AGLI Recortes de Prensa   Jueves 27  Diciembre 2018

5.000 millones de gasto
La salida de ‘enchufados’ en la Junta equivaldrá a todo el presupuesto de Díaz para empleo
Luz Sela okdiario  27 Diciembre 2018

El compromiso de Partido Popular y Ciudadanos en el acuerdo para gobernar Andalucía de reducir a la mitad la 'Administración paralela' de la Junta supondrá un ahorro equivalente a todo el presupuesto de Susana Díaz para fomentar el empleo.

Las cuentas de la Junta de Andalucía para 2018 destinaban 2.183 millones de euros para las políticas de empleo y desarrollo económico. Se calcula que solo el gasto de personal de fundaciones, consorcios, agencias públicas y demás entes -hasta 300- asciende a 5.000 millones. Estos empleados no acceden a su puesto por oposición, como el caso de los funcionarios. Pese a las promesas, el Gobierno socialista nunca acabó de desmantelar esa estructura.

Ahora, PP y Ciudadanos se comprometen a acometer un programa ambicioso de ajuste, que supondrá un ahorro millonario a la Junta. Según el último informe de fiscalización conocido por parte de la Cámara de Cuentas, correspondiente a 2016, estos organismos tienen una deuda de más de 4.460 millones. La plantilla supera los 23.000 trabajadores.

Como primera paso, la Cámara de Cuentas auditará ahora todo el gasto de la Junta de Andalucía, lo que incluirá sueldos, gastos corrientes y transferencias, tanto en la Administración como en el sector público instrumental, “con el objetivo de reducir o reorientar el gasto superfluo a la financiación de los servicios públicos esenciales”.

Igualmente, se centralizará la dirección y control de los “organismos autónomos, entes instrumentales y otras estructuras” de la Junta para eliminar aquellos que se consideren duplicados, innecesarios o que se hayan visto implicados en casos de fraude y corrupción.

El pacto se compromete a garantizar la transparencia, acabar con los “incentivos al despilfarro” y con las “redes clientelares” en la contratación pública y a separar de la administración a cualquier cargo público que sea “imputado formalmente” por un delito de corrupción.

Además, se procederá a la reducción de los altos cargos, quienes deberán tener dedicación exclusiva y no podrán cobrar dietas por la asistencia a sus reuniones.

El acuerdo incluye que los directores de las agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entes públicos instrumentales que ahora son nombrados libremente por el Gobierno sean elegidos por concurso público, abierto y transparente por un período de seis años entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo.

Una política para los que pagan
Alejo Vidal-Quadras gaceta.es  27 Diciembre 2018

Hoy en España 13.700.000 ciudadanos viven del Estado, es decir, su nómina, su pensión, su subsidio de desempleo, su renta de supervivencia o cualquier otra ayuda pública que les libre de la indigencia, procede de las arcas públicas. Otros 13.000.000 se desenvuelven en el sector privado, asalariados, autónomos, pequeños, medianos o grandes empresarios, profesionales liberales, operan en el mercado y compiten, se esfuerzan, innovan y ofrecen productos y servicios para ganarse el sustento. El hecho de que haya más españoles, 700.000 para ser precisos, que perciben su dinero del presupuesto, o sea del contribuyente, que los que reciben su pan de su trabajo fuera de su amparo, resulta inquietante y arroja dudas sobre la viabilidad a medio y largo plazo de nuestro sistema económico y de nuestra red de protección social.

La población de nuestro país no se divide tanto entre los de abajo y los de arriba, que también, como les gusta recordar a los dirigentes de Podemos, sino principalmente entre los que pagan y los que cobran. La riqueza nacional es creada básicamente por unos y es consumida en un volumen significativo por otros. Esto no quiere decir que policías, guardias civiles, bomberos, jueces, fiscales, militares, médicos, personal de enfermería, profesores de enseñanza primaria, media o superior, inspectores tributarios y demás clases y tipos de funcionarios, no contribuyan al PIB. Lo hacen y de manera esencial en muchos casos. Lo que ofrece, en cambio, fundadas dudas, ciñéndonos al ámbito estrictamente andaluz después de las recientes elecciones autonómicas en esa Comunidad, es que entes como La Fundación Idea, La Fundación Andaluza Fondo para la Formación y el Empleo o Invercaria, por citar tres ejemplos tristemente célebres, con sus miles de empleados, sus centenares o miles de millones de dotación, sus tarjetas opacas para sufragar comilonas, viajes de lujo u orgías en prostíbulos, todo ello a nuestras expensas, nos proporcionen algún valor añadido.

Estas consideraciones vienen a cuento porque ha llamado mucho la atención estos días que en su pacto de gobierno para Andalucía, PP y C´s han anunciado que se proponen suprimir por lo menos la mitad de las 326 fundaciones, empresas públicas, consorcios y otras zarandajas que componen la llamada “Administración paralela” de la Junta tras treinta y seis años de socialismo. Su intención es someter este denso tinglado de entidades variopintas situadas fuera de la estructura ordinaria de la gestión pública y cuyos trabajadores no pasan por ningún filtro de mérito, capacidad o experiencia, abundando por consiguiente en amigos, parientes y correligionarios de dirigentes del PSOE, a una auditoría con estrictos criterios coste-beneficio para eliminar a continuación las que no justifiquen su existencia.

Si esta hazaña se llevase a cabo y sus resultados se hiciesen públicos, el efecto contagio para las restantes Autonomías y para los Ayuntamientos de población media o elevada sería espectacular ya que la ciudadanía, alertada por la evidencia de la aplicación de esta saludable poda al abuso consolidado en la Junta andaluza, exigiría un proceder semejante en el conjunto de la Nación. Baste recordar que el coste total de esta Administración paralela en Andalucía se estima en 5.000 millones de euros únicamente en personal. Extendiendo el cálculo a las restantes dieciséis Comunidades y a los municipios de más de 25.000 habitantes, por poner un umbral razonable, no es aventurado afirmar que quedaría resuelto el problema de las pensiones y de paso el de nuestro impenitente déficit. Cataluña, sin ir más lejos, cuenta con un fardo de esta naturaleza incluso superior al andaluz a pesar de su menor censo.

El precario simulacro de Gobierno presidido por un holograma que nos conduce impávido al abismo político y económico se dispone a implantar nuevos impuestos a las transacciones financieras, a las multinacionales digitales, a los combustibles y a las rentas “altas”, medidas que no sólo no incrementarán la recaudación, sino que probablemente la contraerán a medio plazo y que, además, generarán paro y recesión. No le hemos oído una palabra al Gran Dialogante que transita eufórico por los salones de La Moncloa sobre reducir el gasto “político” inútil.

Se ha destacado la trascendencia del cambio que las urnas han producido en Andalucía y su posible reproducción a escala nacional. Sin embargo, más allá de las anécdotas referidas a cuestiones internas de las distintas siglas, el verdadero impacto de lo que suceda en las próximas semanas Despeñaperros abajo radica en esta operación extraordinaria de ajuste del tamaño de la Administración a sus proporciones idóneas para que deje de estar al servicio de los partidos y se ponga al servicio de la sociedad. Si Albert Rivera, Pablo Casado, Juan Manuel Moreno y Juan Antonio Marín entienden el alcance de esta iniciativa y Vox presta su indispensable apoyo a la investidura del nuevo Ejecutivo, se puede abrir una etapa de éxito para nuestro país al transformar nuestro sector público de un Leviatán insaciable para ganar votos y saquear el erario en una máquina ágil y eficiente de bienestar sostenible y de progreso estable. Pronto lo sabremos.

