AGLI Recortes de Prensa  Lunes 7 Enero 2019

Compás de espera en Andalucía
EDITORIAL Libertad Digital  7 Enero 2019

Las negociaciones para materializar el cambio de régimen en Andalucía pueden quedar en agua de borrajas si PP y Ciudadanos no consiguen ganarse el respaldo de VOX, cuyos extraordinarios resultados en el pasado 2-D fueron cruciales para el batacazo de la fracasada Susana Díaz.

La insensatez con que el partido de Albert Rivera está gestionando este asunto, con sus desplantes injustificables al partido de Santiago Abascal, y la actitud de los populares, que se han limitado a negociar con Cs como si eso fuera suficiente para garantizar la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla, han puesto en riesgo la oportunidad de expulsar al PSOE del poder en Andalucía, tras casi cuatro décadas de poder omnímodo.

Los plazos se agotan y los votantes de centro-derecha asisten con estupor a estas querellas entre tres partidos que deberían encontrar sin mayores problemas una base común de acuerdo para materializar el tan ansiado cambio.

En el foco de la polémica se encuentran leyes ominosas como las relacionadas con la violencia de género y la memoria histórica, saturadas de autoritarismo de izquierdas y asumidas por la derecha más cobarde y oportunista.

Resulta de todo punto imprescindible acabar con leyes injustas, falsarias, liberticidas; leyes que además permiten llenar las arcas de organizaciones activistas al servicio de la extrema izquierda política. Es lo que Ciudadanos, con buen juicio, pedía no hace mucho, antes de que los de Rivera decidieran sumarse al fervorín del feminismo más fanatizado e insensato.

Los partidos que pueden desalojar al infausto PSOE de la Junta de Andalucía no pueden cifrar el éxito de sus negociaciones en un único asunto, por muy importante que resulte para sus respectivos electorados. PP y VOX se sentarán este martes para tratar de acercar posturas y alcanzar un pacto asumible por un Cs que está ofreciendo su peor cara en este asunto.

Casado, Rivera y Abascal pueden acabar con el régimen socialista andaluz. Ese debería ser el objetivo principal de las conversaciones que se iniciarán el martes con el encuentro de los secretarios generales de PP y VOX. La opción de convocar nuevas elecciones beneficiaría a la izquierda andaluza y sería vista como un profundo fracaso por un electorado de centro-derecha que en los próximos meses tiene en su mano decidir el futuro político de España entera.

La desesperación del PSOE andaluz y la última salida
Pedro de Tena Libertad Digital 7 Enero 2019

Uno de los poemas más influyentes y conocidos de nuestro gran Espronceda fue su "Desesperación", siempre, claro, tras la "Canción del pirata", menos lúgubre y más liberal. Seguramente son los versos que hoy recuerdan numerosos socialistas andaluces que siguen empeñados en no comprender lo que ha pasado y que buscan una salida, la que sea y como sea, para impedir lo que predijo el extremeño:

Romper después las copas,
los platos, las barajas,
y abiertas las navajas,
buscando el corazón;
oír luego los brindis
mezclados con quejidos
que lanzan los heridos
en llanto y confusión.

Los que creían haber controlado todos los resortes de poder de una región esencial de España desde 1982 no repararon en el poder regenerador que la democracia dispone gracias a la libertad de expresión y comunicación, muy por encima de otros resortes más controlables. De hecho, a pesar de manejar a su antojo medios públicos como Canal Sur, de haber intervenido en medios privados mediante préstamos o subvenciones concertados, la manipulación de la publicidad institucional, la concesión de licencias de emisión y los premios y lisonjas a los periodistas afines, la verdad tiene una persistente inclinación por salir a la luz y ha encontrado en los nuevos medios digitales un impulso definitivo. Aquello de "Andalucía, la primera" de las modernizaciones fantasmales sucesivas de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías ya no se lo creen ni ellos desde el banquillo de los acusados.

Quedan diez días para la sesión de investidura. Los desesperados deben buscar una solución que impida lo que, ya se intuye, puede ser el primer paso de la demolición del partido más fuerte, disciplinado y organizado de España desde hace más de 100 años. ¿Cómo evitar el desastre?

La aritmética electoral es la que es. La suma de escaños de PSOE (33) y Ciudadanos (21) da 54 votos, uno menos de los necesarios para la investidura por mayoría absoluta, en primera instancia. La suma de PSOE y Podemos (17) da 50 votos. Sólo la suma de PP (26), Ciudadanos (21) y VOX (12) supera la mayoría absoluta necesaria.

Estaba claro que si PP, Ciudadanos y VOX llegaban a un acuerdo, salvo una felonía histórica de última hora, el PSOE estaba muerto del todo. Pero si las presiones para aislar a VOX daban resultado, cabía una posibilidad de evitar el desmoronamiento del régimen. En eso estamos.

Si se consiguiera el fuera de juego del partido de Santiago Abascal, por cabreo, por intransigencia, por exclusión o por cualquier otra pérfida táctica, el PSOE podría presentar su candidatura vía Susana Díaz u otro candidato, logrando de nuevo el control de la Junta. Ello exigiría la complicidad de otros dos partidos, Podemos, por omisión, y Ciudadanos, por acción.

La más tentadora de las soluciones es la que se destila en círculos sanchistas, que tiene grandes ventajas para el PSOE andaluz: se mantendría la estructura del régimen, evitando la destrucción del aparato del partido, y se dispondría de la mayoría de las consejerías de la Junta. Sólo habría que ceder a Rivera, mediante la interposición de Juan Marín, la presidencia de la Junta, eliminando para siempre de ese modo a la incómoda Susana Díaz. Ah, y sobornar, comprar, seducir o acojonar, elíjanse otros verbos si se quiere, al diputado que falta, fuese del partido que fuese.

