AGLI Recortes de Prensa   Domingo 23  Diciembre 2018

La espiral
Ignacio Camacho ABC  23 Diciembre 2018

El viaje de Sánchez a Barcelona ha dejado claro que tras las elecciones andaluzas el precio del alquiler de La Moncloa se ha disparado, pero también que su arrendatario está dispuesto a acudir al mercado negro de la política para pagarlo. La imagen de un dirigente se forja por lo general a partir de sus primeros actos y la de este presidente se ha consolidado como la de un yonqui del poder, un hombre enganchado a la droga alucinógena del Falcon, el protagonismo mediático o las fotos protocolarias con jefes de Estado. Si a Rajoy le cayó encima, con mayor o menor justicia, el estereotipo de un gobernante rutinario y apático, su sucesor representa ante la opinión pública el paradigma de un ansia desmesurada por el disfrute del cargo. Su terca negativa a convocar elecciones para legitimar su mandato lo convierte en un funámbulo capaz de cualquier incoherencia que lo ayude a sostenerse en equilibrio precario. Sin el refrendo de las urnas nunca será otra cosa que un jugador de fortuna, un mandatario provisional, un arribista desahogado que tras beneficiarse de una carambola se atrinchera en el despacho.

Su gran problema consiste en que todo lo que hace para continuar en el puesto provoca efectos secundarios adversos. Cada vez que cede ante el chantaje nacionalista para comprar tiempo causa en el electorado una reacción de rechazo que disminuye su crédito. Así ha entrado en un círculo diabólico, en una espiral de descontento: mientras más desciende su aprecio, más dependiente se vuelve de una táctica de apaciguamiento que a su vez le acarrea una progresiva pérdida de respeto. En esas condiciones no puede llamar a votar sin riesgo de recibir la moción de censura del pueblo, que ya ha mostrado en Andalucía su manifiesto estado de cabreo. Los barones territoriales del PSOE han detectado ese ánimo de escarmiento y contemplan la cita electoral de mayo con franco desasosiego. Obligados a desfilar primero, temen que el malestar acumulado descargue, como le ha sucedido a Susana Díaz, sobre ellos. Aguantan por disciplina o porque no les queda otro remedio pero de alguna forma se sienten rehenes de una especie de secuestro. Les espera una prueba de fuego y ni siquiera saben si llegado el momento les conviene tener a su jefe cerca o lejos. En Andalucía tampoco ha servido la estrategia del distanciamiento.

Sánchez perdió la ocasión de aprovechar su inicial ventaja y es muy difícil que disponga ya de alguna opción de recuperarla. Quizá aún confíe en su intuición para los golpes de audacia, y entretanto encuentra la oportunidad sigue aferrado al aventurerismo de circunstancias, a la improvisación tornadiza, a la maniobra elástica. La forma en que se ha humillado ante el separatismo ofrece poco margen de esperanza: España está gobernada (?) por alguien que sólo cree en su proyecto personal y sólo atiende a su estricta conveniencia privada.

El 21-D: el precio de la foto de la humillación
Francisco Marhuenda. larazon  23 Diciembre 2018

La memoria es frágil, pero no debería serlo tanto. No creo que la inmensa mayoría de los españoles olviden la foto de la indignidad y la humillación. Es la historia de una imagen que era innecesaria, aunque Sánchez ha conseguido el apoyo de los independentistas para sus presupuestos. Es el precio de una indignidad. Lo que no entiendo es la irresponsabilidad del Gobierno de España al aceptar la celebración de una cumbre bilateral en pie de igualdad. Se ha hecho con un gobierno catalán que es la continuidad de aquellos que hace muy poco tiempo vulneraron el ordenamiento constitucional y estatutario, intentaron imponer la independencia y han conseguido romper la sociedad catalana. Es realmente patético. No creo que los votantes socialistas entiendan esta claudicación ante los separatistas.

Sánchez considera que el dialogo es complacer a los enemigos de España y su Constitución. El dialogo es entregarse a los deseos del independentismo. Todo ello controlado por un huido de la justicia, Carles Puigdemont, que tiene el mando a distancia que le permite mover el gobierno catalán como si fuera una marioneta. El Gobierno de España ha decidido renunciar la defensa de los constitucionalistas catalanes y lo que tampoco entiendo es cómo no entiende el mensaje de las elecciones andaluzas. La política socialista en Cataluña sustentada en la sumisión ha hecho que la izquierda pierda más de 700.000 votos. Y, a pesar de ello, sigue insistiendo en la senda equivocada. Al final Sánchez conseguirá destruir el PSOE. De momento estamos asistiendo al hecho insólito de observar que por primera vez el socialismo perderá el gobierno andaluz. Todos estábamos convencidos de que era algo imposible, pero las torpezas y el entreguismo ha dado este resultado.

Tras la reunión hubo un comunicado que es de aurora boreal. Ni siquiera se cita a la Constitución, para no ofender a los que quieren romper a España, y por supuesto se cita a Franco y el franquismo, porque hay que desfranquizar nuestro país. Y eso lo dicen impunemente, un auténtico insulto a la inteligencia, en 2019 y en el año que celebramos el cuarenta aniversario de la aprobación de nuestra Carta Magna. La solución política es un despropósito de dimensiones galácticas, porque es renunciar precisamente a la defensa de los valores constitucionales y el ordenamiento legal. No hay más que ver la reacción airada de los barones socialistas que se están dando cuenta del tsunami que llegará a las urnas y que les puede expulsar de los gobiernos, aunque eso sí, Sánchez seguirá en La Moncloa mientras su partido pierde autonomías y municipios.

Es algo de lo que tienen que tomar buena nota también los dirigentes de Podemos. No hay que olvidar que sus votantes no son, precisamente, defensores del derecho a decidir que quiere imponer el independentismo catalán. Hemos visto cómo Torra defendía la vía eslovena, aunque al observar las reacciones ante su ignorancia histórica, algo que no me sorprende conociéndolo, y al poco se olvidaba de ella. La debilidad del constitucionalismo es la fuerza que impulsa a Puigdemont, su sicario Torra y los líderes de la “coalición” que quiere destruir España. No se puede dialogar con ellos. Es verdad que un sector del independentismo esta descontento con lo que sucedió el 21-D, pero al presidente del Gobierno solo le importa seguir en la Moncloa y hay que reconocer que lo ha conseguido. He de reconocer que esperaba más de él y estaba convencido que jugaría el partido con mayor habilidad, pero estoy comprobando que no es así. El conjunto de torpezas que estamos viviendo abre el camino a una sucesión de derrotas que conducirá a un apoyo mayoritario a quienes defiendan España y los valores constitucionales. Es evidente que es algo que ni hace ni quiere hacer Sánchez y sus ministros.

El estado de Whatsapp del líder de VOX deja entrever la tensión
Abascal amenaza con nuevas elecciones a PP y C’s: “Este teléfono no estará operativo en los próximos días”
Carlos Cuesta okdiario 23 Diciembre 2018

Ciudadanos ha planteado un cordón sanitario contra VOX dejando claro que prefiere negociar con los socialistas que con Santiago Abascal. Y el PP ha negociado en exclusiva con C’s. Una actitud que ha provocado ya que Abascal avise con claridad de que “no seremos el felpudo de la soberbia de nadie”. Ahora, el líder de VOX, acaba de colgar en el icono o lema de presentación de su WhatsApp –lo primero que se ve cuando se contacta con alguien para enviarle un mensaje– un breve texto perfectamente descriptivo de la situación de la futura gobernabilidad en Andalucía: “Este teléfono no estará operativo en los próximos días”.

Y el muy cercano día 27 de diciembre tiene que estar constituido el Parlamento Andaluz. Traducido: que el tiempo se acaba, que PP y Ciudadanos no pueden gobernar sin los más de 400.000 votos de VOX y sus 12 escaños, y que, si el “menosprecio a todo ese colectivo” continua, habrá nuevas elecciones en Andalucía, tal y como señalan fuentes de VOX.

“Dijimos que no seríamos un obstáculo para el cambio, pero tampoco un felpudo para la soberbia de nadie o la continuidad del socialismo con otras siglas”, advirtió el juez Serrano en un mensaje en su cuenta de Twitter esta última semana. Lo hizo después de que PP y C’s alcanzaran el “principio de acuerdo” programático que abría las puertas a un pacto de gobierno en la comunidad autónoma andaluza y un acuerdo sobre la conformación de la Mesa del Parlamento.

Ahora es ya Abascal el que a través de su lema en WhatsApp deja claro que la cosa va en serio. Que nunca han pedido cargos, pero que no aceptarán un programa de Gobierno que no tenga en cuenta puntos básicos de sus compromisos con los electores andaluces.

Santiago Abascal, anunció, de hecho, su predisposición a mantener reuniones formales con el PP, pero los populares lo descartaron hasta alcanzar un acuerdo con C’s.

Acuerdo PP – Ciudadanos
Ese acuerdo a dos bandas -PP-C’s- ha ido más allá de lo puramente indicativo y ha fijado una agenda de actuación donde, por ejemplo, no aparecen buena parte de las propuestas de VOX en materia educativa o sanitaria.

“Ciudadanos parece que está llegando a un acuerdo de Gobierno con el PP y espera que le apoyemos sin que ni siquiera nos llame”, advertía ya a mediados de esta semana Abascal.

Por todo ello, VOX insiste en que “dijimos, y mantenemos, que no seríamos un obstáculo para el cambio. Pero tampoco seremos cómplices de la continuidad del socialismo en Andalucía con otras siglas”.

Porque, como destacan fuentes del partido de Abascal “Ciudadanos y el PP hasta ahora han despreciado la voz de 400.000 andaluces. En ocasiones han llegado a maltratarlos de palabra, y ni siquiera han condenado el acoso y demonización que han sufrido. Se han negado a incluirnos en la mesa de negociación. El grupo parlamentario de VOX exigirá a cualquier futuro gobierno en Andalucía que rechace el “cordón sanitario” que algunos pretenden aplicar a VOX, que condene las amenazas y agresiones que contra VOX alienta la extrema izquierda política y mediática”.

Y, además, y entre otras cuestiones, que “atienda la devolución de las competencias autonómicas de Educación, Sanidad, Justicia y Seguridad al Gobierno de la Nación” o que realice una “reforma estatutaria para conseguir la supresión de entidades que duplican a otras estatales.

Supresión de agencias administrativas superfluas, reevaluación de la utilidad y supresión de gran parte de las Agencias Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles con participación mayoritaria de la Junta, Fundaciones y Consorcios de la Junta de Andalucía y Fondos sin personalidad jurídica”.

Otras de las cuestiones reclamadas son, por citar algunas de las principales, las siguientes: “Supresión del 99% de la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Reducción de un 5% en el tramo autonómico del IRPF. Pruebas de nivel externas al término de cada ciclo educativo y la expresa autorización de los padres (PIN parental) a que sus hijos reciban actividades o contenidos extracurriculares que tengan implicaciones ideológicas o morales. Sustitución de la Ley Andaluza de Violencia de Género por una Ley de Violencia Intrafamiliar y derogación de la Ley Andaluza de Memoria Histórica. Sustitución de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por una Consejería de Familia y Natalidad”.

España vertebrada
FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ El Mundo  23 Diciembre 2018

Se publica hoy, pero lo escribí el jueves, dos o tres horas después de escuchar a Santi Abascal en el programa de Federico y en vísperas de lo que al día siguiente iba a pasar en Barcelona. Ustedes ya lo saben. Yo no. Las columnas de la prensa son como los vinos fuertes: mejor es chambrearlas antes de que aparezcan. Umbral decía que el columnista siempre tiene que borrar las primeras líneas de su columna. Tenía razón, pero yo esta vez no me avendré a esa rutina. España, a falta de saber lo sucedido en Barcelona, atraviesa ya una de las más graves crisis de su historia. Fue Ortega, y no los miembros de la Generación del 98, quien mejor puso los puntos sobre las íes de lo que dio en llamarse el Año del Desastre. Lo hizo en su ensayo sobre la España invertebrada, que apareció en 1921, 23 años después de que el proceso de disgregación iniciado en las provincias de ultramar culminase con la pérdida de Cuba y Filipinas.

Para agarrar el hilo de Ariadna que le permitiese recorrer el laberinto español tuvo que remontarse a momentos muy remotos de nuestra historia. Cierto es que España, como sostiene Ortega, nunca alcanzó una vertebración real ni duradera, pero las cosas han ido a más desde la alocada implantación del Estado de las Autonomías. No tenemos costillar que sujete la carcasa. Malo era ser un país invertebrado, pero peor es estar desvertebrado a causa de los eternos demonios de eso que Machado llamó rabo de Europa por desollar y de una Constitución por la que yo no voté.

Pensaba en cosas así al escuchar hace un rato a Santi Abascal mientras atendía a mis abluciones matinales. Olvídense de la estéril dicotomía entre las derechas y las izquierdas. Es la vertebración de España lo que ahora se ventila, entre flecos de menor alcance, y lo que explica el vendaval telúrico desencadenado por Vox en todas las ágoras, tribunas, tabernas y rincones del país. Dije yo 15 días antes de la jornada electoral de Andalucía, en la radio, por escrito y ante testigos, que el movimiento -lo es- capitaneado por Santi Abascal sacaría 12 diputados. Se reían de mí. Los sacó. Ahora digo que en las próximas elecciones generales sacará de 60 para arriba, y cuanto más tarde se convoquen, más obtendrá. Ríanse los lectores, los políticos, los politólogos y el grueso de mis colegas cuanto quieran. Igual soy yo quien ríe el último. Los tiempos están cambiando. España, como en el 98, vuelve a ser lo más importante.

El pobre Sánchez, el rico Garamendi y los chistes de vascos
Jesús Cacho elconfidencial 23 Diciembre 2018

Cuentan que la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, decana de la Facultad de Derecho de la Autónoma de Madrid, acostumbra a despachar a los representantes de la patronal CEOE con un “pues dos a uno y a otra cosa”. Dos a uno porque ella y los sindicatos sienten lo mismo, respiran al unísono, hacen piña frente a la soledad de la patronal. Y eso ocurre siempre que un tema más o menos complicado, más o menos polémico, salta sobre la mesa del dialogo social. El Gobierno Sánchez se pone de hoz y coz al lado de los sindicatos, sin dar opción a CEOE a hacer valer sus argumentos. Quienes crean empleo no cuentan para este Gobierno. En eso estamos. Y Yolanda lo suelta a la cara de los patronos: si no estáis de acuerdo “pues dos a uno y a otra cosa”, mariposa. “La contrarreforma [laboral] está muy trabajada, se ha debatido largo y tendido en la mesa de diálogo social, estamos haciendo retoques y me encantaría conseguir unanimidad”, ha dicho la ministra Valerio. Es decir, me gustaría que CEOE pasara por el aro.

Al margen del estropicio que en términos políticos amenaza provocar Pedro Sánchez en cuestiones clave para el futuro de España como la crisis catalana, el Ejecutivo está llevando a cabo una discreta revolución silenciosa en lo económico-financiero cuyas consecuencias pueden ser igualmente graves para el crecimiento, la inversión y el empleo. Son materias que pasan más o menos desapercibidas ante el ruido mediático de asuntos como el catalán, pero en las que Sánchez se juega mucho, se lo juega casi todo, porque detrás de la carta de “lo social”, de la teórica defensa de los trabajadores, de los mancillados por los rigores de la crisis, hay millones de votos con los que el heroico limpiabotas de Torra pretende contrarrestar el descrédito de su Gobierno. Se trata de tirar del dinero del Tesoro para fidelizar ese voto. Al precio que sea, incluso de descuadrar las cuentas públicas.

