AGLI Recortes de Prensa   Lunes 24  Diciembre 2018

¿Está Sánchez en el mismo juego que Torra? ¿Es un traidor?
Ernesto Ladrón de Guevara  latribunadelpaisvasco.com  24 Diciembre 2018

Es evidente que el Consejo de Ministros de Sánchez no se hubiera organizado en Barcelona si no hubiera habido previamente un pacto para las escenificaciones respectivas, que prepararan el camino hacia la idea milagrosa que se concentra en la palabra “diálogo”, es decir consenso. Ya se sabe que un consenso con nacionalistas no consiste en acercar posturas, sino la destrucción de España como nación, de su unidad y la solidaridad entre los territorios que la conforman, de la igualdad entre todos los españoles y del bien y el progreso del conjunto de la nación histórica que no coincide con la nación política. Es decir, de los principios inspiradores de la actual Constitución inconstitucional que contempla elementos que contradicen lo que establecen esos principios declarativos; como son el título VIII y la Adicional I, entre otros.

No sé por qué, pero quizás sea porque a estas alturas en estas Vascongadas en las que vivo y sufro ya hemos visto suficiente, cada vez que nombran la palabra diálogo se me representa la imagen de un trágala, de otra vuelta de tuerca más, cuyo único beneficiario es el chantajista; y los que no estamos en el tinglado mafioso tenemos que pagar el festejo sin que seamos los invitados.

Como dice el profesor Dalmacio Negro Pavón en su opúsculo “La dictadura del consenso”:
“La política de desnacionalización-desespañolización llevada a cabo por el consenso a lo largo de treinta años ha sido bastante eficaz, aunque no es seguro que sea muy profunda, limitándose a anestesiar la conciencia de formar una nación. Al efecto, como si lo español sólo pudiese ser franquista, produce, por ejemplo, una específica leyenda negra del franquismo, que enlaza con la leyenda negra de la historia de España (cuyo auge interno debe mucho a los ‘regeneracionistas’) entre cuyos delitos incluye su insistencia en la unidad nacional.” “Hablar de consenso en el orden político equivale a falsificar la realidad, es decir, la verdad, ya que la realidad y la verdad son lo mismo. En el siglo XVIII, decía Hume al criticar el contractualismo político: ‘en las pocas ocasiones en que puede parecer que ha habido consenso, es por lo común tan irregular, limitado o teñido de fraude o violencia que su autoridad no puede ser mucha’. Luego se han perfeccionado los mecanismos del consenso.”

En definitiva, cuando hablan de diálogo lo que están diciendo es que una vez más nos van a meter la mano en el bolsillo, nos van a quitar la cartera y encima nos van a engañar como a pardillos, contándonos trolas que solamente tienen efecto en mentes ingenuas, ignorantes o inmaduras, pero que ya no cuelan en personas experimentadas en la política tras cuarenta años de trayecto llamado “democrático”. Porque democracia no es esto, esto es oligarquía partitocrática que da la apariencia a los ciudadanos de que deciden con su voto; pero que luego realizan prácticas de trilerismo político.

La cuestión es que un señor al que no le han votado los ciudadanos ha alcanzado la presidencia del país sin pasar por las urnas, por el juego de mayorías en el Congreso que no respeta al partido más votado. Este señor no ha obtenido el veredicto de las urnas. Llegó al poder de la mano de independentistas y de antisistemas sin haber pasado previamente por la elección de los ciudadanos, y eso es un fraude, se diga lo que se diga. Es el devenir de un sistema político que posibilita este tipo de hechos fraudulentos que son radicalmente antidemocráticos. Pues bien, este señor se permite conspirar con los independentistas que dieron un golpe de Estado en Cataluña para repartir beneficios a los sedicentes, ensalzar la figura de un criminal como fue Companys, causante de 8.000 asesinados, y que fue justamente juzgado; y dar cuerda a la secesión de Cataluña, sin que nadie le interponga una moción de censura o le afee con hechos, no con palabras, su comportamiento. Sin duda, el teatro representado en Barcelona responde a una estrategia pactada encaminada a favorecer al independentismo y, de paso, lograr el apoyo de los independentistas para continuar en la Moncloa, cuyo siguiente paso en las próximas fechas será la aprobación de los presupuestos, hurtando a los españoles su derecho a concurrir a las urnas.

Dice Dalmacio Negro que “Montesquieu confundió el despotismo con la tiranía y la identificación entre ambas formas de gobierno ha lastrado el pensamiento político y jurídico. El despotismo, igual que la dictadura, modifica las leyes cuando le conviene; mientras, se atiene a ellas y las hace respetar. En la tiranía, las leyes son en el mejor caso orientaciones sobre la voluntad del poder que, bien de ‘derecho’, mediante normas o leyes ambiguas, le permiten campar libremente; o bien se transgreden sin el menor escrúpulo cuando se cree conveniente; o bien se actúa de hecho al margen de las leyes sin consecuencias jurídicas. En los regímenes despóticos, la creación del derecho está al albur del poder; pero, en principio, existe formalmente seguridad jurídica y materialmente mientras no se cambian […] La dictadura se convierte en tiranía cuando prevalece la incertidumbre, pues, aunque existan leyes, su aplicación es incierta.”

Entretanto, mientras esto sucede, Sánchez nos sigue arruinando para complacer sus ansias megalómanas. Al uso indiscriminado del helicóptero o el Falcon, se añade una campaña electoral peronista y falsaria sostenida con despilfarro público: subidas de pensiones que son insostenibles por la quiebra del propio sistema; favorecimiento y potenciación de un sistema autonómico pervertido y rupturista que es un agujero negro donde se pierde el presupuesto nacional; subidas salariales a los funcionarios cuyo objeto último es atraer el voto fácil pero que ahonda en un sistema de deuda absolutamente imposible de sostener en el tiempo y que nos lleva al impago a no mucho tardar; subida del Salario Mínimo cuando éste arrastra un incremento de los costes laborales que hunde más aún a la pequeña y mediana empresa y generará más paro, etc. Es decir, políticas irresponsables cuyo paradigma es un populismo competidor con el de Podemos, que nos llevará a lugares comunes ya inaugurados en la época del frívolo Zapatero. Esto es insostenible y lo contrario de un liderazgo basado en la idea de país con una proyección de tiempo que abarque a generaciones, la autenticidad de las políticas y la generosidad que son la base para las políticas de Estado cuyo punto de equilibrio está fuera de lo que hace este impresentable.

En definitiva, nada más empezar su andadura, este presidente “ocupa” se reunió con un conspirador mundial expulsado de su país de origen: Soros. Es exigible que Sánchez explique lo que habló en dicho encuentro, los acuerdos que alcanzó con él, y las pautas que tiene para llegar a ese nuevo Orden Mundial que los poderes no explícitos nos están diseñando.

El canto del cisne de la Transición
Amando de Miguel Libertad Digital  24 Diciembre 2018

Las leyendas antiguas gustaban mucho de las fábulas, esto es, los cuentos en los que los animales se comportaban de forma extraña, humanizada. Por ejemplo, los avestruces escondían su cabeza en tierra cuando advertían la presencia de un enemigo. O también, el cisne entonaba una misteriosa canción cuando intuía que iba a morir.

