AGLI Recortes de Prensa  Jueves 10  Enero 2019

Deterioro del Estado en España
VICTORIO MARGARIÑOS El Mundo 10 Enero 2019

El Estado, institución que organiza la vida social en un territorio con el fin de que la convivencia sea pacífica, tiene como eje el Derecho y como sustrato la nación. El ámbito territorial del Estado nación es el resultado de una evolución histórica que ha costado siglos en cuajar, después de confrontaciones y ajustes. Resultado que ha dado lugar a un ámbito de solidaridad enriquecedora, al espacio más amplio de convivencia pacífica y justicia hasta ahora logrado.

El Estado es en esencia el Derecho que ampara a las personas que nacen bajo su manto o protección; las cuales a su vez, aunque de modo indirecto y muy filtrado, controlan el ejercicio del poder, ínsito a la organización estatal. Pero es la nación, es decir, las personas unidas al Estado por vínculo de nacimiento, base de la soberanía a la que alude el artículo 1 de la Constitución, la que da vida y emoción al Estado.

Dentro del territorio del Estado existen diferencias que han podido ser importantes en otras épocas, en las que la realidad social y económica era distinta y la comunicación difícil. Hoy, sin embargo, han quedado reducidas a ciertas, pocas, peculiaridades, en especial la del idioma. Pese a ello, en los últimos años, se ha forzado, recalcado y amplificado la especial identidad de las regiones; potenciando, paralelamente, el poder de las mismas. Hasta tal punto que se habla de Estado plurinacional, Nación de naciones, Estado federal; abandonado el término autonomía.

El origen de esta evolución política, terminológica y conceptual, que es causa de incertidumbre para entender la estructura del Estado, viene de lejos. Pero la causa inmediata está en la Constitución, cuando habla de la indisoluble unidad de la nación española y a la vez reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Mezclando los términos nacionalidad, autonomía y región, en lugar de referir la nacionalidad a la cualidad de las personas que nacen bajo la protección del Estado, como lo hace el Código Civil. La Constitución agrava la confusión al no fijar claramente las competencias del Estado y permitir que éste pueda transferir a las Comunidades Autónomas facultades relativas a materias de titularidad estatal; dotándolas de instituciones equivalentes a las de un Estado: Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno, Presidente, Tribunal Superior de Justicia.

Esta confusa y errónea regulación, unida a una ley electoral incompatible con una configuración equilibrada del Estado, al permitir que partidos que defienden los intereses de región, que no los generales, contiendan al mismo nivel que los nacionales, ha sido el origen de un proceso de deterioro del Estado, que afecta gravemente a la igualdad y libertad de sus ciudadanos.

Tal error inicial ha sido utilizado por los políticos, que, en ocasiones, por su dificultad para sobresalir en el ámbito nacional, se refugiaron en las regiones, haciendo de ellas verdaderos feudos y un campo abierto para aumentar su cuota de poder. Los políticos potenciaron el sistema autonómico. Lo ensalzaron como un acierto y avance, alentaron su crecimiento, y se sirvieron de él de modo interesado. La crítica del sistema autonómico se consideró herejía.

Los políticos atrincherados en las Comunidades Autónomas, aprovechando la dejación y complicidad de los gobiernos estatales, han desarrollado una especial voracidad legislativa. A ciencia y paciencia de los órganos de control, se han elaborado Estatutos que por su contenido son verdaderas Constituciones. Se han saltado límites al desarrollar los derechos forales, promulgando incluso Códigos civiles, que son el más indicativo signo de una nación. Como el de Cataluña que, sin perjuicio de su perfeccionamiento técnico y su mayor adaptación al tiempo de hoy, ha recogido no sólo sus instituciones peculiares, alguna por cierto inactual pero que marca diferencias, sino también todas las relaciones civiles de carácter general. Además, ante la pereza y desidia estatal, las Comunidades han regulado nuevas situaciones, como las uniones de hecho, por ejemplo, que el Estado ha desatendido, y que debería acoger para su generalización normativa, en aras de una mayor seguridad jurídica.

De este modo, lo que se inició como una construcción política artificial y novedosa en buena parte, ha ido penetrando en la sociedad hasta provocar un sentimiento de nación en cada región. El Estado se ha ido vaciando de competencias necesarias para una construcción armónica y justa de la convivencia, y los ciudadanos perciben que la regulación de las relaciones jurídicas importantes procede de su Comunidad. Con la cual se identifican hasta tal punto que cada vez reconocen menos al Estado de España. Ente que se va diluyendo y se ve en lontananza como algo distante, relacionado con los poco empáticos Fisco, DGT y ejército. En la realidad se han ido forjando pequeños Estados con un sustrato social cada vez más intenso. Por lo que no es descabellado hablar hoy de Naciones para referirse a las Comunidades Autónomas, y de Estado Federal o de Confederación de Estados, si aquel proceso se consolida.

Esta evolución no es un cataclismo, pero sí un grave retroceso. A la vista están ya los daños. Costo económico desorbitado, a causa de la multiplicación de órganos públicos, funcionarios adscritos y edificios oficiales, compitiendo en lujo entre sí y con el Estado; que la economía española no puede soportar. Encerramiento en la propia región, incompatible con la universalidad del saber y la cultura, a causa de una endogamia docente y profesional, de una enseñanza peculiar y reducida. Dificultad para la comunicación y, por tanto, para el entendimiento y la transferencia de saberes y recursos. Amiguismo, clientelismo y un nuevo estilo de caciquismo que aflora a causa de un poder cercano excesivo y desequilibrado; y consecuentemente corrupción. No es casualidad que los casos de corrupción más escandalosos procedan de los gobiernos autonómicos.

La competencia normativa desgajada del Estado para resolver problemas generales, en especial la educación, sobre todo en las regiones con lengua propia, ha originado un desquiciamiento social y una lesión de la libertad. La imposición de una lengua particular a todos los habitantes de la región afecta a la dignidad de las personas, al impedir que los que han elegido un determinado territorio de España para realizar su proyecto vital, puedan desarrollar su personalidad a través de la lengua que han oído desde su nacimiento y que es la de la nación. Imposición excluyente, inmersión forzosa que conduce a un sector de la población a un estrechamiento cultural intolerable en una sociedad avanzada. La cesión de competencia en materia de educación es generalmente reconocida como error letal que conduce a la dilución del Estado.

El proceso político de aislamiento regional llega al colmo cuando se pretende la separación del Estado, como ha sucedido en Cataluña, que ha iniciado un enfrentamiento conflictivo, con ímpetu y caracteres de grave patología social; dejando marginada parte de la población, extraña en su propia tierra. Como si el hecho de habitar un trozo del territorio de España desde hace tiempo pudiera ser fuente de un derecho autónomo y originario a legislar, al modo medieval. En contra del proceso evolutivo de progreso hacia la justicia que supone una ampliación constante de su espacio de aplicación.

El fenómeno catalán avisa de que el aislamiento entre las diversas Comunidades y la autosuficiencia de éstas ante el Estado es un peligro de evolución regresiva que se cierne sobre todo el territorio de España. Más acusado en las regiones con idioma propio. Si sigue este proceso y la dejación y parálisis del Estado continúa, la dilución de éste podría consumarse. Quedando encerrados sus habitantes en espacios reducidos de libertad y justicia, con grave dificultad para el desarrollo de una convivencia solidaria, compatible y amistosa.

Es necesario y urgente que el Estado de España recupere el timón y fije el rumbo, a fin de restablecer un espacio amplio de justicia en su territorio. Lo que exige reducir los órganos autonómicos y una regulación equilibrada de sus competencias, limitándolas a las necesarias para una descentralización eficiente. Conservando las particularidades civiles regionales de manera ponderada; las cuales, dada la evolución social, son cada vez menores, y en algunos casos más acordes con la realidad actual, y, por tanto, extensibles a toda la nación española.

Esta reconstrucción corresponde en primer lugar a los políticos. Pero también a la sociedad, a través de asociaciones, prensa y demás medios de comunicación. A la espera de que, en su momento, pausada y evolutivamente, se logre otro espacio convivencial de mayor amplitud, un espacio de justicia más extenso, como el que se está gestando, desde hace algún tiempo, en torno a Europa.

Victorio Margariños es notario y académico de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia.

Una reforma educativa sectaria y nefasta
ABC 10 Enero 2019

Una de las características de los gobiernos socialistas es su obsesión por devaluar el sistema educativo y convertirlo en moneda de cambio con los nacionalismos. Mañana, el Consejo de Ministros aprobará un proyecto de reforma educativa que sigue estas directrices. Basta con que su eslogan sea la derogación de la moderada reforma que aprobó el Gobierno del PP, para que el PSOE dé por bueno cualquier despropósito. La ministra de Educación, Isabel Celáa, está satisfecha con una ley que va a permitir a un alumno recibir el título de Bachillerato con una asignatura suspensa, lo que sólo maquilla la realidad del fracaso escolar y acostumbra al alumno a una relajación que luego no existe en el mundo laboral. También debe estar satisfecha con entregar a las Comunidades la política lingüística de sus sistemas educativos. Si algo favorece la igualdad real de los ciudadanos es compartir la misma lengua. Pero los socialistas parecen más partidarios del Antiguo Régimen empeñados en abonar el localismo, mientras desprecian las nefastas experiencias acreditadas de manipulación de los jóvenes a través de la marginación del castellano. Todo ello contrario al interés nacional, más aún en la actual coyuntura política en Cataluña y la expansión del pancatalanismo, por ejemplo, a Baleares, donde una presidenta socialista lidera la campaña de erradicación del castellano en la función pública. Ni uno solo de esos «barones» socialistas ha alzado la voz para discrepar de una reforma que pone al PSOE al servicio de la dispersión de la ciudadanía común en España.

Esta iniciativa del Gobierno sólo será la antesala de la contrarreforma que hará el próximo Gobierno de centro-derecha, cuando llegue al poder. Entre tanto, la brecha educativa seguirá aumentando y no la taparán los tópicos de la izquierda contra la enseñanza concertada o la separación de aulas por sexos.

