AGLI Recortes de Prensa   Sábado 8  Diciembre 2018

Italia usa la nula credibilidad de los Presupuestos de Sánchez para denunciar en la UE trato discriminatorio
Carlos Cuesta okdiario 8 Diciembre 2018

Italia acusa a la UE de trato discriminatorio. Las autoridades de Bruselas rechazaron las cuentas italianas y el equipo de Giovanni Tria, actual ministro de Finanzas, se escuda en el desastroso Presupuesto presentado por Sánchez y Calviño para presionar a la UE.

España se ha salvado del veto de Bruselas a sus Presupuestos. Pero a nadie se le escapa –y a Italia tampoco–, que el departamento económico de Bruselas está haciendo de tripas corazón para no tumbar unas cuentas cuyos ingresos no cuadran ni con amplias dosis de imaginación. Y esa misma Italia, que se enfrenta estas semanas a la mayor presión observada por parte de Bruselas para que endurezca el control del déficit, ha trasladado ya esa situación a través de sus equipos técnicos. Lo ha trasladado, de hecho, hasta el punto de poner como ejemplo de trato discriminatorio la comparativa de la reacción de la UE ante España e Italia: excesivamente suave, según ellos, con España; y excesivamente dura, según su criterio, con Italia.

El Gobierno de Italia se juega mucho. Y en los círculos europeos estas partidas se libran con dureza. Tanta que, en los equipos técnicos se llegan a usar argumentos cruzados, tales como denunciar de forma velada tratos discriminatorios injustificados. Y así ha ocurrido.

Por ello se ha deslizado el hecho de que España esté recibiendo un trato excesivamente benévolo justo cuando su ministra de Economía, Nadia Calviño, es una persona que cuenta con excedencia para retornar a la Comisión Europea. Y que el trato haya sido tan evidente como el hecho de que se haya aceptado evaluar unas cuentas que no tienen respaldo del Parlamento español. E incluso que esa benevolencia fuese visualizada por anticipado porque el Gobierno español adelantó un permiso de Bruselas para incumplir el objetivo de déficit del 2,2% y llevarlo hasta el 2,7% en 2018 cuando la Comisión aún no se había pronunciado oficialmente.

Objetivo, reducir el déficit
Todo ello, ha llevado a Italia a usar la debilidad y falta de credibilidad de las cuentas españolas como baza argumental. Y lo ha hecho justo cuando la presión se dispara sobre el Ejecutivo italiano para que rebaje el objetivo de déficit.

Los dos viceprimeros ministros italianos, Luigi Di Maio y Matteo Salvini, pese a todo, han dado ya muestras de estar dispuestos a ceder algo de cara a buscar un encaje con las exigencias de Bruselas. Ambos han deslizado recientemente mensajes en favor de poder aceptar algún tipo de recorte adicional en las cuentas y buscar un mayor entendimiento con las posturas de Bruselas.

Todo ello sucede mientras es el propio presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha alertado de los riesgos para la Eurozona del descontrol del déficit y de determinadas políticas como la de Salvini. Porque “si los presupuestos hacen crecer al país, el déficit puede ser del 2,2% ó del 2,6%… No es un problema de decimales, sino de seriedad y concreción”.

Y justo de esa misma seriedad es de lo que hablan los italianos con respecto a las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero no por su existencia, sino por su inexistencia. Y porque, según ellos, aunque sea a otra escala, España se está escapando de un control que a ellos sí se les aplica.

Bajar impuestos, no ignorar la desaceleración
Daniel Lacalle elespanol 8 Diciembre 2018

“All revved up with no place to go” Jim Steinman.

Es mucho más que preocupante escuchar a nuestros políticos. El Gobierno no sólo ignora la desaceleración, sino que niega lo que están haciendo todos los países líderes. Desde China a EEUU y hasta Finlandia, los Ejecutivos están reduciendo impuestos para fortalecer y atraer la inversión. El Gobierno español se presenta como el alumno orgulloso de suspender, como el único de toda la OCDE que se enfrenta a la desaceleración subiendo impuestos.

Y nos puede costar un retroceso mayor y más severo. En Francia han tenido que eliminar la injusta e innecesaria subida de impuestos a la energía. Aquí nos disparamos en el pie y seguimos adelante con el impuesto al diésel y el mal llamado “impuesto a las tecnológicas”, cuando España se ha quedado sola a la hora de implementar esa locura y, encima, quiere imponer una tasa mucho más agresiva que esconde un arancel.

Los datos de la eurozona no son esperanzadores. Se confirma el peor crecimiento desde el tercer trimestre de 2014 y la producción industrial y exportaciones de las principales economías se resienten.

Mientras el Gobierno de España ignora los riesgos de su política, sigue empeorando la contratación. La afiliación a la Seguridad Social experimenta el peor noviembre desde 2013, con la pérdida de 47.449 afiliados, y el crecimiento interanual se desacelera dos décimas, hasta el 2,87%.

Me dirán ustedes que todo esto no es culpa del Gobierno. Lo que es culpa del Gobierno es ignorarlo y poner escollos al crecimiento. Para eso no se necesitan unos meses. Con unas horas de amenazas fiscales y políticas basta.

En ese entorno, la bajada de impuestos de la Comunidad de Madrid es un factor esencial de diferenciación entre depredadores de rentas con políticas extractivas y orientar la fiscalidad al crecimiento, las familias y el empleo.

El Proyecto de Ley de Medidas Fiscales que prepara el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a suponer para los madrileños un ahorro de más de 162 millones de euros anuales cuando sea efectivo. Unos 200 millones si se tienen en cuenta las medidas ya implementadas.

Se trata de devolver esfuerzo fiscal a familias, mejorar la renta disponible y eliminar impuestos confiscatorios. Para las rentas más bajas, reducir en medio punto el tipo mínimo de la escala autonómica. El tipo mínimo se situará en el 9%, el más reducido de todas las Comunidades autónomas. Una rebaja del 5,3% para las rentas más bajas. Esto es política social, no expoliar a los trabajadores.

Una familia de clase media con dos hijos en la que cada cónyuge gana 25.000 euros brutos paga en Madrid entre 300 y 400 euros menos que una familia similar en las “Comunidades del cambio”, que solo cambian para expoliar.

Apoyo a las familias. Un matrimonio madrileño con un hijo menor de 3 años puede deducirse hasta 370 euros por cónyuge en gastos de guardería. Además, por acogida de mayores de 65 años o con discapacidad se incrementa de 900 a 1.500 euros la actual deducción. También se mejora la deducción por adquisición de acciones y participaciones en nuevas entidades o de reciente creación hasta los 12.000 euros.

En sucesiones y donaciones el Gobierno regional establece una nueva bonificación para las trasmisiones entre hermanos, tíos y sobrinos, como debería hacer toda España. A eso se añade la muy necesaria bonificación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, especialmente para familias numerosas, además de deducciones para acceder a la vivienda para jóvenes.

Más de tres millones de contribuyentes se verán beneficiados de estas medidas que inciden en la importancia de aumentar la renta disponible de los ciudadanos, ayudar a jóvenes, familias y rentas más bajas y, sobre todo, que se pagan solas.

Estas medidas tienen un coste muy bajo y, al atraer más crecimiento y consumo, no solo no afectan a la recaudación, sino que la mejoran.

Lo que se demuestra es que la mejor política social es el empleo y aumentar la renta disponible de familias, jóvenes y trabajadores, apoyar a los creadores de empleo y poner a la administración donde debe estar, al servicio de los ciudadanos. Así se garantizan los mejores servicios públicos.

Desafortunadamente, el Gobierno de España quiere poner la sociedad al servicio de los políticos y, junto a sus socios de coalición de la recesión, está poniendo en peligro no solo la recuperación actual, sino el crecimiento potencial.

Derecha sin derecho
Ignacio Camacho ABC 8 Diciembre 2018

A la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, parece disipársele la lucidez cuando habla, fenómeno inquietante en un cargo cuyo ejercicio se basa en el uso frecuente y fluido de la palabra. Antes de que Sánchez la llamara era una digna representante de la rama socialista vasca, de donde -Eguiguren aparte- casi siempre ha salido gente valiosa, noble y sensata. Trabajó con Recalde y Jáuregui, políticos de impronta cabal, y en el gabinete de Patxi López fue consejera de Educación sin romper nada. Pero su reputación cotiza a la baja desde que accedió al Ministerio de la Propaganda, tarea para la que a todas luces carece de aptitud y de maña. Simplemente, le cuesta expresarse de forma no ya brillante, sino clara; debe de ser de esas personas discretas y cautas que se hacen valer por lo que callan. Las célebres bombas inteligentes vendidas a Arabia, las que según ella sabían discriminar a quién mataban, son más hábiles que esta minerva para no meter la pata. No pasa Consejo de Ministros sin que suelte alguna perla cultivada.

La (pen)última ha sido la acusación al PP y a Ciudadanos de «arrogarse el derecho» a presidir la Junta de Andalucía. Sí, dijo «arrogarse». Es decir, atribuirse, adjudicarse, apropiarse indebida o exageradamente de cosas inmateriales (DRAE). Una facultad que, referida a la interpretación pro domo sua de los resultados electorales, solo corresponde en España al presidente Sánchez, que lo es con 52 escaños menos que el partido que quedó por delante. Bueno, en justicia hay que consignar que también la han asumido algunos barones territoriales como Ximo Puig, Lambán o García Page, numerosos alcaldes de izquierda que arrebataron al PP casi todos los ayuntamientos grandes y los separatistas que birlaron a Cs su rutilante victoria en los últimos comicios catalanes. Ninguno de ellos, por lo visto, se ha arrogado nada, ni ha pactado con fuerzas anticonstitucionales. Sólo han ejercido la mayoría natural con lógica aplastante. Porque el derecho a gobernar, como todo el mundo sabe, no asiste a la derecha aunque gane. Éste es el principio de base.