Pues bien, al doblar el solsticio de invierno de 2018 hemos asistido los españoles a un raro acontecimiento político. Ha sido la ostentosa visita a Barcelona del presidente Sánchez, con todo su séquito de ministras y un millar de policías como escolta. Solo le han faltado los elefantes para parecer un sátrapa oriental. Para celebrar tal fasto, el Gobierno de España ha seguido otorgando mercedes al Gobierno de Cataluña. Lo que importa: ambos Gobiernos han escenificado una especie de reunión en la cumbre, como si cada uno de ellos representara a un país diferente. Era la exigencia de la Generalidad catalana para seguir apoyando a Sánchez en su capricho de seguir habitando el palacete de la Moncloa.

La comedia de los dos presidentes (curiosamente ninguno de ellos ha llegado al poder como resultado de una votación) ha significado el ápice de la política de apaciguamiento. Con ligeras variantes, es la que han seguido todos los Gobiernos de la Transición democrática. Entendían que era una forma de mantener a raya al catalanismo y al vasquismo. Se equivocaron.

El apaciguamiento significa la política de acceder a las demandas o imposiciones de la otra parte contratante, en este caso el Gobierno de Cataluña. Concedidas tales demandas, se abre la válvula para ulteriores exigencias, siguiendo el modo de proceder de los chantajistas. Así hasta el pleno reconocimiento de la independencia de Cataluña.

La voz apaciguamiento (en inglés appeasement), con su significación política, apareció por primera vez en el Times de Londres en 1934. Indicaba la política que había dejado de oponerse al rearme de Alemania. La personificación de tal política culminó en la actitud del primer ministro británico Chamberlain en la conferencia de Múnich de 1938. El atildado inglés reconocía las pretensiones de Hitler de invadir los países vecinos con el fin de asegurar la paz. El líder de la oposición británica, Churchill, declaró: "El Gobierno del Reino Unido ha tenido que escoger entre la guerra y el deshonor. Ha elegido el deshonor; tendrá también la guerra". Así fue.

El caso de la visita de Sánchez a Barcelona resulta menos espectacular, pero para los españoles tiene una gran trascendencia. En efecto, rubrica la larga secuencia de apaciguamiento de los Gobiernos de la democracia respecto de las exigencias de los nacionalistas catalanes, ahora abiertamente secesionistas. Significa rendirse, claudicar, humillarse ante la Generalidad. El chantaje es ahora "diálogo", o más cursi todavía, "espacios de diálogo".

Frente al llamado conflicto catalán, Sánchez no solo esconde la cabeza como el avestruz, sino que entona su postrera canción como el cisne moribundo. Se dirá que solo pretende que los contribuyentes le sigan pagando el alquiler del hotelito de la Moncloa durante unos pocos meses más. Pero el asunto es mucho más serio. Nada menos que anuncia simbólicamente el final del régimen establecido por la Constitución de 1978. En nombre de los españoles, el Gobierno ha escogido el supuesto diálogo, pero tendrá que enfrentarse a la continua violencia por parte de los trabucaires del siglo XXI. En ello estamos.

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Doctor y racista
Gabriel Albiac ABC  24 Diciembre 2018

En un doble estupor se cierra el año. Brutal uno: la imagen del racista que guía el destino de una región autónoma. Risible el otro: en Madrid, un presidente sin más fe que un palacio en La Moncloa. Doble estupor de la ciudadanía: no es posible vivir en un pantano de podredumbre tan inexorable. ¿Puede un racista regir Cataluña, sin que los tribunales de Justicia lo declaren indigno para el cargo? ¿Puede un cómico doctor seguir burlando a quienes lo votaron, aunque poco? Pueden. El uno como el otro. Ni hay ley que impida a un medidor de cráneos ejercer el poder de una administración del Estado, ni hay modo de que el votante reclame la devolución de su papeleta a quien de ella hizo uso para beneficio privado.

La desolación de nuestro horizonte político cabe en eso. Para salir de ahí, sería indispensable abrirse a una convocatoria electoral inmediata. Y a soldar, tras ella, la alianza constitucionalista que bloqueara el desastre en ciernes. Pero esa apuesta exige un presidente dispuesto a ceder sus privilegios a favor del interés de la nación: lo que es hoy una utopía. No parece haber remedio a lo peor que viene. Los meses agónicos que nos aguardan son el precio del blindaje de Sánchez en Moncloa.

No voto. Nunca. Sin más, porque aún no he conocido a un político en cuyo espíritu pudiera ver «representado» el mío sin morirme de asco o de vergüenza. Ni me asombra ni me enoja la realidad de Torra. Tampoco la de Sánchez. Son paradigmas de ese gusto por vivir del presupuesto público que es la única motivación confesable de los políticos españoles. Pienso, eso sí, con frecuencia, en lo amargo que debe ser el día a día de las gentes que los votaron. Torra conduce a su región por la vía de un guerracivilismo que da sobre la muerte colectiva. Sánchez está dispuesto a financiar esa muerte, a cambio de una temporada más en el palacio de los presidentes españoles, al cual debe andar todavía preguntándose cómo pudo ser que llegase un doctor tan pintoresco como él. No, yo no voto: no me sorprende la amalgama de maldad y de ridículo de la cual está hecha esa gente. Pero pago mis impuestos. Con los cuales se tejen los vestidos nuevos de este par de donnadies, trocados en los reyes de la fiesta. Y no me hace, desde luego, ni puñetera gracia.

Pero nada puedo para evitarlo. Nada puede nadie. El doctor Sánchez, tras haber decapitado a sus enemigos dentro del Partido Socialista, va a mantenerse en su nuevo chaletito tanto tiempo cuanto el provinciano racista se lo garantice. Torra va sacarle hasta el bofe al pobre diablo al cual él y los suyos regalaron esa estancia anhelada en La Moncloa. A eso se reduce el juego de la política. ¿La nación? ¿Qué es eso? Ni siquiera la cosa «discutida y discutible» del lerdo que precedió al doctor de ahora. ¿El ciudadano? Un pobre imbécil al cual se sangra con impuestos y desprecio. Ni el racista ni el doctor se ocupan de política: se afanan en cuidar su finca. En San Jordi, en La Moncloa. Es el doble estupor que cierra el año.

Andalucía: PP, Cs y VOX no pueden equivocarse
EDITORIAL Libertad Digital   24 Diciembre 2018

Partido Popular y Ciudadanos han ideado un pacto programático con 90 medidas que se han comprometido a adoptar si consiguen desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía. El acuerdo no es definitivo, y se refiere a las líneas fundamentales de un hipotético Gobierno del cambio, mientras que el nombre del sucesor de Susana Díaz y la composición tanto del propio Ejecutivo regional y como de la Mesa del Parlamento andaluz siguen aún pendientes de negociación.

Entre lo acordado por ambas formaciones centroderechistas se cuentan la reforma del estatuto de autonomía para eliminar el aforamiento de los políticos, el adelgazamiento de la descomunal Administración regional, la despolitización de la misma y una sensible bajada de la asfixiante presión fiscal que soportan los ciudadanos y las empresas del territorio.

