AGLI Recortes de Prensa   Jueves 22 Noviembre 2018

La Comisión, el FMI y la OCDE 'destrozan' la política económica de Sánchez
D. Soriano Libertad Digital  22 Noviembre 2018

No es sólo cuestión de una décima de crecimiento aquí o allí. Ni de pequeñas divergencias sobre los ingresos fiscales. O sobre el ritmo de consolidación fiscal. Todo eso también. Pero hay mucho más. Los informes que los grandes organismos internacionales han publicado esta semana sobre la economía española suponen una enmienda a la totalidad de la política económica del Gobierno. Prácticamente todas las grandes medidas planteadas por Pedro Sánchez son criticadas (de forma expresa o implícita). Y, al mismo tiempo, se proponen muchas otras que o no están sobre la mesa o han sido expresamente rechazadas por el Ejecutivo. Ahora sólo queda por ver si los hombres de negro tienen capacidad de influencia en La Moncloa. Hasta ahora, ni con José Luis Rodríguez Zapatero, ni con Mariano Rajoy tuvieron demasiado éxito.

Este miércoles casi coincidía en el tiempo la publicación de los informes de las tres grandes instituciones internacionales que vigilan la economía española. Por un lado, estaba el Paquete de Otoño del Semestre Europeo de la Comisión Europea. La OCDE, por su parte, presentaba en Madrid su "Estudio sobre la economía española" correspondiente a 2018. Y el FMI, para no ser menos, también daba a conocer las conclusiones de su análisis anual sobre la situación económica de nuestro país.

La primera reacción ha sido, lógicamente, mirar a las cifras de crecimiento, déficit o deuda. Y sí, tal y como explicábamos este mismo miércoles, los tres organismos coinciden en su pronóstico: la economía española crecerá menos de lo esperado y eso se traducirá, entre otras cosas, en un menor ritmo de reducción del déficit.

Es un duro varapalo al nuevo Gobierno. Sin embargo, la respuesta desde Moncloa ha sido medida. Al fin y al cabo, los pronósticos mantienen la senda de crecimiento para España y nadie prevé un incremento del déficit. Por eso, Nadia Calviño aprovechaba este jueves la rueda de prensa que mantenía con Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, para minimizar las diferencias. Es una cuestión de unas "décimas" arriba o abajo, venía a decir la ministra de Economía, no de una discrepancia en el fondo.

Pero los documentos van mucho más allá. Cada uno a su estilo o con sus preocupaciones (la Comisión más centrada en el equilibrio fiscal y OCDE y FMI más en las reformas). Pero con una coincidencia: una enorme lista de deberes para el Gobierno, muchos mensajes de preocupación por tal o cual aspecto de la economía español y un buen puñado de peticiones de reformas. Es lo habitual en estos casos. Con Rajoy o con Sánchez, los organismos internacionales están para hacer esto: analizar la economía de los países miembros y hacer recomendaciones. Lo hacen con España y con todos los demás países que visitan. Lo llamativo aquí no es eso, sino la dirección de estas recomendaciones: un porcentaje muy elevado hace referencia a aspectos sobre los que se ha hablado mucho en las últimas semanas. Y en casi todos los casos, lo que piden estos organismos va en contra de lo propuesto por Sánchez.

Las propuestas
- Consolidación fiscal: aquí coinciden todos. Los tres organismos piden a Sánchez que aproveche el crecimiento económico para reducir el déficit y la deuda con más rapidez de lo previsto. Y esto es justo lo contrario de lo que pretende el Gobierno y le exigen sus socios parlamentarios: que use el margen otorgado por el incremento en la recaudación para gastar más sin tocar los grandes impuestos. Así, el FMI dice que es "crítico" mantener el objetivo del 1,8% para 2019 (mientras el Gobierno no se plantea ningún escenario en el que el déficit baje del 2%); la Comisión alerta de que existe un "riesgo" de una "desviación significativa" de España en el ritmo de ajuste presupuestario (la previsión de déficit para 2019 es del 2,1% si hay Presupuestos y del 2,4% si no se logran aprobar); y la OCDE pide que nuestro país muestre un ritmo de consolidación fiscal "más ambicioso" mientras continúe el crecimiento económico.

Como decíamos al comienzo del artículo, no es una discusión sobre una décima más o menos de recaudación, sino sobre el objetivo de la política fiscal: todos coinciden en que España no está aprovechando estos años de crecimiento para sanear el balance de sus cuentas públicas. Y no parece que el Gobierno que ha hecho de la reversión de los "recortes" que, asegura, realizó el PP una de sus banderas, vaya a cambiar, sino todo lo contrario, esta tendencia.

- Déficit estructural y deuda: en este punto es particularmente importante la advertencia que llega desde Bruselas sobre el déficit estructural (el que no tiene en cuenta los efectos del ciclo económico) y la falta de ajuste en el mismo, algo que podría tener un impacto muy negativo cuando cambie la dirección de la coyuntura o se agudicen los problemas de las economías de nuestro entorno. La previsión de la Comisión es que no haya ni una décima de mejora en este indicador, frente a las seis décimas que propone este organismo. Es decir, el déficit estructural seguirá tal cual y toda la mejoría del déficit nominal llegará por los ingresos extras derivados del crecimiento económico. Otro año más sin ajustes.

Hay que recordar que son las instituciones comunitarias las que revisan el presupuesto cada seis meses y es la ayuda de nuestros socios la que impidió la quiebra de España en 2010 y 2012 y la que ha sostenido la deuda española en todos estos años. Pues bien, todas las previsiones que hacen referencia al equilibrio presupuestario empeoran en este Paquete de Otoño de la Comisión, en el que se advierte de que "España debería aprovechar" los ingresos extra derivados del crecimiento para "reducir la ratio deuda/PIB" con más intensidad, algo que la Comisión cree que no se producirá. Además, como ya hemos visto, tanto el FMI como la OCDE también exigen un camino de reducción de la deuda más acelerado que el planteado por el Gobierno.

