AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 21 Noviembre 2018

De Marchena a Cosidó
Federico Jiménez Losantos El Mundo 21 Noviembre 2018

La renuncia de Marchena a la presidencia del Supremo y el CGPJ que, suponemos que con su conocimiento, pre-votaron PP, PSOE y Podemos, brindó ayer una posibilidad de enmienda digna a todos los protagonistas del bochorno. No la aprovecharon. Lo esencial era que, como pedimos aquí el viernes, se cancelara ese nombramiento que suponía la eliminación de un presidente de tribunal molesto para los golpistas y la entrega del CGPJ y la renovación de dos tercios del Supremo al soviet mafioso de los garzones. Hecho está. Los jueces no salen indemnes de esta prueba de compadreo con los políticos, pero Marchena ha salvado lo que Sancho llamaba "la negra honrilla". En cambio, los partidos protagonistas del inmundo enjuague (todos, salvo Cs) perdieron ayer la ocasión de "hacerse un Marchena" y ahorrarnos la humillación de culparse mutuamente por destapar la infamia.

Casado parece empeñado en que Rivera vuelva a ser, como hace seis meses, el voto útil del centro derecha, si Valls no lo entierra antes en la gauche caviar. Ayer tuvo la ocasión de echar a Cosidó, como era su obligación tras el grotesco mensaje, típico de Catalá, con el que presumía de controlar lo que, como ha demostrado Marchena al renunciar, ni controló ni controlará. En vez de echarlo, lo sacó, cojo y todo, a jugar contra Sánchez, que como, intelectualmente, es el buey del Belén, mugió contra el wassap de la vergüenza y tras criticarlo... pidió volver a pactar. ¿Cabe mejor prueba de que el PSOE y sus aliados golpistas salían ganando con el apaño?

Casado hizo tres cosas mal: sacar a Cosidó como si fuera el caballo de Sergio Ramos, denunciar al PSOE por chivato y pedir que se cambiara el sistema de elección del CGPJ ateniéndose literalmente a la Constitución. Si quiere cambiar el sistema, ¿qué sentido tiene llamar "sucia" a Delgado, que se lo facilita? Si quiere evitar la imagen de politización de la Justicia, ¿por qué mantiene a Cosidó? Y dado que la Constitución ha sido reescrita por el Constitucional, ¿por qué no se suma a la propuesta de Ciudadanos para que los políticos quiten sus sucias manos del CGPJ?

Lo de Marchena es un enorme alivio que deberían imitar todos los jueces hasta pasado el juicio a los golpistas y las Generales. Lo del PP y el PSOE volvió a ser lamentable. Y lo de Casado con Rivera está pasando de rivalidad a caridad.

El juez que dijo basta de política
EDITORIAL El Mundo 21 Noviembre 2018

En la vida de las naciones hay momentos en que su progreso depende de un juez que dice basta. Eso ha hecho Manuel Marchena en un comunicado que está llamado a hacer historia, siempre y cuando los políticos no terminen traicionando la invitación a la reforma que alienta en su histórica decisión. Porque la renuncia del magistrado a su designación como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial -por primera vez en nuestra democracia- no solo ha dinamitado el acuerdo entre el PP y el Gobierno, sino que abre de par en par la posibilidad de revisar el sistema de elección del gobierno de los jueces, en consonancia con lo reclamado por el Consejo de Europa y con la propuesta de regeneración que viene sosteniendo EL MUNDO desde su fundación. La politización de la Justicia es una lacras vergonzante de nuestra democracia, y el comunicado de Marchena debería marcar la hora de su final.

Si la salud de su Justicia mide la salud de una democracia, España padece una enfermedad agravada en los últimos tiempos por una increíble combinación de necedad, ambición de poder, deseo de impunidad, obscenidad comunicativa y absoluta carencia de sentido de Estado por parte de sus élites políticas. El PP y el PSOE pensaron que de nuevo podrían pastelear impunemente el CGPJ a su gusto e interés como llevan haciendo desde 1985, pero esta vez ni siquiera se molestaron en guardar las formas. El anuncio del Gobierno del nombre de Marchena como futuro presidente antes incluso de que los vocales se sentaran a elegirlo, sumado a la filtración del mensaje difundido por Ignacio Cosidó -buscaba calmar a los senadores de su partido encareciendo la "estupenda jugada" que suponía "controlar desde detrás la Sala Segunda"- fue demasiado para Marchena. Estaban poniendo en almoneda su prestigio a la vista de todos los españoles y, por cierto, del Tribunal de Estrasburgo, al que sin duda recurrirán los independentistas para tratar de impugnar por parcialidad las sentencias que les afecten de entre las que pueda dictar, singularmente la del 1-O, clave de todo este drama. El daño infligido al crédito del Poder Judicial es por eso incalculable.

Lo de menos es que Marchena tomara la decisión llevado por el temor a la recusación o asqueado por la grosera utilización de su candidatura como moneda de cambio partidista. Lo fundamental es que ha dicho basta, y que ese gesto -que implica la renuncia a la cima de la carrera judicial, un puesto que le pertenecía por derecho propio y que se le escapa por culpas ajenas- marca un punto de inflexión en el hartazgo ciudadano. De igual modo que ya no se tolera la falta de transparencia fiscal de nuestros dirigentes, la sociedad ha dejado de soportar la invasión de la política en el nombramiento de los jueces, porque ya a nadie se le oculta que de esos jueces depende el destino penal de los políticos que los nombran. La corrupción de unos y la rebelión de otros están en el origen inconfesable de este desastre institucional.

De Pedro Sánchez, el hombre que en la oposición prometió que los partidos sacarían las manos de la Justicia pero que en el poder las ha metido hasta la cocina para contentar a los independentistas de los que depende su supervivencia en Moncloa, no esperamos ya casi nada. De Pablo Iglesias, que a la primera ocasión se ha sumado con avidez al reparto, mucho menos. Pero de Pablo Casado, que venía a romper con las peores prácticas del marianismo, esperábamos mucho; nos decepcionó con su implicación a través de Rafael Catalá en el cambalache del CGPJ, pero ahora la dignidad de Marchena le brinda la oportunidad de redimirse. Urge que la aproveche si no quiere perder todo crédito renovador. En cuanto a Albert Rivera, es el único que se salva, porque siempre se mantuvo al margen del infame conchabeo. En adelante, los partidos tendrán que retratarse por su grado de aprecio a la separación de poderes. Es hora de resucitar a Montesquieu.

Montesquieu ha renacido
TSEVAN RABTAN El Mundo 21 Noviembre 2018

Alfonso Guerra asesinó, o al menos enterró, a Montesquieu en el imaginario popular, por más que el político socialista lo desmintiese en sus memorias con poco éxito. En realidad, el crimen atribuido a Guerra era injusto, ya que la víctima no era Montesquieu, sino una versión posterior, edulcorada y dogmática: el Estado constitucional como máquina de precisión, capaz, por arte de birlibirloque, de garantizar la libertad ciudadana por su simple despliegue jerárquico y luminoso. Lo curioso es que a Montesquieu lo de la separación de poderes no le importaba gran cosa, como descubrí con sorpresa, al leer, hace ya muchos años, Del espíritu de las leyes y encontrarme buscando por todas partes tan conocida doctrina, sin apenas encontrarla.

El tono de la obra recuerda más a El Príncipe de Maquiavelo que a las de sus contemporáneos ilustrados. Montesquieu no pensaba en máquinas, sino en organismos vivos, susceptibles de enfermar. Por eso se centró en los contrapesos en el ejercicio del poder, más que en su división en compartimentos. De hecho, su modelo influyó, con muchas adaptaciones, en el constitucionalismo estadounidense, un sistema en el que la intromisión abiertamente política del poder ejecutivo y legislativo en el judicial es constante.

Montesquieu tampoco postuló un poder judicial. Para él, los jueces solo declaran «lo justo» y para su cumplimiento han de contar con el Ejecutivo y sus facultades de policía. En su modelo, la autoridad de los jueces deriva de su independencia, pero, al decir el derecho y no crearlo, realmente carecen de poder. Esta versión poco realista se vio superada por un poder judicial problemático: en primer lugar, porque el control de constitucionalidad sí atribuye a algunos jueces la facultad de crear derecho y derogarlo; en segundo lugar, porque, aunque el juez sea independiente, existe el riesgo del uso político de la judicatura, mediante ascensos y castigos, lo que permite a los otros poderes promover a jueces afines; en tercer lugar, porque, dependiendo de la solución que adoptes, existe el peligro contrario, que surge en el momento en que concedes a un cuerpo de magistrados no elegidos democráticamente capacidad para organizarse.

El problema de cualquier sistema formalmente válido que pretenda minimizar estos riesgos es que termina dependiendo de factores externos. Hay algo godeliano en esto: te tienes que salir del sistema y examinar su práctica para decidir si vale o no. Como cuando planteamos la cuestión de república versus monarquía: ¿cuál es mejor? Si optas en el papel por la república, luego te entran sudores fríos cuando comparas la república bolivariana con la monarquía sueca.

En todo caso, la solución del legislador constitucional español fue clara: de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, ocho serían nombrados por las Cortes y reflejarían el pluralismo político, y 12 serían nombrados por los jueces y reflejarían el pluralismo judicial. La regulación en la vieja ley de 1980 trasladó esa idea, pero la ambigua redacción del art. 122 de la Constitución permitió a los socialistas, en 1985, realizar una interpretación abusiva -en mi opinión- que fue avalada por el Tribunal Constitucional. El incentivo de los socialistas era doble: desplegar, en el poder judicial, su hegemonía política durante los años 80 y evitar el sesgo conservador de la mayoría de los jueces de carrera de la época.

El TC, en su sentencia 108/1986, de 29 de julio, tras doblar la cerviz, expresó una premonición que sonaba a oración fúnebre: "Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atienden sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos.(...) La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma constitucional, parece aconsejar su sustitución, pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez (...)".

Una vez los partidos se drogaron, su adicción arraigó y se hizo más profunda, aunque de cuando en cuando anunciasen su voluntad de rehabilitarse. El abuso del sistema creó incentivos perversos. Los jueces y magistrados que querían hacer política en la carrera judicial ya no tenían que vender parte de su alma a sus compañeros -o no solo-, sino que la transacción la tenían que hacer con los políticos de turno. El lado oscuro se manifestaba cuando los vendedores se ocupaban luego de nombrar a los que juzgarían a los compradores. Es indiferente que esto se tradujese o no en corrupciones concretas; basta con saber que las abonó. Y no solo eso, sino que, al introducir un juego de precios y favores, todo quedó contaminado, incluso aunque no fuera esa la intención de los elegidos.

Porque, y esta es la clave, el problema realmente no es del sistema en sí. Volvamos a Montesquieu. El barón, al ocuparse de Roma y de sus instituciones, destacó el ejercicio de la magistratura conforme a ciertas virtudes: personajes paradigmáticos por su honradez dotaron de sentido a los cargos al esculpir una imagen de lo que deberían ser. No se trata de confiar en la suerte, sino de defender el poso de una cierta forma de hacer las cosas.

La traducción práctica de lo anterior nos lleva a una situación dinámica siempre en el filo: la ley puede crear contrapesos y modelar el cambio, pero sin la presencia de una potente opinión pública, apoyada en el miedo del político al castigo, cualquier sistema, por bien diseñado que esté, puede fracasar. Hace 10 o 15 años, el magistrado Marchena no habría renunciado a nada, casi con total seguridad, ni habría publicado una carta como la que publicó ayer. No hablo de sus convicciones éticas o de su honestidad. No lo habría hecho porque esto no habría sido un escándalo. Hoy, Marchena se enfrentaba a un escenario en el que corría el riesgo, a pesar de su currículum, de ser considerado un mero lacayo.

Frente a los que llevan años augurando el colapso del "corrupto y poco democrático" sistema del 78, las convulsiones de los últimos años demuestran que hay malos comportamientos que fueron tolerados y que ya no lo son tanto. Cometeríamos un error centrándonos en el síntoma y obviando la corriente de fondo. Esto vale para los partidos, además. En esta crisis, solo ha habido un ganador: Ciudadanos. El único partido que renunció a hacer lo que se había hecho siempre.

El aparato institucional y la ley, que es su idioma, no se justifican por sí solos. En cierto sentido, su contenido es negativo por formal. La necesidad de ajustarse a una forma es la manera de controlar el impulso de inventarlo todo, de golpe, sin sosiego, sin considerar lo que ya han pensado otros antes sobre las mismas cuestiones. El pesado aparato institucional nos obliga a cerner nuestros discursos, a ahormar la discusión sobre los asuntos del comer, evitando males mayores. Pero la forma, la ley, no basta. Dice Montesquieu: "Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir". Para evitar el abuso de poder, el poder ha de limitar al poder mediante una disposición de las «cosas». De las cosas, no de las leyes. La solución de los conflictos, la búsqueda de acuerdos -siempre provisionales- entre fuerzas contrapuestas, no se logra limitándonos a la construcción de un sistema correcto. Es precisa una práctica honesta. La tempestiva carta de Marchena ha revivido a Montesquieu, al verdadero, al que reclama la virtud del gobernante, ideal al que solo nos aproximamos cuando los ciudadanos ejercemos nuestro poder castigando la corrupción, la mentira y la tentación del despotismo. Importa esto mucho más que cuál sea el sistema de elección.

Tsevan Rabtan es autor de Atlas del bien y del mal (GeoPlaneta, 2017).