Ahora bien, este pacto entre populares y ciudadanos será papel mojado a menos que obtenga el respaldo de los decisivos diputados de VOX. Ni siquiera una abstención técnica de los correligionarios de Santiago Abascal sería suficiente para que PP y Cs consiguieran hacerse con la Junta. Los de Juan Manuel Moreno Bonilla y los de Juan Marín necesitan el voto favorable de aquellos, a menos que los socialistas bendigan su propio desalojo del poder y respalden el acuerdo PP-Cs, lo que en estos momentos semeja prácticamente imposible, por razones perfectamente obvias.

El gran problema para que se materialice el tan necesario desalojo del PSOE es el estupefaciente e injustificable desdén con que Ciudadanos ha tratado desde el primer minuto a VOX, a cuyos votantes no ha dudado en descalificar en términos tristemente parecidos a los que utiliza la extrema izquierda contra la emergente formación derechista... ¡y contra el mismísimo Ciudadanos! Por otro lado, el referido acuerdo PP-Cs incluye puntos que chocan frontalmente con el programa de Abascal. Así, la reforma estatutaria propuesta no incluye la supresión de al menos un canal de la televisión regional, ni la devolución al Gobierno central de las competencias de sanidad y educación ni la modificación de las políticas de género regionales.

Indudablemente, hay un amplio espacio para el acuerdo entre tres partidos que dicen pretender acabar con el corrupto régimen caciquista y atrasista del socialismo andaluz, pero también importantes escollos que PP y Ciudadanos no parecen volcados en remover, más bien al contrario, diríase que en ocasiones los utilizan como escudos protectores o como magníficas coartadas para no hacer lo que deben. Abascal ha insistido en que VOX no quiere ser un obstáculo, pero advertido con la misma insistencia de que tampoco va a ser marioneta de nadie, especialmente de quienes se dediquen a demonizarlo y a jugar al deplorable juego lampedusiano de hacer cambios para que nada cambie. De hecho, ha dejado completamente abierta la puerta de un no al pacto PP-Cs que podría abocar a unas nuevas elecciones autonómicas.

Andalucía necesita de manera perentoria un cambio de rumbo, acabar con el nefasto régimen socialista, que tanto mal le ha causado. PP, Cs y VOX tienen ante sí una oportunidad histórica y un desafío de primera magnitud. No pueden defraudar a los votantes que les han indicado claramente el camino, traicionarlos de la peor de las maneras. Quien yerre aquí, lo pagará muy caro, en Andalucía y en el resto de España, donde es igual de urgente y necesario acabar con la alianza frentepopulista comandada por el infausto Pedro Sánchez, que está causando estragos en tantas municipalidades y comunidades autónomas.

La deriva sanchista desgarra al PSOE
EDITORIAL El Mundo  24 Diciembre 2018

La errática e irresponsable estrategia de Pedro Sánchez de acercamiento al independentismo, con claudicaciones que suponen abdicar de su principal función como presidente del Gobierno, no sólo resulta nefasta para España. También lo es para su propio partido, que se encuentra confuso y desnortado, a la espera de una rectificación inmediata y sin ambages de la senda trazada por Sánchez. La infame reunión con Torra, el comunicado conjunto entre ambos gobiernos -soslayando cualquier referencia a la Constitución- y las condiciones en las que tuvo que desarrollarse el Consejo de Ministros en Barcelona han terminado de colmar la paciencia a un segmento relevante del PSOE, si bien la mayoría de los dirigentes críticos con Sánchez aún guarda silencio. Sólo Lambán y García-Page se han atrevido en público a cuestionar el apaciguamiento con quienes perpetraron el golpe de Estado de octubre de 2017 y a poner de relieve la debilidad de un Gobierno cuya supervivencia depende de las formaciones secesionistas.

El lamento de algunos barones muestra que las heridas internas en el seno de los socialistas siguen sin ser restañadas y se produce justo después de la debacle de Susana Díaz. El PSOE está a punto de perder el poder en una comunidad que ha controlado durante 36 años. Ni siquiera la red clientelista urdida por el PSOE andaluz permitió contrarrestar el avance de la oposición. Todo ello ha puesto en guardia a los presidentes autonómicos, secretarios regionales y alcaldes socialistas, alarmados por el coste electoral que puede tener en las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo la pretendida distensión de La Moncloa con los independentistas. El precio del mantenimiento de Sánchez en el poder cristaliza en la vergonzante rendición de Pedralbes, que consumó la asunción por parte del Gobierno del relato victimista y alusivo al supuesto "conflicto" entre España y Cataluña que arguye el separatismo. Conflicto que no es tal, sino la voluntad de los soberanistas de reventar las costuras del traje constitucional y ejercer el derecho de autodeterminación troceando la soberanía nacional.

Sánchez, preso de las tesis del PSC y de su propia ambición, no sólo no opone resistencia al desafío secesionista, sino que pretende prolongar una senda que lleva al Estado al precipicio. El enojo de los barones, acrecentado por la inquietud ante una eventual venganza del sanchismo en la confección de las listas electorales, es comprensible. Pero debe traducirse en una exigencia de calado para materializar el cambio de rumbo en Ferraz. O el PSOE da marcha atrás en el diálogo y las cesiones al independentismo o sus candidatos corren serio riesgo de verse chamuscados en las urnas, relegando al socialismo español a la misma posición testimonial -incluso marginal- por la que ahora penan los socialistas franceses e italianos.

21-D, historia de un timo
Ignacio Varela elconfidencial  24 Diciembre 2018

A todos los presidentes de la democracia, desde Suárez hasta Rajoy, les pasó alguna vez por la cabeza la idea de hacer un Consejo de Ministros en Barcelona. Quizá todos hallaron en su día alguna buena razón para no hacerlo, pese al efectismo de la imagen. Ni siquiera lo intentó Felipe González durante los Juegos Olímpicos de 1992, que eran una ocasión pintiparada. Franco, sin embargo, lo hizo en ocho ocasiones.

Cabe preguntarse por qué ha dado ese paso el gobierno más débil en el momento más peligroso: cuando Barcelona es objetivamente la ciudad más conflictiva de España (y, probablemente, de Europa). Cuando el interlocutor institucional resulta ser un pirómano de la política que, además, carece de autonomía porque lo teledirigen desde Waterloo. Cuando está a punto de iniciarse un juicio trascendental y potencialmente explosivo. Cuando se ha borrado todo rastro de consenso con las otras fuerzas constitucionales. Cuando dentro del propio partido del Gobierno cunden las dudas y el temor.

A finales de noviembre Pablo Iglesias habló con Puigdemont, segunda edición del vis a vis de Lledoners. El fugado le hizo una oferta para que se la transmitiera a Sánchez: negociar los presupuestos a cambio de una cumbre bilateral en Barcelona. Todas las idas y venidas de las últimas semanas arrancan de esa propuesta, y lo ocurrido el jueves y el viernes en Pedralbes y en el Congreso es su plasmación. Un presupuesto a cambio de una foto no parece un mal trato, si no fuera por lo que implica.

Desde el principio estuvo claro que la cuestión en Pedralbes no era el contenido, sino el continente. Todo se concentró en el envoltorio: el hecho, el lugar y la circunstancia. Tanto los que babean ante el gesto de acudir a parlamentar a la zona cero como los que se rasgan las vestiduras y gritan traición a España ignoran por completo lo que allí se dijo –si es que se dijo algo-, y maldito lo que les importa.

