una y otra vez para despreciar todo lo que no es “el pájaro en mano”, (“lo que no es tangible y, en el fondo e implícitamente, negar la existencia del futuro”) que aquí nos permite decir que este anuncio del Gobierno, referente a que, a partir del 2040, los nuevos coches de gasolina, diésel, e híbridos “serán vetados” en virtud de lo que ya se califica como la nueva Ley de Cambio Climático, elaborada por el ministerio “De la Transición Ecológica”. Una observación curiosa: esta Ley prohibirá la exploración de petróleo y el “fracking” algo evidentemente superfluo en un país donde la explotación petrolífera ha sido mínima y muy costosa.

Sin embargo, lo que no ha tenido en cuenta este Gobierno de grandes expertos en marketing político, pero con graves carencias en cuanto a la preparación, estudio y análisis de sus proyectos, llenos de graves incongruencias y errores en cuanto a la oportunidad de sus anuncios. Era obvio pensar que, un anuncio semejante del que no se informó previamente a las asociaciones de fabricantes de automóviles, anunciado a bote pronto, iba a producir una reacción de rechazo inmediata. Nadie, en su sano juicio, puede pensar que un proyecto semejante no afectaría indirectamente a la venta de los vehículos que se anuncia que serán vetados a partir del 2040. Nadie quiere comprarse un vehículo, algunos incluso de última tecnología, como pudieran ser los híbridos, a los que se les pronostica una trayectoria comercial extremadamente corta que, sin duda, puede afectar a los fabricantes de tales vehículos que, con toda seguridad, han hecho fuertes inversiones pensando en poder amortizarlas en un periodo razonable. Los efectos sobre los futuros compradores de los tipos se vehículos que se anuncian como caducables en 2040, sin duda alguna van a ser funestos para los vendedores de coches a partir de ahora mismo, porque es obvio que un comprador no está ilusionado en un vehículo que sepa que, en unos pocos años, va a quedarse anticuado y no va a encontrar repuestos si los precisa.

Aparte del efecto psicológico sobre los compradores, es evidente que cambiar la estructura de todas las gasolineras existente en España para convertirlas en suministradoras de corriente para los coches vayan a cargar sus baterías; adaptar el personal, la mayoría del cual se irá al paro debido a que, con simples contadores se podrá saber la cantidad de energía facturada, no tiene pinta de poder ser tarea de unos pocos años. A mí me hace el efecto de estas películas futuristas del siglo pasado, en las que se pintaba un mundo futuro, para el 2003 o el 2015, en el que las mujeres se vestían como en los comics, los coches volaban por encima de las ciudades y la gente vivía en un mundo tecnológico fantástico, como si la modernidad tuviera que suponer, forzosamente, un cambio radical de toda la humanidad. Llegó el Siglo XXI y nada de todo esto pasó aunque, evidentemente, en muchos aspectos se han producido espectaculares adelantos.

Pero, lo más chocante de todo lo que está sucediendo de modo precipitado, con urgencia y sin emplear el tiempo preciso para calcular los graves efectos que puede producir en este país el que unos cuantos políticos, de ideas, más que de izquierdas de tipo comunistas, deseando aferrarse al poder y con una obsesión enfermiza que les hace ignorar los grandes beneficios que le ha traído a España el tener gobiernos conservadores, limitándose a hacer hincapié sobre los defectos que, indudablemente y como todo tipo de gobiernos, han tenido los gobernantes; se han empeñado en destruir todo lo que han hecho, cargar las tintas sobre supuestas incompetencias o pretender llevar a cabo un cambio total, simplemente porque quienes hicieron el trabajo fueron políticos de derechas y, como si tuvieran la peste, había que cambiar todo lo que, estuviera bien o mal, habían implantado durante el periodo en el que estuvieron gobernando.

No obstante, por encima de todo lo comentado, nos llama la atención el hecho de que, el señor P.Sánchez, hablara de lo que va a suceder, según él, en el año 2040 suponiendo, pensamos, que ellos permanecerían todavía en el gobierno del Estado. ¿Acaso piensa Sánchez, como opinan sus socios los comunistas de Podemos, por cierto, en pleno periodo de disgregación, debido a los rifirrafes que tienen armados en las distintas comunidades) que, una vez instalado en el poder, va a permanecer inamovible en él hasta el 2040? O es que se ha llegado a creer que va a poder establecer una dictadura, según el modelo venezolano, acabando con los derechos de los ciudadanos y sometiendo (cómo ya están intentando a base de prohibiciones e imposiciones) al férreo control del Estado la actividad privada, a la que piensan que podrán mantener sometida hasta aquella lejana fecha. En todo caso, aquí cabría lo del cuento de la lechera de todos conocido o también se le podría aplicar aquel conocido refrán que habla de “vender la pieza antes de haberla cobrado”.

Todavía quedan, si como dice Sánchez quiere agotar la legislatura, el que logre mantenerse durante al año que queda para las legislativas, siempre que el débil entramado que lo mantiene en el gobierno se siga conformando con mantenerlo en el sillón gubernamental. Ya tiene difícil que le apoyen para aprobar los PGE, siendo probable que tenga que prorrogar los anteriores del PP, y no digamos lo que le espera para futuras legislaturas, en el supuesto de que pudiera ganar las del 2020. Nadie piense que el señor P.Iglesias de Podemos, se va a conformar con mantener el puesto de segundón en este reparto de la tarta política. Sólo hay algo que va en su favor, la difícil relación existente entre los partidos de la oposición de centro derecha o de centro simplemente, empeñados en darle facilidades a las izquierdas en lugar de intentar enterrar sus diferencias (tampoco son tantas) arrinconar sus ambiciones de poder y pensar en España antes que en sus propios intereses, personales o partidistas. Pero, como siempre, acaban por decepcionar a todos aquellos que ponen su confianza en ellos, como sucedió con Mariano Rajoy y, ahora, siento tener que decirlo, ya empezamos a dudar de que, el señor Pablo Casado, haya sido el más adecuado, cuando hemos comprobado el enorme fallo que ha cometido al negociar con el PSOE los miembros del CGPJ y los magistrados que deberán componer el TS. Ha puesto en peligro que los encausados por el 1.O tengan un juicio sin interferencias externas y se expone a que finalmente el TS, como en caso del CGPJ, quede en manos de la izquierda.