Un par de jueces
SANTIAGO GONZÁLEZ El Mundo 21 Noviembre 2018

"Los hombres duros no bailan", escribió Norman Mailer, y los jueces buenos no tuitean. Por eso Manuel Marchena ha escrito un comunicado cuya esencia manifiesta: "Anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido (...) entre los candidatos al puesto de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial". Marchena no es Bosch Grau, no sé si me entienden. Él ha puesto una dosis de dignidad tan necesaria como infrecuente en la España del pedrisco.

Marchena puso los trinos justo al día siguiente de que Cosidó encadenara con mucho virtuosismo sus roznidos. El primero de sus errores fue enviar a sus compañeros del Senado 'whatsapps' a tutiplén, jactándose del fichaje de Manuel Marchena y de que el partido podría "controlar las Sala Segunda desde detrás". No hizo ninguna consideración sobre la posibilidad de que el apartamiento del juez Marchena del tribunal que ha de juzgar a los golpistas catalanes pueda tener efectos en unas fechas ya próximas a la apertura del juicio oral. Cosidó dio por buena la negociación de Rafael Catalá que incorporó al CGPJ al juez que metió en su sentencia de la Gürtel las dos morcillas jurídicas que justificaron la moción de censura y hasta los argumentos que en aquella infausta sesión empleó Rivera antes de abstenerse, aunque tenía razón en su valoración global: "Marchena pone la dignidad; Casado y Sánchez, la vergüenza". Un mea culpa sobre sus argumentos espurios en la moción y le habría quedado perfecto.

José Antonio Zarzalejos modulaba un tuit inobjetable: "Lo que procede es que Pablo Casado pida la dimisión de Cosidó y declare perdida su confianza en Catalá por una cuestión de dignidad". El doctor Plagios se ha mostrado muy de acuerdo con la renuncia de Marchena. Uno hubiera preferido que renunciara José Ricardo de Prada, que era candidato de Sánchez. Pero estará bien que Marchena siga en la Sala Segunda y él debería pedir otro tanto a Lola Delgado por una serie de motivos que no cabrían en esta columna y que se rematan con su corresponsabilidad en el acuerdo con su antecesor, aunque más tonto estuvo el negociador del PP, las cosas como son. Mientras llega la necesaria reforma de la LPJ, uno se agarra a su pelotón spengleriano, a la pareja que forman Llarena y Marchena.

Varapalo de Bruselas: las cuentas de Sánchez ponen en riesgo el cumplimiento fiscal
La Comisión pide más medidas a España para evitar el desvío Presupuestario. Según las últimas previsiones de las autoridades comunitarias, el déficit se mantendrá por encima del 2% en 2019
Teresa Lázaro vozpopuli.es 21 Noviembre 2018

Nuevo Varapalo para el Gobierno de Pedro Sánchez que hace dudar hoy más que nunca del tiempo que durará la legislatura. A Bruselas no le convencen los planes presupuestarios de España por el riesgo de incumplimiento que suponen a largo plazo. Vamos, que los Presupuestos no cumplirán con la reducción de déficit y deuda que esperaban las autoridades comunitarias, lo que lleva a Comisión a dar un tirón de orejas a España, sin tumbar, eso sí, unas cuentas que ni siquiera han llegado a presentarse oficialmente.

Lo cierto es que Bruselas expresó sus dudas desde el principio. Ante la imposibilidad de presentar un Presupuesto cerrado, el Gobierno incluyó las principales líneas del acuerdo cerrado con Unidos Podemos en el plan presupuestario que envió a mediados de octubre. No fue suficiente, la Comisión pidió más datos por carta. Y poco después presentó sus previsiones de otoño, en las que ya puso de manifiesto su poca fe en la reducción del déficit.

Y hoy no hace otra cosa que certificar estas dudas. El dictamen definitivo sobre el plan presupuestario dice que el déficit español dejará atrás la barrera del 3% del PIB este año, por lo que el país saldrá del brazo correctivo del proceso por déficit excesivo y pasará a estar en el lado preventivo de este procedimiento de vigilancia comunitaria.

Dudas sobre los nuevos impuestos
Pero el plan presupuestario presentado, muestra cierto "riesgo de incumplimiento" del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019, con una desviación significativa de la ruta de ajuste requerida hacia el medio plazo, del objetivo presupuestario a largo plazo y de la reducción de la deuda exigida en 2019.

En sus previsiones, Bruselas dudó, en concreto, de algunas partidas de ingresos, como los que van a generar los nuevos impuestos (Tasa Google y Tasa Tobin) y la subida del SMI a 900 euros. Y también duda de algunos gastos, aunque quiso dejar claro entonces que sus sus pronósticos se basaban en una evaluación "cautelosa" de las medidas incluidas en el plan.

Por otro lado, la Comisión ha pedido abrir un expediente por déficit excesivo a Italia por su elevada deuda pública, que se encuentra en el entorno del 131% del PIB, y por la ausencia de medidas para reducirla, un aspecto que incumple las reglas establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que podría desembocar en una multa de unos 3.500 millones de euros.

"El análisis sugiere que debe considerarse que no se cumple el criterio de deuda definido en el Tratado y, por tanto, está justificado un procedimiento de déficit excesivo basado en la deuda", señala el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Más deuda pública, menos inversión empresarial
Despreocuparse de la evolución de nuestro déficit y de nuestro 'stock' de deuda pública es una política harto imprudente y cortoplacista
Juan Ramón Rallo elconfidencial 21 Noviembre 2018

La posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez consiga sacar adelante sus Presupuestos va alejándose con el paso de los días. Pero ello no altera que el Ejecutivo aspire a gobernar por decreto sobre la base de una senda de déficit, la suya, que todavía no ha sido aprobada por las Cortes y que, en todo caso, supondría una importante relajación con respecto a la senda actualmente vigente (en particular, el PSOE quiere establecer un objetivo de déficit para 2019 del 1,8% del PIB frente al 1,3% actual). La decisión acaso parezca lógica en un contexto financiero en el que el sobreendeudamiento estatal no parece estar pasándonos una muy acusada factura: si la prima de riesgo está bajo control, ¿por qué obsesionarse por priorizar el ritmo de reducción de déficit?

Una primera respuesta podría ser la de que necesitamos salvaguardar la solvencia del Reino de España: mientras mantengamos un elevado endeudamiento público, no terminaremos de estar a salvo frente al riesgo de una eventual suspensión de pagos, con todo lo que ello implica: quiebra bancaria generalizada, salida del euro, fuerte depreciación de la nueva divisa y huida masiva de capitales. Y aunque se trate de un riesgo con una probabilidad baja de ocurrencia, el daño potencial que podría llegar a generar es tan grande que solo eso bastaría para justificar una política económica orientada a restablecer nuestra solvencia, esto es, a acelerar la reducción del déficit.

Con todo, es verdad que pedirles a nuestros políticos que se preocupen por problemas a muy largo plazo (por ejemplo, la sostenibilidad del sistema de pensiones) o con una probabilidad muy baja (en este caso, la suspensión de pagos del Estado) es tanto como pedirle agua a la piedra pómez. Los políticos no piensan más allá del ciclo electoral previsible, pues su objetivo es maximizar el valor esperado de sus votos. Así que acaso convenga ofrecer otra razón más relacionada con sus intereses cortoplacistas acerca de por qué urge sanear nuestras cuentas públicas.

Así, el sistema financiero español (sin contar al Banco de España) posee ahora mismo 415.000 millones de euros en deuda pública nacional. Un aumento del tipo de interés de nuestros bonos —derivado no solo de una progresiva normalización de la política monetaria del BCE sino también de un agravamiento de nuestros diferenciales por riesgo en un contexto global menos complaciente hacia el exceso de deuda— reduciría su valor de mercado y, por tanto, descapitalizaría a sus inversores: es decir, un incremento del tipo de interés de la deuda pública, sin necesidad de pronosticar ninguna espiral catastrofista que nos conduzca al impago, ya acarrearía por sí solo efectos negativos sobre la solvencia de nuestro sistema financiero y, más en particular, sobre nuestra banca. Y, a su vez, una banca más descapitalizada es también una banca a la que se le encarece el acceso a la financiación y con menor capacidad para ofrecer crédito a aquellos deudores marginalmente menos solventes: por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas. Finalmente, menos crédito para pymes (o crédito más caro para ellas) significa menor inversión empresarial y mayor estancamiento económico.

O dicho de otra manera, aun cuando las actuales emisiones de deuda pública puedan no estar acarreando en el presente un fuerte efecto expulsión ('crowding out') de la inversión privada, es muy probable que sí terminen generándolo en el futuro cercano a través del circuito ya descrito: aumento de tipos, caída del valor de la deuda, descapitalización de la banca, racionamiento del crédito y minoración de la inversión empresarial. Tales efectos, por cierto, no dependen del hecho de que los bancos reflejen esas pérdidas latentes en sus balances (si por ejemplo clasifican la deuda pública como inversión a vencimiento, no ajustarían su valor al precio de mercado): basta con que los acreedores de la banca, y la propia banca, sean conscientes de cuál es la realidad subyacente.

Ahora bien, un recalcitrante defensor de los déficits públicos podría cuestionar que todo este conjunto de hipótesis especulativas describan fielmente la realidad: esto es, ¿contamos con evidencias de que este proceso de 'crowding out' resulta verdaderamente relevante dentro de nuestras economías modernas o se trata de una mera elucubración no contrastada?

Hace unas semanas, tres economistas italianos —Pierluigi Balduzzi, Emanuele Brancati, Fabio Schiantarelli— publicaron los resultados de su investigación acerca de cuáles fueron las consecuencias del incremento de los tipos de interés de la deuda pública italiana sobre la inversión del país durante los turbulentos años 2010 a 2012: en particular, el incremento del riesgo experimentado por Italia solo en 2011 (un aumento de 300 puntos básicos en los 'spreads' de sus CDS) generó un hundimiento de la inversión (solo durante ese año) equivalente al 1% del PIB o, alternativamente, al 5% de la inversión agregada (además, tengamos en cuenta que esa caída de la inversión se concentró en los sectores más dependientes del crédito bancario, lo que significa que en esas industrias la reducción de la inversión fue muy superior al 5%). Más deuda, mayor riesgo país, más descapitalización bancaria, menor crédito, menor inversión.

En definitiva, despreocuparse de la evolución de nuestro déficit y de nuestro 'stock' de deuda pública es una política harto imprudente y cortoplacista: no ya porque en el futuro habrá que amortizar semejante volumen de pasivos con mayores impuestos o con menores servicios públicos (pan para hoy y hambre para un mañana lejano), sino porque el incremento del riesgo financiero de nuestro país conlleva un muy fuerte freno a la inversión empresarial (pan para hoy y hambre para un mañana cercano). Una clase política moderadamente responsable habría tratado de acelerar la corrección de nuestros desequilibrios presupuestarios para así dejar de acumular nueva deuda: el PP, sin embargo, renegoció en varias ocasiones la senda de déficit para disponer de mayor munición de gasto ante los distintos comicios electorales que fue afrontando. Y el PSOE de Pedro Sánchez avanza por la misma negligente senda financiera.

Marchena, Sila y Carlos V
RAÚL DEL POZO El Mundo 21 Noviembre 2018

Para los historiadores las dos dimisiones más sonadas de todos los tiempos fueron la de Lucio Cornelio Sila que renunció a ser dictador y la de Carlos V que cedió la corona a su hijo Felipe II. Recientemente abdicaron Juan Carlos I y el papa Benedicto XVI en abdicaciones inducidas. Hace unas horas renunció a ser nada menos que el presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, rompiendo la última tropelía del bipartidismo. El magistrado ha ridiculizado el corrupto mensaje del portavoz del PP en el Senado, en el que presumía de tener controlada para su partido la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El de Marchena es un gesto heroico que rompe los códigos de conducta de nuestra clase dirigente, reventando un acuerdo en el que quedaba como un títere al servicio del PP .

Marchena ha ganado el primer gran combate para la despolitización de la Justicia y la separación de poderes. Albert Rivera, que no ha entrado en el reparto de puñetas, resume así la noticia: "Marchena pone la dignidad; Casado y Sánchez, la vergüenza". El presidente del Gobierno no sé si con ironía o sarcasmo, ha dicho: "Lamento y mucho que hayamos perdido una persona de tanto prestigio y categoría".

Después de la recesión y la crisis política algunas instituciones han quedado dañadas. La Justicia, que gozaba de respeto o miedo por parte de los ciudadanos, empieza a ser desprestigiada por su politización, el pasteleo y los chanchullos a los que la someten los partidos. En los últimos años España fue un banquillo, un comité de salud pública, una pasarela por la que desfilaron presidentes de Gobierno, generales, príncipes, duques, banqueros, y ahora van a desfilar gobernantes de comunidad acusados de rebelión. El monstruo de la multitud -la gente- pedía venganza, y la hubo más que en ningún otro estado de Europa. Pero lo que se llamó ordalía catódica ha pasado a convertirse en un esperpento. Antes, cuando los escándalos y empapelamientos de la corrupción, escribió Javier Gómez de Liaño, "el país cada día se parece más a un gran estrado donde, unos ejercen de jueces de la horca, otros de fiscales de corral, y el resto de abogados del diablo; se juzga, se condena y se manda a la cárcel a todo bicho viviente, sin que falten los partidarios de la guillotina o del garrote vil". Pero como los partidos eran presuntos implicados y después culpables, y como la corrupción era el alma del sistema y había simetría consensuada, la Justicia quedó tocada. La actitud del juez Marchena prueba que aún hay pasión, coraje y afán democrático, por independizar la Justicia, que cuando se corrompe, pudre al Estado.