La subida de las pensiones por encima de lo pactado el pasado abril entre PP y PNV; la de las bases máximas de cotización, que supondrá una pérdida real de renta para muchos trabajadores cualificados; la del sueldo de los funcionarios; la del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); el acuerdo bajo mesa alcanzado entre Gobierno y sindicatos para desactivar los aspectos más descollantes de la reforma laboral del PP, son algunos de los botones de muestra de esa gravosa revolución silenciosa. Gobierno y sindicatos manejan la aguja de marear sin dar vela en este entierro a CEOE. La gran patronal es el enemigo a batir. Enfrentado al desgaste de un Gobierno en minoría obligado a satisfacer las exigencias de quienes le mantienen en Moncloa, para el PSOE es vital transmitir ante su parroquia la imagen de que está enfrentado a muerte con la representación del capital, los abanderados de los recortes sociales, “los enemigos de la clase obrera”, al mismo tiempo que vende la idea de su estrecha relación con los sindicatos.

¿Y cómo enfrenta CEOE una situación tan compleja? Muy malamente. Esta semana, la patronal inauguró oficialmente la nueva etapa abierta por la llegada a su presidencia de Antonio Garamendi -un guechotarra de 60 años, licenciado en Derecho, hasta ahora presidente de Cepyme- con la celebración este miércoles de su primera Junta Directiva en la que se aprobaron los nombramientos de vicepresidentes, de los miembros de su Comité Ejecutivo y de los responsables de las distintas comisiones. Una etapa más difícil aún que las anteriores, porque la presencia de la patronal en la sociedad española y su capacidad de interlocución no ha dejado de caer desde los tiempos de José María Cuevas, aquel hombre tan vituperado por la izquierda -a menudo también por la derecha- como valioso para las empresas porque, en torno a su indudable capacidad de liderazgo, reunía dos cualidades difíciles de ensamblar en estos tiempos que corren de cobardía al por mayor: la de ser un tipo muy inteligente y, además, la de tenerlos bien puestos.

Las consecuencias de un viaje a Cuba
No ha hecho falta más que un mes de presidencia para que Garamendi haya llevado el desencanto a las filas del empresariado. El papelón por él jugado como “señorito de compañía” del presidente Sánchez en el reciente viaje a Cuba, ha sumido al nuevo capo de la patronal en un socavón de prestigio del que le resultará difícil salir sin muchas ayudas alimenticias. Viajó Garamendi –y otros notorios empresarios- a la isla caribeña en el avión presidencial, ese Air Force One que el pollo pera, ahora que se ha puesto a renombrar aeropuertos, quiere bautizar con el nombre de su distinguida esposa, y a la vuelta a Madrid el patrón de patronos habló maravillas de lo bien que le había tratado y lo mucho que se había entendido con Sánchez. Apenas habían transcurrido 48 horas cuando los medios dieron cuenta del acuerdo secreto entre Gobierno y sindicatos para descabezar la reforma laboral de Rajoy. Con Garamendi a la luna de Valencia, porque Garamendi no se había enterado de lo que tramaban a sus espaldas. Su amigo Sánchez no le había contado nada durante las horas de vuelo a Cuba. Le había engañado como a un chino.

Obvio resulta enfatizar la importancia de CEOE como organización independiente –y por lo tanto no subvencionada, como ahora, por los Gobiernos de turno- capaz de representar a las empresas en la tarea de encauzar el crecimiento y servir de fiel de la balanza frente a las políticas económicas del Ejecutivo, importancia acrecentada en momentos de desconcierto como los actuales, con un presidente dispuesto a utilizar los resortes del poder, léase PGE, en beneficio de su proyecto personal que no de los intereses generales. En circunstancias como la presente, frente a medidas de política económica lesivas para el crecimiento, resultaría de vital importancia contar al frente de CEOE con un personaje con la cabeza bien amueblada en lo formativo y lo intelectual, dispuesto a utilizar su presidencia no como palanca de imagen personal, sino como herramienta con la que revertir esas políticas o hacerles frente, y ello con la determinación de enfrentarse al dueño del BOE, la voluntad de hacerse respetar (incluso temer), y el coraje bastante para, si necesario fuere, “tocar el tambor” y llamar a la movilización del empresariado como hacía Cuevas cada vez que el Gobierno de turno quería metérsela doblada.

Garamendi defraudará al colectivo empresarial si cree que haciéndose el simpático y contando chistes de vascos va a lograr frenar algunas de las “atrocidades” que Sánchez y su grupo de tiralevitas están ya llevando a cabo. Reimplantar la llamada ultraactividad de los convenios colectivos, como reponer la prevalencia del convenio de sector sobre los de empresa, es devolver a los sindicatos un arma que perdieron con la reforma laboral de 2012 y empoderarlos como elemento refractario al crecimiento y la creación de empleo. Dice la ministra Valerio que se trata de crear “empleo de calidad”. Seguramente se refiere al nuevo empleo que acaba de “crear” Juan Manuel Serrano, amigo y ex jefe de gabinete de Sánchez en Ferraz, a la sazón presidente, sin la menor experiencia gerencial, de la empresa pública Correos, que para eludir una amenaza de huelga navideña acaba de firmar una subida salarial del 9% y la creación de 11.200 nuevos empleos fijos. El ministro Ávalos se ha felicitado por el “éxito” del acuerdo. Con una plantilla de casi 52.000 trabajadores, Correos perdió el año pasado 147 millones de euros. He ahí la típica empresa pública que gusta a unos sindicatos a quienes los trabajadores del sector privado se la traen al pairo.

El país rico del pobre Sánchez
En el consejo de ministros del viernes, el de la rendición de Sánchez ante el laziTorra, el Gobierno aprobó la subida del SMI de los 735,9 euros actuales a los 900 euros mes a partir del próximo 1 de enero, lo cual supone una subida del 22,3%, hasta los 12.600 euros brutos. La intención del Ejecutivo es realizar otra subida dentro de un año, a ser posible antes de las generales, para alcanzar los 1.000 euros en 2020. “Esta medida beneficiará a 2,5 millones de trabajadores”, señaló en Barcelona la ministra prodigio Celaá, olvidando los miles de empleos –el menos cualificado, el incapaz de aportar valor añadido equiparable a esa subida- que se va a llevar por delante. Alguien lo ha cifrado en 150.000 empleos menos. El Gobierno aprobó también una subida del sueldo de los funcionarios del 2,25%, de la que se beneficiarán otros 2,5 millones de empleados públicos que trabajan en las tres administraciones. “Un país rico no puede tener trabajadores pobres”, tuiteó ayer el indocumentado que nos preside. Pólvora del rey. Un supuesto país rico que sigue gastando más de lo que ingresa incluso cuando el PIB crece al 3%, y que necesita pedir prestado al mercado no menos de 30.000 millones todos los años. Deuda pública a saco. Alguien la pagará algún día. O no, que diría Rajoy.

La decisión del Ejecutivo de volver a indexar la subida de las pensiones con el IPC anual, una barbaridad en términos de sostenibilidad económica de la que habíamos logrado huir en fecha reciente, es otro dato más que abona el temor de quienes creen que nos encaminamos hacia el foso de otra recesión a plazo fijo. El PSOE vuelve a repetir los errores de Zapatero, pero esta vez con plena conciencia de lo que hace. El crecimiento del 2019 parece garantizado (2% del PIB y 200.000 empleos menos), pero todas las alarmas empiezan a apuntar hacia 2020. El 2007 fue un gran año, pero todo el mundo sabía, menos Zapatero, que a la vuelta de la esquina aguardaba el desastre. En estas circunstancias, la existencia de una voz potente y creíble al frente de CEOE resultaría más que un simple deseo una exigencia inapelable. El problema de la CEOE es que ha alcanzado el límite de su irrelevancia, y ya no dispone de margen para endosar un nuevo fracaso en la persona de Garamendi. Con Sánchez amenazando con dejar una España abierta en canal en lo político y una España arruinada en lo económico, el cuadro no puede ser más preocupante. Urge de nuevo reiterar lo evidente: la necesidad de apearle cuanto antes del poder.

Un acuerdo para fraguar un cambio histórico en Andalucía
EDITORIAL El Mundo  23 Diciembre 2018

El pacto alcanzado entre PP y Ciudadanos, rubricado en un documento que contiene 80 medidas para poner en marcha a lo largo de la legislatura, supone un avance decisivo para fraguar el cambio histórico que decidieron los ciudadanos de Andalucía en las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre. Las dos formaciones de centroderecha han articulado un acuerdo programático de cariz moderado, de voluntad reformista y de orientación abiertamente liberal. Vox, cuyas exigencias se han visto relegadas, ya ha amenazado con impedir la mayoría parlamentaria necesaria para hacer efectivo el relevo en el Gobierno. Sería un error colosal que la formación de derecha populista, tras emerger con fuerza en el panorama político andaluz, desbaratara la posibilidad de materializar el cambio en la Presidencia regional y desbancar al PSOE por primera vez en 36 años.

Además de la defensa del marco constitucional y, por tanto, del Estado de las Autonomías, populares y Cs también han fijado una reforma del Estatuto de Autonomía, aunque no para cerrar Canal Sur o para devolver a la Administración del Estado las competencias en sanidad y educación, sino para eliminar los aforamientos de altos cargos, en concreto, los del presidente de la Junta, los miembros del Consejo de Gobierno y los diputados del Parlamento andaluz. A ello se suma el desarrollo en esta región del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lo que contradice la exigencia del partido que preside Santiago Abascal de sustituir esta norma por una Ley de Violencia Intrafamiliar y la sustitución de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por una de Familia y Natalidad. PP y Cs también han acordado despolitizar el Servicio Andaluz de Salud, y aprobar un plan de refuerzo educativo en esta materia y reconocer la condición de autoridad del profesorado. En cuanto a la televisión pública, ambas formaciones rechazan su cierre -tal como propone Vox- y se han propuesto estudiar las posibilidades de "redimensionamiento y de mejora de la eficiencia de los recursos", además de acometer los cambios necesarios para garantizar su "profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia". Finalmente, el Gobierno que surja de la suma de PP y Cs aprobará un decreto ley para centralizar y supervisar las entidades dispersas de la administración paralela tejida por los socialistas, lo que supondría liquidar entes superfluos o innecesarios.

Andalucía encara así una etapa inédita marcada por el desalojo del poder del PSOE, tras casi cuatro décadas de régimen clientelista. Urge reflotar la economía andaluza bajando impuestos y aligerando las cargas de la Administración, frenar el deterioro de los servicios públicos y regenerar a fondo la vida pública. La hoja de ruta trazada entre PP y Cs plasma la voluntad de cambio de la mayoría de los andaluces. Sería irresponsable que un partido emergente como Vox la bloqueara.

Abascal: "Si se repiten las elecciones en Andalucía será culpa de Albert y de su ventrílocuo francés"
El candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls pide "pactos moderados" y el líder de VOX le contesta: "Nos veremos en las urnas".
Libertad Digital  23 Diciembre 2018

En una entrevista en la revista Marie Claire, el exprimer ministro francés ha criticado el discurso de VOX y ha señalado que España "no está aislada del resto de Europa" y de los problemas que viven distintos países, desde los nacionalismos a la crisis económica de 2008 o la inmigración, que "están alimentado" a la extrema derecha, también en nuestro país.

En este contexto, el candidato independiente al Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado que los pactos en Andalucía de cara a la gobernabilidad deben ser "inteligentes", hacerse con "moderación" y "sentido común" y "pensando en la estabilidad" y en el "futuro" de España y de Europa.

"Hay que mantener la cabeza muy fría, pero es una realidad que el populismo de extrema derecha ha emergido, y eso es una pésima noticia. Es el momento de actuar a partir de la convicción democrática y en el marco de nuestros valores", ha defendido el aspirante a la alcaldía de Barcelona, que cuenta con el apoyo de Ciudadanos.

El líder de VOX, Santiago Abascal, ha respondido a Valls a través de su cuenta de Twitter y ha lanzado una advertencia a Ciudadanos: "El francés de Ciudadanos dice que hay que repetir las elecciones en Andalucía porque VOX tiene la lepra. Está bien, que se lo expliquen a los andaluces, y que sepan que la culpa es de Albert y de su ventrílocuo francés. Nos veremos en las urnas".

La fractura de Francia (y de Europa)
www.latribunadelpaisvasco.com 23 Diciembre 2018

NOTA: Extractos del artículo "La fractura de Francia", de Giulio Meotti, publicado en la web del Instituto Gatestone

(...) Macron, al parecer, estaba utilizando el armisticio firmado en 1918 para olvidar lo que está pasando en Francia en 2018.

Gérard Collomb, ministro del Interior de Francia hasta el mes pasado y actualmente alcalde de Lyon, es aparentemente pesimista respecto a la situación de su país, según las declaraciones recogidas por Valeurs Actuelles. "La gente no quiere vivir junta", se lamentó Collomb, que prosiguió diciendo que la responsabilidad por la seguridad durante la reciente ola migratoria ha sido "inmensa". Collomb también advirtió de que hay "muy poco tiempo" para mejorar la situación. "Es difícil calcularlo, pero diría que en cinco años la situación podría volverse irreversible. Sí, tenemos cinco o seis años para evitar lo peor", añadió.

Y lo peor será una "secesión", o como Gilles Kepel, el especialista francés sobre el islam, lo llamó: "La fracture".

Macron, sin embargo, no parece particularmente receptivo a la advertencia de Collomb. Se reportó que un hombre, que gritaba "Alá Akbar", apuñaló a un policía esta semana en Bruselas, durante una visita de Estado de Macron a la capital belga, la primera de un presidente francés desde que Mitterrand la visitara en los ochenta. Macron también fue al distrito de Molenbeek en Bruselas, al que definió como un territorio marcado por la imagen del drama terrorista y también como un lugar de iniciativas, de compartir y de integración". ¿Compartir e integración?

Ocho personas fueron arrestadas en marzo de 2018 en una redada antiterrorista en Molenbeek. Un informe confidencial reveló el año pasado que la policía, en ese mismo distrito de Bruselas, destapó 51 organizaciones sospechosas de tener lazos con el terrorismo yihadista. Muchos de los sospechosos involucrados en los atentados de París y Bruselas vivieron en u operaron desde Molenbeek. Como escribió Julia Lynch en The Washington Post en relación con Molenbeek:

En el vecindario, una de las 19 "comunas" del área metropolitana de Bruselas, residieron uno de los terroristas de los atentados en los trenes de cercanías de Madrid en 2004 y los franceses que dispararon y mataron a cuatro personas en el Museo Judío de Bruselas en agosto de 2014. El terrorista marroquí del tren Thalys Bruselas-París en agosto de 2015 se había alojado allí con su hermana.

Si hay un lugar donde la explicación de Collomb sobre la "secesión" no es sólo una advertencia, sino ya una realidad, ese lugar es Molenbeek. Roger Cohen, en The New York Times, lo llamó "el Estado islámico de Molenbeek". Y esos distritos no son un fenómeno belga. "Hoy, sabemos que hay cien distritos en Francia que tienen posibles similitudes con lo que pasó en Molenbeek", dijo el entonces ministro de Juventud y Deporte de Francia, Patrick Kanner, en 2016. Uno está en la localidad de Trappes, famoso no sólo por la estrella del fútbol internacional Nicolas Anelka, también por el número de yihadistas que fueron desde allí a luchar en Siria o Irak.