Más allá del gesto impostor y la palabra hiperbólica, empeñarse en celebrar esa reunión del Gobierno en Barcelona fue una imprudencia por partida triple.

Fue imprudente porque se puso innecesariamente en peligro la seguridad pública. Una ciudad en estado de sitio. 9.000 policías en la calle, armados hasta los dientes. Vacaciones anticipadas en los colegios. Los ciudadanos, temerosos de salir a la calle. Muchos comercios cerrados y el centro urbano convertido en una jaula. La estación y el aeropuerto, bloqueados. Las carreteras, cortadas. Los matones de los CDR y GAR “apatrullando” la ciudad, dispuestos a todo.

Un gobernante sensato se lo habría pensado mucho antes de provocar una situación semejante. No se juega con la seguridad de las personas por un capricho político o por una maniobra táctica. El jueves y el viernes se crearon en Barcelona las condiciones para que ocurriera una desgracia (por no hablar del coste económico de parar una ciudad en plena navidad), pero nada indica que eso importara en el momento de la decisión.

Fue también imprudente porque quedó meridianamente claro, y ese fue el principal triunfo de los secesionistas, que el Gobierno de España tenía que implorar su consentimiento para poder materialmente celebrar su reunión. Sin la tolerancia de Torra, el Consejo de Ministros en Barcelona habría sido físicamente impracticable. Eso sucede porque, como Rubalcaba dijo en su día, España se ha ido de Cataluña mucho antes de que Cataluña planteara irse de España.

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España y su caganer
Luis Herrero Libertad Digital  24 Diciembre 2018

La Navidad nos recuerda que debemos compartir la vida con los próximos en términos de razonable armonía, reparando los desgarros que la amenazan.

Algo extraño y nuevo, desconcertante y doloroso, tiene que estar pasando en mi vida para que la víspera de Noche Buena ande yo más atento al ruido que viene de fuera que al íntimo susurro que trata de explicarme desde hace años, sin demasiado éxito, en qué consiste el verdadero espíritu de la Navidad.

Sánchez ha puesto mazapanes amargos en mi mesa. La noticia de la paz que anuncia la Noche Buena contrasta con la realidad de una España dividida —descoyuntada, diría yo— que amaga con alzarse contra sí misma. España es mi lugar en el mundo. Por eso me importa. La división es la negra nube que la amenaza. Por eso me inquieta.

Nada hay más contrario al espíritu de la Navidad —si lo poco que entiendo de él no me engaña— que la división. Las fechas en las que estamos invitan justamente a todo lo contrario.

Soy católico. Y para los católicos, la Navidad tiene un sentido más profundo que el de las luces en la calle o los regalos en la cena. Dios se hace hombre. Y, como todos los hombres, nace niño. A pesar de que las homilías de carril de estos días—que los curas me perdonen— suelen insistir en que miremos al Niño como al redentor que ha venido a salvarnos, a mí me cuesta verlo de esa manera.

La redención se verifica en la cruz. Lo que redime a los hombres es el sacrificio del calvario. Todos los días tenemos la oportunidad de revivirlo en la eucaristía. La Navidad no es el mejor momento para recordar al hombre que muere por nosotros, sino al hombre que nace para enseñarnos a vivir. El Niño se ofrece como modelo de vida. Y su primera lección, en la humildad de un pesebre, nos enseña a compartir la vida con quienes tenemos cerca.

Si lo entiendo bien, Él se rodeó nada más venir a este mundo de las personas que andaban por Belén. Los ángeles convocaron a quienes estaban cerca de Él en ese preciso momento. Hoy, aquí y ahora. La metáfora que mejor me ayuda a comprenderlo es la cena en casa de mis suegros.

Por mucho afecto que les tenga —que se lo tengo— mataría a muchos de mis cuñados y a alguno de mis sobrinos. No hablan, vociferan. No se arredran ante el barullo, lo engrandecen. Son placas tectónicas en continuo movimiento. Y además no saben conversar. Mis pensamientos, esa moche, no suelen ser afluentes de los suyos. Si pudiera elegir, no serían mi primera opción. Pero ellos son los míos. Hoy, aquí y ahora. Ellos son quienes tengo cerca. No lo estuvieron antes y no sé si lo estarán después. Ese dato no es importante.

Dice mi amigo Garci que la primera llamada del año nuevo, por regla general, no se la haríamos a ninguno de los que están a nuestro lado en ese momento. La experiencia me dice que tiene razón. Los adultos que hemos tenido la experiencia de unas Navidades felices en nuestra infancia tendemos a ponernos tristes recordando a quienes la hicieron posible y ya no están con nosotros.

Ambos pensamientos —la añoranza de los vivos ausentes y la nostalgia de los muertos— nos aleja del verdadero espíritu de la Navidad. Este tiempo, si nos recuerda algo, es que debemos compartir la vida con los próximos en términos de razonable armonía, reparando los desgarros que la amenazan. De lo que se trata es de unir, de acercar, de juntar y de recomponer. Todo aquello que divide, aleja, separa o descoyunta no es propio de la lección de vida del Niño de Belén.

Para nuestra desgracia, Sánchez nos ha salido con vocación de caganer.

Sin honor, pero con Falcon
Isabel San Sebastián ABC  24 Diciembre 2018

El presidente rehén de la extrema izquierda y los golpistas, el único que ha llegado al despacho tras encabezar una lista electoral humillantemente derrotada en las urnas, disfruta ya de sus vacaciones con el Falcon que tanto le gusta a disposición de sus caprichos. Ha demostrado no tener honor, ni palabra, ni lealtad a sus siglas o a sus compañeros, que pagarán muy caras en las municipales y autonómica la justa indignación de los españoles, ni coraje para defender la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir, ni mucho menos talla política, pero posee la potestad de viajar a donde le plazca en el avión oficial que pagamos los ciudadanos a escote. Es más; tan grande es su poder, tan absoluta su arbitrariedad, que ha dado órdenes estrictas para que la utilización de esa aeronave por parte de su insigne persona se considere secreto de Estado. ¿Cómo, si no, podría seguir usándola para asistir a un concierto de rock o a la boda de su cuñado? La ocultación es un pilar esencial sobre el que asentar que este infame mandato basado en el fraude.

El presidente vendido a populistas y separatistas se toma dos semanas de asueto entre Doñana y Lanzarote. ¿Quién dijo crisis? Él no tiene un negocio que levantar ni una nómina que ganarse. Su negocio es conservar como sea el puesto que obtuvo mintiendo al prometer elecciones y su nómina depende únicamente de lo que decidan sus socios, cuya característica común es el afán de dinamitar la Nación y la democracia. De ahí que haya dedicado los últimos días a tratar desesperadamente de agradarles, a costa de hincarse de hinojos ante ellos, deshonrando con su conducta todo que significa la Presidencia del Gobierno de España. ¡Nunca un billete de avión había salido tan caro!