Bueno para Andalucía
OKDIARIO  27 Diciembre 2018

Por fin, tras varios días de idas y venidas, PP y Ciudadanos han llegado a un pacto de Gobierno que sacará al PSOE de la gestión de Andalucía. Un apretón de manos que, aunque ha sido clausurado in extremis –la XI Legislatura comienza este jueves–, ha respetado la voluntad de los andaluces y VOX, que consiguió 12 escaños el pasado 2 de diciembre, tendrá una silla en la Mesa del Parlamento cedida por los populares para tener “voz y voto” en el devenir de la región.

Esta rúbrica gubernamental entre Juan Marín y Juan Manuel Moreno Bonilla supone un halo de esperanza y optimismo para los andaluces que quizá, tras la derrota del PSOE, vean de una vez prosperar su economía y, por ende, su Estado de bienestar. Las nefastas políticas económicas del régimen socialista-peronista implantado en Andalucía desde 1982 han dejado al tándem PP-Cs una región devastada a nivel económico y social. Desde su llegada al poder, la gestión de los socialistas siempre ha ido destinada a impulsar el sector público –en detrimento de la inversión privada a la que grava con algunos de los impuestos más altos de España–, un hecho que ha tejido un clientelismo tercermundista sin precedentes y ha permitido la aparición de tramas corruptas tan indignantes como las de los EREs.

Las cifras, que son tozudas, ponen en evidencia la necesidad urgente de un cambio político. La tasa de paro, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), asciende al 23%, casi el doble que la media nacional. El Producto Interior Bruto (PIB) cerrará 2018 con un crecimiento del 2,5% y se desacelerará hasta el 2,1%, según Funcas, una realidad que convierte a Andalucía en la penúltima región en PIB per cápita –sólo por delante de Extremadura– con 18.470 euros anuales por habitante. Un escenario que es caldo de cultivo para el estrepitoso fracaso escolar de los jóvenes andaluces, pues según el informe PISA, Andalucía tiene una tasa de abandono escolar cinco puntos superior al resto de España y el rendimiento de sus adolescentes es el más bajo del país.

Este pacto entre PP y Ciudadanos es una oportunidad de oro para que el centroderecha modernice Andalucía. El nuevo Ejecutivo regional debe acabar con la política económica del subsidio y crear riqueza tangible para los 900.000 parados que hoy no tienen trabajo en la región. Solo así podrán dar carpetazo al vergonzante fracaso escolar y brindar una oportunidad real a los andaluces que han hecho una llamada urgente de socorro a través de las urnas.

Canal Sur se cuela en la negociación: VOX quiere un ajuste real y PP y C’s una comisión de expertos
Carlos Cuesta okdiario  27 Diciembre 2018

Santiago Abascal ha dejado claro que para que VOX apoye el pacto hay que introducir medidas potentes en la agenda de Gobierno de Andalucía.

El camino de la negociación entre PP, Ciudadanos y VOX no será un camino de rosas. Y una de las primeras piedras ya se ha colado en ese tránsito: Canal Sur. VOX dejó claro desde el primer día que buscaba su cierre. Pero la respuesta de PP y C’s trasladada al pacto entre ambas formaciones ha quedado reducida a la creación de una “comisión de expertos” para analizar el nivel de gasto que se puede reducir.

La realidad es que frente al ofrecimiento de un puesto en la mesa del Parlamento andaluz trasladado hoy por las formaciones de Moreno y Marín al partido de Santiago Abascal, la respuesta de Vox ha sido clara: quiere que se le escuche en serio para introducir medidas potentes en la agenda de Gobierno de Andalucía. Medidas que hablan de devolución de competencias como la sanidad; de eliminación por completo de la Administración paralela construida durante casi cuatro décadas por los socialistas; de sustitución de la ley de género por una de familia y protección de todas las víctimas, sean del género que sean; o de eliminación de la Ley de Memoria Histórica andaluza por completo. Y esas medidas, o no aparecen en el pacto PP-Ciudadanos, o sus avances se han quedado muy pequeños respecto a lo exigido por VOX.

Una de las medidas que ha llamado la atención de forma más inmediata es la referente a Canal Sur. Vox exigió su cierre, tal y como se hizo ya en la Comunidad Valenciana por parte del PP. Pero la plasmación de esta petición en el pacto entre el PP y Ciudadanos se ha quedado limitada al siguiente redactado: “Constituiremos un Grupo de Expertos que estudie las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos por la Radio y Televisión de Andalucia (RTVA), así como las reformas necesarias para garantizar su profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia del poder político”.

El punto lanza a una comisión de supuestos expertos las futuras medidas sobre la tele pública que mayor carga de parcialidad ha lanzado en favor de los gobiernos socialistas de Andalucía y que mayor volumen de recursos públicos ha empleado para acabar denostada por su politización. Pero es que, además, esos expertos no analizarían en ningún caso el cierre de la tele. No: tan sólo examinarían “las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia”.

La fórmula no gusta en VOX. De hecho, este mismo miércoles, Abascal ha dejado claro que lo que busca son medidas que cambien el régimen mantenido por los socialistas en Andalucía a lo largo de décadas. Lo ha subrayado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, solo una hora después de que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, explicase a su homólogo el acuerdo programático que su formación ha alcanzado en Andalucía con Cs.

En virtud de dicho acuerdo, VOX tiene garantizado un representante en la Mesa del Parlamento. Pero el líder de Vox ha remarcado que lo que quiere su partido es ser escuchado de cara a la agenda de Gobierno y a las reformas. Por eso Abascal ha subrayado que su partido “no va a votar un gobierno que no se siente a escuchar y atender a los representantes y las propuestas de 400.000 andaluces”. “No hagáis caso a los especialistas en fake news ni a sus fuentes”, ha añadido.

La Comisión Política liderada por los máximos representantes del PP andaluz y Ciudadanos, Moreno y Juan Marín, respectivamente, se ha reunido este miércoles para negociar la conformación de la Mesa del Parlamento y del futuro gobierno, después de haber cerrado un acuerdo en materia programática con unas 90 medidas. La reunión se ha producido prácticamente ‘in extremis’, dado que este jueves se constituye el Parlamento y da comienzo la XI Legislatura. Pero, sea como sea, siguen dependiendo de sumar a la investidura, a los votos de VOX, o la abstención del PSOE.

España cabalga por las praderas del endeudamiento
José María Gay de Liébana okdiario  27 Diciembre 2018

¡Y deuda mansa, deuda brava! En condiciones normales, cuando se crece económicamente de forma robusta, mejora la situación financiera y la deuda se calma. Así es, al menos en teoría. Toda empresa que ve fortalecidos sus ingresos, con márgenes remuneradores, con templanza en los gastos, tonifica sus resultados y los excedentes que va generando le sirven para acrecentar sus recursos propios, reducir sus niveles de endeudamiento y ordenar sus finanzas.

Sin embargo, la deuda pública de España, la que computa a los efectos del protocolo de déficit excesivo, parece que cabalga bravamente por las praderas del endeudamiento.¡Atentos, pues, no sea que nos peguemos una bofetada! A 30 de septiembre pasado, nuestra deuda pública ascendía a 1.174.917 millones de euros. Si esto es malo, peor aún es percatarse de sendos aspectos. El primero de ellos es que, por más que se loe desde las instancias oficiales la andadura económica de España y que se destaque su solvencia, la realidad, a través de los indicadores económicos y de la confianza de consumidores, directivos y empresarios, se impone y se palpa la pérdida de aceleración de la economía española. Veremos qué pasa con nuestro producto interior bruto en 2018.