- Nuevos impuestos y recaudación: éste ha sido uno de los temas estrella (al menos para los medios de comunicación) del documento de la Comisión. También aquí el Gobierno comunitario da un importante toque de atención a Sánchez. En Bruselas creen que ninguno de los tributos que se subirán o se crearán (si se cumplen los planes de Moncloa, algo que no está claro) recaudará según acuerdo lo previsto desde Madrid. Ni el impuesto a las transacciones financieras, ni la Tasa Google, ni siquiera las medidas de lucha contra el fraude. Y no hablamos de ajustes menores: en todos los casos, las previsiones de la Comisión apuntan a que se logrará una recaudación entre un 20 y un 50% más baja de la planteada por el Gobierno español. Así, mientras que desde España se asegura que las nuevas medidas generarán un ingresos extras para las arcas públicas equivalentes al 0,6% del PIB (unos 7.000 millones de euros), en la Comisión creen que nos quedaremos apenas en un 0,4% (más de 2.000 millones de diferencia). Esto, unido a un incremento del gasto (también derivado de las medidas previstas en los Presupuestos) de tres décimas del PIB (el Plan Presupuestario enviado a la Comisión dice que serán dos), dejaría el ajuste presupuestario por las medidas aprobadas por el Gobierno en apenas una décima del PIB.

- Salario mínimo: es una de las pocas medidas concretas que los informes entran a valorar. Y lo hacen para alertar del peligro de que una subida tan grande como la propuesta por Sánchez y sus socios (el 22% para el año que viene) genere una pérdida de puestos de trabajo. Así, la Comisión advierte de que "el ritmo de creación de empleo se reducirá como consecuencia de la desaceleración de la demanda final, así como por el efecto amortiguador del incremento del salario mínimo". El FMI, en la misma línea, concluye que "el fuerte incremento del SMI del 22% podría poner en riesgo las oportunidades de empleo de los trabajadores poco cualificados y de los jóvenes".

- Impuestos y reforma fiscal: en este punto no hay una crítica directa a una política concreta (entre otras cosas porque el Gobierno no ha puesto sobre la mesa una reforma fiscal completa). Eso sí, todas las propuestas marchan en la dirección contraria a las medidas aprobadas o propuestas por el Gobierno en los últimos meses. Así, los tres organismos alertan sobre el incremento de los impuestos al trabajo (que es lo que está planteando Hacienda en las últimas semanas: con subidas del IRPF y cotizaciones sociales, por no hablar de Sociedades). En todos los casos, los autores de los documentos advierten sobre el efecto desincentivador que pueden tener estas medidas sobre la creación de empleo.

No sólo eso, además, tanto el FMI como la OCDE recuperan algunas de sus clásicas propuestas de reforma fiscal: más peso de la tributación sobre el consumo y menos sobre el trabajo, lo contrario de lo que se está haciendo en España desde hace años y de lo que el nuevo Gobierno pretende. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el IVA, los dos organismos piden que se amplíe el número de productos que pagan el tipo general del impuesto: justo el camino contrario al emprendido por el Gobierno, que ha aumentado la cantidad de artículos que tributan al tipo reducido o ultra-reducido.

Como consolación, quizás, podría decirse que tanto el FMI como la OCDE piden más impuestos verdes, también otra vieja exigencia de los organismos internacionales que, esta vez sí, el Gobierno parece que cumplirá.

- Reforma laboral: uno de los grandes objetivos de Sánchez y sus socios es acabar con la reforma laboral del PP, sobre todo en lo que hace referencia a la negociación colectiva y a la flexibilidad interna de las empresas. Pues bien, también aquí los informes conocidos este miércoles le piden no sólo que no lo haga, sino que profundice todavía más en la dirección comenzada en 2012. El más contundente en este punto es el FMI, que dice textualmente lo siguiente: "La mayor flexibilidad salarial es un logro crítico de anteriores reformas del mercado de trabajo y debe ser mantenido, en particular la prevalencia de los convenios de empresas sobre los acuerdos sectoriales". Es exactamente lo contrario de lo que Magdalena Valerio ha pactado con los sindicatos esta misma semana.

- Reforma de las pensiones: en la misma línea que el anterior punto, las propuestas de los organismos internacionales marchan en la dirección contraria a la anunciada por el Gobierno y a lo que se conoce de las negociaciones en el Pacto de Toledo. Así, el FMI afirma que las reformas de 2011 y 2013 implantaron medidas "financieramente apropiadas", aunque reconoce que no tenían "aceptación social", por lo que era necesario hacer ajustes a las mismas. Eso sí, el organismo con sede en Washington también dice que "es crítico evitar poner toda la carga" en los cotizantes del futuro y pide "soluciones equitativas y sostenibles". Hay que recordar aquí que el Gobierno ha derogado las dos patas de la reforma de 2013 (el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones) que estaban dirigidas a controlar el incremento del gasto en función de los ingresos del sistema, pero también a repartir las cargas de forma más equilibrada entre las diferentes generaciones.

En esta cuestión de las pensiones, la OCDE también plantea propuestas muy alejadas de las que maneja Sánchez: así, el documento de este organismo habla de subir la edad de jubilación según la esperanza de vida y pide reducir las prestaciones a través del incremento del número de años con los que se calcula la base regulatoria (también subiendo el número de años cotizados que dan derecho a cobrar el 100% de la pensión). Además pide ampliar las opciones de inversión de los trabajadores en planes privados, algo que también parece quedar al margen de los planes del Ejecutivo.

- Tamaño de las empresas: otro punto fundamental en los informes y en el que el Gobierno está haciendo justo lo contrario de lo que le piden. Tanto la OCDE como el FMI recuerdan en sus documentos que España tiene un problema grave de competitividad en parte derivado del tamaño de sus empresas. El tejido productivo de nuestro país tiene demasiadas micro-pymes que se estancan y no crecen. Y una de las razones es una regulación que incentiva a las empresas para sigan siendo pequeñas (por ejemplo, penalizando fiscalmente a las que pasan de un determinado tamaño). Por eso, los expertos de estos organismos piden de nuevo que España deje de penalizar el crecimiento empresarial: en este punto, hay que recordar que las pocas medidas que ha tomado el Gobierno favorables a las empresas han estado limitadas a las de menor tamaño. Es decir, si acaso, se ha avanzado todavía más en ese camino que penaliza el crecimiento empresarial (o incentiva el estancamiento, según la perspectiva que queramos tomar).

Sánchez, como Rajoy
La lista de los deberes sigue. Y en casi todos los casos, lo hace en la dirección opuesta a la marcada por Sánchez. Por ejemplo, los organismos internacionales piden profundizar en las regulaciones que mejoran la unidad de mercado (justo cuando los socios nacionalistas presionan para que nadie toque sus competencias en ningún aspecto y el Gobierno parece dispuesto a deshacer algunos de los avances de los últimos años) o en flexibilizar y liberalizar los mercados de bienes y servicios (como se ha visto con la guerra del taxi y Uber, lo contrario de lo que el Gobierno pretende; y no es éste el único caso).