Rivera, por su parte, avanzaría en su plan de ocupar visiblemente el espacio de centro izquierda en las próximas elecciones generales –para las que puede quedar mucho tiempo y todo es reversible–, y se arrogaría el liderazgo de una operación constitucionalista tanto en Cataluña como en Andalucía. De paso, lesionaría la cabeza de Pablo Casado y, con todos, acusaría a VOX de ser el origen de todos los males.

Cuando me desperté, Manuel Valls mandaba sólo en Barcelona.

Pero quedaban 10 días y la desesperación del PSOE sigue buscando una última salida.

La 'posmentira'
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 7 Enero 2019

El día 5, José Ignacio Torreblanca (que hizo una gran tarea con otros periodistas para compensar la deserción internacional del Gobierno de Rajoy ante el golpe catalanista) decía:

"En menos de una década, España ha pasado de ser un oasis libre de populismos radicales y un paradigma de estabilidad a contar nada menos que con tres fuerzas antisistema: Podemos, el independentismo catalán y Vox." (...) "La respuesta simétrica a ese planteamiento (de Podemos) es Vox, un partido que además de ser antisistema en lo que se refiere a derechos y libertades básicos (la igualdad de género, la libertad sexual o la libertad religiosa), sostiene postulados territoriales incompatibles con el actual marco constitucional".

Torreblanca olvida a la ETA, al PNV y al oasis de Pujol, padre de la persecución lingüística y padrino de todo separatismo, terrorista o no: asesinato de M. A. Blanco -pacto de Estella ETA-PNV- Declaración de Barcelona-Tinell... y al Golpe. Lo de Vox es posmentira, o sea, mentira que va de la mentira en pos, por si cuela. Dice su programa:

9. Derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica. Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones.

6. Transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. (...) Como paso previo: devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica.

62. Garantizar el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional. El español debe ser legua vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales como opcionales. Los padres deben tener derecho a elegir la lengua de escolarización de sus hijos.

70. Derogación ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas radicales subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas. Protección del menor en los procesos de divorcio.

Mejorando el punto 6, ¿qué derechos básicos se vulneran? ¡Se defienden!

La verdad, tanta posmentira está poniendo difícil no votar a Vox.

Cuenta atrás en Andalucía: VOX busca un pacto por escrito, el PP negociará y Cs se cierra en banda
VOX reclama un pacto “por escrito, público y transparente” para apoyar a Moreno. El PP acerca posturas pero para Cs "no tiene cabida ni interés".
P. Montesinos Libertad Digital 7 Enero 2019

Semana decisiva para Andalucía. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, realizará el 9 y 10 de enero la ronda de contactos con los grupos previa a proponer un candidato a la investidura. Y antes, el martes 8, volverán a verse las caras Teodoro García Egea y su homólogo de VOX, Javier Ortega, en Sevilla. Ciudadanos, de momento, se resiste a acudir a esa reunión, pese a que Santiago Abascal exige que la formación naranja también participe en las negociaciones para lograr el cambio político en la comunidad con Juan Manuel Moreno al frente de la Junta.

Todo gira en torno al partido de Abascal, después de reclamar a PP y Ciudadanos que eliminen el acuerdo sobre violencia de género si quieren sus votos para investir a Moreno. "Sin renunciar a un solo euro para las mujeres ni a una sola coma" del pacto sobre esa materia, Pablo Casado personalmente inició la aproximación a VOX, en aras de que no estalle todo por los aires. "El 25% de la violencia doméstica no son mujeres", dijo, después de que oficialmente el PP se abriera a ampliar las ayudas a todas las víctimas sea cual sea su sexo.

"Esto no va de hombres contra mujeres sino de agresores contra víctimas", afirmó García Egea, clave en las negociaciones con VOX. El viernes, mantuvo una "afable" conversación con Ortega de 20 minutos, y se emplazaron a una reunión de trabajo el martes. Hablaron de "los puntos que deberá acometer el próximo gobierno de la Junta", como "la realización de una auditoría, la optimación de recursos o el desmontaje de la llamada administración paralela", según fuentes oficiales. El PP andaluz, en un claro segundo plano, se limitó a hablar de un "acuerdo de tres grupos".

Las exigencias de VOX, siempre en el eje del debate político, y su auge en las encuestas reabrió el debate interno en el PP sobre cómo actuar frente a un partido al que necesita pero también al que quieren parar. A micrófono encendido, y para enfado de Génova, Borja Sémper llegó a insinuar que mejor es romper con Abascal que ceder sobre violencia de género. "El acuerdo con Ciudadanos en Andalucía es sensato y conlleva un cambio profundo. Y si VOX no quiere facilitar el cambio, que lo explique. Punto", se revolvió un líder territorial, tal y como avanzó este diario.

Pero Casado lo tiene claro. Quiere que "salga bien lo de Andalucía", ya que lo considera fundamental de cara a las elecciones que están por llegar este 2019. "Andalucía es el preámbulo de nuevas mayorías constitucionalistas", proclamó el líder de la oposición durante las fiestas navideñas. "Seremos el pegamento" entre Ciudadanos y VOX, según fuentes de su entorno.

Si bien, la incomodidad de Ciudadanos con el partido de Abascal es manifiesta. Indisimulada. Las cámaras de La Sexta captaron un encuentro informal entre Juan Marín y Francisco Serrano en los pasillos de la Cámara autonómica horas antes de la configuración de la Mesa, pero no ha habido fotografía formal de ambas formaciones. Y no quieren ir a la cita del martes. "No tiene cabida ni interés para Ciudadanos", afirmó este sábado Carlos Carrizosa.

La postura oficial de Ciudadanos es que "no" están dispuestos a revisar su pacto con el PP y que nada tienen que hablar con los de Abascal. "Los avances en la lucha contra la violencia de género no los podemos vender con quienes defienden posturas de extremo", en palabras de Carrizosa. Manuel Valls fue un paso más allá, liderando al sector que exige aislar por completo a VOX. En El País, propuso un pacto PP-PSOE-Ciudadanos para una especie de cordón santiario contra VOX: "Con el nacionalpopulismo no se puede pactar", defendió.

