AGLI Recortes de Prensa   Viernes 28  Diciembre 2018

Santiago Abascal anticipa una negociación larga: revisará el pacto PP-C’s para erradicar las leyes de izquierdas
Carlos Cuesta okdiario  28 Diciembre 2018

Santiago Abascal no tiene prisa por cerrar el acuerdo de gobernabilidad en Andalucía. Tiene claro que Vox no va a suponer un obstáculo para expulsar al PSOE de la comunidad andaluza, pero, precisamente por eso, quiere que no sólo no sea un obstáculo, sino que sea el catalizador de la verdadera expulsión del adoctrinamiento de izquierdas.

Con ese objetivo Abascal se prepara ya para una negociación larga con PP y C’s en la que va a presentar toda una batería de exigencias que, de facto harán, que esa expulsión del socialismo sea real y profunda: y es que las principales exigencias se centrarán en acabar con las normas con fuerte contenido ideológico de izquierdas. Entre esas normas se encuentran las de género, las de inmigración, las de ataque a los toros y la caza y las de memoria histórica.

Por supuesto, también se encuentra ahí el desmontaje de la gran fabrica de adoctrinamiento en esta región: Canal Sur. Y como colofón, sus exigencias incluirán el ataque al mecanismo que ha permitido engrasar con fondos públicos toda esa maquinaria de sectarismo: la administración paralela creada a lo largo de casi cuatro décadas por el PSOE y que alberga a nada menos que 23.000 enchufados encargados de controlar el gasto ideológico.

La aceptación por PP y Ciudadanos de estas exigencias condicionarán el respaldo día a día al Gobierno regional. Y ello, aunque se cierre inicialmente acuerdo de apoyo al Ejecutivo autonómico.

Vox va a realizar una revisión íntegra de los pactos alcanzados por los Populares y los hombres de Juan Marín y Albert Rivera antes de firmar su respaldo. Pero el listado de puntos en los que especialmente pondrá el acento Abascal ya es conocido. Y se compone de medidas que, en especial a Ciudadanos, pueden provocarle algún que otro trastorno.

La primera de esas exigencias será la devolución de las competencias autonómicas de Educación, Sanidad, Justicia y Seguridad al Gobierno de la Nación. Vox sabe que no puede exigir ahora y desde una región el desmontaje íntegro de las autonomías, pero sí quiere que cada plaza en la que se note su capacidad de decisión materialice los pasos oportunos en esa dirección: y la primera prueba será la solicitud de devolución de las competencias citadas al Estado central.

Los hombres de Abascal también exigirán, no un compromiso de reducción de gasto, sino directamente la reforma estatutaria para conseguir la supresión de entidades que duplican a otras estatales: supresión de agencias administrativas superfluas, reevaluación de la utilidad y supresión de gran parte de las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la Junta, fundaciones y consorcios de la Junta de Andalucía y fondos sin personalidad jurídica.

Abascal reclamará ademas el compromiso de reducción al máximo del gasto público de Canal Sur, la eliminación inmediata de uno de los dos canales, con el objetivo final de la supresión de la televisión autonómica sustituyéndola por la emisión territorial de TVE.

Toda esa liberación de gasto debe dar lugar a una capacidad presupuestaria que Vox quiere destine a una rebaja muy fuerte de impuestos: a la supresión del 99% de la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones; y reducción de un 5% en el tramo autonómico del IRPF.

La educación será otra de las áreas en las que las exigencias de Vox se dejarán notar en esta negociación de gobernabilidad. Los de Abascal pedirán pruebas de nivel externas al término de cada ciclo educativo y la expresa autorización de los padres (PIN parental) a que sus hijos reciban actividades o contenidos extracurriculares que tengan implicaciones ideológicas o morales. Si se niegan, no podrán ser obligados a que sus hijos soporten esa formación.

Además, Vox va a exigir la sustitución de la Ley Andaluza de Violencia de Género por una Ley de Violencia Intrafamiliar y la derogación plena de la Ley Andaluza de Memoria Histórica.

Todo ello, además de la sustitución de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por una Consejería de Familia y Natalidad. El PER también está en la agenda de Abascal. Ahí reclamara la sustitución del PER por un Plan de Fomento del Emprendimiento en el ámbito rural, combatiendo de esta forma el fraude en las subvenciones.

En materia de inmigración, exigirá la colaboración total con del poder político con la policía y jueces para repatriar a los inmigrantes ilegales y para combatir a las mafias del comercio callejero ilegal. Y, sólo por citar algunos de los puntos principales, Vox pedirá un plan de apoyo a la tauromaquia y la caza.

Andalucía, ante un nuevo comienzo
 larazon  28 Diciembre 2018   28 Diciembre 2018

Ayer asistimos a un hecho histórico en el Parlamento de Andalucía que ni siquiera la infantil pataleta de la izquierda puede empañar. Treinta y seis años después se consuma lo que en cualquier democracia es normal, una alternativa de Gobierno, pero que en la mayor comunidad autónoma de España parecía imposible. El propio desarrollo del acuerdo político entre las tres formaciones del centro y la derecha, fluido y natural, pese a los mohines fingidos de Ciudadanos, no sólo demuestra la conciencia general de la bondad del cambio, sino que responde a la voluntad claramente expresa en las urnas de los ciudadanos.

Para el nuevo Ejecutivo, el envite es de los grandes. Se trata, nada menos, que de vencer, primero, la inercia de un régimen clientelar que ha entretejido una densa trama de intereses y, después, de cambiar el modo de entender la gestión pública, no como el patrimonio de un partido, sino como un deber de eficiencia de servicio hacia la comunidad, con independencia de la adscripción ideológica de cada ciudadano.

El mismo espectáculo de la conformación de la Mesa de la Cámara autonómica, con una extrema izquierda vociferante que dio la medida exacta de su intolerancia congénita, debería poner sobreaviso a los futuros gobernantes sobre la colaboración que pueden esperar de la oposición parlamentaria. Tal vez, el único consuelo sea comprobar cómo la inquina entre la presidenta del PSOE andaluz, Susana Díaz, y la líder de Podemos, Teresa Rodríguez, se mantiene por encima de cualquier consideración, hasta el punto de haber dejado al partido morado sin representación en la Mesa.

A este respecto, podría haber tenido alguna virtualidad la sobreactuación de socialistas y radicales de izquierda a costa de VOX de no venir precedida por otra fantasmagoría sectaria como fue el «pacto del Tinell», cuando le tocó al Partido Popular de Cataluña ejercer de víctima propiciatoria y encarnación de todo los males. Ayer, los mismos que negaban la legitimidad política a un partido escrupulosamente democrático, pretendían incluirlo en su pulsión sectaria, que, sin duda, nos dará grandes tardes de crispación, en los parlamentos y en la calle. Pero no es conveniente dejarse confundir.