Puede decir Pedro Sánchez que a Mariano Rajoy también le pusieron deberes y que tampoco los cumplió. Y es verdad. Quizás la principal diferencia esté en el lenguaje. El Gobierno del PP siempre tuvo sobre la mesa, al menos en teoría, las reformas que los organismos internacionales le pedían, aunque aprobó muy pocas (y las que aprobó, muchas veces, estaba muy aguadas respecto a las intenciones iniciales). Al Ejecutivo socialista no le queda ni eso. Ni siquiera pretende (salvo Calviño, que parece la voz de la ortodoxia en el Consejo de Ministros) hacer caso a la Comisión, el FMI o la OCDE. ¿Las consecuencias? A corto plazo, no muchas (o mejor dicho, dependerá de lo que cada uno piense sobre la efectividad o no de las medidas). Pero los efectos quizás sí puedan verse medio-largo plazo, sobre todo si España vuelve a necesitar la ayuda o el respaldo de estos organismos. La credibilidad con las cuentas públicas y el afán reformista de nuestro país no salen muy reforzados de esta semana.

¿Montesquieu vuelve?
Gabriel Albiac ABC  22 Noviembre 2018

Fue aquel analfabeto ilustrado, Alfonso Guerra, quien acuñó la consigna. González, para entonces, había ejecutado ya a Marx. Procedía asesinar ahora a Montesquieu. Era la gran ofensiva contra el Estado democrático. Impensable en un país con tradición constitucional. Indiferente aquí. «Montesquieu ha muerto», proclamó el capataz socialista. Corría el año 1985. Gobiernos de diverso perfil han gobernado España desde entonces. Ninguno ha movido un dedo para resucitarlo.

¿Cómo se gestó aquel asesinato? 1985. Al Ejecutivo lo movía un dilema específico: los recursos ante el Constitucional sobre sentencias de aborto. En ese marco dicta el vicepresidente su sentencia: «Las leyes no pueden permanecer paradas por doce personas que además no han sido elegidas por las urnas». El argumento es idéntico al esgrimido anteayer por el Doctor Sánchez: sólo los electos parlamentarios poseen legitimidad. La jerarquía judicial debe, pues, obedecer al Parlamento. Así se hizo. Así se ha seguido haciendo. Hasta que Marchena, anteayer, rompió la baraja.

La democracia no es las elecciones. No lo es sólo. Elecciones, las ha habido en todas las dictaduras. La democracia es un protocolo que el tal Montesquieu acuña en fórmula seca: «Es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder contrarreste al poder». Lo que el autor del Espíritu de las leyes está profetizando es la emergencia de una máquina de mando colosal: el Estado moderno. Consumada la centralización administrativa, económica y militar por las monarquías absolutas, el mundo europeo se enfrenta a un dilema crítico: ¿cómo sobrevivir a un dispositivo de poder cuyas dimensiones lo penetran todo, vida pública como privada? La respuesta de Montesquieu fija el hasta hoy único procedimiento funcional: desintegrar las tres instancias sobre las que ese poder reposa -ejecutiva, legislativa y judicial-, autonomizarlas y contraponer sus procedimientos e intereses; que la potencia del Estado se oponga y refrene a la potencia del Estado, que no sea un poder único y despótico el que haga pasar su apisonadora sobre los individuos. El Estado democrático no se asienta sobre la colaboración de sus instancias: ésa es la lógica de los despotismos. El Estado democrático se asienta sobre el conflicto insoluble entre ellas. Los totalitarismos entendieron que era ése el mecanismo que había que quebrar para imponer una eficaz dictadura: los jueces fueron puestos al servicio de un Ejecutivo que ejercía como voz del pueblo. Y Europa naufragó.

En rigor, no hay más división real de poderes que la que puso en marcha la Revolución Americana: Presidencia, Cámaras y Magistrados proceden de mecanismos electivos independientes. Es, en parte, el modelo que adapta De Gaulle a Francia con la Vª República. El sistema español nada conoce de esas divisiones: ejecutivo y legislativo son extensiones de lo mismo, con origen partidista en las mismas urnas. Y, a partir de 1985, la jerarquía judicial no es otra cosa que un seudópodo del Leviatán que lo decide todo. Un presidente de gobierno que posea mayoría absoluta es, en España, un dictador electivo. El caso de Felipe González, en el esplendor de sus mayorías absolutas, debiera servirnos como escarmiento: crímenes de Estado, corrupción, impunidad sin límite… «¿Es que nadie va a decirle a los jueces lo que deben hacer?», recriminaba el jefe al presidente de la Audiencia cuando su monopartidismo empezó a derrumbarse. Eso nos trajo el asesinato de Montesquieu. Eso nos sigue trayendo.

‘LA ANDALUCÍA DE ISABEL LA CATÓLICA’
VOX congrega a más de mil personas en Córdoba y responde al PP y su ‘voto útil’
La Gaceta   22 Noviembre 2018

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha rechazado “la Andalucía de Blas Infante, de Almanzor, de Abderramán y de Al Ándalus”, frente a la de Fernando III, Isabel La Católica y “las Cortes de Cádiz”.

En un mitin en Córdoba con motivo de las elecciones andaluzas y ante más de medio millar de simpatizantes, Abascal ha criticado a quienes “ponen en riesgo el patrimonio cultural, religioso e histórico”, como la Mezquita-Catedral, que ha sido, ha dicho, “lo primero que he visitado en Córdoba”.

No al radicalismo islamista
Abascal ha recordado que Vox propone “la expulsión inmediata de todos los imanes fundamentalistas de todas las mezquitas salafistas”, y la “prohibición” de mezquitas financiadas por países “que no permiten la libertad religiosa”.

Ha sido prácticamente la única referencia andaluza de su discurso, que se ha centrado casi en su totalidad en las cuestiones que afectan a su partido a nivel nacional: “Si están tan preocupados por la división del voto, le ofrecemos una solución, que no se presenten, y que se rindan ante la evidencia de lo que Vox representa”, ha dicho.