Mientras, el PP sigue negociando con Ciudadanos la confección del Gobierno autonómico. Hasta no tener claro que salgan los números, han optado por la cautela. Lo más que han avanzado es que reducirán el número de consejerías y delegaciones provinciales de la Junta. Pero, más allá del aluvión de rumores en los círculos políticos, todavía se desconoce el reparto de carteras. Si nada cambia, Marín será el vicepresidente de Moreno y la división de consejerías será prácticamente a partes iguales entre ambas formaciones.

Cabe recordar que VOX avanzó que no quiere formar parte del gabinete. García Egea preguntó a Ortega expresamente por dicho extremo. Pero el partido de Abascal no sólo quiere negociar en materia de "violencia doméstica". En un artículo publicado este sábado en Libertad Digital, el presidente del partido avanzó que su número dos llevará propuestas "coherentes" con su programa y "lo más constructivas posibles" a la reunión del martes. Y avisó a navegantes: quieren un pacto "por escrito, público y transparente" a cambio de apoyar a Moreno. En caso contrario, VOX no descarta nuevas elecciones.

Conservadores y género
Juan Manuel de Prada ABC 7 Enero 2019

Nos enseñaba Chesterton que todo el mundo moderno se ha dividido en progresistas y conservadores: mientras los progresistas se dedican a cometer errores, los conservadores se dedican a impedir que los errores sean corregidos. El otro día tuve ocasión de comprobar esta verdad aplastante y perturbadora cuando se me dio la oportunidad de interrogar en la televisión a una política pepera de cuyo nombre no puedo acordarme, encargada al parecer por su partido de negociar las condiciones de su acceso al poder en Andalucía. La política pepera no hacía otra cosa sino repetir como un lorito que su partido abogaba por «despolitizar la violencia de género», sin advertir que su expresión sonaba tan ridícula (tan demente) como abogar por «desteologizar la unión hipostática». Pues la expresión «violencia de género» es en sí misma un concepto ideológico, según el cual la violencia masculina es producto de un rol «construido» por la sociedad «judeocristiana» y «heteropatriarcal»; y que los hombres solo dejarán de ser violentos cuando sean «reeducados» desde la escuela.

Los conservadores, en efecto, se dedican a impedir que los errores sean corregidos. Pretenden grotescamente moderarlos, restringirlos, encauzarlos, pero han perdido el coraje para combatirlos; o, dicho con mayor exactitud, ya ni siquiera pueden percibirlos, pues el conservador, como señalaba Ambrose Bierce, está en el fondo «enamorado de los males existentes» y desea mantenerlos incólumes e incorruptos, para que luego el progresista los encuentre igual que estaban y pueda seguir alegremente su labor destructiva en el punto exacto en el que la dejó. A los conservadores les ocurre como a ese guía atolondrado que, al toparse de noche con un precipicio, propone a los viajeros quedarse todos quietos al borde del precipicio, a la espera de que alguien construya un puente, a la vez que los disuade de retroceder y elegir otro camino que sortee el precipicio, pues no quiere que lo llamen «retrógrado» o «reaccionario». Este inmovilismo típicamente conservador, a la vez dimisionario y fatalista, es lo que se compendia en la grotesca expresión «despolitizar la violencia de género». A la postre, esta aceptación desfondada de las premisas del enemigo transmite una repugnante impresión de acabamiento, desnorte y falta de fibra moral. Y es que la aceptación del error siempre degenera en lo que Chesterton llamaba «la herejía del precedente»: puesto que nos hemos metido en un lío, tenemos que meternos en otro mayor para adaptarnos; puesto que hemos perdido el camino, debemos también perder el mapa.

Todo este fatalismo inane y entreguista es el peaje que los conservadores pagan por disfrutar de los frutos opíparos del «consenso» y alcanzar pasajeramente el poder. Pero los conservadores nunca calculan que su actitud fatalista acaba generando un rechazo visceral entre sus propios seguidores, que tal vez estén dispuestos a perdonarles sus errores, pero no la desesperación que los empuja a «conservar» los errores progresistas (despolitizando el género, por ejemplo), por considerarlos irremediables o irrevocables. Llega un momento en que los errores progresistas que los conservadores no remedian ni revocan conducen a la gente hasta el precipicio; y, cuando la gente se cansa de esperar que les construyan un puente, se revuelve contra quienes los mantienen al pie del precipicio. La gente está dispuesta a aguantar muchas ofensas; pero no aguanta la ofensa final de que se le diga que nada se puede hacer, que ni siquiera tiene sentido intentar hacer algo, que es lo que los conservadores nos dicen cuando asumen con fatalismo que hay que «despolitizar la violencia de género».

C’s eleva la tensión: Marín no quiere sentarse con Vox y Abascal no descarta repetir elecciones
OKDIARIO 7 Enero 2019

El Partido Popular y Ciudadanos prevén cerrar en breve el acuerdo para formar el nuevo gobierno en Andalucía, mientras que Vox amenaza con nuevas elecciones en esa comunidad si PP y Cs "no están dispuestos a negociar una serie de propuestas proporcional al número de diputados" de su formación.

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha subrayado que la negociación con Cs avanza a buen ritmo y ha anticipado que previsiblemente la próxima semana podrán “cerrar un acuerdo definitivo” en un encuentro de las direcciones de ambos partidos.

El pasado viernes el PP y Ciudadanos anunciaron la reducción del número de consejerías y de delegados territoriales en las ocho provincias, en el marco de las negociaciones sobre la estructura de gobierno.

“Estamos trabajando con rigor y seriedad para hacer posible el gobierno del cambio en Andalucía”, ha asegurado López en un comunicado, y ha garantizado que el objetivo es “ofrecer a los andaluces una administración más eficaz, más eficiente y más cercana”. Asimismo, se ha mostrado convencida de “la altura de miras de todos los actores del cambio para no defraudar esta oportunidad histórica en nuestra tierra”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos Andalucía, Juan Marín, ha afirmado que el acuerdo con el PP “está cerca” y “podría anunciarse en breve”, ya que las negociaciones avanzan a “buen ritmo”.

