AGLI Recortes de Prensa  Lunes 14  Enero 2019

No andamos pletóricos en lides económicas
José María Gay de Liébana okdiario 14 Enero 2019

Entre 2010 y 2017, la economía de la Unión Europea ha crecido un 20%, hasta los 15,3 billones de euros, y la de la Zona Euro lo ha hecho en un 18%, aumentando hasta los 11,2 billones en 2017. La economía alemana ha crecido entre 2010 y 2017 en 700.000 millones de euros –un 28%–, mientras que la francesa lo ha hecho de manera más modesta en un 14%. ¿Qué ha pasado entretanto en España? De 2010 a 2017, nuestro PIB ha crecido solamente en 80.000 millones de euros, un 7%. En parecidas condiciones se encuentra Italia, en términos porcentuales, si bien los transalpinos presentan un mayor volumen de su economía.

La primera lectura que cabe hacer, a la vista de estos datos, es que mientras el conjunto de países que conforman la UE se ha movido con un cierto dinamismo, al igual que los integrantes de la Zona Euro, España, y también Italia, se quedan algo rezagadas. Lo malo de esta primera lectura es que, al margen de los años duros de la reciente crisis, no se ha sabido aprovechar por nuestra parte el empuje económico habido primordialmente entre 2015 y 2017 ni se ha hecho una apuesta seria y cabal acerca de la orientación de nuestro modelo productivo. Y ahora es cuando entramos, ya en 2018, en una fase expansiva, pero con menor énfasis y la falta de brío precedente, a partir de 2019 y con mayor probabilidad en 2020, supondrá un peaje para España. Tirando de esta manera, con baja contribución de lo que constituye el sector industrial, nuestra economía ofrece espesas sombras.

Si esa falta de alineamiento económico por nuestra parte con lo que ha sido la progresión europea en el transcurso de esos años no es nada buena, lo peor es la evolución de la deuda pública. En la UE entre 2010 y 2018 ha aumentado en un 26% y hoy suma 12,6 billones de euros. En la Zona Euro lo ha hecho en un 24%, alcanzando 9,8 billones de euros. ¿Y qué ha ocurrido en España? Pues que desde 2010 hasta el día de hoy, la deuda pública se ha incrementado en 524.000 millones de euros. ¡Un 81%, de 650.000 millones a 1,174 billones!

Estamos hablando de un aumento morrocotudo de la deuda pública española. En Alemania, por ejemplo, la deuda pública se ha rebajado del 81% del PIB en 2010 al 61,5% en 2018. Los alemanes hacen los deberes y nosotros vamos tirandillo. Puestos en plan pesimista, nuestras cuentas públicas, como el lector sabe, no experimentarán mejoría en los próximos años. El endeudamiento público en nuestro país se sitúa hoy por encima del 98% del PIB. Las perspectivas del gasto público, tanto para 2018 como para 2019, hacen presagiar, además de serias complicaciones para nuestro déficit, un aumento de la deuda pública. Cualquier paso en falso que se dé nos llevaría a un inquietante peso de la deuda en torno al 100% del PIB. La expansión monetaria del Banco Central Europea toca a retirada. Se dejarán de inyectar sumas colosales de dinero desde Frankfurt para templar el precio de la deuda. Seremos víctimas propiciatorias ante los futuros desaguisados que se produzcan en los mercados de deuda. Con todo, hay algo más que conviene tener presente y que surge a la vista del gráfico siguiente.

España es, dentro de la Zona Euro, la cuarta potencia económica. Hasta aquí, desde luego, nada nuevo bajo el sol y ningún descubrimiento, estará pensando usted. Efectivamente. Sin embargo, relacionemos el PIB de Alemania, Francia e Italia con el nuestro en 2010 y en 2017. El PIB germano en 2010 equivalía a 2,38 veces nuestro PIB; en 2017 es de 2,81 veces. Por tanto, la pérdida del paso económico respecto a Alemania queda patente.

Si nos comparamos con Francia, en 2010 el PIB galo suponía 1,84 veces el nuestro mientras que en 2017 es 1,96 veces mayor. Ergo, también perdemos distancia respecto a la economía francesa. Por suerte, en un país en el que constantemente buscamos la autocomplacencia a guisa de consuelo, lo que sí ha acontecido es que recortamos diferencias con la economía italiana, aunque de manera muy suave. Si en 2010 los amigos italianos tenían una economía que representaba 1,48 veces el PIB español, en 2017 solo es 1,47 veces.