No es la emergencia de VOX, un partido en el extremo ideológico como Podemos, lo que realmente disturba a la izquierda, sino las malas perspectivas electorales, tanto a nivel general como local, que trae asociadas. Ahora, sin embargo, la cuestión que preocupa a los ciudadanos andaluces, y que ilusiona a su gran mayoría, es comprobar si el cambio político trae consigo un verdadero cambio de rumbo transformador que sitúe a Andalucía en el lugar que por riqueza natural, patrimonio cultural y capacidad creativa le corresponde. Que acabe con las lacras de un régimen, virtuoso de la burocracia y la subvención sin futuro, que la ha mantenido a la cola de España, pese a las millonarias inversiones procedentes de los programas de compensación de renta de la Unión Europea.

Así pues, cabe exigir a los firmantes del pacto de Gobierno, Partido Popular y Ciudadanos, que antepongan a cualquier consideración política y personal al objetivo primordial del crecimiento económico y del empleo, sin lo que no es factible afrontar las necesidades básicas del Estado de Bienestar y corregir los graves desequilibrios de cuatro décadas de socialismo. Hasta ahora, Juanma Moreno y Juan Marín han demostrado, al menos, voluntad de colaboración y coincidencia en los objetivos ante señalados. Queda, sin embargo, la conformación del próximo Gobierno con el reparto de las consejerías. No lo tendrán fácil, menos desde una izquierda que se resistirá al desalojo de unas instituciones que ya consideraban suyas por derecho divino.

La izquierda está muy irritada
Francisco Marhuenda. larazon  28 Diciembre 2018

Estoy desolado. Al ver el rostro triste e irritado de la izquierda política y mediática por el proceso de cambio que se está viviendo en Andalucía, siento un profundo desazón pensando en las decenas de miles de chupópteros que se han beneficiado de estos 36 años de hegemonía socialista. Era una satrapía al servicio de un partido, aunque con muy buenas retribuciones y con muy poquito esfuerzo a cambio de cobrar del erario público. Era una “oposición” por la jeta donde se sucedían las sagas familiares que contemplaban la administración pública como un botín al que tenían derecho gracias al sistema clientelar que habían organizado con una eficacia encomiable.

Durante estos años parecía que no podía producirse un cambio y que ese derecho de conquista les permitía hacer lo que les diera la gana. Esto iba acompañado de esa insufrible superioridad moral de la izquierda que puede ejercer el amiguismo sin límites mientras muchos periodistas aplaudían con fervor inusitado, porque no hay nada más justo que gobiernen los suyos. La administración andaluza se había transformado en un inmenso abrevadero donde los estómagos agradecidos podían encontrar un acomodo sin importar si su formación era suficiente para ejercer esas responsabilidades públicas. Lo único importante era el carné del partido. Los más listos conseguían, incluso, adquirir la condición de funcionarios gracias a los “milagros” que se sucedían año tras año. No entiendo por qué no aprobaron una ley de función pública que estableciera que el único requisito era ser militante del PSOE.

Los comentaristas hablaban ayer de las derechas y la ultraderecha, pero nunca les he oído decir las izquierdas, refiriéndose al PSOE, y la ultraizquierda o los antisistema, a Podemos. Ni siquiera se utiliza el término comunista, no sea que alguien se sienta ofendido por la verdad. Les guste o no, Andalucía votó por el cambio. Es cierto que es muy duro quedarse sin trabajo, pero no hay que olvidar que eran eventuales nombrados a dedo con el único mérito conocido de ser buenos y fieles militantes del socialismo andaluz. Por tanto, un cambio de gobierno comporta que unos se van y otros llegan. Lo hemos visto en el asalto inmisericorde del gobierno de España tras la moción de censura. ¿Por qué ahora la nueva mayoría no tiene derecho a enviar a sus casas a los chupópteros profesionales?

No lo tendrán fácil, porque muchos de ellos se han convertido en funcionarios o en personal laboral y se dedicarán a la demolición que es una actividad que la izquierda realiza con notable eficacia. Me recuerda lo que sucede en la novela Dune de Frank Herbert cuando la Casa de Atreides asume el control del planeta Arrakis y los Harkonnen dejan infinidad de trampas para impedirlo. Era una estrategia malvada diseñada por el pérfido emperador Shaddam IV. Los futuros presidente, Juanma Moreno, y vicepresidente, Juan Marín, lo tendrán muy difícil, porque los socialistas son malos perdedores y Susana Díaz será como el barón Harkonnen y Pedro Sánchez como el emperador Shaddam IV. Y lo peor es que dudo que sepan reaccionar. No levantarán las alfombras, que seguro no estarán muy limpias, porque el centro derecha español tiene muchos complejos y además le tiemblan las piernas ante los periodistas y los medios de comunicación de izquierdas. Lo hemos podido comprobar con el acoso de estos años al PP y la benevolencia que actualmente muestran con los escándalos que han afectado y afectan al gobierno de Sanchez I el Magnánimo.

El trauma andaluz
El hartazgo hace al español inmune a la alfalfa mediática izquierdista
Hermann Tertsch ABC  28 Diciembre 2018

Es muy comprensible el trauma que tiene cierta izquierda ante lo sucedido en Andalucía. ¡Precisamente en Andalucía les tenía que pasar! En ese cortijo suyo en el que socialistas y comunistas han sido caciques de propiedad no cuestionada. De repente, expropiados. Esto tendría que haber pasado hace décadas. Para que la alternancia política impulsara la movilidad, la renovación y la probidad, el control, el rigor, la competencia honrada, el desarrollo y el bienestar. Pero durante 37 años, un aparato implacable de reclutamiento, compra de voluntades, disciplina y control, pagado con ingentes sumas de dinero llegado de Europa y el resto de España, ha impedido que sucediera.

Quienes aplauden como quienes lloran hoy en Andalucía han de reconocer que este cambio que muchos creían imposible se ha producido por la irrupción en el escenario de un nuevo protagonista que ha cambiado las conductas de todos los demás. Es Vox. En el PP todos celebran ahora que Moreno Bonilla vaya a presidir la Junta de Andalucía. Pero si Pablo Casado no hace de esa campaña su personal prueba de fuego, el mediocre candidato popular impuesto en su día por una vicepresidenta de tenebroso recuerdo se habría quedado en 10 diputados. Entonces Casado estaría políticamente muerto y el PP, otra vez madurito para que alguien como Soraya Sáenz de Santamaría lo convirtiera en partido satélite del Frente Popular, por el bien del consenso. A hacer de Javier Arenas en «el ministerio de la oposición» para siempre. Ya tenía Casado asesores recomendándole dar por perdida Andalucía. A la postre ha sido Vox y el shock de Vista Alegre los que salvan a Casado de dejarse hundir por los suyos.