Un pacto que, según ha afirmado Marín en un comunicado, podrá “hacer realidad el deseo de los andaluces de poder contar con un Gobierno del cambio y mandar al PSOE a la oposición”.

“Es un buen acuerdo para regenerar la política andaluza, para desmantelar los chiringuitos del PSOE, para bajarles los impuestos a los andaluces, para revitalizar la economía y el empleo y para innovar en Educación y Sanidad”, ha defendido.

Marín ha reiterado que “será únicamente un Gobierno Cs-PP de 47 escaños en el que las medidas políticas ya acordadas son intocables porque suponen la base del cambio político que los andaluces pidieron en las urnas el 2 de diciembre”.

Sin embargo, desde Vox, su secretario general, Javier Ortega Smith, ha advertido de que habrá nuevos comicios si PP y Cs “no están dispuestos a negociar una serie de propuestas proporcional al número de diputados” que consiguió su formación el pasado mes.

“Hemos venido a la política a cambiarla, no solo a cambiar políticos y sillones” y, para ello, “haremos todo lo posible”, ha asegurado, en una entrevista en La Razón, Ortega, quien ha señalado que para Vox “sería un fracaso si después de esperar 36 años no se produce un cambio real en Andalucía y solo es un cambio de caras”.

Preguntado sobre si no temen un castigo en las urnas si se repitieran las elecciones, ha considerado que “el principal castigo” sería “si nosotros en la política -ha dicho- hubiéramos sido un fraude y traicionáramos aquello que prometimos”.

Esta semana Vox condicionaba su apoyo al Gobierno que negocian PP y Cs en Andalucía a que dejen de apoyar la Ley Integral contra la Violencia de Género, ante lo que Albert Rivera ha contestado que “la igualdad no se negocia”, mientras que los populares han ofrecido ampliar las ayudas a todas las víctimas de violencia familiar sea cual sea su sexo.

Una oferta que “suena bien” para Ortega, que ha remarcado que la posición de su partido respecto a la violencia de género es “clara”: “Queremos proteger a los seres humanos, pero a todos, y no solo a las mujeres de pareja heterosexual, que también, sino a las de pareja homosexual que no están protegidas por la ley”.

Tras criticar la actitud del PP, al que califica como “derechita cobarde”, y a Cs, la “veleta naranja”, Ortega ha recalcado que Vox hará el cambio que necesita España, sin acomplejarse “por los insultos, ni por las etiquetas, ni por las amenazas de la izquierda”.

Los muros del gueto se van rompiendo
Pío Moa gaceta.es 7 Enero 2019

¿Cuál es el problema con las leyes de género? Que, siendo radicalmente antidemocráticas, antijurídicas y generadoras de histeria, todos los partidos hasta ahora las han apoyado. Y que quienes lo denunciábamos nos quedábamos en la total marginalidad, encerrados en un muro de silencio por los grandes medios de masas y los partidos. Y esto demostraba palpablemente que tales partidos y políticos son un fraude, auténticas mafias liberticidas, dañinos parásitos de la democracia. Lo mismo puede decirse en relación con la ley de memoria histórica. La verdad es que durante estos años los pocos que criticábamos racionalmente tales atentados a la democracia podíamos sentirnos casi en muerte civil, encerrados en un gueto. Pues en democracia es preciso llegar a grandes masas y no solo los grandes medios ejercían una censura intimidatoria, sino que las personas que más o menos estaban de acuerdo con nuestras críticas mostraban una pasividad timorata que empeoraba la situación.

Hay además otro problema, y es que al discurso demagógico pero bien articulado de los liberticidas se venían oponiendo discursos desarticulados, a veces extravagantes, sin apenas fondo histórico o con fondo equivocado. Pocas personas entendían la necesidad de una visión más amplia que la mera queja o pequeño contraataque parcial, como denunciaba Demóstenes a los atenienses: “lucháis como los bárbaros que allí donde reciben un golpe allí llevan la mano”.

Bueno, pues parece que eso está cambiando. Para eliminar esas leyes miserables es preciso un discurso, una explicación clara que llegue a millones de personas, y por primera vez el muro del silencio liberticida se está rompiendo, gracias a VOX. Por ello es preciso explicar las cosas, como hay que explicar la historia real de la guerra civil y el franquismo como origen de una democracia que pueda funcionar y mantener unida a la nación. Y esa es una tarea que nos compete a todos los que sentimos algún respeto por nuestro país y por la libertad. Hoy es posible un vuelco histórico que recupere la decisión popular del referéndum de diciembre de 1976: democracia desde el franquismo, no contra el franquismo y sí contra todo lo que representó el Frente Popular, es decir, contra la disgregación nacional y el totalitarismo.

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Leyes de la naturaleza y leyes humanas
Es curioso que empleemos la misma palabra para definir el comportamiento de la materia inanimada, de la vida y de la sociedad humana. Indudablemente son cosas muy diferentes: las leyes de la naturaleza se cumplen inexorablemente (o por lo menos estadísticamente con una probabilidad altísima), mientras que las leyes diseñadas por los hombres para regular su conducta social se cumplen solo parcialmente, a menudo muy poco, y terminan por ser sustituidas una y otra vez a lo largo de la historia, a veces de forma catastrófica. Esto tiene mucho que ver, naturalmente,

El gran éxito de la ciencia al descubrir leyes de la naturaleza ha hecho que desde la Ilustración se haya intentado aplicar los mismos criterio al comportamiento humano. Los resultados han sido muy poco satisfactorios y en la medida en que se han aplicado han repercutido en la mutilación de la libertad. Hoy, tras el fracaso de los fascismos y del comunismos, nos encontramos ante lo que Tocqueville llamó “despotismo democrático”, un totalitarismo de nuevo estilo, sin precedentes históricos, que puede abolir los rasgos más distintivos de la condición humana.