En fin, que el que no se consuela es porque no quiere. Empero, esas comparaciones demuestran la falta de vigor económico de nuestro país que, por cierto, ni se le ve, por más que se diga que andamos pletóricos en lides económicas, ni malhadadamente se le espera.

Leyes de género, leyes criminales / Más inmortales de lo que parece.
Pío Moa gaceta.es 14 Enero 2019

*Las leyes de género empiezan por la perversión del lenguaje: en la especie humana no hay géneros sino sexos. El género es un concepto gramatical. Se busca suplir la biología por concepciones ideológicas manipulables a gusto.

*La perversión sigue con enunciados como “violencia contra la mujer”. No existe tal cosa, como no existe “violencia contra el niño” o “contra el taxista”, aunque algunos sean asesinados a veces. La ley persigue desde siempre esas violencias, las sufra quien las sufra, con atenuantes y agravantes, sin hacer distingos de víctimas.

*Hacer leyes especiales según los sexos o según cualquier otra particularidad, es destruir el principio de igualdad jurídica, el principio de legalidad y el estado de derecho. Es volver a los privilegios (“leyes privadas”)

*Se pretende crear la impresión de que el varón es enemigo potencial y de inclinación maltratadora hacia la mujer. Que es culpable en principio por el hecho de ser varón y que ante las acusaciones carece de la presunción de inocencia, mientras que la mujer denunciante debe ser creída “sí o sí”, como ha dicho la tiorra vicepresidenta con intolerable despotismo.

*La perversión o más bien carácter criminal de estas leyes se acentúa por cuanto la denunciante recibe de modo inmediato todo tipo de ayudas económicas, a costa del denunciado y de la población, obligada a sufragar la infamia. Así se crea un enorme negocio a costa del bolsillo del contribuyente.

*Estas leyes buscan: a) Destruir la confianza y la atracción mutua entre los sexos. Su carácter homosexista es evidente. b) Socavar la familia y la relación estable entre los sexos creando una sospecha básica entre ellos. c) Histerizar a muchas mujeres víctimas de esa propaganda, y facilitar la extorsión y el chantaje a otras sin escrúpulos. *Crear un ambiente social de temor ante la inseguridad jurídica debida a la imposición política y al matonismo histérico que las acompaña. Fenómenos todos ellos evidentes y en auge.

*Se plantean dos cuestiones: ¿De dónde proceden estas leyes radicalmente antidemocráticas y liberticidas, que destruyen el estado de derecho? ¿Cómo han podido imponerse con tal facilidad en estos años y con apoyo de todos los partidos (menos de VOX, afortunadamente)? Intentaré contestar a la segunda pregunta: el maltrato y asesinato provocan especial repugnancia cuando las víctimas son indefensas, como los niños, o más débiles (en el franquismo había un agravante en los delitos, el “desprecio de sexo”, eliminado por el PSOE). La ideología explota, convirtiéndolo en parodia, cierto instinto protector del varón hacia la mujer (estas leyes están promovidas e impuestas sobre todo por políticos demagogos y más o menos perturbados, que quieren hacerse con el voto femenino). Por otra parte, en nuestros partidos no existe pensamiento democrático, ni apenas cultura democrática en la población, lo que explica que se perpetren fechorías criminales como esta o la de la memoria histórica… ¡en nombre de la democracia!

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–Muchas personas desean la inmortalidad. Unamuno tenía obsesión por ella. Y no se dan cuenta de que ya son inmortales, es decir, hay algo inmortal en todos, los genes. Los genes no solo nos fabrican como somos, sino que se empeñan en perpetuarse de generación en generación y nos obligan a realizar enormes esfuerzos para reproducirnos. En realidad venimos a ser instrumentos pasajeros de los genes, entes inmortales que nos usan y liquidan cuando les parece. Son como los dioses griegos. ¿Y puede haber algo más absurdo que eso, Santi? ¿Qué sentido puede tener todo ello? Sartre no se daba del todo cuenta de hasta qué punto acertaba al decir que la vida humana es una pasión inútil…

¿A quién da miedo Vox?
Jaime Caneiro esdiario  14 Enero 2019

A la ultraizquierda bolivariana y a los comunistas porque, a lo Dorian Gray, VOX es el espejo en el que aparece su propio patetismo. A la izquierda que actualmente gobierna en España porque, por fin hay quien aporta verdaderas soluciones que dejan en ridículo sus bastardas alianzas.