Una vez más nos vemos abocados a una situación que puede dar lugar a que España siga la deriva que ya hace tiempo que venimos denunciando sin el menor éxito y, seguimos lamentando que, ciudadanía española, incapaz de reaccionar ante el peligro de una grave involución hacia las izquierdas capaz poner en peligro el futuro de nuestros hijos y nietos si, como fácilmente se puede esperar, en España se instala un régimen filocomunista que acabe siendo rechazado por Europa, que ya nos está mirando con desconfianza.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, seguimos viendo cómo, hasta los en los que veníamos confiando en un renacer del PP, parece que no son capaces de resistirse a las críticas de sus enemigos políticos y acaban, por aquello del que dirán, haciendo concesiones que nunca debieran haber aceptado. Cada vez estamos más convencidos de que lo que se nos avecina puede llegar a acabar, como ya sucedió hace muchos años, con un inevitable enfrentamiento entre españoles. Es triste pero las posibilidades de que se repita la Historia no parecen estar tan lejanas como supusimos

Reconocer a Kosovo es amenazar a España
EDITORIAL El Mundo 15 Noviembre 2018

El Gobierno provocó ayer un grave caos y demostró una gran incompetencia en un asunto estratégico como es Kosovo ante el que hay que moverse con pies de plomo para no echar por tierra una política de Estado respaldada por los principales partidos desde 2008. Exteriores trasladó a los Comités Olímpicos Internacional y Español que los deportistas de este territorio -que se separó unilateral e ilegalmente de Serbia- tendrán visados y "podrán usar sus símbolos nacionales" (himno y bandera) en las competiciones que se disputen en nuestro país. Ello supone un reconocimiento de facto de la independencia kosovar. Y traslada a otros movimientos soberanistas -léase los catalanes- que la secesión es posible para cualquier territorio aunque viole todas las leyes.

Exteriores salió al paso señalando que "no hay cambios" en la posición española y alegando que ya hubo participación kosovar en los Juegos del Mediterráneo. Pero entonces se aplicó una solución ad hoc, y quienes compitieron lo hicieron con visado especial y bajo bandera del Comité Olímpico de Kosovo, y no del Estado de Kosovo, que son cosas bien distintas. Moncloa debe rectificar y asumir su responsabilidad por este error que abre una vía a las aspiraciones del independentismo.

Cohetes palestinos
Rafael Bardají gaceta.es 15 Noviembre 2018

Para bien o para mal, lo primero que tiene que hacer un viajero en Israel es descargarse dos aplicaciones en su móvil: Waze y Red Alert. Ambas son un desarrollo israelí y están pensadas, la primera, para hacerte la vida más fácil, ofreciendo información en tiempo real de los constantes atascos y aconsejando rutas alternativas; la segunda, para salvarte la vida en caso de sufrir un ataque con misiles, avisando con el tiempo justo para poder correr hacia un refugio seguro. Ciertamente, no son infalibles. Y en el caso de Red Alert, la distancia con la frontera, bien en el Norte, bien en el Sur. De hecho, a una distancia no superior a los 14 kilómetros, sólo se tiene 30 segundos como mucho para guarecerse de una explosión, lo que no siempre es viable.

Esta semana lo hemos vuelto a ver. Como consecuencia de una fallida operación de inteligencia por parte de un comando israelí, sorprendido en plena operación tras las líneas enemigas y que concluyó con un soldado israelí muerto y con un mando de Hamas también muerto en el cruce de disparos, los dirigentes de la Franja de Gaza decidieron escalar la crisis, primero lanzando un misil antitanque contra un autobús que transportaba soldados, inmediatamente después con un nutrido fuego de mortero sobre los paramédicos que acudieron en su auxilio para pasar, acto seguido, a lanzar una lluvia de cohetes y misiles de manera indiscriminada y sobre los centros de población israelíes en torno a Gaza. Un total de 500 cohetes fueron lanzados por los palestinos.

Ningún gobernante de cualquier país puede quedarse inerme frente al ataque de sus ciudadanos y el gobierno de Jerusalén no tiene por qué ser distinto. Una operación aérea de castigo fue autorizada con el objetivo de destruir algunas de las instalaciones de Hamas, lanzando el doble mensaje de que cualquier ataque desde la Franja sería contestado, pero de manera controlada a fin de evitar una escalada del conflicto que nadie debiera querer. Hamas aceptó un alto el fuego, violado en las horas posteriores, pero que, finalmente, se convirtió en un acuerdo para el cese de los ataques. En efecto desde el martes por la tarde.

Cuento todo esto porque yo aterricé en Israel el lunes por la tarde como parte de una delegación del High Level Military Group, un grupo de generales y almirantes de los principales países, de Colombia a Australia, pasando por Estados Unidos y Europa, que visitaba Israel con el propósito de saber más sobre la situación en Gaza. Dadas las operaciones en curso y la imposibilidad de moverse por la zona, nuestra misión se tuvo que retrasar hasta el miércoles. Suerte o no, fuimos el primer grupo no combatiente en poder acercarnos a los puntos más calientes de esta crisis y poder entrevistar a algunos de los soldados y mandos israelíes que participaron activamente en esta operación. Nuestro informe tardará unos días en completarse, en la medida en que aún seguimos trabajando en Israel, con entrevistas al máximo nivel, pero sí puedo ofrecer algunas impresiones y juicios preliminares.

Como ocurre con cada estallido en Gaza, lo que está en juego aquí no es el deseo de venganza o de castigo. De lo que se trata de es afianzar unas nuevas reglas del juego y un nuevo nivel del mismo. Por eso es relevante cómo acaba este capítulo. Para muchos en Israel, incluido el ministro de defensa, quien ha dimitido por la forma de aceptar el alto el fuego, la clave de una relativa tranquilidad en la zona pasa por demostrar a Hamas que haga lo que haga, Israel contestará con una fuerza superior, capaz de infligir mucho más daño. Dicho en otras palabras, Israel debe buscar una victoria clara a fin de apuntalar su capacidad de disuasión durante unos cuantos años. El Primer Ministro ha optado por una respuesta más moderada, porque aunque el ejército israelí podría decapitar la cúpula de Hamas, hay serias dudas de que lo que viniese después no fuera peor. Nadie en Israel quiere volver a ocupar Gaza.

Conscientes de la inclinación a una respuesta limitada y que no pone en peligro su poder en Gaza, los militantes de Hamas se han lanzado a la calle a celebrar lo que consideran una victoria sobre Israel, aunque no lo sea. En Israel se celebra que ya no llueven más cohetes y que la vida puede seguir con normalidad hasta la próxima. Porque de eso todo el mundo está de acuerdo: habrá una próxima. Por una sencilla razón, el objetivo de Hamas no es construir un estado palestino. Eso ya lo tienen en Gaza. No, el objetivo es construir el estado palestino sobre el actual estado de Israel. Pueden vivir sin un estado palestino, lo que no pueden aceptar es un Estado judío.

A favor de Hamas juega la visión que del conflicto tiene la mal llamada comunidad internacional, sobre todo la Unión Europea. Muchos denuncian desde estas instituciones el “asedio” a Gaza, olvidando, por ejemplo, que Egipto mantiene cerrado el único puesto fronterizo por donde comerciar con el sur y que únicamente Israel se encarga de alimentar a su enemigo, con comida, ayuda humanitaria, materiales de construcción (aunque acaben en forma de túneles desde donde atacar), gasolina y electricidad. es Israel quien evita una catástrofe humanitaria, no quien la crea.