Medidas contra la prosperidad
José María Rotellar okdiario 7 Enero 2019

Ahora que ha empezado el año, han entrado en vigor muchas de las medidas –de una prosperidad irreal– aprobadas por el Gobierno de Sánchez en los dos últimos consejos de ministros de 2018, siendo especialmente grave la relativa al incremento de un 22,3% en el salario mínimo interprofesional, que nos llevará a elevar costes de manera desorbitada, al cierre de empresas, al incremento del desempleo y de la economía sumergida. De hecho, la ministra de Hacienda no se quedó ahí y anunció el propósito del Ejecutivo de seguir incrementando dicho salario mínimo para situarlo en 1.000 euros en el año 2020. Es un error manifiesto que perjudicará a la economía.

De hecho, los principales organismos internacionales han alertado del peligro que puede constituir la subida del salario mínimo en más de un 20%. Tanto la Comisión Europea en sus previsiones de otoño, como el FMI y la OCDE en sus últimas previsiones, ponen énfasis en ello. Es más, la Comisión Europea llega a decir que dicho incremento del salario mínimo puede impedir la creación de 70.000 puestos de trabajo. El Gobierno, en su afán buenista y socialista, pretende anestesiar a los ciudadanos y darles a entender que es perfectamente factible subir la renta y riqueza de las personas por ley, cuando, sin embargo, la realidad va por otro lado, ya que los empresarios no van a poder sostener tantos costes y los autónomos tampoco van a poder soportar incrementos en su base de cotización, por reducidos que sean; especialmente, los nuevos autónomos verán desincentivada su nueva ocupación al incrementarles la base de cotización un 20% en su primer año (pasarán de pagar mensualmente 50 euros a pagar 60 euros).

En su error, el Gobierno puede subir el salario mínimo, pero muchas empresas no lo pagarán, o, mejor dicho, se lo pagarán a menos trabajadores, porque contratarán a menos o, incluso, se quedarán con menos, es decir, despedirán. Es muy sencillo y es algo que entiende cualquier alumno no ya de primero de económicas, sino de secundaria y bachillerato que estudian economía: si yo subo artificialmente un precio –y el salario es el precio del trabajo- los demandantes de ese bien –en este caso, el trabajo- demandarán menos de ese bien. ¿Quiénes son los demandantes de trabajo? Las empresas, al tiempo que los oferentes de trabajo son los trabajadores, que son quienes ofrecen su trabajo a cambio de cobrar un salario –de cobrar un precio–. Por tanto, si subo el salario, muchos trabajadores querrán trabajar, pero las empresas estarán dispuestas a contratar a menos trabajadores, porque a ese precio no podrán cubrir los costes laborales –lo que les cuesta el trabajador– más el beneficio que tienen que obtener con su actividad para asegurar la continuidad de la actividad económica y el empleo.

¿Qué sucederá entonces? Que muchos trabajadores se verán despedidos o se verán condenados a la economía sumergida. ¿Cuánto habrá logrado el Gobierno que suba el salario de estos trabajadores? Nada; más bien habrá provocado que pasen de ganar el salario que tenían antes a no ganar nada, o a ganar un salario en la economía sumergida –que hay que perseguir y erradicar, pero que el Ejecutivo incentiva de manera absurda con estas medidas– y tener, por tanto, menores derechos sociales, como el devengo de los derechos para cobrar una pensión en el futuro. Al mismo tiempo, el Estado ingresará menos por cotizaciones sociales y por impuesto de la renta, así como por los indirectos, al bajar el consumo. En definitiva, una mala medida para la prosperidad.

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Se puede y se debe
FÉLIX OVEJERO El Mundo 7 Enero 2019

Después de una larga pausa, el tertuliano proclamó: «La solución consiste en... el diálogo». La pausa me hizo presagiar el remate de un ¡Eureka! Solo faltó que otro apostillara: "¡Valiente!". Todavía no me he repuesto. Si una política ha sido probada es el diálogo. Incluso Aznar dialogó. Y tarifó: recaudación del IRPF (33%), del IVA (35%), de los impuestos especiales (40%); transferencias de competencias de la Guardia Civil a los Mossos; desaparición de la mili; supresión de gobernadores civiles; ampliaciones del puerto y del aeropuerto de Barcelona, AVE; canales adicionales de TDT; defenestración de Vidal-Quadras; paralización de la llegada al Constitucional de una ley de política lingüística que Aznar sabía anticonstitucional. Los resultados se conocen: las exigencias se renuevan y estamos peor que nunca.

Para entender la persistencia en el error es inevitable acordarse de teorías sobre empecinamientos en la sinrazón, como la falacia del coste hundido, esa que arruina inversiones en bolsa y encanalla matrimonios: el empeño en persistir en una senda sin otra razón que haberle entregado biografía. O el sesgo de confirmación, ganas de encontrar buenas señales de lo que queremos creer, aunque estemos ante el Armagedón. El discurso de siempre del PSC, el de ahora mismo del gobierno. Desinflamar hasta reventar.

Naturalmente, la insensatez tiene su doctrina. La humana la necesidad de decorar nuestras tonterías. Con Ortega, por ejemplo. Dialogar es conllevarse. Eso sí, con asimetría, porque unos aguantan y otros, a la mínima, se sulfuran. La doctrina es pura inanidad, pero no su trasfondo, que vale la pena desmenuzar. La cháchara de la conllevancia se sostiene en dos supuestos que han nutrido el trato político con el nacionalismo desde el 78. Según el primero, el nacionalismo es una constante inmodificable de nuestro paisaje político. Imbatible. Según el segundo, el nacionalismo no debe batirse. Aunque pudiéramos derrotarlo, no deberíamos intentarlo: algo que solo resulta inteligible si se asume que el nacionalismo es una causa justa o, más cautamente, que responde a una causa justa. Aunque, como nos enseñó Kant y asume la lógica (deóntica), "deber implica poder", la obligación moral de intentar algo presupone la posibilidad de hacerlo; psicológicamente es al revés: si no entendemos que el nacionalismo es el mal, ni siquiera consideramos la obligación moral de su derrota.