Y ésa es la noción que a Celaá le brota de modo espontáneo. La misma que llevó a Susana Díaz, aturdida por el descalabro, a proclamar que, si se excluían del cómputo los votos de Vox, los «progresistas» habían ganado. No se trata de cinismo, ni siquiera de descaro; en su sentir interno, la izquierda considera que el poder le pertenece por una suerte de privilegio innato, por un fuero esencial y primario. Por estar en el bando correcto de la Historia, el único legítimo y válido. De ahí la estrategia política del cordón sanitario, que prescribe el confinamiento de la patología social para evitar el contagio. La portavoz no es la más despierta de la clase pero ha expresado, con lenguaje tan torpe como franco, esa convicción de superioridad moral a la que los suyos están acostumbrados.

Manuel Valls, “el infiltrado”
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 8 Diciembre 2018

Las malas compañías tienden a mudar en nefastas, aunque el líder de C´s Albert Rivera, político indeciso cuya credibilidad se agita como la espuma, parece no haber apercibido que un topo se ha colado en sus planes para mandarlos al traste. Obviamente, ya que hablo de malas compañías, me refiero al nefasto Manuel Valls, traidor parido en Barcelona que se afilió al partido socialista francés a los 17 años. ¿Queda bien expuesto el desleal amigo del grupo naranja que se hizo famoso por incumplir la palabra dada? Valls se tira el pegote de ser el socio idóneo que necesita Rivera, siendo un agente encubierto que pacta con Iceta con tal de beneficiarse la alcaldía de la Ciudad Condal, su único objetivo. No olviden que Valls se despidió de la política gala reivindicando los valores republicanos. La limpia trayectoria de Rivera y su prometedor futuro le importan un bledo.

Cuanto pregona el lagarto gabacho es filfa. Filfa pura. Aconseja mal a C´s, instándoles a no aceptar los votos obtenidos, brava y muy honestamente, por VOX en las andaluzas. Lo dice el mismo masón que exigió expulsar a los gitanos de Francia, a los que consideraba delincuentes, en las municipales de 2014. Hoy, sus pútridos consejos pretenden alterar la decisión de quien tiene en sus manos enterrar para siempre a la corrupta Junta de Andalucía, asociándose con PP y VOX. Un cara a cara entre Abascal y Valls, definiría cuál de los dos habla con el corazón, pues mientras el primero defiende a España a muerte, el otro es un detritus importado capaz de vender a su madre en el zoco de la esquina.

Cuando Rivera se desvincule del infiltrado, aclare sus indecisiones y reconozca que Arrimadas fue la que le brindó el triunfo andaluz, volverá a ser el gran líder de C’s que millones de españoles respetan.

Pero de no ceder la presidencia de la Junta a Juan Manuel Moreno, como líder opositor más votado, y como siga empeñado en que el inútil de Juan Marín, que ya aupó a Susana a los altares, presida la ruptura, va a rubricar el mayor fracaso de su corta carrera política. Rivera debe poner firme a Marín, obligándole a que pare de joder la marrana, pues el estilo de este necio es comparable al de Valls, que los dos buscan autoproclamarse capos de algo sin merecerlo.

La última mentira de Sánchez, tras fracasar en las andaluzas, merece aparecer en las Páginas Amarillas: “Los resultados refuerzan nuestro compromiso de defender la Constitución”, afirma el idiota y mal perdedor, que pacta con los que traicionan a los españoles. Y tiene la desvergüenza de subirse a las barbas de Abascal, el gran vencedor, al que acusa de no ser constitucionalista, por defender a España.

Valls, ni conoces Barcelona ni conoces España
OKDIARIO 8 Diciembre 2018

Las elecciones del pasado domingo han abierto una oportunidad histórica, llena de esperanza, para acabar con 36 años de corrupción socialista en la Junta de Andalucía. El cambio político que han pedido los andaluces en las urnas será posible con un Gobierno autonómico presidido por Juanma Moreno Bonilla (PP), con la participación o el apoyo de Ciudadanos (C’s) y VOX. Las diferencias programáticas entre estas tres fuerzas políticas, las grandes vencedoras de la jornada electoral del 2-D, no pueden impedir un gran acuerdo que permita abrir una nueva etapa para Andalucía Pero el ex primer ministro francés y candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, parece empeñado en torpedear este acuerdo. En un intento de condicionar la política nacional del partido naranja, Valls se mostró rotundo el miércoles al afirmar que “no puede haber pactos con VOX en Andalucía”.

El político socialista adoptado por Ciudadanos se equivoca de enemigo. Entre otras propuestas que pueden ser cuestionadas, VOX defiende una reforma de la Constitución para que la Administración central recupere las competencias de Educación y Sanidad, pero lo ha hecho siempre dentro de los cauces legales y desde el respeto al Estado de Derecho. Si hoy existe una grave amenaza para la convivencia y la democracia, no la encarna VOX, sino los violentos de Podemos (que tras su fracaso electoral tomaron las calles de las capitales andaluzas, demostrando que no aceptan el resultado de las urnas) y los independentistas que pretenden destruir la Constitución y privar de sus derechos a siete millones y medio de catalanes.

De hecho, en sus últimas comparecencias públicas, Valls ha sufrido el acoso y la intolerancia de los mismos radicales independentistas que intentan sabotear cualquier acto convocado por VOX en defensa de la unidad de España. La elección de Valls como candidato independiente a la Alcaldía de Barcelona fue una apuesta arriesgada de Albert Rivera. Durante las últimas semanas, ha demostrado que no es el mejor conocedor de su ciudad natal, Barcelona, y ahora parece incapaz de entender la importancia que tiene para todos los españoles el cambio político en Andalucía, propiciado por el resultado electoral del pasado domingo.

Tras cuatro décadas de corrupción y redes clientelares tejidas por los socialistas, que habían condenado a los andaluces al estancamiento económico y las tasas de paro más elevadas de Europa, se abre una oportunidad histórica para modernizar esta región y demostrar que es posible otra forma de gobernar. Aunque esté cargado de buenas intenciones, Manuel Valls parece incapaz de entender que este cambio político constituye el inicio del cambio que los españoles esperan lograr en las elecciones generales que Pedro Sánchez se resiste a convocar.

Presupuestos: burla y paripé
EDITORIAL El Mundo 8 Diciembre 2018

"Es exactamente el mismo objetivo de déficit que ya enviamos en julio". Así, sin atisbo de sonrojo, reconoció ayer la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que el Ejecutivo ha vuelto a aprobar una senda de consolidación presupuestaria con la misma desviación que el Congreso ya rechazó en verano: del 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB). Sólo en un empecinamiento grotesco cabe enmarcar la actitud del equipo de Pedro Sánchez, para mayor inri cuando la propia Comisión Europea le advirtió de la imposibilidad de cumplirlo tras examinar la propuesta presentada ante Bruselas.

Desgraciadamente, el presidente vuelve a evidenciar así que no le preocupa tanto el interés general sino su continuidad en el cargo. Algo que ya observamos en su última entrevista televisiva cuando, tras admitir las pocas probabilidades de que sus presupuestos vean la luz, anunció que recurriría a la vía del decreto-ley para aprobar una serie de medidas económicas que considera prioritarias. He ahí una de las grandes trampas de su discurso: "los presupuestos sociales", un mantra que ha repetido tanto que ya carece de credibilidad. Si en verdad Sánchez no se moviese solo por motivos partidistas, no haría caso omiso de la llamada de atención comunitaria y habría corregido el objetivo de déficit y reducido el gasto. Además, siguen brillando por su ausencia reformas estructurales que, como recordaba ayer en nuestras páginas el vicepresidente del Euro, son esenciales no sólo para mantenerse dentro de la senda de la estabilidad presupuestaria, sino del crecimiento económico.

¿Dónde quedan aquellas palabras de Sánchez con las que aseguraba que de ninguna manera quería "marear a los españoles"? Entonces llegó a mantener que si no tenía los apoyos necesarios, no llevaría las cuentas al Congreso. Y fue más allá: "Sin Presupuestos, mi vocación de agotar la legislatura se ve acortada". Ahora no sólo señala al resto de partidos como culpables de su hasta ahora incapacidad para llegar a acuerdos, fruto, entre otras circunstancias, de su palmaria debilidad parlamentaria. El mareo ha tornado en burla y paripé: el propio Ejecutivo es consciente de que lo más probable es que tenga que elaborar las cuentas con el déficit del 1,3%, el que fijó el Gobierno de Mariano Rajoy.

Los Ministerios disparan el gasto público en publicidad
La cartera de Economía aumenta en un 3.500% la partida destinada a la publicidad.
Patricia Malagón Libertad Digital 8 Diciembre 2018

La Asociación de Medios de Información ha presentado esta semana el estudio Claves de la Información, donde analiza la inversión en publicidad que reciben los medios. Entre lo más destacado, está el significativo aumento de la publicidad institucional del Ministerio de Economía, que ha pasado de invertir 42.000 euros entre enero y septiembre de 2017 a desembolsar más de 1,5 millones de euros. Un aumento del 3.500%. De igual manera, el Ministerio de Interior y el de Defensa se cuelan en el top 100 de anunciantes. El primero ha pasado de invertir 490.000 euros a 589.000 y el segundo multiplica por diez el gasto al pasar de 48.150 euros a 571.000.