Porque cualquier pérdida del paso económico, o sea, que el crecimiento final del PIB se quede por debajo de las lozanas perspectivas trazadas, implicaría que el porcentaje de nuestra deuda pública sobre el Producto Interior Bruto (PIB) sobrepase la actual cota de deuda sobre PIB, que ya supera el 98%, para apuntar hacia el 99%. Entraríamos en situación incómoda y, si se apura, enrevesada porque nuestra deuda pública a los efectos del protocolo de déficit excesivo se acercaría peligrosamente a ese abominable y peliagudo nivel del 99% y los rugidos de los leones acreedores harían estremecer a cualquiera.

En tal caso, las alarmas sobre la deuda española se dispararían y en el baile de la prima de riesgo Italia y España formarían un inquietante dúo que pondría en tela de juicio las finanzas de las economías periféricas. Los acreedores internacionales extremarían sus cuitas y, en consecuencia, el coste de nuestro endeudamiento se encarecería. A mayor abundamiento, está próximo el momento en el que el Banco Central Europeo (BCE) pondrá fin a su complaciente política de estímulos monetarios. Mal, pues, porque estos años de teórica bonanza económica no han sido aprovechados por nuestros gobernantes para enderezar el rumbo torcido de nuestras finanzas públicas.

El segundo aspecto que considerar es el inherente a que desde 31 de diciembre de 2017 a 30 de septiembre de 2018, la deuda pública ha aumentado en más de 30.000 millones de euros. El saldo de nuestra deuda pública, siempre a efectos del protocolo de déficit excesivo, al cierre de 2017 ascendía a 1.144.425 millones de euros y a 30 de septiembre a la antedicha suma de 1.174.917 millones. Esos 30.000 millones de euros de mayor endeudamiento dejan entrever hacia dónde apuntan los tiros del déficit público en lo que llevamos del año 2018 y presuponer que de nuevo en 2018 seguiremos por la senda del desequilibrio de nuestras finanzas públicas.

Ciudadanos no sabe ni dónde está
Cristina Seguí okdiario  27 Diciembre 2018

En un alarde de falta de recursos intelectuales, Albert Rivera sigue tachando a VOX de ser una formación populista confundiendo la estrategia política de Ernesto Laclau para alcanzar el poder con la ideología liberal conservadora de los de Santiago Abascal. Transcurridos 24 días después de las elecciones andaluzas –que se celebraron el pasado 2 de diciembre–, el líder de Ciudadanos sigue repitiendo el mismo hilo argumental: “La solución no es Le Pen, sino más Macron”. Unas palabras que son una clara alusión a Juan Marín, el tercer candidato más votado en la comunidad más poblada de España, y el empeño de Ciudadanos en lograr una abstención del PSOE que deje fuera del juego democrático a VOX.

Imaginamos que la comparación entre Marín y Macron surge de la magnífica simetría entre el andaluz y el francés a la hora de bajarse los pantalones ante la presión de los medios de comunicación. Por un lado está Macron, que ha resultado ser el mayor bluff resultante del laboratorio político entre conservadores y socialdemócratas franceses de este siglo, prometiendo un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 900 euros para desactivar la sublevación espontánea de la clase media contra la socialdemocracia que les ha llevado a destinar el 57% de su salario al estado vía impuestos. Sí, me refiero al famoso fenómeno de los chalecos amarillos. Y por otro lado, Juan Marín, uno de esos candidatos provenientes de la hornada de paracas de 2015 que, ante la ausencia total de carisma, liderazgo y talento humano, logró serlo pagándose la campaña.

En una deliciosa alegoría de cómo el centro-reformismo o el socioliberalismo,–o como se llame cualquiera de esas amalgamas acomplejadas que los progresistas se han inventado para no pronunciar socialismo conscientes de su propio fracaso– hemos visto al líder naranja de Andalucía esconderlo estos días como a una fulana reunido con Podemos y con Izquierda Unida (IU) en un bareto de maquinas tragaperras, azulejos de patio sevillano y servilleteros de propaganda. El valor simbólico de esta imagen es brutal al ver al dirigente español macroniano rendido en un bar de Andalucía buscando la manera de sobrevivir.

Después están las medidas de Marín ha pactado con el PP para hacerse con la presidencia del Parlamento autonómico, entre las cuales encontramos una de las más alucinantes. Una comisión de investigación de caso Faffe, aquella empresa pública a cargo de la cual destacados miembros de la Junta de Susana Díaz llegaron a consumir hasta 14.737 euros en putas. Quizás sería algo más que farfolla estética si no fuera porque la socialista Marisa Bustinduy alcanzó la presidencia de esta comisión que investiga los gastos irregulares de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en septiembre de este año gracias a los votos a favor del PSOE y la abstención de Ciudadanos en un momento en el que, por cierto, acababa de divorciarse políticamente de Díaz.

Ciudadanos evidencia de forma brutal que no sabe dónde está ni quién le vota. En Cataluña ha subarrendado a Manuel Valls para ejecutar contra VOX la misma estrategia de descrédito de la que ellos han sido víctimas. Los de Abascal, acusación particular contra golpistas, son para el socialista galo “fascistas” en Cataluña, como lo era Rivera para ERC y la CUP. Y, en el mejor de los casos, populistas lepenianos en los patios andaluces de Marín a pesar de que el 80% de programa de Marine LePen es un plagio casi sanchista del podemita con el que Juanito comparte rebujito y puntillita. No hay una sola medida populista en el programa económico de VOX para Andalucía, nada que tenga que ver con los 60.000 millones de euros de incremento del gasto público que Rivera suscribió con Sánchez en 2016 cuando ya se sabía que éste último era el chico de los recados de Quim Torra y Podemos.

¿No hay espacio para VOX?
Cristina Losada Libertad Digital  27 Diciembre 2018

Desde la eclosión de VOX en Andalucía, el Partido Popular mantiene una rara actitud amistosa hacia su nuevo competidor. Algo que, por cierto, no hizo nunca tras la entrada de Ciudadanos en la política nacional durante la etapa de Rajoy. Pero esas señales de interés por entenderse o por evitar el conflicto con un partido que a fin de cuentas es una escisión del PP no se reproducen en todas partes. Ni se reproducirán. El indicio más claro de que la relación con el partido de Abascal no va a ser tan amigable como semeja ahora mismo se encuentra en Galicia, donde el secretario general del PP gallego manifestaba el otro día que "VOX no tiene espacio político". El espacio político, ya se sabe, es muy particular.

Tan particular es ese espacio que todos los partidos instalados juran y perjuran que no hay espacio para nadie más, que no tiene sentido que vengan otros a disputárselo y que es, en fin, un espacio exclusivamente suyo. Pero también es tan particular que, a pesar de esos análisis y pronósticos interesados, dispone de la capacidad de ampliarse para dar cabida a nuevos partidos, como se ha visto en España en los últimos años. La rotunda afirmación del secretario general del PP de Galicia, sin embargo, no debe de entenderse únicamente como un rechazo preventivo a la aparición de un nuevo competidor en la cancha. Hay más en ella de lo que se ve a simple vista.

El trasfondo de esta negación de espacio para VOX, como antes para Ciudadanos, es una visión política según la cual en la comunidad gallega no hay lugar para opciones políticas que se identifiquen como españolistas. Da por sentado que el espacio político o es galleguista o no es, y sentencia que los partidos que no lo asuman sencillamente no lograrán nunca nada. El galleguismo, de forma similar –aunque sólo similar– al catalanismo, configuraría el marco básico del juego político. Fuera de ahí, las tinieblas exteriores. Y si se busca más al fondo, lo que se encuentra, aunque nunca del todo explicitada, es una idea de España como contenedor: una España hecha de partes, en la que son las partes las que tienen auténtica consistencia y preexistencia.