Marchena desata una rebelión de jueces, hartos de ser utilizados por PP y PSOE
Miguel Blasco esdiario 21 Noviembre 2018

La carrera judicial respira aliviada tras el "ejemplo de dignidad" del candidato frustrado a presidir el Supremo. Así ha sido la intrahistoria de un fracaso político sin precedentes.

Varios magistrados del Tribunal Supremo consultados por ESdiario coinciden en que el portazo, "espantada" según algunos de ellos, de Manuel Marchena y su renuncia a pilotar el renovado Poder Judicial ha sido recibida en la carrera con "alivio". "Es el final más digno a un proceso repleto de indignidades", remacha uno de estos jueces, afín al llamado sector conservador de la magistratura.

De hecho, la renuncia de Marchena ha sido vista como una oportunidad para las distintas asociaciones judiciales, que ya se habían mostrado muy críticas con el procedimiento. Y de hecho, en estas últimas horas, crece una especie de rebelión entre los juristas con el intento de acabar con su elección para los órganos judiciales a manos de los políticos.

El propio Pablo Casado ha pedido a los suyos nuevas fórmulas mientras Sánchez, por contra, se ha mostrado en el Senado contrario a que los magistrados se gobiernen con sus propias normas.

Son muchos juristas, también fiscales, abogados y procuradores, los que mantienen que al actual presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal -un hombre extraordinariamente respetado por sus compañeros, más allá de militancias ideológicas- se lo pusieron muy díficil "desde el minuto uno".

A base de testimonios de unos y otros, los habituales del Palacio que alberga el Supremo en la madrileña Plaza de la Villa de París y el edificio anexo del Consejo General del Poder Judicial en la calle Marqués de la Ensenada, se han podido hacer ya una idea con la intrahistoria de una decepción, "traición" claman los más osados, la de un Marchena víctima del Gobierno y de los principales partidos políticos, con la excepción de Ciudadanos, que ha permanecido ajeno a este nuevo esperpento de la era Sánchez.

Según fuentes judiciales, Marchena "pecó de buena fe" tras el ofrecimiento del presidente del Gobierno para pilotar la renovación de un Poder Judicial "achicharrado" tras el escándalo de la Sala Tercera con la sentencia del impuesto a las hipotecas bancarias. Y en el peor momento, en vísperas del juicio al procés.

Con esa buena fe, aceptó ser la "guinda del pastel" de un pacto político cocinado por la ministra Dolores Delgado y por su antecesor, Rafael Catalá, pero ideado y apadrinado por Pedro Sánchez y Pablo Casado tras su primera entrevista en La Moncloa después de la llegada de éste a la Presidencia del PP.

Pero a Marchena le llegó con la oferta un compromiso de La Moncloa: pese a este tutelaje político, los nuevos miembros del CGPJ iban a responder "por primera vez" solo en base a su formación, experiencia e independencia de criterio, acabando con la perversa dinámica de bloques de las últimas décadas.

Y por ello, el magistrado aceptó el ofrecimiento con una garantía: primero se darían a conocer los nombres de los 20 nuevos vocales y, tras su preceptivo examen parlamentario, el suyo como sustituto de Carlos Lesmes como cuarta autoridad del Estado para los próximos cinco años.

Así que la filtración de su candidatura en el minuto uno desde La Moncloa, ratificada al instante por Génova 13, y los primeros comentarios publicados sobre una supuesta maniobra para sacarle del tribunal que va a juzgar el procés, fue recibida por Marchena como la primera "traición".

Y tras ella, el descarado intento de Podemos de controlar el nuevo CGPJ con hasta cuatro vocales en el sector de la izquierda, y la imposición por Pablo Iglesias de la juez y exdiputada morada, Victoria Rosell. Una maniobra que Marchena se encargó de desactivar personalmente trasladando su enfado al propio PSOE.

Rafael Catalá y Dolores Delgado, los ejecutores del cambalache, salen "incendiados" tras la espantada del magistrado Marchena.

Pero, además, hasta los oídos de Marchena llegó lo que Iglesias iba diciendo de esta "nueva fase" en el Poder Judicial engendrado"con un presidente conservador pero con una estrategia de izquierdas".

Y los argumentos de los dirigentes de Podemos, sobre todo tras el esperpento de la resolución sobre las hipotecas. Del tipo "los magistrados deben saber que la Justicia emana del pueblo". Los mismos lemas que los manifestantes convocados por Iglesias corearon el sábado 10 a las mismas puertas del Supremo.

Y mientras Marchena comprobaba las intenciones de Podemos de convertir a los magistrados del Alto Tribunal en títeres de sus mentores políticos, este lunes llegó la puntilla desde las filas del PP con el insólito whatsapp de su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó. "Controlaremos la Sala Segunda del Supremo desde atrás", les dijo a los suyos.

Demasiado para Marchena, que tiene a gala y presume de una trayectoria basada en su independencia y su profesionalidad. De ahí la espantada, traicionado por el PSOE, amenazado por Podemos y apuntillado por el PP.

Sánchez sentencia a Lesmes tras el espectáculo dado por el Supremo: lo quiere fuera
Según las fuentes judiciales consultadas por ESdiario, tras el portazo de Marchena y la decisión de Pablo Casado de dinamitar su acuerdo con Sánchez, el viejo Poder Judicial y su presidente, Carlos Lesmes, va a seguir en sus plenas funciones al menos hasta el primer trimestre de 2020.

Con esta prórroga no prevista en La Moncloa, el juicio contra los procesados por el referéndum ilegal del 1-O seguiría en principio en las manos de Marchena. Y Lesmes va a tener que decidir algunas renovaciones pendientes en la cúpula judicial. De hecho, el nuevo Consejo que iba a presidir Marchena tenía en su agenda la sustitución de 29 de los 79 magistrados del Tribunal Supremo.

Todos ellos superarán en los próximos cinco años la edad de jubilación. Son los mismos que hoy respiran aliviados por la voladura del plan Sánchez diseñado en La Moncloa para el Poder Judicial.

CGPJ: Marchena dinamita el ominoso acuerdo PP-PSOE
EDITORIAL Libertad Digital 21 Noviembre 2018

La renuncia de Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha frustrado el vergonzoso reparto que habían pactado el PSOE y el PP en el órgano de gobierno de los jueces. Es una buena noticia que no debe ocultar el fondo de sordidez de un acuerdo entre un PSOE aupado al poder por los golpistas catalanes y los comunistas proiraníes y un PP que se disponía a volver a las andadas del rajoyismo más suicida rastrero.

De los socialistas acaudillados por Sánchez nada cabe esperar: ni siquiera son capaces de disimular sus tendencias totalitarias y su colosal irresponsabilidad. En cambio, quedan mucho menos claras las razones del PP para un pacto por el que entregaba la Justicia a lo más radical y sectario de la izquierda. Casado llegó a la Presidencia del PP, precisamente, para acabar con enjuagues así, que son una afrenta a la democracia y un ejemplo de corrupción mucho más grave que el representado por los casos a los que se dedican decenas de portadas.

La rectificación forzada de este martes deja muy tocados a algunos de los portavoces populares, que habían defendido con denuedo el apaño indefendible, y es dolorosa políticamente hablando, pero mucho mejor que lo que iba a ser la enésima traición a los principios y votantes del partido de Casado, y encima ya sin un Rajoy de por medio al que cargar el muerto.

Con la ruptura del pacto de la infamia y la imposibilidad de llegar a una nueva componenda –parece que por fin el PP se ha dado cuenta de que ni puede ni debe acordar nada con este PSOE– se conjura igualmente una peligrosa maniobra para desestabilizar la sala del Supremo que ha de resolver uno de los juicios más importantes de la democracia: el que sentará en el banquillo a buena parte de los autores del intento de golpe de Estado separatista.

Sólo queda desear que el gesto de Marchena sea un ejemplo y jueces y fiscales asuman que la mera connivencia con pactos así conlleva un descrédito del que es prácticamente imposible recuperarse. Si ningún juez se prestase a ser marioneta de los políticos, el asalto a la división de poderes que pergeñó el PSOE en 1985 moriría de muerte natural, y con él terminarían más de tres décadas de una práctica descaradamente inconstitucional que provocado grandes daños a la democracia.

La derrota de Sánchez
Emilio Campmany Libertad Digital 21 Noviembre 2018

Marchena ha prestado un servicio impagable a la Justicia española. Desde los tiempos de la Transición, el PSOE siempre ha deseado quebrar la independencia del Poder Judicial para evitar que los jueces controlaran sus desmanes, que no sólo eran los de la corrupción. Felipe González no vestiría hoy el disfraz de estadista que lleva, sino que se vería como el líder fundador de una banda terrorista que fue, si los jueces que deberían haberle juzgado hubieran sido realmente independientes. Luego, el PP faltó en dos ocasiones a su palabra de devolver la independencia a la Justicia para poder igualmente mangonearla, aunque también en eso son más torpes que los socialistas.

Finalmente, llegó el intento de golpe de Estado de los separatistas catalanes. Eso lo cambió todo. Tanto el PP como el PSOE quisieron pastelear una solución política que permitiera a los golpistas salir impunes de la intentona. Naturalmente, la víctima de ese pastel sería el régimen de 1978. Hubo dos actores que frustraron tan perverso plan. Por supuesto, el rey. Y luego, animados por el discurso del monarca, los jueces, que, en esta ocasión tan grave, decidieron obrar con la independencia que, en otras ocasiones, no tan importantes, les faltó. No se trata sólo de Llarena, aunque su caso sea el más obvio. Me refiero a todos los jueces que, en Cataluña, persiguen hoy como pueden los muchos desmanes del independentismo en el poder sin ningún apoyo de éste ni del anterior Gobierno. Y también hablo de todos aquellos que exigieron que el Ministerio de Justicia, hasta entonces indiferente, auxiliara a Llarena frente al intento de los golpistas de que la Justicia belga lo empitonara.

Ahora, el PSOE pretendía, como siempre, apoderarse del Poder Judicial. Sin embargo, la situación es mucho más grave que en la época de González. Sánchez pretendía compartir ese control con los enemigos del régimen, los comunistas de Podemos y los independentistas catalanes. Ya no es cuestión de ocultar corrupciones, abusos y atajos antiterroristas. Ahora el objetivo es utilizar el Poder Judicial para reformar el régimen. No es casualidad que Garzón, el maestro del uso alternativo del Derecho, controle el Ministerio de Justicia a través de Delgado. Por lo tanto, con ser ya muy grave, el propósito no era sólo conseguir para los golpistas, en la medida de los posible, una condena benévola. El fin primordial era impedir que los jueces fueran un obstáculo para la transformación de España que izquierdistas y nacionalistas esperan pactar.

Marchena ha desbaratado la odiosa trama. Por primera vez, los jueces se niegan a ser controlados por los otros dos poderes del Estado. Aunque todo llega un poco tarde, llega a tiempo. En España, mal que bien, sigue habiendo jueces independientes. España, a pesar de sus gobernantes, sigue siendo un Estado de Derecho. España, gracias en esta ocasión a su rey y a sus jueces, sigue siendo una nación. Sánchez, Iglesias y Junqueras han sufrido hoy una gran derrota. Es una gran noticia.

¡Gracias por ser tan ineptos!
José García Domínguez Libertad Digital 21 Noviembre 2018

Dios, definitivamente, escribe recto con renglones torcidos. Cuando ya todo parecía perdido para la causa de la higiene democrática en esa subasta de pescado podrido, la de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, la superlativa burricie ontológica, congénita, diríase que estructural, de los apoderados de PP y PSOE habilitados por sus jefes de filas para consumar el enredo ha logrado obrar el prodigio de que la burla entera acabase saltando por los aires. Bendita incompetencia. Divina necedad. Prodigiosa idiocia. Adorable ineptitud. Por ventura, la tarea siempre delicada de pervertir entre bambalinas, y hasta hacerlo por entero irreconocible, el principio mismo de la división de poderes estaba en esta ocasión en manos de genuinos aficionados. De ahí esos modos tan toscos en la ejecución del crimen y, sobre todo, la obscena ristra de pruebas del delito que fueron dejando a su paso, incluido el teclado virtual del iPhone. Insólito reguero de comprometedoras indiscreciones, las de unos y otros, mucho más propia de un chat de adolescentes que de cualquier empresa que se quisiera adulta.

Por lo demás, llueve sobre mojado. Recuérdese que el Ejecutivo de Rajoy tampoco se abstuvo en su día de filtrar a la prensa que el entonces inminente presidente del Tribunal Supremo, en teoría figura a designar por los vocales del Consejo según ordena el artículo 123 de la vigente Constitución, sería un señor amigo suyo que respondía por Carlos Lesmes Serrano. Pero eran otros tiempos. Unos tiempos que ya estaban cambiando aunque el registrador de Santa Pola no se quisiera dar por enterado. Imposible así que la espinilla no les acabara reventando ahora en la mejilla. Y al final se la ha tenido que extirpar un juez con un mínimo, elemental sentido del pudor. ¿Y ahora qué? Pues, ahora, Casado va a tener la oportunidad de enmendarse para, entre otras cosas, no dejar en manos de Ciudadanos el monopolio exclusivo de la defensa de la decencia democrática. En política, como en la vida, muy pocas veces hay una segunda oportunidad. Y el bisoño líder del Partido Popular debería no desperdiciar esta tan inopinada que le acaba de caer del cielo.