Durante 2017, la Administración General del Estado invirtió 27,57 millones de euros en publicidad institucional. Teniendo en cuenta los datos registrados hasta septiembre, es posible que el Gobierno de Sánchez haya disparado esta partida de manera notable. A pesar de todo, en 2017 se gastaron 3 millones más que en 2016 en esta partida.

El 80% de la inversión publicitaria se destinó el pasado año a la promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía y el cuidado del entorno, tales como la seguridad vial, ahorro de energía, consumo responsable de agua, sensibilización sobre el consumo de alcohol en menores, alimentación saludable o prevención de enfermedades.

Para este 2018, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de febrero, con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, un Plan de Publicidad y Comunicación Institucional que preveía una inversión total de 71,5 millones de euros en 102 campañas. Aquí se suman las partidas de todos los ministerios y organismos, como la DGT. En 2017, el desembolso total fue de 70.177.235 euros a 92 campañas, por lo que este año el gasto aumentará en 1,5 millones.

Si se hace una pequeña comparativa entre el plan de publicidad del año 2007 y el de 2018, se aprecia una disminución de 196,5 millones de euros. En 2007, se contrataron más de 180 campañas por un coste total de 268 millones de euros.

El 'chiringuito' del PSOE en Andalucía: 24.000 enchufados y un coste de 6.000 millones al año
La factura de la 'administración paralela' que ha creado el PSOE ronda los 740 euros al año para cada andaluz.
Daniel Rodríguez Asensio Libertad Digital 8 Diciembre 2018

Andalucía tiene ante sí una oportunidad histórica. La población ha hablado en las urnas y el mensaje es lo suficientemente claro como para que lo escuchen los responsables políticos: exigen cambio tras casi 40 años de gobierno socialista fallido.

Ya hemos comentado en esta columna -lean- las razones por las que una de las regiones con mayor capacidad de prosperar y ejercer de motor económico para España es la octava más pobre de la Unión Europea. Un fracaso tan estrepitoso puede ser explicado desde múltiples ópticas, aunque todas ellas mantienen un elemento común: un sector público hipertrofiado, que expulsa la actividad privada de la región.

Andalucía es un ejemplo de manual del buenismo político dominante y de una socialdemocracia adulterada. Seguro que muchos de ustedes han oído, tanto en la campaña andaluza como en muchos otros foros, aquello de "no podemos rebajar los impuestos como nos gustaría porque hay que mantener el Estado de Bienestar".

El Estado de Bienestar en la región, según la definición falaz de los intervencionistas, costó 29.600 millones de euros en 2017. De ellos, las funciones realmente atribuibles a las competencias autonómicas que quedan dentro del ámbito del Estado de Bienestar, supusieron un 50,5% del total. Poco más de 16.100 millones. En el otro 45% aparecen partidas como gastos atribuibles a "regulación", que acumulan la friolera de 2.650 millones, que se destinan a políticas de éxito probado -nótese la ironía- como las de "apoyo al sector agrícola y ganadero" -PAC- por valor de 1.700 millones de euros. El resto es un maremágnum de epígrafes imposibles de descifrar, que esconden uno de los mayores abusos de la historia contemporánea de nuestro país: la Administración Paralela.

Unas 24.000 personas, a mayores de los 243.000 funcionarios que mantiene la región en nómina, contratadas a dedo por el Gobierno andaluz. Más allá de las etiquetas, su función real es la de conformar un ejército de votos cautivos, que dependan de la Junta para mantener sus empleos.

Si usted considera que la empresa Aparthotel Trevenque, S.A., que se dedica al alquiler de apartamentos turísticos, o la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel) son elementos fundamentales para el Estado de Bienestar de la región, por poner solamente dos ejemplos, puede dejar de leer este artículo. Le informo de que existe una casilla en la declaración de la renta en la cual, si le sale a devolver, puede informar a Hacienda de que renuncia a ese derecho de cobro.

Si, como la mayoría de las personas racionales, entre las que me incluyo, piensa que esto es un despilfarro a costa de los ciudadanos andaluces, debe exigir a PP, Ciudadanos y VOX que pacten para acabar con el régimen coercitivo reinante en la región. Lea detenidamente el siguiente documento de la Junta de Andalucía para despejar cualquier duda.

Desafortunadamente, no existen cifras oficiales actualizadas del despilfarro que hay bajo este paraguas. El último informe del Tribunal de cuentas, publicado en noviembre del presente año, analiza las cuentas regionales del año 2015. En él se detallan las subvenciones que reciben las fundaciones y empresas públicas de cada región del país. Andalucía, y especialmente sus empresas públicas, está claramente a la cabeza. Casi 2.700 millones de euros. Si a éstos les sumas otros 2.500 millones de euros que detalla el Presupuesto andaluz de 2015 como "transferencias de financiación" -es decir, subvenciones blanqueadas y aseguradas por el BOJA- la factura ya supera los 5.200 millones de euros.

En el Presupuesto de 2018 de la Junta de Andalucía, la partida destinada a este tipo de entes ascendió a 3.500 millones de euros. 500 millones más que en 2015. Bajo un supuesto conservador, en el que que las subvenciones encubiertas en otras partidas presupuestarias, y recogidas por el Tribunal de cuentas, se hayan mantenido constantes, estaríamos ante una bolsa presupuestaria de 6.200 millones de euros. Casi 740 euros por andaluz al año. Para que se hagan una idea, el presupuesto del Gobierno de España para Sanidad está en torno a los 4.200 millones de euros, y el de educación, 2.600 millones.

Y, por si esto fuera poco, el Tribunal de Cuentas ya alertaba en 2015 que estaba observando una migración de recursos desde las subvenciones hacia los créditos a entes públicos para evitar engrosar la cifra de déficit y cumplir, de forma artificial, los objetivos del Gobierno de España. Andalucía no ha sido menos y los ingresos financieros de la Junta de Andalucía bajo la partida "PREST.CONCED.ENTES SECT.PUBLIC" ascendieron en 2018 a 15,3 millones de euros, el triple que en 2015.

Bajar impuestos debe de ser algo prioritario para el nuevo gobierno de la región. La racionalización del gasto público es un elemento fundamental para devolver la prosperidad a Andalucía. La región vive con respiración asistida del Gobierno de España y de otras entidades públicas. Con datos de 2015:

La generación de recursos propios per cápita está un 16% por debajo de la segunda región que menos genera -País Vasco- y es casi la mitad que en Madrid.
Es la región que más subvenciones europeas recibe -6.600 millones en ese año y más de 100.000 millones acumulados en los últimos 18- y la segunda, tras Extremadura, en términos per cápita.
La capacidad de generación de recursos al amparo del sistema de financiación autonómica es baja porque está penalizado por un nivel de actividad económica claramente deficitario.

Andalucía es la región que más fondos recibe del Fondo de Garantía de servicios públicos fundamentales, 3.800 millones de euros, lejos de la segunda, Canarias, con 2.300. Además, ha sido una de las mayores beneficiadas por el Fondo de Liquidez Autonómica, que ha asumido el 75% de su deuda.
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Andalucía no necesita un nuevo modelo de financiación autonómica. Con un equipo gestor capaz de devolver la racionalidad presupuestaria a la Junta es más que suficiente para poder abandonar los vagones de cola. En 2017, el déficit fue de 350 millones y cumplió con el compromiso del 0,7% del PIB. Pero, cuidado, mantiene una deuda del 22% de su PIB y la partida de pago de intereses de la deuda ya supone casi el 14% de su presupuesto.

Entramos en un período de subida de tipos de interés y cada vez va a ser necesario un superávit primario -excluyendo el pago de interés- mayor para poder devolver a las cuentas andaluzas al equilibrio. Los partidos constitucionalistas tienen una oportunidad histórica de avanzar hacia la prosperidad de la región y no pueden dejarla pasar.

Maldita chusma desagradecida
Miguel Ángel González. vozpopuli  8 Diciembre 2018

Hombre, hombre, ahora resulta que en Cataluña también hay gente y se vive. Los media habían hecho concebir la idea de que allí solo habitaba la sombra de una patria. Y se pensaba que nada tan mundano como un sueldo, nada tan secundario como una lista de espera podía desenfocar el foco inamovible de la identidad. Uno hasta creía que aquellos hinchados esencialistas (pura pulsión telúrica, pura comunión espiritual) carecían de necesidades biológicas y podían vivir, digamos así, sin dinero ni nada. ¿Para qué quiere el pueblo inversión en escuelas o en médicos de atención primaria si le falta esa correlación mágica de nación y estado? Un Torra mismo, y mira que es suponer, puede que ande estos días pensando en ello, con esa probable incomodidad de ver que los tuyos, después de tanto, se te levantan por una miseria de nada. Aquí en el Oasis. Maldita chusma desagradecida.

Resulta que va a ser cierto que el dinero lo estropea todo. Ya lo gritan los antisistema cuando salen contra el capitalismo en traje de anticapitalistas. Pagan siempre los padres, claro, que entienden esa sangre rebelde, a ver quién no lo fue, qué tiempos. Y las manifestaciones se vuelven pasarelas, como casi siempre. A las algaradas catalanas se han juntado también, para seguir con la exhibición textil, los estudiantes de la Universidad, que coinciden bastante con los mismos de “abajo el capital y arriba lo que sea y otro calimocho”. Es más: ¿serán estos mismos muchachotes quienes votaron el día aquel del referéndum y apoyaron la secesión y la independencia and all that jazz? Puede que muchos coincidan, por qué no. Incluso entre los más adultos, entre los funcionarios probos que trabajan de bomberos, médicos o profesores, los habrá con ese desgarro interior que ahora les ocasiona la protesta contra los suyos y el ser objeto de la represión de los suyos. Ya está bien de recortes. Dadnos más pasta y volvemos a la autodeterminación. Que es un derecho.