En sus operaciones, las fuerzas israelíes han mostrado siempre un comportamiento ejemplar que si tuvieran que cumplir nuestros ejércitos, no podríamos desplegarlos en ninguna parte. No puede decirse lo mismo de Hamas y otros grupos quienes usan a los civiles como escudos y, desde hace meses, también como arietes en cargas contra la verja de seguridad, quienes almacenan sus cohetes y explosivos en hospitales y escuelas y quienes se esconden en instalaciones de la ONU. Pero, como bien sabemos, las fuerzas irregulares, rara vez cumplen con las normal del derecho de la guerra que los occidentales sí respetamos.

Este martes por la tarde tuve la posibilidad de visitar uno de los barrios de la ciudad de Ascalón donde habían impactado algunos de los más de 60 cohetes disparados desde Gaza directamente contra las casas de su población. Poco importa que poner a civiles como diana esté prohibido en la guerra. Su guerra es, precisamente, la contraria. Y no sólo pude ver con mis propios ojos la destrucción causada, sino el impacto que tiene sobre los vecinos, sus familiares y niños.

Si de verdad la comunidad internacional quiere poner fin a este conflicto, debe empezar por admitir que no se puede poner en el mismo nivel a un grupo terrorista con un estado, guste o no, se esté de acuerdo o no con muchas de sus políticas, democrático, liberal y occidental como es Israel; no se puede permanecer ciegos al hecho de que Irán intenta ejercer una presión sobre Israel en todas sus fronteras, incluida ahora Siria; y no se puede permanecer impasible cuando la vanguardia de nuestra civilización en Oriente Medio se ve continuamente atacada.

El gobierno español quiere reconocer al estado palestino. Ya se lo digo yo: ese estado ya existe y se llama Gaza o Hamastán. Con la bajeza moral que le caracteriza no me sorprendería que eso le importase lo más mínimo.

El juez Serrano: "Más voto inútil que el que lleva 40 años de oposición blandita y acomodada…"
El juez Serrano, candidato de Vox a la Junta de Andalucía, contesta a las críticas del PP que apelan al voto útil en Andalucía.
esRadio Libertad Digital 15 Noviembre 2018

La estrella del pasado fin de semana pasado fue VOX y su candidato andaluz, el rehabilitado juez, tras una ignominiosa campaña de acoso y derribo, Francisco Serrano, que llenaron el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla –Fibes– con más de 2.000 simpatizantes, muy por encima del último acto de Ciudadanos, y cifra similar a la que obtienen los dos grandes partidos habituales.

Ciudadanos, que tiene expectativas de crecimiento en cualquier sondeo que se consulte, tiene garantizada una campaña tranquila y no parece que le vaya a importar demasiado quedar segundo o tercero. Su posición estratégica no variaría –posible socio de gobierno de un gobierno de Susana Díaz impidiendo el acceso de Podemos – aunque relegar al PP al furgón de cola de la oposición. En esa tarea, Inés Arrimadas con su actuación constitucional en Cataluña, muy apreciada en el Sur, es imprescindible.

Mientras tanto, Juan Marín canta la mayor: "Ciudadanos va a ser el punto final de la corrupción en Andalucía" cuando "entremos a gobernar" a partir del próximo 2 de diciembre. Y lo dice tras casi cuatro años de apoyo apacible y cómplice a un PSOE andaluz que ha mantenido el régimen con comodidad y no ha cumplido apenas nada de lo que acordó con Ciudadanos, motivo aducido finalmente como causa de su ruptura.

Con este panorama, desde el puente de mando de la Junta, Susana Díaz va a lo suyo. Con la RTVA controlada y con el apoyo inequívoco de no pocos medios de comunicación privados, se dedica a los anuncios y más anuncios de más cosas gratis y ausencias significativas. El anuncio más preclaro fue que los libros", para la Educación Infantil "de tres a seis años", serán "gratis en todos los colegios". O sea, que hasta ahora no lo eran.

Y, además de convertir su comparecencia sobre corrupción en el Senado en una victoria, mantiene los gestos anti–Sánchez, como, por ejemplo, su ausencia de relieve en el reciente Comité Federal del PSOE, otro ingrediente más de la bronca interna que le distancia de Pedro Sánchez y sus políticas.

Pero están sus meritorios y meritorias provinciales que insisten en la campaña de siempre y cantan la gallina: "Andalucía tiene que seguir siendo un territorio libre de la derecha". Y esto, ¿significará que hay que laminar definitivamente toda oposición de la derecha? Frases así las carga el diablo y luego se repican y traen consecuencias.

Este jueves comienza la campaña electoral y o es una campaña con ases en la manga, con elementos espectaculares y sorpresas de calado o no habrá opciones para un cambio. En 15 días, pueden arañarse algunos votos, pero las decisiones ya están tomadas, salvo que ocurra algo inesperado y desencadenante de un cambio de tendencia.

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Torra y Urkullu: dos estrategias diferentes para un mismo objetivo
EDITORIAL Libertad Digital 15 Noviembre 2018

Por paradójico que parezca, el maximalismo radical de los golpistas impide, al menos por ahora, un nausebundo acuerdo con el gobierno de Sánchez.

Lo único positivo que se puede decir de la reunión mantenida este miércoles entre el presidente golpista de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, y el aparentemente más moderado presidente separatista de la comunidad autónoma vasca, Iñigo Urkullu, es que el indisimulado radicalismo maximalista del primero impide, paradójicamente y al menos por ahora, cualquier clase de acuerdo con el felón e indecente gobierno de Pedro Sánchez, cuyo presidente ya ha mostrado, tan pública como impúdicamente, su disposición, con tal de seguir en el poder, a cosas tales como admitir el invento del "carácter plurinacional" de Estado español, a negociar con los golpistas un nuevo "estatuto" soberanista para Cataluña o a sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado con la extrema izquierda podemita y las propias formaciones separatistas de Cataluña y del País Vasco, incluidos los proetarras de Bildu.

Sin querer hacer caso a Urkullu y sin ver la "oportunidad", ciertamente enorme, que para todas las fuerzas nacionalistas implica este obsceno e ilegítimo empecinamiento de Sánchez de aferrarse a la poltrona con los peores resultados de la historia del PSOE, el golpista Torra ha dejado claro al presidente vasco que cualquier propuesta de reforma del Estatuto catalán es una "pantalla pasada" y que él ya sólo persigue la independencia de Iure para Cataluña, por lo que mantiene su negativa a cualquier clase de acuerdo con el PSOE mientras los golpistas del 1-0 sigan en prisión o la Fiscalía no retire todos sus cargos contra ellos.