Casado tuvo instinto. Como Santiago Abascal que, pese a las reticencias de muchos, llevó a Vox a esas elecciones. Los dos detectaron el movimiento en una nación que ha dejado de creer en la política del cambalache consensual y quiere grandes compromisos con la legalidad, con la propia nación y con la realidad que sufre y que niega o manipula la subcultura del eufemismo de la socialdemocracia. Los españoles están mucho más hartos de lo que creen quienes solo consumen alfalfa mediática izquierdista. Y además son cada vez más inmunes a la idiotización de la consigna televisiva. Sí preocupa que Casado a veces parezca asustarse de su propia osadía y se concilie con los enterradores del PP en esta década. Parece haber pasado en el País Vasco. Habrá de decidir si se erige en apuesta de cambio real o se arropa de marotos, semperes y alonsos, y en mayo concluye su dirección del PP como un bonito espejismo que dio pie a una breve esperanza.

Ciudadanos no sacó el resultado que esperaba y quería. Nunca le pasa. Por eso, al margen de la citada soberbia campaña de Casado que impidió el hundimiento de su partido, la revolución andaluza se debe exclusivamente a la irrupción de VOX en el panorama político. Sufrirá sobre todo Ciudadanos, que suple su falta de ideología con una dependencia angustiosa de la patulea mediática izquierdista. No debiera sufrir por ser tachado de aliado de la ultraderecha. En mayo nadie entenderá que deje uno solo de los ayuntamientos en manos de una izquierda radical y filogolpista cuando mayorías con PP y Vox permitan expulsarla. La izquierda española está en pánico porque ya existe un voto nacional transversal que puede hundirla para mucho tiempo. Si Vox no comete errores y no los está cometiendo, puede lograr esa supremacía estable de la derecha que permita el retorno a la vida de los españoles del ejercicio de la libertad de palabra y obra, de justicia y la defensa de la ley, un retorno al sentido común en la vida de los españoles.

Sí, Sánchez da un gran paso en Cataluña
Roberto L. Blanco valdés La voz  28 Diciembre 2018

Sobre la burla a los más elementales principios democráticos que ha supuesto el deliberado intento del Gobierno de engañarnos a cuenta de lo sucedido la pasada semana en Cataluña escribió ayer aquí Gonzalo Bareño un gran artículo, donde destacaba lo esencial: que Sánchez, su vicepresidenta y su ministra de Política Territorial mintieron descaradamente a los españoles sobre lo tratado en la reunión.

¿Por qué motivo? Sencillísimo: para evitar que se supiera que Torra había llevado a la cumbre un documento insultante para el país del que reniega, papelucho que ningún político con un mínimo sentido del Estado habría aceptado. El Gobierno español lo ha perdido completamente en su tortuoso esfuerzo por mantener en la Moncloa a Pedro Sánchez y por eso le entró al trapo a Torra, quien tiene cogido del cuello al presidente. Luego, para más recochineo, consideró «anecdótico» habernos enredado hasta que Torra descubrió parte del pastel.

Porque ha sido el propio Torra quien, con su infinita desvergüenza, ha contado que exigió al Gobierno, entre otras medidas (da pavor pensar cuales serán las aun desconocidas), la creación de «una comisión internacional que medie entre los Gobiernos de Cataluña y de España» sobre el ejercicio «del derecho de autodeterminación» para solucionar así «el conflicto sobre el futuro de Cataluña» y «desfranquizar España».

La idea que, ante el increíble silencio cómplice y cobarde del Gobierno, pretenden los insurrectos transmitir con todo ello, tanto a sus seguidores en Cataluña como a la comunidad internacional, es bien sencilla: que en España, donde pervive aun el franquismo, no hay verdadera democracia; que es tal ausencia la que explica que exista un conflicto político entre el Estado y Cataluña; y que, precisamente por eso, es indispensable que se cree una comisión internacional que pueda mediar entre un Estado que reprime las aspiraciones de Cataluña y el gobierno nacional que las defiende pese a la persecución de que es objeto.

Es esa fábula -engaño formidable donde no hay nada de verdad- la que, tras muchos años de manipulación formativa e informativa, le han comprado a los rebeldes muchos catalanes. Y es esa fábula la que el secesionismo lleva años pretendiendo colocar fuera de España, con un éxito que ha demostrado ser mayor del que cabría esperar de tan burdo cuento chino.

La novedad no está, por tanto, en la fabulación sobre la que cabalga la insurrección independentista -de todos conocida- sino en que, por primera vez, un Gobierno de España ha aceptado tratar la rebelión como un conflicto político entre el Estado y Cataluña, ha accedido a una negociación entre ejecutivos situados en un plano de igualdad y ha optado por mentirnos para ocultar que está dispuesto a negociar un documento inaceptable que parte de que en España no existe democracia. Sánchez tiene razón: hemos dado un gran paso en Cataluña. Hacia el abismo.

El recambio andaluz
Carlos Herrera ABC  28 Diciembre 2018

Si finalmente nadie lo jode, como reza el famoso azulejo, va a acabar siendo un hecho el desalojo por las buenas de toda la tropa instalada en la Junta de Andalucía desde hace un viaje de años. No éramos pocos los que dábamos por imposible ese elemental e higiénico cambio en una administración regional sometida a todos los vicios que conlleva el apalancamiento durante décadas y el convencimiento interno de que la administración estaba hecha para el partido y al revés, el partido para la administración, de manera que pudieran confundirse tranquilamente lo uno y lo otro. De hecho, quien esto firma estaba convencido de la renovación, en tándem con Podemos, del socialismo susanista. Durante el mismo recuento era un servidor de los que sostenían que no podía ser, que al final surgiría el carretón de votos ocultos que por algún lado andaban, y todo volvería a ser como siempre. Y no fue así.