Si alguien dijera que esa definición del espacio político con la que operan los populares gallegos es sólo un artículo de fe, mostrarían su colección de trofeos electorales como prueba de lo contrario. Porque, en efecto, han sido y son el partido mayoritario con un discurso y una praxis política galleguista. Pero tomarlo por prueba incontestable sería hacerse trampas. También se vota, y mucho, para que no gobiernen otros, y en Galicia la alternativa ha sido habitualmente la coalición de socialistas y nacionalistas. O, desde hace unos años, la que resultaría de incorporar a los podemitas de impronta nacionalista. El PP ha manejado con habilidad el temor a los Gobiernos Frankenstein para evitar la deserción de votantes. Cuando sus dirigentes dicen que VOX no tiene espacio, quieren decir que harán todo cuanto esté en su mano para que no lo tenga.

El achicamiento del espacio de VOX que intentarán los PP autonómicos tiene doble filo. Si adoptan el discurso nacional acentuado que está haciendo la nueva dirección, tendrán que dejar de lado los rasgos regionalistas (o nacionalistas light) a los que atribuyen sus éxitos. Y si se muestran tan puramente regionalistas como siempre, no harán más que llevar agua al molino del partido de Abascal. En el espacio político, las reglas del juego cambian.

Orejeras
Ignacio Camacho ABC  27 Diciembre 2018

En Andalucía, y tal vez pronto en España entera, el PSOE va a tener un serio problema para satanizar los pactos del centro-derecha con Vox mientras el Gobierno tiende puentes a toda clase de fuerzas enemigas de la Constitución, de la Corona, de la integridad territorial y hasta del sistema. Ese doble rasero es demasiado tosco para cualquiera que no enjuicie la política con lo que Vargas Llosa llamó un sectarismo de orejeras. Podrá funcionar entre los más irreductibles como primario argumento de autodefensa pero no alcanza para armar nada parecido a una estrategia. Incluso es difícil que los propios barones socialistas se lo crean porque ellos han sido los primeros en denunciar las peligrosas alianzas de su líder, aunque lo hayan hecho con la boca pequeña. Se saben presos de la evidencia de que su partido está en el poder por una componenda con la extrema izquierda, los separatistas catalanes y los herederos de ETA. Esa circunstancia resta todo crédito a sus quejas. Y no van a encontrar en Vox una propuesta más radical que las del bloque en que el presidente apoya su voluntad de permanencia.

Nadie puede, por ejemplo, acusar a la nueva formación derechista de xenófoba sin soslayar que entre los dirigentes públicos actuales no hay ninguno más xenófobo que Torra, al que Sánchez, tras compararlo con Le Pen, acaba de extender una alfombra. Nadie tiene derecho a anatematizar la intención de acabar con la España autonómica mientras los socios preferentes del Gabinete reclamen con naturalidad la autodeterminación de las regiones españolas. Nadie está en condiciones de reclamar el aislamiento de una facción incómoda al tiempo que predica el diálogo con otras que se han saltado las más elementales normas. El bando constitucionalista se ha encogido porque los socialdemócratas lo han abandonado de manera poco decorosa y ese desplazamiento voluntario provoca un clima político de tensiones antagónicas. Fue una decisión deliberada y lo que no vale ahora es culpar sólo al adversario de haber quebrado la concordia.

Claro que sería mucho mejor recuperar el consenso, ampliar los espacios de la moderación, de la responsabilidad y del mutuo respeto, frenar el creciente auge de los discursos extremos. Pero ése es un esfuerzo que requiere predicar con el ejemplo, cerrar el paso a los populismos inflamados, devolver el eje del debate a una posición ecléctica de centro en la que siempre se ha reconocido la mayoría del pueblo. Es decir, justo lo contrario de lo que este presidente está haciendo al buscar el respaldo de los secesionistas y de Podemos. La aparición de Vox no es más que una consecuencia previsible de ese modelo: una respuesta drástica, de hartazgo y de contrapeso, a esa escalada intencional de enfrentamiento. Y para estigmatizarla con una cierta autoridad moral, con una mínima ecuanimidad de criterio, hay que mirarse antes en el espejo.

Un pacto suicida.
Vicente A. C. M. Periodista Digital  27 Diciembre 2018

CIUDADANOS PILLADO NEGOCIANDO CON PODEMOS SU APOYO A CAMBIO DE PUESTOS EN LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. UN PACTO A DOS QUE NECESARIAMENTE NECESITA UN TERCERO, VOX.

PP y C’s se equivocan y pueden dar al traste con el esperado cambio en Andalucía. Su error más grave es considerar a VOX como el enemigo a batir al encuadrarlo irresponsablemente en una extrema derecha inexistente. Porque lo quieran o no, VOX es un partido con un mensaje claro que ha convencido a una gran parte del electorado andaluz donde no hay cabida a las interpretaciones sobre los asuntos claves que preocupan a la ciudadanía. Porque las matemáticas no engañan y ninguna de las posibles coaliciones de izquierda -extrema izquierda (PSOE con 33 escaños y PODEMOS (Adelante Andalucía) con 17 escaños) ni de derecha - centro virtual (PP con 26 escaños y C’s con 21 escaños) cuentan con mayoría suficiente para postularse para presidir la Junta de Andalucía y formar Gobierno. Si quieren ignorar a VOX con sus 12 diputados, deberán forzosamente buscar el apoyo mutuo para la investidura de su candidato o candidata. Y eso es mucho pedir para quien traicionaría a su electorado simplemente absteniéndose a cambio de unos puestos en la Mesa del Parlamento sin influencia alguna.

A escasos tres días de que se cumpla el plazo para la presentación de candidato o candidata, la apuesta parece centrarse en un pacto a dos entre PP y C’s que aislaría a VOX como un apestado, compartiendo el cordón sanitario con esa izquierda que le ha identificado como extrema derecha, dejándole en una oposición indefinida e irrelevante con la intención de anularle y silenciarle. Por otro lado, parece que Susana Díaz asume ya su papel de oposición en la Junta que el PSOE lleva presidiendo durante las últimas décadas, casi siempre con mayorías absolutas. Una oposición que le da protagonismo y le permite hacer a la vez oposición a Pedro Sánchez, criticando su deriva de concesiones con los golpistas catalanes. Pero solo la abstención del PSOE o PODEMOS, podrá permitir que ese pacto a dos prospere en segunda votación, al superar por muy poco los votos de síes a los de noes. En el caso de abstenerse PODEMOS, el resultado de la votación sería: 47 votos a favor (PPy C’s), 45 en contra (PSOE y VOX) y 17 abstenciones (PODEMOS). Algo que no garantizaría en absoluto la gobernabilidad si PODEMOS ejerce, como es de esperar, de oposición a unos pactos de gobierno que no comparte.

Solo una actitud tan irracional como la de no aceptar a VOX como una formación consolidada que ha calado en la sociedad, no solo andaluza, sino presumiblemente en toda España, evidencia el pánico que tanto PP como C’s sienten al ver que parte de su electorado ha optado por esa opción política. Aunque ese temor también se ha apoderado de un PSOE que ha visto como la abstención y una fuga de votantes hacia VOX ha propiciado una derrota histórica. Ese empeño en identificar a VOX como lo que no es al más puro estilo fascista goebeliano de repetir una mentira hasta que se transforme en una verdad, ha producido el efecto contrario en un electorado harto de ser manipulado y engañado por quienes solo pretenden mantenerse en el poder para blindar sus tropelías y corrupción.