Por ahí han saltado enseguida los ecos de los otros políticos. Los chicos están inquietos porque el dinero es el dinero. Los independentistas tienen que aprobar un presupuesto para seguir con el chollo. Les faltan unos pocos votos que quieren conseguir del Partido de Acción Verbal, en Cataluña con no sé qué nombre. Acuerdos para repartir el momio. Pero en la otra España se lanza también un SOS de urgencia, con la propuesta obscena de un quid pro quo que la prensa decente puede que llame realpolitik. La vicepresidenta anacolútica ha tardado muy poco en decir “veis lo que pasa por no hacernos caso”. La vicepresidenta anacolútica ha hilado unas frases seguidas para reclamar que los catalanes del Parlamento español voten sus presupuestos. Y ha dicho así sin querer que ese presupuesto tendrá jugosas partidas económicas para Cataluña, con lo que todos esos chicos inquietos (vaya leído entre líneas) tendrán más o menos lo que piden y podrán irse a casa tranquilos. Tienen derecho a reclamar, cómo no, la democracia es así. Lo entendemos. Y son de los nuestros.

Estas protestas, con el atrezzo incluido de todas las protestas, les vienen muy bien a los políticos. Los más interesados están en la gloria: puede que acaben entendiéndose y se voten los unos a los otros para repartir dividendos. Y siga la vida y ruede la rueda. El pueblo ha hablado y el pueblo siempre tiene razón, como el cliente. Está siendo un toque de atención: el pueblo pide a sus políticos que se arreglen, que mejoren la vida de los suyos, que actúen. La Presidencia de España lo ha entendido a la primera. Es la ocasión perfecta para tirar otro año y llegar a un adelanto electoral sin adelanto. Lo suficiente para sustentar la propaganda y hacer que mucho pueblo (no sabe uno si el sustantivo es contable o incontable) acabe por votar a los suyos, a los de siempre. Y en Cataluña habrá más tiempo también para volver a la carga y pulir las esencias de unos ciudadanos a punto de patria. Para la guinda solo falta que salga un Casado cualquiera a decir que las protestas son un serio toque de atención a los políticos independentistas para que dejen sus objetivos inconstitucionales y se ocupen de los problemas reales de la gente. Que ahí también se vive.


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Las razones del éxito de VOX
Francisco José Contreras Libertad Digital 8 Diciembre 2018

La frustración acumulada durante décadas de hegemonía cultural de la izquierda es inmensa. VOX puede y debe capitalizarla en forma racional y constructiva.

Que se produjese por fin la gran explosión de VOX era sólo cuestión de tiempo. Era anómalo que el paisaje político español estuviese limitado a un arco que iba desde el centro socialdemócrata (PP y Cs) a la ultraizquierda bolivariana. A la derecha se abría un agujero negro, un desierto tenebroso, habitado por hordas "de garrote y taparrabos": hic sunt leones. Pero ese espectro amputado de su mitad derecha no era representativo de la sociedad española. El establishment mediático, adormecido y desconectado de la realidad por décadas de aplastante hegemonía cultural progre, anda en estado de shock: ¿pero de dónde han salido 400.000 fascistas?, ¿dónde estaban?

Los "fascistas" –es decir, los ciudadanos que creen que las autonomías sólo han servido para multiplicar el gasto público y conducir a España al borde de la ruptura, que la violencia no tiene género y la muerte de un hombre o un niño es tan lamentable como la de una mujer, o que todo Estado tiene derecho a tener fronteras y decidir cuánta inmigración puede admitir– estaban refugiados en sus casas y en los bares, resignados a expresar sus opiniones por lo bajini, y a que no las verían nunca defendidas en el Parlamento. Un PP tecnocrático-desideologizado les había impuesto el chantaje del mal menor: "tenéis que votarnos a nosotros –que somos la nada ideológica, pero al menos gestionamos con cierta sensatez– porque si no vendrá la izquierda, que os arruinará y permitirá que los separatistas terminen de despedazar el país".

En realidad, VOX lo tenía muy fácil para montar una alternativa: tan desolador era el desierto intelectual que el PP había dejado en la derecha. Hace ya diez años que Rajoy invitó a salir del partido a cualquiera que tuviese una idea en la cabeza: "Que los liberales se vayan al Partido Liberal, que los conservadores se vayan al Partido Conservador". Cinco años después, VOX recogía el guante y se preparaba a ser el partido liberal-conservador que el PP había renunciado a ser. Pues lo cierto es que, más allá de las pretensiones de transversalidad derecha-izquierda y de que haya sido capaz de captar algunos exvotantes de PSOE y Podemos, el programa de VOX es esencialmente liberal-conservador: apuesta decidida por la libertad económica (rebaja fiscal contundente; reducción del gasto público, conseguible en parte mediante el desmantelamiento de los 17 estaditos autonómicos y sus redes clientelares de subvenciones y empresas públicas superfluas), por la libertad de pensamiento y expresión (amenazada por unas leyes de género, de derechos LGTBI y de Memoria Histórica cada vez más inquisitoriales), por la defensa de la vida del no nacido, la familia natural y el fomento de la natalidad (VOX es el primer partido en reaccionar al problema del invierno demográfico, que, de mantenerse las tasas de fecundidad actuales, convertirá a España en pocas décadas en un geriátrico insostenible), por la libertad educativa (cheque escolar) y lingüística (fin de la inmersión lingüística totalitaria que desde Cataluña va extendiéndose a otras regiones, incluida la Galicia de Feijóo, donde la Xunta sólo tuitea en gallego y obliga a impartir medio currículum escolar en lengua regional)…

El despegue de VOX se produce, paradójicamente, cuando el PP está pilotado por un Pablo Casado que ha prometido rearme ideológico. Pero, para el PP, es tarde para cualquier rearme. El pasado pesa demasiado. El aparato, los intereses creados y la inercia pesan demasiado. Si Casado habla de bajar impuestos, el votante con algo de memoria le preguntará por qué Rajoy los subió más de lo que pedía Izquierda Unida. Si propone aplicar en Cataluña un 155 hard y sine die, recordará que, hace sólo un año, su jefe aplicó uno light e interruptus (y eso, tras haber seguido financiando durante años a una Generalitat en quiebra y ya en abierto desafío separatista). Si habla de garantizar el derecho a escolarización en español en todo el territorio nacional, miles de niños sometidos a la semi-inmersión galleguista le desmentirán. Si promete limitar el aborto, muchos preguntaremos qué hacía Casado mientras Rajoy tiraba a la basura el proyecto de derogación de la Ley Aído, traicionando su promesa electoral. Y tenemos derecho a recordarle todo eso porque Casado ha incensado a Rajoy como gran estadista y no ha cuestionado en ningún momento su legado.

VOX tiene un futuro despejado porque, además, está sabiendo cabalgar una ola mundial de hartazgo por la deriva totalitaria del marxismo cultural y la corrección política. Se llama marxismo cultural a la nueva izquierda que, una vez comprobado el fracaso planetario del socialismo y la extinción de la lucha de clases, necesita encontrar nuevos sujetos revolucionarios y nuevos conflictos que rentabilizar: compartimenta, por tanto, a la sociedad en colectivos de opresores y oprimidos; el conflicto marxista clásico burgueses vs. obreros es reemplazado por el de hombres contra mujeres, heteros contra homos, blancos contra otras razas, nacionales contra inmigrantes, cis- frente a trans-.

Leyes como la de Violencia de Género no existen tanto para combatir la violencia –objetivo que compartimos todos– como para concienciar sobre el género: se aísla una determinada modalidad de violencia y se la presenta como "terrorismo contra las mujeres", declarando que su causa es "la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres" (Exposición de Motivos de la Ley de Violencia de Género), y que esa violencia se ejerce contra ellas "por el hecho de ser mujeres". En España, en realidad, son asesinados cada año más hombres que féminas: en 2016, la ratio fue de 63-37. Incluso si nos ajustamos a la violencia que tiene lugar en el hogar familiar, también ahí la proporción resulta ser de 60-40 (58’3% de muertes causadas por hombres, 41’7% causadas por mujeres en 2016) si computamos todas las modalidades posibles: hombres que atacan a mujeres, mujeres que atacan a hombres, hombres o mujeres que atacan a niños o ancianos, parejas homosexuales masculinas o femeninas que se agreden… Pero, de todas esas variedades, el feminismo entresaca una sola, porque es la única que encaja en su relato de opresión estructural de la mujer y guerra de sexos.

La manipulación es tan burda, las consecuencias son tan injustas (hombres privados de la presunción de inocencia y acusados sin fundamento: el 80% de las denuncias por violencia de género no desembocan en sentencia condenatoria), los efectos sociales de resentimiento y desconfianza entre los sexos son tan nocivos… que el primer partido que gritase "el emperador está desnudo" iba a conseguir pronto muchos seguidores. Esa es, junto a la firmeza en la cuestión nacional, la clave del creciente éxito de VOX. Como Trump, como Bolsonaro, como Orbán, como otros exponentes de la nueva derecha, VOX está atrayendo a los demonizados por el marxismo cultural: las personas hartas de ser llamadas "homófobas" por considerar que las uniones de personas del mismo sexo, por legítimas que sean, no deberían ser consideradas matrimonio porque el matrimonio existe para la procreación (matris munus: "oficio de la madre"), o que no es buena idea introducir en las escuelas –por imperativo legal– a activistas de las asociaciones LGTBI para inculcar a los niños su particular visión del sexo y la familia; los que están hartos de que les llamen "racistas" por creer que la inmigración incontrolada es un problema, como puede comprobar cualquiera que se dé un paseo por Möllenbeck, Malmoe o Saint-Denis; los que llevan toda la vida soportando que les traten de "fachas" por creer que España es una nación y que en su historia hay más luces que sombras.