Si Casado, además de la de España, que bien está que la airee en todos sus actos, todavía se siente con ganas de hacer ondear la bandera de la regeneración, lo tiene fácil: basta con que recupere y haga suyas la letra y la música de la primera Ley Orgánica del Poder Judicial, la de 1980. Y muy en especial, aquel artículo que rezaba lacónico lo que sigue: "Los vocales del Consejo General de procedencia judicial serán elegidos por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo (…) mediante voto personal, igual, directo y secreto". Tan sencillo como eso. Pero si el actual líder del Partido Popular, al igual que cuantos le precedieron en el cargo desde 1985, considera ese enunciado incompatible con la coartada esgrimida en su día por Felipe González para derogarlo (la excusa de que, puesto que la Justicia emana del pueblo, es el pueblo representado en el Parlamento quien la debe tutelar), que sea entonces coherente. Porque si también esa es la opinión del Partido Popular hoy, lo coherente sería promover una reforma urgente de la Constitución para suprimir un enunciado innecesario en el que se sostiene que la Justicia en España es independiente de los otros poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Tras hacer el ridículo con luz y taquígrafos, solo eso, un poco de coherencia, es lo que se le pide al Partido Popular.

Injerencia grosera e imPPúdica.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 21 Noviembre 2018

COSIDÓ SE PAVONEA EN UN WASSAP Y EL JUEZ MARCHENA RENUNCIA A SU POSIBLE DESIGNACIÓN COMO PRESIDENTE DEL CGPJ Y TRIBUNAL SUPREMO.

De nuevo ha entrado en escena este personaje del PP relacionado con asuntos turbios en las contramedidas de neutralización de los posibles documentos incriminatorios con los que el extesorero Luís Bárcenas amenazó a la cúpula directiva del PP. Ignacio Cosidó senador del PP y actual portavoz en el Senado, tuvo un protagonismo clave durante su etapa como Director General de la Policía Nacional desde 2011 al 2016. Según la información publicada por el periódico digital OKDiario , desde su puesto organizó un operativo extrajudicial con 80 agentes asignados que perduró durante dos años y en los que se hacía seguimiento a Luís Bárcenas, su esposa Rosalía y su hijo. Al mando del operativo estaba el comisario García Castaño, mientras que el control del conductor de Bárcenas y resto de topos infiltrados, lo llevaba el comisario Villarejo. Una operación que intentaba conseguir esos “papeles” con anotaciones diversas que extesorero había llevado en plan “contabilidad B” del partido.

Un asunto que ya de por sí descalifica al personaje que debería ser inmediatamente cesado de militancia del PP y apartarle del Grupo Popular del Senado cesándole en la portavocía y si no renunciase a su Acta de Senador, esperar a que sea la Justicia la que le investigue como autor de un delito de prevaricación y malversación de fondos públicos por ese operativo policial sin ningún tipo de cobertura legal. Y por si esto el PP lo considerase insuficiente, lo que no es de recibo es la desfachatez que demuestra este individuo cuando se llega a pavonear en un mensaje en WhatsApp al grupo de senadores del PP diciendo que “Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional” y “el PP controlará "la sala segunda por detrás”.

Unas declaraciones que han sido criticadas por todos los partidos y que sin duda han tenido algo que ver con la decisión del juez Manuel Marchena de renunciar a esa posible designación emitiendo un comunicado en el que reivindica su independencia como juez durante toda su trayectoria profesional como magistrado. Mucho se había especulado sobre la intencionalidad de su nombramiento que conllevaba su salida del Tribunal de la causa del golpe de Estado donde ejerce de Presidente. Un cambio que era celebrado por los golpistas que llevan tiempo intentando recusarle y que ahora volverán a solicitarlo con la excusa del desafortunado mensaje de Cosidó que da a entender de forma obscena que el PP controla precisamente la Sala segunda.

La reacción de Pablo Casado y del PP no puede ser más decepcionante, se limita a dar por suspendido el proceso de renovación del CGPJ “Hasta que Dolores Delgado no dimita de su cargo y libere al ministerio de su presencia insana, el PP no tiene nada que hablar con el Gobierno en materia de Justicia”. Además, califica de “torpeza” el mensaje wasap de Cosidó y no se han tomado medidas, ni siquiera la de apartarle como portavoz en el Senado y solicitarle la entrega del Acta de Senador. Y la verdad es que todo este asunto es nauseabundo y apesta a lo de siempre, pasteleo entre PSOE y PP para garantizarse el control de aquellos que como aforados son los encargados de juzgarles. Una injerencia impúdica en una elección que lleva implícita la dependencia del poder judicial del poder legislativo. Y eso bendecido por una Constitución que precisamente estipula la independencia entre poderes del Estado. Una incongruencia más como la de contemplar el tema de aforamientos y la “inviolabilidad” del Rey.

Con todo este circo quien termina por salir perjudicada es España, su credibilidad como democracia y la confianza en una justicia independiente. Un hecho que será aprovechado por los enemigos de España para reafirmarse en sus denuncias. Es responsabilidad de todos los partidos políticos consensuar con el poder judicial una alternativa de designación en la que las ternas de jueces para cada puesto de vocal del CGPJ se propongan desde los órganos de dirección y asociaciones profesionales judiciales, basados en aspectos de aptitud y exclusivamente profesionales y sea entonces el Congreso y el Senado quienes elijan entre los candidatos presentados.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

El papelón
Pablo Molina Libertad Digital 21 Noviembre 2018

A los populares no se les da bien hacer el golfo en asuntos de política general. Se les nota demasiado su falta de profesionalidad, a diferencia de los socialistas, capaces de mangonear hasta lo más sagrado con absoluta normalidad, como si fuera en ellos una segunda naturaleza. Por eso sorprendió tanto la maniobra de Casado para renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial tras un rápido acuerdo con los socialistas.

Una decisión de tal naturaleza cuestionaba además una de las leyes de hierro de la política, según la cual si es bueno para el PSOE no es bueno para España, la gente se cabrea y las consecuencias las paga el PP. Con este enjuague de la Justicia en grado de tentativa se ha demostrado una vez más la plena vigencia de este axioma.

¿Qué necesidad había de perpetrar ese cambalache de togas? La verdad es que ninguna, porque la elección de unos candidatos no prejuzga el sentido de las sentencias futuras, como hemos visto en más de una ocasión. Además, el nombramiento de los miembros del CGPJ por parte de los partidos prolonga las consecuencias del asesinato de Montesquieu perpetrado por Alfonso Guerra, cuando hurtó a los jueces y magistrados su derecho a elegir de entre ellos a los mejores candidatos para el Consejo, tal y como establece la Constitución. Aunque solo fuera por recuperar para el PP la iniciativa en la batalla de la regeneración, hubiera estado bien que Casado hiciera honor a la eterna promesa de despolitizar la Justicia, esa que todos los partidos llevan en sus programas electorales y ninguno pone en práctica cuando llega al poder.

Si la razón para este bochorno era garantizar la imparcialidad del tribunal que ha de juzgar a los golpistas, desde luego el procedimiento no ha podido ser más desafortunado. Porque en democracia las formas lo son todo, y el mal no se debe hacer ni siquiera para lograr un bien superior. Además, para nada, porque el magistrado que iba a convertirse en el vértice de esta operación ha renunciado a participar en el cambalache con un escrito que debería sonrojar a los dos partidos que se habían intercambiado el cromo con su fotografía.

Con los socialistas no se puede ir ni a recoger una herencia, porque el impuesto de sucesiones que te atizan te deja sin blanca. Mucho menos a gestionar el Poder Judicial, precisamente en unos momentos en los que su verdadera independencia resulta más necesaria que nunca.

La España más amenazada
Sigfrid Soria gaceta.es 21 Noviembre 2018

En 1898 perdimos Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam y en 1899 las islas Palaos, Marianas y Carolinas. Entre 1956 y 1958 perdimos Sidi Ifni, el Rif, Yebala y Villa Bens.

En 1968 perdimos Guinea Ecuatorial y en 1975 el Sáhara. El denominador común de todas esas pérdidas de territorio español fue la debilidad política de España en cada uno de esos momentos y la consiguiente degradación de su soberanía territorial a cambio de absolutamente nada. Cierto es que los imperios y sus colonias no eran sostenibles desde comienzos del siglo XIX y que todos ellos fueron languideciendo, pero no es menos cierto que, por ejemplo, Gran Bretaña supo sacar partido a su grandeza pasada a golpe de patriotismo estratégico creando la Commonwealth, la cual sirvió y sirve para prolongar el espíritu imperial británico y, sin lugar a dudas, también como plataforma comercial privilegiada. Y continúo resaltando la fortaleza y el papel beligerante de Londres, como defensor de los intereses británicos, poniendo asimismo como claro ejemplo el conflicto del Atlántico Sur, en el que se defendió militarmente con éxito rotundo las islas Malvinas, Georgias y Sandwich en 1982.

Por tanto, los contextos de debilidad política acarrean pérdida de soberanía territorial y de identidad patriótica. ¿En qué punto está España en 2018? La soberanía nacional española actual está negativamente condicionada por factores exógenos y endógenos. Los factores externos pasan por la cesión parcial de soberanía a la UE, cesión a la que están sometidos todos los países miembros y de la que huye Gran Bretaña con el Brexit. Y los internos son los derivados de las brutales tensiones territoriales que ha generado el estado autonómico, tensiones que dividen a los españoles dado que las autonomías nos han hecho injustamente desiguales en lo económico, en la sanidad, en la seguridad, en la educación, en el idioma y hasta, aunque suene ridículo, en la historia. En definitiva, España está más dividida y es más débil que nunca.

En este preocupante contexto sociológico español de 2018, en el que la extrema debilidad del Estado es lo que impera, los territorios de España más expuestos son los no peninsulares, es decir, Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias, como en el pasado lo fue siempre la España más alejada de la península ibérica.

Si consideramos como el inicio de España la unión de los Reyes Católicos en 1469 y sabemos que Baleares ya estaba incorporada a la Corona de Aragón desde 1349, tenemos que aceptar que dicho archipiélago mediterráneo es español desde el mismo momento en que nace España. En el caso de Canarias, los Reyes Católicos incorporan definitiva y completamente el archipiélago atlántico a España en 1496, 27 años después del comienzo de España. Melilla es España 18 años antes de que lo fuera Navarra y 460 años antes de que se constituyera Marruecos. Y Ceuta hace 350 años que es España, 288 años antes de que Marruecos fuera el actual Marruecos. Por todo lo anterior, concluimos que cuando hablamos de la España no peninsular de 2018 hablamos exactamente de la misma España que la peninsular, desde la óptica histórica, sociológica y cultural, así como desde cualquier otra óptica que tanto al lector como a mí pudiera ocurrírsenos.

Entonces, realmente los condicionantes externos e internos de la actual debilitada España que definí en el segundo párrafo, ¿amenazan tan gravemente a los territorios españoles no peninsulares? No cabe la menor duda de que sí. Si a la débil posición que tiene España en la UE y a la discordia existente entre los españoles de 2018 sumamos una pseudo derecha acomplejada que aplica economía socialdemócrata y traiciona todas sus promesas cuando gobierna y añadimos un socialismo que se entrega a quienes pretenden liquidar España, llegamos a la conclusión de que por el camino que vamos no hay futuro y que quienes primero encajamos los golpes somos los que estamos más lejos: los no peninsulares.

Yendo a un nivel de concreción mayor, identifico como principal amenaza, proveniente de la UE y de los propios gobiernos de España, para Ceuta, Melilla y Canarias, la silente invasión migratoria, la peor con mucha diferencia es la musulmana, derivada de las buenistas y torpes políticas de inmigración. Y para Baleares, la gran amenaza es la insólita gestión de algunas potencias de la UE y de los gobiernos de España, tanto del PP como del Frente Popular, del separatismo catalán y de los prófugos de la Justicia de España. De hecho, el gran problema que hay en Baleares es el independentismo y sus bastardas herramientas lingüísticas, supremacistas y xenófobas, alimentado y reforzado por el enfoque de Alemania y Bélgica sobre el golpe de estado independentista en Cataluña y rematado por la inacción de los cobardes y tolerantes gobiernos de España. Respecto de la inmigración, el buenismo de la UE y de los gobiernos de España ante el permanente ataque de sus fronteras, con verdaderas invasiones y avalanchas de pateras y violentas turbas, somete a Canarias, a Ceuta y a Melilla a una agresión insostenible, más si consideramos que son los territorios de España y de la UE donde más paro existe.

Por tanto, quienes creemos que el patriotismo no solo es un sentimiento, sino que, además, es la única vía para preservar la unidad territorial y el progreso real de España, proponemos erradicar la irrelevancia de nuestro país ante la UE y ante los propios españoles, y exigimos terminar tanto con la deriva separatista como con la actitud de acogida universal y sin límites a inmigrantes ilegales. El SIVE ha de funcionar a la perfección, sin las torpes excusas actuales, y los servicios de la Agencia FRONTEX tienen que sobredimensionarse en Canarias, así como se ha de profundizar seriamente y como política prioritaria de estado en la condición europea ultraperiférica del archipiélago atlántico. Ceuta y Melilla han de ser tan seguras como lo es cualquier ciudad del interior peninsular y para ello hemos de cambiar el paradigma de frontera permeable a frontera infranqueable, como lo es la de Gibraltar, a la que ni siquiera hay intentos de inmigración ilegal porque ella es inconcebible incluso para quienes trafican con seres humanos, lo cual se explica desde una clara posición soberana.