Así las cosas, y por paradójico que parezca, menos mal que los golpistas catalanes no quieren "bajarse del monte", pues, desgraciadamente, no es poco lo que ha subido el presidente del gobierno con tal de salir a su encuentro y lograr un acuerdo. Recuérdese, en este sentido, que a lo ya ofrecido por el gobierno a los golpistas en materia constitucional, estatutaria y presupuestaria, se suma una retractación pública por parte de los socialistas respecto a su pasada consideración de que Puigdemont y compañía perpetraron un delito de rebelión. Eso, por no hablar de la elocuente y nauseabunda resistencia del Gobierno de Sánchez a renunciar al indulto para evitar la cárcel a todos los golpistas que sean condenados.

Mientras tanto, los nacionalistas siguen disfrutando en Cataluña de su no menos bochornosa "independencia de facto", reactivando sus ilegales "estructuras de Estado" a cargo del contribuyente, internacionalizando el conflicto o permitiendo a sus cachorros cosas tales como pintarrajear de amarillo la casa del juez Llarena en San Cugat.

Lo mismo da que unos agiten el árbol y otros recojan las nueces; que unos separatistas persigan la independencia de forma gradual y disimulada, mientras otros la persigan de forma directa y abiertamente ilegal. Lo decisivo es que en estas formaciones quiere sustentarse un presidente de gobierno tan carente de respaldo electoral como de escrúpulos morales y políticos.

Los jueces del separatismo
Pablo Planas Libertad Digital 15 Noviembre 2018

Hay un par de jueces en Barcelona que tienen sus dudas sobre la proporcionalidad de la actuación policial durante el referéndum ilegal del 1-O. No investigan la pasividad de los Mossos, sino un presunto exceso de celo de la Policía Nacional y la Guardia Civil en cumplimiento de la orden judicial en varios colegios electorales. El primero, de la Audiencia provincial, insta a una jueza de Manresa a reabrir la instrucción de las denuncias de unos vecinos de San Juan de Torruella (Sant Joan de Vilatorrada) sobre la supuesta brutalidad de la Guardia Civil con el extemporáneo argumento de que la votación carecía de valor. El segundo juez está tomando declaración a 24 agentes de la Policía Nacional que intervinieron en la ciudad de Barcelona porque considera que pusieron en riesgo "la normal convivencia ciudadana". Ellos, no Puigdemont, Junqueras, Mas y los demás.

Como el carácter de los autos y resoluciones de tales magistrados es del agrado de los golpistas, gozan ambos de un grato anonimato. Los medios catalanes, ya sea en noticias o artículos, les dispensan un trato de privilegio como ejemplos de que es posible una justicia independiente y equilibrada, la que a buen seguro, dicen, traerá la república catalana. El caso es que ni a uno ni a otro les tienen marcados los Comités de Defensa de la República (CDR) ni la CUP, a diferencia de lo que le sucedió al difunto Juan Antonio Ramírez Sunyer y lo que le pasa a Pablo Llarena, instructor del 1-O ajeno ya al procedimiento.

Contra ellos valía y vale todo. Los identificaron, señalaron y ridiculizaron en esos mismos medios públicos y subvencionados que ahora preservan la identidad de los jueces que investigan a guardias civiles y policías nacionales y publican pulcras crónicas sobre las indagaciones de esos dos respetables y anónimos magistrados que nada tienen que ver, según la retórica socialista, podemita y separatista, con el resto de jueces españoles, unos "inmorales" que suben las hipotecas, sueltan a los violadores y mantienen en la cárcel a "hombres de paz" como Junqueras.

Dicen los separatistas que no hay justicia y puede que tengan razón porque mandan a los CDR a echar estiércol a las puertas de los juzgados y como no pasa nada, marcaron el miércoles (otra vez) el domicilio familiar de Llarena en San Cucufate (Sant Cugat), en plan "kristallnacht". Y lo cuelgan en las redes con orgullo puesto que ya lo han hecho más veces y saben que nadie les va a importunar, ni a ellos ni a sus jefes. Qué gran documento gráfico para los jueces de Schleswig-Holstein, el portal de la vivienda de su colega español Llarena pintarrajeado de amarillo por dos "activistas" de "Arran", la nata montada de las juventudes catalanistas. A la familia Ramírez Sunyer consiguieron echarla por las bravas de su apartamento alquilado en la playa. Si el piso de la familia Llarena es de propiedad, ya pueden ir pensando en vendérselo.

Mientras tanto, dos jueces llevan a cabo su trabajo en Barcelona sin la más mínima interferencia porque consideran que el referéndum era una broma y que los de la porra se pasaron. Parece que han comprado el bulo de que el Estado retuvo a sangre y fuego Cataluña cuando la realidad es que sólo hubo que lamentar tres porrazos y la pérdida de un ojo humano. Al llegar a sus casas no se encontrarán con pintadas.

Un antes y un después de la moción de censura
Juan Francisco Martín Seco republica 15 Noviembre 2018

Entre las muchas supercherías y estulticias a las que nos tiene acostumbrados Carmen Calvo, ha surgido con propio esplendor su afirmación acerca de que el Presidente del Gobierno no ha cambiado de opinión referente a no calificar de rebelión la actuación de los procesados por el golpe de Estado perpetrado en Cataluña. Razón, que cuando mantuvo la opinión contraria no era Presidente del Gobierno. Un perfecto acto fallido de tipo freudiano. Supongo que no quería decir lo que dijo, pero lo dijo.

Aparentemente la frase es una estupidez, pero en una segunda lectura tiene su sentido, porque en la realidad política española hay un antes y un después respecto de la moción de censura con la que Pedro Sánchez logró apoderarse del gobierno. Lo que hace a este suceso tan especial no es que lo haya conseguido tan solo con 85 diputados. Ello sería totalmente lícito tras alcanzar el apoyo de otros partidos, el problema se halla en que entre estas formaciones políticas, como pieza necesaria, se encuentran las que han protagonizado un golpe de Estado y se mantienen en él, sin dar ningún paso atrás. Sanchez se ha sentido muy ofendido porque Casado le ha reprochado ser partícipe del golpe de Estado. Al menos, lo es a titulo lucrativo. Es presidente del Gobierno gracias a los secesionistas.

El hecho de que sean golpistas los que han nombrado al Presidente del Gobierno cambia todo y contagia todo. Toda actuación posterior del Ejecutivo está contaminada, y convierte en sospechosas todas sus acciones. No hay por qué extrañarse, por tanto, de los múltiples despropósitos y tropelías que desde entonces están sucediendo. El discurso y el comportamiento de Sánchez tienen su razón de ser a la luz de esta realidad. Es perfectamente explicable, que Pedro Sánchez mantuviese hace varios meses que el delito cometido por los secesionistas era de rebelión y defienda ahora todo lo contrario.

