AGLI Recortes de Prensa   Jueves 6  Diciembre 2018

Comisión de investigación
C’s pacta con PSOE y Podemos librar a Sánchez de explicar su tesis ‘fake’ en la Asamblea de Madrid
Fernán González okdiario  6 Diciembre 2018

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se librará de pasar por la Asamblea de Madrid para comparecer en la comisión de investigación recién constituida para aclarar la presunta corrupción en las universidades. Así se determina del pacto al que han llegado Ciudadanos, PSOE y Podemos.

La presidencia de la comisión ha recaído en el diputado ‘naranja’ Paco Lara. Algo que ha disgustado en al grupo parlamentario ‘popular’. Lamentan que, de nuevo, es otra presidencia que va para los de Ignacio Aguado, aunque estos decían que no tenían interés en los sillones. Se trata de un hombre sin estudios universitarios, como consta en su perfil oficial. Fue portavoz del PP en ayuntamientos madrileños.

La comisión podrá llamar a declarar a Cristina Cifuentes, Pablo Casado o incluso Carmen Montón, pero deja fuera a Pedro Sánchez. La razón está en el objeto de investigación. Se ha determinado que se “investigará”, y en su caso, “determinará las responsabilidades políticas que hubiese, por las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento” en que universidades públicas madrileñas y sus centros adscritos.

De esta forma se incluye el polémico Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos y el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, adscrito a la Complutense de Madrid. En la primera obtuvieron títulos Casado, Cifuentes y Montón; mientras que en el segundo está el grado de ADE de Casado.

Pedro Sánchez y su tesis doctoral
Sánchez obtuvo su criticado doctorado en la universidad privada Camilo José Cela por lo que se queda fuera. Igualmente, la cuestionada beca de Íñigo Errejón también está al margen de la comisión por ser concedida fuera de la Comunidad, en concreto, en la Universidad de Málaga.

El PP verá si participa
El Partido Popular, no obstante, se ha hecho con la vicepresidencia. Será el diputado Pedro Muñoz Abrines. Por su parte, el socialista Ricardo Peña será el secretario. La primera sesión pretenden que sea antes de fin de año.

De todas formas, el PP debatirá internamente si participa de forma activa o pasiva. Según su diputado Alfonso Serrano, la comisión se ha constituido “saltándose a la torera las propias reconsideraciones del informe de los letrados, los grupos de la oposición la utilizarán por puro interés electoral de cara a la campaña del año que viene”. No sabe aún si estarán presentes y si intervendrán ya que lo ven “un circo electoral para mayor gloria de los grupos de la oposición y pagado con dinero de la Asamblea de Madrid”.

La comisión tendrá, en palabras de su presidente, “poco tiempo para trabajar: sólo dos meses”. Habrá 3, 4 ó 5 sesiones “a lo máximo”, pero que el calendario lo fijará la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados. Sin embargo, las fuentes populares consultadas dicen que el calendario de sesiones no pasará por la Mesa de la Asamblea hasta el lunes 17 de diciembre. “Pensamos que con el calendario de diciembre tal como está, ya no da tiempo a ninguna comparecencia“, apuntan.

Satisfacción en la oposición
Por su parte, el que será portavoz de Podemos en esta comisión, Eduardo Fernández Rubiño, celebra que se haya “constituido por fin” la comisión, después del “lamentable juego de maniobras que ha hecho el PP para intentar impedir su desarrollo”. Quiere aprovechar “al máximo” estas sesiones aunque se tengan que reunir “en plenas navidades”, y no descarta que continúe tras las elecciones para seguir investigando.

En esta línea, el elegido portavoz del PSOE, Juanjo Moreno, ha asegurado que quieren conocer “qué ha funcionado mal” en las universidades públicas para que “no vuelva a pasar”, pero “sin hacer una causa común en contra de las universidades porque no es justo ni se corresponde con la realidad”.

Entre otros nombres, ya se ha pedido la comparecencia de Cifuentes, Casado, Montón, los directores del IPD (Enrique Álvarez Conde y Laura Nuño), la asesora Teresa Feito, los rectores de la URJC, el consejero autonómico de Educación, los periodistas de ‘El Diario.es’, las miembros del tribunal de Cifuentes y el director de la Fundación para el Conocimiento Madri+d.

6 de diciembre de 2018: Del ‘nada que celebrar’ a la esperanza nacional
Luis Tomás Zapater Espí gaceta.es  6 Diciembre 2018

Tras 40 años de la Constitución Española de 1978, procede en el día de hoy hacer una reflexión sobre lo que ella ha supuesto a los españoles en nuestra vida como pueblo. A medida que han ido pasando las décadas de la efeméride constitucionalista, se ha ido pasando de la retórica monolítica oficial, que rallaba en lo meloso, blandengue y pedante hasta el aburrimiento, a la crítica, e incluso al rechazo, de ciertos aspectos de la llamada Carta Magna española.

En el momento en que se votó, la oligarquía política de la transición, apoyándose en el control de los medios de comunicación por parte de los que detentaban el poder (residuo del régimen anterior), lanzó la idea a la opinión pública de que era lo mejor para España, y así a la derecha se le dijo que ¨o Constitución o comunismo¨, mientras que a la izquierda se le advertía de que si no se votaba la Constitución se produciría una continuación del franquismo, o incluso podría haber un nuevo golpe de Estado. El resultado fue que en el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978 ganó la Constitución del miedo, aunque no por amplia y aplastante mayoría, como afirman los constitucionalistas oficialistas, pues un 44% del pueblo español o no quiso votar, o votó en blanco, o votó en contra (la participación fue de un 67%, y hubo además un 7,89% de votos en contra, un 3,57% de votos en blanco y un 0,75% % de votos nulos). Esto, junto al hecho de que no fueron convocadas Cortes Constituyentes, sino que la Constitución surgió de los bemoles del ex Rey Juan Carlos (que decía: ¨a mí dejádmelo todo hecho¨), da mucho que pensar en torno a la legitimidad de la misma, en la medida que no se cumplieron los procedimientos que el Derecho Constitucional establece para que tenga plena legitimidad de origen.

Pero la oligarquía de la transición (compuesta principalmente por altos cargos franquistas que, como Suárez, se cambiaban de chaqueta a toda prisa, y por la oposición voraz de la izquierda, deseosa de acaparar cargos públicos, tras los ¨40 años de dictaura¨, como decía González), pudo legitimar el fraude perpetrado contra el pueblo español con una palabra mágica que acalló muchas bocas, llamada ¨consenso¨, aprovechándose de la ignorancia política y del conservadurismo de la mayoría del pueblo español, que desconocía que el origen del consenso está en las asambleas nobiliarias medievales, cuando la élite terrateniente rural y la burguesía ciudadana llegaban a pactos políticos con el rey en nombre de un pueblo al que mayoritariamente no representaban.

Antes de realizar un análisis aunque sea muy generalista, sobre esta Constitución aún vigente es necesario partir de que lo primero que se debería enseñar en todas las universidades fueran de ciencias o de letras, (o de ¨ciencias de la naturaleza¨ o ¨ciencias humanas¨, como dicen ahora los docentes de la progresía), es que no solo ningún estudio universitario, sino que ningún simple razonamiento puede basarse en vulnerar alguno de los tres principios aristotélicos básicos de la lógica: Identidad, no contradicción y tercero excluido. Si la gente supiera el funcionamiento de estas tres reglas básicas de la lógica, no sería tan fácil que los políticos ¨vendieran la moto¨ al pueblo. Pues bien, para empezar, tenemos una Constitución tan ¨ejemplar¨ que incurre en vulneración del principio de no contradicción con su redacción del artículo 2°, al proclamar la ¨indisoluble unidad de España, patria común en indivisible…¨, al mismo tiempo que afirma que ¨garantiza el derecho a la autonomía de la nacionalidades¨ que la integran; no cabe en Ciencia Política concebir una nacionalidad sin un proyecto futuro de nación; al mismo tiempo, siendo el Estado el titular único e indiscutible de la soberanía, según la teoría del Estado clásica, no es concebible un Estado con soberanías varias, porque esa criatura no es un Estado. En todo caso sería una Confederación, que es precisamente el modelo territorial de Estado al que ha dado lugar en la práctica la implementación del llamado ¨Estado Autonómico¨.

El título octavo
Pero no acaba ahí la cosa: su Título VIII, el que regula el Estado Autonómico, permite que operen en la práctica políticas publicas claramente incompatibles que denuncié públicamente hace unos años, y así recuerdo a unos generales que pusieron caras de horror cuando en la Academia General Militar de Zaragoza en una conferencia sobre ¨Legislación, Política y Cultura de Defensa¨, dije que el Estado autonómico se implementó a partir de un fraude de ley, esto es, desnaturalizando y vaciando de contenido las competencias exclusivas del Estado a golpe de leyes de transferencia de competencias. ¿Cómo se puede llamar sino, a un proceso por el cual unas materias que en principio son intocables para el Estado central puedan ser transferidas a las Comunidades a partir de un proceso que la misma Constitución establece? De la misma manera, no resulta nada coherente de esta Constitución que ella misma establezca un órgano especial, inédito en la historia de nuestro derecho, con el fin de vigilar la independencia del poder judicial, (se trata del Consejo General del Poder Judicial), pero en su regulación se incurría ya en el riesgo de partidización del mismo, cuando el artículo 122.3 decía que el 40% de los vocales de este órgano (8 de los 20 vocales), iban a ser designados por el poder legislativo, con el evidente riesgo de politización y pérdida de la independencia que ello hacía prever, más aun teniendo en cuenta que la Constitución tampoco especificaba las condiciones para que los 12 consejeros restantes fueran elegidos en condiciones de independencia y transparencia.

Estos ejemplos teóricos los hemos vivido en la práctica con nombres y apellidos de personas involucradas en actividades poco transparentes a partir del mal desarrollo de estos preceptos constitucionales, evidenciados a golpe de titular periodístico, escándalo tras escándalo, son resultado de lo que era previsible desde el momento en que la misma Constitución incurría en contradicciones que con el tiempo se han hecho insalvables, pero que muy pocos constitucionalistas denunciaron en su día, porque aunque existe en teoría libertad de cátedra en España, es raro encontrar académicos que critiquen a las instituciones, bien sea por seguridad o por conformismo, y en mi caso tengo que decir que he pagado un precio muy alto en lo personal para denunciar estos fallos de un sistema que opera como una mafia, y por tanto, no perdona, aunque en mi haber tengo la tranquilidad de tener la conciencia tranquila.

Una Constitución no es una mera declaración de intenciones, sino que establece el modelo de Estado que va a ser desarrollado a partir de las propias previsiones constitucionales, organizando a los poderes públicos, ciudadanos e instituciones. Y si los derechos que predica en su parte dogmática no son reales y efectivos (como pasa en España), es porque el diseño de su parte orgánica no es el más adecuado para garantizar su efectividad, como es el caso español con el Título VIII. Pero se pasa también por alto que la misma parte dogmática parte de un error muy grave que evidencia que el punto de partida de la actual Constitución está equivocado, al proclamar en el artículo 1° que los valores superiores del Ordenamiento son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo. El orden de aparición de estos valores principales no es inocente, como ya detectó en su día Pérez Royo, pues implica una jerarquía axiológica, que muestra que el valor libertad está por encima del valor igualdad, y éste por encima de la justicia, etc.; de ahí que no debería de extrañar que la Justicia sea algo marginal en esta democracia partidocrática, pues está por debajo de la libertad y de la igualdad; la libertad, valor supremo, explica por ejemplo, el principio de la reinserción como fin principal de la pena, con todos los problemas sociales que ha conllevado, y también permite entender que las diferencias sociales y económicas entre los españoles se han agudizado durante los 40 años de este régimen; pero como la igualdad está también por encima de la justicia, es perfectamente entendible a partir de ahí que contra toda razón y contra natura, se estén implementando políticas de género propias del feminismo radical, o simplemente se desee sin ningún pudor, y amparados en una pretendida libertad de expresión que no va a ser coartada por parte de ninguna ¨Fiscalía del Odio¨, nivelar a todos los ciudadanos rodando cabezas como en el 36, como ya gritan en sus manifestaciones y algaradas los frentepopulistas que han ido ganando la calle en estas últimas décadas.

No voy a seguir con la retahíla de despropósitos a que ha dado pie la actual Constitución que no es la mía, porque no quiero terminar mi artículo sin un mensaje de esperanza, pues frente al conformismo, el continuismo, y el oficialismo apestoso que cada 6 de diciembre repetía las mismas cantinelas rancias y liberales a la diosa Constitución decembrista, el presente aniversario casi ha coincidido, por estrecho margen, con la primera manifestación, traducida en fuerte apoyo electoral, de un patriotismo español que parecía condenado a la extinción progresiva desde que la labor corrosiva del modelo de Estado partidocrático y autonómico se fue afianzando en todas las instituciones. Por ello este aniversario no ha de pasar con la continuidad y el hastío de los anteriores, sino con cierta esperanza, no tanto por los dirigentes de un partido político del sistema, sino por la parte del pueblo que los ha apoyado, que se resiste a que la nación española muera en silencio. Sin embargo, hay que continuar alerta y no hay que echar las campanas al vuelo.

Estoy convencido de que aunque una parte del apoyo a VOX nace de gente que aún cree en este sistema llamado ¨democrático¨, y que lo único que desean es que las pocas leyes buenas que nos quedan se cumplan, la mayoría del votante de VOX no es del espectro conformista citado, más propio de apoyar a un PP o a un Ciudadanos, sino que, por el contrario, son gente que se ha dado cuenta de la farsa de este sistema institucional creado por el régimen del 78, y es éste el punto delicado de esta nueva alternativa nacional, en la medida en que sus principales dirigentes proceden de la clase política del mismo régimen al que critican sus bases; partiendo de este hecho, se puede concluir que si VOX no entiende que su principal objetivo debe ser impulsar el cambio de régimen, acabará convertido en lo que ya denuncian sus detractores: una nueva especie del PP, que terminará defraudando al votante patriota español, pues a mi juicio el régimen del 78 es en sí mismo tan contradictorio y corrupto que es irreformable; y si pretende cambiar este régimen desde dentro, se van a dar cuenta de que no van a ser pocos los pactos, componendas y compromisos que les exijan los defensores del status quo para poder gobernar, y tendrán que tirar por la borda los principios que dicen defender, no solo ya para gobernar, sino sobre todo para ir ganando el centro (la gran obsesión enfermiza de la derecha liberal de la que proceden los dirigentes de VOX), y ascender electoralmente, como un globo que se despoja de sus pertenencias, tirándolas por la borda de su barquilla para subir en el cielo.

Pero si VOX apostara de manera valiente por la ruptura, precisamente por decir la verdad al pueblo, sería más estigmatizado, si cabe, no ya por la izquierda, sino por las opciones principales de centro-derecha como el PP o Ciudadanos, que tratarían de aislarlo políticamente y presentarlo ante la sociedad como un partido radical y peligroso para la ¨pacífica convivencia democrática¨, como ellos dicen. En definitiva, una tarea nada fácil, más aún teniendo en cuenta que una vez la extrema izquierda frentepopulista ha llegado al poder, no lo va a abandonar fácilmente, ni siquiera por mandato electoral mayoritario de las masas, como se ha visto estos días con las protestas anti-democráticas de los nuevos frentepopulistas habidas en las calles de las principales capitales de Andalucía.

* Luis-Tomás Zapater Espí es doctor en Derecho Constitucional y Ciencia Política

Entrevista al líder de VOX en Andalucía
Francisco Serrano: “Díaz pide un cordón sanitario contra Vox porque es una totalitaria y oculta 36 años de corrupción”
Carlos Cuesta okdiario  6 Diciembre 2018

El juez Francisco Serrano, número 1 por VOX en Andalucía, acaba de ver cómo Twitter le ha cerrado la cuenta de forma temporal por las denuncias de los podemitas. Y acaba de ver cómo, tras irrumpir con fuerza en las elecciones andaluzas, esos mismos seguidores de Pablo Iglesias se lanzan a las calles en actos vandálicos para intimidar a los votantes de la formación de Santiago Abascal.

Serrano reacciona contra esa actitud que no duda en tachar de contraria a la democracia. Y lo hace señalando no sólo al líder de Podemos por haber pedido frenar a VOX en las calles, sino también a quienes, como Susana Díaz, han agitado la bandera del cordón sanitario contra esta formación.

“Susana Díaz pide un cordón sanitario contra VOX porque es una totalitaria. Porque tiene un completo desconocimiento de lo que es VOX. Somos el partido que ahora defiende más la Constitución y los valores democráticos. Pero claro, ellos que están gobernando con los partidos que se quieren cargar la Constitución y España se creen que están legitimados para pedir cordones sanitarios contra los que de verdad defendemos España y la Constitución”, apunta el número uno de Vox en Andalucía.

“La izquierda pacta con golpistas y eso no es admisible. Pedro Sánchez dice que somos un partido anticonstitucional y él pacta con todos los que quieren destruir España. Eso es pura hipocresía”, señala. El juez apunta, además, que “el golpismo de Cataluña se ha trasladado desde la Generalidad a La Moncloa. Así que señora Díaz dígale al machista de su presidente, que no sé si la quiere echar por ser mujer, que el responsable de su fracaso en estas elecciones regionales es en gran parte Pedro Sánchez”.