Signos de identidad política
Alejo Vidal-Quadras gaceta.es 10 Enero 2019

La irrupción de Vox ha añadido un nuevo problema, y no menor, al diseño de una estrategia electoral eficaz para el PP de la era post-Rajoy. La cuestión del tratamiento legislativo de la violencia de género es un aspecto de un asunto de carácter general que empieza a provocar un debate interno en el partido liderado por Pablo Casado. ¿Cuál debe ser la posición de la formación que ha sido hasta hace poco el único referente del centro-derecha en España respecto al nuevo y pujante actor político que muerde con fuerza en su electorado por un lado mientras Ciudadanos lo hace por el otro? En la planta séptima de Génova 13 se agitan entre la sartén y el fuego. Si hacen suyas las tesis de Vox, ¿cuál será su marca diferencial? Y si se alejan demasiado de ellas, ¿qué incentivos tendrá el electorado para preferirles a la opción encarnada por Albert Rivera? Es un dilema de difícil solución porque el daño infligido al PP por la desideologización tecnocrática practicada por su anterior presidente ha alcanzado un volumen considerable que no hace fácil la recuperación.

Vivimos tiempos en los que los ciudadanos exigen a sus representantes pronunciamientos nítidos sobre los temas que les preocupan y el dulce sopor del consenso social-demócrata de la segunda mitad del siglo XX se ha disipado. Ahora la gente quiere que los Gobiernos actúen con firmeza, claridad y contundencia para afrontar amenazas, reales o supuestas, adecuadamente calibradas o indebidamente magnificadas, que les angustian, como la inmigración irregular, la posibilidad de una nueva recesión global, la transición energética, el terrorismo islámico o la corrupción sistémica. No hay demasiado espacio para los blandos, los ambiguos o los contemporizadores. Se imponen las emociones fuertes, los extremismos airados y las utopías irrealizables. Por eso el amplísimo espectro social que le dio la mayoría absoluta al PP en 2000 y en 2011 se ha fragmentado en tres y las encuestas le auguran una pérdida de la mitad de sus escaños en el Congreso en favor de los dos rivales que le flanquean implacables.

Sin embargo, los ganadores del Congreso Extraordinario de Julio de 2018 pueden encontrar su lugar y resistir el empuje que intenta arrollarles por babor y por estribor si no pierden los nervios, no se obsesionan por no parecerse a este o al otro y regresan a su auténtico ser, perdido entre las brumas rajoyanas. Hay tres factores que delimitan su territorio que les distinguen de Vox. El PP en esta nueva etapa no ha de ser un partido confesional, se ha de comprometer sin fisuras con la integración europea y su nacionalismo español ha de ser constitucional, patriótico, ilustrado y aglutinante, pero no identitario ni excluyente. Por supuesto, su defensa de la unidad nacional no ha de presentar fisuras, ha de reconocer las graves deficiencias del Estado de las Autonomías proponiendo reformas profundas que lo hagan viable y su combate al separatismo catalán no ha de dar cuartel en lo político, lo ideológico, lo moral y lo jurídico. Asimismo, su modelo económico ha de impulsar sin complejos el libre funcionamiento del mercado y la actividad empresarial, con impuestos moderados y un tamaño de la Administración que no nos ahogue. La separación de poderes, la independencia judicial y un sistema electoral que garantice el vínculo entre el representante y el representado, junto a una sana democracia interna de los partidos, han de ser elementos claves de su proyecto.

Si Casado y su equipo defienden sin complejos los principios, los valores y las políticas propias de un partido liberal-conservador buscando las personas adecuadas en la sociedad civil para fortalecer sus filas y prestar calidad a su capital humano no tienen porqué temer al futuro. Si fluctúan, caen en disputas internas, se encierran en sí mismos y se definen no por lo que creen, sino por cómo suponen que les ven los demás, no escaparán al fracaso. Los partidos nacen, viven y mueren y los que olvidan los fundamentos de su ideario se desvanecen en la nada. Si se quiere abarcar demasiado sobre la base de no molestar a nadie, se acaba disgustando a todo el mundo. Los signos de identidad política han de ser reconocibles a primera vista y la acción que los acompañe coherente con ellos. Todo el que prueba a conseguir el éxito engañando a los demás no hace otra cosa que retrasar su inevitable caída.

Andalucía se libra del caciquismo socialista
OKDIARIO 10 Enero 2019

Se acabó el tira y afloja en Andalucía. El PP y VOX, tras arduas horas de negociación sin la colaboración de Ciudadanos en la mesa de discusión, han firmado un acuerdo vertebrado en 37 medidas para investir a Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta y acabar con la enfermiza era de dominación socialista. Con esta rúbrica histórica, tanto los de Santiago Abascal como los de Pablo Casado, han demostrado que con compromiso y sensatas cesiones por ambas partes es posible llegar a alianzas de gobernabilidad que lleven aire fresco a una región aniquilada social y económicamente por el rodillo manejado por el PSOE, y quizá sirvan de banco de prueba de cara a pactos de carácter nacional.

Las cifras que ha dejado en herencia el Gobierno de Susana Díaz, que son tozudas y no dejan lugar a ninguna ambigua interpretación, demuestran que el socialismo ya estaba durando demasiado y que se necesitaba una regeneración inaplazable y urgente por parte de nuevas siglas. Andalucía tiene la tasa de paro más alta de toda España, según los datos del Ministerio de Empleo, la región cuenta con casi 800.000 desempleados a cierre de 2018 y el ritmo de crecimiento del PIB ha sido del 2,5% –por debajo de la media nacional–, una cifra que se ralentizará hasta el 2,3% este 2019, según Funcas. Pero no sólo eso, además, el caso de los ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta ha llevado al banquillo de los acusados a dos ex presidentes que manejaron Andalucía durante 25 años: Manuel Chaves y José Antonio Griñán –maestro de Díaz– o a la ex ministra Magdalena Álvarez. Una veintena de dirigentes socialistas a los que se les acusa de urdir un “sistema opaco” para repartir casi 850 millones de euros a empleados de empresas en problemas.

Sorprende que Juan Marín, el líder regional de Ciudadanos, y a pesar de ocupar la vicepresidencia con el apoyo de los 12 diputados regionales de VOX, siga defendiendo que “sólo han negociado un Gobierno de 47 escaños” con el PP e ignore por completo la presencia de los verdes en la Cámara autonómica. Unas palabras del futuro número dos de la Junta que hacen vislumbrar una legislatura algo espinosa. Si los naranjas siguen esquivando a VOX para cualquier negociación serán incapaces de sacar adelante las profundas reformas que necesitan para devolver a los andaluces un Estado de Bienestar forjado sobre la prosperidad económica y la creación de empleo, dos de los puntos esenciales que han llevado a VOX y PP a confluir en una alianza sin precedentes. Definitivamente, 36 años de ineficacia y caciquismo socialista en Andalucía bien merecían este pacto.

VOX seguirá dando la batalla desde el Parlamento andaluz para terminar de tumbar la Ley de Género
Carlos Cuesta okdiario 10 Enero 2019

VOX y PP han pactado dos importantes avances para erradicar las injusticias provocadas por la Ley de Género: el combate a las subvenciones a chiringuitos ideológicos y el derecho de los padres a no ser adoctrinados en esta materia o en cualquier otra. Pero VOX sigue pensado que la Ley de Género de Andalucía debe ser tumbada.

El PP no ha aceptado la derogación íntegra, y es que ese punto se había convertido en una exigencia irrenunciable de Ciudadanos. VOX ha preferido aceptar la retirada de la exigencia de la derogación de esta norma antes que ver fracasar el acuerdo de gobernabilidad de Andalucía, algo que podía haber provocado el mantenimiento del Gobierno socialista en esta región. Pero eso no significa que la batalla por la derogación de esta norma haya terminado: VOX seguirá peleando por acabar con la norma desde el Parlamento Andaluz.

Por el momento, el pacto de Gobierno de Andalucía lleva dos puntos importantes que permitirán evitar parte de los efectos nocivos de esta norma feminista radical. Tal y como señalan desde VOX, “el acuerdo de Andalucía se compromete a luchar contra la ideología de género en varios de sus puntos”. El primero, porque “se eliminan las subvenciones a los chiringuitos ideológicos”, y dentro de esos chiringuitos se deberían encontrar las asociaciones radicales feministas que han recibido sólo en el último año 3,3 millones de euros a través de este mecanismo. En segundo lugar porque se reconoce el derecho de los padres a negarse a que sus hijos sean adoctrinados en la ideología de género” y con cualquier otro tipo de adoctrinamiento. Y el tercero, porque, incluso en el supuesto de que el colegio permaneciese en una órbita de fuerte adoctrinamiento global, los padres podrán elegir abandonar ese centro escolar y optar por otro.

Pero VOX no quiere renunciar a que se avance más en el cambio de la Ley de Género. Por eso seguirá durante la legislatura empeñado en el desmontado del resto de puntos de la norma. Y uno en concreto genera una fuerte indefensión de los hombres: el que permite que sin mediación judicial ni fiscal ni policial una mujer pueda ser catalogada –sólo con el examen visual de un funcionario local de los servicios sociales– como víctima de género y, por lo tanto, el hombre como agresor machista. Y esa calificación abre la puerta al desarrollo de todas las medidas de la Ley de Violencia de Género.

Ese punto incluido en la Ley de Violencia de Género andaluza supone la extensión de facto de la presunción de culpabilidad a los padres. Y ese punto volverá a debatirse en el Parlamento ya investido por Juan Manuel Moreno.
Hay que recordar que uno de los puntos que se han pactado por PP y VOX es la creación de una consejería de Familia. Y desde esa Consejería se tendrá que desarrollar una ley de protección familiar: esa ley será la que abra la puerta a corregir más vicios de los de la Ley de Género no eliminados en el acuerdo de gobernabilidad.