En Francia se han frustrado seis planes de atentados terroristas este año, reveló el secretario de Estado del ministro del Interior, Laurent Nunez. "Desde noviembre de 2013, se frustraron 55 planes de atentados terroristas gracias a la acción de los servicios de inteligencia, incluidos 6 este año", dijo Nunez.

En los últimos meses, el actual escenario francés no ha sido dominado por grandes ataques terroristas, sino por una lluvia diaria de intimidación. Un sexagenario francés iba paseando por una calle de Paris con regalos de Navidad la semana pasada, cuando un desconocido le hizo saltar las gafas de un puñetazo antes de darle una bofetada. "Eso es lo que les hacemos a los infieles", dijo el agresor al hombre. Unos días antes, un ciudadano judío francés también fue atacado por la calle por tres hombres.
(...)
La confirmación de la ola islamista se produjo el pasado mes de septiembre en un impactante informe del Institut Montaigne, titulado: "La fábrica islamista". El informe detalla el nivel extremo de radicalización de la sociedad francesa musulmana. Según su director, Hakim El Karui, los musulmanes extremistas de Francia están "creando una sociedad alternativa, paralela, separada. Con un concepto clave: halal". Macron no ha hecho prácticamente nada para frenar esta expansión.

"Se cerraron dos o tres mezquitas salafistas en 18 meses, [pero] no se prohibió la financiación extranjera de las mezquitas", dijo hace poco la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen. El objetivo de la financiación extranjera ha sido detallado por el expresidente del Partido Demócrata Cristiano, Jean-Frédéric Poisson, en su nuevo libro, L'Islam à la conquête de l'Occident. La expansión del islam en Occidente es parte de un plan estratégico desarrollado por los 57 estados que forman [la Organización de] Cooperación Islámica –una especie de Naciones Unidas musulmanas– que teorizaba sobre la propagación de la ley de la sharia en Europa", dijo Poisson en una entrevista este mes. "Declaraban abiertamente la ambición de instalar una 'civilización sustituta' en Occidente".

Sin embargo, va más allá del nivel cultural. Philippe de Villiers, político y ensayista próximo a Macron, recordó hace poco una expresión acuñada por su hermano, el general Pierre de Villiers, exjefe del ejército francés. El general De Villiers había advertido a Macron de una posible implosión en los volátiles suburbios parisinos: "los lados más oscuros de la Ciudad de la Luz". Según Philippe de Villiers, su hermano le había dicho a Macron: "Si se rebelan los suburbios, no seremos capaces de lidiar con ello, no podemos permitirnos hacer frente, no tenemos suficientes hombres".

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El felón Judas Sánchez contra el Supremo, la Nación y la Constitución
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  23 Diciembre 2018

Desde las abdicaciones de Bayona, por las que Fernando VII y Carlos IV entregaron cobardemente la corona de España a Napoleón, no existe en la bimilenaria historia de España una traición tan miserable, tan innecesaria, tan abyecta y de tan terribles consecuencias como la perpetrada este jueves por Pedro Judas Sánchez, alias Falconetti. Por lo menos, los dos reyes que rindieron la corona de España y las Indias al genocida francés claudicaban ante el primer ejército del mundo. Este felón cum fraude lo ha hecho ante una pandilla de mamarrachos racistas, de legendaria cobardía y que cobra cada mes lo que a los españoles nos quita el Gobierno, porque no tienen donde caerse muertos. Fernando VII, el Rey Felón, se rindió por cobardía. Judas Sánchez, el Presidente Felón, se ha rendido por puro vicio.

En una cuartilla, todas las traiciones
En sólo una cuartilla, el que no cabe considerar presidente legítimo, ni siquiera legal, del Gobierno del Reino de España, renunció a la soberanía del pueblo español, denigró al Tribunal Supremo que debe juzgar en un mes a los golpistas de 2017, redujo a escombros la imagen internacional de España renunciando al apoyo internacional ante el reto separatista, asumió que la "ciudadanía catalana" se limita a los golpistas, condenando así a los catalanes a la guerra civil y privando a los leales de la ayuda de su Estado. Si algún día, como sería deseable, se juzga a Judas Sánchez y a su infame Gobierno por alta traición, bastará la hojita perpetrada por dos lerdas, Batet y Artadi, la Noia de Falconetti y la Noia del Cocomocho, para condenarlos. He aquí el texticulillo íntegro, cuajado de memeces y todas ellas delictivas:

Tras la reunión celebrada hoy entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, y miembros de ambos gobiernos, se señala lo siguiente:
Coinciden en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña. A pesar de que mantienen diferencias notables sobre su origen, naturaleza o sus vías de resolución, comparten, por encima de todo, su apuesta por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana.

Por ello, y con el objetivo de garantizar una solución, deben seguir potenciándose los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica.

La vía del diálogo requerirá del esfuerzo de todas las instituciones, de los actores políticos y de la ciudadanía. Ambos gobiernos se comprometen a trabajar para hacerlo posible.

El engendro plebiscitario de Judas, Calvo y Batet
A las pocas horas de la infame nota, Calvo dijo en la radio que la "solución del conflicto" es una cosa que debe resolverse "entre catalanes", es decir, que los que no somos catalanes no pintamos ya nada en lo que se perfila como un plebiscito para liquidar nuestro Estado y nuestra Nación. Antes, genuflexo ante el catanazi Torra, que ahuecaba su voz de ratafía ante la flor marchita del empresariado favorable al golpe -adecuadamente presidido por un Sánchez Llibre, de la acreditada banda de Durán y Pujol-, el Presidente Felón se adentró en el entusiasmo alcohólico del mal bebedor y si no se morreó al modo de Breznev y Honecker o Iglesias y Domenech, con el que él mismo llamaba "fascista", sería porque a Torra no le apeteció. Pero proclamó la primacía absoluta del "diálogo" sobre la Ley, como si no se sintiera obligado por la Constitución que juró "guardar y hacer guardar".

Y es que, en rigor, no se siente atado más que a su ambición. Hará lo que sea -ya lo ha hecho- para estar todo el tiempo posible en la Moncloa, evitando las urnas hasta donde pueda. Y para ello, destrozará España por dentro y por fuera, hundirá a su Partido y colocará a la ciudadanía ante un conflicto civil tan innecesario como ineluctable. Le da absolutamente igual.

Sánchez es el elemento más amoral que ha padecido nunca la política española, Zapatero incluido, que ya es decir. Ni los asesinos de Viriato; ni el conde Don Julián, que abrió el Estrecho al Islam; ni el traidor Vellido Dolfos, hijo de Dolfos Vellido; ni el felón por antonomasia, Fernando VII; ni siquiera Juan Negrín, sicario de Stalin en la guerra civil, quisieron nunca destruir España: venderla, pignorarla, alquilarla, esclavizarla, sí. Cuartearla, despiezarla y desguazarla para siempre, no. Y eso busca Judas Sánchez, presidente ilegítimo de un Gobierno fuera de la Ley: instalarse en el poder mientras va entregando a los enemigos de España, trozo a trozo, el cuerpo del Estado y el alma de la nación, que es su unidad o comunidad política.
La moción de censura y la sombra de Vox

Libertad Digital ya ha pedido editorialmente que Casado y Rivera presenten de inmediato una moción de censura contra Sánchez que brinde al PSOE la oportunidad de deshacerse del que, con toda probabilidad, será su verdugo en las elecciones municipales, autonómicas y generales: el letal pacto con los separatistas que coloca definitivamente al PSOE fuera de la Constitución y contra la nación a la que, en principio, debería representar. Lo de menos es sumar escaños. Lo esencial es retratar a Sánchez ante la opinión pública nacional como lo que ha elegido ser: el cabecilla del Golpe.

Si Rivera, por un proyecto de Poder puramente personal, prefiere cargarse a Ciudadanos como Sánchez al PSOE, allá él. Casado tiene la obligación de exponer ante la opinión pública la gravedad de la situación y hacer que Rivera elija entre un PSOE imaginario que, con el PP, lo haría presidente, o el de verdad: el que ha entregado España a sus enemigos, el que quiere liquidar a plazos o por entregas el Estado que debería defender. No nos basta que ambos denuncien que Sánchez ha entregado la soberanía nacional. Queremos que ellos hagan algo para defenderla, y ese algo no puede ser esperar a las elecciones de mayo. Para entonces, a buena parte de sus electores, sólo les quedará VOX. Y no tengan duda de que lo votarán.

El cómplice blanqueado
Cervantes era tan catalán como Companys respetable
Hermann Tertsch ABC  23 Diciembre 2018

El Consejo de Ministros del Gobierno del doctor Pedro Sánchez decidió el viernes pasado la anulación del juicio y la consiguiente condena a muerte de Lluís Companys, ejecutado por alta traición el 15 de octubre de 1940. En su declaración, el Gobierno de Sánchez proclama el «reconocimiento personal» y la «restitución de la dignidad» de Companys como presidente de la Generalitat. No sabemos si en algún próximo Consejo de Ministros, este Gobierno va a anular también el golpe de Estado contra la República perpetrado por Companys en 1934. Quizás Sánchez anule directamente los asesinatos, unos 8.000, cometidos por Companys y sus secuaces de ERC, muchos de inmensa brutalidad contra inocentes, incluidos religiosos torturados hasta el martirio. Habrá quien diga que sería un disparate que Sánchez se lanzara a anular muertes. Cosas igual de raras estamos viendo.

El Gobierno español muestra su mucho respeto y consideración al golpista y caudillo de bandidaje pistolero que tanto ayudó a hundir a la II República. Y muy poco respeto a sus víctimas. Fue una desgracia que fuera Franco quien fusilara a Companys. Porque habría sido una suerte para Cataluña y toda España que lo hubiera fusilado la República. Habría hecho así más por salvar la República que todas las ayudas comunistas internacionales después. La falsificación de la historia como instrumento de quienes se dicen herederos de las fuerzas totalitarias que perdieron la guerra civil ya alcanzaba niveles grotescos antes de la lamentable irrupción del doctor Sánchez en la historia de España. Las leyes de Memoria Histórica no son sino un mecanismo totalitario para aplastar la crítica, la discrepancia y la verdad del pasado y del presente.

Ahora adquiere tintes psicopáticos en quienes, obsesionados por el poder, parecen abducidos por la querencia de la catástrofe. Y nos la acercan día a día con su desprecio a la ley, a las instituciones y a los españoles. El Gobierno enaltece a un golpista y criminal de antaño para blanquear a los golpistas de ahora, algunos a punto de ser juzgados por sus crímenes. Se pliega así a la colaboración con los enemigos del Estado en pleno golpe. Y reincide así en el error -y probablemente en el delito-, que tan caro costó a la República y que llevó a España a la guerra.

Los socialistas de Sánchez parecen decididos a unir su suerte a la Generalidad golpista. Allá ellos. Pero deberían ser más creativos y decretar directamente que la guerra la perdió Franco. Y que la ganó un Frente Popular que destruyó España ya entonces. Por lo que Cataluña, Baleares, Valencia, Aragón y hasta Murcia son parte del estado catalán rojifascista y militarizado. El País Vasco es un estado libre gobernado por druidas en regresión al medievo y el resto de lo que fue España es un territorio que gobierna Sánchez con unas ONG comunistas dedicadas a aclimatar africanos como mano de obra barata para países ricos del norte por encargo de una de las filiales de Soros y Asociados. Si ordena Sánchez a las huestes mediáticas frentepopulistas difundirnos ese estado de cosas, mentirían menos que ahora.

España sin Gobierno
Alejo Vidal-Quadras. vozpopuli 23 Diciembre 2018

A la hora de derrotar a los enemigos de la Nación es esencial saber distinguirlos. Si los confundimos con simples transgresores de la legalidad, no estaremos en condiciones de evitar que acaben con nosotros y nos arrebaten lo que somos, lo que tenemos y lo que esperamos lograr en el futuro

Una de las obligaciones primordiales del Poder Ejecutivo es defender a la Nación de sus enemigos, que pueden ser exteriores o interiores. Estas fuerzas hostiles merecen este apelativo, el de enemigos, por proponerse destruir nuestra democracia, nuestra prosperidad y nuestras libertades, porque su propósito es arruinarnos, liquidar nuestras instituciones y privarnos de nuestros derechos. La delincuencia común o el terrorismo se combaten con las leyes ordinarias debidamente aplicadas por jueces y fiscales y la acción de la Policía, la Guardia Civil y el CNI. Los ladrones, los asesinos, los defraudadores, los yihadistas, los narcotraficantes y los proxenetas son criminales, criminales comunes, y no alcanzan la categoría de enemigos de la Nación. Se les neutraliza con medios “normales” que son suficientes para detectarlos, detenerlos, llevarnos a los tribunales y meterlos en la cárcel.

A la hora de derrotar a los enemigos de la Nación es esencial saber distinguirlos. Si los confundimos con simples transgresores de la legalidad, no estaremos en condiciones de evitar que acaben con nosotros y nos arrebaten lo que somos, lo que tenemos y lo que esperamos lograr en el futuro. Si un tipo afirma que nos considera bestias con forma humana y que nuestro ADN sufre una alteración, que Cataluña es republicana y que nuestra Monarquía parlamentaria le es ajena, que quiere separar a Cataluña de España sustrayendo a sus ciudadanos su condición de españoles y de europeos y que para materializar tan siniestro fin está dispuesto a ejercer la violencia al frente de miles de vándalos fanatizados, y todo ello financiado con nuestro dinero, no nos encontramos ante un mero delincuente, nos enfrentamos a un enemigo mortal.

En Cataluña no hay un conflicto político, como estúpidamente ha aceptado el Gobierno de Pedro Sánchez en el comunicado conjunto que ha emitido con el de Quim Torra. El Presidente de la Generalitat, que lo es gracias al ordenamiento constitucional español y al presupuesto del Estado español, no es un adversario electoral con el que se puede y quizá se debe negociar, es un enemigo al que hay que vencer. No hay espacio de diálogo posible con semejante energúmeno, en primer lugar porque su ideología totalitaria, racista y liberticida le descalifica como interlocutor de un Estado democrático y en segundo porque sus pretensiones y la forma en que se propone hacerlas realidad quedan fuera del marco de un debate civilizado. Este desenfoque conceptual sólo traza un camino, el del fracaso y el colapso de la Nación.

Al tratar a los separatistas, que ya han ensayado un golpe inconstitucional y violento y que persisten en la misma línea, como interlocutores válidos dentro de los procedimientos habituales de la confrontación política en una democracia pluralista, lejos de apaciguar la guerra que nos han declarado sin motivo ni razón, les estamos proporcionado las herramientas para que la ganen. Cuando el Gobierno legítimo de la Nación ha de ser protegido por nueve mil agentes de los cuerpos de seguridad del Estado -los Mossos también reciben su salario, sus armas y sus equipos del contribuyente español- para poder celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona mientras la ciudad es sumida en el caos por hordas de enmascarados agresivos que amedrentan a la población y golpean a periodistas, entonar seráficos cantos al entendimiento y al pacto es peor que una manifiesta idiotez, es una cobardía repulsiva. El separatismo golpista catalán es un enemigo de la Nación y ocultar o negar por oportunismo o por conveniencia personal esta palpable verdad equivale a colaborar con él, es decir, a cometer traición.