Para Serrano, “Andalucía con el PSOE se ha convertido en 36 años seguidos de corrupción. Debe ser algo que va en vena en la sangre del propio PSOE, porque Pedro Sánchez no hecho más que llegar y ya ha colocado a su mujer, a su hermano, a sus amigos… Se ha dedicado a despilfarrar, a viajar en el Falcon”. Y se pregunta: “¿Qué no habrá hecho el PSOE en 36 años de clientelismo y corrupción. Han pasado de ser socialistas a socialistos”.

El programa político de Vox para Andalucía, de hecho, quiere relanzar la actividad empresarial y laboral en esta región para darle la vuelta a esta situación: “Vamos a bajar los impuestos de los andaluces todo lo que podamos, porque donde mejor está el dinero de los andaluces es en sus bolsillos”. Como medida prioritaria “vamos a solicitar la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, porque hasta nos confiscan y nos dejan sin nuestra herencia. No dejan ni Morirnos en paz”. Y VOX también va a “pedir la supresión del Impuesto de Patrimonio, vamos a reducir la carga fiscal a los autónomos y las pymes”.

Serrano no duda en culpar al PSOE del bajo nivel educativo de la región. “La junta de Andalucía es responsable de la situación del sistema educativo en esta región. Están manipulando, adoctrinando desde las escuelas a nuestros niños y a nuestros adolescentes. No puede haber adoctrinamiento con la memoria histórica: que cada padre, cada educador enseñe libremente. Los padres tienen que tener libertad educación y no se puede permitir el adoctrinamiento tampoco en la ideología de género”, concluye.

El número uno de Vox en esta comunidad es consciente del problema al que se enfrentan. “El gasto inútil en Andalucía se puede reducir muchísimo. Hay infinidad de personas viviendo del cuento y del clientelismo. Calculamos entre 25.000 y 30.000 puestos entre asociaciones, entidades, sociedades, nombrados a dedo. El PSOE cree que lo importante no es votar en favor de España sino en favor del estómago”, añade. VOX no olvida el asunto de “Canal Sur, porque ha manipulado. Se ha convertido en correa de transmisión política”.

Serrano se muestra crítico con la actitud de Ciudadanos de pretender gobernar con el apoyo, entre otros, del PSOE. “No entiendo la decisión de C’s de pedir que esté el PSOE en una alianza de gobierno para Andalucía. No lo entiendo yo y no lo entiende nadie. Y esas decisiones se acaban pagando. Hay que ser sólido en valores y principios. Y el que no lo tiene claro termina fracasando”, advierte.

El recién elegido diputado señala igualmente que el PER “es necesario, pero tiene que cambiarse. Hay que acabar con el fraude en el PER. Hay que apostar por el empleo y por fortalecer el campo andaluz que tiene una riqueza agraria y ganadera tremenda. Pero hay mucha gente que vive del cuento. Se ha convertido en otra forma de fraude”.

Serrano también sale al paso de muchas de las acusaciones de estos días contra VOX: “No es cierto en absoluto que VOX sea un partido machista. Nosotros estamos a favor de la igualdad de oportunidades de todas las personas con independencia de su sexo, de su credo, de su condición, de su religión, que es lo que dice el artículo 14 de la Constitución”.

“Nosotros, y yo personalmente, hemos defendido a muchísimas mujeres maltratadas mientras la señora Díaz estaba estudiando Derecho en la facultad. Como juez las he defendido, como abogado las he defendido y yo he defendido a un montón de personas sin preguntarles la identidad sexual, porque yo no pregunto a nadie su identidad sexual o si es homosexual, como sí hacen en otros partidos, porque yo creo en las personas”.

Pero Serrano aclara que “una cosa es estar a favor de esas personas y otra cosa es estar a favor de las políticas y de la ideología de género. Porque quienes están en esas ideologías se quieren cargar a la familia. Y además no se puede permitir que una ley discrimine de forma sistemática a la mitad de la población frente a la otra mitad. Ni todas las mujeres son maltratadas por el hecho de serlo, ni todos los varones son maltratadores por el hecho de serlo”, añade.

“Esa ley está conculcando derechos y provocando injusticias y hasta suicidios de varones sin conseguir bajar la cifra de mujeres que son maltratadas por la violencia machista”, concluye..

Cuarenta años de suicidio
Jeús Laínz Libertad Digital 6 Diciembre 2018

¿Despertamos o insistimos en nuestro suicidio colectivo?

El 2 de agosto de 1932, Miguel de Unamuno tomaba la palabra por última vez en el Parlamento republicano. Había participado con intensidad en el debate sobre el estatuto catalán, que le disgustó profundamente por considerarlo una amenaza contra la unidad nacional y los derechos de los no nacionalistas, especialmente los lingüísticos en la enseñanza. Pero también criticó el despilfarro que supondrían las instituciones autonómicas, para las que auguró un futuro de enchufes, cacicadas y clientelismo.

Pero el argumento central de aquel último discurso consistió en su lamento por la necedad de una izquierda que consideraba que el autonomismo era un pensamiento político más avanzado que la concepción unitaria de la nación. Y declaró que él no ocultaba tener un sentido republicano a la francesa, de república unitaria francesa. Pero ¿de cuándo acá es una cosa de derechas ni una cosa antirrepublicana?

Casi medio siglo más tarde, la izquierda española siguió sin comprender. E incluso agravó sus errores haciendo suyos los planteamientos de los separatistas vascos y catalanes. La izquierda española de la sacralizada Transición se hartó a pedir referendos de autodeterminación para todas las nacionalidades y pueblos del Estado, nacionalidades y pueblos que, por ser titulares de sus respectivas soberanías, estaban legitimados para decidir unilateralmente su forma de encaje en el Estado e incluso su secesión. Disculpe la jerga, sufrido lector, pero, como no hará falta aclarar, no es la de este malvado juntaletras, sino la de la mencionada izquierda.

La fiebre se pasó pronto, sobre todo porque alguno de los izquierdistas más espabilados debió de darse cuenta de que por ese camino no les iba a quedar Estado con el que jugar a los políticos. Así que sustituyeron su furor autodeterminista por una pulsión hacia la descentralización más extrema posible, sinónimo de progresismo aunque ningún izquierdista haya sido capaz de demostrarlo ni en nuestros días ni en los del bueno de Unamuno. Y en eso consistió el bendito Estado de las Autonomías articulado en el no menos bendito Título VIII de la bendita Constitución.

Pero seamos justos, puesto que todo eso no hubiera sido posible sin la inestimable colaboración de una derecha ignorante, cobarde y acomplejada que, casi en bloque, se apuntó encantada a la construcción de un sistema de cuyos jugosos sueldos, honores y prebendas ha disfrutado no menos que la izquierda.

Hemos dicho "casi en bloque" porque, en honor a la verdad, algunas voces derechistas se alzaron contra el sinsentido autonómico. Dirigentes como Laureano López Rodó, Federico Silva Muñoz, Licinio de la Fuente, Gonzalo Fernández de la Mora y, por supuesto, el innombrable Blas Piñar advirtieron de que el sistema autonómico, tal como quedó diseñado tras los debates constitucionales, implicaba necesariamente el suicidio de España en no mucho tiempo. Las declaraciones, discursos y textos dedicados a explicar sus puntos de vista, de enjundia ideológica inalcanzable por los analfabetos parlamentarios de hoy, fueron cientos, si no miles, y por lo tanto imposibles de transcribir aquí, pero podrían resumirse en una fórmula casi matemática:

Mención de unas nacionalidades históricamente insostenibles, políticamente aberrantes y semánticamente absurdas en el artículo 2 + Estado de las Autonomías según el fracasado modelo de la Segunda República + Competencias de educación en manos de los gobernantes separatistas + Ley Electoral multiplicadora de la representación de los separatistas + Perpetua centrifugación del Estado hasta para sus competencias exclusivas según el artículo 150 = Secesión de País Vasco y Cataluña en una o dos generaciones.

Pero la clarividencia, hoy indiscutible, no se alojó solamente en las cabezas de algunos derechistas orillados por sus inteligentísimos compañeros de filas, pues no olvidemos que otras altas personalidades de la política y la cultura, esta vez no tan a la derecha, advirtieron exactamente de los mismos errores que acabarían llevando la Constitución a su autodestrucción. Entre ellos se encontraron nada más y nada menos que Julián Marías, Josep Tarradellas y Claudio-Sánchez Albornoz, presidente del Gobierno de la República en el exilio.

¡A ver quién se atreve hoy a reírse de ellos con las mismas carcajadas de hace cuarenta años! Y no son pocos los figurones que hoy se rasgan las vestiduras ante el desastre autonómico, sobre todo tras la evidencia del golpe de Estado de la Generalidad, que siguen dando lecciones a diestro y siniestro sin al menos tener la vergüenza, en primer lugar, de admitir que aquellos agoreros de 1978 tuvieron razón, y, en segundo, de pedirles perdón por las risas y los insultos que les dedicaron. Aunque sea con cuarenta años de retraso y, en algunos casos, a título póstumo.

España lleva suicidándose cuarenta años gracias a aquellos redactores de la Constitución, a los políticos que se han pegado la gran vida gracias a ella, a los intelectuales que ridiculizaron y los medios de comunicación que acallaron las voces discordantes, y al pueblo español que se dejó engañar por tantos pícaros y malvados.

¿Despertamos o insistimos en nuestro suicidio colectivo?
www.jesuslainz.es

Los presupuestos, la izquierda y la Unión Europea
Juan Francisco Martín Seco republica 6 Diciembre 2018

“España consigue tres blindajes históricos”. Todo es histórico para el sanchismo, y es que ellos están siempre prestos a reescribir la historia, al convertir todo en postureo y propaganda. Presentan todas las cosas con enorme triunfalismo, no como son, sino como les conviene que sean. Bien es verdad que, antes o después, se termina desenmascarando la impostura. En el asunto de Gibraltar han transformado un intento a la desesperada de corregir un grave error y una imperdonable negligencia en una magna epopeya en la que Pedro Sánchez se enfrenta victorioso a la Unión Europea y a Gran Bretaña. Claro que no ha tardado mucho en descubrirse el pastel, y es que después de haber perdido la grande se han quedado con la pequeña. Se han contentado con unas cartas que, por cierto, aún no se conocen y que desde luego no vinculan jurídicamente.

No es la primera vez que se vende la piel del oso antes de haberlo cazado, e incluso cuando se sabe que no se va a cazar. Sánchez, cautivo en el laberinto que ha construido alrededor de la exhumación de Franco, mandó a su sagaz vicepresidenta a Roma con la finalidad de poner de su lado a la jerarquía eclesiástica. A la vuelta, Carmen Calvo, pretenciosa y triunfalista, anunció que había llegado a un pacto con el Secretario de Estado, Pietro Parolin, para que el dictador no fuese enterrado en la Almudena. El Vaticano -cosa totalmente insólita- se vio forzado a corregir al Gobierno español y a matizar que en ningún momento Parolin se pronunció sobre el lugar en el que habían de inhumarse los restos de Franco.

El 21 del mes pasado Sánchez sufrió un nuevo desmentido. En este caso ha sido la Comisión Europea, que ha puesto importantes objeciones al plan presupuestario presentado por el Gobierno y del que Pedro Sánchez en un twitter había asegurado que contaba ya con la aprobación de Europa, twitter que por supuesto ha desaparecido después del dictamen de la Comisión para evitar en lo posible el bochorno.

En realidad, el informe de la Comisión es bastante benigno, y no afirma nada que no fuese ya conocido, o al menos intuido. Cosa distinta son las advertencias del FMI y de la OCDE, pero de estas, en todo caso, hablaremos otro día. El documento que Pedro Sánchez presentó con Pablo Iglesias en un escenario de magnificencia y boato era todo menos un presupuesto en sentido estricto, sino más bien un cúmulo de medidas mal cuantificadas, y de las que, por lo tanto, resultaba difícil poder afirmar si cumplían o no los requisitos impuestos por Bruselas. El no haber presentado una ley sumía todo en una gran ambigüedad y ha hecho que la Comisión tuviese que pedir aclaraciones, aclaraciones que no se han hecho públicas.

Las objeciones finales de la Comisión se reducen principalmente a cuestionar las previsiones del impacto de los nuevos impuestos y del resto de medidas que proyectaban aprobar y, por lo tanto, dudan de que se vayan a cumplir los objetivos de déficit y deuda pública. De hecho, nada nuevo que no se sospechase y acerca de lo cual no hubiesen alertado ya distintos servicios de estudios. Parece claro que los ingresos están infravalorados.

El dictamen negativo de la Comisión no parece haber hecho mucha mella en Pedro Sánchez. Tal vez porque nunca había pensado en serio que se fuesen aprobar unos nuevos presupuestos, presupuestos que por eso mismo hasta ahora no han sido elaborados del todo, y mucho menos presentados. Lo importante para el presidente del Gobierno no son las realizaciones, sino los anuncios, el postureo y la propaganda, por lo que dice ahora que va a mandarlos en enero al congreso. Piensa que ello surtirá efecto electoralmente aun cuando no se lleve a la práctica, ya que si no se aprueban echara la culpa a los otros partidos.

Al que peor ha sentado el informe de la Comisión ha sido a Pablo Iglesias, que ha visto cómo se diluía la rentabilidad política que esperaba obtener de su pacto con Pedro Sánchez. Ha sido él quien ha reaccionado de forma más violenta y con un discurso antieuropeo al que no nos tenía acostumbrados. Que reaccione duramente contra la burocracia de Bruselas resulta bastante lógico del líder de un partido que se llama de izquierdas. Lo preocupante es que desconozca las coordenadas políticas y económicas en las que nos movemos. Su afirmación de que “El FMI y la Comisión Europea tienen que aprender a respetar que en los países, cuando las fuerzas políticas se ponen de acuerdo, tienen soberanía para decidir qué es lo que hay que hacer” resulta un tanto ingenua y desfasada. Hace tiempo que los Estados nacionales han perdido la capacidad de ser soberanos.

Más de veinte años hace ya, que en Davos, en el World Economic Forum, se escuchó por primera vez el enunciado inverso al que ahora pronuncia Iglesias. Allí fue donde el renacido capitalismo -actual hijo del capitalismo salvaje- se quitó la careta. Fue Tietmeyer, el entonces gobernador del todopoderoso Buba, el encargado de proclamar lo que tantos pensaban, pero entonces no se atrevían a explicitar: “Los gobiernos tienen que empezar a entender que los mercados serán los gendarmes de los poderes políticos”.

Hace dos décadas las palabras de Tietmeyer resultaban novedosas y se podía debatir hasta qué punto eran ciertas. Hoy, tras la hegemonía del libre comercio y de la libre circulación de capitales, pocas dudas caben de que los poderes políticos han renunciado en parte a sus competencias y las han entregado a los mercados. A partir de ahí, son estos los que en gran medida mandan e imponen sus exigencias a los gobiernos, que ante ellos, se sienten impotentes. El resultado, grandes déficits democráticos generados en los actuales sistemas políticos. La globalización es la forma que adopta el actual sistema capitalista, un retorno al capitalismo del siglo XIX.

La globalización ha sido asumida de forma desigual y en distinto grado por los diferentes países, pero ha sido dentro del ámbito de la Unión Europea donde han tomado realidad de la forma más perfecta los principios de la mundialización. Los mercados se han hecho supranacionales, mientras el poder político democrático queda preso dentro de los Estados nacionales. Los gobiernos democráticos han renunciado a establecer medidas de control sobre los mercados y han cedido soberanía a instituciones no democráticas.

Pero lo que ha hecho que los Estados perdiesen absolutamente su autonomía e independencia ha sido la constitución de la Unión Monetaria. Desistir de la propia moneda es renunciar a la soberanía, y quedar al albur de los mercados o del BCE. Muchas de las actuaciones y medidas que podían ser tomadas por los gobiernos nacionales, hoy son imposibles, al menos sin tener la conformidad de las autoridades europeas, especialmente del BCE. Es más, en muchas ocasiones no es ni siquiera necesaria la presión de las instituciones comunitarias. Es la propia realidad económica creada por la moneda única la que fuerza a los gobiernos a tomar medidas que de otra manera no adoptarían y la que les impide en buena parte aplicar una política económica de izquierdas.

Existe en Europa una facción de la izquierda que después de estar a favor de la Unión Monetaria se ha olvidado de ella en la práctica, y pretende actuar como si esta no existiese y no comportase ninguna limitación; y otra que cree que el simple hecho de estar en desacuerdo con ella e ignorarla les libra de sus obstáculos y condicionantes. Unos y otros echan todas las culpas a la Comisión o al BCE de las trabas y restricciones impuestas a una política progresista, como si no fuese el propio diseño de la Unión, carente de integración política y fiscal el que lo impide, y las actuaciones de las instituciones comunitarias, la mayoría de las veces regresivas, una consecuencia de ello.

En España, en las recientes negociaciones presupuestarias llevadas a cabo en el ámbito de la izquierda, para justificar una política expansiva y eludir las limitaciones financieras se ha defendido que los Estados no pueden quebrar. Yo también lo he sostenido a veces, pero siempre he mantenido una excepción: que estén endeudados en una moneda que no es la suya, o bien que siendo la suya no la controlen, como es el caso de los países miembros de la Eurozona. Es claro que entonces sí pueden quebrar. Son muchos los Estados que, forzados por los mercados, se han tenido que echar en manos del FMI o del BCE para no hundirse económicamente.