En realidad, estas últimas declaraciones corresponden a un proyecto perfectamente planificado y concertado con los separatistas, que se desarrolla por etapas y va destinado a conseguir la liberación de los procesados o, al menos, a minimizar la calificación de los delitos. Primero fueron las múltiples manifestaciones de algunos miembros del Gobierno mostrando sus preferencias por la libertad de los presos. Más tarde, fue la postura infame adoptada por el Ministerio de Justicia, en contra de los informes de la Abogacía del Estado, acerca de no dar asistencia jurídica al juez LLarena con el pretexto de que se trataba de declaraciones privadas, postura que no tuvo más remedio que rectificar por la contestación que suscitó entre jueces y fiscales.

Posteriormente, se lanzó al ruedo a Pascual Salas, ex presidente del Tribunal Supremo, siempre tan diligente en prestar buenos oficios al PSOE en todos los puestos de relevancia que viene ocupando interrumpidamente desde 1982 hasta 2013 (Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional), gracias al manto protector del partido socialista. Lógicamente se ha avenido, sin poner ningún reparo, a negar la existencia de violencia en el golpe de Estado y, en consecuencia, la comisión del delito de rebelión por los procesados. En esta plaza invitaron a intervenir también a López Garrido, que se ha apresurado a repetir que en este caso no se podía aplicar el art. 472 del Código Penal y, para afianzar su postura, añade que a él se lo iban a decir, que había sido su redactor. Ahora se explica por qué este artículo da lugar a tantas dudas y a interpretaciones tan diversas.

Es en esta secuencia donde hace su aparición en el Congreso el Presidente del Gobierno para contradecir lo que había dicho hace algunos meses Pedro Sánchez y servir así de telonero a la acusación presentada por la Abogacía del Estado, que se desdice de la postura anteriormente adoptada y varía la calificación penal de rebelión a sedición. Se confirma una vez más que hay un antes y un después de la moción de censura. En esta ocasión el estiércol llega al Ministerio de Justicia y hasta a la Abogacía del Estado.

Por último, (pero solo por ahora, porque la procesión no ha terminado) se encuentra la salida apoteósica a lo Robin Hood de Pedro Sánchez en el tema del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados sobre las hipotecas. En su estrategia de pinchar el proceso penal de los secesionistas, no pierde la menor ocasión de desacreditar y censurar al Tribunal Supremo, aunque hay que reconocer que en esta ocasión el Supremo le ha dado la excusa perfecta para hacerlo. Mucho habría que escribir acerca de la demagogia y el oportunismo mostrados por todos los partidos políticos y del grado de intoxicación pública que se ha generado. Quizás merezca analizarse en otro artículo.

Decía más arriba que la procesión no ha terminado. La ofensiva está solo comenzando. Es de suponer que el Gobierno deseaba que la Fiscalía también hubiese rectificado en este momento procesal, lo que le ha resultado imposible conseguir, ya que esta institución goza de más independencia que la Abogacía del Estado y el escándalo, de haberlo intentado, habría sido mucho más sonoro. No es disparatado pensar que lo procurará de nuevo al final de juicio.

En cualquier caso, la intromisión del Gobierno en la Abogacía ha sido tan burda y el escrito de acusación, tan deficiente que los abogados del Estado destinados en el Supremo se han negado a firmarlo. La Abogada General del Estado, para dar gusto al Ejecutivo, se ha visto en la obligación de avocarlo. Me imagino la irritación que se habrá apoderado de todo el colectivo.

La torpeza de este Gobierno se manifiesta, entre otras cosas, en que cuando pretende justificar sus actuaciones las empeora. Buen ejemplo de ello ha sido la intervención del Secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento pretendiendo defender la intromisión del Gobierno en la Abogacía. Ha dejado al descubierto la concepción que los sanchistas tienen de la Administración como un cortijo a su servicio. Ábalos se extraña de la polémica creada. No hay lugar para la crítica porque, según él, lo normal es que el Gobierno use a los abogados del Estado. Según dice, él los usa en el ministerio. El traspié es considerable. Porque una cosa es que el Gobierno o un ministro puedan pedir un informe o un dictamen a la Abogacía del Estado y otra cosa muy distinta es que el Gobierno o el ministro le dicten el contenido del documento. No digo que no se haya hecho nunca, pero es diferente hacerlo que vanagloriarse de ello. Y desde luego tampoco es lo mismo un informe, o incluso un dictamen, que una acusación penal en un proceso de tanta importancia.

La rectificación adoptada por la Abogacía del Estado puede tener también un efecto perverso a largo plazo. En el caso de que el Tribunal Supremo termine condenando a los procesados por rebelión y estos decidan recurrir a Estrasburgo o al Tribunal de Justicia europeo, será la propia Abogacía del Estado la que tenga que defender ante estas instituciones la sentencia del Supremo. ¿Qué credibilidad podrá tener entonces si en España ha mantenido la postura contraria?

El Gobierno tiene esperanza de que el hecho de haber forzado a la Abogacía del Estado influya en el proceso, tanto más cuanto que confía lograr que más adelante la Fiscalía también realice el mismo giro. A pesar de ello, no descarta el hecho de que la sentencia pueda ser desfavorable, y por eso mantiene dos bazas de cara a contentar a sus socios golpistas. La primera, el indulto. Pedro Sánchez se ha negado a contestar todas las veces en las que en sede parlamentaria se le ha preguntado si descartaba indultar a los procesados por el golpe de Estado. Además, mantiene bloqueada en el Congreso la ley del indulto, en cuya aprobación tendría que pronunciarse acerca de si está de acuerdo en eliminar la posibilidad de indulto para los delitos de rebelión y sedición. El mismo hecho de que la calificación de la Abogacía del Estado haya cambiado puede ayudar a que el indulto sea más asimilable para la opinión pública.

En segundo lugar, está la baza de los tribunales internacionales. He ahí una razón más para que el Gobierno esté sembrando dudas acerca de la postura que mantiene el Tribunal Supremo, incluso aliándose con aquellos que pretenden minar su prestigio. Es evidente que las razones de los magistrados españoles quedan deterioradas si es el propio Gobierno de España el que discrepa y las critica. Algunos de los miembros que hoy componen el Consejo de Ministros se quejaban hace tiempo de que el Gobierno anterior no había sabido combatir el relato de los secesionistas en los foros internacionales. Es posible. Pero resulta difícil creer que la situación no haya empeorado cuando es el propio Gobierno el que acepta parte de su discurso y pretende situarse una vez más en una tercera vía.

Dadas las manifestaciones airadas de los golpistas, se podría pensar que las cesiones que está realizando el Gobierno no son suficientes. Torra ha acusado a Sánchez de ser cómplice de la represión que, según él, sufre el independentismo catalán y, de manera altisonante, rayando casi en el exabrupto, afirma: “Nosotros, el pueblo de Cataluña, le retiramos el apoyo y le decimos que no votaremos los presupuestos”. Es curiosa la tendencia que tienen los secesionistas en identificarse con todo el pueblo de Cataluña. Para ellos, todos aquellos que no son independentistas no son catalanes. Pero, al margen de ello, se tiene la impresión que todos esos bramidos tienen mucho de teatro, de actuación de cara a la galería, para el consumo interno de su clientela.