Se cumple la voluntad de los andaluces
 larazon 10 Enero 2019

El acuerdo para un Gobierno de coalición en Andalucía entre el Partido Popular y Ciudadanos tendrá, finalmente, el respaldo de VOX, cuyos 12 escaños eran imprescindibles para sumar la mayoría parlamentaria. Se cumple de esta manera el mandato inequívoco de los electores que, con sus votos, decidieron que ya era tiempo de abordar el cambio político andaluz, tras treinta y seis años de régimen socialista. Tal era la fuerza de la expresión ciudadana, que ninguno de los partidos implicados en el pacto de investidura podía considerar la preeminencia de sus posiciones políticas o de sus intereses propios por encima de ese llamamiento social.

De ahí que las negociaciones se hayan concluido en tiempo y forma, sin más tropiezos que el error, bisoño sin duda, de los representantes de VOX, que plantearon un primer borrador de máximos que el Partido Popular no podía aceptar de ninguna manera. La general reacción de rechazo a una estrategia tan burda hizo recapacitar a la dirección del partido que preside Santiago Abascal, lo que permitió alcanzar un acuerdo razonable.

Llegados a este punto, hay que valorar el esfuerzo negociador de los populares, más si se tiene en cuenta la nula disposición de sus próximos socios de Gobierno, Ciudadanos, a efectuar cualquier cesión, por simbólica que fuera, que pudiera interpretarse como un respaldo a las posiciones que representa VOX. Aunque en algunos sectores se señala que, en el fondo, no estamos más que ante una actuación de cara a la galería, dado que la gestión de gobierno de la próxima Junta de Andalucía va a seguir estando condicionada por el apoyo del partido verde, lo cierto es que esa intransigencia, despreciativa, además, de unos votos tan legítimos como válidos, por más que se encuentren en un extremo del arco ideológico, pueden entorpecer la labor del nuevo Ejecutivo autonómico, amén de convertir al PP en el pivote sobre el que gira todo el proyecto de cambio. Mucho mejor hubiera sido buscar un acuerdo tripartito, en el que los socios se atuvieran a sus cuotas de representación, más aún, cuando la inmensa mayoría de las 36 propuestas de VOX que figuran en el pacto con los populares pueden ser perfectamente asumidas por Ciudadanos, incluso aquéllas que se refieren al tratamiento de la inmigración irregular o a la demanda de mayores controles en la política de subvenciones a organizaciones no gubernamentales o asociaciones asistenciales.

En efecto, el partido de Santiago Abascal ha renunciado a sus demandas más extremadas, algunas de dudoso encaje constitucional, y, a cambio, consigue que el futuro programa de Gobierno ponga el acento en algunas reformas que, sin ser del todo ajenas a las convicciones de los votantes del PP, son santo y seña de la formación, como es el respeto al derecho de los padres a excluir a sus hijos de las materias de educación no reglada, cuando éstas atenten contra sus creencias. Estamos, sin embargo, ante el principio de una tarea política que se nos antoja ingente, aunque sólo sea porque exigirá al futuro Gobierno de Juanma Moreno –que presidirá la Junta– y de Juan Marín –que ejercerá como vicepresidente– desmontar las estructuras clientelares tejidas durante cuatro décadas por los diferente ejecutivos socialistas, que, además, crearon una administración autonómica elefantiásica. Una labor que, por sus objetivos declarados, va a chocar desde el primer momento con los múltiples intereses creados a la sombra del dinero público. Es, por supuesto, lo que votaron los andaluces en unos comicios que se pueden considerar históricos, pero que obligan a tres partidos, como señalábamos al principio, a primar el acuerdo por encima de sus propios intereses. De lo contrario, lo más probable será que se frustren las expectativas.

Un pacto para cambiar Andalucía
ABC 10 Enero 2019

Terminada por fin la etapa de postureo retórico, dudas exageradas y polémicas artificiales, el PP consiguió ayer rubricar sus respectivos acuerdos con Ciudadanos y Vox para que Juan Manuel Moreno sea investido en próximas fechas nuevo presidente de la Junta de Andalucía, después de 40 años de Gobierno socialista (incluyendo la etapa preautonómica). La estrategia de Vox para tensar la negociación durante los últimos días ha resultado un fiasco, y ayer tuvo que improvisar una rectificación cantada dejando entrever cierta bisoñez negociadora, y su sobreactuación ante la investidura de Moreno. Vox había exprimido al límite su momento de gloria electoral con exigencias inasumibles para el PP y para Ciudadanos. Algunas de ellas, como la expulsión de 52.000 inmigrantes, eran delirantes, y otras tienen toda la lógica, como poner fin a la abusiva presión fiscal e impositiva que existe en Andalucía o racionalizar la Administración, especialmente en el ámbito sanitario. Era fácil intuir de antemano que la radicalización de Vox en su exigencia de derogar la ley andaluza de violencia de género y de protección a los colectivos LGTB no iba a ser un inconveniente para el cambio de Gobierno. Es probable que ninguno de los 400.000 votantes de Vox se lo hubiesen perdonado, y sobre esa base PP y Cs mostraban cierta tranquilidad. La pelota nunca dejó de estar en el tejado de Vox, y lo único que ha conseguido es provocar una exaltación reactiva de la izquierda, resignada a perder el poder en Andalucía, pero no a sacar provecho de la coyuntura estigmatizando a todos los votantes de PP y Cs por retratarse con Vox y ser cómplices de un fascismo que no existe en España. Caretas fuera: la noticia es que el PSOE no gobernará en Andalucía por primera vez en democracia, y el resto son interpretaciones subjetivas que ya premiará o castigará el ciudadano en las urnas.

Ahora lo relevante es que el acuerdo político no quede reducido a un mero pacto de investidura, sino que adquiera largo recorrido. Investir a Moreno para maniatarle e impedirle cualquier margen de maniobra sería tanto como bloquear el Parlamento andaluz y vetar la ineludible exigencia de regeneración en esa Comunidad, donde levantar alfombras es mucho más que una necesidad higiénica. Tiempo tendrán Ciudadanos y Vox de condicionar una gobernabilidad que apunta a ser compleja y conflictiva, y que requerirá de una negociación permanente en la que los tres partidos querrán imponer su criterio. De momento, los andaluces pidieron cambio, y lo tienen. Con los meses se determinará si este experimento inédito de promover un Gobierno de centro-derecha con los votos de una derecha más intransigente y populista -que ya está siendo duramente criticada en algunos sectores del PP- puede ser o no el ensayo de una alianza futura para la gobernabilidad de España.

Volver del régimen del 78 al esbozado en el 76
Pío Moa gaceta.es 10 Enero 2019

El programa Una hora con la Historia corre el riesgo de suspenderse ante la escasa colaboración de sus oyentes. Por desgracia sigue habiendo un gran desinterés por algo que la izquierda y los separatistas tienen claro: la importancia de la historia en relación con la política actual. La cuenta a la que hacer aportaciones es esta: BBVA ES09 o182 1364 3302 0154 3346. No menos importante es la labor de difundir el programa en las redes sociales.

“El siglo de oro: https://www.youtube.com/watch?v=jUgVOdRg-Ec
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Franco derrotó durante cuarenta años a todos sus enemigos militares y políticos, que casualmente eran también enemigos de España o indiferentes. No tuvo oposición liberal o democrática porque la frivolidad de muchos liberales había contribuido al maremágnum de la república y al frente popular. Su prestigio y apoyo social era tan enorme que nadie creía seriamente en la posibilidad de derrocarlo, pese a que, según un dogma habitual una dictadura solo podía acabarse derribándola por la violencia.

La herencia del franquismo fue excelente: un país próspero, reconciliado y curado de los odios que habían destrozado a la república, con grados notables de libertad personal y política, y donde las fuerzas totalitarias y separatistas salidas del “Desastre del 98” eran muy débiles. Por otra parte, como casi nadie ha querido señalar, el Vaticano II había hecho imposible la continuidad del franquismo, y las fuerzas que lo habían apuntalado (Falange, carlismo, monarquismo y catolicismo político) se estaban disgregando unas de otras y también internamente cada una.

Aquella herencia, en particular la reconciliación nacional –lograda ya en los años 40, como comprobó el maquis a su costa– permitió el paso a la democracia “de la ley a la ley”, esto es, desde el franquismo y no contra él. Las fuerzas contrarias, nostálgicas de la república e, incoherentemente, del Frente Popular, demostraron su gran debilidad en un fallido intento de huelga general y luego en el referéndum de diciembre de 1976. Cabe decir que la inmensa mayoría de la población votó entonces una democracia franquista, basada en el respeto a lo que España había logrado con el régimen anterior. Una democracia, además, no debida a la intervención militar useña e indirectamente a Stalin, como las del resto de Europa occidental. Una democracia libre de esas ingentes cargas morales y políticas, salida de la propia evolución interna del país una vez superados los problemas que causaron la guerra civil.

Sin embargo, los políticos procedentes de un franquismo ya sin fuerza ideológica, transformaron la decisión popular en otra cosa. Con visión de circunstancias, sin apoyo en la experiencia histórica ni perspectiva a largo plazo, quisieron montar una “democracia de amigotes”. Fomentaron al PSOE para debilitar al PCE y a los separatistas “moderados” para frenar a los terroristas, y los cargaron de legitimidad democrática. Claro que parecía razonable esperar que esos partidos hubieran aprendido de la historia y aceptasen una democracia respetuosa con el país y sin extremismos, pero no era así: su moderación momentánea solo reflejaba su debilidad. Y los primeros en querer olvidar la historia eran los procedentes del franquismo, así que nadie aprendía del pasado, de lo que había significado la guerra civil y la etapa posterior.

Por tanto la reconciliación nacional y popular fue sustituida por la reconciliación de los políticos sobre una base falsa: el antifranquismo, activo en los exrupturistas y pasivo en los exfranquistas. El resultado fue el régimen del 78, con una Constitución ambigua y defectuosa, negociada malamente y que abría paso al resurgimiento de las fuerzas causantes de la guerra. El proceso de descomposición fue largo, hasta que Zapatero impuso por fin, en 2004, la ruptura fallida en el 76. Desde entonces vivimos en un régimen nuevo, que podría llamarse zapaterista, liquidador de lo que el del 78 conservaba de demócrata.