Pocas dudas caben de que la Unión Europea en su conjunto debería instrumentar (y haber instrumentado estos años de atrás) una política expansiva, pero eso no quiere decir que todos y cada uno de los países puedan seguir actualmente este tipo de política. Ciertamente Alemania con un déficit exterior del 8% del PIB y un stock reducido de deuda pública podría permitírselo, al igual que gran parte de los países del Norte y sería positivo para el conjunto de la Unión, para ellos mismos, e incluso para los países del Sur, que verían su demanda incentivada por el exterior. Pero está claro que no están dispuestos a ello y no hay nada que les obligue. Existe en los tratados una clara asimetría: mientras se sancionan los déficits excesivos, apenas se dice nada de los superávits.

Muy distinto es el caso de los países del Sur. Concretamente España, con un nivel de deuda pública alrededor del 100% del PIB y un endeudamiento exterior muy elevado, no se puede permitir muchas alegrías. Si ahora presenta un superávit en su balanza por cuenta corriente y ha superado los enormes déficits exteriores de los años anteriores a la crisis, ha sido a base de durísimos recortes y sacrificios, ya que no podía devaluar la moneda. Incurrir de nuevo en ese error nos colocaría en una situación muy delicada y dudo de que la sociedad estuviese dispuesta a soportar un ajuste como el realizado en estos últimos años.

La izquierda en los países del Sur debe ser realista. Especialmente aquella que se pronunció a favor de la Unión Monetaria tiene que ser consciente de las esclavitudes a que somete su permanencia en ella. Por eso algunos estuvimos en contra de su constitución. Ahora no vale lamentarse y mucho menos dar coces contra el aguijón. Los que lo han intentado no han salido demasiado bien parados. Que se lo pregunten a Alexis Tsipras y a Syriza. Por supuesto, habrá que aprovechar al máximo el margen que nos permite cada situación, pero sin demagogias e identificando bien dónde se encuentra el problema.

En estos momentos, en España, el margen posible para mantener los gastos sociales y el Estado de bienestar hay que buscarlo mucho más en la elevación de la presión fiscal, muy distante de la de otros países europeos, que en el aumento del déficit. Bien es verdad que lo primero es mucho más desagradable e impopular que lo segundo, especialmente si el incremento del desequilibrio presupuestario se disfraza tras una falsificación de las previsiones.

www.martinseco.es

Olvidemos la Constitución
José García Domínguez Libertad Digital 6 Diciembre 2018

Siempre que llega otro aniversario de la Constitución, sobre todo si es de los redondos como el que ahora nos ocupa, salta al plató la plantilla al completo de los arbitristas profesionales de turno para, primero, volver a explicarnos por enésima vez lo maravilloso que ha sido el periodo de vigencia de la Carta Magna, como si las raíces últimas de la situación actual de España no tuvieran nada que ver con ese tan bucólico e idealizado pasado constitucional inmediato; y, segundo, para recetarnos este o aquel ramillete de reformas en su articulado; perentorias modificaciones parciales, aseguran siempre esos muy sesudos expertos de vario y surtido pelaje, que conllevarían la clave definitiva para resolver, y de una vez y para siempre, el principal problema ontológico de nuestro país, o sea, el de su precaria vertebración nacional. Esa peculiar variante hispana del pensamiento Alicia, lo que Ruiz Soroa suele llamar el "fetichismo constitucional", es como el Guadiana: cuando ya parece que, por fin, ha desaparecido bajo tierra para siempre de la vista, vuelve a emerger a la superficie del debate político.

Porque aquí, es sabido, todo se arregla cambiando la Constitución. Y no es algo de ahora, por cierto, sino de toda la vida. A fin de cuentas, nuestro demencial siglo XIX no fue otra cosa en el fondo más que la interminable concatenación de los sucesivos procesos constituyentes que iban a terminar, ya por aquel entonces, con los problemas seculares de la patria gracias al sabio contenido de tal o cual artículo. Con el resultado, por lo demás, de todos conocido.

Y es que acaso iría siendo hora ya de olvidar la manida cantinela recurrente de la reforma constitucional. En especial, teniendo en cuenta que cualquier eventual pastiche jurídico que afectase al régimen de las comunidades autónomas solo podría abordarse por la vía en extremo compleja que establece el artículo 167. Algo que, en la práctica, hace imposible la modificación del modelo hoy vigente, en la medida en que exige acuerdos casi unánimes antes de alterar siquiera una coma del statu quo territorial. Al cabo, qué más da lo que diga o deje de decir la Constitución, si leyes que entran en abierta colisión con ella pueden mantenerse vigentes durante años en nuestro ordenamiento jurídico.

Así las cosas, cuando un Gobierno de España, por ejemplo el del PP en su día, se abstiene de recurrir una norma autonómica expresamente ideada para perseguir y prohibir el idioma común de los españoles, el problema no es la Constitución, sino los órganos encargados de velar por su cumplimiento. Pero las soluciones existen sin necesidad de tocar ni un pelo, ni uno solo, a la Constitución. Porque la crónica usurpación de competencias estatales por parte de los Parlamentos y Gobiernos autonómicos, el origen del desorden jerárquico en el Estado compuesto español, sería susceptible de ser aplacada otorgando a los jueces ordinarios la prerrogativa de suspender la aplicación de las normas que considerasen contrarias a la Constitución. Primero se suspenden y luego ya se verá qué pasa con ellas cuando se pronuncie una instancia jurídica superior, verbigracia el propio TC. í funciona, por ejemplo, el complejo federalismo de los Estados Unidos. Y no parece que les haya ido mal. Olvidad la Constitución y dejad que la protejan los jueces.

Valls, Cs y la demencial campaña contra VOX
EDITORIAL Libertad Digital 6 Diciembre 2018

De todo se puede aprender y todo puede servir para reflexionar. El repugnante y violento boicot que han sufrido en sus propias carnes el candidato a la Alcaldía de Barcelona Manuel Valls y los líderes de Ciudadanos en Cataluña y España, Inés Arrimadas y Albert Rivera, por parte de un grupo de separatistas catalanes, que les han tachado de "fachas" y de "fascistas" durante un acto conmemorativo de la Constitución celebrado en la Ciudad Condal, debería hacer recapacitar al ex primer ministro francés para que se retracte de las disparatadas descalificaciones que había vertido sólo unas horas antes contra VOX por ser de "ultraderecha". En efecto, pedir un "cordón sanitario" contra una formación que ha defendido a capa y espada el orden constitucional y la unidad y permanencia de la Nación, base del Estado de Derecho, es una insidiosa insensatez que sólo deberían propagar los mismos enemigos de la Nación y de su orden constitucional que este miércoles han boicoteado y agredido verbalmente a Valls, a Arrimadas y a Rivera.

Si se tiene en cuenta que procede de un partido manifiestamente centralista como el socialista francés, y que él mismo fue calumniado por la extrema izquierda, que le llamó "xenófobo" y "racista" por su decidida lucha contra la inmigración ilegaldurante sus etapas como ministro del Interior y primer ministro de Francia, resulta especialmente sangrante que Valls recurra a las mismas sucias artimañas para perjudicar a una formación que, como Ciudadanos o el PP, nada tiene de fascista, xenófoba o racista. Basta echar un vistazo a las propuestas de VOX, o reparar en que uno de sus líderes es un catalán mulato oriundo de Guinea Ecuatorial, para comprobar que su liberalconservadurismo está en los antípodas del colectivismo estatista, socializante y totalitario del fascismo y del racismo nacionalsocialista.

El gran valedor de Valls, Ciudadanos, ha de tener meridianamente claro que demonizar un potencial aliado como VOX es una colosal, injusta y suicida estupidez. ¿Qué medidas de las promovidas por VOX para combatir la corrupción o impulsar el desarrollo económico de Andalucía hacen imposible el acuerdo entre ambas formaciones para, junto con el PP, el desalojo del poder al PSOE, que no sólo es el principal responsable del retraso relativo y la absoluta corrupción que asuelan esa parte de España, sino que ha recibido un muy justo castigo electoral por sus cambalaches con los golpistas y demás antisistema que instalaron a Pedro Sánchez en la Moncloa?

Aun cuando, afortunadamente, Riveraya no descarte un pacto con VOX para poner fin a 40 años de un régimen socialista infausto para Andalucía, Cs parece seguir lejos de desacomplejarse y comprender lo que está en juego. Para empezar, su propia condición de partido con auténticas posibilidades de llegar al Gobierno de la Nación.

¡Qué culpa tendrá la pobre Constitución!
FRANCISCO ROSELL El Mundo 6 Diciembre 2018

La Constitución española ha pasado de ser motivo de orgullo y de referencia para las transiciones democráticas de medio mundo a no tener, en apariencia, quien la defienda. Repudiada incluso por algunos padres putativos, le vale el marbete de La malquerida, una de las pocas obras, junto a Los intereses creados, que no ha caído en el olvido de la vasta panoplia de Jacinto Benavente. Aquel premio Nobel que se hacía perdonar su fama extremando su cojera y cuyo recuerdo se desvanece como su efigie de las monedas de 200 pesetas. Como metáfora del hoy, la casualidad quiere que estos días de diciembre coincidan los aniversarios de aquel drama rural más que centenario y de una Constitución cuarentona a la que algunos codician poner en cuarentena.

En la ardorosa defensa que hizo del dramaturgo madrileño ante las invectivas de Pérez Ayala o de Valle-Inclán, Pemán argüía que algunos querían enterrarlo en la misma fosa que sus marquesas, sus cursis, sus mesitas de té y sus rosas de otoño. Algo parecido ocurre con la generación de la Transición. Se la quiere sepultar junto con una Constitución que, sin ser la más longeva, pues la canovista de 1876 pervivió 48 años, sí que ha contribuido a romper la acrisolada tradición de Cartas Magnas de quita y pon.

En vista de ese poco asiento constitucional, Josep Pla concluyó que "España es uno de los países del mundo que, habiendo concebido más Constituciones -ha hecho un montón-, aún está por constituir". Tan opuesta, por ejemplo, a una Inglaterra que, sin precisar tenerla escrita, la tiene grabada en el sentimiento, en el ánimo y en su costumbre. Ello dota a los británicos de un sentido constitucional que ya quisieran para sí los españoles. Empecinada en hacer historia, España la deshace cual Penélope con el interminable manto con el que daba pares y nones a sus pretendientes. Al no existir norma redonda del todo, esta nuestra de 1978 no iba a ser una excepción. "Nadie [ni nada] es perfecto", advierte cualquiera sin llegar al grado de enamoramiento del prendado millonario de Con faldas y a lo loco. En su apasionado embeleso, no desiste en casarse con quien se disfraza de mujer huyendo de unos matones ni cuando el personaje de Jack Lemmon se desenmascara y clama tratando de hacerle entrar en razón: "¡Soy un hombre!".

A la Constitución se le pueden sacar tantas tachas como sus detractores a Benavente. Pero, más allá de lo desatinado de algunos artículos o su vaguedad suicida -especialmente en el capítulo autonómico o en el educativo-, cualquier descosido se puede zurcir con la misma voluntad que facilitó su parto. Desgraciadamente, su cimentación se ha disgregado en grava que ahora se arrojan unos contra otros. La culpa no cabe endosársela exclusivamente al irredentismo nacionalista, pese a las concesiones hechas persiguiendo el improbable acomodo de quienes nunca pensaron que la Constitución fuera punto de llegada, sino pista de despegue hacia el independentismo.

A este desbarajuste, los partidos nacionales han cooperado estúpidamente vaciando la Constitución por la puerta falsa del artículo 150.2 o avalando Estatutos que alteraban soterradamente la Ley de Leyes. Para garantizarse la mayoría parlamentaria o simplemente tener la fiesta en paz, los sucesivos presidentes de la democracia han antepuesto el acatamiento de Estatutos de relativo respaldo a una Constitución votada ampliamente y a la que han rendido a una posición subsidiaria.

Aunque es patente que una Constitución no son unas inalterables Tablas de la Ley, la prioridad debiera ser soldar sus fracturas y restaurar los nexos de unión. Ello requiere una resuelta acción política, en lugar de abrir en canal una Constitución con un Parlamento transfigurado en Torre de Babel, donde todos gritan (e insultan) y nadie se entiende. Ello sólo originaría que el cuerpo enfermo no saliera vivo de la sala de operaciones. Sin carta náutica ni timonel perspicaz, con cada tripulante marcando rumbos contrapuestos, su reforma capotaría en la bocana del puerto. De hecho, en cuanto se formulan negro sobre blanco algunas enmiendas, se verifica que, más que resolver los problemas, se agrandan. A veces, de modo tan disparatado como aquel marino que, en medio del naufragio, discurre achicar el agua multiplicando los agujeros del bote que se va a pique.

A ojos vista, pasma que, en vez de coser a dos cabos y amarrar fuertemente los descosidos de quienes desbaratan la Constitución, se proponga una especie de Constituqué, esto es, una suerte de artefacto explosivo que haga saltar por los aires la nación española, deconstruida en "nación de naciones", donde se determinaría una relación bilateral. En definitiva, nacioncitas con ínfulas de Estado que exaltarían aquello de "nos, que somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos Principal entre los iguales, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades; y si no, no", atendiendo a la fórmula que los señores feudales imponían al rey de Aragón.

A este fin, hay políticos, catedráticos y círculos empresariales que auspician un futuro Estatuto de Cataluña que, para dar gusto al independentismo, no tuviera que ser refrendado por las Cortes, depositario de la soberanía nacional, lo que sería un modo de autodeterminarse. Amén de postular medidas ya fallidas en Alemania en lo que hace a la reconfiguración del Senado como cámara territorial y eso que allí ningún länder niega formar parte de un todo en el que se reconocen. De hecho, los políticos germanos embridaron una dinámica centrípeta por la que 16 Estados maquinaban para que nadie pudiera hacer nada sin el otro y que delegaba sus decisiones en un inoperante Consejo Federal (Bundesrat) porque los 16 las vetaban de continuo.

Lo esperpéntico es que, una vez que Alemania hace años que escapó de esa trampa reequilibrando el reparto competencial en pro del interés general y reduciendo el poder de veto del Bundesrat sobre el Parlamento (Bundestag), los arbitristas de la situación, buscando conjurar al secesionismo, reivindiquen convertir el Senado en Cámara de las Regiones. Al tener la Cámara Alta la encomienda del artículo 155, esto es, la suspensión de la autonomía, bloquear esa disposición sería lo único que movería a los secesionistas a prestarse al juego. En todo caso, cómo se va a elaborar otra Norma normarum cuando ni dentro de un mismo partido -caso del PSOE, hoy en el Gobierno- hay conformidad en asuntos básicos como el modelo de Estado con el oxímoron del federalismo asimétrico o el trampantojo del "derecho a decidir" que despoja de esa potestad al conjunto de los españoles.

En síntesis, remedios de sofistas que, en realidad, son medios para el sepulcro. Sin la altura de miras y la grandeza de espíritu de los constituyentes, no es posible perfeccionar una Constitución por manifiestamente mejorable que sea, que lo es. Pero los malos políticos, cuando se le acaban las ideas o están en apuros a causa del descrédito, se evaden de la realidad embarcándose en mudanzas constitucionales sin una mínima avenencia entre quienes deben guiarlas. En esas circunstancias, sólo vendrán malos medicamentos que exacerben los padecimientos.

Ningún país serio frivoliza tampoco con que cada generación debe tener su Constitución. Si fuera así, ¿cuántas debería atesorar EEUU desde 1789? Hace dos siglos y medio que conserva prácticamente inalterable la suya, pese a guerras civiles, magnicidios, crash, conflagraciones mundiales, dimisiones presidenciales o masacres como el 11-S. Haciendo tabla rasa y desestimación del interés general, es una irresponsabilidad atropellar una Constitución que conjuró demonios familiares enterrando la quijada de asno de un cainismo que tuvo a España en sostenida contienda civil casi desde la expulsión del invasor napoleónico hasta la Transición y que ahora algunos apetecen suicidamente revivir. Ya escribió Faulkner que "el pasado nunca desaparece; ni siquiera es el pasado".

Más que empeñarse en el desiderátum de otra Constitución cuando no hay coincidencia ni en el diagnóstico ni en el tratamiento, el celo habría que ponerlo en garantizar su cumplimiento y preservar la igualdad de todo ciudadano, al margen del rincón donde habite. De hecho, su incumplimiento permite la desmembración de la nación que articula y que facilita que ésta se la borre gradualmente merced a una clase política que no está dispuesta a mudar su manera de gobernar, sino a variar de leyes. Como si éstas dispusieran de una virtud taumatúrgica que les hiciera invertir el estado de las cosas con su promulgación. No es menester tanto constituciones de nuevo cuño, como gobernantes dispuestos a hacerlas valer. No hay ley redentora alguna cuando, parafraseando a un egregio prócer de la Restauración, "gobiernan los mismos hombres que nos perdieron, los mismos partidos que no tuvieron inspiración, energía ni patriotismo en los momentos críticos y que, como si hubiesen sido triunfadores, siguen repartiéndose la nación empobrecida".