El Presidente de la Generalitat, que lo es gracias al ordenamiento constitucional español y al presupuesto del Estado español, no es un adversario electoral con el que se puede y quizá se debe negociar, es un enemigo al que hay que vencer

Desde el 3 de Agosto de 1808 en Bayona, fecha y lugar aciagos en los que dos reyes indignos entregaron España al invasor extranjero, no habíamos asistido a un espectáculo más bochornoso que el reflejado por esa foto repulsiva de una cumbre en la que posan en pie de igualdad el Gobierno que en teoría nos representa con el que nos ha anunciado que nos va a borrar del mapa en cuanto tenga la ocasión.

La conclusión de la malhadada excursión de Pedro Sánchez y sus ministros/as a la Ciudad Condal es que España carece de Gobierno y que el grupo de polichinelas que funge como tal ha decidido entregarla a las fauces de los que pugnan por devorarla con tal de sobrevivir en su simulacro unos pocos meses más. El Rey y las togas no podrán sostener indefinidamente la unidad nacional y el imperio de la ley sin un Legislativo y un Ejecutivo que cumplan con su función. Únicamente un cambio de mayoría en el Congreso tras las próximas elecciones generales nos dotará de un Parlamento y un Gobierno capaces de abordar la rebelión en Cataluña con la contundencia y la decisión requeridas. La pregunta inquietante es si llegaremos a tiempo. Feliz Navidad.

Traición a España
Antonio Burgos ABC  23 Diciembre 2018

Tuvo que ser así. Seguro que el Barsa tuvo que cederle a Messi al gobierno autonómico catalán de Torra por un par de días. De otro modo, sin Messi, no se explica la goleada que el separatismo catalán le ha metido a Sánchez y, lo que es peor, a la dignidad de España. Un «hat-trick» sin ninguna necesidad. La reunión del Consejo de Ministros en Barcelona ha sido uno de los hechos más prescindibles de la más reciente Historia de la Infamia. Se atribuye a Helenio Herrera lo de ganar los partidos sin bajarse del autobús. Lo de Sánchez fue peor: tenía ya perdido este partido sin bajarse del Falcon. Ha sido la demostración de dónde nos puede llevar el ego de un siniestro personaje que hemos de padecer hasta que no tenga más remedio que convocar elecciones. El planteamiento era de locos. Hagamos una traslación de lugar, para que comprendan aún más la indignidad a que se ha prestado el Gobierno. ¿Se imaginan que para reunirse en Cáceres el Consejo de Ministros tiene que ir con un despliegue de diez mil policías por delante? ¿Cómo es esto de que el Gobierno de España no pueda reunirse sin un despliegue policial excepcional y con la paralización de toda una ciudad en un territorio de este Reino cual Cataluña? Nada más que el hecho de emperrarse en celebrar ese Consejo de Ministros para absolutamente nada, para presumir no sé de qué, sabiendo cómo iba a rodar todo, era ya lo que mejor que yo pueda ha calificado Pablo Casado: «Una traición a España».

Mire usted, señor Sánchez: si tiene dignidad o si le quedan al menos indicios de ella, no puede acudir a Barcelona como si fuera el presidente de un Gobierno extranjero, ni prestarse a ser recibido como tal. Ni mucho menos reunirse con unos señores que llevan el dichoso lazo amarillo que proclama que los políticos golpistas encarcelados por sedición y rebelión son «presos políticos». Usted, al sentarse con ellos de igual a igual, con esos colgajos deleznables en sus solapas, estaba no sólo ofendiendo a los españoles, sino a los catalanes que defienden allí, a pie de obra, tragando quina, la Constitución y la Unidad de nuestra nación, frente a las locuras teledirigidas por el cobarde prófugo desde Waterloo.

Los lamentables hechos de Sánchez hocicando ante los separatistas en una Barcelona tomada por la Policía y fastidiando el trabajo y los desplazamientos de miles de ciudadanos has recordado a Carlos del Barco a aquel sanluqueño presidente de la Cofradía de Pescadores de Bajo de Guía y que en una visita de Leopoldo Calvo Sotelo camino de unas vacaciones en Doñana, le dijo:

-Mire usted, don Leopoldo, de presidente a presidente le digo que...

Sánchez tenía que haber tratado a Torra como lo que es: presidente de la Cofradía de Pescadores en el Río Revuelto del Independentismo. Ese es el único «de presidente a presidente» que la dignidad nacional admite. Y no convertir la degradante visita en un quítame allá esas macetas con flores amarillas y ponme esta flor de Pascua de color rojo.

¿Y el lenguaje? Como en los días de plomo ante la ETA, hemos perdido por culpa de Sánchez la batalla del lenguaje ante los separatistas catalanes. Ya no hay ni rebelión, ni sedición, ni golpe de Estado, ni incumplimiento de la Constitución, no: ahora es «conflicto catalán». Como tampoco hay Constitución, y mucho menos artículo 155: ahora es «seguridad jurídica». Ese lenguaje separatista lo ha asumido el Gobierno. Cuando Sánchez tenía que haber empezado por decir lo que el mozo de escuadra constitucionalista le espetó al guarda forestal que con las hordas del CDR se manifestaba en las algadas barcelonesas contra España: «¿Qué república ni república? ¡La república no existe, collons!». Lo que sigue existiendo, a pesar de la indignidad de su presidente, es la unidad constitucional de España.

Hacia un 155 de, al menos, ocho años
Pedro J. Ramírez elespanol 23 Diciembre 2018

Con la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, Sánchez pretendía transmitir, por un lado, una imagen de normalidad institucional, asentada en el diálogo con la Generalitat, y, por el otro, una sensación de estabilidad política que aventara el fantasma de las elecciones anticipadas. En uno y otro ámbito, le ha salido el tiro por la culata.

Los españoles asistimos, primero, con estupor, a un tira y afloja, de más de una semana, para que se consumara algo tan simple como el encuentro de rigor con el presidente de la comunidad autónoma a la que se desplaza el jefe del Ejecutivo. El estupor se fue trocando, después, en indignación, al comprobar cómo Sánchez iba cediendo en todos los detalles protocolarios, hasta permitir que se escenificara una cumbre bilateral entre los gobiernos de dos entes soberanos enfrentados, como pretendía Torra.

Y mucho peor aún que las formas, ha resultado ser el contenido. Todo reproche de la oposición, incluida la palabra "ignominia", se queda corto tras la lectura del comunicado pactado por ambos. Como en el caso vasco, en los peores momentos de debilidad frente a ETA, Sánchez ha asumido formalmente el término "conflicto" para referirse a la sistemática vulneración de la legalidad por las autoridades autonómicas. Y, a continuación, se ha comprometido a impulsar "una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana".

Cuesta creerlo. Después de todo lo sucedido, volvemos al disparate del "lo que venga de Cataluña" de Zapatero, con el agravante de que ya ni se habla de "Estatuto", ni siquiera se hace referencia alguna a la Constitución o la soberanía nacional. Este concreto marco legal, en vigor desde hace cuarenta años, fruto del impulso y aval constituyente de casi veinte millones de españoles, incluida una abrumadora mayoría de catalanes, es sustituido por una vaga referencia a la "seguridad jurídica", que perfectamente encajaría con las Leyes de Desconexión, tal y como fueron diseñadas y aprobadas por el Parlament.

La Constitución podrá ser un "sobreentendido", como alegó torpemente la portavoz Celaá, cuando se reúnen dos partes que la honran y respetan. Aceptar esa elipsis, ante quien ha demostrado de palabra y obra su propósito de desacatarla, es simplemente rendirse.

En lugar de reprochar a Torra su apuesta por la vía eslovena o sus reiteradas incitaciones a los CDR a practicar la violencia, por no hablar de sus secreciones racistas anteriores, Sánchez ha ido a Barcelona a blanquearle, asumiendo con él la promesa, en comandita, de "avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña". ¿Cómo no van a deducir los separatistas, de estas temblorosas palabras, que la consecución de la independencia es una mera cuestión de acumulación numérica?

¿A qué llama Sánchez "un amplio apoyo en la sociedad catalana"? ¿A que la independencia no solo gane en escaños, sino también en votos? ¿A que llegue al 60%? Mientras los promotores de la secesión controlen los medios de comunicación y la enseñanza, bastará un poco más de tiempo para ello.

Por otra parte, todas las encuestas reflejan ya ese "amplio apoyo" en favor de un referéndum de autodeterminación. ¿Está sugiriendo Sánchez la posibilidad de abrir esa vía, tal y como propone Pablo Iglesias, arrebatando al conjunto de los españoles la capacidad de decidir sobre el futuro de una parte de España?

La asunción de esta retórica perfora el periostio de la soberanía que protege a todos y cada uno de los huesos que componen armónicamente el indivisible esqueleto del Estado. Si aceptamos que la tibia derecha o la parte de la caja torácica a la izquierda del mediastino puedan irse por su propia voluntad, el conjunto del cuerpo social colapsará.

Ese es, de hecho, el propósito de las fuerzas revolucionarias que convergen con los separatistas, hasta el extremo de manifestarse juntos, bajo el lema podemita de "tumbemos el régimen del 78". Si aspiraran simplemente a la separación pacífica de Cataluña, ¿qué más les daría cuál fuera el "régimen" que conservara el resto del Estado? Es obvio que el propósito final es la destrucción de la España constitucional, fruto de cinco siglos de Historia, en un proceso de balcanización, todo lo violento que haga falta.

Basta imaginar lo que hubiera ocurrido en las calles de Barcelona el viernes, si Torra hubiera ordenado a los Mossos ponerse del lado de los CDR. Algo que, probablemente, ocurrirá el día que la rendición a plazos de Sánchez deje paso a un Gobierno con otra política más firme. No olvidemos que el pretexto del 6 de octubre del 34 fue la entrada de ministros de la CEDA en el gabinete de Lerroux.

Estos días, vuelve a circular por las redes sociales la pregunta que hice a Zapatero en 2006 en la Moncloa: "¿Se sentirá responsable si dentro de diez años Cataluña inicia un proceso de ruptura con el Estado?". El foco se pone en su respuesta, como ejemplo de profecía equivocada: "Dentro de 10 años, España será más fuerte, Cataluña estará más integrada y usted y yo lo viviremos". Es verdad que él no contaba con la sentencia del TC que tumbó el Estatut -como, en mi opinión, no podía dejar de suceder-, pero lo cierto es que sólo la tercera aseveración se ha cumplido felizmente.

La diferencia es que, así como sólo los más obtusos o peor pensados dudan de la motivación idealista de Zapatero -empeñado ahora en redimir a los golpistas del 1-O-, el oportunismo egocéntrico de Sánchez salta a la vista. Si da alas al separatismo, es porque la aritmética del parlamento le convierte en rehén de sus votos. Y ha quedado claro que, con su amago de triple advertencia epistolar de hace unos días, sólo buscaba capitalizar el miedo al vuelco político, augurado por Andalucía, y obligar a Torra a utilizar a los Mossos para proteger el Consejo de Ministros.

Seguimos, pues, en su "plan A", consistente en alargar la legislatura cuanto sea posible, manteniendo la expectativa de que PdeCat y ERC puedan terminar apoyando el Presupuesto, igual que han hecho con el techo de gasto. Si, entre tanto, cuaja un pacto de centroderecha en Andalucía, supeditado a los escaños de Vox, ya tendrá servido el relato para intentar movilizar a la izquierda y el nacionalismo contra la "extrema derecha" españolista.

Queda la doble duda de hasta cuándo los separatistas mantendrán las formas, mientras se desarrolla un juicio que, probablemente, acabará en severas condenas, y hasta cuándo los barones socialistas seguirán aguantando una estrategia que erosiona, a ojos vista, sus posibilidades de cara a las autonómicas y municipales de mayo. Es normal que la mera hipótesis de un superdomingo electoral, en el que todo quede dominado por el ajuste de cuentas con el entreguismo de Sánchez, les quite el sueño.

El balance final que el presidente hace de las elecciones andaluzas se parece bastante al de Franco tras el asesinato de Carrero: no hay mal que por bien no venga. Con el nada desdeñable matiz de que se trata de un mal que, además, le produce una satisfacción íntima. Sólo le falta bailar sobre la imaginaria tumba de Susana Díaz. Pero ni el asesinato del Almirante permitió a Franco detener el ocaso de su régimen, ni el miedo de la izquierda al auge de Vox camuflará la indignación nacional contra el PSOE por la nefasta política catalana de este Gobierno.

Máxime, cuando ni siquiera sus más activos voceadores -el último de ellos Sánchez Llibre, que acaba de pasar del pesebre de Unió a los villancicos de Fomento o viceversa- creen que un "diálogo", oficiosamente asumido ya como "de besugos", pueda ser fructífero. Sólo los muy tontos pueden ignorar que ni los separatistas tienen voluntad de buscar un punto de encuentro ni Sánchez capacidad alguna de concretarlo.

Antes o después, tendrá que producirse un desenlace y la única alternativa que quedará a la destrucción del Estado constitucional será la aplicación, sin remilgos, de los resortes legales para poner término a la deslealtad de la Generalitat. Un amigo catalán, tan simpatizante del PSC como consciente de la esterilidad de la vía contemporizadora de Iceta, me daba el otro día su receta en Barcelona: "Un 155 de ocho años de duración". O sea, dos legislaturas completas durante las que la autonomía esté suspendida, o al menos, intervenida, para que se produzca la desintoxicación de la sociedad catalana y el nacionalismo regrese a su cauce posibilista.

A quienes empiecen a echarse las manos a la cabeza, cabe recordarles que el Reino Unido ejerció el gobierno directo del Ulster desde 1972 hasta 1998 y que, tras los acuerdos de Viernes Santo de ese año, suspendió cinco veces la autonomía, en un caso, durante casi un lustro. Todo eso sucedió, con gobiernos tanto laboristas como conservadores y nadie cuestionó la legitimidad de la democracia británica.

El principal requisito de esta gran operación de Estado sería pues su carácter transversal, fruto de un gran acuerdo entre los tres grandes partidos nacionales que defienden la continuidad del modelo autonómico. Una mayoría de centro derecha, reforzada por Vox, que no contara con el PSOE, carecería del margen político necesario para ir más allá de una estéril, e incluso contraproducente, intervención puntual.

La quimera de que la suma de la derecha acomplejada con la savia nueva de la derecha sin complejos bastaría para enderezar la situación, encallaría pronto en una dinámica frentista que, a medio plazo, sólo favorecería a los separatistas. En cambio, un acuerdo entre PP, Ciudadanos y PSOE que, como ocurrió con el Pacto Antiterrorista, trascendiera a quién estuviera en el gobierno y quién en la oposición, daría estabilidad a lo que tendría que ser una hercúlea labor de reinserción de Cataluña en la España constitucional.

Cuanto suceda, a partir de ahora, en cualquier tablero político debería tener en cuenta ese imperativo nacional. Es muy importante, en concreto, en aras de la alternancia, desalojar al PSOE del poder al que parecía estructuralmente adherido en Andalucía. Pero Casado y, sobre todo Rivera -por su centralidad- deberían encontrar la forma de hacerlo compatible con la forja de ese gran consenso en el que Susana Díaz, con posiciones inequívocas al respecto, puede y debe jugar un papel esencial. Contar en estos tiempos de fragmentación, y en sus horas más bajas, prácticamente con el 30% del apoyo de la comunidad más poblada de España es una dote que, hoy por hoy, ningún líder autonómico puede superar.

En la perpetua querella entre pedristas y susanistas, siempre he simpatizado con la audacia del outsider. Ahora, las tornas se han invertido y es ella quien parece a punto de ser destruida. Alguna culpa tendrá en lo que le pasa. Pero antes de aplaudir a quien pueda darle el golpe de gracia y apresurarse a escribir su obituario, toca preguntarse qué sería lo más conveniente de cara a librar "un combate inmisericorde, contra el cáncer del separatismo catalán, por la vía de la política, la ley, la cultura y, sobre todo la verdad".