Alguien me ha preguntado en qué se habría materializado una democracia franquista en el 76. ¿Sería una democracia sin los partidos socialistas, comunistas y separatistas? Evidentemente habría que legalizarlos. Pero desde el primer momento debería habérseles parado los pies en su falsificación de la historia, de la que tantos réditos políticos han sacado. Habría que haberles recordado que ellos nunca habían sido demócratas, que la democracia venía directamente del franquismo, el cual había creado las condiciones necesarias para ella; que la república no podía invocarse como un régimen deseable, pues fue desastroso desde el principio, y destruido finalmente por el Frente Popular. En dos palabras, la legalización debería haberse acompañado de una firme lucha ideológica que les pusiera ante la disyuntiva de moderarse de manera real o de marginarse ante la opinión pública. En rigor, dichos partidos tendrían que renunciar a sus antecedentes frentepopulistas.

La lucha fue imposible entonces. Algunos políticos franquistas creían utópicamente en la continuidad del régimen anterior; y los demás, mayoría, estaban vacíos intelectual e ideológicamente, por gentileza del Vaticano II principalmente.

Y hoy, después de una larga experiencia que ha llevado al país al golpe de estado permanente y a la satelización, con peligro de disolución nacional, la necesaria vuelta al régimen esbozado en el 76 empieza a hacerse también posible.

europa: introduccion a su historia-pio moa-9788490608449Nueva historia de España: de la II guerra púnica al siglo XXI (Bolsillo (la Esfera))

*VOX está actuando muy bien. Sus propuestas son “de extrema necesidad”. Debe recordar que su fuerza estará en su capacidad para explicar lo evidente a la población, y no en los arreglos y chanchullos con unos partidos que no han hecho más que daño, y que deberían cambiar de postura radicalmente o hundirse de una vez.

Rosa «Maria Mateu»
Álvaro Martínez ABC 10 Enero 2019

Rosa María Mateo es la administradora provisional de RTVE. Pero al paso que va la burra en el concurso de méritos organizado en las Cortes es como si la expresentadora, una histórica del ente que ya salía en la tele cuando era en blanco y negro y había carta de ajuste, hubiera llegado para quedarse. Al menos eso parece con las decisiones que están guiando su mandato, como la purga masiva de profesionales, colaboradores y directivos presuntamente no afines a la causa progresista, a los nuevos tiempos en los que, al parecer, con el sanchismo iba «a desaparecer la manipulación informativa de la época del PP». Aunque al tercer telediario de la era Mateo lo que comenzó a desaparecer fue la audiencia: la cadena pública perdió el pasado verano el liderazgo en los informativos que mantenía desde mediados de 2016. Ya no se ven lacitos naranjas contra «la manipulación» y como esto siga así lo que desaparecerán serán los televidentes, igual que desaparecieron de pantalla casi un centenar de despedidos, postergados, arrinconados, degradados o el personal al que se le ha mandado a «hacer pasillos», que es como históricamente en TVE se ha mandado a hacer puñetas a los profesionales caídos en desgracia.

Más que un servicio público, la nueva RTVE es un servicio al sanchismo y su estrategia. Mateo, decidida a echar una mano en la «distensión» en Cataluña, anunció que tiene intención de cuadruplicar las horas que la tele estatal emitirá en catalán, en las desconexiones de la programación nacional, de tal forma que el castellano toma el rumbo que lo mantiene a la deriva en TV3, la cadena del régimen «indepe», donde en vez de lazos naranjas hay lazos amarillos y donde los presentadores te hablan en catalán aunque no entiendas esa lengua. Debates en catalán, informativos en catalán, un magazine en catalán, documentales en catalán, retransmisiones en catalán, películas dobladas al catalán y hasta una serie en catalán, anunció ayer la que ya es conocida como Rosa Maria (así, sin tilde) Mateu, todo en catalán. El resultado será el previsible, que la audiencia de RTVE en Cataluña bajará porque los castellano-hablantes de esa comunidad se irán a una cadena privada donde hablen la lengua que ellos utilizan, esa que la Constitución dice que es de todos los españoles, incluidos los catalanes.

Vox no había entendido a la derecha
Jorge Vilches. vozpopuli 10 Enero 2019

Una vez superada la sorpresa inicial, la euforia del desahogo, o Abascal plantea propuestas realistas de gobernabilidad o todo en Vox quedará en puro ruido

Vox falla donde lo hacen todos los populismos: en el proyecto general. Es lo que tiene este tipo de fórmulas. Hacen un diagnóstico certero y emocional sobre los males del sistema, y tiene éxito entre la gente indignada a la que le falta un portavoz. Pero, a continuación, elproyecto flojea porque mezcla buenas propuestas con maximalismos ideológicos y medidas que no tienen encaje legal o institucional. De esta manera, el populismo enmascara barbaridades con una crítica justa y pequeñas medidas razonables. Eso ha sido Podemos, y esto está siendo Vox.

Las 19 propuestas voxistas contenían un espíritu de derecha rebelde, esa música que agrada a los oídos del derechismo, pero la letra atendía a la épica, esa forma de hacer política que se regodea en lo irreal. Un ejemplo era la devolución de competencias autonómicas en Sanidad y Educación propuesta por Vox. El motivo podía ser aceptable -mejorar la eficacia y evitar abusos-, pero la ocurrencia se escapaba del ámbito andaluz porque suponía un cambio constitucional con muchas negociaciones y pasos.

Otro tanto ocurría con la derogación de la Ley andaluza contra la Violencia de Género. Es cierto que las leyes del feminismo radical originan injusticia, tienen difícil encaje en un sistema garantista de igualdad ante la ley y de presunción de inocencia, y generan una ruptura social. No hay más que ver el lenguaje, la reacción y el proyecto de las feministas radicales, y cómo ha provocado algo similar al independentismo catalán: quiebras familiares o de amistades. Tan cierto como que las millonarias subvenciones se han convertido en un negocio, y que solo una mínima parte llega a las mujeres maltratadas. Pero no pedían una reforma, sino su derogación, lo que saben que resultaba imposible.

El caso es que los de Santiago Abascal tomaron la negociación como un gran escaparate electoral para seguir siendo protagonistas, encontrar su hueco a nivel nacional, montar el teatro, y luego votar a Moreno Bonilla. Piensan que este rol granjea automáticamente votos porque pone contra la pared a la “derechita cobarde” y al “cosmopaleto” de Rivera. Se equivocan.

Parece mentira, pero Vox ha comprendido tarde, o a golpe de realismo, el espíritu de la derecha española. La izquierda populista quiere echar a la derecha, por supuesto, pero es capaz de inmolarse en aras al mantenimiento prístino del dogma. Eso le pasó a Pablo Iglesias en 2016, cuando se negó a la abstención en la investidura del gobierno Sánchez-Rivera -sí, PSOE y Cs-, y permitió con ello que siguiera Rajoy. En la decisión del líder podemita hubo cálculo estratégico -el sorpasso al partido socialista- guiado por un dogma irrenunciable.

La derecha española, decía, es otra cosa. Su prioridad es echar a la izquierda del Gobierno, cómo no, y si para ello tiene que pactar con otros grupos derechistas, lo hace, como en Andalucía. No hay dogmas, ni religión civil a la que someterse, o, si se quiere, la ideología es más líquida.

El votante de derechas es más silencioso y moderado que el de izquierdas, y la actitud conciliadora la asume mejor. Es probable que la invasión socialdemócrata y el relativismo de estas últimas décadas, y en especial del marianismo, hayan ablandado el derechismo en España, pero es así. De hecho, los votantes y seguidores del PP no tienen problemas en que se pacte a izquierda y derecha, con Cs y Vox, pero los de Rivera tienen que demostrar que desprecian a los de Abascal y viceversa.

El dogmatismo y la cerrazón de Vox, aunque fueran aparentes porque al final estaba acordado todo, están sirviendo para generar simpatías hacia el PP. El elector de derechas quiere que se termine el régimen socialista en Andalucía, y, a partir de ahí, miel sobre hojuelas, acordar reformas, cambios y regeneración. La dureza de Vox ante el pacto del PP y Cs ha interrumpido la alegría de esa derecha, y eso se paga.

Los voxistas creen que sus ademanes y propuestas andaluzas, que no son tales porque aluden al ámbito nacional, van a ser rentables para su popularidad en otras regiones. Pero eso debían haberlo hecho luego, después de la investidura de Moreno Bonilla, en el día a día de la tarea parlamentaria, donde el discurrir de la vida política tiene otro ritmo. Se la han jugado a causar impacto inmediato, y deberían haber esperado a las fricciones y contradicciones que allí surjan entre PP y Cs, o a los acuerdos de estos últimos con el PSOE andaluz.

La triada voxista tiene éxito, no solo porque denuncia incongruencias y problemas, sino porque altera a sus adversarios, lo que provoca la propaganda inversa; es decir, la que hace el enemigo al convertirte en protagonista. Esa triada que comprende la crítica al feminismo radical, el autonomismo desbocado y a la inmigración ilegal ataca el corazón de la dictadura de lo políticamente correcto, y eso tiene su público. No obstante, una vez pasada la euforia del desahogo, si eso no se traduce en una propuesta realista de gobernabilidad todo en Vox quedará en ruido. Quizá por esta razón los estrategas voxistas corrigieron sobre la marcha el tono del citado documento -solo eran propuestas, dijeron-, mientras negociaban a toda prisa con el PP. Bien, pero mal, que decía el sensei japonés.

Vox, esa España que ora y embiste
María Jesús Cañizares cronicaglobal 10 Enero 2019

Machado fue premonitorio. “Esa España que ora y embiste” escribió el poeta. E “inviste”, añadiría yo, en alusión a Vox, pues gracias a sus votos, ungirá al nuevo presidente andaluz. Las urnas han sacado de la marginalidad al partido del bizarrísimo Santiago Abascal, pero han sido PP y Ciudadanos quienes le han convertido en decisivo al aceptar los votos de una formación ultramontana, que ora en su cruzada católica contra la “amenaza árabe” –la reconquista, que no tenía horario ni fecha en el calendario, debe ser celebrada y los musulmanes, expulsados— y embiste como un mihura --apoyo a la tauromaquia-- contra todos los avances sociales de la democracia española.