Somos millones de españoles, la inmensa mayoría, quienes consideramos la España no peninsular exactamente como la España más profunda. Aprovechemos esta circunstancia para tornar la debilidad existente en fortaleza y así poder evitar hechos pasados y mirar al futuro con ilusión.

Nada que llevarse a la boca
Manuel Marín ABC 21 Noviembre 2018

Secuencia. Después de que el ministro Ábalos lanzase el globo sonda para celebrar elecciones generales en mayo, Pedro Sánchez admite que si no pueden aprobar los presupuestos, «la legislatura se ve acortada». La reacción de distintos barones socialistas al experimento de unificar comicios -por miedo a que Sánchez erosione su campaña- es de rechazo frontal, mientras se suceden rumores y filtraciones sobre una supuesta desbandada de ministros a partir de enero: Grande-Marlaska hacia Madrid, Nadia Calviño hacia la Comisión Europea, Josep Borrell hacia Estrasburgo… Podemos aprieta y se pone en guardia de precampaña por la debilidad de Sánchez, y ya no hay indicios de que el separatismo catalán vaya a sostener artificialmente a Sánchez porque un compromiso etéreo a favor de los indultos hoy no les garantiza nada mañana.

Continúa la secuencia. El único acuerdo alcanzado entre PSOE y PP queda dinamitado, en un ejercicio de dignidad personal que algún día la justicia, a izquierda y derecha de Manuel Marchena, deberá agradecerle porque desde ayer queda en deuda con él. Con su inopinada renuncia a presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo, Marchena ha sentado un precedente de un valor democrático incalculable. Fin de la secuencia.

Todo resulta tan líquido -palabras de Ábalos-, tan volátil y tan endeble en nuestra arquitectura política, que nada parece tener vocación de durabilidad. Todo agoniza al ritmo de un vaivén provisional en el que cada gesto político caduca en cuestión de horas porque nada soporta un escrutinio sensato. A nuestra política le falta perspectiva y le sobra soberbia en su afán partitocrático de creer controlarlo todo a capricho y a distancia. Por eso, en medio de la convulsión permanente, especular con un adelanto electoral carece de sentido porque ni siquiera Sánchez conoce aún cuándo convocará las urnas.

España está aprendiendo a convivir en el alambre de la volatilidad política, en la incertidumbre a corto plazo, y en un relativismo institucional que empieza a ser alarmante cuando, por primera vez, un candidato de consenso a presidir el Poder Judicial se despide prematuramente, harto del injusto manoseo de su figura y trayectoria. Con cierta indolencia y resignación, España se adapta a una democracia ciclotímica y errática, repleta de instituciones disminuidas y con su crédito viciado y bajo mínimos. Con el prestigio del Poder Judicial hecho añicos, con el Legislativo forzando la voluntad real de las urnas, y con el Ejecutivo en permanente pose de selfie con dedo pulgar y morritos, lo «líquido» es lo de menos. Lo de más, que no hay nada sólido que llevarse a la boca.

El cielo abierto
Ignacio Camacho ABC 21 Noviembre 2018

Lo que mal empieza, mal termina, y era lógico que acabase de la peor manera todo este oscuro manoseo político de la justicia. Dejando aparte la proverbial habilidad de la derecha para lesionarse a sí misma, el sainete del CGPJ ha desembocado en una secuela gravísima: la contaminación del tribunal encargado de juzgar la insurrección independentista. Ese es el efecto más pernicioso de un pacto negociado y resuelto entre las bambalinas de un bipartidismo en plena agonía, cuya incompetencia ha desembocado en una operación suicida, una maniobra chapucera, irresponsable y de una torpeza infinita. El desprestigio institucional resulta casi secundario al lado de la tóxica consecuencia de una pifia que en el momento más crítico coloca al Supremo en situación francamente comprometida y abre la vía para que cualquier defensor de los secesionistas catalanes pueda cuestionar su legitimidad jurídica. Porque el juicio más importante de la democracia desde el 23-F requiere de una delicadeza exquisita para evitar la sospecha, tan penalizada en Estrasburgo, de falta de garantías.

Ha sido tan desmañado, tan catastrófico el procedimiento que resulta difícil señalar un solo responsable del descalzaperros. Los dos partidos principales han tratado de engañarse mutuamente y lo que han logrado, sin querer o queriendo, ha sido sabotear a pachas el acuerdo. El nombre de Marchena fue filtrado por el Gobierno, con la evidente intención de abrasarlo, sin respeto a las formas ni a los tiempos. Y luego el PP, escocido por los reproches, ha intentado justificar el método con un descaro tan abrupto como necio. Todo habría podido quedar en el plano, ya de por sí obsceno, de los habituales tejemanejes propios de un degradado sistema de compadreo si no hubiese mediado el mensaje indiscreto que el portavoz del Senado -quien inexplicablemente sigue en su puesto- envió por Whatsapp a sus compañeros. Ahí estaba la clave, el inaceptable y jactancioso argumento de «controlar desde atrás» la Sala Penal del Supremo. Justo la que entiende de la revuelta separatista y de los aforamientos. Así, con un par y sacando pecho, para que todos los interesados en descafeinar el proceso -empezando por el propio Gabinete de Sánchez- viesen el cielo abierto. Un abogado que no aprovechase ese regalo sería sencillamente un inepto. Y un magistrado que no diese un paso atrás, como ha hecho Marchena, dejaría de ser un juez serio. El problema es que puede que ya no haya remedio, que no baste el autoapartamiento para desmontar la base de un recurso ante el Derecho europeo.

Ésta es la magnitud del disparate. La que, por incomprensible que se antoje, no parece haber previsto -¿o sí?- nadie. La que causa un destrozo incalculable al Estado menoscabando uno de sus poderes fundamentales. La que deja el crédito de la justicia española, que ya rodaba por los suelos, hecho un desastre.

Y todavía se creen al doctor Sánchez...
El presidente no sabe ni hablar. La vocación por algo, se tiene o no se tiene. Pero no se puede alargar ni acortar
Ramón Pérez-Maura ABC 21 Noviembre 2018

Resulta conmovedor el afán de la gran mayoría de los españoles por dar crédito a la palabra del doctor Sánchez. Tenemos hartamente comprobado el uso de la mentira que hacen el presidente del Gobierno y su equipo. Los ejemplos son infinitos: presentó una moción de censura para ir a elecciones y ahí sigue cinco meses después. Nombró a Rosa María Mateo administradora única de RTVE interinamente y ahí continúa casi cuatro meses después. Dijo que demandaría a ABC por haber denunciado -documentadamente- el plagio de su tesis doctoral y aquí seguimos esperando, pasados más de dos meses. Envía a la vicepresidenta a hablar con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y sus mentiras quedan en evidencia en cuestión de horas, aunque presidente y vicepresidenta ni se inmutan. Entre otras cosas porque la mayoría de los medios de comunicación encubren o justifican sus mentiras. Pero la reiteración en el proceder y la falta de denuncia del mismo en la mayoría de los medios lleva a la conclusión, ya expuesta anteriormente en estas páginas, de que Sánchez ha conseguido legitimar el uso de la mentira como instrumento de acción política. Hoy nadie dimite por ser pillado faltando a la verdad.

Ayer por la mañana el presidente declaró que «si no aprobamos los Presupuestos, mi vocación de agotar la legislatura se ve acortada». Gran estruendo. Casi todos entusiasmados: ¡Las elecciones son inminentes! ¡Lo ha dicho el presidente...! O no. Para empezar, la frase será de un doctor, pero es la mejor manifestación del fruto que le dejaron décadas de leyes educativas socialistas: no saber hablar. La vocación por algo, se tiene o no se tiene. Pero no se puede alargar ni acortar. Pero ya se sabe. Eso son minucias para el doctor Sánchez. Detalles académicos; él está por encima de esas pequeñeces.

Yo creo que si Sánchez quisiera anticipar la convocatoria de elecciones generales lo haría mañana mismo. Si lo que anticipan los sondeos mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas -versión Tezanos- se pareciese a la realidad que pretende fotografiar, el presidente del Gobierno ya habría fijado fecha para los comicios. Pero el doctor Sánchez está intentando crearse una imagen de caballo ganador, que según los sociólogos tiende a darte votos. Hay un porcentaje -modesto- del electorado que tiende a apuntarse al probable vencedor, como si ello le permitiese ser partícipe en la victoria. Y quién sabe si con ello no busca algo más también. Tanto reiterar por parte del CIS que el resultado de las elecciones generales va a ser el que no ven otros institutos demoscópicos, tanto cambiar el sistema de trabajo, tanto afán en romper con el sistema de trabajo tradicional, inhabilitando la continuidad de la muestra, sólo puede tener por razón el emplear el CIS como arma arrojadiza. Quizás al día siguiente de unas elecciones generales con resultados legítimamente cuestionados.

Al mismo tiempo, la frase de Sánchez ayer servía para advertir a los partidos que según la vicepresidenta Calvo conforman la mayoría absoluta que gobierna este país que si no le dan el respaldo, pueden enfrentarse a unas elecciones de las que saldrá vaya usted a saber qué escenario. Es una forma de extorsión, aunque en puridad la única verdaderamente legítima de toda la política presente: si no cuento con su apoyo, puedo convocar elecciones. Es un gesto propio de un demócrata impecable. Y por eso es tan inverosímil en Sánchez.

El entierro de Montesquieu
La renuncia de Marchena ha sido tan ejemplar como inevitable
Francisco Robles ABC 21 Noviembre 2018

No hace aquel frío de la infancia o de la adolescencia, de la juventud poblada de barbas y abrigada con trencas propias de la progresía que tanto se estilaba entonces. No hay brazaletes negros en los abrigos de paño rígido, ni rigidez cadavérica en los rostros impenetrables por los que se colaba la Transición sin que pudieran hacer nada por impedirlo los jerarcas del régimen. La gente no se agolpa en los escaparates de las tiendas de electrodomésticos para ver al general en el pálido color de la muerte, ni se acerca el transistor a la oreja para escuchar el parte del equipo médico habitual. La tromboflebitis ya no se escucha a cada momento en la radio que era el cordón umbilical que unía al pueblo con las noticias que quieren darle, ni hay caballos que tiran del arcón fúnebre para dejarlo en el Valle de los Caídos. Es 20 de noviembre y ha pasado el tiempo cifrado en un número que aterra: de todo aquello hace 43 años.

Los nostálgicos del franquismo quieren exhumar a quien les dio la razón de ser y la razón de existir durante cuarenta años. Entonces todos los demás eran inocentes. Estaban fuera. En el extranjero o en el exilio interior. Eran incólumes. Luego todo fue distinto, y los maletines pasaron a convertirse en un símbolo de aquella corrupción que no cambió de acera porque siempre estuvo al lado del poder. Por eso quieren desenterrar a quien lleva muerto más tiempo del que gobernó. Porque necesitan un culpable al que echarle todo encima. Y porque así pretenden deslegitimar a sus adversarios convirtiéndolos en enemigos del sistema.

Lo preocupante no es la exhumación de un cuerpo inerte, sino el entierro de un organismo vivo. Están enterrando a Montesquieu. Buscan una fosa segura. Con una losa inamovible. Nada mejor que el citado Valle de los Caídos para depositarlo, donde no moleste a los que ejercen el poder ejecutivo con el ansia de no verse impedidos por cortapisa alguna. Las declaraciones de Cosidó son más que elocuentes. Ha dicho la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Quieren controlar a los jueces para que la clase política se libre de su control. Y punto. Lo demás pertenece a la historia nacional de la hipocresía que tanto se estila entre los que deberían velar por el cumplimiento de las mismas leyes que ellos aprueban.

La renuncia del juez Marchena ha sido tan ejemplar como inevitable. ¿Alguien en su sano juicio moral e intelectual piensa que este magistrado podía someterse al control de un Cosidó que estaba cosiendo la red del control que iban a aplicarle en cuenta ascendiera a la cúspide del poder judicial? Eso habría sido el culmen de la desvergüenza democrática, el hundimiento del acorazado que se mantiene a flote por la división de poderes. Este principio, que es básico para el funcionamiento del régimen que nos dimos tras la muerte del dictador, es una rémora para los conspiradores de aparato y covachuela, para los enterradores de Montesquieu que han cambiado el transistor por el pacto y el whatsapp, pero que quieren sepultar la democracia. Como siempre.

Cacao judicial
El problema no es el modelo, sino la voracidad del partidismo
Luis Ventoso ABC 21 Noviembre 2018

En unos días festejaremos -o deberíamos, pues ha sido un éxito- los cuarenta años de la Constitución de 1978. Los siete padres constituyentes eran personas de mentes de quilates, con experiencia y elevada formación. No estábamos en estos días gaseosos de Errejones y Rufianes. Aquellos pensadores jurídicos se lo tomaron muy en serio. Estudiaron modelos, copiaron si procedía (mayormente de la Carta Magna alemana) y también acertaron a tener en cuenta nuestra tradición constitucional y nuestras peculiaridades idiosincrásicas. En el título VI se ocuparon de la Justicia y supieron entender lo evidente, que todos los poderes emanan del pueblo y que el Gobierno de los jueces no podía quedar ajeno a esa piedra angular de la democracia. Por eso establecieron que la elección del Consejo General del Poder judicial no debía hacerse a espaldas del Parlamento elegido por el pueblo.