El presidente felón ha dejado hechos los deberes, justo es reconocerlo. Claro que su ejemplo y mentor, José Luis Rodríguez Zapatero, le había facilitado las cosas indicándole la senda a seguir mediante una proclamación solemne pronunciada con orgullo: «Yo dialogué hasta con ETA». En realidad, el verbo correcto habría sido «claudicar». Eso es lo que hizo ZP ante la banda asesina y es exactamente lo que emuló su discípulo hace unos días, al pasar mansamente por las horcas caudinas de Torra, a instancias del correveidile Pablo Iglesias, sin otro fin que prolongar su estancia en La Moncloa ni otra motivación que su desmedida ambición. Desde su escondite belga, el líder de la secesión catalana huido de la Justicia, Carles Puigdemont, había dado instrucciones precisas: Que fuese a Barcelona el jefe del Ejecutivo, acompañado de sus ministros, y se celebrase una cumbre de igual a igual con el Ejecutivo autonómico. Que hubiese foto de la reunión, foto de la vergüenza, para satisfacción de sus masas ávidas de escenificación patriótica. Que quedara claro a ojos del mundo que quien se rendía era Sánchez, con sus apelaciones al «diálogo» estéril y su omisión deliberada de cualquier referencia a la ley pisoteada por el anfitrión de ese encuentro. En cuanto a las promesas secretas... es de suponer que estaría sobre la mesa el indulto. A cambio, la violencia alentada desde la Generalitat sería «de baja intensidad» y se aprobaría en el Congreso el techo de gasto, como paso previo al Presupuesto. Un cambalache siniestro.

El presidente Pedro Sánchez ha puesto realmente alto el listón de la vileza. Se ha ganado con creces esas dos semanas de vacaciones en avión privado: es el precio de la traición que juzgaremos los españoles cuando al fin se nos dé voz.

Sánchez persiste: desinflamación
Joan Tapia   elconfidencial 24 Diciembre 2018

El presidente del Foment dice ante 600 empresarios catalanes que la estabilidad aconseja aprobar los presupuestos del 2019

Funciona entre el Gobierno de Sánchez y el de Torra algo parecido a un pacto feudal: tú no haces cosas groseramente ilegales, me apoyas en Madrid y, a cambio, gobiernas a tu antojo en tu territorio. La consecuencia de ello –que no empezó con Sánchez, pero con él se ha consumado- es que para que el Estado pueda hacerse presente allí necesita obtener un salvoconducto del cacique.

¿Qué hizo Torra? Primero, preparar un ambiente hostil para dejar claro que los forasteros no eran bienvenidos. Segundo, ordenar que se abriera un angosto pasillo entre policías y hostigadores para que Sánchez y sus ministros transitaran del hotel a la Casa Llotja de Mar (convertida en bunker infranqueable para los de fuera, pero también para los de dentro). Y tercero, pasar al cobro la factura política.

Lo más oneroso de esa factura no estuvo en la foto, ni siquiera en las serviles declaraciones de Sánchez a La Vanguardia: “Torra es una persona a quien le gusta el diálogo y que rehúye el conflicto, y eso es de agradecer” (¡Carajo!) Estuvo en el comunicado oficial que aceptó suscribir, plagado de conceptos tomados del vocabulario secesionista.

Han proliferado exégesis y comentarios de texto del engendro conjunto. En mi opinión, lo más inquietante está cuando se vincula la solución del conflicto a “una propuesta política que cuente con un apoyo amplio en la sociedad catalana”.

Esa formulación afecta de lleno al debate de fondo que mantenemos desde hace años: si la “propuesta política” para el problema de Cataluña depende sólo de la voluntad de los catalanes, como defienden los nacionalistas, o de la de todos los españoles, como siempre han defendido los constitucionalistas (incluido el PSOE, hasta ayer). Una cosa es suscribir las tesis nacionalistas en una declaración periodística y otra plasmarlas en un documento oficial que se presenta con la pretensión de marcar el rumbo de la solución.

Por lo demás, ese comunicado se cualifica más por las ausencias en su texto que por las presencias. En él está ausente la sociedad española, que, según parece, no tiene nada que decir en este asunto; también lo están la Constitución y el Estatuto; y no existe la Cataluña no nacionalista. Según parece, es suficiente que Sánchez se ponga de acuerdo con los independentistas para que la solución se abra paso. Además de un error, es un enorme embuste.

Un Gobierno español que se propusiera seriamente abordar el problema de Cataluña desde el marco constitucional (incluso para reformarlo), se sentaría a dialogar en primer lugar con las fuerzas políticas constitucionales del Parlamento español. También con los partidos que defienden la Constitución y el Estatuto en Cataluña. Sólo desde una posición compartida en ese espacio podría ser efectiva una negociación con el independentismo. Lo demás es hacer piruetas.

Pero Sánchez opone a la unilateralidad de los independentistas su propia unilateralidad: pretende hacer creer que resolverá en solitario lo que tendría difícil arreglo incluso estando todos juntos. Lo que viene siendo un timo.

Sánchez debe explicar en el Congreso sus acuerdos con el independentismo
EDITORIAL Antonio R Naranjo esdiario  24 Diciembre 2018

Pedro Sánchez ha rematado su controvertida y nada transparente "cumbre" con Quim Torra avalando, en una entrevista en La Vanguardia, la celebración de un impreciso referéndum para integrar a los catalanes en una solución "democrática": se trata de que a unos les parezca una consulta para la autodeterminación que calme la escalada secesionista y a otros, por contra, una renovación ampliada del vigente Estatut.

Todo en este asunto con Sánchez es premeditadamente difuso, inconcreto y opaco, más propio de un tahúr político de un presidente serio. Pero algo sí está claro y es especialmente lamentable: nada de lo que hace ni dice obedece a una posición política reflexiva y asentada en la Constitución y la posición democrática mayoritaria de los españoles; sino que es consecuencia de los peajes que ha de soportar para atender a sus socios de investidura.

Desvelado el secreto: Puigdemont, Iglesias y Colau organizaron la "cumbre" entre Sánchez y Torra

Por mucho que Sánchez envuelva sus despropósitos en una búsqueda incesante de una solución estable a un problema que sólo será político cuando deje de ser ilegal y violenta la postura del independentismo; los hechos le desmienten con tozudez y sus pasos atienden a su debilidad parlamentaria, que debió disuadirle de llegar a La Moncloa a cualquier precio.

Sánchez es un irresponsable con Cataluña que hace todo con opacidad para proteger sus intereses personales
Que el presidente de España dedique más tiempo a zaherir a quienes, simplemente, defienden la Constitución que a quienes la atacan; lo dice todo de su fondo político y desvela hasta dónde está siempre dispuesto a llegar con tal de consolidar sus objetivos estrictamente personales.

En ese viaje Sánchez ha degradado el valor legal y moral de la Constitución, una obra especialmente ejemplar en un país que venía de una Dictadura y ha alimentado la combinación de desafíos que padece España: desde el nacionalismo más montaraz de Europa hasta el populismo más evidente, con la amenaza territorial o el acoso a la Monarquía Parlamentaria como preocupantes manifestaciones de todo ello.

Todas las respuestas
Por todo ello, el PP y Ciudadanos, únicos partidos del Congreso situados en la posición central de los españoles, han de reaccionar con todas las herramientas democráticas a su alcance y, desde luego, sin complejo alguno por la batería de insidias que lanzan el Gobierno, sus socios y sus apoyos mediáticos, que son casi todos.