Y muchos de los que esa noche creían que no iba a pasar nada e iban a continuar en sus canongías sintieron estremecerse algo por dentro y palidecieron pensando que van a tener que hacer lo que no han hecho jamás: enfrentarse a la vida civil, tanto los buenos como los malos, ya que en el aparatoso entramado de la Junta hay no pocos cargos políticos de probada solvencia, directores generales, jefes de departamento, funcionarios con responsabilidad que han intentado hacer lo mejor para su Comunidad y gracias a los cuales las cosas han salido más o menos adelante. Pero saben que hay que hacer las maletas y que otros llegarán que, incluso, pueden hacerles buenos, pero que es imprescindible que demuestren si se puede gobernar de otra manera, desarrollar otras políticas y solucionar nudos insufribles en las cosas diarias de los andaluces: las sucesiones, el IRPF, las listas de espera sanitarias, la dependencia, el desarrollo educativo y, si quiere, hasta Canal Sur, que soy de los que cree que pretender cerrarlo es una barbaridad: es urgente redimensionarlo y favorecer mayor operatividad, cosa que no es nada fácil habida cuenta de la estructura de la casa y el poder sindical, pero no desechar una legítima herramienta de entretenimiento e información que puede acometer la labor de vertebrar socialmente una comunidad tan dispersa y grande como Andalucía.

El acuerdo, según se veía y escuchaba a los actores protagonistas y a los secundarios, ha brindado momentos de incertidumbre e inquietud. Ciudadanos, esencialmente Rivera, se dispuso a realizar algún desfile de posturas y pudo parecer que se llevaba el pacto al traste, pretendiendo no mancharse con Vox, aunque fuera a costa de no dejar fuera a los socialistas. Cuando supo que eso hacía que los restos del susanismo permanecieran, y la negativa de Abascal costara unas nuevas elecciones, el temor a ser culpado de impedir un histórico cambio le hizo reconsiderar las cosas. Cada uno ha hecho lo que podía, el reparto de cargos es sensato y la actitud de Vox merece que el resto de fuerzas y todos los que quieren el relevo les agradezcan no haber hecho imposible el programa de gobierno. Ahora, a lidiar con la realidad, que bien se parece a una jungla administrativa en la que pueden encontrarse de todo y una calle repleta de aquellos que van a perder el cargo, el chollo, el pesebre, la ayudita, la paga y la tontería. Que no tenga ninguna duda este nuevo gobierno, que no la tenga Moreno (que era de los pocos que creía en sus probabilidades), que la oposición se la va a hacer el PSOE en la calle, con todas las movilizaciones de cesantes posibles, ayudados en los actos más duros o violentos por Adelante Andalucía. Se repartirán el trabajo y no lo pondrán fácil: hay demasiado andaluz acostumbrado a que la mamá Junta le mantenga.

La lista oculta de exigencias.
Vicente A. C. M. Periodista Digital  28 Diciembre 2018

LA LISTA DE EXIGENCIAS DE LOS GOLPISTAS RESUMIDA EN 21 PUNTOS QUE NI PEDRO SÁNCHEZ NI JOAQUIM TORRA HAN DESVELADO NI HECHO PÚBLICA.

De aquella mini cumbre del pasado jueves 20 de diciembre en Barcelona, previa a la celebración del Consejo de Ministros y los altercados de la guerrilla callejera de los CDR, se ha hecho público el que hubo un documento con exigencias de los golpistas además del panfleto del supuesto acuerdo que ya analicé en otro escrito. Ese documento contenía, según Joaquim Torra, 21 puntos de exigencias que debería responder el Gobierno de España como condición previa para el apoyo de los golpistas a los presupuestos de Pedro Sánchez. Entre los 21 puntos y siempre en la versión de los separatistas, había tres que consideraban esenciales:” desfranquizacion de las instituciones españolas, regeneración democrática y ejercicio del derecho a la autodeterminación de Cataluña con una comisión internacional que haga de mediadora para solucionar la situación”.

Pillado en un nuevo renuncio, Pedro Sánchez se ha limitado a decir que no da ningún valor político a ese documento y que el Gobierno responderá “en el momento oportuno”. Lo más indignante es que todos hablan del documento, pero ninguno lo exhibe y lo hace público. Una actitud que solo puede deberse a que las exigencias deben ser tan escandalosas que, si se hiciesen públicas, habría una contestación social y quizás una reacción del resto de autonomías que ven cómo este Gobierno intenta dar a Cataluña un estatus especial de preeminencia sobre el resto. Sin embargo, eso no satisfaría a los golpistas que aspiran a la absoluta independencia y rechazan una reforma de un Estatuto que consideran superado. La reclamación política la resume Joaquim Torra en estos cuatro puntos: “la lucha contra la represión del Estado, la reivindicación de la escuela catalana como elemento cohesionador, la desjudicialización de la vida política y la reclamación del referéndum de independencia”.

Resulta inexcusablemente obligatorio el que Pedro Sánchez haga público ese documento que miserablemente intentó ocultar a la opinión pública y del que ahora reniega. Tenemos derecho a la información de lo que realmente Pedro Sánchez y su camarilla están pactando con los golpistas. Tenemos derecho a saber hasta dónde está dispuesto a llegar en sus concesiones a los golpistas con tal de agotar una legislatura que no se ha ganado en las urnas y que intenta alargar apoyado en los enemigos de España y en quienes quieren destruirla. Mantener el secreto sobre lo tratado en esa mini cumbre solo puede alimentar la sospecha de una rendición del Estado de Derecho y una traición a España y a los españoles. Un documento de esa naturaleza no puede ser ocultado ni es admisible realizar reuniones sin luz ni taquígrafos que se resumen en un panfleto enrevesado e inaceptable, donde se habla de seguridad jurídica sin mencionar en ningún momento la Constitución como única fuente de esa seguridad.

En cualquier caso, ninguno de los tres puntos desvelados por Joaquím Torra, principalmente el relativo al ejercicio de un inexistente derecho a la autodeterminación, podrían ser aceptados. En primer lugar, ese palabro grotesco de la “desfranquización” de las Instituciones, es simplemente una memez cósmica. Quizás Joaquim Torra, heredero de Convergencia, olvida que ese partido ha tenido acceso a las Instituciones y ha participado de forma normal en ellas ocupando cargos de responsabilidad. Por otro lado, el genérico de “las Instituciones”, es lo suficientemente ambiguo y generalista para que una respuesta coherente sea absolutamente imposible. Una falta de concreción basada en una acusación sin base argumental alguna y, por consiguiente, carente de ningún valor. En cuanto a la regeneración política, tampoco parece claro a qué se refiere, y si solo afecta a PSOE y PP. Porque eso mismo podría aplicarse igualmente al comportamiento totalitario y antidemocrático que los partidos golpistas de ERC, JxCAT y CUP imponen al resto de partidos del Parlamento autonómico de Cataluña y a algunos como el ODeCAT heredero de Convergencia afectado por la corrupción de sus dirigentes con e famoso 3% y el enriquecimiento escandaloso del clan de los Pujol.