Los padres constituyentes no incurrieron en ninguna excentricidad. En la mayoría de las grandes democracias occidentales, de Francia a Alemania, de Estados Unidos al Reino Unido, el presidente del Gobierno, el Ministerio de Justicia o las cámaras del Parlamento acaban decidiendo los puestos estelares de la judicatura, aunque a veces lo hagan sobre candidatos que proponen los jueces.

Pero si el marco general es razonable y similar a otros, ¿por qué nos encontramos aquí con un poder judicial sumido en un carajal y rodeado por un circo partidario? Pues no por el modelo, sino por cómo se lleva a la práctica. «Manca finezza», que rezongaría el zorruno Andreotti. O «fair play», que dirían en la secular democracia inglesa. Nuestros partidos se han ido volviendo cada vez más voraces, más cainitas y con menos altura de Estado. Conservadores y laboristas británicos suelen criticar la cobertura de la BBC. Pero por supuesto a nadie se le ocurriría dar un pucherazo partidario en el órgano de dirección de la cadena para someterla a sus siglas. No existe tal pudor en España, donde los partidos meten su cuchara sectaria en las cadenas públicas y hasta tomaron en su día las cajas de ahorro (con gran éxito: mandándolas a la ruina, el rescate y la disolución).

Si quieren empezar a cambiar las cosas, PP y PSOE podrían comenzar por darse un baño de ejemplaridad. El Partido Socialista relevando a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ya estaba incapacitada para el cargo por lo que soltó en sus cuchipandas con Villarejo y que además ha empañado todavía más su figura con sus filtraciones contra Marchena (que no le agradaba por haber condenado en su día a Garzón, amigo íntimo de la ministra). En cuanto al PP, Casado debe relevar a Cosidó, y más toda vez que ya lo ha desautorizado. Una persona que en pleno siglo XXI envía un guasap a 148 senadores alardeando de cómo su partido va a mangonear a los jueces y cree que nadie va a darle al dedito y romper la confidencialidad demuestra dos cosas: una torpeza política inaudita y un desconocimiento absoluto de la condición humana y la tecnología actual. Por último, ayudaría a templar el panorama que algunos jueces -la mitad de ellos- no aventasen sus filias ideológicas en asociaciones profesionales que se han devenido en marcas blancas de PP o PSOE.

Democracia, dictadura y tiranía / 20 de noviembre.
Pío Moa gaceta.es 21 Noviembre 2018

Hoy es 20 de noviembre, un día históricamente importante no solo por el fallecimiento de Franco sino por el comienzo del fin de su régimen, que realmente se acabó en 1978, con la Constitución. Un régimen que nació de la imposibilidad de una convivencia en paz y en libertad causada por una alianza de totalitarios, golpistas y separatistas. ¡Hay que recordarlo una y mil veces, pues de su “olvido” derivan tan grandes males! Si hoy, cuarenta y tres años después, sufrimos unos peligros parecidos aun si todavía no tan violentos como entonces, se debe a ese olvido o tergiversación. Franco convirtió aquella imposibilidad en posibilidad, y de su régimen derivó una democracia que ha ido corrompiéndose y tiranizándose como expongo en el artículo siguiente, amenazando nuevamente la paz y la libertad de los españoles

Por eso es una tarea crucial del momento impedir la profanación de sus restos por una chusma política indecente que vive en y de la mentira y de un golpe de estado permanente.
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Dada la práctica inexistencia de pensamiento democrático en España, los partidos más contrarios a la libertad, que siempre han sido los de izquierda y separatistas, pueden ampararse en la bandera de la democracia para imponer auténticas tiranías. Su argumento para atacar al franquismo y proscribir su memoria — y con ello las libertades más elementales, como hemos visto–, consiste en denunciar al franquismo como una dictadura, es decir, como la antítesis de la democracia, que esos partidos representarían en exclusiva. Incluso la derecha descerebrada que les hace el juego es rechazada por ellos porque, evidentemente, viene del franquismo aunque haga mil piruetas, como un bufón ante sus amos, para procurar que ello se olvide.

Sin embargo la antítesis de la democracia –en principio– no es la dictadura, sino la tiranía, entendida no en el sentido griego, sino como poder arbitrario, despótico y opresivo. La democracia es un régimen históricamente nuevo, prácticamente del siglo XX en Europa, incluso de mediados de ese siglo si tenemos en cuenta que fue rescatado o impuesto por el ejército useño. Lo cual no significa que cualquier régimen anterior en la historia haya sido tiránico o ilegítimo, ni mucho menos. Ni que una democracia no pueda degenerar en tiranía a su vez. Estos problemas los he tratado en La guerra civil y los problemas de la democracia en España, y es imprescindible desarrollarlos más. Pero nuestra clase, casta o chusma política no lee estas cosas ni las entiende. Pasa como con “Europa”, que para ella es una palabra mágica que resuelve todos los problemas

El pensamiento europeo, desde Isidoro de Sevilla al menos, es un intento de combatir el poder tiránico. Una y otra vez a lo largo de la historia se plantea esta cuestión. En España dio lugar a planteamientos como el tiranicidio, y las elaboraciones teóricas que dieron lugar al liberalismo y a la democracia en Usa tienen en esa tradición española una de sus fuentes. Se trata de un problema permanente con dos caras: frenar la tendencia del poder a hacerse omnímodo; y frenar la tendencia social a la disgregación y la llamada anarquía. La anarquía, como la democracia, no responde a su etimología (ausencia de poder), y nunca fue ni puede ser otra cosa que la proliferación de poderes despóticos. Tal como la democracia no es ni puede ser “poder del pueblo”, pues el poder se ejerce siempre sobre el pueblo, con unas u otras formas. La democracia viene a ser el sistema ideado más recientemente, y que ha dado buenos resultados en unos países y momentos, y no tan buenos en otros.

Una democracia puede degenerar de diversos modos. Y en esa situación puede ser necesaria una dictadura, es decir, el poder cuasiabsoluto de algún dirigente que vuelva a imponer el orden. La experiencia histórica en España es un claro ejemplo: la II República, democrática en principio, degeneró rápidamente en anarquía (en el sentido arriba señalado) y aumento de la miseria, hasta dar lugar a la formación de un frente popular de totalitarios, disgregadores separatistas amparados en un racismo irrisorio, y golpistas. A sus víctimas se les presentó así el dilema de someterse a tales poderes o rebelarse. Afortunadamente gran parte de la sociedad optó por la rebelión y la dictadura, ya que una democracia no puede funcionar en aquellas condiciones. Pero una dictadura no tiene por qué ser tiránica (también puede serlo), y el franquismo no lo fue nunca. Para entenderlo basta contrastar sus impresionantes logros históricos con la propaganda que le hacen sus enemigos, los mayores enemigos de la libertad en España.

¿Cómo puede degenerar una democracia en una tiranía? Insisto una y otra vez: Tocqueville lo previó y describió genialmente, y ese texto debería ser conocido y meditado de todos los políticos, intelectuales y periodistas. Porque estamos entrando de lleno en esa situación, no solo en España, sino en casi toda la Unión europea.

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El deplorable espectáculo del PP y el PSOE con una degradada justicia española
EDITORIAL esdiario 21 Noviembre 2018

La dignísima renuncia del juez Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, tras revelar torpemente el portavoz del PP en el Senado la naturaleza del acuerdo judicial con el PSOE, pone un epílogo lamentable a la componenda que, en este ámbito, sellaron hace unos días los dos grandes partidos tradicionales.

Es imposible no pensar que la componenda judicial entre el PP y el PSOEbuscaba darle a cada uno lo que quería de la Justicia

La incredulidad que suscitó aquel pacto, por el cual el PSOE se reservaba la capacidad de nombrar a una mayoría de miembros del CGPJ y el PP a la mitad menos uno pero entre ellos al presidente, se ha terminado por justificar al conocerse la verdadera naturaleza del entendimiento: un burdo reparto de sillones con la idea de que así cada uno atienda mejor sus intereses, lo que pone en entredicho la independencia del poder judicial y de los magistrados que lo representan.

Porque ya es imposible no creer que los populares buscaban extraer o incluir en distintas salas y tribunales a jueces más proclives a la condescendencia con los casos de corrupción aún pendientes de resolución. Y los socialistas, a magistrados más benévolos con la evidente laxitud interesada del Gobierno hacia los políticos presos y el procés catalán en su conjunto.

Lo dijo, con inusitada torpeza pero meridiana claridad, Ignacio Cosidó en un mensaje a sus senadores que produce vergüenza. Y lo ratifica el PSOE, vía hechos consumados, al sacar una ventaja numérica en los órganos de Gobierno judicial que no se corresponde con su representatividad real en la sociedad española y sólo pudo lograr gracias al PP.

Un cambalache
Que ahora hayan roto el acuerdo tirándose los trastos a la cabeza no arregla el estropicio ni facilita, desde luego, un remedio a corto plazo: los sucesores de los elegidos, sean quienes sean, soportarán una mancilla de origen que les hará pasar por deudores de un cambalache político igual de claro que éste pero algo más discreto.

Y todo en beneficio del populismo y del soberanismo, que se frotan las manos ante la perspectiva de poder adjetivar cualquier resolución de la manera que consideren oportuna: de un plumazo, el PP y el PSOE han legitimado todas las acusaciones soberanistas hacia la acción judicial para frenar el nefando Golpe constitucional que se sostiene en Cataluña desde hace meses.

Ningún procedimiento de elección del CGPJ es mejor que el compromiso personal de los magistrados con lo que representan

No parece sencillo subsanar este dislate, que también nace de la demagogia judicial reinante en España y del comportamiento de no pocos jueces que, sin necesidad de obedecer consignas partidistas, hacen política en busca de un estrellato incompatible con su naturaleza.

Dará igual si a los jueces los eligen sus compañeros, el Parlamento o un sistema mixto si, antes, no se restituye una independencia real que nace de un compromiso ético, jurídico e intelectual que puede operar bajo cualquier procedimiento de elección o con ninguno. Porque depende, ante todo, de la conciencia personal de cada magistrado ante la ciudadanía y del respeto del resto de instituciones hacia cada uno de los poderes del Estado de Derecho y democrático.

Un espectáculo pornográfico y un daño inmenso al Estado
Ignacio Varela elconfidencial 21 Noviembre 2018

En los últimos años, la política española ha transitado del género erótico al pornográfico. El calamitoso desenlace de lo que se conocerá como caso Marchena no ha sido solo un espectáculo bochornoso. Además, y sobre todo, se ha provocado un destrozo institucional (uno más) que corrobora la impresión de que los actuales dirigentes políticos españoles carecen por completo de ese sentido del Estado que exigen a los demás sin mirarse en el espejo.

El Consejo General del Poder Judicial no es un tribunal de justicia, pero su presidente lo es también del Tribunal Supremo; y es el órgano que designa a todos los magistrados del alto tribunal y a dos miembros del Tribunal Constitucional. Es, pues, una pieza clave de nuestro entramado institucional y del equilibrio entre los poderes del Estado.

Puede defenderse que sus miembros deban ser designados por el parlamento, por los propios jueces o mediante algún sistema mixto. Hay argumentos válidos para todo, y ejemplos de democracias que aplican esas u otras fórmulas.

Cualquier método puede ser utilizado con responsabilidad y lealtad, o pervertirse al servicio de intereses espurios. Cualquiera de ellos puede manejarse de forma digna o indigna. El problema no ha estado en el procedimiento, sino en los actores. En sus intenciones, en su descaro y en su incompetencia infinita.

Una sentencia judicial sobre un caso de corrupción hizo caer al anterior Gobierno, y al partido afectado le esperan unas cuantas sentencias más. Su obsesión es la composición de los tribunales que han de dictarlas. Para el PP, la culpa de su expulsión del poder fue del juez que incluyó una frase en aquella sentencia. Así que el objetivo no es cercenar la corrupción, sino tutelar políticamente a los tribunales que la enjuician.

Pedro Sánchez sabe que necesitará los votos de los independentistas para su eventual investidura después de las elecciones. Y sabe también que una sentencia condenatoria por rebelión puede provocar un movimiento rupturista en Cataluña que, quizás, abocaría incluso a un nuevo 155. Ello haría intransitable la vía Frankenstein para permanecer en el poder.

Por eso el Gobierno lleva meses interfiriendo descaradamente en ese juicio. Señalando al tribunal cómo debe administrar la prisión provisional, opinando públicamente sobre los tipos penales aplicables, ordenando a la Abogacía del Estado que descarte el delito de rebelión… y finalmente, desplazando al juez Marchena, encargado de presidir el juicio y redactar la sentencia. Marchena ha venido siendo uno de los más firmes soportes de las actuaciones de Llarena durante la instrucción, y es sospechoso de compartir la posición más dura.

Este ha sido el trasfondo real de la negociación. Una doble patada hacia arriba: elevamos a los altares a Marchena para que tú te apuntes el tanto negociador y yo pueda 'suavizar' la composición del tribunal del 'procés'. A cambio, sacamos de la Audiencia Nacional al juez que os jodió en la sentencia de Gürtel. El resto del pastel, lo repartimos a pachas (con una ración a Iglesias para que participe del banquete). El Consejo General del Poder Judicial, degradado a la condición de depósito de jueces molestos en juicios políticamente peligrosos o de recompensa por servicios prestados a las causas respectivas. Les importa un comino la institución, lo que les preocupa es que la Justicia no los importune más de la cuenta en cuestiones clave como la corrupción y Cataluña.