Hacer comparecer a Sánchez para que explique con precisión de que habló "bilateralmente" con Torra, en un encuentro nefando preparado en secreto por Pablo Iglesias y Carles Puigdemont, es un primer paso. Pero no el único: nada debería descartarse para frenar al presidente más irresponsable que tal vez nunca tendrá España.

El viaje alucinógeno de Pedro Sánchez a una Cataluña incendiada sin marcha atrás
Antonio R. Naranjo esdiario  24 Diciembre 2018

Mientras Sánchez intenta vender "avances" en el diálogo,la realidad le desmiente con un guantazo político de todo el soberanismo y otro real de los CDR.

"El diálogo ha dado sus frutos". La frase textual es de la ministra Meritxell Batet, aunque la autoría intelectual es de Pedro Sánchez, que pretende convertir en un gran avance su extravagante cita con el presidente de la Generalitat y el clima de violencia que lo ha rodeado en la calle y de desprecio en el Govern catalán.

"La reunión sirvió para reconocer lo positivo del diálogo", ahondó la ministra catalana, sin especificar la envergadura de los supuestos avances, sólo visibles en el caso del soberanismo: desde Torra hasta Puigdemont, pasando por sus terminales políticas y mediáticas, han interpretado el encuentro como un éxito para sus postulados.

Puigdemont se ríe de Carmen Calvo, vacila en público con el 155 y presume de "bilateralidad" con España

"Es la bilateralidad", ha resumido Puigdemont desde Bélgica. "Nunca dejaremos de exigir el derecho de autodeterminación", añade Anna Caula, la portavoz de ERC en nombre de Junqueras. Es decir, el supuesto "diálogo" de Sánchez sólo se acepta si es para consolidar los objetivos del nacionalismo, que incluso ha arrancado una declaración conjunta de La Moncloa donde las únicas renuncias, de haberlas entre líneas, son de España: es la primera vez que, de manera indirecta, se reconoce que la "salida democrática" pertenece en exclusiva a los catalanes.

Ni por Tarradellas
A partir de ahí, cualquier retroceso o concesión del soberanismo es más producto del imaginario sanchista que de la realidad verificable. Ni en un tema menor, como el cambio de nombre del aeropuerto de El Prat a Tarradellas, el Suárez catalán, hubo concesiones del independentismo a Sánchez: emitió una protesta por no haber participado en el rebautismo. Y no se quejó de que el Gobierno desfusilara a Companys, por poco, si se admite la ironía.

Y mucho menos se escuchó algo parecido a una renuncia a la unilateralidad, de lealtad siquiera legal a la Constitución o de disposición a nada que no sea la agenda expresada en público por el propio Quim Torra en las fauces calladas de Sánchez: República por Monarquía, autodeterminación y liberación de los presos.

La actitud soberanista se expresó aún mejor, frente a una especie de estado alucinógeno forzado en el Gobierno de España, en la batalla campal en la calle, tomada en vano por un ejército de policías, guardias civiles y mossos que, sobre todo, sirvió para resumir en una metáfora estos dos días: un Gobierno encerrado en una antigua casa de mercaderes, protegido y rodeado por los Cuerpos de Seguridad, asegurando con poca convicción que las cosas van mejor.

Torra deja en evidencia a Sánchez: "Hemos hablado de todo y de la desfranquización del Estado"

El balance provisional de desperfectos, no solo políticos, también desmiente a Sánchez: decenas de carreteras y calles cortadas; encapuchados lanzando ladrillos como para erigir otra Sagrada Familia; heridos y detenidos en cifra de dos dígitos y miles de personas bloqueadas en sus vidas cotidianas que seguirán allí, sin refuerzos policiales, cuando el presidente vuelva a Madrid en Falcon y comience sus largas vacaciones, que algunos presagian ya de quince días.

El mínimo para esperar en paz a los Reyes Magos, esos personajes fantásticos a los que Sánchez remitió una carta anticipada en Pedralbes y en la Lonja y que ahora luce pisoteada por los CDR en cualquier calle recóndita de una Cataluña incendiada, mientras Puigdemont, Torra o Junqueras acarician un gato y se temen más entre ellos de lo que temen al presidente de España.

Autoritarismo judicial y ciencia política
FERNANDO JIMÉNEZ SÁNCHEZ El Mundo   24 Diciembre 2018

La política española ha regalado al mundo algunas voces de extendido uso internacional como liberal, guerrilla o pronunciamiento, por citar las más conocidas. La última creación del ingenio español es la expresión autoritarismo judicial. Este innovador concepto se ha acuñado en estos últimos meses por quienes se sienten injustamente perseguidos por los tribunales españoles tras haber protagonizado algunos de los momentos estelares del procés. Tal concepto está teniendo fortuna también entre aquéllos que, sin compartir la deseabilidad de la independencia de Cataluña, estiman que aquí hay un conflicto político que debe resolverse exclusivamente mediante la negociación política y sin que intervengan los tribunales en la persecución de unas conductas que, según ellos, sólo muy forzadamente habrían incurrido en ilicitud penal. Unos y otros creen que la intervención de los tribunales en este conflicto sería una demostración de la baja calidad democrática del Estado español o incluso, para los más osados, del carácter autoritario de un régimen como el nuestro sólo en apariencia democrático. En realidad, piensan ambos grupos, estas personas que sufren hoy la persecución judicial se han limitado a permitir que los catalanes hagan algo tan democrático como votar en un referéndum de autodeterminación.

Muchos de los columnistas de este periódico han debatido tanto la cuestión de si existe o no un derecho de autodeterminación de un territorio que forma parte de un Estado democrático como la de si los líderes del Gobierno autonómico catalán y de las organizaciones sociales que prepararon el referéndum han podido cometer algún grave delito que justifique su situación de prisión provisional. Dejo por tanto estos temas de lado para centrarme en el último episodio del supuesto autoritarismo judicial que afecta ahora a quienes formaron parte de la sindicatura electoral designada por el Parlamento de Cataluña para, teóricamente, garantizar el buen desarrollo de la votación y que estaba compuesta por cinco miembros: tres juristas y dos politólogos.

Como es sabido, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona les acusa de sendos delitos de desobediencia y de usurpación de función pública por haber ignorado las decisiones del Tribunal Constitucional que primero suspendieron y luego declararon ilegales los actos del Parlament mediante los que se convocó el referéndum. De hecho, los miembros de la sindicatura siguieron actuando como tales hasta que dimitieron cuando el Constitucional les advirtió que les impondría una multa a cada uno de ellos de 12.000 euros por cada día que prosiguieran en el ejercicio de sus funciones como síndicos.