Cualquiera podría pensar que todas estas declaraciones solo intentan convencer a sus fieles de que el Gobierno de la Generalidad no se ha doblegado ni se ha dejado convencer por esa política de diálogo y de humo de Pedro Sánchez, al que le exigen hechos en vez de buenas palabras para mantener su apoyo y concederle tiempo en la Moncloa. No creo que en esa actitud de exigencia y ultimátum a Pedro Sánchez sea ajena la postura intransigente de las asociaciones civiles independentistas ANC y OMNIUM que exigen a Joaquim Torra que actúe ya para instaurar la República o, en caso contrario, le descabalgarán del Gobierno. Y ya han demostrado ser capaces de todo y su capacidad para movilizar a sus afiliados. Tampoco su socio de Gobierno, la CUP, parece dispuesto a dilatar más el proceso separatista y seguirá usando a los CDR como ariete para mantener la crispación y la guerrilla callejera paralizando la vida normal de los ciudadanos en el territorio autónomo.

Pedro Sánchez debe reconocer su fracaso y renunciar a hacer más concesiones indignas, sobre todo por el inminente comienzo del juicio contra los golpistas. Su legislatura ha terminado el día que cedió a la exigencia de mantener una vergonzosa mini cumbre y hacerse la foto con Joaquim Torra como si fuese el Presidente de un Estado soberano extranjero, emitiendo un no menos vergonzoso panfleto en forma de nota oficial de los acuerdos de la mini cumbre. Una indignidad y una felonía que no pueden ser perdonadas ni pasadas por alto y que le obligan a dar por concluida la legislatura y convocar elecciones generales para que sean los españoles los que determinen en quienes ponen el futuro de España.

¡¡¡GOBIERNO DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!
¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

 Frentismo
Emilio Campmany Libertad Digital  28 Diciembre 2018

El acuerdo en Andalucía anuncia un futuro frentista en las próximas elecciones generales. Por un lado estará el frente popular-nacionalista constituido por las fuerzas que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez. Por el otro, los tres partidos que hoy se proponen descabalgar al PSOE del poder en Andalucía.

En el frente liderado por el PSOE no sólo hay izquierda. Hay también nacionalistas, muchos de ellos de derechas. Y el acuerdo básico al que todos han llegado es el de dinamitar España. Es verdad que el PSOE cree poder controlar la explosión y lograr que la cosa no pase de la transformación del Estado de las Autonomías en un régimen confederal más o menos asimétrico. Pero lo importante no es lo que espera conseguir, sino los riesgos de desintegración que está dispuesto a correr con tal de mantenerse en el poder. Los nacionalistas, por su parte, tan sólo quieren que el nuevo sistema les permita alcanzar la independencia unilateralmente. Podemos respalda este objetivo porque dice creer en la autodeterminación. En realidad, en lo que cree es en que, para alcanzar el poder, necesita que España padezca una crisis de proporciones gigantescas, y una manera segura de que la haya es dar cauce legal a las ambiciones nacionalistas.

En el otro frente, el que el PSOE llama despectivamente "las derechas", están los partidos que creen que la unidad de España es un bien irrenunciable. Porque eso que llaman "derechas" tiene, salvo Vox, muy poco de derecha. Ciudadanos ha defendido siempre políticas económicas de centro-izquierda. Y el PP, cuando gobernó, subió los impuestos más de lo que proponía Izquierda Unida. Tan solo Vox defiende una política económica genuinamente liberal.

Por estar el dilema planteado en estos términos es por lo que los barones del PSOE de los territorios donde no hay ningún sentimiento separatista están aterrados. El problema no es que no haya suficientes votantes de izquierdas en sus territorios. El problema es que los que hay no quieren que se utilicen sus votos para comprometer la unidad de España. Sin embargo, son esos mismos barones los que no han hecho ascos a aliarse con Podemos allí donde les ha convenido. Y no niegan su propósito de volver a hacerlo si la aritmética de los resultados lo permite. Y, sin embargo, Podemos es una fuerza comunista que defiende, apoya y respalda las exigencias nacionalistas. La única que entendió el problema fue Susana Díaz, cuando prefirió gobernar con Ciudadanos antes que con los anticapitalistas. Pero perdió en su enfrentamiento con Sánchez por la secretaría general y el PSOE hoy está completamente podemizado.

La prensa de izquierdas tratará de convencer al electorado de que hay que elegir entre la derecha, que incluye a Ciudadanos, y la izquierda. Esa disyuntiva es falsa. Lo que la deriva del PSOE ha provocado es que haya que elegir entre los separatistas y sus aliados, por un lado, y los partidos nacionales, por otro; entre los que quieren dinamitar España o están dispuestos a arriesgar una explosión más o menos controlada y los que la quieren mantener unida. Ésa es la elección importante. Una vez optado por uno de los frentes, no importa tanto a qué partido votar dentro de él.

Conflictos normalizados
Jesús Lillo ABC  28 Diciembre 2018

A Carmen Alba, candidata del PP al Ayuntamiento de Pamplona, le tocó ocupar la plaza de concejal que hace diez años dejó vacante Tomás Caballero, al que unos pistoleros de ETA mataron a tiros cuando salía de su domicilio. Junto a Pablo Casado y la presidenta regional de su partido, Alba acudió ayer a rendir homenaje a las víctimas de la banda terrorista, un acto que de forma itinerante viene repitiéndose desde hace décadas y cuya creciente intrascendencia pública -normalización, en el argot del Gobierno- revela la distorsión instrumental que sufre la memoria histórica y la progresiva marginación de quienes conservan intacto y activo el recuerdo del sacrificio de los cientos de asesinados por los encapuchados de ETA, los del conflicto.

José María Múgica, que acompañaba a su padre, Fernando, cuando en 1996 lo mataron de un tiro en la nuca, hizo ayer público un manuscrito en el que pide al secretario de Organización de los socialistas guipuzcoanos que tramite su baja inmediata en el PSOE. «No en mi nombre», escribe Múgica sobre la foto que en plan Masterchef se hizo hace unos días Idoia Mendia, líder del PSE, con Arnaldo Otegui, cocinando a pachas una ración de ese olvido que normaliza traumas y conflictos. Ponle sabor a la vida. Los muertos no comen. Se alimentan de una memoria que algunos han vendido por un plato de lentejas.

Mientras Pablo Casado recordaba a las víctimas de ETA en Pamplona, en la localidad vizcaína de Arrigorriaga se rendía tributo al matarife Argala, otro sujeto conflictivo, como Otegui, el pacifista en el que Rodríguez Zapatero supo ver aptitudes para la cocina antes de que surgiera un talent show de emplatados. La normalización cursa en doble dirección: se banaliza el sufrimiento y se tolera que cualquiera se lo atribuya, incluso los verdugos.