La única verdad es que PSOE, y la coalición UNIDOS PODEMOS de ADELANTE ANDALUCÍA han sufrido pérdida de escaños, pasando de 47 a 33 y de 20 a 17 respectivamente. Por otro lado, PP ha sufrido un retroceso notable pasando de 33 a 26. Solo CIUDADANOS ha cosechado del PSOE y PP consiguiendo duplicar sus escaños pasando de 9 a 21, el mismo incremento que ha conseguido VOX con 12 escaños sin haber tenido representación previa. ¿De dónde vienen esos 24 escaños? Parece evidente que no solo del PP, sino de una fuga de votos de la izquierda más moderada y contraria a la política de protección a la corrupción del PSOE. Mayormente esa fuga ha ido al partido socio de la legislatura de Susana Diaz, CIUDADANOS, y una parte ha ido derivada por puro castigo hacia VOX.

Es un grave error intentar esconderse de la realidad. Y esa es que si se quiere consolidar un cambio real y acabar con la “dictadura socialista” de décadas, PP y C’S necesitan el apoyo de VOX irremisiblemente. De hecho, Santiago Abascal, líder de esa formación, cansado del menosprecio y ninguneo ya ha advertido que sin ellos no habrá cambio a solo tres escasos días de la fecha límite. Este pacto a dos se convertirá en papel mojado si no cuenta con el apoyo de VOX y obligará a una repetición de las elecciones con resultados impredecibles para todos los partidos. Habrá sido una oportunidad perdida en un momento histórico que puede que no se repita si se obliga de nuevo a los andaluces a pronunciarse. Lo esperable es que esos socialistas desmotivados que se quedaron en casa y no fueron a votar, a la vista de las consecuencias de ese vuelco, opten por acudir a las urnas y devolver, si no la mayoría absoluta, si la posibilidad de un pacto PSOE UNIDOS PODEMOS y abortar un cambio que no desean.

Harán muy bien PP y C’s en reconsiderar su estrategia de cooperar a un cordón sanitario contra VOX, que por mucho que se empeñen no es esa amenaza de involución de una extrema derecha que solo existe en la mente calculadora de unos dirigentes que solo ven peligrar sus propios chiringuitos de poder ante un competidor que les desnuda y enseña sus vergüenzas ante los ciudadanos. Porque VOX es la voz de la conciencia de muchos españoles decepcionados por a deriva ideológica del PP y de un C’s que bascula en un centro inexistente y voluble donde la ideología se amolda en función de las circunstancias, a veces apostando por la carne roja y otras por el marisco, aunque siempre con actitud crítica y una percepción propia de estar por encima del bien y del mal mirando a los demás por encima del hombro. Una actitud soberbia y acomodaticia donde siempre se ha abstenido de asumir responsabilidades de gobierno y solo ejercer de severo censor de sus socios temporales.

Lo malo de esta actitud reaccionaria contra VOX es que solo van a conseguir terminar con la esperanza de muchos andaluces que con sus votos han querido abrir ventaneas y quitar las alfombras para limpiar la mugre de la corrupción acumulada durante décadas de dictadura clientelar del PSOE. Un fracaso que seguro que será sancionado por el electorado si se le obliga a volver a pronunciarse en unas nuevas elecciones autonómicas.

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

El desbarajuste fiscal autonómico
Primo González republica 27 Diciembre 2018

Ahora que llegan nuevos Gobiernos autonómicos (el de Andalucía parece que está al caer y algunos otros pueden fraguarse a partir de las elecciones del mes de mayo), sería bueno aprovechar la oportunidad para esclarecer un poco el panorama fiscal, que si por algo se caracteriza es por su dispersión, opacidad, multiplicidad de variantes y escasa vocación por incentivar la actividad económica y favorecer la creatividad. Todo ello, claro está, en detrimento del crecimiento económico y del empleo.

Puede que Andalucía sea una de las zonas en donde el espíritu autonómico nacido al calor del nuevo Estado diseñado a partir de la Constitución del año 1978 ha logrado crear figuras tributarias menos estimulantes para el ánimo creativo y emprendedor y en donde las buenas intenciones formuladas en aras de una más justa distribución de la riqueza han devenido en actuaciones fiscales que no han logrado sus propósitos sino más bien al contrario crear figuras tributarias con un bajísimo potencial recaudador y una alta disuasión creativa. Figuras fiscales que en algunos casos generan más coste público para su aplicación que los ingresos tributarios que se obtienen a la hora de la recaudación.

El uso de los amplios márgenes que la Hacienda estatal ha dejado a los entes autonómicos para ajustar algunos impuestos a los deseos de las regiones, con la sana intención de reforzar su capacidad financiera, ha alcanzado en algunas Autonomías resultados justamente inversos a los fines que se perseguían. Un análisis de la aplicación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que se encuentra cedido a las Autonomías desde casi sus inicios a finales de los años 80, puede llegar incluso a la conclusión de que algunas de estas figuras tributarias provocarían un aumento automático de los ingresos fiscales con su mera desaparición.

La maraña tributaria formada por los impuestos de tipo general cedidos se ha enriquecido con los tributos creados por las propias Autonomías, con casi un centenar de tributos creados para diversas finalidades propias de cada región autonómica. Por si fuera poco, otros nuevos impuestos se han añadido como consecuencia de la exuberancia creativa que han desarrollado algunas administraciones periféricas al poner en marcha tributos relacionados con la preservación del medio ambiente o inspirados en nuevas tendencias surgidas en organismos internacionales o en países de nuestro entorno.

Tributos que en algunos casos desarrollan la voracidad fiscal enfocándola hacia actividades como el juego o la renacida actividad turística que se ha visto favorecida en algunas zonas de España con los últimos avances del turismo internacional. Por no hablar de los ingeniosos impuestos contra la proliferación de los residuos o el abuso en el empleo de los materiales plásticos. Todo parece adecuado a la hora de incrementar el arsenal de figuras tributarias, con las cuales pasar factura a las actividades económicas más insospechadas, con efectos colaterales perniciosos que a veces obstaculizan uno de los principios más deseables de una economía moderna, como es el de la unidad de mercado en todo el territorio estatal.

Todo ello con la indisimulable finalidad de incrementar la recaudación o promover cambios sociales que no deberían constituir, en sí mismos, el objetivo de la política fiscal, ya que para eso existen mecanismos mucho más eficaces e idóneos. Es bastante llamativo el hecho de que los estímulos a la creatividad empresarial o al desarrollo de iniciativas generadoras de empleo no formen parte de la atrofiada estructura fiscal y tributaria que se ha ido desarrollando en la España de las Autonomías. Si ahora vamos a asistir a una remodelación más o menos generalizada de los Gobiernos autonómicos del país, quizás bueno sería que los partidos políticos de ámbito estatal trataran de poner un poco de orden en todo este desbarajuste.
 
El último
«Escucha, Israel, escucha»: el último de Varsovia ha muerto
Gabriel Albiac ABC  27 Diciembre 2018

Y, «en medio de aquello, todos, de repente, rompieron a cantar Shemá Israel». La cantata de 1947 fija uno de los momentos más intensos en la música de Arnold Schoenberg. Él mismo escribió el poema que le sirvió de base. Schoenberg había huido a tiempo: las leyes de exclusión racial forzaron, en 1933, su exilio en los Estados Unidos. Un superviviente del Gueto de Varsovia es su oración por los seis millones de judíos exterminados en los campos nazis. Esta mañana, mucho antes de que amaneciera, he leído la noticia: ha muerto en Israel el último combatiente del gueto. He vuelto a escuchar esos casi insostenibles seis minutos y cincuenta y un segundos que dura la cantata. En su espeluznante amalgama de alemán e inglés. Y en la angustia de las dos palabras que, en hebreo bíblico, cierran el canto: no se sabe muy bien si abriéndolo a la esperanza o cerrándolo en el sinsentido. Pero es que optar entre esperanza y sinsentido, ante el dato escueto de la aniquilación de un pueblo, es algo que tal vez un Dios pueda decidir. Nunca un hombre.