La frustración acumulada durante décadas de hegemonía cultural de la izquierda es inmensa. VOX puede y debe capitalizarla en forma racional y constructiva. Podemos estar viviendo un cambio de ciclo histórico. El momento es tan ilusionante que el lector perdonará que nos pongamos declamatorios:

¿Dónde está la noche?
La noche ha terminado: mira cómo llega la aurora.

Andalucía: Ganó España
Javier Lindo gaceta.es 8 Diciembre 2018

Ni en los mejores sueños podíamos imaginar los votantes de derechas que el feudo histórico socialista español por excelencia, Andalucía, caería como un castillo de naipes en el momento más importante y crítico que vive nuestra nación.

Había varios factores que hacían prever que en Andalucía volvería a repetirse el mismo resultado que acaecía convocatoria tras convocatoria electoral: un paseo militar del PSOE apoyándose, a unas malas, en los comunistas de Podemos.

El principal problema, al menos el que nos habían vendido todas las encuestas y analistas profesionales, era que la división del voto del centro derecha en tres partidos podía ser altamente perjudicial para construir una alternativa de gobierno y que, por ende, era altamente improbable que el Palacio de San Telmo dejase de ser propiedad de Susana Díaz y de la banda del Don Ángelo.

Los que predicaban lo anterior, hoy buscan excusas baladíes que no convencen a nadie y se preguntan cómo VOX, un partido etiquetado de extrema derecha, puede haberles comido la tostada al resto de formaciones de una manera tan espectacular.

El escenario político español ha cambiado y lo que antes se dividía entre izquierda y derecha, tras el golpe de estado catalán se divide entre aquellos que se alinean sin complejos con el Rey y la Constitución y entre los que buscan réditos personalistas vendiendo España en parcelas y desdeñando la soberanía nacional.

Los partidos políticos que no han entendido este nuevo tablero se llevarán una desagradable sorpresa de aquí en adelante. Escribía yo hace un año que estaba buscando un partido al que poder votar sin la nariz tapada y éste era el decálogo que tal formación debía cumplir para obtener mi apoyo:

1º Quiero ser atendido en español en la administración pública en cualquier región española.
2º Quiero que mis hijas aprendan en español si algún día debo salir de Madrid a trabajar o cambio de residencia.

3º Quiero que se garantice mi derecho a la libre circulación y que ignorar los dialectos regionales no sea óbice para trabajar en cualquier punto geográfico de mi país.
4º Quiero que se me atienda en cualquier hospital español sin distinción de tarjeta sanitaria.

5º Quiero que abrir una empresa conlleve los mismos trámites aquí que en Extremadura.
6º Quiero pagar los mismos impuestos y recibir los mismos servicios que cualquier español sin cupos ni discriminaciones.

7º Quiero que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean los únicos cuerpos del Estado con competencias de seguridad para evitar fallas y errores como los cometidos por los Mossos en el atentado de Barcelona.
8º Quiero que la bandera nacional luzca en todos los Ayuntamientos democráticos como marca la ley.

9º Quiero que los partidos que no juren la Constitución y no defiendan la unidad de España sean inmediatamente ilegalizados.
10º Quiero ser ciudadano español y como tal poder expresar mi orgullo por haber nacido en España sin que me insulten o me agredan.

Creo que esta lista de requisitos no es de izquierdas ni de derechas, por mucho que algunos se empeñen en ponernos etiquetas a una mayoría de españoles que pensamos así.

Ha sido Vox, y esto hay que reconocérselo a la formación de Santiago Abascal, quien ha enarbolado la bandera de la unidad de España tras años de abandono del PP de Mariano Rajoy.

Cuando un partido político deja huérfanos de representación a sus votantes, se corre el riesgo de que otro se los arrebate. Ocurrió en Cataluña tras el cese de Vidal Quadras cuando gobernaba Aznar y de nuevo en tierras catalanas con la “Operación Diálogo” de Soraya Sáenz de Santamaría.

De aquellas vergonzosas cesiones al nacionalismo catalán nacieron de una manera u otra Ciudadanos y más recientemente Vox.

Los andaluces han votado en clave nacional y se han alienado claramente con los que defienden España y sus instituciones quitándose, y perdonen el símil futbolístico, la camiseta de su club para enfundarse la elástica de la selección española.

Andalucía ha sido la antesala de la cita electoral más importante que los españoles tenemos que afrontar de aquí a unos meses. Nos jugamos mucho en unas más que cercanas elecciones nacionales y para que se repitan estos magníficos resultados electorales que destierren al gobierno Frankenstein al ostracismo de la oposición, hace falta que el PP, Cs y Vox estén a la altura de lo que han votado los andaluces y sean capaces de ponerse de acuerdo en las líneas maestras de un gobierno regenerador y rupturista que acabe con el lodazal en el que el PSOE ha convertido la Junta de Andalucía tras casi 40 años en el poder.

Si esto no se produce, si alguno de estos partidos es tentado por otros pactos o alianzas anti natura y lo echa todo a perder, entonces nuestra nación estará condenada a otra legislatura suicida en la que Sánchez y sus socios separatistas y comunistas podrán vender sin oposición y sin tapujos los girones de lo que quede de España. Veremos.

Sánchez ofrece a los separatistas reconocer a Cataluña como nación a cambio del ‘sí’ a los Presupuestos

Carlos Cuesta okdiario 8 Diciembre 2018

Mientras Pedro Sánchez celebraba las bondades de la Constitución en Madrid, su partido hacía lo contrario en Cataluña. Lo hacía a través del PSC. Y lo hacía para ofrecer a Quim Torra justo lo contrario de lo que bendecía el presidente del Gobierno el día de la celebración del 40 aniversario de la Carta Magna.

Un documento recién elaborado por los socialistas catalanes vuelve oficialmente a una de las ideas que más críticas le ha costado a Sánchez: la “nación de naciones”. El PSC de Iceta reclama una vez más esa idea de forma expresa y pide igualmente el reconocimiento en la Constitución de “Cataluña como nación”, como se puede comprobar en el documento que publica OKDIARIO. Los socialistas catalanes, punta de lanza de la negociación de Sánchez con los golpistas, lo hacen, además, en pleno sprint negociador de los Presupuestos Generales del Estado.

Si Sánchez hablaba de las bondades de la nación española en la celebración de la Constitución, Iceta -enviado y autorizado suyo- ofrecía la “nación de naciones” y nuevas cesiones a los separatistas. Todo a cambio de lograr el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y de intentar amansar a los separatistas.

El documento del PSC recoge los objetivos políticos de los socialistas de cara a 2019. Se titula “CATALUNYA 2019” y en el texto se señala que “la política de bloques no sólo es contraproducente para nuestro autogobierno y para el conjunto de catalanes y catalanas, sino que también se retroalimenta en una espiral creciente de conflicto”. La redacción equipara de este modo a los golpistas con las propias decisiones legales que imponen en estos momentos, entre otros, los propios tribunales.

Porque, según el PSC esos “bloques” se basan “en la imposición de unos y la desobediencia de los otros, que no lleva a ninguna parte más que a la frustración y la confrontación permanente”.

“Los partidos conservadores dicen hacer una defensa del modelo constitucional de 1978, cuando realmente proponen un retroceso del Estado de las Autonomías en una imaginaria España homogénea y centralizada, mientras que los partidos independentistas intentan imponer una homogénea Cataluña imaginaria y una supuesta España irreformable”, apunta el documento.

Los socialistas pasan a plasmar acto seguido en su escrito su pensamiento y la base de su negociación con las fuerzas separatistas y golpistas: “La realidad es que Cataluña es una nación plural y diversa y España una nación de naciones”.

Semejante afirmación devuelven oficialmente a los socialistas de Sánchez al momento de máxima cesión frente al independentismo visto a lo largo de su carrera política.

Para ellos, “España integra un conjunto de pueblos con singularidad propia, pero con vínculos sociales, culturales y políticos que los han mantenido unidos. […] Es por ello que, como siempre hemos defendido, el hecho de reconocer Cataluña como nación y España como un estado plurinacional, no rompe la unión política de España ni da a los catalanes derechos distintos de los del resto de españoles”. El documento lanza esta afirmación pero pasa de puntillas para no explicarla.

Pero sí entra en disquisiciones históricas más que discutibles. Y es que trata de forma sistemática a Cataluña como un ente equiparable a una nación, a España. “Las historias de Cataluña y España están entrelazadas. La historia de Cataluña no se puede entender sin la de España en su conjunto y viceversa”, aclara.

Y a partir de ahí, abre la crítica a la Constitución: “Hacemos un balance positivo de los 40 años del Estado de las Autonomías, pero consideramos que hay que corregir las disfunciones detectadas y adaptarlo a los nuevos tiempos. La vía del acuerdo es la única eficiente, viable y legítima para renovar nuestras reglas de convivencia y combatir la fractura social”.

Porque los socialistas quieren “reformar la Constitución española y convertir España en un Estado federal, democrático y social que asuma plenamente su carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe”.

Un planteamiento de cesión ante las presiones separatistas que vuelve a aparecer justo cuando Pedro Sánchez necesita de su apoyo para sacar adelante los Presupuestos en los que ha depositado parte de las posibilidades de alargar la legislatura. Y de seguir en el poder.

El temerario de Villa Tinaja
Segundo Sanz okdiario 8 Diciembre 2018

Hay un diputado en las Cortes Generales que es el mayor peligro público para las libertades de este país. Un diputado que ya supera en su discurso del odio incluso a los proetarras Oskar Matute y Marian Beitialarrangoitia o al ventrílocuo del golpismo catalán de apellido Rufián. Un diputado que instiga las revueltas callejeras y llama directamente al enfrentamiento civil.