En esta encrucijada, conviene preguntarse qué es lo que les ha hecho la pobre Constitución a quienes, en vista del mal trato a que la someten, habría que exigirles que apartaran sus manos de ella y la resguardaran de mayores estropicios. A esta Constitución, ahora malquerida, hay que insuflarle, al cabo de 40 años, el espíritu perdido que la vigorice para afrontar desafíos tan apremiantes como el independentista y el de quienes pugnan por reabrir la Caja de Pandora del guerracivilismo. A la sazón socios de un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez que parece borrar de la memoria que esa Constitución es obra de un PSOE escarmentado, como el conjunto de formaciones políticas, de los errores que abocaron a España a una conflagración fratricida.

Hay que insistir en ello tantas veces como sea pertinente, pues como aducía Benavente ante quienes le reprochaban la reiteración de frases en sus dramas: "La primera es para que la oigan, la segunda para que la escuchen y la tercera para que la entiendan".

Miseria del antifascismo
Pedro Carlos González Cuevas  latribunadelpaisvasco.com 6 Diciembre 2018

Desde la izquierda, y poco antes de fallecer, Michel Foucault reivindicaba el papel de parresiasta, es decir, la función crítica del intelectual y del profesor como portavoz de la “verdad”, aunque ello perturbase los consensos fundamentales en que descansaba la sociedad.

Conviene que, desde la derecha, se haga lo mismo. De ahí la necesidad, por ejemplo, de analizar y someter a crítica las falacias de lo que hoy se denomina “antifascismo” en algunos sectores sociales, políticos e intelectuales. Y es que el “antifascismo” va convirtiéndose en uno de los pilares ideológicos no sólo de la izquierda política e intelectual, sino de la sociedad española y europea actual.

Con respecto al “fascismo” vivimos hoy en España bajo el brutal imperio de la mentira mediática. Así, el 24 de octubre de 2018, el Parlamento Europeo sacó a la luz una Resolución sobre el auge de la violencia neofascista en Europa. El texto utilizaba un lenguaje genérico y, en realidad, no animaba, pese a lo sustentado por un sector de la prensa y de los medios de comunicación españoles, a ilegalizar ningún partido político ni asociación en concreto. Sin embargo, incluía una recomendación para España, instando a retirar los símbolos que ensalzaban el alzamiento militar y el régimen de Franco. A pesar de ello, algunos medios de comunicación españoles han difundido la falsa noticia de que en la Resolución se propugnaba la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco y las demás organizaciones “fascistas”. Desde la Sexta TV, una tal Mamen Mendizábal defiende todas las tardes que el “fascismo” es ilegal en el conjunto de los países europeos; lo cual es simplemente falso. En Italia, existió, desde 1946, el Movimiento Social Italiano, heredero directo de la República Social Italiana, y que se configuró como el cuarto partido del país; y en Alemania, desde 1964, tuvo presencia legal el Partido Nacional-Demócrata Alemán, de ideología neonazi. Anteriormente existieron legalmente, entre otros, el Partido Derechista Alemán y el Partido Nacional del Imperio Alemán. En cualquier caso, tanto la Sexta TV como el gobierno socialista de Pedro Sánchez, Podemos e Izquierda Unida están empeñados ilegalizar a la Fundación Nacional Francisco Franco como a los grupos que, según ellos, hagan apología del “franquismo, el fascismo y el nazismo”. Aquí entran, sin la menor duda, las trampas de lo que podemos denominar antifascismo de izquierdas o revolucionario.

Como ha señalado el historiador norteamericano Michael Seidman, en su obra Antifascismos, la oposición al fascismo es un fenómeno político y cultural muy plural caracterizado, históricamente, por una profunda ambigüedad ideológica, cuyo contenido puede ser conservador o revolucionario. Entre los antifascistas conservadores destacan Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt o Charles de Gaulle; y se caracterizaba por su defensa de la democracia liberal frente al autoritarismo fascista. Curiosamente, sus representantes no identificaron como enemigo a Mussolini hasta 1940, cuando Italia entró en la guerra al lado de la Alemania nacional-socialista; y contemplaron a Francisco Franco como aliado o, por lo menos, como neutral. Winston Churchill simpatizó con Mussolini, al que llegó a considerar “el más grande legislador vivo”; y en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, proyectó, según ha mostrado el historiador Jonathan Walker, la denominada “Operación Impensable” frente a la hegemonía de la URSS en Europa del Este, y que contaría con los restos del Ejército alemán. Por su parte, Charles de Gaulle fue considerado por las izquierdas, sobre todo a partir de 1958, como un auténtico fascista. Poco antes de morir visitó al general Franco en el Palacio del Pardo.

El antifascismo de izquierdas o revolucionario fue, como señaló la historiadora Annie Kriegel, uno de “los grandes mitos del estalinismo”, identificando “fascismo” con derecha y capitalismo. Este tipo de antifascismo sirvió para legitimarse a los regímenes del socialismo real. Y hoy ha resurgido al socaire de la emergencia de una derecha identitaria contraria al proceso de globalización. Un buen ejemplo del contenido de este antifascismo es el libro de Mark Bray Antifas. Manual Antifascista, recientemente traducido al español, y que pretende ser “un toque de arrebato que intente dotar a una nueva generación de antifascistas del bagaje histórico y teórico necesario para derrotar a la extrema derecha que resurge”. A diferencia de otros antifascistas, Bray enlaza históricamente su causa con la de las izquierdas radicales del período de entreguerras: comunistas, anarquistas y socialistas. A la hora de dar una definición de fascismo, recurre a Robert Paxton: “Una forma de comportamiento político marcado por una preocupación obsesiva con el declive, la humillación o la victimización de la comunidad y por cultos compensatorios a la unidad, la energía y la pureza, en la cual el partido de masas de comprometidos militantes nacionalistas que actúa en colaboración, incómoda pero eficaz con las elites tradicionales, abandona las libertades democráticas y persigue, con una violencia redentora y sin limitaciones éticas ni legales de limpieza interna y expansión externa”.

Este antifascismo se autodefine por su radicalidad, ya que se trata de un movimiento con una propuesta no liberal, social revolucionaria, que se usa para combatir a la extrema derecha, y no sólo a los fascistas en sentido liberal”. Su objetivo es dar “prioridad a la construcción de un poder popular en la comunidad y a vacunar a la sociedad frente al fascismo, mediante la difusión de planteamientos políticos de izquierda”; y que tienen su concreción en el “sindicalismo, okupación, activismo medioambiental, movilización contra la guerra o solidaridad con personas migrantes”, “la formación de tabúes sociales contra el racismo, el sexismo, la homofobia y otras formas de opresión que constituyen las bases del fascismo”.

Entre los ancestros antifascistas figuran, a su juicio, los Arditi di Popolo Italiano, los partisanos en la Segunda Guerra Mundial, la oposición guerrillera a Franco, los anarquistas, el Partido Obrero Socialista Revolucionario, los partidos comunistas. La genealogía del fascismo se encuentra, a juicio de este autor, en el affaire Dreyfus, la Liga de Acción Francesa, el Ku-Klux-Klan, los absolutistas de comienzos del siglo XIX, Napoleón III, Bismarck, el imperialismo, etc, etc, etc. Sin embargo, Bray estima que Franco no fue fascista, sino “más bien un tradicionalista católico autoritario”. Tras la postguerra mundial, el autor cree que sólo se realizó “un tímido proceso de juicios contra individuos determinados en base a unos cuestionarios”; y que hubo una oleada de amnesia histórica”. A ese respecto, exalta las acciones violentas de los nuevos antifascistas como el Partido Pantera Negra, los punkies antifascistas, los Dragones Negros, las Miss Dragonas Negras, SOS Racismo, Francotiradores y Partisanos, Autonomía Obrera, Antifascistas Revolucionarios, Fuego y Llamas, Brigadas Rojas, Lucha Continua, etc, etc. Sus enemigos en la actualidad son los que denomina “nazis de corbata”, es decir, Frente Nacional Francés, UKIP; AFD, PEGIDA, Amanecer Dorado, Partido Popular Danés, etc. Frente a estos partidos, Bray justifica el empleo de la violencia: “Desde un punto de vista histórico, las ideas fascistas y similares progresaron en el debate abierto. En ocasiones, la discusión fue suficiente para acabar con su presencia. Pero en muchos otros casos, no. Por eso, los antifascistas se niegan a depositar sus esperanzas de libertad y seguridad para toda la humanidad (¡) en un proceso de debate público que ya se ha visto que puede fracasar”. “Desde su punto de vista, los derechos que propugna el gobierno parlamentario capitalista no merece respecto inherentemente”. Los fascistas “no tienen derecho a expresarse libremente”. “Simplemente, no consideran que quienes usan esa libertad para promover el genocidio o cuestionar la condición humana de otras personas entren en ese ámbito”. La ofensiva antifascista tiene como objetivo central “la expropiación global de la clase capitalista y la destrucción (o tomo) de todos los Estado existentes por medio de un levantamiento popular internacional que la mayoría piensa que va a implicar alguna forma de enfrentamiento violento con las fuerzas del Estado”. Bray predica “la guerra de clases”; y considera que el antirracismo “irracional” es “preferible al supremacismo razonado”. En definitiva, para Bray “destruir el fascismo consiste realmente en promover una alternativa socialista revolucionaria (en mi opinión, una que sea antiautoritaria y antijerárquica) ante un mundo en crisis”. Y, significativamente, señala Bray que el antifascismo es más favorable que el liberalismo a la práctica de la libertad de expresión, porque defiende una sociedad “sin clases”.

Las concepciones antifascistas como las defendidas por Mark Bray conducen inexorablemente a una especie de dictadura de la verdad o al panóptico foucaultiano justificativo de todo tipo de intolerancias. Como señaló hace ya algunos años el filósofo polaco Leszek Kolakowski: “Una ley que prohíba las organizaciones con nombres, símbolos y consignas nacional-socialistas tendrá un valor meramente simbólico. Para ser eficaz, tendría que definir el contenido ideológico del movimiento y organizaciones proscritos. Y si esta ley incluyera, por ejemplo, entre los rasgos definitorios de las organizaciones prohibidas, tendencias totalitarias tales como la intolerancia, la defensa de la violencia y la tiranía, es evidente que algunos grupos maoístas o comunistas, se encontrarían entre sus primeras víctimas. Concretamente, aquellos grupos que son los primeros en plantear esta objeción contra la tolerancia”.

No menos falaz resulta, históricamente hablando, la relación que Bray establece entre el Ku-Kux-Klan y los orígenes del “fascismo”. A ese respecto, Michael Seidman ha señalado que el Sur rechazaba el fascismo italiano porque los nativistas protestantes de derecha y los miembros del Klan veían en Mussolini a un aliado del Papa y un Anti-Cristo extranjero. Y es que el Klan era demasiado “tradicionalista” para ser clasificado junto al fascismo y al nazismo: “Su exclusivismo protestante limitaba su influencia nacional, al igual que su odio al Estado nacional omnipotente preferido por casi todos los fascismos europeos. Su preferencia por el control local y los derechos de los estados remitían a la confederación”. “El racismo sureño era tradicionalista –se basaba en la bíblica <maldición de Canáan>-, no eliminacionista como la variedad nazi”.

No menos falaz resulta históricamente hablando la defensa del prefascismo de L´Action française, hace tiempo refutada por los trabajos históricos de Eugen Weber y de Françoise Huguenin. Sin embargo, lo más llamativo del libro de Bray es su amoralidad y cinismo. La sociedad “sin clases” que propugna como respuesta al “fascismo” fue construida por los regímenes de socialismo “real”, con toda su carga de opresión, brutalidad e ineficacia económica y social. De ahí que, como señala el filósofo alemán Peter Sloterdijk, en su libro Ira y tiempo, el antifascismo tenga como objetivo no confesado “la salvación de la conciencia” de los comunistas y revolucionarios, “borrar las huellas que delataban qué cerca se había estado de un sistema genocida de clases”. “En efecto, se llegó hasta tal punto de denunciar toda crítica al comunismo como anticomunismo y éste como una continuación del fascismo con medios liberales. Cuando, desde 1945, ya no se daban abiertamente exfascistas, no faltan todavía paleoestalinistas, excomunistas, comunistas alternativos e inocentes radicales del ala extrema que llevaban la cabeza muy alta como si los delitos de Lenin, Stalin, Mao, Ceacescu, Pol Pot y otros líderes comunistas, se hubieran cometido en el planeta Plutón”. Estamos ante el antifascismo propugnado por Podemos y grandes sectores de la izquierda española. Su objetivo es, por una parte, demonizar al conjunto de la derecha actual y, por otra, hacer olvidar su oscuro pasado político e ideológico. Por todo ello, someterlo a crítica es, hoy, un imperativo intelectual y político. Buena prueba de ello es la reacción de Podemos y de los núcleos antifascistas ante la entrada de VOX en el Parlamento de Andalucía.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

La rebelión de Vox
Cristina Losada Libertad Digital 6 Diciembre 2018

Sólo queda constatar que, al cabo del tiempo, se está cumpliendo aquel deseo que formuló Rajoy agriamente en el Congreso de Valencia hace diez años.

Un día habrá que hablar de la literatura de las irrupciones. Porque es ya un hábito que a la aparición de un nuevo partido se reaccione no con el ánimo de entender el fenómeno, sino con un chorro de (por lo general, mala) literatura. Cuando irrumpió Podemos, en las europeas de 2014, el chorro fue encomiástico. Ay, aquellos profes de Políticas, qué listos eran. Y su llegada a la arena política expresaba, por supuesto, la justa y santa indignación de los españoles con los políticos, con la corrupción y con la crisis. Ahora, con la entrada de Vox en el Parlamento andaluz, en lugar de chorro hay un chorreo.

Si uno lee la literatura alarmista, y es inevitable porque está por todas partes, se imagina que ahora mismo hay bandas de camisas pardas alborotando las ciudades andaluzas, incendiando cosas y amenazando a los vecinos de los barrios que votan a la izquierda. Y que, pronto, esos cafres estarán por toda España. La realidad, sin embargo, es que las pandillas que han salido a las calles en Andalucía fueron convocadas por Podemos e Izquierda Unida para amenazar a los que votaron a Vox. La realidad es que, fuera del ámbito andaluz, las acciones políticas coactivas y violentas más frecuentes son las de separatistas catalanes contra catalanes no separatistas. Y las que siguen protagonizando los herederos de ETA en el País Vasco: acaban de darle una paliza a un estudiante en Vitoria. Pero nada de esto es tan grave como lo de Vox porque los partidos que fomentan o consienten aquellos actos son perfectamente constitucionales. Desde ERC hasta Bildu, pasando por los de Quim Torra. Todos, Podemos el que más, son constitucionalistas sin tacha, según el PSOE.

La peligrosa payasada de la alerta antifascista que han hecho sonar los que no esperaban tal varapalo en las elecciones andaluzas testimonia la voluntad, no sólo de tapar el fracaso, sino de abrir un ciclo de histeria política y mediática –uno más– que recuerda al que hubo después de la victoria de Trump en los Estados Unidos. Por cierto: a Trump se le endosó la etiqueta fascista. Y también: la histeria no desanimó, sino que reafirmó a sus votantes. Pero sería ingenuo pensar que los que ponen en marcha los ciclos histéricos quieren convencer al votante equivocado de que reconsidere su opción. Pretenden, más bien, reafirmar a sus propios votantes y reenganchar a los que perdieron instalando la batalla política en la lucha del Bien contra el Mal. El universo maniqueo de siempre. De modo que el pronóstico es que va a haber histeria para rato con Vox. Y que eso le irá bien a Vox.

A Vox le irá bien porque una de sus vías de crecimiento la han abierto los que han ido cegando, histéricamente, las posibilidades de expresión e influencia ideológicas de los conservadores en España. Vox lleva, en lo económico, un programa de corte liberal, pero en materia de valores sus propuestas son conservadoras. En eso se diferencia en grados del PP, aunque no sólo. Hay que recordar que Vox es una escisión del PP cuyo motivo más decisivo radica en el abandono de principios o esencias que, en otro tiempo, encarnaba el gran partido del centroderecha español. Así se percibe, al menos, y eso es lo que cuenta. Pero hay más. Porque Vox, en donde muchos ven tics y tonos autoritarios, representa paradójicamente la rebelión contra un autoritarismo: el de la corrección política. Es un autoritarismo que no se reconoce como tal pero lo es. Impone en la vida pública y en la privada una serie de creencias y valores y, lo que es más relevante en nuestro caso, proscribe absolutamente otros. Creo que fue Mark Lilla, que no es un conservador, quien hace años escribió que aquellas imposiciones, entonces circunscritas a las universidades norteamericanas, eran una forma de "totalitarismo blando".

En España, la corrección política tiene sus prescripciones y prohibiciones específicas. No son de ahora. En esas tablas del bien y del mal, ser de derechas o conservador es un estigma. Lo es desde la Transición. Ser español es un pecado. O un defecto. O una vergüenza. Para la izquierda existente, insistir en la españolidad –o en la Hispanidad– es síntoma claro de derechismo y nostalgia franquista. (Lo siento por la gente de izquierdas que ha intentado y aún intenta construir un partido de izquierdas libre de ese complejo, pero es lo que hay). A esas manchas o impurezas se han añadido otras. Hoy, no estar con el feminismo radical es un crimen. Y plantear que se frene la inmigración irregular es fascista, cuando no nazi. ¿Cómo extrañarse de que crezca un partido como Vox, que hace gala de combatir los dictados del pensamiento correcto, de decir lo que muchos piensan pero no se atrevían a decir?