Simhah Rotem murió el sábado pasado. Hubiera cumplido 95 años en febrero. Era el último de quienes tomaron las armas, en la clandestina Organización Judía de Combate (OJC), para dar una batalla insurreccional desesperada al ejército nazi en el oscuro laberinto de las callejas y las alcantarillas de Varsovia. Era el año 1943. Varsovia, su barrio judío, había sido transformada en estación de tránsito hacia los campos de exterminio: 400.000 de los que por allí pasaron volarían en el humo de los crematorios de Treblinka y Majdanek. Paul Celan los sueña en el quizá más trágico poema del siglo XX: «…cavamos una fosa en el aire; allí no se yace apretujado… La muerte es un maestro de Alemania».

En 1940, cuando el gueto de la capital polaca es cerrado por el muro que lo convierte en inmenso, hermético presidio, Simhah Rotem tiene 16 años. Allí, dos más tarde, se transforma en Kazik, clandestino agente de contacto de la OJC: es un chaval rubio de ojos azules que habla un polaco impecable, nada mejor para hacer a diario la travesía subterránea que lleva del infierno al mundo externo. Y en el mundo externo le sorprendió la insurrección de enero del 43: dos mil soldados alemanes penetraron en el gueto; un puñado de partisanos los mantuvo a raya, con fusiles y pistolas rudimentarios, hasta mediado mayo. Trece mil judíos murieron durante el combate. Treinta mil fueron enviados a un destino de muerte en Treblinka. La Gran Sinagoga de Varsovia fue volada. Kazik rehace su ruta de alcantarillas, retorna al gueto, consigue extraer de allí a unos pocos supervivientes. Volverá a dar batalla, junto a los resistentes polacos, en 1944: la inhibición del ejército soviético propiciará una nueva derrota. Persevera en la guerrilla. Perdida toda esperanza para el judaísmo europeo, en 1947, acaba refugiándose en la Palestina británica. Luego, Israel: la única patria y la única victoria que conocieron los judíos de su generación.

Era el último. Y yo, en la luz indecisa de la madrugada, he querido entonar mi laica oración fúnebre, mi escéptico Kadish. Por ese último. Después de él, ya nadie recordará el instante de absoluto que Schoenberg evoca al final de su cantata: cuando el recuento en alemán de los prisioneros, que van a ser llevados a la cámara de gas, se rompe y la voz colectiva de los que se saben ya muertos retorna al canto milenario: Shemá, shemá Israel. «Escucha, Israel, escucha»: el último de Varsovia ha muerto.

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Una ocultación cínica y muy poco 'anecdótica'

EDITORIAL El Mundo  27 Diciembre 2018

En un nuevo ejemplo de cinismo el PSOE, a través de Iratxe García, miembro de la Ejecutiva del partido, calificó ayer de "anecdótico" el hecho de que ni Pedro Sánchez ni la vicepresidenta Carmen Calvo ni la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, hayan informado de la propuesta de acuerdo con 21 puntos que Quim Torra les entregó durante la reunión de la pasada semana. De esta forma, a la indignidad de aceptar un encuentro entre iguales con los líderes independentistas de la Generalitat se uniría la recepción de un documento inaceptable que incluye una posible comisión internacional que medie entre los "gobiernos de Cataluña y de España", la "desfranquización" del país y el reconocimiento del "derecho de autodeterminación".

Ante el silencio de Sánchez, Torra ha desvelado parte del contenido del escrito para recordar al Ejecutivo que su apuesta por la ruptura del orden constitucional no es negociable y que aceptar el diálogo es estar dispuesto a ceder a sus pretensiones. El presidente del Gobierno se está comportando de forma irresponsable, tanto al aceptar un documento que supondría la voladura del Estado como al intentar que la opinión pública ignore el precio que parece estar dispuesto a pagar para mantenerse en La Moncloa.

Ciudadanos y Vox: arte y ensayo
Jorge Vilches. vozpopuli   27 Diciembre 2018

El reparto de papeles en los gobiernos de coalición es habitual. En el caso andaluz, PP y Cs van a ofrecer un pacto de gobierno cerrado, dispuesto a abrirse a izquierda (PSOE y Podemos) y a derecha (Vox) cuando sea necesario. Por eso piensan dar entrada en la Mesa a todas las fuerzas parlamentarias, para dejar por sentado que es un planteamiento inclusivo, dispuesto a hablar con cualquiera. Ahora bien, los socios de gobierno tienen estrategias distintas.

Cs necesita demonizar a Vox por varias razones. La primera es mantener el absurdo envite de Manuel Valls. El socialista francés fue quien tuvo la ocurrencia de hablar de “cordón sanitario” contra Vox, precisamente en Cataluña, donde es más necesaria que nunca la unión de los constitucionalistas frente al supremacismo. Un tierra, además, donde nació el acuerdo que fue el principio del fin del consenso político y el empujón al “procés”: el Pacto del Tinell, destinado a marginar al PP hasta su extinción.

Además, Ciudadanos ha cerrado un acuerdo en Bruselas para ir a la sombra de Macron en las elecciones europeas. De ahí los ataques de Rivera a Santiago Abascal, al que tienen por un populista equiparable en Europa a Marine Le Pen, Salvini, el holandés Geert Wilders, o el húngaro Viktor Orbán, cuando no a Trump o Bolsonaro. Desde la victoria de Macron en mayo de 2017 ha sido evidente la ansiedad de Rivera por tener al francés como referente de centrista joven que llega al poder frente a la crisis de los partidos tradicionales. Y, claro, un año de negociación con Macron no se va a echar por la borda por una foto con Santiago Abascal.

Finalmente, los de Rivera saben que el centro-derecha está ahora superpoblado. La aparición de Pablo Casado con un discurso limpio, con personalidad, liberal-conservador, que atesora las mismas supuestas virtudes que Rivera, frena el traspaso de votos de la era Rajoy. Amortizada la denuncia de la corrupción, solo les quedaba la cuestión identitaria. Ya dijimos en octubre que “lo español” iba a ser la clave fundamental para decidir el voto de la derecha entre tres formaciones que podían capitalizarlo: PP, Cs y Vox. La aparición de los de Abascal y la resurrección del PP de Casado en la defensa de esa identidad española resta rentabilidad electoral a esa cuestión.

La salida lógica de Ciudadanos para seguir creciendo como opción de centro, en consecuencia, es hacerse con el voto moderado de izquierdas que no soporta a Pedro Sánchez. Por esta razón ha sido Juan Marín, y no Villegas, quien ha asumido el encargo de pactar públicamente con las izquierdas; de hecho, ha estado tres años y medio haciéndolo. Era el hombre apropiado. No en vano estar todo este tiempo junto a la desastrosa Junta de Andalucía de Susana Díaz no les ha restado un voto. Es tan evidente que hasta puede ser Cs quien ceda un lugar en la Mesa del Parlamento para que lo tenga Adelante Andalucía.

Marín intentará el beneplácito de las izquierdas para lo que tiene que ver con las políticas sociales y la igualdad de género planteado en el acuerdo de gobierno con el PP. Quizá, a cambio, y eso sería lo terrible, las alfombras andaluzas solo se levanten para ver el suelo y echar más polvo debajo.

En ese reparto de papeles, al PP le ha tocado hablar con Vox. Es lo apropiado. Están más cerca de la formación de Abascal por ideas e historia, y el electorado popular no demoniza a esa formación, sino que es percibida como una organización familiar. Es más; es muy conocido que Vox nació en 2014 para resucitar al “verdadero PP”, enterrado por el marianismo.