Vender como conflicto lo que es un plan totalitario que obliga al silencio a través de la amenaza y el miedo no es un fenómeno nuevo en España. El resultado de este trile semántico está tan a la vista, ayer mismo en Arrigorriaga, que recuperarlo para tratar de normalizar cualquier nueva campaña de sometimiento pone de manifiesto la complicidad de quien relativiza, calla y otorga. Falta memoria y mucha dignidad.

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Cambio de régimen en Andalucía
EDITORIAL Libertad Digital  28 Diciembre 2018

La histórica sesión parlamentaria de este jueves se vio empañada por el lamentable espectáculo protagonizado por un PSOE y un Podemos bochornosamente hostiles a las reglas del juego democrático.

La sesión constitutiva del Parlamento autonómico andaluz celebrada este jueves ha sido el principio del desalojo del PSOE tras casi 37 años en el poder. Los acuerdos que han alcanzado PP, VOX y Ciudadanos han posibilitado que esta última formación ostente por primera vez la Presidencia de un Parlamento. La alternancia en el poder que caracteriza a los sistemas democráticos se abre paso, pues, en una comunidad lastrada por la corrupción, el caciquismo y el atraso socio-económico.

Como era de esperar, la histórica sesión parlamentaria se ha visto empañada por el lamentable espectáculo protagonizado por un PSOE y un Podemos bochornosamente hostiles a las reglas del juego democrático. Con total desvergüenza, los socialistas han denunciado que la "formación política más votada" en las elecciones autonómicas haya sido desplazada del poder silenciando lo evidente: que PP, VOX y Cs suman más votos y más escaños no sólo que el PSOE, sino que éste y su potencial aliado comunista, la calamitosa Adelante Andalucía. La fracasada Susana Díaz y su deplorable compañía no quieren que se recuerde que en 2012 el PSOE se valió de IU para impedir el Gobierno del partido más votado, en aquel entonces el PP. O, por no abandonar el presente, que el propio PSOE gobierna en España pese a obtener los peores resultados de su historia de la mano del pésimo candidato Pedro Sánchez; y lo hace gracias a unas formaciones que, por golpistas o proterroristas o comunistas, no tienen el menor derecho a dar lecciones de democracia a nadie, empezando por el partido al que han decidido demonizar, el VOX de Santiago Abascal, José Antonio Ortega Lara y Francisco Serrano.

Mención especial merecen los numeritos que han montado los comunistas de Adelante Andalucía en sus tomas de posesión. Con el fin de agilizar los trámites, la nueva presidente del Parlamento regional, Marta Bosquet, había pedido a los diputados que se limitaran a prometer o jurar según la fórmula convenida, que incluye el acatamiento a la Constitución y el estatuto de autonomía. El hecho de que los representantes de VOX hayan jurado o prometido con el añadido de "por España" ha sido utilizado por los comunistas para dejar nuevamente en evidencia que no saben lo que es la democracia ni lo que significa la palabra acatamiento. Someterse a una autoridad o unas normas legales como las consignadas en la Constitución del 78 y el estatuto andaluz es perfectamente compatible con pretender, mediante los oportunos procedimientos establecidos, suprimir o modificar una ley o un conjunto de leyes. Así, ningún perjurio o irregularidad cometen los representantes de formaciones partidarias de suprimir el Senado o las diputaciones provinciales. Tampoco hay nada que objetar a que los diputados prometan o juren cumplir y hacer cumplir la Constitución pero aspiren a un cambio legal de la misma. Lo que resulta grotesco al tiempo que surrealista es que comunistas que hacen suya la fórmula proetarra del "por imperativo legal" y que califican de "autoritario" el régimen sancionado por la Constitución del 78 exijan a los voxistas una estricta fórmula de acatamiento de la Carta Magna y del estatuto.

Finalmente, no por menos graves resultan menos decepcionantes los complejos de Ciudadanos a la hora de llegar a acuerdos con una formación como VOX, que no por conservadora está menos imbuida de liberalismo, regeneracionismo y respeto al orden constitucional que la que lidera Albert Rivera. Aceptar los votos de VOX pero negarse a votarlo es tanto como negar que lo que Cs tiene a su izquierda es mucho peor, para España, para Andalucía y para el propio programa que defiende, que lo que tiene a su derecha. Y negar eso es tanto como negar la realidad.

Franco en el Parlamento andaluz
Cristina Losada Libertad Digital  28 Diciembre 2018

"El fin del mundo ha llegado. Arrepiéntanse los pecadores PP y Ciudadanos. Han pactado con el demonio y ahora Lucifer está dentro del parlamento andaluz. SOS". Este es el texto aproximado del telegrama que está enviando el PSOE urbi et orbi. Está dirigido a los españoles, siempre discutidos y discutibles, a los europeos que son la solución, al grupo ALDE de la Eurocámara y a tantos más. Hasta se ha detectado un envío, finalmente cancelado, al presidente Trump en el que solicitaban una intervención militar inmediata contra el fascismo: ese que ha entrado en forma de un secretario de la Mesa. El fin del dominio socialista en Andalucía es para el PSOE un acontecimiento igual de terrorífico (o más) que el fin del mundo.

Los anuncios socialistas del Apocalipsis son desgarradores. Corre uno el riesgo de descuajaringarse de risa. Para hacerlo rular por Twitter han acuñado el hashtag #PactoDeLaVergüenza. Y sí que da un poco de vergüenza, pero ajena. Porque un partido que está en el Gobierno de España gracias a acuerdos con fuerzas como EH-Bildu y los coautores del golpe separatista debería evitar cuidadosamente cualquier ocasión de que se recuerde con quién pactó su moción de censura hace unos meses. En especial en Andalucía, donde los votantes no premiaron precisamente los amistosos gestos dialogantes del Gobierno Sánchez hacia los separatistas catalanes.

La "alerta antifascista", aquello que declararon los de Podemos la noche misma de las elecciones andaluzas, semeja una iniciativa moderada una vez vistas las proclamas que están lanzando dirigentes y ministros socialistas. No sólo predicen que "Ciudadanos y PSOE pasarán a la historia por abrir la puerta a la extrema derecha en Andalucía", sino que afirman que a partir de este momento "ignominioso" (calificativo de la ministra de Hacienda) las tinieblas se extenderán de tal manera que se dejarán de ver los colores: "Qué triste volver al blanco y negro con tal de ocupar un sillón". Y es verdad que la vida del socialismo andaluz tendrá ahora menos colorido y viveza. Cómo no van a estar tristes, si pierden el control de una gran agencia de colocación y de reparto de favores y dinero.