Todo indica que hay mucho más acuerdo y avenencia de lo que unos y otros dejan entrever. De ahí que no se rompan las comisiones bilaterales, en las que claramente la Generalitat está obteniendo pingües beneficios y privilegios, y que el presidente del Gobierno mantenga la idea de celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona y esté dispuesto a entrevistarse con Torra en la Generalitat, lo que constituye un agravio manifiesto para todas las otras Comunidades y un reconocimiento de la negociación de poder a poder que tanto han ansiado siempre los independentistas.

Los golpistas saben que su única baza hoy por hoy es Pedro Sánchez. No tienen otra alternativa. No en vano era el ahora Presidente de la Generalitat, el que dos años antes, en aquella noche de los cuchillos largos, cuando tan solo era un activista, gritaba como un energúmeno más, a las puertas de Ferraz, defendiendo a Pedro Sánchez frente al Comité Federal del PSOE que exigía su dimisión. Es un hecho que parece haberse olvidado, pero que es sumamente significativo. El independentismo más xenófobo y radical lo ha tenido siempre claro, vociferen lo que vociferen, no duda de que su única salida es Pedro Sánchez. No sé si al final los partidos secesionistas aprobarán los presupuestos de 2019, pero, de no hacerlo, no me cabe duda de que prestarán su apoyo al Gobierno para que se mantenga mediante decretos leyes.

Pedro Sánchez, desde el mismo momento en que decidió aceptar el apoyo de los golpistas para su investidura, era consciente de que se desposaba con ellos para el resto de la legislatura. Después de haberse negado desde la oposición a cualquier negociación con el Gobierno, no podía esperar nada ni del PP ni de Ciudadanos. No dejan de sorprender las palabras de la Ministra de Economía acerca de que le resulta difícil de entender que haya partidos que ni siquiera quieran sentarse a discutir los presupuestos. Debe de ser que su estancia en Bruselas la ha desconectado de la política española y del comportamiento en la oposición del su ahora jefe. Para astronautas, ya tenemos al de Ciencia, Innovación y Universidades.

Pedro Sánchez sabe que solo tiene dos alternativas, o convocar elecciones o aparearse con los golpistas, y no está dispuesto de ninguna forma a disolver las Cortes. “Si Dios no existe, todo está permitido”, frase con la que el Iván Karamazov de Dostoievski pasó a la posteridad. No sé si era ese mismo objetivo el que conducía hace poco a unMministro de Sánchez a pronunciar una expresión en cierto sentido contrapuesta: “En política, no todo está permitido”. Pues bien, Pedro Sánchez no parece estar de acuerdo con su ministro. Él debe de pensar que, en política, con Dios y sin Dios, todo está permitido.

www.martinseco.es

Españolita hija de la gran puta
Miquel Giménez. vozpopuli  15 Noviembre 2018

Unos separatistas le dijeron eso a una ciudadana que quitaba esteladas y lazos de la vía pública. Además, le rompieron el parabrisas y los retrovisores de su vehículo, agrediendo a sus acompañantes. ¿Qué precio tiene eso?

Hay que decirlo: la semilla de lo que cosechamos hoy la plantó, abonó y regó abundantemente Jordi Pujol y su nacionalismo carlistón y rancio, de mirada perdonavidas hacia todo lo que no fuese el bon català. Pero quien dio el pistoletazo de salida, una vez madura la fruta social, fue Artur Mas, que ahora que queja de la justicia española, a la que acusa de ejercer una venganza sobre su persona. El Tribunal de Cuentas lo ha condenado tanto a él como a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs por la pseudo consulta del 9-N a pagar solidariamente una fianza de 4,9 millones de euros. Dice el tribunal que ese es el dinero pagado con fondos públicos empleado en aquel aquelarre, antecesor directo del posterior 1-O. Malversación, que se dice. Mas aduce que no es letrado y, por lo tanto, sus conocimientos acerca de lo que es legal o no son aproximativos, vagos, más bien nebulosos. Vamos, que creyó que comprar siete mil ordenadores, más el envío de toda la propaganda por correo postal, más la campaña de publicidad, más la distribución del material de votación, más la contratación de soportes informáticos para la consulta era cosa de broma, de la risa, de pasar el rato. Además, si no puedes gastarte unos milloncitos de euros en un capricho siendo President, ya me dirán ustedes para que carajo sirve el cargo.

Mas está enfadado, agobiado, triste. Ahora le toca pagar de su bolsillo y eso no lo entiende, acostumbrado como está a que seamos los contribuyentes quienes hagamos el desembolso. A Artur se le atribuye la responsabilidad máxima y, caso de que sus compis yoguis no pudieran pagar, el gasto recaería totalmente sobre su persona. El expresident ya salió llorando cuando le fue embargado su piso, al igual que al resto de Consellers, pero la siempre presta ANC puso una morterada encima de la mesa – a ver si Hacienda deja de atosigar a los autónomos e invierte un rato en meter la nariz en las cuentas de dicha entidad, porque nos vamos a reír todos mucho -.

Nunca pagaron los platos rotos ni quisieron afrontar las consecuencias de sus despropósitos, pero es que ahora la cosa se les ha ido de las manos de tal forma que no se trata de reparar la malversación de dinero público solamente. Estamos en un estadio completamente distinto, en el que habrá que empezar a calcular cuánto cuesta la ruptura de ese finísimo cristal que llamamos paz social. ¿Cómo se calcula ese bien tan preciado, tan difícil de construir y, a la vez, tan diabólicamente fácil de destrozar en mil pedazos?

La persona empujada por la espalda y a traición escaleras abajo en el metro, enferma de cáncer y en tratamiento por quimio; el último escrache a Carlos Carrizosa y todos los pasados a García Albiol; los actos vandálicos contra la vivienda del juez Pablo Llarena y el acoso tanto a él como a su familia; las sedes de partidos emporcadas con mierda; el odio vomitado en TV3 incansablemente, solo hay que ver la última entrevista que su mismo director le hizo a Inés Arrimadas; la señora a quien rompieron la nariz por quitar un lazo amarillo; la elevación a los altares de individuos de la calaña de Otegui y Sastre; la agresión que citábamos al inicio. Todo va sumando lenta, inexorablemente, en ese debe de una Cataluña fatalmente dividida entre la parte de aquellos que pretenden imponerse con los métodos que sean y el resto de la población.