Ni una cosa ni otra: el nacionalismo puede derrotarse y tenemos la obligación moral de hacerlo.

Caben pocas dudas de la naturaleza antidemocrática del nacionalismo. No se trata de sus procedimientos, que también, sino de su quintaesencia: levantar fronteras y ciudadanías sobre perímetros de identidad. Los nacionalistas están en contra de decidir y redistribuir con sus conciudadanos. Su objetivo, al cual subordinan todos los demás, es romper la comunidad de convivencia. Ni aspiran a dar razones ni a atenderlas: no contemplan el interés general, sin el cual no cabe el debate democrático. Pueden tener objetivos circunstancialmente coincidentes, pero esa coincidencia será siempre provisional, mientras sirva a su objetivo fundamental declarado de expulsarnos como conciudadanos. Es esa su doctrina. Lo dicen ellos.

Pero no solo se trata de la obscenidad del ideario, sino de otra más fundamental: el nacionalismo no es la expresión distorsionada de ninguna causa justa, de ninguna realidad ignorada o despreciada. Porque la obscenidad se sostiene en una mentira. Invoca un mundo inexistente. El cuento de las identidades inmutables. En los años sesenta del siglo pasado España experimentó el mayor movimiento de población de la posguerra europea. Los emigrantes (un término, por cierto, que no se aplica a quienes emigraron a Madrid) ahondaron nuestro mestizaje: los apellidos más frecuentes en Cataluña son los comunes en toda España. Si hay una realidad catalana ignorada es ese 70% de los catalanes que en primera y segunda generación proceden de otras partes de España, los más pobres. El español, además de la lengua común, es la lengua materna del 55% de los catalanes, frente al 31,6% que tiene el catalán. Y ahora examinen la clase política y la lengua de poder político. O los apellidos y la posición social. Verán quién manda y quién está excluido. Esa es la genuina realidad escamoteada. No estamos ante una minoría que es mayoría en una parte del territorio político. De ahí su naturaleza especialmente totalitaria: como la realidad no se ajusta a la horma de la identidad, solo cabe imponer la identidad. La construcción nacional, su empeño cotidiano, es su traducción práctica: ahogar la respiración natural de la ciudadanía. La identidad real ha sido enmudecida políticamente. La verdadera anomalía es que con ese trasfondo social y cultural el nacionalismo se presente como la voz del pueblo catalán. Una anomalía solo superada por otra: que los demás acepten su mentira. Y lo hacen cada vez que hablan de responder a sus demandas. El nacionalismo es el problema.

Si el nacionalismo es tóxico y si, además, no responde a una realidad ignorada, la pregunta debida moral y políticamente es qué hacer para combatirlo, para que desaparezca. Y con eso vamos al otro supuesto falso que contamina nuestra política: el nacionalismo es imbatible. El argumento "qué hacemos con esos millones de votos" tiene una respuesta sencilla: lo mismo que hemos hecho con otras ideas y querencias modificadas en las últimas décadas, incluso algunas de ellas ancladas en la biología y hasta en la química, como el sexismo, la condena de la homosexualidad, la preferencia por lo dulce o el fumeteo. Las mejores razones se han acabado por imponer. Eso sí, lo primero es no ignorar lo dicho: el problema es el nacionalismo, no los problemas que los nacionalistas nos cuentan. No lo olviden: el problema es el sexismo, no su "argumento": "Visten como putas". Esa es su excusa.

A partir de ahí comienza lo importante, la estrategia política. No es tan complicado. Todo está inventado. Cualquier intervención social que aspira a modificar opiniones interviene sobre tres dimensiones: razones, emociones e intereses. En el terreno de las razones algo se ha avanzado. Se han desmontado mentiras empíricas (balanzas fiscales, avales del derecho a decidir, supuestas sentencias del tribunal de la Haya), mostrado falacias (el uso de la discriminación positiva, del diálogo, la palabrería hueca: diversidad, identidad propia, comunidades históricas, encaje, lengua propia, comodidad) y desentrañado indecencias morales (el sustrato antigualitario y anticiudadano del nacionalismo). Peor ha ido la cosa con las emociones, un territorio señoreado por el nacionalismo con los historiadores en labores publicitarias y que el constitucionalismo ha abordado de la peor manera, a la defensiva. Depende muy fundamentalmente del frame, del relato que enmarca la información empírica. La investigación de los últimos años proporciona un solvente conocimiento sobre sesgos cognitivos y disposiciones emocionales que los agentes políticos deberían atender. Por ejemplo, sabemos que perder lo ya conquistado (y seguro) nos pesa más que la posibilidad (incierta) de tocar el cielo. El pájaro en mano.

Pero si hay un ámbito en donde la torpeza ha resultado insuperable ha sido en el manejo de los intereses, de los incentivos. Los nacionalistas nos instalaron en un juego perverso: amenazaban con la independencia para conseguir algo a cambio, que era un paso para la independencia, la construcción nacional. Un juego con un equilibrio previsible: la independencia. Para romper esa patológica dinámica debemos cambiar las retribuciones, sus reglas: los nacionalistas se detendrían solo si también pudieran perder lo ya conquistado. La ley de partidos políticos fue un ejemplo. El 155, otro. Pero no hay que olvidar el paisaje de fondo: el chantaje operaba sobre un diseño institucional, unos marcos electorales, que los convertían en fundamentales para gestionar un interés general que despreciaban. También ahí disponían de una estrategia ganadora: se convertían en decisivos para el gobierno de todos, pero les bastaba con ganar a unos votantes cautivos. Por supuesto, si cada ciudadano votase asumiendo el interés general, el mecanismo no operaría. Pero la carne es débil y nadie gana unas elecciones locales apelando al interés de la humanidad. Prueben a proponer la eliminación del cupo en las autonómicas del País Vasco. Por eso hay que cambiar los diseños electorales, entre otras cosas.