Porque, ojo, esto no lo ha dicho algún dirigente de Vox en uno de los brindis de los Tercios de Flandes. Tampoco algún líder del PP o de Ciudadanos en el éxtasis de un mitin. Esto lo ha dicho, el viernes, el presidente y líder del PSOE de Aragón, Javier Lambán, ante las Cortes de Zaragoza, al referirse a la "bilateralidad" y las "transacciones con el separatismo", reflejadas en el comunicado suscrito el jueves por Sánchez y Torra.

Sánchez deserta de España
FRANCISCO ROSELL El Mundo  23 Diciembre 2018

En noviembre de 1980, el entonces jefe de la oposición y promotor de la primera moción de censura en democracia, Felipe González, exigió la dimisión del presidente Suárez, en estos taxativos términos: "El país es como un helicóptero en el que se están encendiendo todas las luces rojas a la vez". Pese a la natural tendencia andaluza a hablar con hipérboles, pronto se vería que no era tal. González empleaba una metáfora ajustada a la gravedad de aquel turbulento momento. Tras asistir este jueves a La rendición de Pedralbes, como tituló EL MUNDO, aquella imagen resulta cabal para describir los derroteros de España tras la deserción de Pedro Sánchez de su primer deber como presidente.

Su falta de decoro le hace merecedor de una tentativa como la que promovía González en aquellos días de vértigo. En esta hora crítica, el presidente del PP, Pablo Casado, tiene la oportunidad, al disponer de los escaños precisos, a diferencia de Albert Rivera, de presentar una moción de censura contra Sánchez, aunque no prospere. Pero su testimonio puede suponer un aldabonazo contra la deriva suicida de un presidente que, en menos tiempo que Zapatero, puede producir mayores desastres en el terreno político y económico.

Desgraciadamente, como España no es Gran Bretaña, donde la negociación del Brexit ha levantado a los tories contra May, el clamor de protestas dentro del PSOE quedará en nada. Si acaso luego, para salir mejor librados del juicio de la Historia, habrá discrepantes que contarán, como Bono en sus memorias, que presentaron su dimisión o disintieron en diferido, como arguye que hizo el ministro de Defensa de Zapatero a raíz del Estatuto catalán.

No es para menos al ver como el doctor Sánchez, ¿supongo?, tras negarlo más veces que el santo de su nombre negó a Jesús, le ha entregado al independentismo la oprobiosa foto que ambicionaba: una aparente cumbre entre dos Gobiernos, sin prelación y al mismo ras. En definitiva, aparentan ser dos Estados que negocian a la par metiendo incluso en agenda el derecho de autodeterminación y la situación de los presos golpistas. Sin pararse en barras, el jefe del Gobierno suscribió una carta de capitulación escrita en el lenguaje del secesionismo que formula un "conflicto" entre Cataluña y España, y borra de un plumazo cualquier referencia a la Constitución. Como si quedara derogada de facto allende de Aragón. De hecho, en las vísperas del trashumante Consejo de Ministros, el Parlament declaró por su cuenta y riesgo "antidemocrática" una Carta Magna votada en referéndum con un nivel de participación y asentimiento que jamás alcanzó ningún Estatuto catalán.

Pero la felonía de Sánchez ha ido más allá al abonar implícitamente el fraudulento relato que ha amasado el soberanismo de un "conflicto" entre un Estado represor, de pulsiones retrofranquistas, y una unívoca comunidad pacífica que aspira al derecho a decidir, por lo que únicamente cabe en lógica una salida política. Al haberse dejado dominar por el independentismo, como se advierte en el conocido el pasaje de A través del espejo, de Lewis Carroll, éste puede hacer que las palabras signifiquen lo que ellos quieren en cada momento. No en vano, en un mundo en el que la representación de la realidad acostumbra a suplantar a la realidad misma, el control de los significados de las palabras revierte más importante, si cabe, que disponer de hegemonía parlamentaria.

Desde esa rampa de lanzamiento, Sánchez ha propulsado un obús contra la línea de flotación del juicio del 1-O y agrieta la acusación de la Fiscalía en provecho de las defensas de los incriminados. Después de sugerir un indulto por anticipado y de descabalgar al abogado del Estado, que no se dejó enmendar la plana por las conveniencias y apaños del Gobierno, no se había visto un gesto tan ostensiblemente impúdico de Sánchez. Primero legitima el golpe con su moción de la mano de quienes lo ejecutaron o favorecieron, y ahora lo legaliza de hecho con su sumisión. Es como si los nacionalistas no sólo dispusieran de la suerte de España, precipitando su agonía, sino de impunidad sobre sus delitos y crímenes. Tanto si roban, como Pujol hizo a manos llenas, como si protagonizan golpes de Estado.

El soberanismo, tras el fiasco de la declaración unilateral de independencia, es rescatado estúpidamente para que reincida en la rebelión tan pronto se presente la oportunidad. Sólo engañan a quienes quieran engañarse o engañar a los españoles.

Por eso, Sánchez sólo allana el camino a quienes debiera poner freno. Éstos obran seguros de que, en caso de revés, se le pondrán paños calientes. Entre tanto, el Gobierno abandona a su suerte a esa Cataluña silenciada que se movilizó audazmente siguiendo la estela del brillante discurso del Rey en el que apeló a que los poderes del Estado mantuvieran el orden constitucional, al igual que su padre hizo aquel histórico 23-F de 1981 frente a la asonada militar del teniente coronel Tejero.

Retomando la querencia de Zapatero a firmar acuerdos «¡como sea!» -revelada por un indiscreto micrófono mal apagado en la Cumbre Euromediterránea de Barcelona de 2005-, quien parece un aventajado alumno suyo confunde valentía con temeridad. Como evidenció el president Torra en el fervorín que se largó en la cena empresarial que prolongó la cita del Palacio de Pedralbes, su insensatez sólo le traerá deshonor y envalentonará a un separatismo que le ha tomado la medida a quien hace rehén de sus votos.

El PSOE, arrastrado por el PSC, reanuda la senda emprendida hace 15 años por Maragall y su tripartito. Al reemplazar a Pujol, el otrora alcalde cosmopolita de la Barcelona del 92 trocó en más nacionalista que los nacionalistas. Promovió una reforma estatutaria que ni los pujolistas reclamaban y excitó una despendolada carrera de las tribus nacionalistas. Ello desenfrenó a una CiU que se despojó del moderantismo del peix al cove (pez en la cesta) para tirarse de cabeza a la secesión.

Hasta ese instante el negocio no era la independencia, sino el independentismo. No es que no quisieran ser españoles, aunque hicieran mohines de desprecio y blasonaran de lo contrario, sino serlo de privilegio. Como esos patriotas gibraltareños que parasitan España y viven a costa de Gran Bretaña, al tiempo que encuentran reconocimiento internacional, aunque sea de la UEFA. De siempre, todo el afán nacionalista se consumió en fingir peligros y crear conflictos imaginarios.

Tras la humillación del Gobierno bajo las horcas caudinas de un independentismo, Sánchez evoca a aquel párroco que derramaba lágrimas de emoción con el supuesto quijotismo e hidalguía de un pícaro del calibre de Guzmán de Alfarache. Logró engatusarlo con tal fingida santidad que incluso gratificó al rufián por sus hurtos. A este respecto, el doctor Sánchez, ¿supongo? ha sido alondra hacedera de atrapar en la red de artimañas de Quim Torra, como el eclesiástico cayó en las del personaje de Mateo Alemán.

Así, aquel malandrín sevillano cogió una talega y metió en ella parte de sus raterías, aleccionando a su madre para que memorizara cada una de las pertenencias. Dispuesto lo cual, marchó en pos del beatífico predicador. Tras presentarse como un pobre forastero sin nada que llevarse a la boca y presto a trabajar en cualquier cosa, le contó que había encontrado un fardo en la calle. "Quise ver -le explicó- qué tenía dentro y, cuando sentí ser dineros, la volví a cerrar con temor de mi flaqueza, no me obligase a hacer cosa ilícita". Rogó a su paternidad que la custodiara y que, en el sermón del domingo, diera publicidad al extravío por si apareciera su dueño. No fuera cosa de que lo precisara más que él. Al fraile sólo le faltó besarle.

Dando gracias a Dios por haber criado ese bienaventurado, le emplazó una semana en "que yo confío en el Señor que os ha de hacer mucho bien y merced". La homilía se le fue en encomiar la nobleza de aquel altruista, sujeto a tanta necesidad. Ello movió la compasión y los bolsillos de la feligresía. Al día siguiente, la madre de Guzmán acudió al templo e imploró al fraile que le devolviese la bolsa por ser suya.

Una vez le detalló lo que envolvía, el clérigo se la dio y ésta dejó una gratificación al anónimo bienhechor. Culminada la farsa, el pillastre visitó al siervo de Dios que, tras darle la novedad, le tenía listo un baúl con ropa para años y dinero, así como un jornal en casa de la mujer de un indiano. Guzmán concluyó campante: "No hay cosa tan fácil para engañar a un justo como santidad fingida en un malo".

Claro que, como admite el barón socialista García-Page, difícilmente se está en condiciones de combatir el independentismo cuanto tu Gobierno depende de sus votos. ¡Qué se lo pregunten al primer ministro belga Charles Michel! Hubo de presentar este martes su dimisión, tras retirarle el apoyo los soberanistas flamencos por respaldar el pacto migratorio de la ONU. Como consecuencia, Sánchez ha hecho todo lo que negó que haría, tras fabular con que su moción de censura contra Rajoy estaba libre de hipotecas.

Si a Guzmán de Alfarache su posterior sablazo a la mujer que lo contrató a instancias del burlado cura le costó su sentencia a galeras, conviniendo que ninguna fortuna es firme, no parece que Sánchez pueda poner en ese brete a Torra, a quien ya no dispensa el trato de "Le Pen catalán". Con tal de perdurar en el poder, está dispuesto a tributar vasallaje a quien dicta su suerte y lo tima.

La voluntad de Sánchez de perdurar a cualquier precio ha podido rebasar una línea de imposible retorno al afrentar a la milenaria nación cuya Presidencia ostenta. Carece de otro horizonte que no sea atrincherarse en La Moncloa. Ni siquiera la Constitución entraña un dique de contención. Tal descomedimiento actualiza aquel categórico artículo de Silvela de 1898, a los cuatro días de protocolizarse la pérdida de Cuba y Puerto Rico, donde censuraba acremente a quienes estaban dispuestos «a sacrificar la última peseta y derramar la postrer gota de sangre... de los demás». Antes como ahora son esos «varones ilustres» que aman la vanidad y van tras la mentira.

Vehicule Sánchez
ARCADI ESPADA El Mundo  23 Diciembre 2018

Mi liberada:

Es un ejercicio ya melancólicamente ocioso seguir adosando adjetivos al presidente Sánchez. Nada de interés puede añadirse a la somera calificación de "oportunista sin principios", tan neutra en relación al corte de cara del personaje que él mismo la aceptaría sin problema. El análisis de sus principios es ya materia de literatura de kiosko, pero no sucede lo mismo con el oportunismo. Para explicar su viaje a Barcelona se alude al propósito electoral como recurrencia: tratar de prolongar un año más su gobierno con la aprobación de los Presupuestos y consolidar la mayoría negativa que le permitió ser presidente para volver a serlo. No se sabe bien cuáles habrán sido los recíprocos compromisos con el Valido. Entre ellos los posibles indultos gubernamentales a los que puedan ser condenados por el Proceso. Pero lo que sí se sabe, y está escrito, es el comunicado conjunto que los dos presidentes dieron a conocer tras su reunión, la noche del jueves.

Como es norma en este tipo de encuentros el comunicado se hizo público después de la reunión, pero sería acordado mucho antes. De hecho se confirmaría que habría reunión cuando hubo acuerdo sobre el comunicado. Dado el carácter del presidente Sánchez parece una empresa cándidamente ociosa analizar lo que dice. Pero aun contando con que sus palabras están al servicio de la política, según doxa célebre del Adolescente, el comunicado cobra sentido porque a falta de cualquier hecho -los honores a Companys y Tarradellas son meras bromas políticas en la actual circunstancia catalana- ese texto es el único resultado de la reunión. Y es, también, secundario que el texto no diga nada. Lo que importa es lo que permite decir a los potentes adversarios políticos del Gobierno.

La primera conclusión alude al concepto cumbre gubernamental manejado con insistencia por la Generalidad en los días previos, y al que el Gobierno se resistía por el carácter de doble soberanía que insinúa. Si esa doble soberanía pasa de lo simbólico a lo real algún día, la autodeterminación será una evidencia. La Generalidad debe de pensar que por algo se empieza, si bien es verdad que llevan 300 años empezando. El inicio del comunicado es, en este sentido, inequívoco: "Tras la reunión celebrada hoy entre el Presidente del Gobierno de España y el President de la Generalitat de Catalunya y miembros de ambos gobiernos". Así pues, solo hubo una reunión y fue una cumbre. Se entenderá perfectamente si doy una hipótesis de frase alternativa: "Tras las reuniones celebradas hoy entre el Presidente del Gobierno de España y el President de la Generalitat de Catalunya, y entre miembros de ambos gobiernos". La segunda concesión del Gobierno es la palabra conflicto. Bien es verdad que es una palabra antibiótica, de amplio espectro. Pero en España y en la dialéctica con el nacionalismo, conflicto será siempre la palabra con que los terroristas de ETA expresaban la legitimidad de su lucha. Es una mala palabra, que asume la piedra de toque nacionalista: la insuficiencia de la democracia española para resolverlo. El párrafo siguiente contiene la palabra vehicule y ésa sería razón más que legítima para ignorarlo y seguir adelante. Sin embargo hay que joderse y levantarlo a pulso, porque el Gobierno comparte con la Generalidad "su apuesta por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo", etc. Otra vez se trata de una carta marcada. La aparente inanidad de la frase se contrarresta con la evidencia de que propuesta política y amplio apoyo son sintagmas nacionalistas que aluden al derecho de autodeterminación, apoyado según sus cuentas por el 80% de la población catalana y rechazado según las mías por el 80% de la población española. Algo parecido se puede decir de la médula del párrafo siguiente cuando se cita la "respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña". Aunque lo verdaderamente hiriente para un gobernante responsable es la presencia del verbo previo avanzar. "Avanzar en una respuesta democrática" firmó el jueves el presidente Sánchez, asumiendo que esta respuesta democrática no se estaba dando y haciendo bueno otro de los mantras nacionalistas: que el Estado español debe pasar (avanzar) de su actual configuración no democrática a otra verdaderamente democrática que dé respuesta a las aspiraciones del llamado pueblo catalán. La respuesta, continúa el comunicado, debe darse «en el marco de la seguridad jurídica". El marco es ciertamente intempestivo. Solo faltaría, podría argüir cualquiera. La seguridad jurídica es, latinajeando, lex praevia, scripta, stricta et certa, que asume interpretaciones previsibles por parte de los tribunales. Una Constitución, por así decirlo. Y en el comunicado el eufemismo seguridad jurídica atenúa a Constitución, de modo que el presidente Sánchez no es que no firmara nada del otro jueves el jueves: firmó que la solución al conflicto no pasa por la Constitución, sino por una Constitución atenuada en lo que aquí interesa. El interés del párrafo final está en instituciones: "La vía del diálogo requerirá del esfuerzo de todas las instituciones". Así debe ser, según lo que la Generalidad le dio a firmar al presidente Sánchez. Instituciones son, antes que cualquier otra cosa, los jueces, aunque nuestro Rey tampoco debería sentirse ajeno e ignorante al toque.