La AVT desampara a docenas de asesinados por ETA
El deber de la AVT es el de dar el mismo trato, cariño y protección a esas casi 70 víctimas del terrorismo que quedan fuera del listado y que tienen exactamente el mismo derecho a la verdad
Daniel Portero de la Torre. Víctor Valentín elconfidencial  22 Noviembre 2018

La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al definir los principios contra la impunidad (resolución de 8 de febrero de 2005), estableció expresamente que “la amnistía y otras medidas de clemencia no afectan al derecho de las víctimas a reparación previsto en los principios 31 a 34, y no menoscabarán el derecho a saber”.

Cualquiera que se moleste en estudiar un poco el derecho a la verdad, tal y como ha sido definido por los organismos internacionales de derechos humanos, esto lo sabe. Si se molesta en estudiarlo un poco, digo, antes de lanzarse en plancha con todo.

A partir de ahí, que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) afirmase hace dos semanas haber actualizado el listado de asesinatos sin resolver de ETA reconociendo que los que llaman “casos prescritos” sí tienen derecho a la verdad y pretendiendo que los cerca de 70 asesinatos 'amnistiados' no tienen ese mismo derecho es un charco técnico de profundidad significativa.

Acredita ya por sí solo la falta de rigor y seriedad con que ha sido abordada tal actualización de listado presentada si lo primero de todo se comienza por aplicar el derecho a la verdad… acreditando ni haber verificado siquiera cuál es su real alcance... Invocar el derecho a la verdad, como hace expresamente la propia AVT para a continuación excluir a todas las víctimas anteriores a la amnistía del 77 del listado de casos… cuando precisamente el derecho a la verdad existe para proteger a ese tipo de víctimas...

Y peor aún, y más sorprendente si cabe, es que la AVT diga que actualiza un tal listado de casos sin resolver sin dar ningún listado después. No hay listado. No da el propio listado que se dice 'actualizar'. Pero no solo eso, sino que la AVT se niega también —más sorprendente todavía— a dar esos 307 nombres también en privado. Ni siquiera de forma reservada lo entregan a otras asociaciones de víctimas como Dignidad y Justicia.

¿Es esto sostenible? Cero cotejo nombre a nombre, cero examen de criterios seguidos y cero debate racional de qué supuestos casos han de considerarse resueltos y cuáles no, y el porqué. Resultan ser 307 procedimientos sin resolver de ETA porque así lo declara la Santa Doctrina de la Iglesia, como en la Europa anterior a la Ilustración.

¿Se imaginan que en un medio se publicase un estudio, una encuesta, sin ser aportados sus pertinentes datos técnicos de base? ¿Cómo sería considerado? Humildemente, creo que es otro grave error adicional que se suma a la falta de criterio técnico y que solo acredita lo poco claro que tienen los autores su propio trabajo, que así lo esconden.

Y el conjunto de todo este mal hacer en cadena, error tras error, no puede sino perjudicar a docenas de víctimas, y entristecernos a muchos que tanto cariño y tanto aprecio tenemos por una asociación que sentimos como propia, pero tras cuyos últimos desconcertantes derroteros con el Gobierno cada vez nos cuesta más reconocer a muchas víctimas. Y ahora esto.

¿Se merecen docenas de víctimas de ETA que un informe tan poco serio de la AVT las excluya, de un plumazo, del listado de casos sin resolver, negándoles así los derechos que hasta la propia Comisión de Derechos Humanos ONU resulta que sí les reconoce?

No, no se lo merecen. No se merecen ser excluidas así de la última barrera de protección que para ellas representa figurar o no figurar en el listado de casos sin resolver. Listado este más allá del cual solo queda el vacío, subir un peldaño más en su impunidad, verles negado hasta el mismo derecho a saber. No es justo, no es humano, no es correcto. Y además es que la única razón es que se basa en una mera aplicación 'amateur' y a la ligera de conceptos internacionales muy serios como el derecho a la verdad.

Y el deber de la Asociación de Víctimas del Terrorismo es el de dar el mismo trato, cariño y protección a esas casi 70 víctimas del terrorismo que quedan fuera del listado y que tienen exactamente el mismo derecho a la verdad y a saber quiénes fueron los desalmados asesinos de sus seres queridos, al igual que cualquier otra víctima. Ídem respecto a otras víctimas de otros grupos en idéntica situación.

De modo que mal asesorados, sin pretenderlo, como sea, no importa, lo importante es que los errores graves como este hay que rectificarlos, y lo antes posible, antes de que se instale en la sociedad —promovida por las propias víctimas, ay— la falsa idea de que las víctimas de ETA de antes de la amnistía no tienen ese mismo derecho a la verdad que las de después, que hay víctimas de primera categoría y de segunda categoría. Eso es lo único, en definitiva, que no puede ser.

Rectifíquese, por favor, semejante atropello. Rectificar es de sabios, y cuanto más brevemente hayamos de vernos todos en este mal lance o pifia, mejor que mejor. Todas las víctimas de ETA, dentro del listado por igual, luz y taquígrafos con los nombres (es que otra cosa ni tan siquiera es seria) y a seguir, que queda mucho trabajo por hacer.

*Daniel Portero y Víctor Valentín, presidente y vicepresidente de la Asociación Dignidad y Justicia.

Paga los sueldos de 153 funcionarios religiosos en estas dos ciudades
Marruecos financia la mayor parte de las mezquitas de Ceuta y Melilla
www.latribunadelpaisvasco.com 22 Noviembre 2018

El Gobierno de Marruecos ha admitido que financia la práctica totalidad de las mezquitas y de los imanes que dirigen el culto musulmán en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados a la agencia Efe por el ministerio de Asunto Islámicos en Rabat.

El ministro portavoz del Gobierno, Mustafa Jalfi, ha reconocido que su país paga "históricamente" a "un número limitado" de imanes en la ciudad de Ceuta, pero los datos que aporta el Ministerio de Asuntos Islámicos van mucho más lejos. De hecho, esta institución financia a 34 mezquitas en Ceuta (sobre un total de 42) y 17 en Melilla, que representan en este segundo caso la totalidad de templos islámicos en la ciudad, incluidos los "informales".

En esta financiación se recogen los sueldos de los "encargados del culto", una categoría donde entran los imanes que dirigen cada mezquita, los predicadores que generalmente se desplazan cada viernes desde territorio marroquí (desde Nador en el caso de Melilla; desde Tetuán en el caso de Ceuta) y hasta los almuédanos que llaman cinco veces al día a la oración.