El final de su largo reinado despótico en Andalucía es un cataclismo para el PSOE: así lo dice y lo confirma su alarmismo. Se queja el Gobierno Sánchez de la radicalidad de la oposición que le hacen PP y Ciudadanos, pero está retransmitiendo la pérdida de Andalucía como si allí se hubiera dado un golpe de Estado. Es más: con un tono de alarma más subido que el que pusieron cuando el golpe de Estado en Cataluña. Tan subido que a algunos socialistas relevantes se les ha subido a la cabeza algo más que el tono y han visto a Franco. Es verdad que Franco está en todas partes últimamente, pero ahora lo han visto en el parlamento andaluz. Pactando como si tal cosa con el PP y Ciudadanos. La visión más nítida la ha tenido el diputado Rafael Simancas, que la cuenta así:

Lo cierto es que hace 43 años, en 1975, murió Franco, y el franquismo y la dictadura se encaminaron hacia su final. En ese final, en el tránsito a la democracia, sectores y personalidades del régimen franquista hablaron y llegaron a acuerdos con partidos como el PCE y el PSOE. Si de pactos con franquistas hablamos, el que sabe del asunto, porque los hizo, es Felipe González. Pero hoy no hay más franquistas que los que ha conseguido convocar últimamente Pedro Sánchez al Valle de los Caídos. Claro que si los socialistas se empeñan en que los haya, pueden hacer –¿por qué no?– la oposición al franquismo que apenas hicieron cuando el franquismo existía.

Casado exige que se conozcan ya los chantajes del separatismo a Sánchez
El mutismo del Gobierno persiste y sigue sin dar a conocer el contenido de las reclamaciones independentistas a los partidos constitucionalistas
Juan Casillas Bayo. Pablo Ojer. Daniel Tercero. ABC  28 Diciembre 2018

El mutismo persiste. El Gobierno y la Generalitat de Cataluña parecen haber trazado una estrategia común para no dar a conocer el documento íntegro que le entregó en mano el presidente autonómico catalán, Quim Torra, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el encuentro que mantuvieron el jueves 20 de diciembre en Barcelona, en vísperas del Consejo de Ministros celebrado en Llotja de Mar.

Siete días después de aquella reunión –enmarcada en una «minicumbre» entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo autonómico y concedida como prebenda al independentismo para lograr el «sí» en el Congreso a la senda de déficit pactada entre PSOE y Unidos Podemos–, el contenido de la mayoría de las demandas soberanistas se desconoce. De hecho, solo han trascendido a la opinión pública tres de los veintiún puntos de los que consta el documento: los enumerados por Torra el día de Navidad ante la tumba de Francesc Macià, presidente de la Generalitat en la II República.

Según desveló el jefe del Gobierno autonómico, entre estas peticiones figuran la «desfranquización» de España, la regeneración ética y política del país, y reivindicaciones clásicas del secesionismo, como la convocatoria de un referéndum de independencia pactado con el Estado o la nominación de una comisión internacional que medie en el «conflicto» que según Torra enfrenta a «España» contra «Cataluña».

Sin diálogo con PP y Cs
No obstante, a diferencia de lo que ocurrió en los momentos más complicados del «procés» a finales de 2017, en los que fue necesaria la aplicación del artículo 155 de la Constitución en una comunidad autónoma por primera vez en democracia, el silencio del Gobierno se ha expandido y se ha cortado la comunicación con los otros dos principales partidos constitucionalistas. Si el Gobierno de Mariano Rajoy contó en todo momento con Sánchez y con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ahora, el Ejecutivo socialista salido de la moción de censura que prosperó con los votos de los separatistas catalanes no hace lo propio.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, exigió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que enseñe el documento de las veintiuna medidas propuestas por Torra. «Queremos saber lo que está negociando a espaldas de la ciudadanía nacional, que son las Cortes», apuntó. Las palabras de Casado en Pamplona, adonde acudió para presentar las candidatas navarras a las elecciones municipales y autonómicas, se acompañaron de una petición formal que realizó la diputada Isabel Borrego en el Congreso de los Diputados.

Casado acusó al presidente del Gobierno de ocultar la existencia del documento, ya que tuvo que ser desvelado por el presidente catalán cinco días después, y añadió que Sánchez lo aceptó «para poder aprobar el techo de gasto».

Recordó que, según lo que el propio Torra desveló del dosier, «se habla de Cataluña y España como si fueran dos países y se habla de una supuesta mediación internacional». «¿Cómo un presidente de España puede aceptar una intermediación internacional con una parte de España?», se preguntó el líder de los populares.

Por eso, criticó a Sánchez por «ceder al chantaje de un señor como Torra solo para permanecer dos meses más en la Moncloa». «Su Falcon, su palacio, no vale la humillación de toda España», agregó Casado, quien tachó también de «humillación» el encuentro celebrado el pasado 20 de diciembre entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat de Cataluña.

En este sentido, el diputado Carlos Floriano registró ayer en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas referidas a dicho encuentro. Floriano quiere saber «el coste total, detallado por partidas, de la cumbre bilateral», «el coste total, detallado por partidas, del Consejo de Ministros» celebrado al día siguiente, así como si tiene previsto mantener reuniones bilaterales con los presidentes del resto de comunidades autónomas de manera previa a un Consejo de Ministros.

Documento sin ERC
Respecto a la elaboración del documento de Torra, ayer se conoció que su contenido se hizo sin consensuarlo el Govern con ERC. Los consejeros de esta formación se enteraron del mismo el pasado día 25, cuando el presidente de la Generalitat recordaba al que fuera presidente autonómico en 1932, Francesc Macià. Fuentes oficiales de ERC señalaron a este diario que ellos no conocían el contenido del documento, pero descargaron de este compromiso a Torra. El silencio desde la Generalitat es máximo, aunque las grandes líneas del documento de veintiún puntos ya han sido desgranadas por el mismo Torra y confirmadas por fuentes de la Presidencia autonómica. El independentismo sigue a la espera de una respuesta por parte de la Moncloa.

En paralelo a la iniciativa de Casado, Alejandro Fernández, líder del PP catalán, pidió este jueves la comparecencia de Torra en el Parlamento autonómico para que explique los veintiún puntos y calificó la decisión del presidente de la Generalitat, evitando a los partidos en la Cámara catalana, como «una falta de respeto absoluta». «Esta manera de actuar no se ajusta a lo que ha de ser la dinámica parlamentaria democrática de cualquier sociedad normal, que es que si él ha de presentar al Gobierno de España una serie de reclamaciones, como mínimo, estas han de poder ser debatidas en el Parlamento», añadió Fernández.