Ahí también existe una malversación de caudales ideológicos, de perversión del servicio público, de la responsabilidad que tienen nuestros políticos al frente de instituciones que han de ser de todos. Artur Mas, el que quiso ponerse al frente de la manifestación separatista para conseguir tan solo hundir a su partido, dividirlo, destrozarlo y dejarlo en manos de unos imberbes incendiarios e inútiles, también tiene su parte alícuota de responsabilidad en la factura que, sin duda, tendremos que pagar todos los catalanes. ¿Y por qué? ¿Para ocultar la tremenda corrupción existente en esta tierra? ¿Para entretener a la plebe de los recortes que aplicó mientras gobernó?

No. Es más terrible. Si acabó abriendo la caja de Pandora fue por una implacable lógica. El nacionalismo solo puede acabar en eso, en la exclusión de lo distinto, de lo outré, para afirmarse en su supremacía. Era inevitable que Convergencia acabase en la Crida de Puigdemont. No podía esperarse otra cosa de quienes durante cuatro décadas se fueron apropiando poco a poco del espacio común para convertirlo en exclusivamente suyo, de instituciones a medios de comunicación, de colegios profesionales a movimiento asociativo, de escuelas y universidades a sindicatos.

Esa es la auténtica factura que deberían pagar todos ellos. Es incalculable, pero tiene una condición exacta, palpable, viva, agraz. Llamarle “españolita hija de la gran puta”, intoxicado de un nacionalismo violento y de odio racista, a una persona por retirar lazos de la vía pública ¿qué precio tiene? Ningún tribunal podrá computarlo, por una simple razón: hay cosas que no tienen precio. A esas hay que apelar cuando acusamos a quienes nos trajeron hasta este punto.

ETA reconoce por fin que manejó y dirigía a la izquierda abertzale: "Hemos sido más que lucha armada"
Los asesinos celebran "el cambio en Navarra" y explican como controlaron asociaciones y sindicatos para tener siempre el dominio de la calle bajo el yugo del terror.
Ignacio Murillo navarra.com elespanol 15 Noviembre 2018

La banda terrorista ETA ha reconocido 40 años después que todo era ETA y que manejaba y controlaba a la denominada izquierda abertzale, organizada antes entorno a Herri Batasuna y ahora bajo los nombres de Sortu y Bildu.

"La organización ha sido mucho más que la lucha armada. El mayor logro de ETA ha sido el haber creado un movimiento completo alrededor de su proyecto y haber controlado amplios sectores populares", han reconocido los asesinos vascos en su último Zutabe (boletín o comunicado), publicado recientemente a través de su periódico de cabecera, Gara.

Bildu y Sortu gobiernan Navarra y Pamplona con el apoyo del PNV de Uxue Barkos, Podemos e Izquierda Unida. Los terroristas de ETA dejaron casi 900 muertos con crueles acciones, 42 de ellos en Navarra. Además. durante décadas, el terrorismo vasco persiguió a todo aquel que no pensara como ellos y obligó a los empresarios a abonar el "impuesto revolucionario" como método para financiar su terror sobre la sociedad navarra.

En Navarra, decenas de movimientos sociales, populares y sindicales están completamente dirigidos por la izquierda abertzale (que ETA ahora reconoce que son ellos mismos), y que aprovecharon el miedo de la coacción del terrorismo para hacerse con el control y afianzar su poder de la calle.

El mayor logro de ETA ha sido el haber creado un movimiento completo alrededor de su proyecto y haber controlado amplios sectores populares.

Desde la izquierda abertzale trataban siempre de hacer una diferenciación entre los asesinos y ellos, aunque ahora es la propia banda terrorista la que reconoce que todo eran uno: ETA y la izquierda abertzale entre sus diferentes ramas políticas, sociales y sindicales.

El documento efectúa un repaso por la lamentable historia de la banda criminal, que mantiene en todo momento que sus acciones armadas fueron en la lucha contra el franquismo, aunque su actividad más sanguinaria tuvo lugar durante toda la época democrática.

"El proyecto político de ETA no es solamente el de la organización. El movimiento político que denominamos izquierda abertzale ha mostrado también en los últimos años madurez y capacidad de lucha", alaban los terroristas a las personas que han defendido los postulados asesinos desde los partidos manejados y controlados por la propia banda.

"La ETA de un comienzo se convirtió en movimiento político, surgió una semilla con la creación de la izquierda abertzale", aceptan los asesinos.

En su reconocimiento de asesinatos, el cinismo terrorista les lleva a diferenciar entre los muertos con los que acertaron más y con los que menos. "En ocasiones, los objetivos elegidos no tuvieron la aprobación o comprensión de la ciudadanía", dicen los terroristas tratando de explicar que hubo muertos más acertados que otros.

"La de ETA ha sido una lucha de liberación como país y como pueblo. Hemos apostado por una sociedad socialista dentro de una Euskal Herria independiente", explican los asesinos en su macabro documento.

ETA celebra el cambio en Navarra, en el que la izquierda abertzale se ha hecho con buena parte del poder gracias, siempre según ellos al "agotamiento del franquismo".

Según relatan los terroristas en el mismo Zutabe, no dejaron la lucha armada por convicción o porque entendieran que matar no era lo correcto, sino porque "el poyo a la lucha armada ha ido disminuyendo". Y es aquí cuando vuelven a reconocer que la izquierda abertzale daba cobertura política a las acciones violentas de ETA como estrategia controlada por ellos mismos.

"La izquierda abertzale aceptando las diferentes luchas (política y militar) conformaba un bloque firme y compacto (...). Tenía una gran fortaleza a la hora de defender la lucha armada", reconocen sobre la misión de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Sortu y Bildu de dar cobertura política al asesinato de cualquier persona que pensara lo contrario a ellos.

ETA no se corta a la hora de determinar el camino que tiene que seguir ahora Bildu (izquierda abertzale). "Necesita tranquilidad estratégica y compañeros de viaje que estén dispuestos a poner en marcha un proceso independentista", mantienen los asesinos sobre su posición actual para seguir con el control y la imposición de sus ideas.

Bildu absorbe al PNV

Amaya Fernández. Secretaria general del PP vasco TBN

Se acabó la política del péndulo, esa que utiliza el PNV para defender una cosa y la contraria con la pretensión de tratar de justificar la incoherencia de sus políticas. Desde que el lehendakari Iñigo Urkullu tomó la decisión de dejar de respetar el Estado de derecho para decir a los jueces cómo hacer su trabajo y que debían poner en libertad a políticos presos por delitos gravísimos, el nacionalismo vasco ha radicalizado sus posturas hasta el punto de aceptar viajar a Bruselas de la mano de Bildu para internacionalizar la incertidumbre y la inestabilidad. A pesar de los vascos, que han dejado de inspirar la acción de un PNV totalmente absorbido por Bildu.