Pues bien, el Gobierno marroquí paga actualmente los sueldos de 95 funcionarios religiosos en Ceuta y de otros 58 en Melilla, siempre según los datos oficiales del ministerio. Según sus referencias, el monto de la ayuda concreta a estos funcionarios es de 600 euros mensuales para cada imán responsable de la mezquita, 300 para el predicador que se desplaza cada viernes y 50 euros para el almuédano.

El titular marroquí de Asuntos Islámicos, Ahmed Tawfiq, considera en declaraciones a Efe que su país "satisface una demanda allí donde existe" y donde existe "una comunidad de marroquíes" que la solicita.

“Desgraciadamente, explica Abdelkrim Alal desde Melilla-, no tenemos ni un solo imán español, ni tenemos un solo euro para formar imanes. Nuestro Gobierno de España no ha hecho nada por el islam y no nos brinda ninguna facilidad" para la práctica del culto musulmán. Mientras no tengamos nuestros imanes, es preferible que las mezquitas las gestione Marruecos. Su modelo es el de la moderación, preferible al wahabismo y al radicalismo que fomentan, por ejemplo, Arabia Saudí o los Emiratos Árabes en otras mezquitas en España. Ahí residen los problemas”.

Efectivamente, aunque en otros regiones de España, como es el caso del País Vasco, ocurre lo mismo que en Ceuta y Melilla y Marruecos controla las mezquitas, en otras comunidades son Arabia Saudí o los Emiratos quienes controlan los lugares del culto musulmán, con una aplicación de la doctrina islámica mucho más rígida e intransigente. El caso más claro de esta situación es el de la mezquita de la M-30 de Madrid, la más grande y lujosa de España, y financiada por Riad. En ella estuvieron varios de los terroristas que participaron en los atentados del 11M.

De hecho, fue el propio Abdelhak Jiam, director del Buró Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ), responsable de la lucha contra el terrorismo en Marruecos, quien hace unos meses exigió a España que los lugares de culto musulmán en el territorio nacional quedaran “bajo tutela de una institución gubernamental”. Jiam consideraba entonces que España “tiene una importante comunidad de musulmanes, entre conversos y llegados de otros países”, que deben estar encuadrados en comunidades religiosas públicas y supervisadas por el Gobierno.

“Hemos puesto en marcha una nueva estrategia para hacer un seguimiento de los marroquíes que están en el extranjero, y de hecho hemos llamado a nuestros homólogos occidentales para que compartan con nosotros los datos que tienen”, señalaba en este sentido el director del BCIJ. Esta misión se antoja complicada: en España, y a pesar de la voluminosa comunidad musulmana existente, no se conoce el número exacto de imanes que guían la oración en las más de 1.300 mezquitas desplegadas por todo el territorio nacional.

Para Jiam es necesario que los servicios de seguridad españoles censen a todos los marroquíes que hay en el país para poder comunicar cualquier dato sospechoso que se obtenga. La cooperación entre los servicios de inteligencia españoles y marroquíes es, en su opinión, “excelente”, incluso en la actualidad “mejor que con Francia”. De hecho, “ya ha habido operaciones en las que se han formado equipos conjuntos de investigación que han actuado de forma simultánea en las dos naciones”.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Lo que haga falta
¿Qué habrían hecho Macron, May o Merkel si un diputado escupiese a su ministro?
Luis Ventoso ABC  22 Noviembre 2018

Aunque es absolutamente impensable, pues la elegancia institucional y el respeto mutuo son muy diferentes y no campa por allí ningún makoki arrabalero equiparable a Rufián, vamos a imaginar que los diputados independentistas escoceses abandonan airados la Cámara de los Comunes tras una gresca con el ministro de Exteriores. Pero al pasar por delante del titular del Foreign Office, al que acaban de llamar «fascista» a voces desde su bancada, uno de esos diputados nacionalistas del SNP va y le escupe. El ministro se revuelve airado y denuncia de palabra el salivazo, señalando con gestos al supuesto agresor. ¿Qué habría pasado tras una escena tan cutre y execrable? ¿Los ministros y diputados conservadores se inhibirían? ¿O saldrían en tromba a condenar la agresión a su ministro? Evidentemente, Theresa May -como Macron, Merkel o cualquier líder mínimamente normal- condenaría de inmediato y en los más duros y claros términos tan repugnante agresión, reveladora de una ínfima calaña moral. Además, las relaciones con el partido separatista quedarían rotas.

¿Y qué hizo el PSOE ayer? Pues en buena medida dejar vendido a Borrell. Dolores Delgado, que no pierde ocasión de equivocarse y que tenía a su lado al ministro atacado, tuvo como primer reflejo pedir a Borrell que se calmase, en lugar de defenderlo. Adriana Lastra, que estaba justo detrás de él, se escaqueó diciendo que no vio bien si hubo escupitajo. Grande-Marlaska, que también estaba a un paso, a lo suyo. ¿Por qué tan vergonzantes inhibiciones? Pues porque todos saben que desde que Sánchez llegó a La Moncloa en el Gobierno impera una consigna: pase lo que pase, prohibido molestar a los partidos separatistas que mantienen como presidente a un candidato que había perdido por goleada las elecciones. El Ejecutivo es rehén de quien lo sostiene. Por eso este mismo martes, en la víspera del escupitajo de ERC a Borrell, había pasado lo siguiente: el PSOE se opuso a una moción para evitar los indultos a presos golpistas; anuncio por boca de Celaá que dará barra libre a la Generalitat para acabar con el español en sus escuelas; y se abrieron seis nuevas «embajadas» catalanas con el consentimiento silente del Gobierno. Ayer, ya tras el ataque a Borrell, otro concesión más a los socios separatistas: destitución fulminante del abogado del Estado que se había atrevido a proponer delito de «rebelión» para Junqueras y compañía.

Un par de horas después del acoso de ERC a Borrell, Sánchez dio por fin señales de vida. Lo hizo vía Facebook, donde subió un comentario sobre lo sucedido. El texto supuso una nueva decepción. En lugar de llamar por su nombre a los únicos culpables de lo sucedido, los diputados de ERC, evitó citarlos e hizo condenas genéricas sobre el mal tono parlamentario, llegando a comparar el escupitajo con las críticas que le hace Casado («graves insultos», las llamó).

Se hace muy duro que los españoles estemos gobernados por una persona que no es capaz de plantarse frente a Esquerra cuando acaba de escupir a uno de sus más importantes ministros. Los juegos malabares de Sánchez para no molestar a los golpistas son en realidad lo más grave de toda la oprobiosa jornada de ayer. Urgen elecciones.