Al centro izquierda porque pierde su condición de veleta dado que la fuerza del viento VOX le ancla en una sola dirección. Al centro porque deja en evidencia sus complejos, su cobardía y su renuncia a los principios liberales y conservadores.

Y a la desnortada progresía porque VOX presenta posiciones claras y libres de prejuicios. El histórico llenazo de Vistalegre fue el presagio de que los españoles están al límite de tanta estulticia y el 2-D la constatación de que VOX se va a llevar por delante los feudos y chiringuitos del establishment progre, por mucho miedo que a estos les dé.

Ya está bien de llamar ultraderecha a todo lo que no le gusta a la izquierda

No obstante, hay que permanecer vigilantes a una consecuencia del canguelo que genera VOX: las etiquetas. Las etiquetas son un mecanismo psicológico de defensa ante la posibilidad de quedarte sin el chiringuito que creías inalienable, de tal manera que a VOX se le etiqueta de facha, fascista, que viene a ser lo mismo, xenófobo, machista, ultraderechista, depredador, exterminador, estas dos últimas por los toros y la caza, heteropatriarcal, homófobo y anti europeísta. Conste que, si me pongo cinco minutos más, la lista hubiera sido significativamente más amplia.

Lo cierto es que, más allá del ruido histérico de quienes ven cómo España entra en una nueva etapa, VOX ha puesto encima de la mesa la unidad de España y la ilegalización de quienes pretenden reventarla; ha priorizado destinar los recursos de todos los españoles para los españoles; ha hecho extensiva la seguridad que los progres proporcionan a sus domicilios a la seguridad que ha de proporcionar el Estado a las fronteras del domicilio común, España; ha concienciado acerca de la necesidad de expulsar de España a quienes están ilegalmente, beneficiándose de nuestro estado de bienestar y sin contribuir a él; ha despertado la necesidad de respetar la Historia tal y como aconteció; ha devuelto el entusiasmo de valorar nuestras tradiciones; ha defendido minimizar el Estado para bajar la carga fiscal y que sea el tejido empresarial quien genere riqueza y empleo; ha reclamado proteger a cualquier español víctima de cualquier tipo de violencia, sea mujer, niña, hija, abuela, hijo, padre o abuelo y ha devuelto la ilusión por el presente y el futuro a millones de españoles.

En Andalucía
La etapa en la que entra España gracias a VOX es gracias a VOX. 12 diputados en Andalucía son la punta de lanza, el ariete que va a derribar el esclerótico muro que no nos dejaba avanzar. El cambio que se aproxima ni viene de la mano del centro izquierda naranja veleta, ni viene de parte del centro acomplejado azul. El Partido Popular y Ciudadanos cerraron un acuerdo de gobierno en Andalucía obviando completamente a VOX, es decir, sin hacer la básica cuenta aritmética que determinaba que el 22% del programa de ese gobierno debía ser de VOX.

Y VOX reclamó su democrático papel mientras todos los partidos políticos, y por supuesto la desnortada progresía, tiraban de las célebres etiquetas y acusaban a VOX de cargarse la posibilidad de cambio, así como de permitir que el PSOE siguiera gobernando, entre otras muchas sandeces que han circulado en la globosfera mediático-política de los últimos días.

Así termina la "alerta antifascista" de Podemos contra Vox: 3 ataques en un día

Pero, finalmente ha habido acuerdo; va a haber gobierno en Andalucía de verdadero cambio, cambio que es un aperitivo del que acontecerá en España cuando haya generales. Esto no ha hecho más que empezar y VOX ya marca la agenda política española y determina quiénes gobiernan las Instituciones, cómo y para qué.

Aunque lo que más miedo da, de hecho hay un absoluto pánico escénico entre los mediocres que han llevado a España al caos actual, es que en Andalucía se ha demostrado que VOX persigue regeneración democrática y no sillones.