Un diputado que lejos de hacer autocrítica e intentar corregir los errores cometidos no respeta el resultado de las urnas, el tesoro de nuestra Democracia. Un diputado que declara una “alerta antifascista” contra 400.000 andaluces en plena noche electoral. Un diputado que insulta así al 11% de los votantes de Andalucía cuando es él quien abraza al supremacista Torra o acude a la cárcel de Lledoners a besarse con los promotores de movilizaciones tumultuosas y violentas a favor de la secesión de Cataluña. Un diputado que se acuerda groseramente de sus hemorroides cuando le advierten de que tales palabras le harán responsable de los ataques y agresiones que pueda sufrir el rival político al que ha puesto en la diana.

Un diputado que arenga a tomar los barrios desde su chaletazo de 600.000 euros en la acomodada urbanización de La Navata, en la sierra madrileña. Un diputado que se vanagloria de haber contribuido a la difusión del Pásalo de 13-M contra las sedes del PP, dos días después de los atentados de Atocha y en plena jornada de reflexión de unas generales. Un diputado que se “emocionó” al ver cómo unos radicales agredían a un antidisturbio o que llamó a la Policía “matones al servicio de los ricos”. Un diputado que recibió en el Congreso a las familias de los agresores de los dos guardias civiles de Alsasua.

Un diputado que ha hecho carrera con dinero más que sospechoso procedente de las satrapías de Irán y Venezuela. Un diputado que aplaudió al dictador Chávez. Un diputado que se arroga representar a “la gente” o al “pueblo” cuando hace ya tiempo que se tomó las medidas de “casta”. Un diputado que sostiene que “el nuevo republicanismo será feminista o no será” pero que dice de una mujer que “la azotaría hasta que sangrase”. Un diputado que nunca será ejemplo de nada para generaciones futuras sino de modales abyectos, salidas de tono y actos pendencieros. Un diputado ahogado en el revanchismo que le inculcaron. Un diputado que sí apretaba la mano de Felipe VI para recibir una beca de Caja Madrid pero que se la negaba este 6-D en otra de sus fechorías de mamarracho.

Un diputado que hacía gala de su mala educación quedándose en el escaño al terminar el acto para no cruzarse con expresidentes del Gobierno que ya le han puesto en su sitio más de una vez. Un diputado que desprende toxicidad frente al espíritu de concordia y de convivencia que trajo la Transición y la Constitución. Un diputado al que incomoda ‘su’ himno. Un diputado que debería saber lo que hizo su heroína Pasionaria cuando un 13 de julio de 1977 se reunieron por primera vez las Cortes Constituyentes: aplaudir al Rey “porque algunas cosas de las que decía me gustaban”. El temerario de Villa Tinaja, Pablo Iglesias, un diputado indigno.

La decadencia de la izquierda
Gregorio Morán. vozpopuli  8 Diciembre 2018

Es sorprendente. Todos hablando de Vox, como si fueran los ganadores de las elecciones, como si se tratara del rasgo más notorio de las elecciones enAndalucía, y resulta que lo llamativo es que la derecha se ha hecho la reina del juego político y que ha infligido una derrota sin paliativos a la izquierda, que se ha quedado para lamerse las heridas. Pero nosotros, erre que erre, Vox para arriba Vox para abajo.

El deslizamiento del electorado hacia la derecha era una obviedad desde hace años. Lo interrumpió una argucia parlamentaria del inefable Sánchez, legítima pero que dejaba todo como estaba. Prometiendo unas cosas a uno y otras a otros aunó los votos suficientes para desalojar a Rajoy, que se lo merecía. ¿O acaso alguien, tras el proceso de manipulación informativa que siguió al descabalgamiento, pensó que el PdeCAT, el PNV o Ciudadanos, sin las cuales hubiera sido imposible la moción de censura, formaban parte de la izquierda?

Nos engañan como a chinos antiguos y así nunca sabemos ni dónde estamos, ni por dónde van sus intereses. Es una cuestión de poder y Sánchez, tras engañarlos a todos con la promesa formal de convocar elecciones inminentes, se aferró a él y no está dispuesto a soltarlo mientras le quede una brizna donde agarrarse. Y entonces llegó Andalucía.

Todo saltó por los aires y se radicalizaron las posiciones. A Sánchez se lo han hecho pagar. No se sale impune de tanta desvergüenza. El voto del rechazo que hace años usufructuó Podemos ahora se ha desplazado entre el desánimo de la abstención o la radicalidad verbal de la extrema derecha. La gente común que votaba al PSOE o a Podemos incluso al PP, ha denunciado la mansedumbre de los partidos constituidos, en la firme creencia de que el panorama se limita a una oposición corrupta que vive pensando cuál será el próximo escándalo, o la izquierda ansiosa por el mando y dispuesta a ejercer en Cataluña el papel de palanganeros.

Aquí se cambia la leyenda; dejemos de mirar esa luna que representa la extrema derecha, de momento pálida, y detengámonos en observar el dedo que apunta hacia donde quieren que miremos. Toda la hojarasca que ha ido quemando Sánchez con el fin de nublarnos la vista no vale una cagarruta. Ni Franco saldrá del Valle, ni aumentarán los salarios mínimos reales, ni las hipotecas dejaremos de pagarlas los clientes, ni nada de nada. Todo humo. Eso sí, habrá logrado retrasar la quiebra del PSOE y mantener los restos de su patrimonio histórico, es decir, el funcionariado adicto, pero la suerte ya está echada. Este país está amenazado por la hegemonía derechista mientras escribimos de los temores inanes que inspira Vox.

El ‘procés’ en clave andaluza
A mí Vox me ocupa, pero no me preocupa; una excrecencia dentro de un país abierto en canal por la irresponsabilidad de una casta política que lo devora todo. Lo inquietante es nuestra incapacidad para decir la verdad y sacar conclusiones. Andalucía es la prueba de que esta izquierda, llámese PSOE o Podemos, ha iniciado un proceso de desahucio. El PSOE perdió 400.000 votos, Podemos 300.000. No ha sido sólo el circo electoral, aunque haya ayudado. Por un lado, Susanita haciendo de perla de Andalucía con un discurso sobrado y cansino, como un vestido de faralaes. Sin saberlo quería hacer verdad aquella frivolidad de Ortega y Gasset quien llegó a afirmar que no entender los faralaes hacía imposible comprender España. Y olé, añado yo. ¿Qué decir de Teresa de Cádiz y Mérimée? El PSOE y Podemos hicieron una campaña que emulaba la tortilla de patata de Sevilla que dio nacimiento al PSOE de Felipe y Alfonso, léase Arfonso; todo como en casa.

La gente estaba en otra cosa. Ellos denunciando las miserias de la derecha y ni una palabra sobre las propias. Ha pasado mucha agua bajo los puentes desde aquel lema internacionalista de “Cataluña será la tumba del fascismo”. De momento arriesga convertirse en el funeral de la izquierda española. Y aún hay quien pregunta si el 'procés' ha afectado a las elecciones andaluzas. La ruptura de la sociedad catalana puede haber incidido en familias muy apegadas a Cataluña, semillero de una emigración veterana y fértil, pero lo que sí ha sido definitivo es la actuación de los partidos nacionales en la crisis. Eso alimentó el rechazo de las bases de la izquierda en Andalucía. Lo que no había conseguido la corrupción endémica lo han fabricado las maniobras en la oscuridad de los dos partidos de izquierda para tratar de mantenerse en el poder y obtener la benevolencia de quienes amenazan comerles los hígados.

Los voceros tuertos, los que sólo ven con el ojo que no les han vendado, exclaman aterrorizados por la supuesta victoria del fascismo en Andalucía. En primer lugar, la palabra fascismo tendría que estar prohibida a partir de la primaria de la política. Si eso es fascismo ya verán correr a esos glotones del verbo inflamado el día que se encuentren con el fascismo de verdad. Eso es extrema derecha, no nos equivoquemos. Y yo me pregunto en qué grado de extremismo reaccionario se diferencia Abascal, el de los caballos, de Torra, el del racismo xenófobo.

¿Y esos piquetes falangistoides para impedir el derecho a expresarse? Lo que le está ocurriendo a Manuel Valls merecería una reseña, habrá tiempo. Dos docenas de personas convocadas como en un chiste malo por la Asociación de Putas Libertarias (sic), a la que se sumaron la CUP y la “Barcelona en Comú” de la alcaldesa Ada Colau, lograron un éxito mediático. Le llamaron “gabacho”, el grito de los fieles del taimado Fernando VII a los liberales afrancesados. Lo del supuesto éxito dice mucho de nuestro papel de siervos de lo políticamente correcto, que consiste en casos como éste en no avergonzarse de que la tradición libertaria, tan arraigada antaño en Cataluña, la representen las prostitutas. Que la Candidatura de Unidad Popular (CUP) se dedique al festejo de intimidar al candidato que no les guste y que se refieran al fascismo… ¡ellos, tan asentados de familia! Y por fin, no denunciar a la siempre gestual alcaldesa de Barcelona, una exhibicionista que trata de labrarse un futuro dentro de una familia política tan desestructurada que siempre está reunida.

Este país ha girado a la derecha, pero lo ha hecho después de que la izquierda se hiciera golfa. Siempre quedará la eventualidad de repetir las elecciones andaluzas. Lo grave es que, a los votantes, que en otro tiempo creyeron en ellos, les importa una higa.