Sánchez no deja de ayudar a los golpistas
OKDIARIO  22 Noviembre 2018

Pedro Sánchez cede ante los golpistas. Da igual cuando lea esta frase. Se cumple constantemente. El presidente del Gobierno está empeñado en trocear el honor y la dignidad de nuestras instituciones y entregárselo poco a poco a los independentistas catalanes. Como bien ha señalado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, parece que quiere “poner el Estado al servicio de los golpistas”. El sillón hipotecado de La Moncloa le obliga a seguir otorgando concesiones que, por otra parte, cada vez son más escandalosas. El mismo día que el diputado de Esquerra Republicana Jordi Salvador ha escupido al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, y Gabriel Rufián lo ha insultando diciéndole que es el ministro “más indigno de la democracia española”, el Ejecutivo se ha cargado al abogado del Estado que se negó a retirar el delito de rebelión a los golpistas.

Un auténtico escándalo que quita de en medio a Edmundo Bal, partidario de seguir la línea marcada por la Fiscalía y acusar a los golpistas presos como autores de un delito de rebelión. Si la justicia no persevera en esa corriente, las penas se reducirán de forma muy considerable. Por ejemplo, en el caso del ex vicepresidente regional Oriol Junqueras, principal acusado, la petición pasaría de 25 años de cárcel a sólo 12. La abogada general del Estado, Consuelo Castro, queda en evidencia tras esta decisión y, con ella, la reprobada ministra de Justicia Dolores Delgado. También la maltrecha independencia judicial, pues esto es un mensaje indirecto que va con la directa intención de presentar como aviso la posición del Gobierno.

No obstante, y por lamentable que sea, este nuevo gesto con los independentistas no puede resultar extraño. Ante la bronca que ha tenido lugar este miércoles en el Congreso, Sánchez se ha limitado a decir que “hay que hacer autocrítica”, pero sin un solo reproche a su socio de Gobierno Gabriel Rufián. Así las cosas, no es de extrañar tampoco, a pesar del daño a España y a los españoles, que el PSOE se haya opuesto en dos ocasiones —primero en la Asamblea de Madrid y después en el propio Congreso— a la loable iniciativa de Ciudadanos para que no se pueda indultar a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Así las cosas, no descarten que gracias al desgobierno del PSOE dar un golpe de Estado salga gratis… o casi.

Okupas de manual.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 22 Noviembre 2018

PEDRO SÁNCHEZ: CÓMO OKUPAR EL PODER PARA COLMAR AMBICIONES PERSONALES Y RESISTIR COMO ESTRATEGIA ANTI-DESAHUCIO.

La estrategia de Pedro Sánchez no se ha diferenciado casi en nada de la que asociaciones anti desahucio trasmiten a sus protegidos en los manuales de ocupación. Ha ido siguiendo los pasos fielmente comenzando por la presentación de la moción de censura aprovechando la sentencia contra el PP por el caso Gürtel y cuando tuvo asegurada la mayoría parlamentaria con el apoyo de los independentistas del PNV que no dudaron en sustituir el pacto de legislatura acordado con el PP a cambio de generosas concesiones económicas, que Pedro Sánchez prometió mantener. Así como el apoyo de los proetarras de EH BILDU siempre dispuestos a obtener beneficios políticos como el acercamiento de los presos de ETA a El País Vasco. Pero el apoyo fundamental provenía de una parte de su alter ego Pablo Iglesias y PODEMOS que aspiraba a tener influencia en el futuro Gobierno e imponer su programa de gastos y subidas de impuestos y de otra parte de los partidos golpistas de ERC y PDeCAT a cambio de futuras concesiones y actuaciones para garantizar la impunidad de los encausados.

El discurso previo a la moción fue de lo mas comedido y lleno de buenas intenciones como la de no buscar el poder por el poder sino como medio de lograr tres objetivos: “recuperar la normalidad política e institucional, regenerar la vida democrática, y poner en marcha una agenda social que atienda a las urgencias sociales” y convocar elecciones “cuanto antes”. También afirmó que no renunciaba a ningún voto de apoyo a su moción de censura incluidos los partidos independentistas. La moción de censura prosperó finalmente con los votos a favor de PSOE (84), PODEMOS (67), COMPROMIS (4), NUEVA CANARIAS (1), PNV (5) ERC (9) y PDeCAT (8), en total 178 escaños de 350. Y la primera acción del manual del perfecto okupa, fue la de “cambiar la cerradura”, esto es transformar el “cuanto antes” en “agotar la legislatura”. Una eficaz forma de impedir el acceso.

La segunda fue la designación de un Gobierno donde los principales Ministerios los ocuparon afines al ala más dura del PSOE y donde destacan sobremanera Carmen Calvo en la Vicepresidencia, José Luís Ábalos en Fomento, Margarita Robles en Defensa, Dolores Delgado en Justicia, Isabel Celáa en Educación secundaria y portavoz del Consejo de Ministros, Meritxel Batet en Política territorial y formación pública y Fernando Grande-Marlaska en Interior. Para Economía optó por alguien de bajo perfil político ya introducido en la UE, con amplia experiencia como funcionaria tecnócrata y con credibilidad, Nadia Calviño. Para el resto solo destacaba como imagen el astronauta Pedro Duque nombrado Ministro de Ciencia, digamos la relativa a la educación universitaria complementado a la cartera de Isabel Celáa de Educación secundaria y formación profesional.

El siguiente paso fue el anuncio de diversas medidas de contenido social, poniéndose al frente de las manifestaciones de los “yayos” como la de la revalorización de las pensiones con el IPC para el 2019 y el pacto con PODEMOS de los nuevos Presupuestos Generales del Estado con un incremento del gasto real de más de 10.000 millones de euros y una subida de impuestos de IRPF y autónomos. Unos PGE que Pablo Iglesias ha tratado de vender a los golpistas de ERC y PDeCAT llegando a visitar en la cárcel a Oriol Junqueras para convencerle de que no condicionase su apoyo ligándolo a las exigencias de liberación y retirada de los delitos imputados por el Tribunal Supremo. Una misión que no ha tenido éxito ya que Pedro Sánchez no se ha atrevido a ir más allá de presionar a la Abogacía del Estado para que cambiase el delito de rebelión por el de sedición por medio de la reprobada Ministra de Justicia Dolores Delgado que se niega a dimitir por el contenido de las grabaciones realizadas por el excomisario Villarejo.