¡Qué miedo!

Ni un minuto más
Luis Herrero Libertad Digital 14 Enero 2019

En un alarde de de contundencia autoafirmativa, Sánchez acaba de anunciar que gobernará hasta 2020. ¿Le ha faltado decir "ni un minuto más"? La aclaración se quedó flotando en el ánimo de su audiencia, a pesar de que toda ella militaba en el PSOE. Solo los más fanáticos, que suelen ser los más ciegos, creen que el partido esté en condiciones de llegar al término de la legislatura con opciones de revalidar una mayoría de Gobierno. El hecho objetivo es que, tras el brinco que le supuso la conquista del poder tras la moción de censura, la cotización política de Sánchez se ha movido en un suave plano inclinado (hacia abajo) sin apenas dientes de sierra. Lenta pero indefectiblemente se desliza hacia el despeñadero.

Se han producido muchos cambios en el paisaje político en los últimos meses pero ninguno beneficia las expectativas de durabilidad del presidente del Gobierno. Él pensaba que el PP iba a salir chamuscado de las elecciones andaluzas y acariciaba la idea de adelantar las generales a marzo para conseguir que llegara calcinado a las municipales y autonómicas del mes de mayo, que eran las de mejor pronóstico para el partido del joven Casado. De ese modo hubiera colocado a la derecha española —ya muy descompuesta tras la cabalgadura exterminadora de Rajoy— en una crisis interna cercana a la autodestrucción. Con su principal adversario fuera de combate —pensaba— todo sería mucho más fácil.

Las cosas, sin embargo, no salieron como él quería. Se cumplió el pronóstico del derrumbe electoral andaluz del PP, sí, pero la extraña lógica de las leyes políticas permitieron que su varapalo en las urnas fuera premiado con la presidencia de la Junta. Ahora el PP camufla sus muñones con los oropeles del poder y el PSOE, vencedor pírrico de una contienda que esperaba ganar con más holgura, lame sus heridas —muchas y profundas— en el infierno de la oposición. La chamusquina cambió de destinatario. El verdugo se convirtió en víctima y la víctima se apoderó de la plaza fuerte más pródiga en votos socialistas desde 1977. El 2 de diciembre, el paisaje político general cambió radicalmente.

Y, para colmo, lo de VOX. El partido de Abascal, aparte de agitar las aguas del conservadurismo español con la furia de un tsunami, ha conseguido deshacer el empate que las encuestas venían reflejando con rara unanimidad entre los bloques de la derecha y la izquierda. Los nuevos no sólo han atraído al torrente de la participación electoral a ciudadanos que hasta ahora veían el espectáculo desde la distancia, sino que ha espabilado a los abstencionistas del PP que habían decidido mandar a su partido, tras la anemia ideológica de los últimos años, a pudrir malvas. Espoleado por la competencia de Abascal, Casado ha recuperado a muchos de esos durmientes con un discurso enardecido.

Cuatro de cada cinco encuestas ya pronostican que la aritmética parlamentaria surgida en Andalucía se reproducirá en todas las Comunidades Autónomas, salvo Cataluña y el País Vasco. El PSOE se encamina a una debacle territorial sin precedentes. El riesgo de que no ocupe ni una sola de las 17 presidencias autonómicas y sólo retenga una decena de las 52 alcaldías en capitales de provincia es tan real como la infausta pájara madridista. ¿Y quiere Sánchez hacernos creer que en esas condiciones, que colocarán a su partido a partir de mayo en un estado comatoso, va a estar en condiciones de seguir siendo el macho alfa de su partido?. Podrá gobernar si se empeña hasta 2020, pero, desde luego, ni un minuto más.

Lamento llegar a esta conclusión, que sé que me costará muchas discusiones con buenos amigos míos, pero la única esperanza que le queda al PSOE (digo al PSOE, no a Pedro Sánchez) para salvar algún mueble es que Abascal siga creciendo y se apodere del timón de la derecha. En esas condiciones, malas para la moderación que España necesita, Ciudadanos no tendría más remedio que mirar a su izquierda —el socialismo no es el sanchismo, insisto—para llegar a acuerdos de Gobierno. Si la derecha preponderante es la de VOX, una boda a la andaluza sería imposible.