El secesionismo «coloniza» todos los ámbitos catalanes
Niños con esteladas en el escenario de un concierto de Navidad, exhibición por doquier de fotos de presos acusados de rebelión, carteles con mensajes partidistas en espacios públicos, lazos amarillos en edificios institucionales, banderas constitucionales que brillan por su ausencia en los ayuntamientos, control político de las principales asociaciones cívicas y sociales, infiltración en asociaciones de padres en las escuelas y en las asociaciones de vecinos, también en los clubes deportivos... Lo que ocurrió la noche de San Esteban en el Palau de la Música no es más que la plasmación del famoso «Programa 2000», estrategia creada en 1990 por Jordi Pujol y sus consejeros de la Generalitat para que el nacionalismo catalán se infiltrase en todos los ámbitos de la sociedad catalana. No queda rescoldo que no esté colonizado; tal y como avanzó el nacionalismo, hoy ya secesionismo, el objetivo de la Generalitat es inculcar el sentimiento nacionalista en todos los ámbitos. Desde 1990, todos los gobiernos catalanes (tras Pujol, Pasqual Maragall, José Montill, Carles Puigdemont y Quim Torra) han seguido la misma línea: catalanización absoluta y total de los ámbitos sociales y asociativos.

Descartada la traducción al catalán del juicio del 'procés' pero no su uso puntual
El Supremo abre la puerta a que los políticos catalanes puedan dirigirse al tribunal, si lo desean, en su lengua natal
Beatriz Parera elconfidencial  28 Diciembre 2018

El melón del uso del catalán en el juicio del 'procés' se abrió hace ahora 10 días y, pese a ser un planteamiento informal expuesto por algunas de las defensas durante la vista en la que se calentaron motores para el arranque definitivo en 2019, ya ha sido estudiado por el tribunal del 'procés' que ha comenzado a acotar la cuestión en el auto dictado este miércoles en el que establece su competencia. Fuentes jurídicas apuntan a El Confidencial que los magistrados descartan 'a priori' habilitar la traducción simultánea a la lengua materna de los políticos procesados de todo el desarrollo de la vista pero, no obstante, dejan abierta la puerta a un uso limitado de la lengua que puede extenderse a las declaraciones.

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Fue el abogado Jordi Pina el que puso sobre la mesa la cuestión. Durante su exposición en el estreno del tribunal el pasado 18 de diciembre, verbalizó una reclamación. El letrado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull defendió el derecho de los acusados de "poder expresarse en catalán" en el Tribunal Supremo, un idioma "innato" para ellos, su "lengua materna”.. "Solicitaremos a este tribunal que se arbitren los mecanismos oportunos para que pueda haber traducción simultánea”, destacó Pina, que no se mostró confiado en que se atendiera su solicitud. Otros letrados, como la representante legal de Jordi Cuixart, incidieron en la petición.

La posibilidad de que cada una de las palabras del juicio se traduzca al idioma de los acusados es, no obstante, lejana. El auto redactado por el presidente Manuel Marchena deja ya lugar a pocas dudas de interpretación, aunque emplaza la resolución a un momento futuro. El escrito menciona el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, con sede en Estrasburgo, y tacha de "sinsentido" que no se utilice la misma vara de medir que se aplica al alto tribunal, ante el que se ha vinculado el derecho a un proceso justo en vinculación con el idioma que se utilice en el procedimiento, a los tribunales internacionales en los que los acusados han depositado muchas de sus esperanzas.

"Son políticos haciendo política": acusados del 'procés' piden un juicio en Cataluña
Beatriz Parera
Las defensas anticipan que reclamarán que los procesados declaren en catalán si la vista se celebra en el Supremo

También desliza que esta reclamación de que las sesiones del juicio se desarrollen en la lengua materna de los procesados resulta ahora chocante cuando hasta este punto del procedimiento no se ha producido protesta alguna. "Contrasta con la ausencia de cualquier queja de indefensión durante el largo tiempo que ya han consumido la investigación y la fase intermedia de esta causa especial", asegura textualmente.
Para dirigirse al tribunal

La traducción simultánea queda cerrada. Cosa distinta es, no obstante, que se respete el deseo de los procesados que así lo requieran de utilizar el catalán para dirigirse al tribunal, principalmente en la fase más delicada para ellos: su declaración como acusados. Las fuentes consultadas anticipan que existen antecedentes del uso de lenguas distintas al castellano en el mismo seno del Tribunal Supremo.

Uno de estos precedentes es, por ejemplo, la vista que celebró la sala del artículo 61 del Tribunal Supremo en 2004 sobre la ilegalización de Batasuna en la que algunos de los intervinientes emplearon el euskera. Otro ejemplo más cercano y próximo es el del juicio contra el 'exconseller' de Presidencia Francesc Homs por delitos de prevaricación y desobediencia en relación a la consulta del 9-N. En aquella ocasión se previó la contratación de dos traductores aunque finalmente ninguno de los implicados requirieron sus servicios y utilizaron el castellano.

Las defensas del 'procés' estudian proponer a Puigdemont y otros 1.000 testigos
Beatriz Parera
Se sumarán a los más de 250 que propuso la Fiscalía. Dedicir cúales se admiten y rechazan, próximo reto del tribunal

El alto tribunal valora abrir la mano pese a las disposiciones de la Ley de Orgánica del Poder Judicial que prevén el uso de lenguas oficiales distintas al castellano solo en el caso de que el juicio se celebre en la comunidad donde estas se empleen. El artículo 2131 especifica así que las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas.
Acotada la competencia

Tras la resolución, el camino a un juicio -ahora más ligero- queda despejado. El tribunal se ha inclinado por unanimidad por atender, en parte, las peticiones de las defensas y seis de los procesados que ya no se sentarán en el banquillo de los acusados del TS. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se hará cargo de aquellos procesados que solo lo están por el delito de desobediencia: los miembros de la Mesa del Parlament Lluis Corominas, Lluis Guinó, Ramona Barrufet, Anna Simó y Joan Josep Nuet y la dirigente de la CUP Mireia Boia.

El tribunal ha valorado cuestiones como la necesaria presencia de los procesados "en las prolongadas sesiones" del juicio y el obligado desplazamiento a Madrid de aquellos que solo deben responder por un delito de menor entidad. Considera que desgajar esta parte no rompe la conexidad de los hechos y mejorará, por contra, la operatividad de la vista oral. A partir de ahora se abre el plazo para que las defensas presenten sus escritos y propongan testigos, previsiblemente, varios centenares.
 


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