Sólo queda constatar que, al cabo del tiempo, se está cumpliendo aquel deseo que formuló Rajoy agriamente en el Congreso de Valencia hace diez años. Los liberales ya tienen otro partido al que irse (Ciudadanos) y los conservadores o liberalconservadores acaban de encontrar otro: Vox.

La Constitución no es el problema

 ABC  6 Diciembre 2018

El cuarenta aniversario de la Constitución Española es una buena ocasión para reivindicar su letra y su espíritu frente al revisionismo partidista y la ruptura separatista que dominan los discursos más radicales contra la Carta Magna. Desde hace años, la izquierda tiene en marcha una estrategia de derogación del orden constitucional para volver al punto de partida de la Transición y sustituir el consenso entre españoles por la imposición de una revancha. En la extrema izquierda y en buena parte del PSOE ha cuajado el discurso frentista que impulsó Rodríguez Zapatero con la ley de Memoria Histórica y su pacto del Tinell para deslegitimar a la derecha democrática. Hoy, cuando el PSOE y Podemos se dedican a repartir carnés de constitucionalistas, la mayor amenaza a la Constitución de 1978 viene de ese discurso que esconde tras la petición de «reformas» una verdadera quiebra del orden constitucional, que se manifiesta en el ataque sistemático a la Corona, al que el Gobierno y su propio presidente hacen sus aportaciones con ideas temerarias, como la supresión del delito de injurias al Jefe del Estado o de la inviolabilidad del Monarca.

La Constitución no sólo se sustenta en la integridad de sus instituciones básicas, como la Corona, sino también en la soberanía del pueblo español y esta, en la unidad nacional. Cualquier pacto que busque atajos seudoconstitucionales para reconocer a Cataluña o el País Vasco el derecho a decidir vulnera tanto la soberanía como la unidad de la nación española. Las alianzas, aun cuando sean ocasionales, con golpistas del separatismo, que están siendo juzgados por delitos contra la Constitución, representan una deslealtad inaceptable en un Estado de Derecho y un riesgo para la continuidad del sistema democrático. El PSOE juega con fuego cuando avala el «constitucionalismo» de partidos como Bildu o ERC, porque está disfrazando al lobo con una piel de cordero que no merece.

También hay que advertir de que el cuestionamiento de la Constitución desde posiciones conservadoras o centralistas añade presión a un debate que provoca una innecesaria precariedad de la Carta Magna de 1978. Quienes como Vox hacen bandera de la unidad nacional frente a la fragmentación autonómica deberían admitir que la experiencia del 155 aplicado a Cataluña -breve, corta, insuficiente-, demostró que la Constitución no es el problema, sino la solución frente al separatismo y que la organización autonómica es compatible con la conservación, en manos del Estado central, de recursos para garantizar la cohesión nacional. Antes que promover un cambio constitucional es mejor comprobar hasta dónde llega la eficacia de la Constitución, verdadero muro de protección de los derechos y libertades de los españoles frente al terrorismo y el separatismo, y que también deberá serlo frente al guerracivilismo de la extrema izquierda.

Extremismos
Alejo Vidal-Quadras gaceta.es  6 Diciembre 2018

Un nutrido haz de extremismos tremendamente agresivos pretende ahora, en compañía de un PSOE desnortado, descalificar y aislar políticamente a VOX.

El término “extremista” es en política una etiqueta más y, como todas las etiquetas, reduccionista, equívoco y fácil de manipular interesadamente. Los partidos moderados y respetuosos con la Constitución, que en España son principalmente el PP, Ciudadanos y el PSOE anterior a Pedro Sánchez, rechazan los extremismos y hacen bien. Otra cosa es ponerse de acuerdo sobre a quién colgar este estigma infamante y sobre qué bases.

No parece descabellado distinguir a los extremistas por reunir varias o todas de las siguientes características:

a) proponen la ruptura del orden constitucional saltándose la ley y sin descartar el uso de la violencia
b) trabajan para destruir el sistema de economía de libre mercado y el derecho a la propiedad privada
c) son colectivistas y sitúan abstracciones supraindividuales, clase, nación, religión, raza, por encima de las personas y sus libertades
d) pretenden sustituir la democracia representativa y parlamentaria por alguna forma de democracia directa y popular que desemboca inevitablemente en regímenes totalitarios
e) fabrican un enemigo imaginario al que hay que aniquilar deshumanizándolo, sean los españoles, los judíos, los ricos o los inmigrantes
f) contraponen la soberanía nacional a la integración europea y se muestran abiertamente eurófobos y
g) fuerzan adhesiones acríticas y fanáticas a una determinada causa excluyente que exige lealtad absoluta con gran parafernalia de cánticos, banderas y símbolos emocionalmente embriagadores.

De acuerdo con esta descripción, los separatistas catalanes en sus diferentes modalidades encajan perfectamente en la categoría de extremistas, al igual que los filoetarras vascos. No hay duda de que Podemos se acomoda asimismo sin gran dificultad en este ámbito. Curiosamente, este nutrido haz de extremismos tremendamente agresivos pretende ahora, en compañía de un PSOE desnortado, descalificar y aislar políticamente a una fuerza emergente, VOX, denostándola con apelativos tan duros como fascista, radical y anticonstitucional. También ha caído en este exceso el candidato independiente a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, probablemente influido por su vida anterior en Francia y por una analogía apresurada y poco meditada con su compatriota Le Pen. La trampa es evidente y tanto el Partido Popular como Ciudadanos han de estar muy atentos a no dejarse atrapar en ella. Si nos fijamos en las seis notas distintivas ya citadas, es obvio que VOX no entra en ninguna de ellas, aunque estimula ciertos fervores patrióticos, practica una retórica algo inflamada, defiende una política de inmigración, abomina del Estado autonómico y transpira un marcado euroescepticismo, lo que la coloca abiertamente, en efecto, en un sector del arco parlamentario hasta ahora desocupado, lo que no implica necesariamente que deba ser marginada como apestada.

VOX ha anunciado que si obtiene representación en el Parlamento Europeo se integrará en el Grupo ECR, donde se ubican hoy los conservadores británicos, el partido Ley y Justicia polaco, el Fianna Fáil irlandés y otras formaciones de otros Estados-Miembros como Alemania, Lituania o Finlandia, todas respetables e impecablemente democráticas y donde no están ni se les espera Le Pen, Salvini, Di Maio o Farage, personajes nada recomendables, que pertenecen a familias políticas europeas distintas y que sí podrían ser clasificados como extremistas.

En el caso concreto de la articulación de un nuevo Gobierno de Andalucía, una cosa es que el PP y C´s pacten un Ejecutivo en el que VOX desempeñe algunas carteras, circunstancia que no se va a dar, y otra que VOX contribuya con sus votos en la sesión de investidura a traer el cambio que la mayoría de los andaluces anhela imperiosamente.

Si el PSOE, Podemos y los golpistas catalanes pretenden utilizar a VOX como coartada para sus fechorías agitando el espantajo de una amenaza imaginaria, Pablo Casado y Albert Rivera no han de sumarse a esta torticera maniobra, sino aceptar que hay un convidado más a la mesa de la representación parlamentaria y tratarlo con la corrección institucional apropiada, con frialdad distante, si se quiere, pero con la cortesía propia de un demócrata convencido que respeta el pluralismo.

Se avecinan grandes cambios en España y las elecciones andaluzas han sido el pistoletazo de arranque de una etapa fructífera y esperanzadora que pondrá de nuevo a nuestra gran Nación en la senda correcta, la de la unidad, la cohesión, la racionalidad, la legalidad y la prosperidad, la senda que nos aleje por fin de los auténticos extremismos.

40 años de la Constitución (y II): ¿Un caballo o un camello?
Pío Moa gaceta.es  6 Diciembre 2018

“Un camello es un caballo diseñado por una comisión”
De La Transición de cristal. Hoy se podrían decir cosas más graves, pero viene bien señalar unos fallos de origen que en vez de corregirse se fueron ampliando. No existe ningún partido constitucionalista, porque todos han socavada insistentemente, desde entonces, la unidad nacional que la Constitución proclama un tanto ambiguamente. Queda clara, asimismo, la falta de principios sólidos en la UCD (para Suárez todo era negociable). Ausencia cuyo origen está en la Concilio Vaticano II, como explico también en el libro. Propiamente la Transición (o más bien la segunda fase de la misma, pues la primera culminó en el referéndum de 1976, cuya decisión fue a continuación desvirtuada) fue realizada básicamente por los falangistas del Movimiento como mano de obra y bajo dirección ideológica democristiana. Algunos de estos creían innecesario un partido nacional (español) en Cataluña y Vascongadas porque los nacionalistas allí eran precisamente democristianos.

Capítulo XVI
UNA CONSTITUCIÓN DEFECTUOSA
La gestación constitucional resultó, pues, poco democrática, pero sólo chocó con la indignación de AP, resuelta con la escisión del partido. El punto más escabroso, pero no el único, fue el de las autonomías, concre­tado en el Título VIII, y la inclusión del término «nacionalidades». Según Herrero de Miñón, uno de los ponentes con mayor influencia, «Comunis­tas y, más aún, socialistas, pretendían elaborar una completa nueva planta constitucional en la cual la Jefatura del Estado perdiera sus connotaciones históricas; la parte dogmática supusiera una transformación, cuanto más radical mejor, de la sociedad y la economía; y las autonomías correspon­dieran al principio del federalismo»; en cambio, interpretaba la postura de AP como un plan de «reformas parciales de las Leyes fundamentales franquistas y adición de otras nuevas», y afirma que UCD acertó «con un término medio: cambiar el Estado, y permitir el cambio social sin cambiar de sociedad ni de Estado». El aserto revela un optimismo algo excesivo.

El Título VIII, referido a la organización territorial y en particular a las autonomías, resulta contradictorio, pues pretende, por una parte, esta­blecer las competencias de las autonomías y del Estado central y, por otra parte, vacía estas últimas al advertir que las autonomías podrán extender sus competencias (obviamente, a costa de las nacionales), y el Estado podrá delegar las suyas (artículo 150.2), bajo condiciones interpretables. Suárez hizo esta concesión un tanto sorprendente para conseguir que el PNV apo­yase no lo logró, y a pesar de ello, el artículo no fue retirado. Pese a un afán ordenancista impropio de una Constitución, y a cautelas retóricas, las autonomías, en lugar de delimitarse, quedaron abiertas a una progresión indefinida, a interpretaciones y hasta al hecho consumado, como llegaría a ocurrir.

Los partidos abordaron la cuestión, dice Herrero, desde tres enfoques distintos: a) Los nacionalistas pretendían un reconocimiento nacional para Cataluña, apoyados por socialistas y comunistas, mientras que los nacionalistas vascos hablaban de «soberanía originaria»; b) los socialistas y comunistas defendían incluso el «derecho de autodeterminación», es decir, la posible secesión; y c) la UCD, y en parte AP, pensaban en una «regionali­zación del Estado», de inspiración orteguiana.

Las aspiraciones de los separatistas catalanes y vascos no precisan glosa. Algo más la coincidencia de socialistas y comunistas con ellos. Esa coinci­dencia era una tradición en el PCE, no así en el PSOE, antes propenso a un centralismo incluso jacobino. El PCE, aunque centralista de hecho, siempre incluía en su programa la autodeterminación de las nacionalidades según el modelo leninista extraído de la experiencia de los imperios ruso y aus­trohúngaro, inaplicable a España. El PSOE de González y Guerra asumió así esa postura leninista, por mostrarse radical, por su visión negativa de España y por su antifranquismo, ya que el Régimen anterior había defen­dido la unidad nacional.

Menos esperable era la repentina inclinación autonomista de la dere­cha, entusiasta en casos como el de Herrero. En buena medida venía de la influencia orteguiana sobre la Falange, en este caso lo que Ortega había llamado «la redención de las provincias». Según Ortega, España era un «enjambre de pueblos» y nunca se había «vertebrado» como era debido, estatal y socialmente. El filósofo representaba un nacionalismo español «regeneracionista», muy similar a los nacionalismos catalán y vasco por cuanto negaban como nefasta la historia anterior y pensaban tener la receta casi mágica para redimir a los pueblos y elevarlos a la gloria.

Los análisis histórico-políticos de Ortega no cuentan entre sus mejores ideas. Solían ser rebuscados y crear falsos problemas. «Ocurrencias», los lla­maba Azaña que, no obstante, se parecía mucho a él en su adanismo hacia España y su historia. Ocurrencias a veces disparatadas, pero expuestas en un lenguaje pomposo que seducía a muchos lectores. La política debía ser «Una imaginación de grandes empresas en que todos los españoles se sien­tan con un quehacer», señaló el 30 de julio de 1931 ante las Cortes. Azaña, a su turno, propugnaba en Barcelona, el 27 de marzo de 1930, «un Estado dentro del cual podamos vivir todos», como si en España nunca hubieran vivido todos, mejor o peor. Viendo el pronto desenlace de las «grandes em­presas» orteguianas y de ese «Estado» tan especial de Azaña, cabe ponderar la peligrosidad de las grandes frases vacías, a medias exaltadas y frívolas. Una ocurrencia de Ortega propugnaba articular España «en nueve o diez grandes comarcas» autónomas, para las cuales «la amplitud en la concesión de self government debe ser extrema, hasta el punto de que resulte más breve enumerar lo que se retiene para la nación que lo que se entrega a la región». Así esperaba contentar, más o menos, a los nacionalistas vascos y catalanes, y salvaguardar el principio de la soberanía nacional. Su discípulo Julián Marías observaría, en 1978, lo inútil y riesgoso de querer contentar a quienes no se van a contentar.

Yacía bajo todo ello un serio temor a los separatismos vasco y catalán, pese a no haber supuesto ningún peligro ni amenaza desde hacía cuarenta años. La razón no confesada de ese generalizado descrédito de todo centra­lismo provenía ante todo de la ETA y de su posible contagio a Cataluña, Ga­licia y Canarias, de momento. Ya vimos que la ETA era el único movimiento separatista surgido con algún impulso durante el franquismo, ya muy al final de este y, por las razones expuestas, había adquirido una excepcional relevancia política. No debe olvidarse que el terrorismo ha ejercido una profunda influencia corrosiva y corruptora en España, más que en cual­quier otro país europeo, ya desde el pistolerismo ácrata de la Restauración, a cuyo derrumbe contribuyó decisivamente. Influencia debida siempre a la misma causa: la explotación política de los asesinatos por otros partidos teóricamente moderados.

De los tres enfoques autonomistas terminaría imponiéndose el de la de­recha muy hibridado con el de los separatistas, con un autonomismo fun­cionalmente similar al federalismo, pero sin delimitación clara. El ministro adjunto para la Regiones, Clavero Arévalo, propugnó la generalización de las autonomías, creyéndola un modo de disolver los separatismos, mientras que Herrero insistía en unos «derechos históricos», «singularidades histó­ricas» de Cataluña y Vascongadas, que no autorizaban la homogeneidad autonómica. Herrero asimilaba la situación española a la de Gran Bretaña -un verdadero dislate histórico- y llegó a declarar: «La Constitución puede pasar. Ni España, ni Cataluña ni Euskadi pasarán». Igualaba así las tres entidades y recogía el término inventado por Sabino Arana para incluir Navarra y los departamentos vascofranceses. Quizá influyera en tales actitu­des el hecho de estar casado con una señora próxima a dirigentes sabinianos. Suárez, más reticente a las tesis del PNV, pensaba que UCCD y PSOE harían la política real en las Vascongadas ante un radicalismo separatista al borde de la ilegalidad.

Probablemente el enfoque más razonable fuera el del nacionalista catalán Roca Junyent en un momento en que, ante las dificultades y diferencias, propuso la reducción del texto a unos principios genéricos a desarrollar lue­go, y la restauración del estatuto de 1932. Pero ello no ocurriría.

* * *
la transicion de cristal: franquismo y democracia-pio moa-9788492654451

Una breve digresión histórica ayudará a percibir la sustancia del proble­ma. La invasión napoleónica de 1808 impuso la necesidad de modernizar el Estado con un carácter democratizante y contra las trabas feudales de siglos anteriores (comunes a casi toda Europa). Representó la moderniza­ción la liberal Constitución de 1812, con un nacionalismo condensado en la soberanía española, «que no puede ser patrimonio de ninguna familia o persona». Pero encontró rechazo porque parecía recoger principios de la Revolución francesa, vistos con repugnancia por el grueso de un pue­blo que luchaba precisamente contra los franceses; a lo que se añadía un injustificado fervor popular por un rey que había sido cómplice oculto de Napoleón. Así, el liberalismo pareció a muchos una doctrina foránea, opuesta a la tradición hispana y al catolicismo. Las subsiguientes guerras carlistas se riñeron, por paradoja, entre unos carlistas españolistas, pero an­tinacionalistas (no aceptaban la soberanía nacional, sino la del monarca), y unos liberales nacionalistas, pero tachados de antiespañoles y anticatólicos. La victoria final de los liberales en el último cuarto de siglo motivó en Cataluña y Vascongadas, quizá las regiones más tradicionales y religiosas, una reacción regionalista con tintes secesionistas. Factores como la in­dustrialización de Bilbao y Barcelona, las ideologías racistas y un tardío romanticismo antidemocrático, dieron viento a las velas nacionalistas en Cataluña y Vizcaya. No cobraron impulso, sin embargo, hasta el «desastre» de 1898 frente a USA, causa de profunda desmoralización en toda España.