Hasta aquí el análisis. Y mi insistencia en que la naturaleza juncal de nuestra vedette le permitiría firmar mañana cualquier otro texto antagónico sin quebrarse. Pero al mismo tiempo la certeza de que este consolida hipérboles tan cromáticas como la que utilizó el diario donde te echo las cartas: "La rendición de Pedralbes", que dicho sea de paso no es mal lugar donde rendirse. Dado el resultado del viaje a Barcelona, la pregunta no es si Sánchez va a destruir el Estado democrático, asunto imposible para la talla de hombre implicada, sino cómo es posible que se haya inclinado con tanta facilidad por la destrucción del Psoe. En España hoy a Pedro Sánchez lo votarían un par de columnistas del diario La Vanguardia a los que no cito por caridad -tendrán que seguir viviendo y disimulando luego- y tal vez su director, siempre que el presidente se avenga al pronto pago. España se encamina hacia el escenario francés pre-Macron: una extrema derecha pujante (Le Pen-Vox), una derecha insuficiente (Fillon-Casado), una extrema izquierda amarilla (Mélenchon/Iglesias-Puigdemont y asociados), un socialismo testimonial (Hollande-Hamon/Sánchez) y un núcleo racional triunfante (Macron-Rivera). El análisis requiere de dos matizaciones. La primera es que ese reparto se produciría sin los taxativos beneficios de una ley electoral mayoritaria como la francesa, lo que quizá obligase a incómodos acuerdos con los restos del viejo mundo naufragado. La segunda matización es la importante: que eso es lo que quiero yo, absoluta e innegociablemente.

Sigue ciega tu camino. A.

Esto lo arreglaba yo enseguida
El peligro más preocupante que se cierne sobre Cataluña y, por extensión, sobre España es la cronificación del conflicto. Y eso se resuelve con mucha paciencia y un proyecto de futuro
Manuel Cruz elconfidencial  23 Diciembre 2018

Uno de los incuestionables éxitos del independentismo catalán ha sido el de contagiarle a la política española su gusto por las jornadas históricas o, en su defecto, por las fechas trascendentales. Ocurrió durante la semana que ahora termina, en la que estuvimos en un sinvivir, pendientes de lo que pudiera ocurrir en Barcelona el viernes, con ocasión de la celebración allí del Consejo de Ministros. Alrededor de lo que terminara por pasar ese día en las calles de la ciudad parecía dilucidarse el futuro inmediato de España, hasta el punto de que no faltaron analistas que hicieron depender la aplicación del 155 y la inmediata convocatoria de elecciones generales del grado de control sobre los manifestantes más exaltados que demostraran los Mossos d´Esquadra.

Enseguida (esto es, desde el comunicado conjunto entre los dos gobiernos tras el encuentro del jueves por la noche) se pudo comprobar que los augurios más catastrofistas no se iban a cumplir. Pero fue el modo en que iba informando TV3 del transcurso de la jornada del viernes el que proporcionó la clave del ten-con-ten al que parecía haberse llegado, no solo entre gobiernos, sino, tal vez sobre todo a los efectos de lo que pretendo plantear, en el seno del independentismo. Porque la televisión pública catalana parecía tener el mayor interés en transmitir un doble mensaje. Por un lado, el de que nada podía hacer doblar la cerviz al tozudo y orgulloso pueblo catalán en el empeño en manifestar su rechazo a la insolente y provocadora presencia del gobierno de España: de ahí la constante y detallada información de los diversos puntos de Cataluña en que se estaban produciendo incidentes, por menores que fueran. En definitiva, se trataba de dejar claro que la consigna “els carrers seran sempre nostres” continuaba en vigor. Pero, de otro, esto debía hacerse sin dejar en evidencia (al menos excesiva) ni al president ni a su govern, que necesitaban transmitir, no solo a Madrid para evitar males mayores (tipo 155 o Ley de Seguridad Ciudadana), sino también a un sector de los suyos preocupado por los anuncios más tremendistas, que la situación no se le había ido irreversiblemente de las manos.

Enredarse ahora en intentar aquilatar con precisión el grado de importancia de los incidentes del viernes probablemente constituya un camino de escaso recorrido. Parece claro que, finalmente y por fortuna, a pesar de unos problemas de orden público que no cabe desdeñar, la sangre no llegó al río, hasta el punto de que el propio independentismo radical ha terminado por asumir que, sobre todo comparando el resultado con sus propias expectativas, la jornada se saldó para ellos con un fracaso. De mayor interés será en todo caso intentar plantear una consideración que tome una cierta distancia, por mínima que sea, respecto a lo sucedido. La distancia suficiente como para poder abordar la pregunta que ahora de veras importa: ¿qué lecciones extraer de lo que ha pasado?, ¿se impone alguna conclusión práctica por encima de otras?

Los que suelen venir de casa con la lección extraída ya sabemos lo que dirán, que no es algo distinto a lo que llevan repitiendo desde hace tiempo. No quisiera incurrir en el fácil error de caricaturizarlos, quede claro. Es cierto que si se hace una lectura apresurada y un tanto superficial de lo que llevamos de procés en sus diversas variantes se corre el peligro de concluir que con el independentismo no hay nada que hacer, no cabe trato alguno. Quienes así opinan suelen mantener que las diversas estrategias blandas ensayadas hasta ahora han desembocado todas ellas en sonoros fracaso. Pensemos, nos dicen estos mismos, en la estrategia pusilánime de Mariano Rajoy. Incapaz de intervenir en Cataluña a pesar de las flagrantes vulneraciones de la legalidad de primeros de septiembre del pasado año, e incluso habiéndole enviado a Carles Puigdemont unas cartas (según Felipe González más propias de Gila que de un presidente de Gobierno) en las que le preguntaba al president si realmente había proclamado o no la república, acabó aplicando un 155 de muy baja intensidad (tan baja, que de los consellers para abajo no dimitió ni un solo cargo, lo que da una idea de la ferocidad de la represión).

Por descontado que quienes esto afirman son también muy críticos (más, si cabe) con planteamientos dialogantes y desinflamadores. Señalan para justificar su crítica que todos los gestos destinados a apaciguar al independentismo por parte de Madrid quedan inmediatamente amortizados, como si de deuda pendiente se tratara, sin obtener de los mismos la menor rentabilidad política, cuanto menos en forma de una cierta distensión ambiental. Así, continúan razonando, los mismos independentistas que reclamaban el acercamiento de los presos a Cataluña como prueba de la buena voluntad del gobierno central, pasaron a reclamar, al día siguiente de su traslado a cárceles catalanas, que la abogacía del Estado retirara el delito de rebelión, lo que, recién obtenido, dio paso a nuevas exigencias, y así sucesivamente. Nada de ello les ha impedido, por abreviar el relato y llegar de golpe a la actualidad, que pudieran tildar de colonizador a ese gobierno que había tenido todos los gestos les habían solicitado o que propusieran la vía eslovena como el camino más adecuado hacia la autodeterminación.

Es grande la tentación de ceder a semejante tipo de lecturas, que suelen desembocar de manera inexorable en la exigencia de estrategias duras. Pero para que tales lecturas resultaran realmente satisfactorias quienes las sostienen deberían responder antes a una simple pregunta: ¿Cuál es su plan para el día después de la represión? (incluso por legítima y justificada que pudiera llegar a estar). ¿O acaso la perspectiva es la de mantenerla sine die? Pero, en tal caso, ¿cabe considerar semejante planteamiento como una efectiva solución o como una simple respuesta para contentar a los afines? Porque, de momento, el contenido de ese proyecto, proclamado hace escasos días por la esforzada Dolors Montserrat desde la tribuna del Congreso de los Diputados, de desactivar al independentismo catalán a base de ofrecerle “un proyecto atractivo de España”, se diría que constituye el secreto mejor guardado de la derecha de este país.

Regresemos al principio para ir terminando. El problema nunca fue el viernes pasado, ni lo será ningún otro viernes que pueda aparecer en el horizonte (que aparecerá, no lo duden: de momento los soberanistas ya han anunciado un ciclo de movilizaciones y no cabe olvidar el juicio a los líderes independentista que aguarda a la vuelta de la esquina). El peligro más preocupante que se cierne sobre Cataluña y, por extensión, sobre España es la cronificación del conflicto. Y la cronificación no se resuelve con un manotazo legislativo (que siempre será una variante de la castiza y achulada sentencia de barra de bar "esto lo arreglaba yo enseguida", glosada en su momento por Rafael Sánchez Ferlosio) sino con mucha paciencia y un proyecto de futuro claro que ofrecer como alternativa al independentismo. Tal vez no haya otra manera de que quienes todavía aguardan la llegada del Mesías de la independencia se hagan a la idea de que la misma nunca se producirá. Pero para que ello ocurra también hará falta alguna otra cosa.

A qué ocultarlo: ni la mayor dosis de paciencia garantiza nada. La necesaria secularización del independentismo, la imprescindible conversión de lo que ahora parece más un credo teológico que un discurso político propiamente dicho exige que sus dirigentes recuperen la credibilidad perdida en estos años de desatada incompetencia política por su parte. Para alcanzar dicho objetivo deberían empezar por hacer lo que tanto reclaman a sus adversarios. Porque no deja de tener su cuajo que aquellos a quienes tantas veces les han temblado las piernas y en ningún momento se han atrevido a decirle a los suyos que los habían estado engañando de la manera más descarada reclamen ahora al constitucionalismo coraje y determinación. El motivo de su persistente miedo ofrece pocas dudas: les asusta la posibilidad de que la mitad de la ciudadanía catalana que les ha estado apoyando pueda perder la fe en ellos. Pero en ocasiones es imprescindible perder la fe para entrar en razón.

Un pacto que humilla a todos los españoles
El acuerdo entre Pedro Sánchez y Quim Torra está plagado de cesiones a los secesionistas, que impusieron sus condiciones en la redacción sin renunciar a nada, y excluye a la Constitución
Gonzalo Bareño. Madrid / La voz   23 Diciembre 2018

Aunque el Gobierno insista en enmarcar en la normalidad la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona del pasado viernes y el encuentro entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, lo cierto es que prácticamente todo lo que rodeó a esa reunión del gabinete ministerial en la capital de Cataluña fue excepcional. Nunca un Gobierno de España ha tenido que someterse a toda una larga negociación previa con el presidente de una comunidad para poder reunirse en territorio que forma parte del Estado español. El Ejecutivo acabó cediendo, incluso desmintiéndose a sí mismo, a todas las exigencias previas que había planteado la Generalitat, que es quien impuso el protocolo, la escenografía, la imagen y el formato mismo en el que se desarrollaron los actos del jueves y el viernes, con lo que consiguió dar la apariencia de que se trataba en realidad de una visita de Estado del mandatario de un país a una nación extranjera.

Una visita que concluyó con un insólito comunicado conjunto suscrito de igual a igual entre el Ejecutivo central y el de la Generalitat, cosa que no ha ocurrido jamás cuando el presidente del Gobierno o el Consejo de Ministros se han desplazado a cualquier otra comunidad. Un pacto firmado que, además de constituir por sí mismo una cesión que solo consigue rebajar la autoridad del Estado, está redactado con un lenguaje plagado de eufemismos y en unos términos que solo pueden considerarse como un conjunto de cesiones del Gobierno de Sánchez, que acaba así asumiendo las tesis y hasta la jerga del independentismo para referirse a la situación en Cataluña y para abrir la puerta a un referendo sobre la independencia que vulnera la Constitución.

Dos Gobiernos
«Tras la reunión celebrada hoy entre el presidente del Gobierno de España y el “president” de la Generalitat de Catalunya y miembros de ambos Gobiernos, se señala lo siguiente». El propio encabezamiento del documento pactado entre Sánchez y Torra desmiente ya al jefe del Ejecutivo español y a sus ministras, que insistieron en todo momento, incluso después de la reunión, en que se trató solo de una entrevista a solas del presidente con Torra y de otro encuentro paralelo y de trámite de la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra Meritxell Batet con el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, y la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, y en que no hubo una reunión de todos ellos, en contra de lo que dice el texto y acredita la foto final de familia, que impuso también la Generalitat.

Un conflicto
«Coinciden en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña». Ya en la primera frase del pacto suscrito, el Gobierno asume que existe un «conflicto». Y no entre una comunidad autónoma y el Estado central, sino en lo que afecta «al futuro de Cataluña». El término conflicto para referirse a las relaciones con el Estado central es el que empleaban siempre la organización terrorista ETA y sus partidos afines para presentar sus reivindicaciones como algo que debe resolverse entre dos iguales. Lo que hay en Cataluña, en contra de lo que suscribe el Gobierno, no es un conflicto, sino una insurrección de unas fuerzas políticas que han vulnerado la Constitución y se han declarado unilateralmente independientes, lo que ha llevado a algunos de sus dirigentes a prisión y a sentarse en el banquillo acusados de gravísimos delitos, entre ellos el de rebelión. En todo caso, la resolución de la crisis no podría afectar nunca «al futuro» de Cataluña, que, más allá de quién la gobierne y de las medidas que puedan adoptarse, seguirá siendo una comunidad autónoma del Estado español, como recoge la Constitución. Al referirse al futuro de Cataluña, el Gobierno admite que ese estatus podría cambiar.

Descartado el 155
«Comparten, por encima de todo, su apuesta por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana». Este párrafo comienza admitiendo que una situación que ha sido creada de forma unilateral por la Generalitat y los independentistas solo puede solucionarse por medio del diálogo, descartando así que, si el Ejecutivo catalán insistiera en no cumplir las obligaciones que la Constitución le impone y no atendiera un requerimiento del Gobierno para que así lo hiciera, pudiera aplicarse el artículo 155, como ya se hizo con anterioridad, con el apoyo de Sánchez. Pero, al referirse a la necesidad de vehicular «una propuesta política que cuente con un amplio apoyo de en la sociedad catalana», el Gobierno da pie a que la Generalitat presente ese texto como la admisión de que puede haber un referendo de autodeterminación en el que solo participen los catalanes, lo que iría en contra del precepto constitucional que establece que la soberanía nacional reside en todo el pueblo español, y no solo en una parte de sus ciudadanos.

Constitución ausente
«Deben seguir potenciándose los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica». Este punto del pacto es quizá el más humillante para el Estado, por lo que constituye de cesión a los independentistas. En el primer borrador del acuerdo que había planteado el Gobierno, se hacía referencia expresa a que cualquier medida que pudiera adoptarse debía hacerse «en el marco de la Constitución». La Generalitat exigió que se retirara del texto cualquier alusión a la Constitución española y a su acatamiento expreso por parte de Gobierno catalán. Sánchez, haciendo dejación de sus funciones de defender el marco constitucional, cedió ante esa exigencia y aceptó que la referencia se hiciera al «marco de la seguridad jurídica». Algo que de nuevo abre la puerta a que se pudiera celebrar una consulta no vinculante al amparo de la ley de referendos aprobada recientemente por el Parlamento catalán. Además, el texto se refiere a dar «una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña», asumiendo así que las exigencias de los independentistas son compartidas por todos los ciudadanos catalanes. Algo absolutamente incierto. Al margen de que millones de catalanes están conformes con el actual modelo territorial, en las últimas elecciones los partidos secesionistas ni siquiera llegaron al 50 % de los votos.