Curioso que, en pleno auge de los movimientos #MeToo surja, irrumpa, el machismo de Vox. Porque eso es lo que promueve este partido ultra: el desprecio a la lucha feminista en un país donde todavía abundan el sexismo y la desigualdad. La discriminación positiva de la mujer, al igual que la protección de los menores, los inmigrantes o los colectivos LGTBI, está contemplada en numerosos tratados internacionales, no es un invento de Podemos. Solo hay que leer la exposición de motivos de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la que quiere eliminar Vox, para comprobarlo.

La ley es buena, una de las mejores en el ámbito internacional, pero lo sería más si se la dotara de recursos suficientes para desarrollarla en su integridad. Los ultras han renunciado, de momento, a incluir esa abolición en su pacto con el PP andaluz, pero así consta en su programa electoral. ¡Ojo, que vienen elecciones municipales!

Derogar esa legislación supondría un retroceso social e ideológico, y dispararía el número de casos ocultos, los que no se denuncian por miedo, desconfianza o desatención. Llegar hasta el final en una denuncia penal ya es, de por sí, durísimo. Si encima se despoja a la víctima de este blindaje, es muy posible que el maltrato se convierta de nuevo en una asunto privado, algo doméstico que es necesario soportar en soledad.

Especialmente irritante resulta el debate sobre las denuncias falsas. Discutir si son el 0,001%, como dice la Fiscalía General del Estado, o un 1%, como sostiene el Consejo General del Poder Judicial, supone caer en la trampa de Vox. Un partido, conviene recordar, que defiende la “educación diferenciada”, esto es, la segregación por sexo. La que se practica en los colegios de elite. Por lo visto esto no es “ideología”. Si lo es la lucha contra los delitos machistas.

Lo del “PIN parental” ya es de traca. El nomenclátor es, posiblemente, lo más moderno que Vox es capaz de manejar, pero no deja de ser una circular dirigida a los directores de centros en la que los padres pueden rechazar ese “evidente adoctrinamiento en ideología de género” y la “educación sexual” que se imparte en las escuelas, según los voxistas.

Definitivamente, Vox ora, embiste y como no vigilemos en las próximas citas electorales, da la puntilla a un progreso social todavía frágil.

Completo informe de la revista Smithsonian
La guerra global contra el terrorismo que mantiene Estados Unidos se extiende por el 40% de los países del mundo

www.latribunadelpaisvasco.com 10 Enero 2019

Apenas un mes después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, las tropas estadounidenses, con el apoyo de las fuerzas británicas, canadienses, francesas, alemanas y australianas, invadieron Afganistán para luchar contra el terrorismo islamista de Al Qaeda y los talibanes. Más de 17 años después, la guerra total contra el terrorismo iniciada por el Presidente George W. Bush es verdaderamente global, y los estadounidenses participan activamente en la lucha contra el terror en 80 naciones en seis continentes.

Así lo revela la revista Smithsonian, en un espectacular mapa que acaba de hacer público y que es, hasta el momento, la representación más completa de las acciones antiterroristas militares y gubernamentales de los Estados Unidos en el extranjero en los últimos dos años.

El gráfico, elaborado por Stephanie Savell y 5W Infographics, junto con miembros del Proyecto Costes de Guerra de la Universidad de Brown en el Instituto Watson para Asuntos Internacionales y Públicos, incluye datos obtenidos de fuentes de gobiernos extranjeros y estadounidenses, de sitios web militares, bases de datos geográficas, embajadas extranjeras de Estados Unidos e información de académicos de todo el mundo.

La información revelada no deja lugar a dudas: la guerra global contra el terrorismo que lleva a cabo Estados Unidos abarca, con múltiples matices y escenarios, a más del 40% de los países del mundo. La guerra no está siendo emprendida solo por la Armada norteamericana, que ha gastado 1.9 billones de dólares en la lucha contra el terrorismo desde 2001. También interviene activamente el Departamento de Estado, que ha gastado 127.000 millones en los últimos 17 años para capacitar a agentes de la policía, militares y patrullas fronterizas en muchos países y para desarrollar programas antiterroristas en diferentes ámbitos politicos, sociales y culturales de numerosas naciones.

Desde Smithsonian se reconoce que han sido "muy conservadores" en sus cálculos, por lo que si se añade, además, las operaciones secretas que Estados Unidos, en colaboración con otros países occidentales, lleva a cabo en múltiples puntos del globo, se puede concluir que la lucha antiterrorista de este país se extiende por más de la mitad del planeta.

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Consumatum est. Sánchez se bajará los calzones ante Cataluña
Mientras el PP y Ciudadanos discuten por el tema de las reivindicaciones de VOX, P.Sánchez prepara su gran jugada a las autonomías, para conseguir favorecer a los catalanes, en busca de su apoyo para los PGE
Miguel Massanet diariosigloxxi  10 Enero 2019

Nadie que conozca un poco cómo es capaz de manipular la política el señor P.Sánchez , presidente del Gobierno español, podría pensar que dejaría que “unas minucias”, como es satisfacer a los separatistas catalanes en sus demandas, con tal de conseguir el apoyo de éstos para asegurarse la aprobación de los PGE, una condición indispensable si es que quería mantenerse al frente del gobierno hasta el mes de marzo del 2020; algo que, difícilmente, podría conseguir si se veía obligado a reducir sus proyectos sociales mastodónticos con los que espera comprar los votos de aquellos que, presuntamente, saldrían beneficiados con ellos. Una táctica que tan buenos resultados le ha proporcionado a su partido en Andalucía durante 35 años que la han gobernado; asegurándose el agradecimiento de funcionarios, pensionistas, militares, inmigrantes y de todos aquellos que, de una manera u otra, han salido beneficiados de la “magnanimidad” ( con el dinero de los ciudadanos españoles) demostrada para todos aquellos a los que ha querido contentar y, especialmente, entre ellos grupos políticos a los que quiere mantener fieles al acuerdo que los unió para la “moción de censura contra Rajoy” con el fin de que no le fallen en el momento en el que deba enfrentarse a las actuales minorías constituidas por el PP, Ciudadanos y este tercer partido en discordia, VOX, que tanto ha soliviantado a toda la izquierda, que ha visto en él la resurrección de algo, un sistema de convivencia que creían que habían conseguido vencer para siempre; la sombra de una derecha que nunca ha aceptado que España se haya convertido en un terreno baldío de la ética, moral y tradiciones heredadas de la cultura romano-cristina en el que, manadas de hienas, parásitos, necrófagos y coprófagos de la política, están intentando convertir en inhabitable lo que aún queda de los tiempos en los que, gracias al Estado de Derecho, al orden, al cumplimiento de las leyes, al mantenimiento de la seguridad ciudadana y al respeto mutuo por parte de los ciudadanos de los derechos de los demás; habían conseguido hacer, de esta nación, un lugar agradable, seguro y recomendable para vivir decentemente y en paz.

Es posible que los haya que vean, en esta reacción del pueblo, una muestra de repulsión que ha surgido como rebeldía hacia unas formas erróneas de entender y respetar lo que son valores básicos de un país, los principios éticos por los que debiera regirse, el civismo, las buenas maneras, la valoración del trabajo y el esfuerzo y todas aquellas cualidades que convierten a un pueblo en merecedor del respeto de las demás naciones y de la recompensa de una vida en paz y concordia, dentro de una sociedad civilizada. Por el contrario, estamos viviendo momentos en los que nuestros gobernantes se vienen rigiendo por impulsos egoístas, por cálculos partidistas, por intolerancia hacia las opiniones de los demás, por sectarismos totalitarios y por tentaciones de controlar la vida de todos los ciudadanos, con el fin de evitar que, en algún momento, pudieran votar a quienes les pudieran desbancar del poder.

La realidad nos lleva a considerar la situación de nuestro país, la radicalidad como se vienen manifestando las opiniones de algunos grupos que, de reclamar sus derechos de forma pacífica y ordenada, han acabado por radicalizarse e incurrir en muchas de aquellas mismas equivocaciones que denunciaban de los demás. Las feministas han entrado a saco en la refriega y han demostrado que, en cuanto se trata de perder la mesura, el razonamiento, el sentido común y los modos pacíficos, no tienen nada que envidiar a los del sexo contrario y, en cuanto a exageraciones, disparates, incontinencia temperamental e incoherencia, se puede decir que han conseguido aventajarlos, si se toman en cuenta algunas reclamaciones sobre el lenguaje al que tachan de machista cuando no es más que la simple aplicación de una gramática, la castellana, que ha intentado utilizar el neutro y la terminación masculina para evitar que el lenguaje se convierta en algo incómodo, repetitivo y confuso cuando de lo que se trata en realidad, es precisamente, es su simplificación, promoción y facilidad de entendimiento; a lo que podríamos añadir la forma irracional, desmesurada y falta de continencia con la que han enfocado los casos de violencia de género, evidente reprobables y sin justificación alguna, pero que corresponde a los tribunales de Justicia el valorarlos según las leyes por las que nos debemos regir. Manifestaciones extemporáneas no son más que la demostración de que las féminas son incapaces de afrontar la delincuencia apelando a la voz de la calle y a la presión sobre los tribunales que tienen la misión de aplicar la Justicia.