Esa es la perversión de fondo. La parte pornográfica está en la escenificación del acuerdo, impúdica y chapucera.

Lo que les preocupa es que la Justicia no los importune más de la cuenta en cuestiones clave como la corrupción y Cataluña

Si es una elección del parlamento, lo normal es que negocien los grupos parlamentarios y que el Gobierno se mantenga higiénicamente al margen. Así ha sucedido en ocasiones anteriores. Que una nota oficial del Gobierno informe de quién será la máxima autoridad judicial del país —suplantando al órgano que ha de proponer al Rey su nombramiento— es ciscarse en la ley, usurpar competencias que no le corresponden, comprometer al futuro Consejo y al propio Rey y pintar públicamente a los consejeros como esbirros de los partidos políticos. Una exhibición de poder obscena e innecesaria y una agresión a la separación de poderes, perpetrada desde la presidencia del Gobierno.

Luego vino lo del inefable mensaje que el portavoz del PP en el Senado envió a los miembros de su grupo parlamentario, regodeándose en exhibir toda la casquería de la operación. No se sabe qué produce más rubor, si la impudicia de su contenido o la estúpida imprudencia de redactarlo y enviarlo. Uno lo lee y solo puede pensar que su autor es un saboteador o un necio integral; estremece pensar que este personaje ha sido durante años el responsable de la Policía.

“Imposible la habéis dejado para vos y para mí”. No solo han puesto a Marchena —y a todos los candidatos pactados— en un posición incompatible con su dignidad, sino que, tras este escándalo, cualquier Consejo elegido por el mismo procedimiento nacerá inevitablemente teñido por la sospecha. De momento, se ha evaporado cualquier probabilidad de que el Consejo se renueve, al menos en lo que le quede a esta legislatura.

Un daño adicional: ahora Marchena volverá a encabezar el tribunal del juicio del 'procés'. Pero ya está contaminado. Porque hoy todos se hacen lenguas de su dignidad al renunciar, pero el hecho es que él aceptó el contubernio, como todos los demás. Han tenido que producirse la pifia del Gobierno anunciando su nombramiento a destiempo y la filtración del mensaje de Cosidó para que se sienta obligado a salvar su buen nombre. Por si ese juicio no viene suficientemente esquinado, ahora se añade esto: más alimento para los secesionistas.

El balance es desolador. Se ha deteriorado seriamente el prestigio de una institución esencial. Se ha bloqueado —me temo que para mucho tiempo— la renovación de un órgano constitucional; se infecta aún más el decisivo juicio sobre la insurrección en Cataluña, y se arrastra al poder judicial al mismo pantano de descrédito en el que ya están el ejecutivo y el legislativo después de tres años aciagos para la democracia española. Si esta operación la hubieran diseñado los enemigos del Estado, no lo habrían podido hacer mejor.

Al césar lo que es del césar: en este asunto, el único que hoy puede levantar la cara y la voz es Ciudadanos, que acertó de lleno al apartarse de una operación fétida conducida por ineptos.

Sería bueno disponer de dirigentes políticos que se tomen en serio al Estado. Pero ya que hoy eso no parece posible en el Gobierno ni en el parlamento, exijamos que, al menos, excluyan de sus juegos a la Justicia.

El proceso subversivo en Cataluña... y en España
Ricardo Martínez Isidoro ABC 21 Noviembre 2018

Un sistema de señales y alarmas, demostrativo de la evolución de los procesos conflictivos que afectan al Estado en la gestión de crisis es vital, de tal forma que, basándose en hechos evidentes, se avance o se retroceda en la realidad de la crisis, este sería el caso, en un conflicto entre Estados, de la llamada de embajadores a consultas, expulsión de personal diplomático, cierre de las embajadas, etcétera.

En el ámbito militar, el Early Warning System, imperante en la Guerra Fría, seguía al milímetro la situación de las fuerzas del Pacto de Varsovia, para evitar la sorpresa, dado el exiguo teatro de operaciones europeo y la superioridad del enemigo oriental. Se utilizaron todo tipo de sensores para prevenir el ataque, siendo el más célebre, que todavía se conserva, los aviones de guerra electrónica AWACs.

Las conclusiones de los sistemas citados vienen a confirmar la realidad de los conflictos en cuanto a su situación y gravedad. Teniendo en cuenta concepciones militares doctrinales de los procesos subversivos, el procés catalán habría entrado en una fase nueva, más avanzada, en la que se promueve el ejercicio de la violencia, y se hace siguiendo indicaciones superiores de los responsables máximos del orden público, como se ha visto recientemente, «con luz y taquígrafos», en las actuaciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) y su relación con los impulsores del proceso.

Las alteraciones del orden, las ofensas a la bandera y a S.M. el Rey, televisadas incluso sin el menor recato moral; el incumplimiento de normas locales sobre el uso del espacio público; las coacciones indirectas al Tribunal Supremo, responsable de la incoación de las actuaciones judiciales y juicio de los golpistas; las amenazas al domicilio de su juez instructor; sus retos constantes a la gobernabilidad de España, por las amenazas de no votar los Presupuestos Generales del Estado en caso de sentencia desfavorable; la alusión velada a posibles indultos, antes mismo de que haya sentencias; la banalización constante de la independencia de los poderes públicos, base del sistema democrático; la reanudación de «embajadas» catalanas en el exterior, después de su paralización; la creación de un Consejo de la República en Bélgica, a modo de gobierno en el exilio, etcétera, son indicios sobrados para que los sistemas de gestión de crisis detecten un significativo avance en el proceso subversivo en Cataluña.

Pero no es solo esto lo que ocurre, solucionable con la disposición de un sistema integrado de contrasubversión, igual que a la insurgencia se la combate con la contrainsurgencia, como en un estadio más grave ocurre en las operaciones militares en el exterior, aunque en el caso que nos ocupa la secuencia de actuación que previene y señala, progresivamente, la Constitución sea la deseable, empezando por la aplicación de un contundente 155 en los sectores que precisa la cauterización del proceso.

El conflicto es mucho más peligroso porque está enraizado en la gobernabilidad de España y en el mantenimiento para ello de unas alianzas que pretenden, por un lado, romper el consenso político de 1978, punto cero de la superación de antiguos demonios, como lo es la celebración año tras año del recuerdo de los horrores de la Primera Guerra Mundial, y por otro escindir España con la independencia unilateral de Cataluña, aspecto por el que nuestra nación, a la que hemos jurado lealtad, dejaría de existir en la forma que reza la Constitución, que de forma vehemente nos obliga a defender.

La salida no debe consistir en el desencadenamiento de un proceso subversivo añadido en la propia España, que banalice las instituciones fundamentales, que desprestigie los poderes públicos y los tribunales, como está sucediendo no solo por la cuestión de Cataluña, sino por decisiones aparentemente ajenas al procés, que someta al chantaje a estos para sobrevivir en un diálogo en que una parte no admite más que la ruptura, que dé facilidades de ejecución a la vieja tradición de la extrema izquierda de romper el orden establecido para comenzar «su revolución» periclitada y fracasada, que separe a las Fuerzas Armadas de su misión constitucional y fundamental, que se produzcan grandes cambios sociales e institucionales sin oír la opinión de la población soberana, que se promueva otro tipo de convivencia territorial sin la expresión de la soberanía nacional, que se tolere la reprobación del Jefe del Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas por parte de un Parlamento autonómico, que no se litigie, aparentemente, la constitución y estancia de un pseudogobierno catalán en el exilio, etcétera.

Es necesario que los sistemas de alerta que hemos descrito se activen con los imputs de la situación actual, tanto en Cataluña, proceso subversivo con velocidad de crucero, como en España, proceso en ciernes.

Educación: Sánchez cede

EDITORIAL El Mundo 21 Noviembre 2018

Aunque el Gobierno parece avenirse a no regular la obtención del título de Bachillerato con una asignatura suspendida, la ley que prepara Celaá supone una rendición en toda regla a los socios de Sánchez. Resulta inadmisible que, en un contexto de abierta rebeldía, el Gobierno entregue a Cataluña la decisión de qué materias se dan en castellano y que lo haga, para mayor escarnio, apelando a la "lealtad institucional" de las autonomías. Según consta en el anteproyecto de la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación, desvelado por EL MUNDO, la reforma educativa que está muñendo la ministra del ramo elimina la obligación establecida por la Justicia de impartir clases en castellano en una proporción "razonable", y liquida los mecanismos para garantizar una enseñanza en castellano a las familias que lo reclamen, tal como dictó el Constitucional. Además, la ley Celaá contempla que la Religión deje de ofertarse de forma obligatoria en Bachillerato, lo que puede interpretarse como una cesión de Sánchez a Podemos y la izquierda radical de la que es rehén.

Que el Estado, a lo largo de las últimas cuatro décadas, nunca haya tenido voluntad de hacer funcionar a la Alta Inspección en educación no debería disuadir al Ejecutivo de utilizar los instrumentos legales a su alcance para garantizar la igualdad. Lo que se antoja surrealista y bochornoso es que Celaá invoque la "cooperación" con los gobiernos autonómicos en una materia que el independentismo ha usado de ariete de su proyecto rupturista y segregador. A la felonía de la Generalitat se suma ahora la rendición incondicional del Gobierno de la Nación.

Celaá permite a la Generalitat desterrar el español de las aulas
Las comunidades con lengua propia decidirán en qué idioma se imparten las asignaturas
Rocío Ruiz. larazon 21 Noviembre 2018

Los alumnos catalanes podrán seguir estudiando en catalán, como venía ocurriendo hasta ahora, y el castellano seguirá siendo minoritario en las aulas, a pesar del rosario de sentencias que durante años han venido obligando a la Generalitat a devolver a la lengua de Cervantes su carácter vehicular en la enseñanza catalana.

El Ministerio de Educación dará libertad a las comunidades autónomas con lengua propia para que fijen en qué lengua se deben impartir las diferentes materias o fijen en qué proporción se debe usar la lengua castellana y la lengua cooficial en el aprendizaje del alumno, según figura en el borrador de anteproyecto de ley orgánica que modifica la Lomce.

La Generalitat reconoce que nunca ha tenido la intención de cambiar su modelo lingüístico en las aulas
Esther Armora ABC 21 Noviembre 2018

El borrador del anteproyecto de Ley Orgánica del PSOE, que modifica el actual marco legislativo en materia de educación en España, echa por tierra treinta años de lucha en Cataluña por devolver al castellano su papel de lengua vehicular en las aulas. El documento, consultado por ABC, concede total libertad al gobierno catalán para perpetuar su modelo de enseñanza monolingüe en catalán (la inmersión lingüística obligatoria) y seguir discriminando a los alumnos que piden también que el español sea lengua de uso en las aulas.

El texto, que podría aprobarse a finales de año y que aún puede incluir variaciones en su articulado, da luz verde a la Generalitat para determinar cuántas asignaturas imparte en catalán y en castellano, eliminando la obligatoriedad de dar ambas lenguas cooficiales «en una proporción razonable», tal como establece la Justicia y tal como recoge la Lomce. Además, varias sentencias firmes del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo (TS) reconocen a la Administración General del Estado competencia para velar por el respeto de los derechos lingüísticos de los alumnos, así como el derecho a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado, aunque dan margen a las comunidades para que ellas fijen «la proporción razonable» de la enseñanza en castellano y en la lengua cooficial de la comunidad. Ahora, este criterio de «razonabilidad» desaparece del texto de la ministra Isabel Celaá y deja, así, la lucha contra la inmersión en el punto de partida.

«No íbamos a cumplirla»
Ayer martes, preguntado por este diario, Josep Bargalló (ERC), consejero de Enseñanza de la Generalitat, se mostró a favor de la reforma de Celaá, y añadió: «El tema lingüístico no nos afecta porque la ley Wert no se aplicó en Cataluña, ni teníamos intención de cumplirla. Tampoco la cumplían otras comunidades en otros temas». El consejero confirmó, igualmente, que tenían conocimiento del borrador desde el viernes, cuando lo envió el Ministerio, y que ya han respondido con las alegaciones correspondientes en otros ámbitos más allá del lingüístico.

El borrador de la nueva norma reconoce, por un lado, que las administraciones deben velar para garantizar el dominio por parte de los alumnos de las lenguas que sean oficiales en su territorio y que «las administraciones educativas deben garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a recibir la enseñanza en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios». Sin embargo, deja el cumplimiento de este punto a merced de la buena voluntad de los gobiernos autonómicos.

Por otro lado, el texto da margen, sobre el papel, al igual que el proyecto de revisión del modelo lingüístico que presentó hace unos días Bargalló, para que, con el fin de garantizar la competencia lingüística, «los centros puedan impulsar la adopción de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas».

Tal como avanzó ABC, la Generalitat lleva años afirmando que en entornos de alumnos mayoritariamente catalanohablantes «los centros tienen la capacidad de reforzar el uso del castellano» en las aulas. Sin embargo, en la práctica, según denuncian asociaciones de profesores, «eso no sucede».

La reforma que propone el Ministerio ha causado indignación y desánimo entre las asociaciones que llevan años defendiendo el bilingüismo en Cataluña. Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana (CCC), asegura que si el borrador prospera, «se dejará el manejo de la educación en manos de unos golpistas para que vayan adoctrinando». Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Educación Bilingüe (AEB), mantiene la esperanza de que el proyecto de reforma de la ministra «no prospere» y subraya «sus efectos catastróficos» para la causa bilingüe. En el mismo sentido se pronunciaron Sonia Sierra (Cs) y Andrea Levy (PP).