Mandamientos que se resumen en uno: cambiar las leyes. Al final, el BOE.

El separatismo hunde en la ruina económica a Cataluña
Miquel Giménez. vozpopuli  7 Enero 2019

Ya son 4.480 las empresas que han huido de esta Cataluña en manos de orates. Recordemos cuando Artur Mas aseguraba que ninguna se marcharía de esa Ítaca a la que prometía llevarnos.

Es un caso único en la historia de la Europa moderna. Ningún lugar ha vivido el mazazo que supone que las corporaciones de mayor peso económico lo abandonen, presas del pánico, mientras que sus gobernantes no tan solo no dimiten, mucho peor, lo dicen que carece de importancia. Lo afirmó Oriol Junqueras cuando era el responsable de la economía catalana, lo siguen diciendo los actuales políticos separatistas, incluso aducen que la culpa la tiene España, el decreto que hizo Rajoy para facilitar los trámites a quienes querían velar por su empresa o que, en el colmo del cinismo, el responsable es el Rey.

La locomotora de España se ha visto relegada al furgón de cola, con sus cuentas en bancarrota, dependiendo de los fondos que le da el Estado y sin un horizonte esperanzador. Nadie quiere venir a invertir, nadie arriesga su dinero en un lugar en el que la improvisación, la insensatez, el amateurismo y la locura imperan. Si añadimos a eso las políticas de Ada Colau en Barcelona, que han ahuyentado a importantes sectores de la capital catalana como el hotelero, la ruina que deberemos afrontar los catalanes en los próximos años está asegurada. Sus yerros los pagamos entre todos, como el hotel que debía construirse delante de las Atarazanas, que tenía todos los permisos y licencias pertinentes, y que a la señora Colau se le puso entre ceja y ceja no autorizar. El propietario fue a los tribunales, ganó, como era lógico, y ahora el ayuntamiento podemita le ofrece cuarenta millones como indemnización. El perjudicado se ha negado a aceptarlos porque sabe que, si persevera, sacará más, mucho más. No es el único caso. Los costes judiciales y sumas por daños y perjuicios que está pagando ese consistorio de ninis hiper subvencionados suma ya una cantidad enorme. ¡Y estos son los que querían hacer una nueva política y defender a la gente!.

Es muy difícil que en menos de diez años, y eso volviendo al sentido común y arrinconando a esta pandilla de insensatos, se pueda remontar la actual situación que es, sin exageración alguna, de auténtica alarma social. Porque sin empresas no hay puestos de trabajo, ni impuestos que recaudar para luego poder redistribuirlos. No circula el dinero y de eso solo sale miseria, radicalismo, conflicto, en fin, desorden social.

Incluso contumaces separatistas prefieren tener sus negocios fuera del territorio catalán, como la familia Carulla, protectora del nacional separatismo desde siempre, o el mismo marido de Elsa Artadi. Más de 32.500 millones de euros en depósitos se han ido de Cataluña para, desgraciadamente, nunca más volver. Solo el Sabadell y Caixabank han perdido nueve mil. Ese es el resultado de llevar a sus últimas consecuencias la insana locura de los Pujol, de los Puigdemont, de los Torra, de los que se creen superiores al resto de sus conciudadanos. El supremacismo solo es rentable para quienes tienen cuentas en paraísos fiscales a base de comisiones ilegales. La ruina que ellos han propiciado, y con ellos todos sus colaboradores, deberá estudiarse en el futuro con mucha atención. Que sea la propia burguesía catalana la que se ha hecho el hara kiri, en favor de Aragón o Valencia, las dos comunidades que se han visto más favorecidas por la crisis catalana junto a Madrid, va más allá de las estrategias políticas. Es pura locura, es un desprecio total y absoluto hacia quienes han de ganarse el pan sin recurrir a amiguetes con despacho oficial.

Han hundido a Cataluña económica, política y espiritualmente. Con estos pacta Sánchez. También con Otegui y Bildu. De hecho, los familiares de los presos separatistas se han ido a hacer no sé qué con sus homónimos de los presos etarras.

No sé si tendrán perdón por parte de los jueces, pero lo que está claro es que no tienen es perdón de Dios. Es lo mínimo para quienes que han condenado a dos generaciones de sus paisanos a vivir en la miseria. Y, al paso que vamos, al horror.

Sánchez pactó con Torra una tregua de los CDR para negociar los Presupuestos
Carlos Cuesta okdiario 7 Enero 2019

El encuentro fue el 20 de diciembre. Pedro Sánchez se veía con el presidente catalán Quim Torra. Y en la Policía Nacional aún se asombran de que la conocida capacidad de mando de Quim Torra y su equipo sobre los CDR y el resto de engranajes golpistas sea tan clara.

El presidente Pedro Sánchez solicitó calma para poder negociar los Presupuestos. La tarde y noche posterior al Consejo de Ministros del viernes 21 no pudo ser: todo estaba ya preparado para agitar la calle. Pero desde aquellos días hasta las fechas actuales los CDR se encuentran en letargo. La clave: que Cataluña necesita hacer acopio de dinero y este se encuentra en buena medida en los Presupuestos, que Sánchez se comprometió a ello, y que desde PDeCAT dieron una oportunidad más al presidente del Gobierno para que ofreciera una vía para rebajar las condenas y mejorar el trato de quienes están en prisión y quien quiere volver a España como gran héroe de la independencia catalana, Carles Puigdemont.

Nadie negó al día siguiente a la cita de Sánchez y Torra que allí se hablara de dinero. Más en concreto, de unos Presupuestos en los que ya se sabe que de los poco más de 4.000 millones de incremento en inversiones y dinero para las autonomías, Cataluña se llevará al menos 2.200 millones de euros: más de la mitad. El resto queda para repartir entre las 16 restantes regiones españolas.