Pero esa actitud de enroque y resistir numantinamente solo es una más de las directrices dictadas por Pedro Sánchez para mantener la unidad del Gobierno para el resto de la legislatura. Un objetivo que cada vez se ve más difícil de conseguir por el constante desprestigio de los Ministros y Ministras, como es el caso ahora de la de Economía Nadia Calviño, afectada por el virus de las empresas interpuestas como forma de pagar menos impuestos. Una triquiñuela legal precisamente creada para beneficiar a quienes tienen posibilidades económicas y de patrimonio y que el común de los ciudadanos no tiene acceso. Una alternativa legal, pero nada ética que escandaliza a la opinión pública, que además asiste estupefacta a la desfachatez de quienes como Isabel Celáa ocultan patrimonio en sus declaraciones oficiales o las infravaloran hasta el ridículo. Nadie debería tener su vivienda habitual como parte patrimonial de una empresa fantasma instrumental sin actividades mercantiles solo para beneficiarse de una rebaja sustancial en los impuestos.

Así que la última consigna es la de declararse “pobre de solemnidad” y como en la última declaración de bienes de Susana Díaz afirmar que en cuentas corrientes de bancos solo dispone de 90 euros, alguien que tiene un salario de 100.000 euros y propiedades, nos quiere convencer de que no dispone de caja, ni siquiera para pagar el recibo de la luz o del gas. Casi que dan ganas de lanzar una campaña de solidaridad de “ayuda a Susana” antes de que tenga números rojos. Y es que realmente estos socialistas se han ganado a pulso el que se les llame “sociolistos”, porque su apego por la buena vida, por el enchufismo descarado y el vivir del erario a la “sopa boba” es todo un reto. Eso sí, tampoco se privan de engordar currículos e inventarse licenciaturas, doctorados y másteres para pavonearse y justificar que si están en los cargos es porque se lo merecen.

La pregunta es si quienes les votan son conscientes del tipo de personajes sin escrúpulos a los que conceden su confianza. Personalmente creo que son plenamente conscientes y eso les hace ser cómplices de las consecuencias sobre el resto de los conciudadanos que no se presta a su juego de compra de voluntades mediante subvenciones, tratos de favor, enchufes, falsos ERE’s y cuantas argucias administrativas favorezca a sus fieles. Esos que les votan demuestran ser de igual o peor calaña moral.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

El Fórum Filatélico de la República Catalana
Teresa Giménez Barbat okdiario 22 Noviembre 2018

Entre los tópicos de la retórica procesista, hay uno al que no se ha prestado suficiente atención; obviamente, para desmentirlo con rotundidad. Me refiero a la consideración de que los dirigentes soberanistas han traicionado las ilusiones de su electorado, y “el poble català” ha sido víctima de una suerte de fraude a gran escala. A esa queja se apuntan tanto los chicos de la gasolina de la CUP —Xabier Arzalluz pixit, que diría Carmen Calvo—, desengañados como López Tena o la propia Clara Ponsatí, el tercerismo e incluso cierto antinacionalismo. Así, los independentistas de buena fe habrían confiado legítimamente en que un sortilegio —léase, referéndum fake— propiciaría la secesión y con ella, un mundo edénico, sin aristas ni traumas, grotescamente resumido en ese ‘con la república catalana ¡habrá helado de postre!’ con que la ANC y sus terminaciones nerviosas embadurnaron las calles.

De la teoría del engaño a los votantes nacionalistas no sólo se sigue que éstos carecieron de toda responsabilidad, cuando, de hecho, no habido —no hay— más responsables de la crisis que esos dos millones de catalanes que, en el culmen de la inmoralidad, siguen tratando de persuadir al mundo —y sobre todo, de persuadirse a sí mismos, no hay nacionalismo sin endogamismo— de que España es un Estado posfranquista. Además, se apunta la necesidad, incluso como punto vertebral de un futuro programa electoral, de mitigar la frustración colectiva. Lo que, obviamente, sólo puede traducirse en un nuevo capítulo de concesiones, ya se trate del reconocimiento de la España plurinacional o del blindaje de las competencias identitarias. Eufemismo, por cierto, que según ilustra Juan Claudio de Ramón en ese formidable tratado pedagógico que es su ‘Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña’, no enmascara sino la pretensión de que los tribunales no se pronuncien sobre el asunto.

Textualmente: “Una suerte de zona de exclusión aérea que los tribunales de la federación [España, Estado federal de facto] no puedan sobrevolar”. Al parecer, sus víctimas hemos de compensarles. ¡Es que son dos millones! Nos lanzan como argumento. Perdonen, señores, 270.000 fueron los damnificados del Fórum Filatélico y ellos pusieron sus ahorros, que son palabras mayores. Ya se intentó que fuera el Estado con los dineros de todos quien se hiciera cargo de la tomadura de pelo. Pero sus dirigentes fueron a la cárcel y a los engañados les ha tocado conformarse, por el momento, con la devolución de tan sólo el 20,5% de los ahorros. Ese Fórum Filatélico de la independencia, de la República, del reconocimiento internacional y de la Tierra Prometida ha roto ilusiones, pero no es lo mismo. En realidad nos ha arruinado, pero a todos, sin discriminar apellidos. Eso ha sido lo más democrático del procés.

¿Y qué hay de la frustración de los no nacionalistas? ¿Se prevé algún tipo de reparación para quienes llevamos 40 años soportando la gota malaya del soberanismo? ¿Por qué nosotros deberíamos tener menos derecho a, por ejemplo, una ley de cierre autonómico que impida en lo sucesivo más aventuras suicidas? Y ello siendo magnánimos, porque la verdad es que en todos los sondeos que se efectúan al respecto, la opción de devolver competencias estratégicas al Estado central tiene cada día más y más partidarios. Ante la evidencia de que el nacionalismo catalán ha utilizado la televisión autonómica y la escuela pública como instancias de adoctrinamiento y a los Mossos d’Esquadra como policía política, ¿no estaríamos ante una medida razonable?