Un conflicto
«La vía del diálogo requerirá el esfuerzo de todas las instituciones, de los actores políticos y de la ciudadanía. Ambos Gobiernos se compromete a trabajar para hacerlo posible». Aceptando esta redacción que habla de «todas las instituciones», el Gobierno da pie a que se interprete que la Justicia debe implicarse también tomando decisiones que faciliten el diálogo. Obvia que se trata de un problema político que nada tiene que ver con las decisiones que tomen los tribunales de manera independiente sobre quienes infrinjan la ley, respetando así la separación de poderes. La referencia a los «actores políticos» supone también un eufemismo para dar a entender que, al margen del Gobierno y los partidos, también debería tenerse en cuenta a plataformas independentistas como la ANC u Òmnium, que lideraron el proceso de la supuesta rebelión, y cuyos líderes en aquellos momentos se encuentran ahora en prisión por esos hechos.

Sánchez diseña las nuevas cesiones a los golpistas: Poder Judicial, inmigración y protección civil
Carlos Cuesta okdiario 23 Diciembre 2018

Sánchez ha diseñado un paquete de transferencias para contentar a los independentistas de cara a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Entre otros traspasos, el jefe del Ejecutivo pretende transferir el Poder Judicial, las políticas de inmigración y protección civil.

Pedro Sánchez quiere lograr como sea el respaldo de los separatistas para poder continuar en el poder. Y el orden de los nuevos traspasos de competencias a la Generalitat para contentar a los hombres de Torra, Puigdemont o Junqueras ya está definido. Entre esas nuevas cesiones se encuentra el fraccionamiento del Poder Judicial, el control de las funciones de protección civil y la “participación” en la gestión de la inmigración.

Hay que recordar que la Justicia es básica para los golpistas porque les permitiría controlar posteriores procesos judiciales relacionados con el separatismo; la protección civil es clave por motivos obvios; y la inmigración ha sido ya utilizada por CiU en el pasado para introducir inmigrantes no hispanohablantes y marginar de esa manera el uso del castellano en Cataluña.

El plan pasa por dar estas competencias a la Generalitat que, tal y como ya ha publicado OKDIARIO, sería necesaria una primera reforma de la Constitución y su sometimiento a referéndum en toda España para poder ampliar la capacidad de cesión de cuotas de poder a los separatistas. Y es que los traspasos y sumisión que plantea Sánchez no caben en el actual marco constitucional.

Los socialistas han recuperado con este fin un viejo texto: el elaborado en julio de 2017 y conocido como Declaración de Barcelona. Aunque, tan sólo con un pequeño cambio: y es que en aquella época, cuando se redactó originalmente, era el voluntarista plan de un PSOE sin poder real; y hoy es el plan de acción de un presidente del Gobierno atrapado y dispuesto a entregar lo que sea con tal de seguir en La Moncloa.

Declaración de Barcelona
Los socialistas han incluido esta Declaración como explicación detallada dentro del plan oficial de acción elaborado por el PSC para 2019: el mismo plan que conforma la hoja de ruta de negociación con los separatistas. Y allí se destaca que tras “la Sentencia del Tribunal Constitucional, existen cuestiones en el Estatuto de Autonomía de Cataluña que fueron declaradas inconstitucionales más por cuestiones legales de forma que de fondo. En consecuencia, en este ámbito existe margen de actuación para impulsar un desarrollo normativo –que incluye la reforma de normas de ámbito estatal ya existentes o, en su caso, la aprobación de algunas nuevas– que profundicen en el autogobierno de Cataluña”.

Y esas nuevas cesiones abren el siguiente plan de acción: “En este sentido, vamos a impulsar: La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Cataluña y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial”. Es decir, que el Poder Judicial catalán sería autónomo del nacional: algo que dejaría manos libres al Ejecutivo de Torra para manosear las futuras decisiones sobre procesos relacionados con el separatismo.

Otro de los puntos de cesión sería “la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que aprobó el Partido Popular y la aprobación de una nueva normativa para las entidades locales, que garantice plenamente la autonomía local y su suficiencia financiera”: en resumen, gastar sin medida ni control del déficit, teniendo en cuenta que, pese a esa eliminación de topes, los ayuntamientos catalanes seguirían respaldados por los sistemas de rescate financiero nacionales.

Veguerías
También se prevé reconocer “la institución de las veguerías como entidad local distinta de la provincia y que ajuste la delimitación provincial a las veguerías proyectadas tal y como recoge su Estatuto”. “En este ámbito también defendemos la reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y de la Ley de Haciendas Locales y, en su caso, la LOFCA y la Ley General Tributaria para reconocer a la Generalitat la capacidad legislativa para establecer y regular tributos propios de los gobiernos locales”, añade.

Además, se plantea “la presentación de una proposición de ley en las Cortes Generales que contemple la necesidad de un acuerdo previo con los gobiernos autonómicos para las inversiones estatales en materia de bienes y equipamientos culturales” y la “culminación del traspaso de las transferencias pendientes y de los recursos necesarios para hacerlas efectivas en temas tales como salvamento marítimo y protección civil, formación sanitaria especializada, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o ejecución de la legislación estatal en materia de trabajo y relaciones laborales”.

Y, por si fuera poco, “la modificación de las normas necesarias para reforzar la ya prevista participación de la administración catalana en materia de inmigración”. Todo ello, teniendo en cuenta que los separatistas ya han privilegiado la inmigración no hispanohablante para poder implantar en los inmigrantes el catalán y marginar el castellano.

“Encauzar políticamente…” ¿Supone ello cargarse la Constitución, señor Sánchez?
La “pasarela estable” de la que habla el señor Marius Carol, en su editorial, puede que siga el mismo destino fatal del famoso puente de madera de la película “Puente sobre el río Kwai”, magistralmente interpretada por el actor Alec Guinness
Miguel Massanet diariosigloxxi  23 Diciembre 2018

Otra vuelta de tuerca en el tema del separatismo catalán. Un paso más donde ha quedado evidenciada la actitud de un gobierno en apuros, que necesita congraciarse con los políticos soberanistas catalanes, para sacar adelante unos PGE de los que depende su continuidad al frente de la nación. En esta ocasión el señor Sánchez sabe que lo que está haciendo, que su humillación y la humillación de la nación española ante unos delincuentes, que se han levantado contra el Estado español, para conseguir algo que no entra dentro de las previsiones de la Constitución de 1978, aquella que nos dimos por una gran mayoría de los españoles, en el correspondiente referendo celebrado para legalizarla y que él sabe que, a la hora de competir en las urnas con el resto de partidos, le va a costar una notable pérdida de votos para el suyo, debido a que muchos de los españoles, que lo votaron en ocasiones anteriores, están indignados, como buenos ciudadanos, por su conducta sumisa, entreguista, vasalla y dócil ante el actual presidente de la Generalitat, señor Quim Torra, que ha sido el que ha conseguido la foto que deseaba, para exhibir en su propaganda europea, a la vez que ha obtenido del presidente del Ejecutivo la promesa de mantener conversaciones “políticas” respecto al futuro de Cataluña.

La señora Celaá (verdadera experta en presentar como éxitos los mayores errores cometidos por su partido), ha presentado, como una gran victoria de los socialistas, el haber convenido mantener contactos sucesivos con el fin de que, ambos mandatarios, puedan cambiar impresiones destinadas a buscar, “encauzar políticamente”, las aspiraciones del separatismo catalán. Algo que, por mucho que se intente vestirlo como que entra entre las decisiones posibles de ambos personajes, en cuanto a alterar el contenido de nuestra Carta Magna, es obvio que no está en manos de ninguno de ellos, ni del Gobierno, el conseguir hacerlo ya que es evidente que se precisarían grandes convenios y un refrendo del Congreso de Diputados y el Senado para redactar un nuevo texto que, en todo caso, debiera ser refrendado por todos los españoles, mediante un referéndum para todos los españoles.

El hecho evidente de que nadie puede poner en cuestión lo que es la unidad de España y menos el que mantenerla dependa, ni de Torra ni del Gobierno socialista de Sánchez, si el resto de fuerzas parlamentarias no están por la labor o no coinciden en las partes de la Constitución que debieran ser objeto de un nuevo estudio, pueden convertir el intento en algo meramente utópico y que, como la famosa caja de Pandora, es muy posible que lo mejor, por ahora, mientras subsista la situación política tan inestable e insegura, lo mejor que se puede hacer es evitar abrir la caja de los truenos, algo que es muy posible que condujera a enfrentamientos que, en lugar de contribuir a la pacificación, entendimiento y relajamiento de las tensiones existentes, muy probablemente, lo que haría en realidad sería contribuir a aumentarlas. En todo caso, resulta incomprensible que se hable con tanta frivolidad de lo que, para ellos, pudiera ser “un marco de seguridad jurídica” cuando todo lo que ha tenido lugar en Cataluña y en la propia Barcelona, a causa de decisiones tomadas a vuela pluma por la señora Colau, alcaldesa comunista, sin otro respaldo legal que el que ella decidió establecer, no ha hecho más que atentar contra los legítimos derechos de los ciudadanos, interviniendo en temas que no entran dentro de sus facultades y, en consecuencia, han tenido que ser los tribunales de Justicia los que le han obligado, mediante sus sentencias, a rectificar e indemnizar a aquellos a los que, sus precipitadas decisiones, llegaron a perjudicar. ¿Qué marco de seguridad jurídica serían capaz de garantizar aquellos que se saltan las leyes a la torera cada vez que les conviene para sus propios fines?

El oscurantismo que ha acompañado a la entrevista entre Torra y Sánchez, ha creado una situación de incomodidad en todos aquellos ciudadanos que no se fían de estos pactos entre personajes que, aparentemente, siguen enfrentados por un abismo constitucional y que, sin embargo, parece que se precisan mutuamente, lo que no quiere decir que esta necesidad de colaboración signifique ninguna ventaja para el Estado español y sus ciudadanos, al contrario, resulta una situación insoportable, humillante y peligrosa aunque, evidentemente, para el señor Sánchez y todos los satélites que le apoyan en su interés en desmantelar España, es muy posible que les resulte rentable, aunque ello signifique una traición y deslealtad para la nación española.

El hecho innegable de que los comunista bolivarianos sigan tan empeñados en conseguir que el PSOE de Sánchez consiga sacar adelante unos presupuestos que, con toda seguridad, serían los culpables de poner al país en peligro de caer en una nueva situación, como la que tuvimos que superar a finales del año 2011, cuando el señor Rodríguez Zapatero y su gobierno tuvieron que tirar la toalla en el momento en que sonaban todas las señales de alarma que anticipaban la llegada de una quiebra soberana; nos hace pensar que, entre las situaciones en las que, el PSOE, pueda crear en España, se cuenta con la posibilidad de que Podemos salga beneficiado y que ello le permita conseguir lo que los augurios de los especialistas vienen anunciando, sin que parezca que hayan conseguido hacer mella en el actual Gobierno, ciego y sordo a todo aquello que no signifique el mantenerse en el poder durante el máximo de tiempo que pueda conseguir aunque, para ello, precise poner en cuestión la estabilidad del país, el bienestar de los españoles o, incluso, la propia indivisibilidad de la nación.

Lo que sabemos con certeza es que, el tema catalán, no se soluciona con diálogo. Que ellos siempre intentan evitar nuestro ordenamiento jurídico es evidente, porque, sin duda, saben que por el camino del respecto a la Constitución sus posibilidades de conseguir sus objetivos son nulas por completo. Ante esta barrera constitucional el único remedio es conseguir cambiar la Constitución, no aceptarla tal como vienen haciendo con resoluciones en su Parlamento, con el apoyo de JxCat, ERC, la CUP y los 'comuns', tachándola de “antidemocrática” y pidiendo que se rechace “el régimen del 78”. Ahora, la venida del señor P.Sánchez a Cataluña, su servilismo ante un jefecillo rebelde, encarnado por el señor Quim Torra, y su disponibilidad a seguir alentando las quimeras del político catalán, no permiten pensar en otra cosa que no sea que lo que se está tramando detrás de toda esta representación de cara al público, es un acuerdo secreto entre ambas partes por el cual, los catalanes, acaben apoyando los PGE y, a cambio, se les vayan mejorando sus atribuciones, concediendo nuevas transferencias e iniciando un camino que les permita ir preparando su estructura de un nuevo Estado hasta que, el PSOE y los partidos de izquierdas, que lo apoyen, tengan el poder suficiente para poder modificar la Constitución, de modo que cualquier autonomía que lo deseara pudiera reclamar su independencia de España.

Lo que Europa pudiera pensar de algo semejante y lo que las actuales leyes comunitarias tienen establecido, respecto a la imposibilidad de que, cualquier nuevo país desgajado de una nación perteneciente a la UE, para ser admitido en su seno, precisaría de la aceptación de todas las naciones que formen parte de ella. Un escollo insalvable con el que, evidentemente, se encontrarían pese al optimismo con el que algunos separatistas contemplan esta limitación convencidos (el orgullo les puede) de que si Cataluña pidiera su entrada en la UE, todos se mostrarían “encantados” de admitirla. No es eso lo que se le dijo a Escocia cuando quiso separarse de la GB lo que, con toda seguridad, contribuyó de una forma determinante a que acabaran decidiendo seguir perteneciendo a la UK. Es evidente que los problemas propios de la CE, tales como el brexit inglés o los que pudieran derivarse de la rebelión de las chaquetas amarillas francesa o de la actual situación de Bélgica, provocada por la dimisión de su primer ministro; problemas que, con toda seguridad preocupan más a Europa, juntamente con sus tensas relaciones con el señor Trump o la inmigración que no cesa, es obvio que tienen prioridad ante lo que pudiera significar la separación de Cataluña del resto de España, una posibilidad que nadie puede contemplar como algo serio ni factible.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos hace pensar en una fotografía que hoy se publica en La Vanguardia en la que aparecen “los dos presidentes” acompañados de los ministros Batet y Calvo y por los “consellers” Aragonés y Artadi, una foto protocolaria pero que, sin duda alguna, la van a utilizar los soberanistas catalanes para que, en el extranjero, se den cuenta de “la importancia” que el Gobierno les concede a sus relaciones con la autonomía más segregacionista de España. En realidad, el “cocido” que se está tramando, lo que verdaderamente es importante y no vamos a conocer, es lo que se dijeron los dos intrigantes en aquel tiempo en el que pudieron hablar off de record, en su reunión privada de ayer. Posiblemente si lo supiéramos nuestra intranquilidad, respecto al futuro de nuestra patria, experimentaría un incremento de tipo traumático.

Cena de empresa separatista
Miquel Giménez. vozpopuli   23 Diciembre 2018

Irte a cenar con tus jefes y compañeros por estas fiestas es un deporte de riesgo que no es recomendable para gentes sensibles. Puede pasar de todo

En su momento, la muy burguesa y negociante Convergencia decidió que la práctica de sentar a tu mesa un pobre podía serle de utilidad. Ni cortos ni perezosos, ArturMas, DavidMadí, QuicoHoms y demás dirigentes del momento llamaron a las CUP. “Són dels nostres”, se dijeron, y sí, aunque sudorosos, con los dedos de los pies impúdicamente exhibidos en chancletas de zoco árabe y luciendo camisetas con eslóganes peregrinos, eran de los suyos; más exactamente, eran sus hijos, sus sobrinos o los hijos y sobrinos de un amigo.