La España rota, en cifras
Pablo Planas Libertad Digital 14 Enero 2019

Pedro Sánchez está dispuesto a comprar el voto de los separatistas catalanes para sus Presupuestos Generales del Estado, de ahí que parezca perfectamente resuelto a robar a los contribuyentes para ayudar a los golpistas. Sobre la base de supuestas deudas históricas, agravios no menos historiados y aquello de que España nos roba, el Gobierno muestra sin empacho unas cifras que son un insulto para extremeños, gallegos, aragoneses y murcianos, entre otros. La confirmación matemática de que los españoles no son iguales.

Según las cuentas del gran doctor, a Cataluña se destinarían 2.251,38 millones de euros en infraestructuras, mientras que el esfuerzo inversor del Estado sería de 491,89 millones en Extremadura, de 539,6 en Aragón, de 757,1 en Galicia y de 38,48 en La Rioja, por citar sólo algunas de las comunidades más perjudicadas en esos números de la vergüenza.

De los millones del plan Sánchez para Cataluña, doscientos son de libre disposición. Es decir, que no están previamente asignados a ninguna mejora en la red de Cercanías o en la de carreteras, sino a lo que les salga del níspero a Torra y compañía. Esto es, que lo mismo se lo pueden gastar en reformar la mansión de Puigdemont que en mejorar la cárcel-resort de Lledoners, en el próximo referéndum ilegal o directamente en copas, por no decir otra cosa. Como en las demás regiones no se ha pegado ningún golpe de Estado ni hay procesos separatistas, no está prevista la entrega a sus dirigentes tribales de ninguna cantidad para fondos reservados.

Sin embargo, los nacionalistas son insaciables y ya han advertido que el monto para Cataluña, que es el 18,5% del total, está por debajo de la contribución catalana al PIB nacional, que ellos cifran en el 19,2% por la misma razón que dicen que el 80% de los catalanes están contra el Rey, a favor de la República y de un referéndum de autodeterminación, en una síntesis de creatividad financiera e ingeniería sociológica.

Pero es que además no les vale con que Sánchez les financie a costa del resto de los españoles la próxima asonada y esa gran infraestructura de Cataluña que es el mal llamado tres por ciento. Quieren una "mesa de diálogo sobre el derecho de autodeterminación" con "observadores independientes". Gran optimismo en Moncloa ante la última salida de Puigdemont. El separatismo ha pasado de pedir la liberación de sus presos y la anulación de los procedimientos a reclamar una mesa, otra.

Pero los Presupuestos de Sánchez consagran la España rota, cosa que no sólo debería facilitar el voto a favor de los separatistas, sino un rebote de los barones del PSOE que precipitara la defenestración del presidente del Gobierno. De momento no hay apoyo golpista ni sublevación socialista.

Violencia contra VOX: responsabilidades
EDITORIAL Libertad Digital 14 Enero 2019

La izquierda está traspasando todas las líneas de la incitación al crimen político con su furioso discurso de odio a VOX. Y la extrema izquierda está actuando en la calle en consecuencia.

Las agresiones contra dirigentes, militantes y simpatizantes de VOX no han hecho sino multiplicarse y agravarse desde que aquellos de sus rivales políticos que no los consideran tales sino enemigos les pusieran en la diana.

Este clima de violencia, inaceptable en una democracia, tomó un cariz muy preocupante ya en el mes de noviembre, cuando un grupo de ultras de izquierda boicoteó un acto de VOX en Murcia concentrándose de manera ilegal ante el hotel en el que se iba a celebrar, desde donde profirieron auténticas barbaridades contra José Antonio Ortega Lara y ensalzaron las peores matanzas del Frente Popular en la Guerra Civil. Pero ha sido tras el espléndido resultado del partido de Abascal en las autonómicas andaluzas cuando la violencia contra VOX se ha desbordado, y rara es la semana en la que no se produce un ataque contra miembros de una formación de trayectoria impecable y que, desde luego, no tiene dirigentes que hayan comandado escraches, ensalzado regímenes criminales como el que está devastando Venezuela y elogiado la visión de los terroristas de ETA en los tremendos años de plomo de la Transición.