El señor P.Sánchez que, si bien se trata de un sujeto evidentemente dominado por ideas fijas respecto a la forma de tratar, combatir o descalificar a sus adversarios políticos, dotado de un carácter vengativo y rencoroso, como lo ha venido demostrando con el señor Rajoy, una persona de buena fe que, con sus defectos, intentó hacerlo bien y no supo emplear con su adversario del PSOE las mismas artimañas que Sánchez supo utilizar con él para que, finalmente, consiguiera desalojarlo de la Moncloa. No obstante, no se le puede negar inteligencia y habilidad para manejar la situación, algo que le hizo recuperarse de su expulsión, cuasi violenta, de la secretaría de su partido, para regresar recuperado y con fuerza, gracias al predicamento que consiguió entre las bases del partido. Una vez más, cuando parecía estar más acorralado, a punto de no poder aprobar los PGE, una situación que le pondría al pie de los caballos, ha sabido darle la vuelta al tema y, mientras en Andalucía, las tres fuerzas que más problemas le hubieran podido causar, se encuentran enzarzadas en discusiones sobre si se alían o no para sacar al PSOE de las instituciones andaluzas, él va a anunciar, con toda seguridad, algunas medidas de índole económica que, sin ceder respeto a las peticiones de independencia de los soberanistas catalanes, les va a poner muy difícil ( la pela es la pela) el que los dirigentes de la Generalitat, endeudados hasta las cejas, renuncien aceptar, como el gesto político que le pedían al gobierno de Sánchez, las ayudas que, con toda seguridad, les va a proponer para asegurarse sus votos en el Congreso.

Sin embargo, si es cierto que la oferta que les va a proponer a los catalanes puede que le sirva de bálsamo para que los más rebeldes se inclinen por aceptar apoyar los presupuestos, existe algo que puede que no le resulte tan fácil de contrarrestar. El peligro, seguramente, lo va a encontrar dentro de su propio partido, si los presidentes del resto de comunidades españolas, tanto del PP como del propio PSOE u otras comunidades donde gobiernen los de Bildu u otros partidos abertzales, tienen la percepción de que, las cantidades que pudiera ofertar para congraciarse con Cataluña, pudieran redundar en contra de las que les corresponderían al resto de autonomías o, incluso, si éstas consideran que, aún que ellas reciban lo pactado, puedan considerar que se está favoreciendo, de una manera impropia o desmesurada, a los catalanes; precisamente por haber chantajeado al Estado para conseguirlas. Nadie puede olvidarse que, los llamados barones del PSOE, aunque pocos se han atrevido a protestar por el tema del independentismo catalán, el resto de los que menos se han pronunciado sobre el tema, no dejan de permanecer vigilantes molestos por las ventajas que viene obteniendo la comunidad catalana debido a sus amenazas de apelar a la exigencia de la independencia.

Puede que P.Sánchez confíe en mantener el orden dentro de su partido, pero existen circunstancias, a corto plazo, que pueden ponerle en un brete si, como es posible que sucediera, en las inminentes elecciones municipales y autonómicas, previstas para el mes de mayo de este año, tal y como ha sucedido en Andalucía, el factor catalán, que una gran mayoría de españoles del resto de España rechaza rotundamente, ha tenido parte de la culpa de que, el PSOE de la señora Díaz, sufriera el batacazo electoral que le ha llevado a no poder formar gobierno en su comunidad. La postura complaciente del señor Sánchez hacia las actitudes, intransigentes y desafiantes, de los políticos catalanes independentistas, contrarias a España y los españoles a los que, algunos de los dirigentes nacionalistas no han tenido inconveniente en calificar de bestias y otras lindezas como se le han atribuido al propio señor Torra, es muy posible no sea bien comprendida ni aceptada por los presuntos votantes del PSOE en sus respectiva autonomías.

Aunque es pronto para saberlo y no se tienen datos fidedignos de que ello pudiera suceder, si el efecto dominó de la aparición de VOX en el parlamente andaluz se repitiera en otras comunidades menos adeptas al socialismo que la andaluza, es evidente que iba a producir efectos imprevistos en el total de la nación española, cuyas consecuencias serían difíciles de evaluar y, evidentemente, pondrían en serios apuros al gobierno del señor Sánchez, con el peligro de que, en los comicios de marzo del 2020, el PSOE volviera a perder su hegemonía en favor de partidos más conservadores.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos el presentimiento de que nos quedan por delante meses en los que se pondrá a prueba la fuerza de los respectivos partidos. Se verá si se confirma el batacazo que se pronostica para las huestes de Podemos; veremos si el señor Casado consigue hacerse con sus propios compañeros de partido, algunos de los cuales ya han empezado a hacer ruidos molestos, una mala noticia para el PP que necesitaría cargarse de razón para convencer a los dos millones de votantes que lo han abandonado durante el periodo del gobierno de Rajoy y que son fundamentales si, de verdad, cuenta con recuperar, en las próximas elecciones, el gobierno de España. Será muy importante para el PSOE lo que suceda de aquí a la fecha de las elecciones y, especialmente cuáles van a ser, a medio plazo, los efectos de las abultadas cantidades que ha destinado para mejoras sociales que, evidentemente, va a tener que financiar con Deuda Pública (ya sobrecargada al superar el billón de euros, pese a las advertencias de Bruselas) y lo que puede que sea lo peor que tenga que superar si, como vienen anunciando, vayan a tener que aumentar la fiscalidad de los ciudadanos de forma que, hasta los más crédulos, se empiecen a dar cuenta de que, los beneficios que se les han concedido con una mano, va a venir Hacienda para arrebatárselos con la otra. Esta va a ser, con toda seguridad, la prueba de fuego que va a tener que sortear el señor Presidente del gobierno.

Con los clicks hemos topado
Torra contra Playmobil (o la política de juguete)
Luis Ventoso ABC 10 Enero 2019

Si se pusiese a currar un poco, en lugar de malgastar la energía de todos con la cháchara sediciosa, Torra tendría bastante que hacer. De entrada, podría encarar la fuga de empresas que azota a Cataluña merced al alegre «procés». Ese éxodo, que comenzó en octubre de 2017 con los dos grandes bancos catalanes huyendo al esprint y que continúa sigiloso e incesante, restará oportunidades a una tierra que era vanguardia de progreso en España (y a la que Madrid está arrollando). La prosperidad no es eterna, véase Argentina. A medio plazo, Cataluña puede sufrir una regresión económica, porque las pataletas xenófobas no constituyen precisamente un imán para el dinero, como aprenden a capones en la City de Londres con el glorioso Brexit.

Si con la sangría empresarial no tuviese suficiente tarea, Torra podría intentar cuadrar las cuentas catalanas, sumidas en la bancarrota por los dirigentes autonómicos y sostenidas solo por la muleta del Estado. También podría mejorar su deficiente sanidad pública, objeto de quejas constantes de sus profesionales. O podría cerrar un par de embajadas, para que no haya chavales catalanes estudiando en barracones debido al despilfarro de la Generalitat, situación que en la Europa más próspera constituye una aberración. Pero todo eso obliga a trabajar en serio, a estudiar los balances, gestionar, acometer reformas tal vez impopulares. Es más llevadero levantarse, llamar a un cámara de TV3 y largar una filípica sobre la maldad epistemológica de «Madrit», la perfidia incesante de España, la crueldad inenarrable de los togados del Supremo y las ventajas del vandalismo callejero como método de alta política.

Pero estamos en la España de Sánchez, donde por ejemplo, la administradora provisional-perpetua de RTVE, la gran Rosa María Mateo, festejó ayer como una proeza que una televisión pública cuya única razón de ser es defender a España, su cultura y su unidad pasará a emitir cuatro veces más en catalán, en detrimento del castellano. Mateo explicó que así los catalanes sentirán TVE como propia, dando pábulo a la impostura de que el idioma más hablado en Cataluña, el español, es algo ajeno a esa comunidad. En paralelo, la ministra Celaá anunciaba su intención de imponer una nueva ley de Educación -¡con 84 diputados!- en la que se dará luz verde para poder exterminar el español en las aulas. Spain. Bienvenidos al manicomio.

La violencia estructural feminista
Cristina Seguí okdiario  10 Enero 2019

He de decir que, como mujer, no me he sentido agredida en ningún momento por un partido que pide la igualdad jurídica de hombres y mujeres. Lo opuesto es dictadura socialista. Como mujer, además, exijo que el dinero público destinado a prevenir y a acabar con la violencia contra cualquier individuo de la sociedad se destine, en exclusiva, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los juzgados, en lugar de financiar las llamadas “chochocharlas” y los talleres de batasunas y “mantas” varias reconvertidas en la profesora del máster de La búsqueda de la almeja. Sin embargo, como mujer y madre de un hijo varón, siento terror cuando leo una sentencia del Tribunal Supremo (TS) en la que, en base a la Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de Género (LIVG), donde los jueces establecen que en una agresión mutua en la que una mujer propina un puñetazo y él devuelve una bofetada, el hombre es condenado a seis meses por el hecho de serlo y ella a tres meses por deferencia.

Durante estos días escucho a muchos liberales a los que respeto asegurar que VOX está muerto al exigir la derogación de las leyes de género como condición sine qua non para apoyar al PP en Andalucía. Sin embargo, lo cierto es que la formación de derechas debería establecer la demolición de esta legislación anteriormente citada como una medida prioritaria por ser ésta, esencialmente, ingeniería social neomarxista y suponen la materialización del clientelismo socialista a costa del mercadeo nauseabundo de las mujeres verdaderamente maltratadas.

Sus cuentas, explícitamente detalladas en el desglose presupuestario del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) proveniente de la Consejería de Igualdad, revelan que de 42,8 millones de euros tan sólo 1,2 millones han sido destinados a las víctimas. Por ello, esta normativa es, desde el prisma económico, una estafa social como la de los ERE de Andalucía. Por ello, urge acabar con las leyes de género porque permiten que un grupo de mujeres de cuota se organicen para lograr capacidad coactiva, impunidad estatal, prebendas blindadas gracias al bolsillo sin fondo del contribuyente que articula su vida fuera del asociacionismo estatal. Eso es violencia estructural feminista: el dinero de las víctimas destinado a la financiación irregular de los partidos de izquierda a través de más de 2.300 asociaciones, observatorios, y fundaciones con el mismo modus operandi con el que la Junta saqueó a los parados a través de los sindicatos y empresas públicas construídas ad hoc. Como mujer que se niega a que la utilicen para la consecución de fines comerciales a gran escala, pido a VOX que no renuncie a esa medida.