Esta acusación ha motivado que círculos cercanos a los afectados hayan promovido una campaña nacional e internacional de recogida de firmas en su apoyo ante una acción de la Fiscalía que tachan de "espuria" y que obedecería únicamente a "motivos políticos", dado que estos cinco juristas y politólogos se limitaban a realizar una actividad profesional "mandatados legalmente" por el Parlament para "garantizar que el referéndum se realizara de forma justa e imparcial". De este modo, su enjuiciamiento supondría una "persecución de los derechos democráticos y civiles básicos en España", lo que les lleva a expresar su firme condena ante la "ilegalidad de encarcelar a alguien por sus ideas políticas". Esta petición de apoyo ha circulado especialmente en los ámbitos profesionales a los que pertenecen los cinco procesados y, en particular, en las redes de profesionales de la ciencia política consiguiendo que muchos politólogos ajenos a la causa independentista hayan expresado su respaldo, incluyendo a algunas asociaciones nacionales como la norteamericana, la canadiense o la británica y sin que la española haya dicho nada. Desde luego, puesto en los términos de la referida carta, es decir, interpretando el procesamiento como una persecución política a quien se ha limitado a realizar una actividad profesional, se hace difícil sustraerse a mostrar el apoyo a los afectados y la repulsa a los autores de tal persecución. Sin embargo, a quienes se dedican profesionalmente al análisis de la política, como es el caso de los politólogos, se les debería pedir más que simplemente se dejen arrastrar por una primera impresión suministrada por quien es parte activa en un conflicto.

Hay tres grandes motivos para desmontar la ingeniosa y absurda tesis del autoritarismo judicial que tantos politólogos han suscrito aunque no sean partidarios del independentismo en Cataluña. El primero tiene que ver con los hechos y éstos son muy claros. Los síndicos no están siendo procesados por desarrollar actividades profesionales o por sus ideas políticas. Lo están porque presuntamente han cometido un delito de desobediencia al ignorar los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y otro de usurpación de función por desempeñar unas tareas para las que dejaron de estar autorizados en el momento en que este tribunal declaró ilegales las leyes que condujeron a la convocatoria del referéndum de autodeterminación del 1-O. Es evidente que los acusados tienen todo el derecho a la presunción de inocencia y a la defensa de sus intereses hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si estiman que sus derechos fundamentales han sido vulnerados sin que en las instancias previas españolas se haya corregido tal situación.

La segunda razón para rechazar la tesis del autoritarismo judicial tiene que ver con la función que desempeñan los tribunales en una democracia. Como decía al principio, algunos creen que detrás del procés sólo hay un conflicto político que debe resolverse políticamente sin que convenga su judicialización. Es inobjetable que esta tensión en la que se ha instalado la vida española tiene un claro origen político. Sin embargo, los líderes independentistas fueron tan lejos como para aprobar una legislación que incumple manifiestamente el orden constitucional y el propio Estatuto de Autonomía. Aunque fueran de farol (Ponsatídixit) y no retiraran las banderas españolas de los edificios oficiales tras la proclamación de la república catalana que fue suspendida a continuación, actuaron al margen del orden constitucional y, en esas circunstancias, viviendo como vivimos en un estado de derecho, la actuación de los tribunales es inevitable. Como señalara Kennedy en un famoso discurso, "en una democracia los ciudadanos son libres de no estar de acuerdo con la ley, pero no de desobedecerla, porque en un gobierno de leyes, y no de hombres, nadie, por muy prominente o poderoso y ningún motín callejero por más violento o exaltado, tiene derecho a desafiarlas". Es decir, un Estado democrático sólo puede mantenerse si hacemos política en el Derecho, incluso contra el Derecho, pero no al margen del mismo.

Cabría aún un motivo para mantener la tesis del autoritarismo judicial. Puede ser que lo anterior no se aplique a España porque nuestro país no sea realmente un Estado democrático de derecho, sino algún tipo de democracia defectuosa o de régimen autoritario. Algunos politólogos españoles no independentistas han señalado que la calidad de las instituciones políticas se ha reducido tanto que apelar a la solidez de la democracia española para justificar la persecución penal de las conductas de los independentistas procesados es simplemente un estallido de nacionalismo español. Reconociendo el deterioro institucional, llegar a la conclusión de que España no es ya un Estado democrático de derecho me parece asombroso. Basta leer el último y muy crítico informe de GRECO (enero 2018) sobre los problemas de la independencia judicial en España para no caer en posiciones tan extremas como absurdas. Ahí se sostiene que, si bien hay demasiada injerencia política en el nombramiento del CGPJ y no existen criterios objetivos para el acceso a los altos tribunales, "no cabe duda alguna de la alta calidad de jueces y fiscales en España y de su sólido espíritu de servicio público y dedicación". Qué gran decepción se llevaría Juan Linz si pudiera leer y escuchar las afirmaciones de algunos de sus actuales colegas de profesión.

Fernando Jiménez Sánchez es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Murcia.

Baleares ante el abismo de acabar en otra Cataluña: la imparable imposición del catalán
David López Frías elespanol  24 Diciembre 2018

No se puede trabajar como funcionario público si no se habla catalán. No se puede trabajar de interino si no se tiene un nivel mínimo de catalán. El idioma oficial en los colegios es el catalán. El idioma vehicular de la administración es el catalán. Los dominios de internet de la administración son .cat. Sólo los medios en catalán optan a subvenciones. El gobierno edita y envía a los hoteles unos folletos destinados a que el turista aprenda catalán. ¿Está pasando en Cataluña? No, en Baleares.

Ya se conoce como el ‘Procés balear’. En los últimos años, el archipiélago está siendo el principal objetivo del ‘pancatalanismo’. Es decir, de la doctrina que defiende que es Cataluña todo territorio donde se hable catalán, incluyendo a Baleares, Valencia, Rosellón, una parte de Aragón y hasta un trocito de Cerdeña. Y para este expansionismo pancatalán, Baleares es la joya a incorporar. A efectos prácticos es un paraíso que concentra gran parte del turismo español. A efectos románticos significa arrebatar a los Borbones su lugar de descanso.

Pero este sobrevenido catalanismo balear no es un movimiento ‘de abajo arriba’. No es un clamor en las calles. De hecho, sólo un 39% de los baleares usan el catalán como lengua vehicular. No viene de ahí, de la sociedad. Las directrices llegan desde arriba. Los ideólogos están en el gobierno: una coalición de nacionalistas y socialistas que, para muchos, está creando un caldo de cultivo similar al de hace unos años en Cataluña. “Están abonando el terreno para crear aquí otro Procés”, cuenta Toni, propietario de un hotel.

El catalán por obligación
Este independentismo balear no tiene nada de histórico; es reciente. De hecho, ha subido las revoluciones en los dos últimos años, que es cuando se han acometido las reformas más severas en favor del idioma catalán y en detrimento del castellano. En 2016 se aprobó que el idioma dejase de ser un mérito para los funcionarios públicos y pasase a ser una obligación. En 2017, la obligatoriedad se extendió también a los interinos.

Las consecuencias han sido, cuanto menos, controvertidas: médicos que se marchan de las islas porque no conocen el idioma; profesores que hablan varios idiomas pero se tienen que largar porque el catalán no lo dominan, plazas públicas vacantes por falta de candidatos idiomáticamente correctos… e incluso colegios con problemas de higiene porque el gobierno exige que la persona que quiera optar a limpiar las aulas, tiene que saber catalán.

El idioma está siendo el principal caballo de batalla de los nacionalistas en Baleares. Pero no es el único indicio de la penetración del independentismo catalán en las islas. Detalles en la educación, en los medios de comunicación, en el turismo o desplantes del propio gobierno balear hacia símbolos españoles como la Constitución, ponen de manifiesto que Baleares se está ‘procesizando’. Y dicho proceso es de manual.