Los separatismos vasco y catalán, concomitantes con el pistolerismo anarquista y los mesianismos socialista y republicano, devinieron una des­tructiva plaga para los regímenes de libertades (Restauración y II República), abocando a dictaduras, y en un caso a la guerra civil. Las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco disfrutaron de una casi nula actividad nacio­nalista, salvo la tardía de la ETA. Pero después de la Transición democrática, que no debió nada a los nacionalismos, estos iban a convertirse en el mayor escollo para el asentamiento de la democracia, y no sólo por el terrorismo.

Conviene insistir en la ya mencionada diferencia entre el separatismo catalán y el vasco. El vasco gira en torno a una «raza» vasca superior a la «raza» maketa o española, cuyo contaminante roce debe evitar la prime­ra, por lo que es rotundamente secesionista, aunque maniobrase según las circunstancias. El separatismo catalán da a la raza un peso ligeramente menor y considera que, tras ser antaño Castilla hegemónica en la península, ha­bía llegado el momento de que la hegemonía pasara a Cataluña, debido a su mayor desarrollo económico y presuntamente cultural. El fundador operativo de este nacionalismo, Prat de la Riba, aspiraba a un Estado im­perial desde Lisboa al Ródano, orientado desde Barcelona y expansivo hacia África. Tal idea anacrónica sólo podía conducir a frustraciones, por lo que muchos separatistas oscilaron hacia un imperialismo menor, sobre Valencia y Baleares, englobadas como Països catalans.

Durante la guerra civil, ambos separatismos se habían juntado al Frente Popular, a cuya derrota cooperaron de modo eficaz, aun si involuntario, con sus desavenencias, maniobras secesionistas e intrigas tanto con los fascistas italianos o los nazis como con Londres y París. Tras la victoria franquista, ambos separatismos pervivieron en débiles círculos nostálgicos, ampa­rados por algunos clérigos (debe recordarse el origen clerical y antiliberal de ambos nacionalismos, mantenido en el vasco, no tanto en el catalán, cuyo sector de izquierda se hizo muy anticlerical). Terminada la II Gue­rra Mundial con la derrota nazi, el racismo quedó condenado internacio­nalmente, ambos nacionalismos dejaron de invocarlo abiertamente, y el PNV tomó ropaje democristiano. El franquismo apenas hostigó a aquellos círculos y, al final, les facilitó la reconstrucción como barrera (supuesta) al separatismo terrorista. Y aunque se acusa a la dictadura de perseguir las lenguas regionales, permitió la creación de una Academia Vasca que unificó el vascuence, y de ikastolas para la enseñanza en dicho idioma, e instituciones oficiales convocaban premios literarios para fomentarlo; algo similar ocurrió con el catalán, cuya filología se hizo obligatoria como rama en las facultades correspondientes. También data del franquismo la pri­mera editorial de libros en gallego. Por efecto del pistolerismo, sectores vascos minoritarios, pero nutridos y muy activos, se radicalizaron durante la Transición, aun si la mayoría de la población era moderada, incluso entre los nacionalistas. Lo demostró la pronta adscripción de muchos al PNV, que permitió a este rehacerse bastante pronto. Claro que la moderación del PNV era muy relativa: jus­tificaba el terrorismo, aun si con reservas, y trataba de beneficiarse de él, y pretendía el reconocimiento de la «soberanía originaria» vasca, inventada por Sabino Arana: nunca había existido nada parecido a un Estado vasco, cada provincia tenía su propio fuero, escrito en castellano, que le ligaba al Rey de Castilla: ningún país soberano busca un rey autoritario foráneo –los vascos, claro está, no se consideraban foráneos a España- y pacta en un idioma igualmente «foráneo».

Según Herrero, la «soberanía originaria», eufemizada en la Constitu­ción como «derechos históricos», no pasaba de retórica: para el PNV todo se reducía al reconocimiento de «la identidad vasca como cuerpo sepa­rado dentro del Estado, sin negar en absoluto que este ejerciera cuantas competencias fueran necesarias A esto se reducía el dogma de la soberanía originaria». La creencia de Herrero suena tan ingenua como suponer sin valor práctico el término nacionalidades: la «soberanía originaria» entra­ñaba, para empezar, una idea confederal o separatista y el privilegio de los «conciertos económicos» que fragmentaban la economía española.

* * *
los mitos del franquismo-pio moa-9788490603499

La inclusión del término «nacionalidades» ocasionó polémica en la po­nencia constitucional, y estuvo a punto de ser retirada. Ante la oposición de AP y algunos de UCD, Herrero propuso emplear los términos históricos, pero desfasados, de Principado y Reinos (Cataluña y Vascongadas nun­ca habían sido reinos, se habían integrado en otros reinos y a través de ellos en España, según las instituciones medievales). Pero triunfó final­mente la palabra «nacionalidades», y el artículo 2º reza: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la auto­nomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Muchos observaron la contradicción entre «la indisoluble nación españo­la» y las nacionalidades. Se habló de estas por evitar el término más rotundo de naciones, pero significan, o pueden fácilmente hacerse significar, lo mismo. Según la doctrina democrática, en la nación reside la soberanía, una vez derrocado el Antiguo Régimen, donde la soberanía nacional se personificaba en la voluntad del monarca. Así lo expresa el nacionalismo, doctrina en principio democrática que surge con gran posterioridad a la existencia de naciones, en rigor se extiende por Europa y América desde el siglo xix, y por gran parte del mundo en el xx. A su vez, los nacionalismos son capaces de crear nuevas naciones, como ha sido el caso en muchos lugares de Europa o América. Salvo Portugal, por los avatares de la Re­conquista, ninguna región hispana se convirtió en nación, como sí lo hizo España desde los reyes godos Leovigildo y Recaredo.

Los nacionalismos regionales en España podrían crear nuevas naciones si las condiciones les favorecieran. Por definición, un nacionalismo tiende a la constitución de un Estado propio y mientras no lo consigue se con­sidera oprimido, por lo cual es naturalmente secesionista, aunque haya en ello distintos grados. Así, el término nacionalidades en la Constitución crea las bases para anular la soberanía nacional española, pese a que las autonomías, retóricamente, debían funcionar «sin mengua de la unidad de España». Paradójico retroceso con respecto a la Constitución republicana de 1931, que no admitía tales nacionalidades ni ambigüedades sobre las competencias.

No todos en UCD, menos aún en AP, admitían tales nacionalidades, pero Herrero votó por ellas con los ponentes comunista y nacionalista, contra sus dos compañeros de partido. «El escándalo fue mayúsculo, pero se enterró inmediatamente en el olvido debido, supongo a su feliz desenlace», escribe Herrero. Quedaban así empatados, por la ausencia de Peces-Barba, los par­tidarios y contrarios al término. Para imponerse, los partidarios del mismo (Herrero, Roca y Solé) amenazaron con abandonar la ponencia, con lo que esta se reduciría a AP y parte de UCD: la presión o chantaje fue irresistible. Herrero afirma con desparpajo que ganaba así «la pluralidad de las Españas, en sentido orteguiano»; y, triunfante, invitó a comer a Cisneros y a Solé Tura: «Guardo el menú con los comentarios de los comensales a mi pregun­ta: ¿Podrán las nacionalidades llegar a ser fragmentos de Estado? Almorzamos huevos escalfados con salmón, pularda a la pimienta verde y arroz pilaw y ensalada, sorbete de fresas y café»2.

* * *
La cuestión de las atribuciones del Rey tenía cierta relación con el pro­blema anterior. Juan Carlos había usado el poder heredado de Franco para impulsar la Transición de Suárez, que no sólo desmantelaba el Régimen anterior, cosa seguramente inevitable, sino que tendía oscuramente a la deslegitimación del mismo, al contrario de la reforma de Torcuato (la re­pentina fiebre antifranquista en sectores de UCD llevó a alguno de sus pró­ceres a pedir la supresión del nombre «las Cortes», por considerarlo propio del Régimen anterior). Con lo que, nueva contradicción, quedaba cues­tionada implícitamente la legitimidad del propio monarca.

Todos aceptaban al Rey en una posición honorífica y simbólica, pero a la hora de concretar sus atribuciones surgían las diferencias. En algunos países, como Suecia o Japón, la monarquía se limita a un plano ceremonial, mientras que en Gran Bretaña o Noruega tiene ciertas competencias mo­deradoras o arbitrales. Los constituyentes españoles tendían a limitar todo lo posible el papel regio, y en ello estaban de acuerdo socialistas, comunistas y AP, los primeros por su republicanismo subyacente, la última por experien­cias poco amenas con Juan Carlos. No obstante, López Rodó deseaba una monarquía con bastante poder, quizá porque Franco la había pensado así. Suárez, por su parte, incómodo con la tutela regia, quería dejar al monarca las menores competencias posibles, aunque la UCD, en general y Herrero en particular, preferían concederle un poder arbitral y dar el mayor relieve a su figura.

También los separatistas querían dar relevancia a la figura real. La ra­zón consistía en la ficción de un «pacto con la Corona» por parte de las respectivas «nacionalidades»; idea feudal y aun así ahistórica, pero útil a sus aspiraciones, ya que en una democracia el lazo monárquico se vuelve necesariamente muy tenue, al carecer el trono de un poder remotamente comparable al de épocas antiguas. En esa onda, Herrero propuso la susti­tución de «Estado español, de claras resonancias autoritarias y baja calidad estética, por la de monarquía Española». Propuesta anacrónica, máxime cuando las «resonancias autoritarias» achacadas al Estado español en ge­neral, carecen de base: ese estado trajo al país los regímenes de libertades, que sus enemigos echaron abajo. AP, los comunistas y los socialistas, por distintas razones, anularon la propuesta. Al fin, quizá por oponerse a Fraga, el PCE y el PSOE aceptaron otorgar al Rey un poder arbitral, si bien inconcreto: El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad his­tórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Atribuciones que, salvo la faceta ceremonial, quedaban en la práctica supeditadas al partido político en el poder. Su título de Jefe supremo de las Fuerzas Armadas carecía de efectividad práctica, pero sería decisiva en ocasión de la célebre intentona golpista del 23-F.

La parte dogmática, es decir, las declaraciones de principios de la Cons­titución, sufren de un exceso de detalle y ordenancismo, y resultan un tanto contradictorias y farragosas. Llegan a especificar que los poderes pú­blicos se preocuparán «en particular de la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía (…) con un tratamiento especial a las zonas de montaña», con el fin, asegura «de equiparar el nivel de vida de todos los españoles». Recuerda algo, si bien con más retórica, al Fuero del Trabajo. Establece tam­bién el «derecho a la vida» (la vida es anterior al derecho y fundamento de este), en lugar del derecho al respeto y mantenimiento de la vida humana; pero, como el comienzo de esta no queda definido, abre el camino al aborto masivo.

En la misma onda afirma, por una parte, «Libertad de empresa en el marco de la economía de mercado», si bien el Estado «puede intervenir por exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación». El tex­to rezuma intervencionismo socialdemócrata, atribuyendo a los «poderes públicos» el mejor criterio y capacidad de planificación. Así, «promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo». Frases casi sarcásticas cuando se marcha­ba hacia el segundo millón de parados. No faltaban frases rimbombantes: «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho a hacerlo», y a recibir «una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia». Al declarar los poderes públicos su obligación, en realidad inasumible, de garantizar tales derechos, cabría tildar de inconstitucionales a todos los Gobiernos posteriores. Tampoco se cumpliría la exigencia de un funcionamiento democrático en los partidos.

Abundan las declaraciones supuestamente demostrativas de los buenos sentimientos e intenciones de los gobernantes: «Los poderes públicos ase­guran la protección social, económica y jurídica de la familia», así como «la adecuada (¿?) utilización del ocio», o «un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona»… Más aún, «Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada». Esto, cuando el paro se hacía masivo. ¿Y qué podría entenderse por «digna y adecuada»? ¿Al nivel de la casa de un ministro, por ejemplo? ¿O tendrían los españoles derecho a ocupar cualquier casa que les pareciese adecuada?… «Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la ju­ventud en el desarrollo político, social, económico y cultural». Aparte de que el adjetivo «social» engloba a todos los demás, ¿por qué la juventud en particular y no el resto de la gente? El Gobierno debe garantizar la actividad política, cultural o económica dentro de la ley, pero «promover­la» significa más bien controlarla y encauzarla según interese al partido en el poder. Un buen despliegue retórico: «Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva». Un tremendo aumento de los incendios forestales acompañaría a tan bienha­blados poderes públicos.

Venía más al caso, en cambio, proclamar la protección al Patrimonio nacional, habida cuenta de los enormes daños que las izquierdas le habían infligido durante la guerra (y que no se recordaban, claro está).

Sin pretensiones de análisis exhaustivo, las consideraciones expuestas bastan, a mi juicio, para asimilar la Constitución al dicho de que un came­llo es un caballo diseñado por una comisión. El texto no pasará ciertamen­te a la historia como un gran monumento jurídico: es en parte irrealizable, ambiguo y con vías de agua en el casco de la unidad nacional y de la de­mocracia. No obstante, tiene virtudes relevantes. Establece la unidad na­cional española, las libertades en general, la libertad de educación (contra las pretensiones del PSOE y del PCE); y al tiempo que elimina la confesio­nalidad del Estado, reconoce el carácter muy mayoritario del catolicismo, superando la vesania de las sangrientas persecuciones izquierdistas. Y es la primera Constitución elaborada con amplia participación de partidos, y no impuesta por el que ostentaba el poder.

Sobre los ponentes de la Constitución, Herrero se atribuye a sí mismo y a Peces-Barba, en menor medida a Roca, el papel principal. A Fraga lo descarta como «desmesurado, que no siempre es sinónimo de grande». Ve a Solé como «un catalanista teñido de rojo», y observa que sus compañeros. Pérez Llorca y Cisneros se ocuparon más de otros negocios políticos que del debate constitucional.

Hace Herrero, además un curioso aserto: todos los ponentes, menos Fraga y Cisneros, procedían de «diversos sectores de oposición democrática ajenos al franquismo», lo que «contribuyó notablemente al recíproco enten­dimiento», quedando todos muy amigos. Desde luego podía presentar a los ponentes socialista, comunista y separatista catalán como (relativamente) ajenos al franquismo; pero los dos primeros profesaban una ideología tota­litaria, aunque las circunstancias les hubieran impedido ponerla en práctica en España. Y los separatistas, impregnados de su vieja ideología de fondo racista y antiliberal, sólo se aprestaban a explotar unas libertades a las que no habían contribuido. En cuanto a Pérez Llorca y el mismo Herrero, podían tener más o menos de demócratas, pero llamarles ajenos al franquismo era exagerar mucho, pues habían hecho sus carreras en las instituciones de la dictadura.

El historiador Manuel Álvarez Tardío ha señalado, con optimismo: «Si la democracia española echó a andar en 1978 con una base harto más sólida que en 1931 fue, sobre todo, porque se aprobó una Constitución que no fue contestada seriamente por ninguno de los principales grupos políticos nacionales, y porque estos hicieron caso omiso de las denuncias de los partidos situados en los extremos, especialmente las de los represen­tantes de las fuerzas antiliberales del independentismo vasco y catalán. Se hicieron entonces unas reglas del juego que dejaron suficiente espacio para que Gobiernos de distinta ideología pudieran llevar a cabo sus políticas sin contravenir la carta magna y sin tener que proponer constantemente su modificación».

Y, en efecto, la Constitución hizo posible la alternancia pacífica en el poder con más amplitud que las constituciones de 1876 y la de 1931. Mas no puede borrarse el hecho de que parte de ella nunca fue cumplida, que la posterior época de Felipe González la socavó de forma importante, y que la de Rodríguez Zapatero la ha echado abajo.

Las deformidades de la Constitución quizá procedan en parte de la pre­caria cultura histórica y jurídica de Suárez, Abril o Guerra, así como del hecho de que ninguno de los partidos intervinientes era muy demócrata, y algunos nada. Contra un prejuicio común, UCD y AP lo eran en mayor medida que la izquierda: por formación, estilo y espíritu, venían de una dictadura, pero también de una tradición más tolerante y liberal.

Cuando los nacionalistas vascos y catalanes quisieron ser españoles
Nos formulan una 'interesante' propuesta desde Vitoria y Barcelona: que nos suicidemos como Estado y nación plural. Porque una parte de vascos y catalanes no quieren ser españoles
José Antonio Zarzalejos elconfidencial  6 Diciembre 2018

Fue en la sesión del pleno del Congreso del 21 de julio de 1978. Francisco Letamendia, diputado vasco de Euskadiko Ezkerra, instalado en el Grupo Mixto, defendió una enmienda para introducir en el futuro texto constitucional —aprobado en referéndum hoy hace 40 años— el derecho de autodeterminación de los pueblos de España. Fracasó en el intento. ¿Saben quiénes se opusieron a reconocer tal derecho entre los 268 diputados que votaron en contra? Pues los del PNV. ¿Saben quiénes se abstuvieron? Pues nueve de los 11 diputados de la entonces Minoría Catalana. ¿Saben quiénes defendieron que la enmienda no debía admitirse? Pues los catalanes Jordi Solé Tura y Ramón Trías Fargas, entre otros.