Desde el plano puramente ideológico, esta Ley de Género es socialismo sentimentalmente expresado desde la exposición de motivos y su Artículo 1 cuando señala que “la violencia de género es consecuencia de una cultura machista y la manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad, y las relaciones de poder de los hombres por el mero hecho de serlo”. Dicha violencia se produce por culpa de monstruos abstractos como el machismo estructural, menos el propinado por el ex secretario general del PSE-EE que partió el palo de la cabeza en la señora de Eguiguren. Por culpa del capitalismo, menos el que genera los 24.000 millones de euros que las fundaciones del PSOE han llegado a manejar y repartirse. Como dicen las tertulianas feministas y la ministra Carmen Calvo: “Las mujeres mueren, y mueren a manos de los hombres y punto. Sobre ello no puede haber debate. A las mujeres hay que creerlas sí o sí. Punto”. Claro, menos cuando eres una mujer “lobotomizada, machista y franquista” y cuando recuerdas que, a la vista de las cuentas, a las 916 asesinadas desde 2003 a 2018 toda esta industria levantada por y para ellas le ha robado un buen puñado de monedas.

El Gobierno quiere aprobar con urgencia la ley que entierra el castellano
Las autonomías del PP piden reforzar el papel del Estado en materia educativa y la ministra, Isabel Celaá, califica la propuesta de «retrógrada»
Josefina G. Stegmann ABC 10 Enero 2019

El Gobierno pretende llevar su nueva ley educativa a las Cortes el mes próximo o, incluso, a finales de enero. Es decir, dentro de poco más de 20 días. La ministra de Educación, Isabel Celaá, negó, sin embargo, que hubiera otra urgencia «que la de resolver problemas muy duros que pivotaban sobre el sistema».

El texto, que permitirá a la Generalitat desterrar definitivamente el castellano de las aulas, debe pasar aún por el Consejo de Estado antes de llegar al Consejo de Ministros para convertirse en Proyecto de Ley y, así, ser enviado a las Cortes para su aprobación. Sin embargo, el Gobierno seguirá adelante, diga lo que diga la comunidad educativa, así como el supremo órgano consultivo del Gobierno. «No hay por qué esperar al informe del Consejo de Estado», defendió Celaá. «No es obligatorio», la acompañó Fernando Gurrea, subsecretario de Educación y FP.

El anteproyecto de Ley Orgánica por el que se pretende modificar la LOE, aprobada por los socialistas en 2006, y derogar la Lomce (más conocida como «Ley Wert») está saliendo adelante en medio de fuertes críticas, no solo de la oposición, sino también de amplios sectores educativos, como el de la concertada y sindicatos, que no entienden la premura en aprobar el nuevo texto, sobre todo cuando ven una absoluta falta de consenso.

Durante la presentación del texto a las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación que tuvo lugar ayer, el PP criticó la «falta de diálogo». Además, se tildó al nuevo anteproyecto del Gobierno de « chapuza cósmica» y se advirtió de que la reforma permitirá a las comunidades hacer lo que quieran y «con impunidad contar la historia que deseen, con los resultados que ya hemos visto en Cataluña». «Hoy ganan los independendistas», criticó Fernando Rey, consejero de Educación de Castilla y León.

El anteproyecto pasó el martes por el pleno del Consejo Escolar del Estado y fue aprobado por un escaso margen de votos. Se aprobaron un total de 120 enmiendas a la nueva ley que el Gobierno aseguró que evaluará incorporar. Lo que consiguió Celaá en el pleno del máximo órgano consultivo del Estado en materia de educación es mantener la vía libre que la nueva ley da a comunidades como Cataluña para decidir cuántas asignaturas imparte en castellano y cuántas en catalán.

¿Cómo lo ha conseguido? El informe de la Comisión Permanente del Consejo Escolar criticaba que el nuevo texto asignaba un uso marginal a la lengua castellana por lo que no consideraban conveniente que la «Administración Central haga delegación total de su uso vehicular en el ámbito educativo a las administraciones autonómicas». Sin embargo, esta consideración finalmente fue eliminada.

Para frenar situaciones como esta, el consejero de Educación de Madrid, Rafael van Grieken, en nombre de todas las comunidades del PP (Castilla y León, Galicia, Murcia y La Rioja), pidió la «devolución del anteproyecto» y puso sobre la mesa de la Conferencia Sectorial la posibilidad de «potenciar y reforzar las competencias que tiene el Estado» en el marco de la Constitución. Entre ellas, el establecimiento de un currículum común para toda España, una alta inspección del Estado que cumpla su función y, en definitiva, que las comunidades gocen de una igualdad educativa para toda España, puntualizó van Grieken. El consejero de Madrid también aseguró que las comunidades deben aplicar la normativa estatal «con la mayor lealtad posible; lealtad que no en todas las comunidades ha estado presente», en alusión a Cataluña, «donde se ha producido una desviación con respecto a los parámetros nacionales». El reforzamiento de competencias fue calificada por Celaá como «retrógrada». «Nuestra propuesta es constitucional y es amparar la España de las autonomías», defendió la ministra.

El PP se quiso desmarcar de la exigencia de Vox para garantizar la investidura en Andalucía (horas antes de cerrarse el acuerdo) e insistió en lanecesidad de «reforzar» las competencias del Estado, pero no de «devolverlas», tal como pretendía el partido de Santiago Abascal. «Es un disparate devolver las competencias», dijo Rey. Y los del PP no fueron los únicos. Los consejeros del PSOE también se opusieron a esta opción. La consejera de Andalucía, Sonia Gaya, apuntó que la propuesta no resuelve nada, y que no se puede «decidir a 600 kilómetros las necesidades de una región concreta». «El autogobierno es fundamental y no vemos nada que justifique renunciar a él», criticó, por su parte, la consejera María Solana, de Geroa Bai, uno de los partidos que forman el Gobierno navarro.

Ambas consejeras apoyaron el texto del Gobierno como también lo hizo Vicent Marzà, el consejero de Educación de Comunidad Valenciana que aseguró sentirse contento por dejar «el paso atrás que supuso la Lomce». Sin embargo, pidió más avances, entre ellos, el fomento de la coeducación.

Cotización por las prácticas
Por su parte, las comunidades del PP exigieron un Pacto de Estado en materia de educación, y pidieron una ley que apueste por la calidad y equidad y que respete la libertad, «empezando por la elección de las familias, que deben ser libres a la hora de elegir el centro educativo para sus hijos», defendió Carmen Pomar, consejera de educación de Galicia. La consejera del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, reconoció su preocupación por la obligación de cotizar por las prácticas de los alumnos universitarios y de Formación Profesional. «Aunque no es competencia de Educación, pedimos que trasladen nuestra preocupación ante la nueva norma». Educación, por su parte, reconoció que sabía de esta nueva regulación incluida en un Real Decreto ley sobre revalorización de las pensiones públicas.

Independentismo en Cataluña
Policías, guardias civiles y mossos leales al Estado exigen la despolitización de la policía catalana
Cynthia Díaz Nobile okdiario 10 Enero 2019

Agentes de la Policía, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra exigen la despolitización de la policía catalana. Piden que la División de Asuntos Internos (DAI) actúe contra aquellos agentes que tiene causas abiertas como el ex jefe del cuerpo de los mossos, Josep Luis Trapero. Por ello, este sábado se manifestarán en Barcelona para dar visibilidad al trato que se dispensa dentro de la propia policía catalana.

Bajo el lema ‘Basta de impunidad’, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado denuncian la “arbitrariedad” en la actuación de la División de Asuntos Internos, especialmente en aquellos casos de cargos cercanos al separatismo. Uno de esos ejemplos son los del ex jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, acusado por un delito de rebelión, o la intendente Teresa Laplana, acusada de un delito de sedición.

En ambos casos, pese a estar judicializados en la Audiencia Nacional, los manifestantes sostienen que ni siquiera se ha abierto un simple expediente disciplinario. Un procedimiento habitual siempre que se investiga la actuación de un agente.

Algo que sí ha ocurrido con el mosso que llamó “idiota” a un manifestante el 21D. La DAI se encuentra revisando la actuación de este agente. Sin embargo, los agentes afirman a este periódico que “apartan a todo aquel que se oponga a la doctrina independentista”.

Tres agentes marcados
En menos de un año, hasta tres agentes de los Mossos d’Esquadra han sido marcados por sus propios compañeros. La última víctima, Lourdes, que actualmente está de baja laboral por la ansiedad generada después de que sus compañeros separatistas la señalaran en público por sus “estrechos vínculos” con la Guardia Civil y por filtrar información “a la caverna mediática”. Acusaciones sobre las que, naturalmente, no aportaron una sola prueba. Una mujer que simplemente está casada con un agente de la Guardia Civil.

El pasado 21D un agente de la Policía catalana le dijo a un manifestante que le estaba : “La república no existe, idiota”. Fue grabado en un vídeo que se hizo viral. Ahora se encuentra bajo investigación por Asuntos Internos.

Actualmente la agente Inma Alcolea se encuentra apartada después de que su madre publicara por error unos mensajes desde su cuenta de Facebook criticando al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Rosa María Mateo anuncia que multiplicará por 4 el número de horas en catalán de RTVE
Rubén Arranz vozpopuli.es 10 Enero 2019

La administradora única provisional de Radiotelevisión Española, Rosa María Mateo, ha anunciado este miércoles un plan que se desarrollará durante los próximos dos años. Es decir, durante bastante más tiempo del que está previsto –en principio- que dure su mandato. Mateo ha avanzado que la corporación pondrá en marcha “un ambicioso proyecto” para incrementar el número de horas de emisión en catalán de las 20,5 horas actuales a más de 40 en un año y 80 en 2020.

La intención pasaría por aumentar el número de desconexiones autonómicas, así como por potenciar la producción propia en catalán y el doblaje en en todos los espacios, tanto los informativos, como los magacines, los debates, los documentales y las películas, fundamentalmente en La 2. Entre los proyectos que ha adelantado se encuentra una edición en catalán del concurso Saber y Ganar.