Manipulación en la educación
¿Cómo se inicia un proceso de adoctrinamiento masivo? Obviamente en las escuelas. Las nuevas generaciones son el principal target del catalanismo Actuar en la educación es fundamental para sembrar una serie de conceptos que tienen que dar sus frutos con los años. El diputado de Ciudadanos Xavier Pericay es una de las personas que más ha denunciado los excesos del nacionalismo catalán en las aulas baleares. “Encargamos un informe a Anaya. Detectamos por ponerte un ejemplo que, en 1º de bachillerato, se están explicando materias con un marco histórico falso y los hechos absolutamente tergiversados”, revela, coincidiendo en el diagnóstico: “El objetivo de esto es legitimar la doctrina general: el catalanismo y el nacionalismo”.

“Es parte de un proceso ‘imperial’ catalán en el que han metido a Baleares y la Comunidad Valenciana”, prosigue Pericay: “Por el idioma que tenemos ya formamos parte de ese universo que quieren legitimar que son los Països Catalans”. Para alcanzar esa meta, es importante el concepto de inmersión lingüística que tan buenos resultados dio en Cataluña: “La inmersión es obligatoria en toda la escuela pública y parte de la concertada”.

La inmersión lingüística en la educación viene a significar que el catalán es el idioma oficial en los centros de enseñanza. El catalán, no el balear. Se imparte clase con los estándares de la lengua que se habla en Cataluña y no en las islas. Si a todo eso se le suma la introducción en la enseñanza de conceptos pancatalanistas que además han sido auditados como “falsos y tergiversados”, se desarrolla el caldo perfecto para que toda una generación se convierta en el cimiento del Procés que está por venir.

Hablar catalán para barrer las aulas
Pero tal vez el lugar donde más se está notando esta radicalización del catalanismo en Baleares esté siendo en la administración. En los trabajos públicos. Los funcionarios tienen, desde hace 2 años, la obligatoriedad de hablar catalán. Eso ha llevado a situaciones disparatadas: los institutos de Palma sufren carencias de personal de limpieza, pero los candidatos que optan al puesto son descartados si no saben catalán.

“También hay plazas vacantes para doctores, pero hay médicos que se tienen que ir de aquí por no hablar el catalán”, cuenta Jorge Campos. Él es la persona que fundó, en 1999, una plataforma llamada Círculo Balear. Se ha dedicado durante todo este tiempo “a denunciar los abusos del catalanismo en Baleares. Hemos presentado más de 2.300 quejas en educación”, resume. Ahora se han integrado en VOX.

“El año pasado se tuvieron que marchar de Baleares 20 familias por la cuestión del idioma. La situación es crítica: es imposible matricular en castellano a un niño en la escuela pública”; critica Campos, que además repara en que “todos los dominios de la administración local son .cat; como si fuésemos de verdad parte de Cataluña. Con la manipulación en la educación, con la inmersión lingüística y todo lo demás, ya hay una generación de niños que creen que son catalanes de Mallorca, catalanes de Ibiza… en lugar de baleares y españoles”, concluye.

Turista, aprenda catalán
Pero tal vez el máximo exponente del esperpento haya sido la campaña promovida desde el Govern balear respecto a la principal fuente de ingresos del archipiélago: el turismo. Este año decidió imprimir unos folletos y enviarlos a los hoteles. Una especie de pequeño manual del catalán de superviviencia. Unas microclases de idioma para los turistas que pasan en las islas un par de semanas y que no van a tener ningún problema para que les entiendan en inglés o alemán. Unos folletos que tal vez nadie necesitaba y que están pagados, obviamente, con dinero público.

El primer empresario que alzó la voz contra este dislate fue Enrique Grauches, propietario del Hotel Araxa de Palma de Mallorca. “Cuando me llegó todo este material me dirigí a ellos para pedirles que se llevasen todo eso de aquí, que pensaba tirarlo a la basura porque es el sitio donde tiene que estar una cosa de estas. En la basura. Nunca me contestaron”, afirma. De hecho, desde la Federación Hotelera de Mallorca recomendaron a los propios empresarios del sector que no cogiesen dichos folletos.

Grauches cree que “la mejor política lingüística es la que no existe. Yo hablo cuatro idiomas: español, mallorquín, inglés y sueco. Y chapurreo tailandés. El lenguaje debería ser la herramienta del ser humano que nos distingue de los animales, no un arma para tirarnos piedras”. Define el catalanismo en las islas como “un tsunami que viene de lejos. Se veía venir, pero aquí los que mandan tragan por dinero. En todo esto hay mil intereses ocultos”.

Medios y política
Se quejan los que se oponen a esta catalanización de que “están empezando a controlar los medios como en Cataluña. Sólo se opta a subvenciones si eres un medio que piblique en catalán o, como mucho, seas bilingüe”, apunta Pericay, que todavía respira aliviado porque el catalanismo en los medios públicos “todavía no es muy evidente”. Cataluña también pasó por esa fase. Una etapa en la que no se entrevistaba en la radio pública a terroristas como Fredi Bentanachs, no se le daba cateforía de héroe y se referían al terrorismo como lucha armada. Al tiempo.

Y en política, la situación es un reflejo de lo que se está viviendo en la sociedad. Por un lado, el sector más catalanista (liderado curiosamente por los socialistas) radicaliza su postura. La presidenta Francina Armengol no fue al acto de homenaje para conmemorar los 40 años de la Constitución Española. Y en el otro extremo, las posturas contrarias al pancatalanismo imperante se endurecen. Sin ir más lejos, VOX ha incorporado a sus filas al militar Fulgencio Coll. Fue Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra durante la época de Zapatero. Ahora acaba de ser nombrado número 1 de la formación de Abascal en Mallorca: “Estoy con ellos porque son los que más dfienden la democracia”, declaró en una entrevista a El Mundo.

Conclusiones
En Baleares se ha iniciado un proceso de catalanización que parece irreversible. Las fuerzas nacionalistas apoyan a los socialistas a cambio de que imponga el catalán en el archipiélago. Funcionariado, educación, instituciones públicas y hasta el sector económico estrella se han visto salpicados por esta deriva.

Pero esa maniobra no responde a una demanda de la sociedad. Sorprende esta insistencia con el catalán, cuando tal vez no sea ni el segundo idioma más hablado en las islas. Es el idioma vehicular de solamente un 39% de los habitantes. Por tanto, más del 60% habla castellano. Pero además, el elevado índice de turistas y extranjeros afincados en las islas hace que el inglés sea la segunda lengua más hablada de facto. Por otra parte, la numerosas comunidad germana hace que el alemán sea el lenguaje vehicular en muchos sectores especialmente de Mallorca.

¿Por qué entonces esta obsesión por catalanizar? Jorge Campos lo tiene claro: “El independentismo es una industria millonaria. Te sorprendería ver la cantidad de asociaciones que se posicionan ahí para que les caigan las subvenciones del erario público. Porque lo que está claro es que un movimiento así, sin subvenciones, no cuaja”. Y sin ánimo de ser agorero, advierte: “Como no actuemos pronto, en cinco años vamos a estar en Baleares igual que están ahora en Cataluña”.
 


 


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