Por aquel entonces, el nacionalismo vasco (que ejecutó luego una de estratagemas más oportunistas de cuantas se produjeron en el itinerario constitucional) no parecía estar interesado en lo que votó la semana pasada en el Parlamento de Vitoria: el derecho a decidir. Y los nacionalistas catalanes estaban a distancia sideral de los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017. Cuarenta años después del referéndum del 6 de diciembre de 1978, lo que fue histórico ha dejado de ser válido en Euskadi y Cataluña.

Pero lo cierto es que la Constitución de entonces y de ahora estuvo presidida por un afán de cohesión territorial de España desde una perspectiva históricamente distinta: reconocer, en su artículo segundo, el derecho de las nacionalidades y regiones al autogobierno. Nunca en la historia de España se había realizado esta formulación a tan alto nivel jurídico y con tanta contundencia política.

Antes de que se aprobara la Constitución, en 1977, el Gobierno de UCD reinstauró la Generalitat de Cataluña reintegrando a Josep Tarradellas a su presidencia y constituyó en Euskadi el Consejo General Vasco, un órgano preautonómico que presidieron, primero, el inolvidable socialista Ramón Rubial y, luego, Carlos Garaikoetxea, más tarde primer lendakari estatutario.

Antes también de la aprobación de la Constitución se dictó una amplísima y definitiva Ley de Amnistía que vació las cárceles españolas de presos políticos y de los reclusos de la banda terrorista ETA. Se atendía así, primordialmente, al compromiso de conciliación que resonaba con fuerza especialmente en Cataluña: “Libertad, amnistía y Estatut de Autonomía”.

En Euskadi se disfruta de un régimen de autogobierno constitucional para el que el PNV tuvo la desvergüenza de pedir la abstención

La Constitución, en atención a la historia y a las aspiraciones de los nacionalismos vasco y catalán, construyó el concepto de 'nacionalidades' sin mencionarlas pero señalando implícitamente qué territorios lo eran, al establecer en su disposición transitoria segunda que aquellos que hubiesen dispuesto antes de Estatuto de Autonomía (Cataluña, País Vasco y Galicia durante la II República) y, además, contasen con regímenes provisionales de autonomía, accedían rápidamente al autogobierno y con el mayor paquete competencial.

Y así sucedió. Pero hubo más: la disposición adicional primera de la CE recogió los derechos históricos de los territorios forales, habilitando que estos se reformulasen en el Estatuto vasco y en la Ley de Amejoramiento del Fuero Navarro, implantándose la bilateralidad política con el Estado y, sobre todo, generalizando para Vizcaya y Guipúzcoa el concierto económico suprimido por Franco en 1937 como castigo a esas dos provincias 'traidoras'. Además, y para satisfacer a los peneuvistas, otra disposición transitoria (4ª. 1) establecía un mecanismo refrendario para la incorporación de la comunidad foral navarra a Euskadi.

Tras la Constitución vinieron los estatutos, auténticas constituciones particulares con rango de ley orgánica, por las que el País Vasco desarrolló la Ley de Concierto, normativizó la policía autónoma (Ertzaintza) con carácter de integral, replegándose las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —incluso en plena ofensiva terrorista—, asumiendo todas las transferencias que materializaron el autogobierno: sanidad, educación, cultura, infraestructuras, medios públicos de comunicación, presencia exterior, política lingüística… Y lo mismo en Cataluña. Jordi Pujol no pujó entonces por un pacto fiscal —calculó que no le convenía al Principado—, pero protagonizó una maratón de transmisión de competencias.

La identidad lingüística catalana quedó amparada por la inmersión idiomática en la escuela pública, lo mismo que el euskera en el circuito de las 'ikastolas' y en los distintos modelos de enseñanza pública y concertada. También en los años ochenta el Parlamento catalán reguló en una ley —igualmente con carácter integral— la policía autónoma: los Mossos de d'Esquadra, cuyo contingente ahora es de más de 17.000 efectivos.

En Cataluña, se votó con más entusiasmo que en ningún territorio una Constitución luego traicionada

Se podría seguir glosando hasta qué punto el autogobierno de las nacionalidades —Euskadi, Cataluña, Galicia— fue un eje, un vector, un pilar de la Constitución tratando de superar ese 'demonio familiar' de nuestro país que ha sido la tensión territorial centrífuga. Se hicieron de buena fe los mejores esfuerzos. España —como idea nacional— se retranqueó. Pues bien: 40 años después, la deslealtad a ese texto constitucional procede intensamente de Cataluña y de su nacionalismo mutado en separatismo y del País Vasco. En Euskadi se disfruta de un régimen de autogobierno constitucional para el que el PNV tuvo la desvergüenza de pedir la abstención en el referéndum. En Cataluña, se votó con más entusiasmo que en ningún otro territorio una Constitución luego traicionada.

Vascos, catalanes y demás españoles que no militamos en el nacionalismo de esas comunidades ¿qué más podemos hacer? Nos formulan una 'interesante' propuesta desde Vitoria y Barcelona: que nos suicidemos como Estado y como nación plural. Simplemente porque una parte de los vascos y una parte de los catalanes no quieren que en su DNI conste su nacionalidad española, que sí quisieron aquel 21 de julio de 1978.

Correctivo a la izquierda
Andrea Mármol. vozpopuli  6 Diciembre 2018

Los andaluces han propinado un serio correctivo a esa izquierda empeñada en minimizar, cuando no tapar, el órdago del nacionalismo contra la Constitución

Cada vez que hay una contienda electoral es habitual topar con los guardianes de los buenos sentimientos, expertos en dirimir qué actitudes caben y cuáles no cuando el votante acude a las urnas. Por ejemplo, en las últimas elecciones generales, numerosos sectores mediáticos demonizaron el miedo como motor para el ejercicio del voto que priorizaba el rechazo a Podemos a la satisfacción que provoca votar plenamente convencido. Como si no fuera tan legítimo moverse por el temor a una alianza lejos de nuestro agrado como hacerlo por la ilusión que pueda aguardar el votante respecto a la configuración de las mayorías parlamentarias. Es probable que la preocupación, la angustia o el hartazgo sean los sentimientos más frecuentes en las elecciones que registran una mayor participación. Porque el miedo moviliza. De hecho, si más gente hubiese sido temerosa del Brexit, probablemente la UE se habría ahorrado una de sus peores crisis en los últimos años.

Y como con los sentimientos, ocurre también con las prioridades que deben vertebrar el discurso de una campaña. En las dos últimas semanas, en Andalucía, hemos escuchado a dirigentes de Podemos y del PSOE, con tono de regañina, afear a algunos de sus adversarios políticos que sacasen a colación la crisis catalana, decían, en lugar de hablar de Andalucía. Dejando de lado lo arbitrario que resulta que unos pocos partidos puedan decidir en qué punto se deja de hablar de lo que preocupa a los andaluces, esos reproches se antojan hoy tan absurdos y poco eficaces como las llamadas a no votar a la contra. Desde el golpe en Cataluña el pasado otoño, el 2-D fue la primera vez que españoles no catalanes podían acudir a las urnas. ¿Por qué no es legítimo utilizar un derecho fundamental para mostrar su rechazo al intento del nacionalismo de apropiarse de una parte de España de forma unilateral? El terremoto político y social que estuvo a punto de provocar en Cataluña la ruptura constitucional tiene consecuencias en toda España que han llegado para quedarse.

Susana Díaz, Teresa Rodríguez y buena parte de la opinión publicada han tratado de ridiculizar la irrupción de la crisis catalana en el debate andaluz. Cómo vamos a votar aquí contra los nacionalistas catalanes, se llegó a escuchar casi a modo de chiste u ocurrencia. Lo que pasó es que entre los andaluces no encontraron una sonrisa cómplice sino más bien un correctivo que ha penalizado a esta izquierda empeñada en minimizar -cuando no tapar- el envite del nacionalismo contra la Constitución. A quién no le gustaría ir a las urnas sin miedo a que triunfen proyectos liquidacionistas o programas que ponen en riesgo la convivencia entre iguales. Pero esos peligros existen, e igual que PSOE y Podemos no obvian a Vox sino todo lo contrario, deberían aceptar que legítimamente a los andaluces les preocupa la integridad de su país, y que de nada sirve exigir la exclusividad del acento andaluz en unos comicios. Porque el acento andaluz, como demuestran estas elecciones, puede ser muy español.

La prueba evidente de ello es el malestar que va a ir creciendo entre líderes territoriales del PSOE y Ferraz a medida que Pedro Sánchez retrase la convocatoria electoral. Los alicientes que tiene ahora para hacerlo son escasos, pero la exigencia de la oposición al presidente del Gobierno para precipitar los comicios tiene hoy más sentido que hace una semana, porque los primeros españoles que han podido pronunciarse tras la moción de censura han penalizado al partido que ha dejado el Gobierno de España en manos de todos los partidos que apuestan hoy por trocear la soberanía nacional. Y probablemente no les falten motivos.

Hace unos días la ministra Delgado sostenía que Bildu o ERC eran partidos que “aceptan la Constitución” -nótese que cuando habla este Gobierno de Cs o del PP lo hacen con sorna: “si tan constitucionalistas dicen que son…”-. Al mismo tiempo, desde Barcelona, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, calificaba de “provocación” la celebración de un Consejo de Ministros en Cataluña. No he escuchado a nadie del Gobierno responder a la consellera, así que va una sugerencia: “Cataluña no es del señor Torra, sino propiedad de todos los ciudadanos españoles a los que este Gobierno debe representar y lo que constituye una provocación es jugar al autoritarismo de baja estofa vetando lugares de España”. Claro que, para que esa respuesta pudiera darse, este Gobierno debería pensar lo mismo sobre Alsasua en lugar de lanzarse a criticar los homenajes a la Guardia Civil. O más fácil: para que esa respuesta fuese una realidad, el actual PSOE debería pensar que el problema catalán es también español y por tanto andaluz. Desconozco si es más atinado hablar de resurrección o alumbramiento del PSOE constitucional, lo que tengo claro es que las elecciones del 2-D pueden haber sido el último correctivo para que el primer partido de la izquierda española deje de jugar con fuego.

De sana y robusta constitución

Miquel Giménez. vozpopuli  6 Diciembre 2018

Parir a la criatura no fue ni fácil ni cómodo. Se precisó mucho pragmatismo, muchas horas de discusión y, lo más importante, que todos se comieran con patatas su porción de historia y de recelos. Hace cuarenta años, a pesar de todo, nació nuestra Constitución.

Siendo una cuarentona está de muy buen ver, y sin recurrir al bótox ni componendas artificiales, que por más alifafes que se usen con el asunto legislativo la mona siempre se queda en mona y lo transitorio jamás cobra carta de perdurable. Fue algo que, aún a día de hoy, resulta poco menos que increíble. España, país de los tuyos y los míos, de guerras inciviles, de funestos pronunciamientos llevados a término por espadones diversos, esa España que pintase Goya con dos paisanos hundidos en la tierra hasta las rodillas dándose de palos, conseguía ponerse de acuerdo dotándose de unas reglas del juego limpias, razonables, modernas. Esa misma Constitución que, no siendo en su totalidad del gusto de nadie, fue aceptada por todos, nos ha permitido vivir el periodo de paz y libertad más dilatado de toda nuestra historia.

Así las cosas, sería lógico decir que la carta magna goza de una sana y robusta constitución, y perdón por el juego de palabras, cosa que creemos vivamente, pero que se intenta desmentir a diario por parte de aquellos que mantienen ante la misma la ambivalencia canalla y demagógica de quien solo quiere reconocer como buena aquella ley que le da la razón. Que los separatistas abominen de España, de sus leyes, de su justicia, de su monarquía para, inmediatamente, acudir a todos los estamentos legales del Estado con tal de zafarse de cualquier castigo los retrata de cuerpo entero. Lo mismo podríamos decir de los neo comunistas, que andan rozándole el nivel de demócratas a los de la estelada.

Los que se han quedado para defenderla son aquellos a quienes se llama partidos tradicionales, a saber, PP y PSOE, aunque con todas las prevenciones que ustedes quieran, porque de la corrupción, el mal gobierno y el nepotismo hicieron uso y abuso en contra de todo lo que indica y obliga nuestra ley de leyes. Que la defiendan es normal, empero, porque al fin y a la postre ellos fueron dos de los principales protagonistas en aquellas sesiones de café, humo, madrugadas y revisión de papelotes y más papelotes. No hay por qué negarles a ambos ese mérito, como tampoco habría que hacerlo con Sole Tura, comunista que devino posteriormente en socialista, o con Miquel Roca, aquel convergente que acabó siendo devorado por Jordi Pujol, bien, más exactamente por la esposa de este, Marta Ferrusola, que nunca se fió del todo de aquel abogado brillante y de buena oratoria. “Roca en Madrid está estupendamente”, solía decir con tono zumbón aquella primera dama catalana cuando alguien, inocentemente, sugería en su presencia que Roca podría dar más juego en la política catalana que en la española. Nos contaba en cierta ocasión un viejo militante de Esquerra Democrática, el partido de Ramón Trías Fargas que acabó integrándose en Convergencia, que el día que el Partido Reformista de Garrigues Walker y Roca se pegó el hostión del siglo, obteniendo solo un diputado, la Ferrusola no paró de reír durante varios días.

La Schadenfreude catalana del nacionalismo hacia todo lo que sea español es total. Obedece al poderoso sentimiento de inferioridad que el nacionalismo catalán experimenta ante la solidez hispana, por lo general, y por la constitución de 1978 en particular. Pujol, que era poco o nada partidario de reinstaurar la Generalitat, oponiéndose con toda su fuerza a que Tarradellas volviese, y que jamás aceptó de Suárez ni de González ni siquiera de Aznar un sistema de financiación similar al cupo vasco, tampoco miraba con buenos ojos una constitución que, para él, era “demasiado laica, demasiado tolerante y demasiado española”. Esa frase resume perfectamente el totalitarismo que anida en el fondo de la idea separatista. Al padre del separatismo no le podía acomodar nada que fuese español, nada de lo que se ofreciese, nada de lo que pudiera lograr porque todo aquello no eran más que escalones previos a la cima, a saber, a conseguir la independencia. No se trataba de intentar cambiar la ley democráticamente, a base de votos, de debates, de mayorías parlamentarias. No, se trataba de aprovecharse de la Constitución, exprimirla como si de una ubre lechera se tratase y luego matar a la vaca. Eso es totalitarismo cínico de la peor calaña. Claro que Roca no le gustaba a la matriarca catalana. Era un reformista, no un rupturista.

De hecho, vean ustedes como en todas las constituciones hipotéticas de cara a una Cataluña independiente, y conste que se han escrito ya unas cuántas, el modelo reaccionario se plasma en cada epígrafe de las mismas. Desde la injerencia del poder político en el judicial, ahí sí, de manera real y visible, a los poderes casi omnímodos del president, a la vigilancia estricta de todo aquello que atente contra los principios de esa república donde todo el mundo será feliz y quien no lo sea se verá obligado por las autoridades a serlo.

Eso no puede prosperar sino es por medios violentos. Como los separatistas lo saben, están preparando a sus chicos de las porras para organizar un buen lío el veintiuno de diciembre. Quieren controlar el territorio y decretar una huelga general de país. Qué cosas. A esta tropa, ni leyes, ni constituciones, ni democracia ni nada. Si no sale lo que quieren, a quemar contendores, a cortar el tráfico, a llenar de pintura y de mierda portales y a increpar a quienes no piensan como ellos. Lógicamente, no celebran el día de la Constitución. Demasiado nivel intelectual e incluso humano para esas gentes.

La Constitución de 78 y sus aporías
Javier Barraycoa gaceta.es  6 Diciembre 2018

40 años no son nada para la historia y casi toda una vida para muchos mortales. Hace 40 años no pude votar en el referéndum de la actual Constitución porque carecía de la edad legal. Pero sí pude hacer campaña en contra. Entre los argumentos esgrimidos por los que estábamos en contra, eran entre otros que esta Constitución era abortista y divorcista, que no garantizaba la libertad de enseñanza o que llevaría a la secularización de la sociedad por ignorar totalmente a Dios en su articulado, al contrario que otras constituciones. Pero ello no obstó para que la inmensa mayoría de obispos -excepto tres honorables excepciones- pidieran el voto a favor. Por aquellos tiempos ya era consciente que la Iglesia se estaba haciendo el harakiri, ahora soy simplemente testigo de la agonía por desangre. Rompiendo el silencio que exigía la jornada de reflexión, Adolfo Suárez, realizó pública comparecencia ante la televisión, para -sorprendentemente- recordar que la Constitución que se iba a refrendar al día siguiente “no era ni divorcista ni abortista”. Ello me enseñó que la inmensa mayoría de políticos no tienen palabra.