La derrota de los reaccionarios
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 8 Diciembre 2018

La regeneración puede empezar por Andalucía. Esperemos que los dirigentes de los partidos constitucionalistas estén a la altura.

El 2 de diciembre los reaccionarios de la anti España sufrieron una derrota histórica en Andalucía. Sus caudillos y amanuenses saturan el espacio con voces de alarma por la entrada de 12 diputados de Vox en el Parlamento andaluz, con la torticera intención de ocultar que el que ha quedado fuera de competición ha sido el caballo de Troya de las verdaderas fuerzas retrógradas. El descalabrado PSOE de Pedro Sánchez paga el precio de ser el colaboracionista contumaz de los reaccionarios secesionistas catalanes que imponen en sus dominios el supremacismo identitario, la discriminación de los disidentes, el lavado de cerebro desde la cuna, la ruptura con España y por añadidura con Europa y la civilización occidental, la desobediencia a la Constitución y las leyes, el fomento del odio cainita, la mitificación del pasado feudal y el afán de hurgar en las heridas de la Guerra Incivil. Involucionismo a tutiplén.

Gangrena plurinacional
Los derrotados en Andalucía sí que son los reaccionarios de pura cepa que operan gracias a la intermediación del PSOE pedrosanchista. Reaccionarios cuya hostilidad etnocentrista a la sociedad abierta y plural está emparentada con la de los totalitarios flamencos, húngaros, polacos, finlandeses, austríacos e italianos que marchan, prietas las filas, por la ruta del populismo nacionalista. Y la apisonadora pasó igualmente por encima de la banda chavista de Adelante Andalucía, que aporta a la ofensiva antiespañola los detritos del leninismo y la gangrena plurinacional que la mafia cocalera puso de moda en Bolivia. También son reaccionarios estos revolucionarios de pacotilla, como explicó Horacio Vázquez-Rial en su profético La izquierda reaccionaria (Ediciones B, 2003), donde relató:

Hace unos años, con motivo de la celebración del V Centenario del descubrimiento de América, fue invitado a España, no recuerdo por cuál de las instituciones que cuestionaban la idea misma de celebración, un dirigente indígena ecuatoriano, quien, tras oponer su propia particularidad al conjunto de Occidente, reivindicando la medicina indígena frente a la medicina blanca y las técnicas agrarias precolombinas frente a las de los blancos, es decir, el buey frente al tractor, soltó una frase que debe de haber hecho las delicias del señor Arzalluz: "Nuestro futuro es nuestro pasado". Probablemente no lo supiera, pero venía a coincidir con Herder, con De Maistre o con Barrés en su elogio del prejuicio útil, el prejuicio nacional, y con los teóricos de la circularidad de la historia.

Cordón sanitario
Lo que queda claro tras la debacle de los partidos conchabados con el secesionismo y de sus acompañantes promotores del caos y la balcanización, es que el bloque constitucionalista y defensor de la unidad de España es mayoritario en Andalucía. Existen diferencias -algunas abismales- entre los partidos que componen dicho bloque, pero el cordón sanitario que urge levantar en esta etapa crítica del Reino de España es el que nos protege de la tropa insurgente y de sus cómplices instalados en la Moncloa.

Es revelador, en este contexto, que quienes ponen más empeño en romper el bloque constitucionalista, haciendo hincapié en el ultraderechismo de Vox, son los mismos que se amanceban con la patulea secesionista. ¿Acaso se abrazan con esta porque desconocen su naturaleza patógena? No, no la ignoran. Hace exactamente un año Marius Carol, director de La Vanguardia, escribía: "O enterramos el procesismo o cavará nuestra tumba" ("Salir de la rueda del hámster", 4/12//2017). Podrían haberlo firmado Rivera, Casado o Abascal. Y ahora nos alecciona en su diario ("La palabra más buscada", 4/12/2018):

No hay que precipitarse a la hora de calificar de fascistas a algunos partidos, pero que el discurso machista, homófobo y racista de Vox haya obtenido 12 diputados en Andalucía es preocupante. (…) Y lo que no se entiende es que PP y Cs no sientan pudor por estar dispuestos a pactar con ellos.

Coquetean con los sepultureros
Lo que no se entiende es que los portavoces de la burguesía catalana, conscientes de que el procesismo está cavando sus tumbas, coqueteen con los sepultureros y repudien a quienes se proponen salvarlos de los necrófilos. Con el agravante de que estos gobiernan cuatro provincias del Reino de España aplicando, con el apoyo de una minoría de votantes, una política tribal cargada de componentes autoritarios, xenófobos, racistas y retrógrados que Vox no parece estar predispuesto a copiar en un futuro próximo ni en condiciones de hacerlo. El motivo de alarma para la sociedad democrática no reside en el hecho de que Vox tenga 12 diputados en el Parlamento de Andalucía, sino en la anomalía de que los reaccionarios hispanófobos controlen el de Cataluña gracias a una ley electoral tramposa.

Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, interpreta el triunfo del constitucionalismo como un "tsunami españolista anticatalán", y añade, para congraciarse con quienes cavan la tumba de Cataluña y con sus socios pedrosanchistas ("Las lágrimas de Boabdil", 3/12):

Las voces que abogan por ahondar en el entendimiento con el independentismo catalán van a quedar ahogadas por el estruendo de un discurso que azuza los bajos instintos y abona la fractura social.

Olla podrida
Nada más falso. El tsunami anticatalán no es españolista ni parte de Andalucía: sus focos tóxicos están en el palacete de Waterloo y en el Palacio de la Generalidad, donde se incuba el odio que fragmenta y empobrece a Cataluña. Y los reaccionarios que azuzan los bajos instintos y abonan la fractura social en Cataluña tienen nombre y apellido desde la época del nada honorable Jordi Pujol hasta la del prófugo de la justicia Carles Puigdemont, pasando por la del zombi Artur Mas. Sus iniquidades culminan cuando el independentismo ahoga el entendimiento con la racionalidad valiéndose del cavernícola Quim Torra, que estimula a los energúmenos de ANC, CDR, CUP y los restantes tentáculos de la subversión para que "aprieten" en sus asaltos al Parlament, instituciones públicas, casas de jueces y opositores, fuerzas de seguridad y otros objetivos de los vándalos golpistas. Con el apoyo explícito de la ultraderecha clerical que cede el monasterio de Montserrat para ayunos sectarios (LV, 5/12) y cuelga esteladas en sus campanarios, mientras anda a la greña con la funambulista antisistema Ada Colau, que combina su aversión a la Mercé y la Navidad cristianas con los guiños de simpatía a los supremacistas recalcitrantes. ¡Vaya olla podrida!

La regeneración puede empezar por Andalucía. Esperemos que los dirigentes de los partidos constitucionalistas -de todos los partidos constitucionalistas- estén a la altura de sus responsabilidades. Y como argumentó con buen criterio Albert Rivera, también es importante recuperar para este bloque a los auténticos socialistas, indignados por la traición del arribista amoral Pedro Sánchez y sus secuaces.

PS: Marius Carol vuelve a extorsionar a PP y Cs para que no pacten con Vox ("No vale todo", LV, 6/12) y pone como ejemplo a Francia, "donde la derecha y la izquierda han puesto unas líneas rojas con los ultraderechistas, que resultan una garantía para una sociedad democrática que cree en la libertad y que defiende unos valores compartidos donde figuran el respeto, la tolerancia y la solidaridad". Precisamente por tratarse de una sociedad democrática que cree en la libertad y en estos valores, Francia practica una política que los sediciosos llaman "jacobina", y si en cualquiera de sus regiones apareciera una tribu secesionista de cuño totalitario que, como la que castiga a Cataluña, fuera irrespetuosa, intolerante e insolidaria, los ciudadanos se unirían sin discriminaciones para abortar su golpe faccioso.

Los Mossos, una policía manipulada
 
larazon 8 Diciembre 2018

Los Mossos d’Esquadra se vieron obligados a cargar con dureza contra manifestantes convocados por la CUP, los CDR y otros grupos radicales que querían impedir por la fuerza un acto a favor de la Constitución en Gerona en el que iban a participar el PP y Vox, convocatoria que, por otra parte, contaba con la debida autorización. Ante las primeras críticas surgidas desde la propia Generalitat y de todo el independentismo, el jefe del cuerpo policial autonómico se ha visto obligado a defender el dispositivo como «correcto y adecuado», frente a lo que consideró un «ataque organizado». Un total de 15 agentes y tres manifestantes resultaron heridos, lo que indica la violencia que emplearon estos grupos.

Lo inaudito es que el propio responsable político del cuerpo, el consejero de Interior, Miquel Buch, no sólo no haya salido en defensa de la actuación policial, sino que diga que «no corresponde a una policía democrática». Como no puede ser de otra manera, el presidente de lo que queda de la Generalitat, Joaquim Torra, ha dado un ultimátum a Buch para que depure responsabilidades, un gesto que sobrepasa lo exigible a cualquier político serio y digno: él fue el que animó a los CDR a «apretar», es decir, a usar la violencia. Por lo tanto, nada nuevo.

La respuesta de los sindicatos no se ha hecho esperar y son ellos los que han pedido la dimisión del consejero de Interior, denunciando, además, la politización e instrumentalización de los Mossos al servicio del «proceso». Este es, en definitiva, la situación en la que la Generalitat ha sumido a un cuerpo de 17.000 efectivos, cuya profesionalidad nunca se había puesto en duda hasta que se convirtió en una pieza necesaria para la ejecución del golpe contra la legalidad democrática.