El PNV y Bildu, juntos, comparecerán en un seminario organizado en el Parlamento Europeo para alzar la bandera del soberanismo y la autodeterminación, para defender una propuesta de ruptura excluyente con los que nos son nacionalistas en Euskadi y para asegurar que el principio democrático está por encima del principio de legalidad; o lo que es lo mismo, que quien tiene más parlamentarios goza de legitimidad para imponer su proyecto político al margen de la ley.

La decisión del PNV tiene una doble lectura. Por un lado, es la constatación de la desconexión del nacionalismo vasco con la ciudadanía de Euskadi. Según el Euskobarómetro, el 81% de los vascos se muestra satisfecho con el Estatuto de Gernika, los descontentos con el Estatuto no llegan a uno de cada cinco ­–el 13%– y sólo el 9% de los vascos apuesta por la vía soberanista. Pero eso al PNV ha dejado de importarle.

De otro lado, el viaje a Bruselas demuestra hasta qué punto un PNV embriagado de poder prefiere ya representar al nacionalismo y al secesionismo, sea este de donde sea, a representar los intereses de Euskadi. De este modo, participará en un seminario para que toda Europa asocie la marca Euskadi a tres actores que acompañarán a los jeltzales en su visita y que participarán en el seminario.

El primero de ellos es Bildu, una de las pocas formaciones políticas de Europa cuya historia no se entiende sin una organización terrorista y cuya reputación la precede en la medida en que sigue justificando el asesinato selectivo de seres humanos. Será el PNV el que deberá explicar en Bruselas que quiere romper el proyecto de convivencia más importante para los vascos –nuestro Estatuto– de la mano de quienes aún defienden a los que trataron de reventar ese mismo acuerdo a golpe de tiros y bombas.

Los otros dos actores son la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, entidades que apoyan sin fisuras el incumplimiento sistemático de la legalidad en Cataluña y que son capaces de agruparse en plataformas junto con los CDR, grupos independentistas radicales que se enfrentan a la policía, asedian parlamentos, cortan carreteras a su antojo e impiden la libre circulación de personas en transporte público.

La visita a Bruselas se produce además la misma semana en la que los grupos parlamentarios de PNV y Bildu, junto con el de Podemos, han utilizado el Parlamento Vasco para blanquear la ilegalidad. Así, se sirvieron de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de la Cámara para visitar en prisión a políticos encarcelados por delito gravísimos y para mostrar su “apoyo” y “solidaridad” con quienes no respetan la ley.

Este cúmulo de circunstancias, sin embargo, no ha conllevado acción alguna por parte del PSOE en Madrid o del PSE en Vitoria, que continúan en la política de decir pero no hacer, pese a que en Euskadi gobiernan con el partido que camina hacia la inestabilidad y que ya cuelga el lazo amarillo en sus actos públicos.

Con todo, el PP vasco seguirá ejerciendo como la única oposición que hoy existe en Euskadi frente al nacionalismo y frente a proyectos que buscan construir muros en lugar de puentes, y que aspiran a embarcar a una ciudadanía reacia en un viaje hacia la incertidumbre y la inestabilidad.

Ceniceros: «Todo el mundo estaba en contra, aquí nadie habla euskera»
Enrique Delgado Sanz. Víctor Ruiz de Almirón. ABC 15 Noviembre 2018

Si La Rioja fuera Cádiz, los chirigoteros ya tendrían tema para las coplas del próximo carnaval. No obstante, la propuesta -a la postre fallida- del PSOE para equiparar en términos históricos y culturales el euskera con el castellano sí que ha dado pie a innumerables conversaciones en los hogares y bares riojanos. La ocurrencia ha sido la comidilla hasta que los socialistas recularon. Bien lo sabe el presidente de la Comunidad, José Ignacio Ceniceros, quien valora que el PSOE haya eliminado las alusiones al euskera en sus enmiendas, aunque para acertar «hayan tenido que rectificar».

-¿Cómo se llega a este punto?
-El español es un signo de identidad de La Rioja y estoy convencido de que todos los riojanos nos sentimos orgullosos. El euskera, sin embargo, no forma parte de nuestro acervo y los valores y sentimientos de los riojanos tampoco se pueden cambiar de la noche a la mañana. Ha sido una torpeza de Concha Andreu, la candidata socialista a las autonómicas, cuya ausencia pública estos días me llama poderosamente la atención. Ha estado callada y pienso que, después de haber creado este problema, tendría que dar la cara y pedir perdón a los riojanos.

-¿Se veía venir el guiño del PSOE al euskera o es algo nuevo en La Rioja?
-Es un tema que venía coleando. Algo le había escuchado antes al delegado del Gobierno, pero la sorpresa llegó cuando vimos las enmiendas. Nos tendrán que dar explicaciones y se las vamos a pedir. Esta propuesta no ha convencido a nadie y tampoco han explicado cómo pensaban llevarla a cabo. Todavía esperamos que Concha Andreu, que fue quien hizo la propuesta, diga algo.

-¿Por qué llega ahora el empeño de los socialistas con el euskera?
-No lo entendemos. Estamos con la reforma del Estatuto y en esta legislatura ha habido un buen clima de diálogo que nos está permitiendo sacar adelante leyes importantes con mucho diálogo y negociación. Hemos alcanzado acuerdos históricos y por eso nos ha extrañado que lleguemos a sentarnos a la mesa para reformar el Estatuto y ocurra esto. Descolgarse así nos ha sorprendido a todos. Propiciar el diálogo entre lenguas no requiere incluir el euskera en el estatuto. Tenemos bien claro que el español es el elemento integrador de todos los españoles. No tenía ningún sentido incluir la referencia del euskera en un estatuto como el nuestro. Menos mal que han rectificado, aunque les ha costado. Pero han acertado. Eran la comidilla.

-¿Este caso enturbia las buenas relaciones de esta legislatura con el PSOE?
-Espero que la reforma del Estatuto se haga salvando este tema. Creo que no tiene que haber ningún problema. Desde el debate de investidura ofrecí diálogo y trabajo a todos los grupos parlamentarios para hacer la reforma del texto y que fuera ese gran acuerdo de legislatura que sirviera para revitalizar la Comunidad. No sé qué puede pasar ahora, pero mantengo que necesitamos el apoyo del PSOE para un tema como este. Lo podríamos hacer con Ciudadanos y Podemos, sí, pero no se me ocurriría dejar al margen de esto al PSOE.

-¿Y a partir de ahora qué?
-El PSOE nos debe una explicación a todos los riojanos. En las glosas emilianenses aparecen palabras en euskera sí, pero su evolución y utilización en La Rioja no tienen nada que ver. Los riojanos no estamos pensando en eso. Me alegro de que lo hayan retirado, pero lo han hecho por la presión de un medio como ABC y porque todo el mundo estaba en contra. Aquí nadie habla euskera. Ahora hay que intentar sacar adelante con acuerdos la reforma del Estatuto. Los riojanos se lo merecen.


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