De nada sirve lamentarse de las derrotas. Hay que aprender de ellas, lamerse las heridas y prepararse para la siguiente batalla. El gran drama de media España es que ante la Constitución española sufre una especie de Síndrome de Estocolmo. Esto es, en ellos se despierta un irracional vínculo afectivo hacia quién le resta la libertad y recela profundamente de quien pretende rescatarlo de su esclavitud o prisión. Esta sería la primera aporía que deseo proponer. Todos los males de los que nos quejamos son el desarrollo lógico y legal de la arquitectónica constitucional. Ya que en ella se consagra por ley que el voluntarismo político puede recorrer la propia ley sin transgredirla. El Tribunal Constitucional, durante 40 años, ha sido el encargado de crear una jurisprudencia que ha dinamitado la Constitución que decía defender. Por ello querer defender la Constitución para frenar los males que ella misma ha provocado, es una aporía irresoluble.

Una segunda aporía, es que los que más provecho han sacado de la Constitución, los separatistas y la izquierda, son los que ahora quieren tumbarla. Por el contrario, aquellos que se tuvieron que pasar con agua el texto constitucional, y aceptarlo como un mal menor por salvar la convivencia al precio de renegar de los principios, son los que ahora se aferran a ella como un tótem sagrado. Esta aporía se expresaría así: la Constitución está vigente sin que nadie la apoye realmente. ¡Cuántos que aborrecían de ella al principio de la Transición, ahora se aferran como a su tabla de salvación! ¡Cuántos que la aplaudían como al Mesías en el Domingo de Ramos, ahora piden su deposición! La Constitución española se mantiene en pie, no porque el pueblo la ame de corazón, sino por el miedo que genera lo que pueda ocurrir sin ella. Pero que acabará ocurriendo con ella y por ella.

Surgen más aporías. Quizá la más patente, aunque menos reflexionada, es la defensa de la Constitución y el rechazo de las autonomías. Esta sí que es una señora paradoja. Afirmarse constitucionalista y querer la supresión de las autonomías es un oxímoron o contradictio in terminis descomunal. La Constitución consagra las autonomías, en articulados diferentes se establecen materias competenciales prácticamente sin límites, sólo se regulan ciertas causas para intervenirlas, pero nunca su supresión. El entramado de artículos y la jurisprudencia del tribunal constitucional impiden la supresión de las autonomías. La única forma de lograrlo es suprimiendo la propia Constitución. Ciertamente es una aporía interesante: la muerte de las autonomías es la muerte de la Constitución, que algunos creen ingenuamente que puede salvaguardarnos de sus abusos.

Las aporías seguirían llegando, pero el espacio se me agota. La Constitución es la continuidad legal de la arquitectónica legal del franquismo, gracias a Ley Para la Reforma Política de 1976 y refrendada por el pueblo español. Esto nadie lo puede negar. Pero la propia Constitución incluye contradictorios intentos de legitimación de la II República. Ejemplo de ello es el reconocimiento de tres nacionalidades históricas (Galicia, Vascongadas y Cataluña) por ser las regiones que consiguieron su estatuto durante el periodo republicano. O bien Suárez y el entonces Jefe de Estado. no tuvieron reparo en restaurar una institución republicana como la Generalitat de Catalunya. Entonces, sobre qué legitimidad legal reposa la Constitución: ¿el franquismo, la república o el régimen borbónico anterior al ilegal advenimiento de la II República? Se dé la respuesta que se dé, se desvela que la actual situación es absurda. Los constitucionalistas reniegan del franquismo, pero temen a los podemitas republicanos y sus camaradas de viaje: los separatistas y se agarran al texto que se deriva del franquismo. Y la actual monarquía borbónica quiere ser la continuidad de la de Alfonso XII, como si no hubiera existido ni el franquismo ni la etapa republicana y ni siquiera la Guerra Civil. Es un funambulismo político demasiado arriesgado porque separase del origen franquista de la restauración borbónica es acercarse a la república o al vacío.

Las aporías, cuando se producen en política, pueden sostenerse mientras que todos disimulen no verlas o nieguen su existencia. Pero cuando alguien rompe el consenso, y avisa que el rey está desnudo, entonces se transforman en inevitables lógicas que minan y llevan al derrumbe de un régimen; en este caso el de la Constitución del 78.

El Frente Popular estalinista regresa de la mano de Podemos
Es evidente que el comunismo bolivariano no se resigna a la voz de las urnas
Miguel Massanet diariosigloxxi 6 Diciembre 2018

Lo que está sucediendo estos días en algunas partes de España y lo que algunos líderes políticos declaran, evidentemente sin medir suficientemente el efecto de sus palabras o, lo que aún sería más grave, con la maliciosa intención de intentar encender las calles con manifestaciones en las que, lo que se intente promover sea la revolución, la descalificación del adversario político, los escraches ante los domicilios de políticos que lograron su escaño legítimamente en las urnas y la siembra del odio, la descalificación del adversario y el totalitarismo, que no es capaz de entender que la voz de las mayorías es la que demuestra que, la democracia, existe en una nación aunque, en ocasiones, puede resultar que no sea del agrado de los que resultaron perdedores.

Cuidado con el señor Pablo Iglesias que es un experto en levantar a las masas de seguidores que, aunque están en minoría, como se deduce de los resultados de los comicios en Andalucía intenta disimular su desengaño, su rabia, su impotencia y su fanatismo comunistoide, levantando a quienes sabe que siempre le apoyarán por formar parte de esta minoría, seudointelectual y antisistema, haragana y progre, que viven precisamente de crear problemas en las calles de las ciudades y de acudir a donde se les llame para provocar a las fuerzas del orden, destruir material urbano y quemar contenedores y coches, algo en lo que, por su cualidad de marginados sociales, son unos verdaderos expertos. Lo que ocurre es que, el señor Iglesias y sus compinches de Podemos, aparte de ser unos grandes hipócritas que no dudan en vivir en grandes mansiones, en cobrar minutas por trabajos que no han hecho o en ayudar a un tetrarca y dictador como es el señor Maduro de Venezuela, que los subvenciona, pretenden aparentar ser los servidores del pueblo, criticando a los empresarios, descalificando a los que no piensan como ellos y obstaculizando que consigan sus propósitos de destruir el país con sus propuestas irrealizables, sus doctrinas promotoras de odio y sus intentos de desequilibrar a la sociedad española para que, con ello, les sea más fácil crear el caos que es, en definitiva, lo que intentan hacer.

Stalín, el siglo pasado, ya intentó en su programa de expansión del comunismo, esparcir las doctrinas de Marx y Engels en toda Europa, crear en cada nación las semillas del tipo de sociedad marxista-leninista que él quería que se propagara en todas las monarquías y repúblicas europeas, creando aquellos famosos grupos de activistas, conocidos como “frente popular” para que fueran esparciendo el descontento, la revolución, los paros en las fábricas y los motines en las calles en la mayoría de naciones europeas de modo que, sus esfuerzos, consiguieron éxito en países como Alemania, Francia e Italia y que, sin duda alguna ( tomen nota los que ahora se dedican a convertir a VOX en el centro de sus críticas y descalificaciones), fueron uno de los causantes de la reacción de otros partidos extremistas y nacionalistas que decidieron luchar con el comunismo de inspiración soviética con sus mismas armas. El ejemplo más conocido y, sin duda, el que más éxito consiguió en su lucha contra el frente popular fue el partido nacional socialista de Adolf Hitler y su Tercer Reich (con la SS incluida) verdadero azote para el comunismo al que consiguió erradicar de Alemania y contribuir, juntamente con Benito Musolini, el creador del fascismo en Italia, a que los frentes populares no consiguieran sus objetivos de convertir a toda Europa en una colonia de la Unión Soviética.

Aunque, en ocasiones nos hemos retenido, hemos reservado nuestras opiniones o, incluso, hemos preferido no referirnos a los años 30 del siglo pasado, precisamente para no sacar a relucir viejos enfrentamientos, odios pasados, crímenes ominosos, torturas y recuerdos de escenas bélicas que pudieran despertar resentimientos, rencores y mala sangre entre posibles descendientes de las personas que, en aquellos tiempos en los que España, como empieza a ocurrir ahora, sufrió los efectos de los enfrentamientos personalales, a las luchas callejeras, las revoluciones ( no olvidemos la de 1934, con la Revolución de los mineros de Asturias en la que tuvo un papel importante el señor Santiago Carrillo líder, por entonces, de las JJ.SS, una pandilla de asesinos sin escrúpulo ninguno que no tuvieron inconveniente en levantarse contra la II República que, por aquellos tiempos, estaba gobernada por las derechas) ¿Acaso tenían más legitimidad aquellos revolucionarios para levantarse contra el gobierno legal que los españoles que se levantaron contra los gobernantes del Frente Popular que eran los que, realmente, tenían el poder y permitían que las calles de las ciudades españolas estuvieran regadas de la sangre de aquellas personas que habían sido identificadas como enemigas de aquellos asesinos que recorrían en coches robados las calles de Barcelona, Madrid, Valencia o Sevilla, para acudir a los domicilios de quienes se habían identificado como católicos, poseyeran bienes o fueran directores de empresas en las que algunos de sus trabajadores se la tuviera jurada.

Cuando el señor Iglesias ha estado arengando a los andaluces para que salgan a las calles con sus símbolos, sus banderas rojas con la hoz y el martillo, la bandera republicana, los carteles insultantes y amenazantes esgrimidos por verdaderos energúmenos, llenos de odio y de deseos de destruir todo lo que se les pone al alcance; los que ya tenemos los años suficientes para haber vivido aquellos años de enfrentamiento bélico entre españoles, no hemos podido evitar recordar aquellas escenas que, de niños, se produjeron entre españoles enfrentados, de modo que padres y hermanos, se enfrentaban entre ellos por pertenecer a bandos contrarios, rojos y nacionales, sin tener en cuenta el ser de una misma sangre, nacidos de los mismos padres; seguramente no se ha parado a reflexionar la responsabilidad que estaba asumiendo incitando a unos españoles para que actuaran contra otros. ¡Luchar contra los fachas! ¿Pero quién hay en nuestros tiempos que sea facha, que milite en algún partido fascista (salvo unos pocos nostálgicos que si se analizan sus ideas están más cerca del comunismo que del “faccio” italiano de Benito Musdolini) o que se preocupe o piense como aquellos seguidores de Hitler y del líder italiano?

Sin embargo, una y otra vez quienes quieren identificar a todos los que no comulgan con sus propias ideas bajo una misma denominación que, evidentemente, les ayuda a identificar dentro de un mismo talego a todos los ciudadanos de distintas posiciones políticas, de percepciones sociales distintas o incluso de creencias religiosas dispares, que tengan un común denominador que los agrupe en un grupo que no esté de acuerdo con los postulados comunistas, obsoletos y fuera de cualquier concepción moderna de la sociedad, que siguen insistiendo en implantar un sistema de gobierno, por supuesto totalitario y dictatorial, consistente en establecer un control del Estado sobre todos los ciudadanos, tanto en sus vidas particulares como en la economía nacional, absorbiendo todos los elementos productivos de la nación bajo la tutela del Estado reduciendo al mínimo la actividad privada, algo en lo que fueron maestros los hermanos Castro y que sigue siendo lo que existe en la actual Cuba, pese a haber conseguido ciertas concesiones por los EE.UU.

No obstante, cuando una situación, como la actual en España, se prolonga en el tiempo, repercute en la economía (los signos de desaceleración empiezan a ser evidentes) y se producen hechos como los que se están dando en Cataluña, donde la aplicación de un 155 blando no sirvió más que para demostrar la falta de fuerza del Estado para poner fin a una situación revolucionaria organizada desde la Generalitat y que, para mayor INRI, en lugar de haberse reducido, de haberse tomado las medidas necesarias para que, el enfrentamiento de dicha autonomía al Estado, dejara de producirse y el orden, la paz y el sometimiento a las leyes del Estado se hubieran producido; lo que ha sucedido es que comunismo y separatismo se han compinchado, han decidido que puede favorecerlos apoyarse mutuamente y han discurrido que, los unos acudiendo a intentar difundir por todo el mundo sus aspiraciones separatistas, mintiendo respecto a una supuesta opresión del resto de España sobre ellos y con argumentos históricos que nunca han existido, pretenden conseguir un apoyo de los países europeos y, los otros, apelando a las viejas consignas de aquel comunismo internacional, de cuando los trabajadores trabajaban 12 horas y en condiciones inhumanas, en lugares insalubres y peligrosos, a las actuales condiciones en las que, las legislaciones laborales, han impedido que se trabaje sin que los trabajadores dispongan de todas las medidas de seguridad pertinentes, que no trabajen más horas de las estipuladas y que dispongan de unas condiciones de vida que les permitan una existencia digna. Si en algunos lugares del mundo sigue habiendo miseria extrema no será en España, sino en aquellos países de los que nos han llegado estos comunistas bolivarianos que, en estos casos sí, los dictadores, la falta de democracia, los especuladores y quienes se han hecho con el poder consienten que el pueblo viva en condiciones humillantes, sin medicamentos, sin alimentos ni prendas de vestir y con una inflación superior al 300 o al 600 por ciento, de modo que su poder adquisitivo ronda la miseria; lo que los obliga a abandonar la nación en peregrinación para intentar ser acogidos en alguna nación que se pueda permitir aceptarlos. ¿Está España en una situación semejante? Evidentemente que no, ni muchísimo menos. Precisamente, cuando España empezaba a resurgir de la crisis, cuando las empresas estaban empezando a resucitar de los años en los que su economía fallaba y tuvieron que recurrir al despido de trabajadores, ha sido cuando los oportunistas de Podemos, los apoyados desde Venezuela por el dictador Maduro y los que mamaron de la universidad Complutense de Madrid, un centro de activistas comunistas, tantos años dirigida por José Carrillo, el hijo de aquel líder de las JJ.SS del año 1934 que colaboraron con la revolución de Asturias en contra de la República.

Dios los cría y ellos se juntan.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, sentimos que vamos llegando a un punto en el que, como ya hemos ido anunciando tantas veces, en vano por supuesto, la situación del país se está asemejando mucho a la que históricamente se produjo en otros momentos en los que, una serie de sucesos violentos, desafortunados, junto a quemas de iglesias; matanzas y torturas de ciudadanos, inoperancia de las instituciones públicas; inactividad y falta de efectividad de las fuerzas de orden público, retenidas por sus mandos; muchedumbres exaltadas agrediendo edificios públicos, etc. van despertando de su letargo a aquellas personas que se sienten directamente amenazadas con este estado de cosas; a aquellos que ya empiezan a pensar que, si el Estado no actúa, es probable que fuera necesario actuar de la misma manera que lo hacen los alborotadores. Es evidente que ni nacionalistas ni comunistas van a dejar de intentar conseguir sus objetivos si no se les paran los pies y, no parece que ni el señor Pedro Sánchez ni el señor P.Iglesias o el señor Garzón de IU o los actuales dirigentes de la Generalitat catalana, enzarzados en sus luchas intestinas pero, a la vez, todos en contra de España y esperando la primera ocasión que se les presente para intentar culminar sus objetivos, van a intentar impedirlo. Y es que, señores, parece que ya estamos llegando a la saturación total.

Agresión País Vasco
La universidad del País Vasco ocultó durante cinco días la paliza al joven defensor de la unidad de España
Raquel Tejero okdiario 6 Diciembre 2018

El joven quería formar una asociación por la unidad de España en la UPV
La agresión fue el viernes y la UPV no se ha pronunciado hasta este miércoles

La Universidad del País Vasco (UPV) ocultó durante cinco días la brutal paliza a un joven en Vitoria por parte de quince encapuchados y dos individuos con la cara descubierta, por el simple hecho de defender la unidad de España.

El pasado viernes, el chico agredido de 19 años tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital donde fue sometido a varias cirugías, incluyendo una para recomponerle la nariz y otra para arreglarle un pómulo. No ha sido hasta este miércoles cuando la universidad donde tuvo lugar la golpiza ha emitido un comunicado explicando lo ocurrido y mostrando su rechazo.

“La Universidad del País Vasco, a través del Rectorado, hace suya la declaración emitida hoy por la Facultad de Letras y respalda la convocatoria de una concentración el próximo lunes, 10 de diciembre, a las 13:00 horas, en la puerta de la facultad”, publicaba el centro universitario.

La razón de la paliza no fue otra que una reunión convocada por varios alumnos que querían fundar una asociación por la defensa de la unidad de España y que iba a llamarse AEDE, Agrupación de Estudiantes por la Unidad de España.

Sin embargo, según han informado fuentes cercanas a OKDIARIO, la UPV ha ha intentado evitar que el suceso saliese a la luz. Por ello, han tardado cinco días en emitir el comunicado cuando la noticia ya se había filtrado a la prensa. Como medida han convocado una concentración de rechazo a la violencia ejercida sobre el joven.

La Ertzaintza tampoco lo revela
La policía vasca tampoco ha hecho público lo sucedido. En este caso, como ha confirmado este medio, se trataba de un procedimiento que intentaba evitar que se desvelase la identidad del agredido.

La Ertzaintza, como el resto de cuerpos policiales, cuenta perfiles en redes sociales mediante los cuales difunde información de los sucesos del País Vasco. En esta ocasión, se prefirió no hacerlo.
 


Recortes de Prensa   Página Inicial