Estratégicamente es muy práctico este rol para los de Pablo Casado. Por un lado, los populares ensayan un pacto con Cs mucho mejor que en Madrid o Murcia, preludio de lo que puede ocurrir tras las elecciones de mayo de 2019 y las próximas generales. Evitar los suicidas pactos de investidura, como en la capital de España, es primordial. Por otro lado, se acercan a los de Vox para demostrar que nunca debieron irse de la casa común de la derecha. El PP será indispensable para acercar a los de Francisco Serrano, ofreciendo, entre otras cosas, la rebaja de impuestos o el cuestionamiento de la andaluza ley de memoria histórica.

El acercamiento a Vox se ha dejado para última hora porque a PP y Cs les convenía ir con todo cerrado, en este ensayo general donde la política quiere ser arte. Ahora bien, que nadie se engañe, ese retraso y casi ninguneo es muy útil a la formación de Abascal, ya que la convierte en protagonista, como hasta ahora, remarcando su papel imprescindible para el cambio de régimen en Andalucía. Vox creció como una opción anti-establishment y contraria a la corrección política que, como en otros lugares de Occidente, vive de la propaganda que le hace el adversario. Y parece que, por cálculo de unos y otros, así seguirá siendo.

Sánchez sigue vendiéndonos una nación fruto de sus ensoñaciones
Es evidente que el señor P. Sánchez ha salido tocado del trance andaluz
Miguel Massanet diariosigloxxi  27 Diciembre 2018

Parece ser que ni el señor Pedro Sánchez ni su partido el PSOE ni sus apoyos comunistas de Podemos, parecen haberse dado cuenta de lo que ha supuesto para España el resultado, totalmente inesperado y de gran importancia para el país, de las elecciones andaluzas. Es evidente que la izquierda ha querido hacer caso omiso de la gran debacle del PSOE en su feudo, en el que llevaba más de 30 años teniendo el poder de dirigir a los andaluces, a los que ha tenido “comprados” a base de concederles prebendas y de proporcionarles enchufes en empresas públicas y en cargos de la Administración pública, aparte del sistema especial que establecieron en la agricultura autonómica, mediante el cual según las “peonadas” justificadas que tuviera cada trabajador agrícola, se le concedían sustanciosas compensaciones económicas durante los meses en los que no podían trabajar en el campo. Un sistema que llevan años aplicando en Andalucía y que es conocido como el PER, algo que evidentemente supone un despilfarro que, después de tantos años de práctica, ya ha dado lugar a toda una serie de vicios (vicios consentidos) que permiten que se produzcan fraudes y componendas, de modo que hay trabajadores que, sin haber trabajado ni una peonada, sin embargo, ha conseguido mediante usos ilegales, percibir el subsidio como si hubiera trabajado.

Aunque llegamos a pensar que, con la retirada de la jueza Alaya del caso de los EREs fraudulentos andaluces, del gran trabajo que hizo en cuanto a la instrucción del sumario de lo que se presenta como uno de los peores casos de distracción de dineros públicos para la financiación de un partido, en esta ocasión el PSOE andaluz, por parte de una mayor cantidad de implicados en la trama que se compinchó para llevar a cabo los delitos de los que se los acusa y, también, por la categoría e importancia de los principales personajes enjuiciados, Cháves y Griñán, ambos expresidentes de la Comunidad Andaluza; sobre los cuales pesan las peores acusaciones al no haber impedido que, bajo sus mandatos, se hubiera producido una de las estafas más sonadas en contra de los trabajadores de algunas empresas en crisis; es obvio que la Justicia no ha interrumpido su labor investigadora y que, en estos días, es cuando definitivamente estamos a punto de conocer la sentencia definitiva que, el TS, va a emitir sobre la culpabilidad o inocencia de ambos líderes del PSOE andaluz y, en su caso, si fueren declarados culpables, la condena que se dictará sobre cada uno de ellos.

Como era imposible que sucediera, parece que tenemos a la vista lo que todos los españoles y, principalmente los andaluces, estaban pidiendo a través de la expresión de la voluntad popular en las urnas. Un cambio respecto a una política maleada por el desgaste, los malos hábitos, la elevada tasa de desempleo juvenil que, después de 35 años de gobiernos progresistas, alcanza, en Andalucía el 62%; el clientelismo y el nepotismo como sistemas de conseguir adeptos y emplear a familiares; en fin, lo que acaba sucediendo en aquellos lugares en los que (como ha sucedió en México durante muchos años) una determinada sigla partidista ocupa el poder y se mantiene en él durante el tiempo suficiente para que la corrupción se vaya infiltrando por todo su tejido social.

Es evidente que, el señor P.Sánchez, ha salido tocado del trance andaluz y, por mucho que intente desviar la atención hacia otros puntos, sabe que sigue instalado al borde del abismo, apoyado por una extrema izquierda, Podemos, que a la vez sigue estando amenazada de disgregación debido a sus disputas internas y a la insurrección de algunos de sus dirigentes, que intentan ir por libres en las próximas elecciones autonómicas y municipales del mes de Mayo del 2019. Se aferra, como a un clavo ardiente, al apoyo de los partidos separatistas, tanto el vasco del señor Urkullu como al más beligerante, exigente y amenazante separatismo catalán que, a diferencia del vasco, más unificado y disciplinado, está integrado por una serie de formaciones en las que, las luchas por el poder les impiden formar un frente unido y donde las posibilidades de que un líder se imponga sobre los demás parece ser cada vez más improbable. Ni ERC ( con el señor Junqueras en la cárcel) ni el PDEcat ( antigua CDC) ni el partido del señor Puigdemont en el exilio, titulado como 'La Crida Nacional per la República’, ni la CUP ni las agrupaciones independentistas ANC u Omnium Cultural, parecen coincidir en el modo de llevar adelante sus planes rupturistas con el Estado español aunque, evidentemente, sí lo están en cuanto a continuar ejerciendo presión sobre el señor Sánchez, convencidos de que, si hay alguna oportunidad para favorecer sus aspiraciones independentistas, será ahora cuando el Presidente del gobierno español está con el agua hasta el cuello, pendiente de que se aprueben los PGE del Estado ya que, en caso contrario, iba a tener graves problemas para seguir gobernando el país, hasta la fecha de las elecciones legislativas en el 2020.

Si P.Sánchez, antes de los comicios andaluces, tenía la razonable certeza de que, un adelanto de elecciones, podría ser un arma para esgrimir ante una derecha que acababa de salir de un cambio en su dirección, solamente con el apoyo condicional y poco seguro de Ciudadanos y que todavía experimentaba el trauma de haber sido desalojada del poder por la moción de censura presentada por el PSOE; ahora, después de lo sucedido en Andalucía, de la impactante irrupción de un partido de derechas, VOX, con 12 escaños en el Parlamento Andaluz y con una caída espectacular de 12 escaños del PSOE andaluz, es obvio que no está dispuesto a correr el albur de unas elecciones donde, si el ejemplo andaluz cundiera en el resto de España, estaba expuesto a sufrir un descalabro del que, difícilmente, se podría sobreponer, máxime si tenemos en cuenta que, los llamados “barones” del partido, están expectantes esperando que su Jefe de filas cometa algún error importante para tirársele al cuello a degüello.