La situación abierta es grave y confirma el deterioro de las instituciones catalanas y, en este caso, el de la que debe mantener el orden público en una comunidad movilizada hasta la extenuación y en la que las acciones violentas son aceptadas como un cinismo insoportable: son muestras de la libertad de expresión. Desde los hechos del 1-O el prestigio de los Mossos está en entredicho: ya no es la policía de todos los catalanes, sino sólo la de los independentistas. No olvidemos que la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa de un delito de rebelión al que fuera mayor de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero, y le pide una pena de 11 años de cárcel alegando que fue una «pieza clave» para «llevar a cabo el plan secesionista».

La confusión y la manipulación son de tal calibre que el propio Buch se atribuye la autoridad para definir quién es «fascista» y quién «antifascista» y, en función de ello, actuar represivamente, bien a través de los Mossos o permitiendo que lo hagan los CDR. A eso se ha llegado. De ahí que se acepte como normal que se realicen escraches a políticos que consideran «fachas», como al candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls, acción que tuvo el vergonzoso apoyo de la alcaldesa Ada Colau; que actúen en la universidad con el consentimiento de los rectores; o que reiterativamente intenten asaltar el Parlament dejando indefensos a los Mossos para no molestar a los independentistas más radicales de la CUP.

Hay que llamar la atención sobre una deriva abiertamente totalitaria por parte del nacionalismo catalán, temerario juego al que se ha sumado Podemos. Tras las elecciones andaluzas, Pablo Iglesias llamó a salir a la calle para protestar por el ascenso de Vox, pero también –no lo olvidemos– deslegitimando unos resultados que no le fueron favorables. Salieron a la calle y quemaron contenedores. Se acepta como normal la dialéctica de los «puños» (y de las «pistolas»). En definitiva, lo que la CUP, los CDR y el independentismo totalitario quieren es actuar con absoluta impunidad porque, así lo proclaman, «las calles siempre serán nuestras». La misión de los Mossos d'Esquadra es impedirlo.

La violencia sigue en Cataluña
Marcello republica 8 Diciembre 2018

La violencia de la que los golpistas catalanes provocaron en la víspera del referéndum ilegal de 1-O de 2017, durante esa consulta y en las vísperas de la declaración de independencia de Cataluña el 27-O del mismo año sigue vigente en Cataluña.

Y está propiciada por los llamados comandos CDR desde que Quim Torra asumió la presidencia de la Generalitat, desde donde el propio Torra les ha dicho a esos comandos -donde se integran parte de su familia- que deben ‘apretar’ tal y como lo anunció hace unas semanas.

Y resulta escandaloso que el Presidente de la Generalitat de Cataluña que es quien debe garantizar el orden público en esa Comunidad Autónoma sea el promotor de una violencia constante que ha causado decenas de heridos y graves destrozos en ciudades y en propiedades privadas.

Lo que ha conducido, como ahora se ve, a enfrentamientos entre los jefes policiales de los Mossos y el propio presidente de la Generalitat. Y lo que, por otra parte demuestra que el golpe de Estado continúa vigente y que el orden constitucional no se cumple en una Cataluña donde su presidente jalea la violencia.

Todo ello confirma la estrecha relación entre el golpismo y la violencia y justifica el delito de rebelión que la Fiscalía y la Acusación Particular les imputan a los procesados en el juicio del golpe catalán que comenzará su vista oral el próximo mes de enero.

Pero si esa violencia, impulsada desde la Generalitat, continúa y amenaza con la muerte de ciudadanos pacíficos, no que no hay que descartar, en ese caso será el Gobierno de Pedro Sánchez quien deberá asumir el control de la seguridad en Cataluña por encima de la Generalitat y de su consejería de Interior.

Y si a pesar de ello la violencia continúa Sánchez deberá proponer, llegado el caso, y aprobar en el Senado, con apoyo del PSOE, PP y Cs, la aplicación en Cataluña por segunda vez del artículo 155 de la Constitución, como ya lo están pidiendo los líderes de la Oposición, destituyendo a Torra y a todo su Gobierno y disolviendo el Parlament hasta que se den las circunstancias de normalidad.

Embajadas catalanas
Cataluña se gasta 5,2 millones en desobedecer a España con la reapertura de seis embajadas
Borja Jiménez okdiario 8 Diciembre 2018

Cataluña ha reabierto seis nuevas embajadas
Quim Torra ya abrió siete embajadas tras levantarse el 155

La Generalitat de Cataluña que controla Quim Torra despilfarra 5,2 millones de euros en su desafío al Gobierno de España con la apertura de las trece embajadas, las últimas seis reaperturas –Viena (Austria), Tallin (Estonia), Zagreb (Croacia), Lisboa (Portugal), Estocolmo (Suecia) y Beirut (Líbano)-, y las de París, Roma, Berlín, Londres, Ginebra y Nueva York, y Bruselas -reabiertas justo después de levantarse el 155-, cuyo coste, según ha podido saber OKDIARIO por fuentes del Ejecutivo, asciende a unos 400.000 euros de media cada una.

Quim Torra mantiene su desafío al Gobierno, independientemente de lo mal que están las cuentas de una Generalitat que se sigue financiando con el dinero de todos los españoles a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Tampoco parece importarle las protestas de los empleados públicos dependientes del ‘Govern’, como los médicos y profesores que se manifestaron a finales de noviembre para reclamar mejoras laborales.

Y es que Quim Torra debe vivir una realidad paralela porque, pese a todo ello, sigue con su intención de financiarse en los mercados tradicionales a partir de 2020. Sin embargo, continúa con su desafío de abrir embajadas catalanas a lo largo y ancho del planeta, cueste lo que cueste -literalmente-.

Borrell lucha contra las embajadas
Borrell ha trasladado ya evidencias y pruebas de que las embajadas reabiertas justo tras levantarse el 155 – las de París, Roma, Berlín, Londres, Ginebra y Nueva York, incluida la de Bruselas a la que se le permitió continuar en pleno 155- están siendo utilizadas para volver a lanzar una campaña de descrédito a España y de captación de apoyos internacionales al separatismo.

El ministro de Asuntos Exteriores no está conforme con el creciente desafío al que vuelven los separatistas catalanes. Borrell ha alertado al presidente Sánchez de que el nuevo plan de desarrollo de embajadas forma parte de la reactivación del golpe independentista, y no comparte la visión ‘buenista’ de otros miembros del Ejecutivo, como Meritxell Batet, que sigue empeñada en un diálogo imposible con Quim Torra y ERC.

“Las seis embajadas que abrieron lo hicieron sin pedir informes preceptivos, y están pendientes de que el Juez actúe”, explican fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a OKDIARIO. “De momento hemos presentado un recurso, pero aquí la Justicia va a paso de ‘caracol’”, continúan.

“Las otras embajadas que han abierto sí que pidieron el informe previo, pero como la Ley dice que es preceptivo pero no vinculante, nada les obliga a hacer caso“, continúa un alto cargo del Ejecutivo, que cree que “la Ley está mal hecha o no está pensada para una situación de desobediencia sistemática”.

El Poder Judicial señala a la Generalitat por la desprotección de los jueces en Cataluña
El CGPJ pide que la Fiscalía General del Estado supervise la investigación de los ataques de los CDR
Luis P. Arechederra ABC 8 Diciembre 2018

Los jueces se sienten desprotegidos en Cataluña y lamentan la dejación de funciones de la Generalitat de Quim Torra. El Poder Judicial ha elevado este viernes el tono, ha condenado los recientes ataques de los CDR a diversas sedes judiciales y ha denunciado la falta de medidas eficaces para protegerles por parte de la Consejería de Interior, presidida por Miquel Buch.

En un comunicado, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, expresa su preocupación por el clima hostil que sufren los jueces destinados en Cataluña y vuelve a reclamar al Ministro del Interior y al consejero catalan de Interior «un plan integral de protección», un sistema que garantice la seguridad de los magistrados y de sus familias. El documento ha sido aprobado por unanimidad.

No es la primera vez que el Poder Judicial solicita esta protección. Por eso mismo –por la necesidad de insistir– el órgano de gobierno de los jueces recela de la actuación de la Consejería catalana de Interior, a quien le corresponden las competencias para garantizar la seguridad de los jueces que trabajan en Cataluña y para investigar los ataques, recuerda la comisión permanente del CGPJ.

«El último episodio acaecido durante esta semana nos permite afirmar que no se percibe que se estén adoptando las medidas exigibles para proporcionar la garantía de seguridade integridad (...), como tampoco se percibe efectividad alguna en la investigación y persecución de muchos de los actos a que nos hemos referido», asegura el comunicado sobre los ataques contra los juzgados .

El último episodio tuvo lugar el pasado lunes, cuando las sedes de numerosos juzgados –los de Gerona, Sabadell, Tortosa, Manresa o Vilanova, entre otros– amanecieron embadurnados con excrementos y basuras en sus entradas. Los actos fueron reivindicados por los autodenominados Comitès de Defensa de la República (CDR), la facción más radical del independentismo catalán, protagonista de numerosos ataques y a quien pidió «apretar» el presidente de la Generalitat, Quim Torra. El «president» ha solicitado de hecho depurar a los Mossos d'Esquadra que cargaron contra los CDR.

El Poder Judicial también solicita que la Fiscalía General del Estado investigue estos actos de hostigamiento y le pide que supervise las investigaciones que llevan a cabo las fuerzas policiales, en alusión a los Mossos, «para asegurar su suficiencia y corrección y descartar que se puedan producir omisiones que den lugar a la exigencia de responsabilidades». Es decir, para evitar que miren para otro lado.

El comunicado de la comisión permanente se remite, además al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que se ponga en conocimiento de todos los jueces y magistrados que prestan sus servicios en Cataluña. También se remite al presidente de la Junta de Seguridad de Cataluña y a los respectivos presidentes de las Juntas de Seguridad Provinciales.


 


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