Llama la atención que este proyecto vaya a financiarse con una partida especial de los Presupuestos Generales del Estado que actualmente están en trámite, según ha precisado el director general corporativo de RTVE, Federico Montero. Es decir, es de suponer que esta partida será complementaria a la que recibe anualmente la corporación, que garantiza que su presupuesto ascienda a casi 1.000 millones de euros.>>>>>>>>>

Promover la cohesión territorial
Al parecer, el Ejecutivo justificará esta inversión en cuanto a que la Ley 2006 de RTVE apela a "promover la cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural de España". Asimismo, la norma también dice que se debe "fomentar la producción de contenidos audiovisuales europeos y en lenguas originarias españolas y promover la creación digital y multimedia, como contribución al desarrollo de las industrias culturales españolas y europeas".

No hay que olvidar que una de las reivindicaciones históricas de los portavoces nacionalistas en la Comisión Mixta Interparlamentaria de RTVE es la de incrementar el número de horas que emite la televisión pública en lenguas como el catalán o el vasco. Por tanto, esta medida dará cumplimiento a las que se han realizado durante los últimos años desde los partidos de la Generalitat.

Por otra parte, con el anuncio de este plan, Rosa María Mateo vuelve a confirmar que, pese a la provisionalidad de su cargo, no renuncia a tomar medidas de calado, que se desarrollarán durante varios años.

Independentismo en Baleares
La socialista Armengol subvencionará el cine en catalán para continuar con el adoctrinamiento en Baleares
Gonzaga Durán okdiario 10 Enero 2019

'Cinemacat' es el proyecto cultural subvencionado por el gobierno de Francina Armengol que consiste en la proyección de películas dobladas o subtituladas en catalán. Esta iniciativa está organizada por la Obra Cultural Balear (OCB), filial de la catalana Òmnium Cultural y que recibe subvenciones de los Ejecutivos de Cataluña y de Baleares.

La presidenta del Govern de las Islas Baleares, la socialista Francina Armengol, ha dado un nuevo paso en la catalanización de la región: subvencionar la proyección de películas en catalán o subtituladas en este idioma.

Se trata de ‘Cinemacat’, un proyecto compartido con Obra Cultural Balear (OCB), filial de la catalana Òmnium Cultural, presidida por Jordi Cuixart, en la cárcel por su participación en el golpe del 1-O. El objetivo del nuevo proyecto es el de “normalizar la lengua catalana en las exhibiciones de cine en las Islas Baleares”.

“Este proyecto piloto pretende ser el embrión de una futura programación estable de cine en catalán, en primer término en Palma y, posteriormente, hacerla extensible a otras localidades de las Islas Baleares”, se afirma en su web oficial. La iniciativa se pondrá en marcha este jueves 10 de enero y el visionado de las películas será en CineCiutat, la sala de cine que se encuentra en Palma de Mallorca.

Varapalo judicial a SOS Racismo Cataluña por insultar a Sociedad Civil Catalana
Una sentencia condena en costas y a abonar 15.000 euros a la asociación tras publicar un manifiesto en el que se vinculaba a SCC con el nazismo, franquismo y la extrema derecha. El golpe también lo reciben varios eurodiputados separatistas, con Ramón Tremosa a la cabeza, pero éstos se han librado por la impunidad que les otorga el cargo.
Álvaro Medina vozpopuli.es 10 Enero 2019

Un juzgado de Barcelona ha condenado a un grupo de organizaciones catalanas, entre las que se encuentran SOS Racisme de Cataluña y Comissió de la Dignitat, por la firma y publicación de un manifiesto en el que se insulta a Societat Civil Catalana y se la vincula con el nazismo, franquismo y la extrema derecha. El golpe también lo reciben varios eurodiputados separatistas, con Ramón Tremosa a la cabeza, pero éstos se han librado por la impunidad que les otorga el cargo.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, ha estimado íntegramente la demanda de la asociación presidida entonces por Josep Bosch contra Comissió de la Dignitat; Amical de Mauthausen; SOS Racisme de Cataluña; Fundació Privada Congrés de Cultura Catalana, y Fundació Catalunya Fons per a la Defensa dels drets dels catalans, así como contra el ex responsable internacional de SCC, Marcus Pucnik. Todos ellos presentaron el 30 de octubre de 2015 un manifiesto titulado “La societat civil de Catalunya per la dignitat”, que ahora, según el juez, constituye "una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Societat Civil Catalana".

Indemnización de 15.000 euros
Por este motivo condena a todos ellos a "cesar de presente y abstenerse en el futuro de cualesquiera actuaciones que, directa o indirectamente, supongan imputación a SCC de conductas idénticas o similares a las que son objeto de la pretensión de declaración que se ejercita"; publicar a su costa, si alcanzare firmeza la presente resolución, en el diario La Vanguardia el encabezamiento y fallo de esta sentencia, y abonar tanto las costas como solidariamente a Societat Civil Catalana, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, la suma de 15.000 euros, sin perjuicio de art 576LEC".

La sentencia condena en costas y a abonar 15.000 euros a la asociación tras publicar un manifiesto en el que se vinculaba a SCC con el nazismo, franquismo y la extrema derecha. El fallo se produce más tres años después de la publicación este manifiesto, un texto que fue firmado por, entre otros, los eurodiputados Josep María Terricabras i Nogueres, Ernest Maragall i Mira y Ramón Tremosa i Balcells.

El texto, cargado de insultos, se dio a conocer un año después de que SCC hubiese recibido el premio del Parlamento Europeo Ciudadano Europeo 2014. Este reconocimiento se había concedido por "promover valores tan importantes como la concordia, la convivencia, el respeto, la tolerancia, la libertad de expresión y el diálogo”. Dicho premio Ciudadano europeo reconoce el mérito de “personas u organizaciones que hayan mostrado un compromiso excepcional en promover la comprensión mutua, una mayor integración entre ciudadanos, promover la cooperación transfronteriza o expresar los valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión europea”.

"Pretendido derecho al insulto"
Los condenados habían presentado su manifiesto ante el Parlamento Europeo y lo hicieron llegar a numerosos medios de comunicación. En ese texto se hacía referencia a SCC como una asociación vinculada a "la extrema derecha". Entre otros puntos, habían vinculado a Bosch con "el franquismo y el nazismo", al tiempo que se arrogaban el papel de defensores de los "principios democráticos, la cultura y la sociedad catalana en su conjunto". También mostraban su "indignación" por la patrimonialización del nombre de esta plataforma, y expresaban su temor por que "las graves acusaciones contra SCC perjudiquen la buena imagen de la verdadera sociedad civil catalana". Por estos motivos, exigían al Parlamento Europeo anular la concesión del premio debido a la "apología del franquismo y del nazismo" de SCC.

No obstante, el juez tumba cada uno de los argumentos esgrimidos en ese texto, cargado de insultos y falsas afirmaciones. De hecho, en la sentencia se señala que no hay ni una sola evidencia que los demuestre, por lo que es una clara "intromisión en el derecho fundamental de SCC".

"Las imputaciones hechas -ha indicado el juez- no solo carecen de base fáctica sino que son insidias difamatorias de extrema gravedad, que solo pueden haber sido proferidas de mala fe y con pleno conocimiento de su falta de veracidad y del daño que causan". Y ha añadido: "Los demandados no solo dan por ciertos hechos que no solo son en sí falsos, sino que también lo son desde el punto de vista jurídico, pues no aportan prueba alguna de los mismos, ni de las supuestas investigaciones en que pretenden sustentarlos, y los cuales deben presumirse inexistentes con lo que la actuación no se incardina en el derecho a la libertad de expresión e información, al no tratarse de meros juicios de valor políticos negativos sino de afirmaciones de hecho ajenas a la verdad que no pueden prevalecer sobre el derecho al honor.

Libertad de expresión e insultos
Según el texto judicial, Terricabras, Maragall y Tremosa decidieron elaborar un nuevo texto de protesta expresando por qué debía ser revocado el premio concedido a SCC, pidiendo adhesiones formales al nuevo texto y recibiendo las adhesiones de los firmantes (19 eurodiputados, cinco entidades sin ánimo de lucro representativas de la sociedad civil catalana y el Marcus Pucnik, ex responsable internacional del departamento de prensa de la propia SCC).

La sentencia diferencia entre la libertad de expresión e información y los insultos. "El derecho a la libertad de expresión de la simple narración de unos hechos garantizada por el derecho a la libertad de información, toda vez que la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa. Cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos es necesario separarlos, y solo cuando sea imposible hacerlo habrá de atenderse al elemento preponderante. Así, "el derecho al honor en un sentido negativo, al considerar que hay intromisión por la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación".

Como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, el honor constituye un "concepto jurídico normativo cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento". En cuanto a su contenido, este derecho protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos, impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella.

En ningún caso se reconoce el "derecho al insulto". La protección del derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de expresión cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que no se ha reconocido un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la Constitución.

Exaltación del nazismo
La sentencia asegura que los documentos facilitados por los ahora condenados "nada aportan realmente acerca de relación de SCC con una posible defensa de los crímenes contra la humanidad del nazismo y el franquismo, de exaltación del nazismo y del franquismo; y de apologia del nazismo y el franquismo", reza la sentencia. "En ninguno de ellos se aprecia por este juzgador que exista prueba alguna que permita afirmar que SCC defiende de los crímenes contra la humanidad del nazismo y el franquismo; o que hace exaltación del nazismo y del franquismo; o apología del nazismo y el franquismo, que es lo que se le imputa", argumenta el juez.

Un mes antes de publicarse el Manifiesto de injurias contra SCC, el Parlamento de Cataluña había dado una resolución de queja por la concesión del Premio Ciudadano Europeo a SCC, fundando la queja en el hecho de que la demandante “es una asociación con vínculos con grupos extremistas”, lo que reafirma la estricta veracidad del contenido del Manifiesto.


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