Y aquí tenemos la clave de todo lo que está sucediendo, incluido el ataque feroz de los separatistas catalanes a la Casa Real, sacando punta a un discurso de navidades del Rey que, a cualquiera que intente sacarle más que un evidente deseo de no herir susceptibilidades ni de unos ni de otros y de, contrariamente al valiente y acertado discurso del año pasado, es obvio que la intervención de la Moncloa en la corrección del contenido de la alocución real, se ha notado, en esta ocasión más que en cualquiera de los anteriores discursos del monarca. Una llamada a mantener la Constitución y múltiples llamadas a la convivencia, era sin duda lo mínimo que se le podía pedir a S.M. Sánchez, aunque hace esfuerzos ímprobos para que no se le note lo que ocurre en su interior, es evidente, y su semblante lo denota más de lo que seguramente le gustaría, se encuentra ante la duda de lo que van a decidir los catalanes. Aunque es obvio que quisieran apoyar al actual Presidente del gobierno español, está claro que, ni Puigdemont, desde su doble postura de fugitivo de la Justicia española y como presidente en el exilio de una supuesta y no proclamada república catalana afincada en un palacete del pueblo de Waterloo en la nación belga, ni Quim Torra como presidente de la Generalitat, se pueden atrever a volver atrás respecto a sus declaraciones de que no habría apoyo a los PGE si no se producía un gesto significativo respecto a la independencia de Cataluña.

Pero la deslealtad, la predisposición a la traición de P.Sánchez, su indudable facilidad para salir de situaciones complicadas y el apoyo incondicional y podríamos decir que, casi suicida, de sus ministros, ante una tarea agotadora de intentar justificar lo injustificable, ofrecer todo aquellos aumentos y mejoras salariales a los funcionarios, ampliar su número, convertir en fijos a la mayoría de los que no lo eran etc.; unas medidas que pudieran tener un impacto social favorable a los socialistas, sin tener en cuenta que, cada una de las ofertas que han anunciado, tienen un coste de varios millones de euros que no están comprendidos en los presupuestos aprobados por el PP, que siguen vigentes en la actualidad, ni tan siquiera, en los que los socialistas quieren aprobar con el apoyo de todos los partidos de la oposición; con la particularidad de que España no está en condiciones de asumir retos económicos que es evidente que no van a poder cumplirse si no es a base de más endeudamiento público o de aplicar la tuerca de los impuestos cuando ya se viene demostrando que España se está convirtiendo en uno de los países en los que existe una carga fiscal mayor y, en consecuencia, con más posibilidades de la desafección de los ciudadanos respecto al trato impositivo que reciben por parte del Estado y de sus gobiernos autonómicos.

Por otra parte una de las peticiones en las que más hincapié siguen haciendo los catalanes, los de los lazos amarillos y los extremistas de los CDR, se concentran en la petición de la puesta en libertad de los políticos independentistas catalanes, encerrados en la cárcel de Lledoneras; eso sí, tratados a cuerpo de rey y disponiendo de unos privilegios que para sí quisieran muchos de los presos de otras cárceles que quizás cumplan condenas por delitos mucho menores de aquellos que, presuntamente, cometieron todos estos señores que decidieron presentar sus reivindicaciones de independencia ante el Gobierno de la nación, no como una simple petición ni como una consulta, sino como una exigencia acompañada de amenazas que, como es obvio y evidente, no pueden ser tomadas en cuenta por ningún gobierno de una nación democrática, soberana y que tiene una Constitución, que se han dado los ciudadanos, donde están prohibidos todos los intentos de que, una parte del país, intente unilateralmente conseguir su separación del resto.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, debemos evitar dejarnos llevar por la cortina de humo que los socialistas intentan ponernos ante los ojos, con todos estos señuelos con los que buscan confundirnos, captar adeptos, meterse en el bolsillo a los funcionarios y, mediante toda esta demagogia facilona y con escasas posibilidades de que pueda ser soportada por la economía de nuestra nación, aprovecharse del rédito que les puedan reportar todas estas ofertas de mejoras en los meses actuales hasta que, los beneficiarios de todas estas medidas prometidas por el gobierno socialista, se encuentren en que, lo que se les da por un lado se les sustrae por otro mediante el incremento de impuestos o bien, si se acude a aumentar la Deuda Pública, algo que ya se nos ha advertido, desde Europa, que no puede ser; entremos en una situación semejante a aquella en la que nos dejaron los socialistas del gobierno de Rodríguez Zapatero, a finales del 2011.

Debate en el Congreso
Sánchez ya prepara con Podemos el plan para que los niños de toda España estudien catalán
Luz Sela okdiario  27 Diciembre 2018

Podemos ha dado un impulso a la propuesta original del PSOE para que los niños de toda España estudien las lenguas co-oficiales. El partido de Pablo Iglesias, y socio de Pedro Sánchez en la moción de censura, ya ha introducido el debate en el Congreso a través de una Proposición No de Ley, sobre el 'reconocimiento del carácter plurilingüe del Estado'.

En el texto, Podemos insta al Gobierno de Pedro Sánchez a “fomentar el estudio de las lenguas co-oficiales del Estado en todas las enseñanzas del sistema educativo español e incorporar en los planes de estudio los contenidos pertinentes con el objetivo que los alumnos y alumnas de toda la enseñanza obligatoria conozcan la realidad plurilingüe de España.”.

Además, pide extender la utilización de las lenguas autonómicas a toda la Administración, una medida que obligaría a un esfuerzo ingente en traductores.

El partido propone así “impulsar los cambios normativos necesarios para garantizar, de forma efectiva, el uso de las lenguas co-oficiales por parte de los ciudadanos y ciudadanas, en todos los ámbitos administrativos y judiciales en la comunidad autónoma, y en las relaciones con la Administración General del Estado y sus instituciones del Estado fuera de la comunidad autónoma; y, en definitiva, reconocer y otorgar al catalán, al vasco y al gallego, a todos los efectos, el carácter de lenguas oficiales del Estado y no solamente de las CCAA donde son lenguas oficiales”.

Más catalán en medios de comunicación
En otro punto, los de Iglesias solicitan al Ejecutivo socialista “adoptar medidas de impulso del uso de las lenguas co-oficiales en los medios de comunicación estatales y aumentar la producción propia en los centros de Cataluña, Euskadi y Galicia”. Además, piden el reconocimiento de la condición de lengua oficial del occitano y tomar medidas para su preservación y normalización “entre ellas la necesidad que sea lengua de uso preferente en las administraciones aranesas” y que el Gobierno “se comprometa a impulsar la adopción de un acuerdo sobre plurilingüismo en los aspectos simbólicos que regule el uso de las lenguas cooficiales del Estado en el Congreso de los Diputados y en el Senado”.

La propuesta, como reveló OKDIARIO, partió originalmente de los socialistas. La medida se formula, en concreto, en sus planes para el “reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España”, que en su día se plasmaron en una proposición de ley en el Congreso, en tramitación parlamentaria.

En este contexto, el Gobierno quiere adoptar “las medidas de fomento que sean necesarias”-de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias-para “favorecer” el estudio de las lenguas que, junto con el castellano, tienen carácter de cooficiales “en todas las enseñanzas del sistema educativo español”-desde Educación infantil a la Universidad-“y para toda España”. “Especialmente en las etapas ordinarias del sistema educativo”. Un planteamiento idéntico al de Podemos.

Además, según este plan, el Gobierno-en coordinación con las comunidades autónomas-impulsará que se incorpore en todos los planes de estudio “los temas necesarios para que los alumnos de toda la enseñanza obligatoria conozcan la realidad plurilingüe del conjunto de España”.

La medida figura también en la ‘Declaración de Barcelona’, el acuerdo programático firmado el año pasado por Pedro Sánchez y Miquel Iceta y que se utiliza como base en las negociaciones con el Gobierno independentista de Quim Torra.

En el texto se opina que “gran parte de la insatisfacción existente en Cataluña se deriva de la falta de reconocimiento de los elementos simbólicos referidos a su identidad nacional y a su historia”, y por ello, se propone, entre otros, aprobar una Ley orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística, un paso que, ahora, cuenta con la complicidad de Podemos.


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