Con los pobres cupaires sentados a la mesa de la oligarquía catalana del tres por ciento, bien podían decir los neo convergentes que el proceso era algo transversal y acusar así a los socialistas de ser unos españolazos de mucho cuidado. Ya ven, esos mismos socialistas que, al final, han acabado por ponerles un piso con calefacción central, servicio y vistas al mar. De todos modos, y porque siempre es mejor pecar por carta de más que por carta de menos, Mas se inventó aquella cuchufleta de la CasaGrandelCatalanisme, con el ex concejal de cultura del PSC FerrànMascarell al frente. Con la suma de todo esto, una Esquerra que por entonces aún mariposeaba alrededor del pujolismo y los mediáticos de siempre, las cenas de empresa de la razón social Herederos del Pujolismo, Sociedad Ilimitada, cobraron una vitalidad jamás vista hasta aquel instante. La llegada del colectivo Súmate, integrado por castellano parlantes, fue la guinda final. Ara sí que som plurals, decían satisfechos los mandamases nacional separatistas.

Todo eso no gustaba ni poco ni mucho ni nada a la familia Pujol. Ya se sabe que MartaFerrusola se entristecía cuando sus hijos, de pequeñines, se lamentaban delante de ella diciendo que no habían podido jugar con ningún otro niño en el parque porque todos eran castellanos. Tanta gente distinta alrededor de la misma mesa, incluyendo ¡oh, horror de los horrores! individuos que hablaban en español no era plato de gusto para la matriarca catalana de los misales. La escudelladeNadal y los canalonsdeSantEsteve solo están destinados a paladares hechos a cantar ElVirolai y a recitar de carrerilla Elssotsferèstecs. A ver si con tanto sentarlos a cenar con nosotros se van a coger confianzas que no les pertocan, debía pensar la buena señora.

Y de aquellos polvos vinieron estos lodos, porque este año todo parece indicar que la cena de empresa del gremio de la estelada volverá a los antiguos cauces de orden, asientos reservados y plazas limitadas. Es lógico. Han proliferado tanto las siglas y organizaciones que uno tiene que andarse con mucho ojo a la hora de discernir a ver a quien sientas a tu lado en tan señaladas fechas.

Tanto CDR, tanto GAAR, tanta Bandera Negra, tanto Arran había colapsado la mesa navideña y, parafraseando a Celia Cruz, no había manteles para tanta gente. Torra ha tenido que tomar la drástica decisión de limitar el número de comensales en la cena de empresa separatista de este año. Los de JuntsperCatalunya, los de Esquerra y, a lo mejor, algún podemita o sociata. Y pare usted de contar, porque para pagar la minuta se tendrá que acudir al Fondo de Liquidación Autonómica, que en la Generalitat están caninos y solo se sostiene porque el Estado, vulgo los contribuyentes, apoquinamos miles de millones para que el separatismo continúe feliz y contento colgando lacitos amarillos en dependencias oficiales sin que pase nada.

Muchos indepes ya no serán invitados, porque, una vez cumplida su misión de comeniños, de coco de cóctel Molotov y pedradas a la policía, están amortizados. Siempre he sostenido que el proceso era un movimiento dirigido por políticos y que la idea de que era un movimiento que iba de abajo arriba era más falsa que un duro sevillano. Se ha cumplido el pronóstico. Los de siempre, la casta nacionalista, ya no precisan los servicios de esa pléyade de criados, sirvientas, chóferes, jardineros y valets de chambre que hasta ahora les habían seguido como perritos paulovianos. Acaso les permitan sestear debajo de los manteles, con un ojo abierto a ver si cae algún muslo de ave a medio comer o un trozo de pan mordisqueado inapetentemente por un prócer, poco más. Se acabaron los abrazos entre Mas y el cupaire DavidFernández. Ahora con quien toca darse palmaditas en la espalda es con el PSOE y con el Foment Nacional del Treball. Waterloo era, como no podía ser de otra forma, una barraca de feria hábilmente camuflada de gesta heroica.

Este año no habrá cena de empresa para los radicales. La nomenclatura neo convergente se los ha quitado de encima. Nadie del Govern estaba en las algaradas del viernes, ni dijeron una palabra sobre lo que pasó en la calle o criticaron a los Mossos como hizo Torra no hace demasiado. La policía autonómica carga contra los ex aliados del Govern y este no dice ni mú. Normal, los invitados a la cena ahora son otros.

La politización de la Universidad en Cataluña
La autora denuncia los pronunciamientos que están haciendo las universidades públicas en favor del 'procés' y pide su neutralidad política.
Isabel Fernández Alonso elespanol  23 Diciembre 2018

Asistimos estos días en Cataluña a una nueva ofensiva nacionalista en nuestras universidades. Coincidiendo con el inicio del juicio relativo al denominado procés proliferan en los campus las declaraciones políticas institucionales de apoyo a los encausados que, en algunos casos, van acompañadas de peticiones tan ofensivas (porque resulta que los constitucionalistas también tenemos apego a nuestros símbolos) como la supresión de las festividades del 12 de Octubre y el 6 de Diciembre.

Todos estos pronunciamientos de diferentes órganos de gobierno (fundamentalmente claustros) recuerdan la asfixiante campaña impulsada por colectivos separatistas durante el otoño de 2017, cuando nuestros correos electrónicos se vieron invadidos por comunicados institucionales claramente alineados con el discurso nacionalista en torno al referendo ilegal y plagados de falacias. Esto se explica con detalle en el capítulo diez del informe Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, elaborado por la Agrupación de Enseñanza de Societat Civil Catalana y la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña. No recibimos, sin embargo, por increíble que parezca, ningún comunicado relativo al golpe a la democracia que se produjo en el Parlamento de Cataluña los infaustos 6 y 7 de septiembre…

Se trata de una vieja estrategia del nacionalismo catalán, explicitada en el obsceno Programa 2000, consistente en colocar a personas afines en los órganos directivos de asociaciones, colegios profesionales o administraciones públicas para que, llegado el momento, fijen una posición política que transmita una sensación de uniformidad ideológica de todos los miembros de la entidad. Una excelente forma de arrinconar la discrepancia.

Como reacción ante esto, a principios del pasado octubre, un nutrido grupo de más de cien profesores universitarios catalanes suscribimos un manifiesto en torno al lema Universitaris per la convivència, que desde entonces da nombre al colectivo, y cuyo leitmotiv es la defensa de la neutralidad política de las universidades y, con ello, de la libertad ideológica de alumnos, profesores y personal de administración y servicios.

Alzar la voz es esencial para combatir el miedo de quienes ven cómo se pronuncian en su nombre, en contra de sus ideas

Desde entonces, diversos miembros de este colectivo hemos ido reclamando en nuestras respectivas universidades que cesen las declaraciones políticas de los órganos de gobierno, esgrimiendo para ello dos razones fundamentales:

1.- Que las administraciones (en este caso, la educativa) no tienen libertad de expresión, al ser este un derecho fundamental que corresponde exclusivamente a las personas, como ha ido reiterando la jurisprudencia constitucional (por ejemplo, las sentencias 254/1993, de 20 de julio; 14/2003, de 28 de enero y 244/2007, de 10 de diciembre).

2.- Que los representantes de los diversos colectivos universitarios en los diferentes órganos de gobierno de la Universidad no hemos sido elegidos en función de nuestro pensamiento político, por lo que carecemos de legitimidad para pronunciarnos políticamente en nombre de nuestros representados. Hacerlo implicaría vulnerar su libertad ideológica, en particular la de aquellos que no piensan como nosotros.

Alzar la voz en este sentido una y otra vez, por ingrato que resulte, es esencial para combatir el miedo al aislamiento (espiral de silencio) que sufren muchos universitarios, manifiestamente incómodos por el hecho de que la institución se pronuncie en su nombre (y en contra de sus ideas) pero que no se atreven a denunciarlo.

No obstante y afortunadamente, cada vez son más las voces críticas con este orden de cosas. Así, junto a Universitaris per la convivència, destaca la magnífica labor del colectivo de estudiantes S’ha acabat, que esta misma semana, tras difundir un vídeo que se ha hecho viral reclamando la neutralidad de los espacios públicos universitarios, emitía un comunicado totalmente alineado con los argumentos que acabo de esgrimir, en el que exigía a la Universidad Autónoma de Barcelona, a la Universidad de Barcelona y a la Universidad Politécnica de Cataluña “que retiren las declaraciones a favor de la absolución de los políticos independentistas y de los huidos de la Justicia”.

En definitiva, iniciativas para la esperanza que algunos consideramos especialmente perentorias en esta Cataluña tan aturdida donde la espiral de silencio comienza a resquebrajarse en muchos ámbitos. Lo que suceda en el futuro con la libertad ideológica en nuestra universidades dependerá de cuántos decidamos que vale la pena arriesgar un poco para defenderla.

*** Isabel Fernández Alonso es profesora titular de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de Universitaris per la Convivència.

Las 'listas negras' de catalanes hechas por Companys
Pedro Fernández Barbadillo Libertad Digital  23 Diciembre 2018

En el lado rojo de la guerra civil española abundaron las bandas de maleantes que secuestraban y mataban a personas. Aunque las autoridades del Frente Popular explicaban ante los diplomáticos y periodistas extranjeros que se trataba de ‘incontrolados’, tales ‘incontrolados’ parecían estar muy controlados, porque siempre asesinaban al mismo tipo de español: de derechas, católico, burgués, pacífico… En cambio, esos incontrolados nunca mataban a militantes de partidos de izquierdas, que en ocasiones vivían en los mismos edificios que las víctimas, como si una marca protegiese sus puertas. ¡Menudas casualidades!

Las tropas y la oficialidad del Ejército Popular de la República no destacaron por su desempeño durante la guerra: sólo tomaron una capital de provincia, la pequeña y aislada Teruel, y la perdieron unas semanas después. El general Vicente Rojo siempre fue a remolque del generalísimo Franco, que aprovechaba las operaciones de su rival, como la batalla del Ebro, para causarle más daño.

En lo que sí destacó el Frente Popular fue en la represión en la retaguardia y más tarde en las trincheras, cuando hasta los comisarios políticos sabían que la guerra estaba perdida, y en la confiscación de propiedades ajenas gracias a las que vivieron como los marqueses de las caricaturas tipejos como los socialistas Indalecio Prieto y Juan Negrín. Las matanzas de ciudadanos indefensos no habrían sido posibles de no haber dispuesto las ‘patrullas del amanecer’ de listas en las que se identificaban a los ‘enemigos de clase’, con sus nombres y domicilios.

Una costumbre de la izquierda
Las izquierdas ocuparon parte de su tiempo en los años republicanos en preparar a sus masas para la conquista del poder y para elaborar ‘listas negras’.

El anarquista Juan García Oliver, futuro ministro de Justicia, desvela en sus memorias que su partido había montado un Comité de Defensa Confederal desde el mismo nacimiento de la República, con sus milicianos, sus planes y sus armas. La irrupción de manifestantes socialistas y comunistas en varias ciudades y pueblos la misma tarde de la primera vuelta de las elecciones de febrero de 1936 proclamando una victoria imposible de conocer entonces confirma la preparación de esas ‘tropas de choque’ estilo nacionalsocialista.

En sus memorias robadas y luego recuperadas, Niceto Alcalá Zamora escribió después de las elecciones de 1936 que el PSOE había elaborado ‘listas negras’ de policías y militares que habían participado en la represión del golpe de Estado que el partido había dado en octubre de 1934.

Uno de los aliados de la izquierda española en ese golpe (en torno a 1.500 muertos) contra un Gobierno de centro-derecha salido de las elecciones de 1933 fue Esquerra Republicana de Cataluña. El presidente de la Generalidad, Lluís Companys, proclamó el 6 de octubre la república catalana dentro de la España federal. Su rebelión fue aplastada con unos pocos cañonazos por el Ejército, que provocaron la desbandada por las alcantarillas de los cobardes catalanistas.

El corresponsal del diario El Debate en Barcelona, Enrique de Angulo, escribió (Diez horas de Estat Català) que, entre los documentos descubiertos a los golpistas, había una ‘lista negra’ elaborada por el ‘Capità Collons’, de nombre Miquel Badía, y de oficio, jefe de la Comisaría de Orden Público de la Generalidad, uno de los hombres de confianza de Companys.

"Es de suponer que todo ello (planes, documentos, mapas) fue reducido a cenizas en la hoguera que se hizo para destruir papeles y documentos. Quedó, sin embargo, la lista negra (sic), firmada por Miguel Badía, y en la que constaban los nombres de quiénes debían ser fusilados al día siguiente de triunfar la revuelta, allí donde se les encontrase, sin formación de causa y «haciéndoles sufrir un poco». Nombres de militantes de la Lliga, de radicales, de personalidades destacadas de Barcelona y de unos pocos periodistas, de elementos de la FAI… Figuraban, incluso, en la lista negra algunos afiliados a la Esquerra, poco afectos al Estat Català."

Como añade Cambó, que sabía de lo que hablaba, por la información que le pasaban los miembros de la Lliga,
"Si en la madrugada del 7 de octubre la radio no hubiera anunciado por toda Cataluña la capitulación de la Generalidad, no hay duda ninguna de que aquel mismo día 7 se habría producido en toda Cataluña una San Bartolomé de propietarios y de sacerdotes probablemente más salvaje aún, más sanguinaria todavía que la de julio del año 36."

Debido a la estupidez de Alcalá Zamora, que disolvió en enero de 1936 las Cortes con mayoría de la CEDA, y a la maldad de las izquierdas y los separatistas, el baño de sangre se aplazó un año y medio, hasta que el Frente Popular tomó el poder. Sin embargo, Badía no pudo dirigirlo, porque él y su hermano fueron asesinados en un crimen en el cual aparece Companys como impulsor (compartía amante con el ‘Capità Collons’), aunque el Frente Popular se lo quiso atribuir a los falangistas.
8.400 penas de muerte firmadas por Companys

Uno de los catalanes que temía por su vida era Josep Pla, que en abril de 1936 huyó de Madrid, donde trabajaba como corresponsal periodístico de La Veu de Catalunya, para refugiarse en su pueblo y después, tal era el peligro que sentía, marchó a Francia.

Otro de los que aparecía en todas las ‘listas negras’, escritas o mentales, era Cambó. La chusma separatista, a la que él había contribuido a alimentar desde finales del siglo XIX, recorría las calles de Barcelona gritando "Visca Macià, mori Cambó!". Nunca ha quedado claro por qué Cambó abandonó España en su yate Catalonia unos días antes del asesinato de José Calvo Sotelo y del alzamiento. ¿Estaba enterado de la conspiración o simplemente tenía miedo?

Luego, desde el exilio animaba a sus correligionarios de la Lliga a alistarse a las órdenes de los militares sublevados y a enviar dinero a éstos. Con su fortuna organizó un servicio de propaganda favorable a los nacionales y otro de espionaje y hasta una red de evasión de catalanes que recurría a los sobornos para los matones anarquistas.

Companys ("loco de atar", en opinión de Manuel Azaña) durante los dos años y medio que duró la guerra encontró tiempo para firmar penas de muerte para los ‘sospechosos habituales’, unos 8.400 según los cálculos de Javier Barraycoa. Uno de ellos fue el alcalde de Lérida, Joan Rovira Roure, condenado y ejecutado en agosto de 1936 por el crimen de haber organizado la Cabalgata de Reyes de ese año.

¿Es que estos asesinados, en su mayoría catalanes, no merecen justicia por parte de la actual Generalidad y del Gobierno español?, ¿es que la ‘memoria histórica’ solo se aplica a unas víctimas, las de color rojo?
 


Recortes de Prensa   Página Inicial