Pero Sánchez necesitaba una prueba de buena fe y, además, un clima más tranquilo para rebajar las tensiones de su Ejecutivo y el impacto en la intención de voto del continuismo del golpe separatista.

Mensaje recibido
El mensaje llegó al destinatario Torra y lo cierto es que los CDR llevan unos cuantos días sin un exceso de actividad. Más bien todo lo contrario.
Fuentes policiales han confirmado a OKDIARIO que se trata de un exceso de tranquilidad de los CDR para como estaban los preparativos y ánimos separatistas y, además, para como se suelen comportar los radicales en cuanto tienen un periodo de fiesta laboral.

Hay que recordar que Sánchez se mostró favorable a un referéndum pactado dentro de la legalidad y no vinculante para resolver el “conflicto” de Cataluña, tal y como lo denominó en aquella cita con Torra. Ese fue, de hecho, el gran anuncio de la bautizada como ‘cumbre’ de Pedralbes por los independentistas a causa de que se permitió por Moncloa una escenografía más propia del encuentro entre los representantes de dos países soberanos que entre un presidente nacional y un mero representante regional.

“Queremos hacer una valoración muy positiva de la reunión de ayer”, afirmó tras la cita la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en referencia al el encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Pero la verdadera valoración positiva realmente venía de la parte golpista: los independentistas arrancaron al Gobierno un compromiso para la celebración de un referéndum no vinculante con “seguridad jurídica”. Y, además, demostraron su plena coordinación con los sistemas de agitación violenta en la calle. Algo pese a lo que Sánchez sigue sin aplicar ni el 155 ni nada que se le parezca.

Dictadura lingüística
Sánchez contra “el mito de Babel”: pondrá en catalán, euskera y gallego todas las webs públicas
Agustín de Grado okdiario 7 Enero 2019

En un nuevo gesto hacia sus socios de investidura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se propone incorporar el catalán, el euskera y el gallego a las webs oficiales de toda la administración general del Estado.

La decisión, presentada sin presupuesto de costes, ha sido defendida por el PSOE como un paso definitivo para “que el mito de Babel, que consideraba la proliferación de idiomas como una maldición bíblica, quede desterrado para siempre de nuestros pensamientos y florezca el concepto de la pluralidad y diversidad lingüística como fuente de riqueza compartida, de comunicación intercultural y patrimonio colectivo común de todos los pueblos que conforman nuestro país”.

La proposición no de ley fue defendida en la Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados por el socialista Guillermo Meijón, quien en una intervención en la que evitó pronunciar las palabras ‘España’ y ‘españoles’, la presentó como una medida para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos “a escoger el idioma en el que quiere dirigirse a la Administración y también del reconocimiento de la propia Administración a la riqueza y prioridad lingüística de nuestro país, porque, y creemos que es de vital importancia reafirmarlo, todas, repito, todas las lenguas del Estado son lenguas del Gobierno y de su Administración”.

La diputada de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz tuvo que recordarle al socialista que, según el Tribunal Constitucional, “la lengua oficial del Estado es el castellano” y que las lenguas cooficiales “los son en sus respectivas comunidades autónomas”. Y desnudó las contradicciones del PSOE: “Les parece más importante que una página del Ministerio de Defensa esté en euskera que el hecho que haya padres en Baleares (donde gobierna el PSOE) que tienen que contratar a profesores particulares de español para que sus hijos aprendan a leer y escribir en la lengua oficial del Estado”.

“¿A cuántos ciudadanos les va a cambiar la vida si tienen todas las webs de todos los ministerios traducidas a todos los idiomas?”, se preguntó el diputado del PP Jordi Roca, quien además censuró que la propuesta socialista llegara al Congreso sin la memoria presupuestaria que permitiría conocer los costes de la implementación.

También las no oficiales
La iniciativa del PSOE llega después de que haya presentado en el Congreso una proposición de ley para “el reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística en España” que va más allá de las lenguas cooficiales y en la que se propone promocionar, financiar y fomentar el aprendizaje de las lenguas no oficiales.

Son los niños el gran objetivo del proyecto lingüístico socialista. Según la proposición de ley, el Gobierno y las comunidades autónomas deberán adoptar las “medidas necesarias” para “favorecer el aprendizaje de las lenguas no oficiales” en “todas las etapas y especialmente las ordinarias, del sistema educativo español”.

La Agencia Catalana de Consumo admite a trámite una denuncia: las multinacionales se arriesgan a una multa que podría alcanzar los 100.000 euros
El sucio juego de la Generalitat con Playmobil y Lego por no querer utilizar el catalán
Periodista Digital 7 Enero 2019

El Playmobil de Sánchez y su Falcon son el regalo estrella de Reyes en Twitter

Así están las cosas: desde el año 2010, la ley 22/2010 del Código de consumo de Cataluña obliga a que, en virtud del artículo 128.1, ciertos productos, entre los que se encuentran también los juguetes, dispongan de los datos obligatorios del etiquetado y los manuales de instrucciones en catalán.

Sin embargo, las multinacionales de juguetes Playmobil y Lego se niegan a utilizar el idioma cooficial pese a las presiones, y la Plataforma por la Lengua ha presentado ahora una denuncia en la Agencia Catalana de Consumo para que tome las medidas necesarias para que pasen por el aro de la normativa lingüística en Cataluña.

Según da cuenta 'ECD', el citado organismo que depende de la Generalitat, ha admitido a trámite esta denuncia, y ha iniciado un expediente de diligencias previas para investigar el caso, mientras la mentada plataforma da por sentado el que el expediente se culminará forzando a Playmobil y Lego a incluir la lengua cooficial en los juguetes que venda en Cataluña.

Las medidas correctivas de la Agencia Catalana de Consumo no acaban ahí. De acuerdo con la legislación actual, Playmobil y Lego se enfrentan a una multa de entre 10.001 y 100.000 euros, en función de lo establecido en el artículo 332.3 de la Ley del Código de Consumo.


 


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