El Gobierno destituye al abogado del Estado que defendía la rebelión en el 'procés'
Cesado por discrepar de la acusación en el juicio contra los políticos independentistas. El Ejecutivo sostuvo que la acusación era solo técnica, pero ahora admite que hubo órdenes
Beatriz Parera. Rafael Méndez elconfidencial  22 Noviembre 2018

El Gobierno ha destituido al abogado del Estado encargado de la causa del 'procés', Edmundo Bal, informan a El Confidencial fuentes jurídicas. El encargado del departamento penal de la Abogacía se oponía a la acusación en la causa que conduce el Tribunal Supremo por el delito de sedición, y defendía que debía mantenerse la rebelión en la línea de la Fiscalía. La decisión le ha sido comunicada este miércoles por la tarde por la abogada general, Consuelo Castro, y cuenta con el aval de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Justicia afirma que el motivo esgrimido ha sido la pérdida de confianza que provocó su negativa a firmar el escrito que se presentó ante el alto tribunal, en el que se descartaba la violencia durante los hechos de hace un año. En esa acusación, se reclamaban penas mínimas de 12 años de cárcel para el principal de los responsables, Oriol Junqueras. La acusación presentada llevó una firma destacada. Castro, la jefa del departamento tras la llegada de Sánchez a La Moncloa, impuso su jerarquía, y firmó el escrito que excluía la rebelión y que solicitaba la mitad de penas que la Fiscalía.

La Abogacía, dependiente de Justicia, acusa también por malversación, como adelantó este diario que estaba planteando. Su rúbrica se plasmó debido a que Bal, responsable hasta este miércoles del departamento, no accedió a avalar con su nombre ese escrito. Antes de ese momento crítico, el abogado llegó a realizar hasta tres borradores: el primero en la línea que él defendía, por rebelión, el segundo solo por malversación y el último por sedición. La noticia de su relevo la ha adelantado 'El País' casi a la vez que se le comunicaba al afectado, según fuentes de la Abogacía.

La decisión del Ejecutivo de elegir una línea distinta a la de la Fiscalía, que acusa por rebelión y pide 25 años para el 'exvicepresident', fue interpretada como un gesto hacia los de ERC en plena negociación de los Presupuestos. Durante semanas, el Ejecutivo ha mantenido que la acusación era una decisión de los abogados de Estado del caso y que no había instrucciones políticas, algo que ahora se termina de desmontar.

En julio, Pedro Sánchez fue preguntado en 'eldiario.es' sobre si iba a dar instrucciones a la Abogacía del Estado. "Creo que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado tienen que basarse en fundamentos jurídicos para fijar la posición del Estado. Yo voy a respetar las decisiones que tomen". Hace unas semanas, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, insistió en que la Abogacía del Estado está trabajando únicamente con "criterios técnicos y jurídicos, con imparcialidad". Añadió que no existía ningún plan para cambiar la calificación del escrito de la Abogacía. Solo José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, admitió que había sido un decisión política al afirmar que el informe de la Abogacía era "riguroso jurídicamente pero atendiendo también a la política del Gobierno".

El Gobierno es el 'cliente' de los abogados del Estado y puede imponer la línea de defensa. Al contrario que la Fiscalía, la Abogacía tiene dependencia jerárquica de Justicia. Sin embargo, el empeño del Gobierno de vestir como una decisión técnica la acusación por sedición levantó un extendido malestar en la Abogacía del Estado. No solo suponía acusar por la mitad que la Fiscalía, sino que el Gobierno lo vendía como una decisión de la base de la Abogacía, cuando lo normal al llegar a un juicio es llevar una acusación de máximos que luego se puede rebajar.

La discrepancia de Bal con la línea impuesta por la titular del ministerio se remonta a meses atrás. Bal, relevado este miércoles, ya lo estuvo durante unas horas durante el episodio de la defensa del juez Pablo Llarena en Bélgica. En aquel momento, la ministra y la abogada general le culparon de la filtración de los informes que contradecían el criterio de Delgado de no amparar al magistrado demandado por Carles Puigdemont.

El ministerio confirmó la decisión este miércoles por la tarde con una breve nota en la que asegura que la abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha cesado a Bal y agrega que el puesto de abogado del Estado jefe de lo Penal es uno de los cargos de confianza del cuerpo y como tal depende directamente de la abogada general. Desvincula así a la titular de Justicia de la decisión.

El Gobierno se carga al abogado del Estado que se negó a retirar el delito de rebelión a los golpistas
OKDIARIO  22 Noviembre 2018

La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha destituido a Edmundo Bal como jefe del departamento Penal y responsable de dirigir la acusación del Gobierno en la causa contra Oriol Junqueras y el resto de los golpistas de la Generalitat, según han confirmado fuentes del Ministerio de Justicia.

Castro ha alegado que cesa a Bal por pérdida de confianza. Sin embargo, detrás de la decisión está la diferencia de criterios respecto al juicio del procés. Edmundo Bal era partidario de seguir la línea marcada por la Fiscalía y acusar a los golpistas de la Generalitat como autores de un delito de rebelión.

Sin embargo, como abogada general del Estado, Consuelo Castro impuso un cambio de criterio para acusar a los procesados sólo por sedición y de malversación. Si prospera esta tesis, se traducirá en una sensible rebaja de penas para los golpistas.

Fuentes del Ministerio de Justicia han indicado que el puesto que ocupaba hasta ahora Edmundo Bal como abogado del Estado jefe de lo Penal es un cargo de confianza dependiente de la Abogacía general, del que ha sido destituido porque se ha producido una “quiebra de esa confianza“.

Castro, que dirige la Abogacía desde el cambio de gobierno y la llegada de Dolores Delgado al Ministerio de Justicia, debe buscar ahora a un abogado que defienda el escrito de acusación, con la rebaja de penas para los golpistas impuesta por el Gobierno.

La discrepancia entre ambos se plasmó en la presentación del escrito de acusación el pasado 2 de noviembre, cuando, por primera vez, la Abogacía se desmarcó de la senda marcada por la Fiscalía, que de momento se ha mantenido firme en el delito de rebelión.

Ante la negativa de los abogados del Estado que dirigían la causa a aceptar este cambio de criterio, Consuelo Castro optó por firmar personalmente el escrito de acusación. En el caso del ex vicepresidente Oriol Junqueras, principal acusado, la Fiscalía pide para él 25 años de cárcel, que la Abogacía del Estado reduce a 12.

El Ministerio de Justicia ha negado en todo momento ningún cambio de criterio, dado que no había presentado un escrito de acusación hasta el pasado día 2, con lo que sostiene que no puede haber cambio.


Recortes de Prensa   Página Inicial