País Vasco
En el ámbito lingüístico, la educación vasca se rige por sus propias normas. Los alumnos pueden escoger entre distintos modelos de enseñanza con mayor o menor presencia del castellano. El tipo A, por ejemplo, toma el español como lengua vehicular, mientras que el B iguala la proporción con el euskera. El más demandado, sin embargo, sigue siendo el modelo D, íntegramente en vasco, al cual se adscribió este curso el 76,84% de los estudiantes de primaria y el 70,28% de secundaria.

Según precisaron fuentes del departamento de Educación, nada parece indicar que la nueva Ley de Isabel Celaá vaya a deformar el panorama educativo del País Vasco. En este sentido, quisieron «recordar» que el territorio ya ofrece a las familias la posibilidad de estudiar en castellano o euskera con los actuales modelos lingüísticos.

En sintonía con la postura del Ejecutivo vasco, los sindicatos tampoco consideran que el proyecto de los socialistas vaya a afectar a la Comunidad Autónoma. Pablo García de Vicuña, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. auguró que la incidencia «va a ser prácticamente nula», pues «los padres tienen libertad» de elegir el modelo que más les interese.

Galicia
En las aulas de la Comunidad gallega, el equilibrio entre las lenguas cooficiales es matemático y ponderado. Así lo establece el decreto aprobado por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en 2010, que estipula un reparto igualitario entre las materias que se imparten en todos los centros de Galicia, sean estos públicos, privados o concertados. Sobre la tercera lengua extranjera, lo que marca la ley gallega es que en los centros plurilingües este idioma (inglés por lo general) puede copar hasta un máximo del 30 por ciento de las asignaturas. Pero, remarcan desde el departamento de Educación, siempre respetando que el 60 por ciento restante se reparta «a medias» entre castellano y gallego.

La puesta en marcha de esta ley, que prima la equidad lingüística, desterró de los centros educativos de la Comunidad la norma que impuso el anterior Gobierno bipartito (PSOE y BNG) y que blindaba que al menos el 50 por ciento de las materias se impartiesen en gallego, dejando en manos de la directiva de cada centro elevar este porcentaje en detrimento del castellano. «Desde la implantación del decreto de 2010 no ha habido problemas en las aulas por el tema lingüístico» confirmaron a ABC fuentes de Educación, que también reconocieron que «no hemos recibido ninguna comunicación oficial» sobre las modificaciones que plantea la ministra del ramo.

«Lo único que podemos afirmar es que en Galicia no hay fricciones por esta cuestión y que el decreto por el que nos regimos favorece el aprendizaje de las dos lenguas en igualdad de condiciones y permite la enseñanza de una tercera hasta un 33 por ciento», concluyen.

El cambio legal, que supone avalar la inmersión lingüística en Cataluña, deja entrever que no está claro que, con el modelo vigente, todos los niños adquieran las competencias suficientes para expresarse correctamente, una deficiencia que hasta la Generalitat ha detectado en lugares de catalanización total. Es por esto por lo que la norma ya prevé que las comunidades autónomas con lengua propia «promoverán la realización de análisis por parte de los centros de modo que se garantice que todos los alumnos alcanzan la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana y, en su caso, en las lenguas cooficiales en el grado requerido», dice el anteproyecto al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Más aún, los centros «impulsarán la adopción de medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas»

Eso sí, deja claro que Lengua castellana se debe impartir en castellano (en Cataluña se habían detectado casos en los que se impartía en catalán) y la asignatura de lengua cooficial, en la correspondiente.

La reforma emprendida por la ministra Isabel Celaá incorpora la sentencia de lTribunal Constitucional de febrero de 2018, que anulaba la obligación de que la Generalitat pagara a los padres los gastos derivados de querer escolarizar a los hijos en castellano y vuelve a la regulación que hacía la LOE sobre la determinación del currículo (55%-65%).

Al menos 200 alumnos, según los datos de la Alta Inspección del Estado, han estudiado en centros privados con cargo a la Generalitat tirando de fondos que, de forma anticipada, el Estado ha detraído a la comunidad autónoma de las transferencias previstas, la fórmula que habilitó el ex ministro Wert para garantizar la educación del castellano en Cataluña.

La controvertida fórmula ha permitido que cada familia que ha escolarizado a un hijo en un colegio privado haya recibido 5.200 euros el curso 2014/15; 4.900 euros el 2015/16, y 4.600 el curso 2016/17.

La reforma de Celaá que avala el modelo catalán no es del gusto de todo el sector educativo. Los profesores ya han manifestado sus objeciones. Para el presidente del sindicato ANPE, Nicolás Fernández, «cualquier reforma educativa que es política de Estado debe garantizar unas enseñanzas básicas comunes, la coordinación y cooperación entre todas las administraciones educativas y la garantía para todos los alumnos de la lengua común del Estado junto a las lenguas cooficiales en las respectivas comunidades autónomas». En su opinión, «permitir el desarrollo del currículo en la propia lengua vernácula ahonda en la desvertebración y se debe garantizar la igualdad de derechos del alumnado y el profesorado en todo el territorio».

Conciertos
Por otra parte, Escuelas Católicas manifestó ayer su decepción al ver limitado en el borrador de anteproyecto educativo la posibilidad de concertar centros aunque haya demanda social. Esto significará que, en el caso de que en una localidad hubiera, por ejemplo, dos centros públicos, uno de ellos lleno y otro casi vacío, y en la misma zona otro concertado completo de alumnos, la reforma que impulsa Celaá daría vía libre a la administración para que quitara la ayuda al colegio concertado y se satisfaciera así la demanda de escolarización en el público vacío. A su juicio, «es preocupante que se haya omitido cualquier referencia a la libertad de enseñanza» en el texto legal.

El anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica de Educación concede a la Generalitat total libertad para decidir cuántas asignaturas imparte en catalán, y cuántas en español
La sonrojante ley por 'collons' de Celaá: luz verde a Cataluña para sacar el castellano de las aulas
Elimina el concepto de "proporción razonable" de las lenguas que estableció la Justicia
José M. Rodríguez Periodista Digital 21 Noviembre 2018

Otra bajada de pantalones para una nueva cagada del gobierno de Pedro Sánchez, gracias a la reforma educativa de la ministra Isabel Celáa, que tira por el retrete 30 años de denodada lucha en el país de las maravillas de Torrá por devolver al castellano su papel de lengua vehicular en las aulas. (El PSOE vota en La Rioja contra del castellano como lengua común en España).

El borrador del anteproyecto de Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), -que podría aprobarse a finales de año-, elimina de un plumazo la obligación establecida por la Justicia de impartir clases en castellano, y el Gobierno da vía libre a Cataluña para determinar qué asignaturas se dan en castellano y cuáles se imparten en catalán: (Colau prohíbe el castellano en los taxímetros de Barcelona y Sánchez dice que hay que 'evitar la confrontación').

"Las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes".

El modelo de enseñanza monolingüe en catalán, la llamada la inmersión, seguirá así asfixiando a miles de estudiantes, a quienes no les quedará otra que tragar para que no se cabreen los independentistas de turno a quienes tanto debe el actual Gobierno de 'okupación'.

Les viene así al pelo las sentencias firmes del Tribunal Constitucional y del Supremo, que reconocen al Estado la competencia para velar por el respeto de los derechos lingüísticos de los alumnos, así como el derecho a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado, aunque les traerá con total seguridad al pairo que les dé dan margen a las comunidades para que ellas fijen "la proporción razonable" de la enseñanza en castellano y en la lengua cooficial de la comunidad.

Estos matices de "razonabilidad" fijados por el Supremo en un mínimo del 25 por ciento del currículo en la lengua oficial del Estado, se eliminan ahora del borrador de marras.

José María Rodríguez es redactor en Periodista Digital. @JMRMontero

La escuela catalana será la que "compense" la falta de castellano
OLGA R. SANMARTÍN. Madrid El Mundo 21 Noviembre 2018

Así es la 'ley Celaá': el Gobierno entrega a Cataluña la decisión de qué materias se dan en castellano

La 'casilla del castellano', invisible para la Generalitat
El Gobierno quiere ceder a la Generalitat de Cataluñael control de la enseñanza en castellano. En su anteproyecto de reforma educativa, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la ministra Isabel Celaá entrega al Govern del presidentQuim Torra el poder para determinar qué asignaturas se imparten en español y cuáles en catalán y deja en manos de las escuelas la adopción de medidas para "compensar" las "carencias" que pudieran existir en cualquiera de las dos lenguas.

El "objetivo" de la también portavoz del Ejecutivo es llevar a cabo una regulación de las competencias educativas del Estado y las comunidades autónomas "respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y lealtad institucional", según se recoge en un documento que resume los principales cambios de la ley. El problema es que esa "lealtad inconstitucional" hasta ahora no se ha producido, pues Cataluña se ha negado a garantizar un mínimo de castellano en sus aulas. Aunque la Justicia concretó en un 25% la proporción de enseñanza en español, la mayoría de colegios e institutos catalanes sólo imparte una asignatura en esta lengua.

En las 69 páginas del anteproyecto no se contempla ningún mecanismo para atender las solicitudes de los padres que quieren que sus hijos estudien en castellano algo más que la materia de Lengua. Por un lado, se elimina la fórmula ideada por José Ignacio Wert para pagar centros privados a esas familias, ya anulada por el Tribunal Constitucional.

"Carencias"
Por otro lado, se mantiene que, "al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán comprender y expresarse, de forma oral y por escrito, en la lengua castellana y en la lengua cooficial". Pero lo único que hace es fiarlo todo a la escuela catalana, pues encomienda a los centros la elaboración de "análisis" para que "se garantice" que todos los alumnos tienen el "grado requerido" y deja que sean ellos los que tomen las "medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas", en una reveladora sintonía con lo que dice el nuevo proyecto lingüístico de la Generalitat, publicado hace un mes. "Esto es como poner al zorro a cuidar del gallinero", valora Mario Gutiérrez, presidente de Educación del sindicato CSIF, que cree que el texto es "un pago a Cataluña a cambio de recibir apoyos".

"Proporción razonable"
El anteproyecto queda a medio camino entre la LOE, que apenas trataba el uso de las lenguas cooficiales, y la Lomce del PP, que por primera vez contempló que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable". Este redactado permanece, y también se ha quedado la frase que dice que las autonomías "garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios". Pero ha desaparecido el deber de dar una "proporción razonable" en castellano, como dicen los tribunales. Tampoco se obliga ahora a Cataluña a hacer una "programación" de su oferta educativa que garantice el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en ambas lenguas. Sólo se indica que debe fijar "las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio".

La Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), que se remitirá al Congreso antes de que termine el año, también contempla otras novedades:

Cinco grandes pruebas
Desaparecen las reválidas como pruebas con efectos académicos pero habrá cuatro evaluaciones, además de la Selectividad: unas serán censales y las harán los centros a todos sus alumnos en 4º de Primaria y 2º de la ESO. Otras serán muestrales y plurianuales y las harán las autonomías con estándares metodológicos del Ministerio en 6º de Primaria y 4º de la ESO. El fin es diagnosticar debilidades del sistema y tomar medidas. No se podrán hacer ránkings comparativos de sus resultados.
Religión, Filosofía y Holocausto

Se vuelve al reparto competencial de la LOE: los contenidos del Ministerio requerirán entre el 55% y el 65% del horario y el resto lo determinarán las autonomías. Más allá de las materias principales, se reduce la oferta de asignaturas que antes ponía el Estado. Religión se cae de la lista (Escuelas Católicas expresó este martes su "preocupación"), al tiempo que se refuerza la Filosofía y se blinda la Cultura Clásica. Las optativas podrán configurarse también como un trabajo monográfico, un proyecto de colaboración con un servicio a la comunidad o una materia de oferta propia del centro. En el currículo, que será menos detallado, permanecen el Holocausto judío como hecho histórico, la cultura del pueblo gitano y la prevención de la violencia de género.

Directores
Los gobiernos regionales tenían un peso de al menos el 50% en las comisiones de selección de los directores, que eran nombrados mediante un concurso de méritos. Ahora al menos dos tercios de los que votan serán profesores y padres o personal del centro. Se evita así la designación de candidatos afines a la Administración, pero se abre la puerta a convertir el proceso en una carrera electoral.
Bachillerato con suspenso

Para conseguir el título de Bachillerato habrá que tener todas las asignaturas aprobadas, aunque "el Gobierno, oídas las comunidades autónomas, establecerá las condiciones y procedimientos para que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados al título".

Se pasa con tres
En Primaria la repetición será algo "excepcional", pero, si ocurre, el alumno tendrá un plan de refuerzo individualizado. En la ESO, los alumnos repetirán curso "cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias", pero, "excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de un alumno cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente, se considere que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica". La ley Wert añadía a este redactado la condición de no suspender a la vez Lengua y Matemáticas. En Bachillerato será como en la Lomce: se pasará de 1º a 2º con una evaluación negativa en dos materias como máximo.
Plazas públicas y conciertos

Se recupera el redactado de la LOE que decía que las autonomías "planificarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población", pero no se tiene en cuenta en la planificación de esa oferta "la demanda social" de las familias, un término que beneficia a la concertada.
 


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