Estos son los frutos de la "alerta antifascista" decretada por el comunista biempagado por la República Islámica de Irán Pablo Iglesias Turrión en la misma noche electoral andaluza, signada por el fracaso de Podemos y el éxito resonante de VOX. El indeseable Iglesias no es ni mucho menos la excepción sino la norma en la izquierda siniestra de esta hora, que se afana tanto en criminalizar al partido de Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara como en blanquear al de los que les quisieron asesinar.

La izquierda está traspasando todas las líneas de la incitación al crimen político con su furioso discurso de odio a VOX. Y la extrema izquierda está actuando en la calle en consecuencia, mientras los medios que ejercen de caja de resonancia de una y otra miran para otro lado o, aún más repugnantemente, hasta se afanan en aportar contextualizaciones que más parecen coartadas, cuando no se dedican a hacer ominosos reportajes de investigación sobre los votantes del partido verde en bastiones comunistas.

Este estado de cosas debe hacer reflexionar a Ciudadanos, partido que ha sido objeto del odio liberticida de los mismos que ahora andan a la caza del voxero pero que aun así se suma a la campaña infame de denigración contra la formación de Abascal y Ortega Lara, con la que no quiere tener el menor trato, como si estuviera compuesta por auténticos apestados. Se acabó. Ciudadanos debe rectificar y no hacer el juego a los auténticos enemigos de España, que no son precisamente los dirigentes, votantes y simpatizantes del partido que va a hacer posible el cambio en Andalucía sino quienes les han puesto en la diana.

Desmontar la onerosa red clientelar andaluza
EDITORIAL El Mundo 14 Enero 2019

El informe sobre la onerosa y desproporcionada estructura de funcionarios, empresas públicas, agencias y fundaciones que Susana Díaz ha desvelado a pocos días de abandonar el palacio de San Telmo, revela la indecente administración oculta que el PSOE ha ido tejiendo durante 40 años para crear un régimen clientelar de afines al partido. Tras años de opacidad, en el informe afloran los 3.405 empleados no contabilizados hasta ahora, las 2.137 nóminas a dedo y se detallan los 270.101 trabajadores a sueldo de la Junta y los 148 cargos de alta dirección. Aunque Díaz pretende de esta manera anticiparse a las auditorias que han anunciado Partido Popular y Ciudadanos, el nuevo Gobierno andaluz debe ser inflexible en la investigación, la denuncia y el inmediato desmontaje de una tupida y extensa red de amiguismo y enchufados que supone un auténtico latrocinio a las arcas públicas y a todos los andaluces.

Moreno Bonilla y Juan Marín no pueden ser indulgentes y han de poner fin a los miles de sueldos injustificados y a las decenas de contratos de alta dirección innecesarios. En función de los datos que arrojen las auditorias y las comisiones, deben actuar de manera inmediata y contundente. Sus votantes no entenderían ninguna forma de impunidad.

El PP vuelve a la batalla ideológica
 larazon 14 Enero 2019

La recuperación de un discurso liberal, desacomplejado y combativo por parte de los candidatos populares para las próximas elecciones autonómicas y locales no responde tanto a un corrimiento hacia posiciones de derecha dura, que vendría impuesto por el surgimiento de VOX, como se afirma desde la izquierda, como a la lógica de los acontecimientos políticos que condicionan la vida española. O dicho de otra forma, el Partido Popular no sólo está donde siempre, en la defensa de la unidad nacional, la Constitución y el sistema de libertades surgido de la Transición, sino que puede incorporar a su estrategia electoral esos principios sin que supongan impedimientos programáticos en las predicibles coaliciones de gobierno. No es, precisamente, el caso del PSOE, cuya política de alianzas con partidos separatistas y de la extrema izquierda, adversarios declarados del despreciativamente llamado «régimen del 78», le obliga a arrinconar su discurso tradicional socialdemócrata y de reminiscencias jacobinas, con el que podía ser identificado por los electores en cualquier circunscripción del territorio nacional. Hoy ya no es así, y, de hecho, los militantes y simpatizantes socialistas asisten asombrados a las consecuencias de los pactos con los partidos antisistema, ya sea en peregrinas campañas de inmersión lingüística, como en Baleares, ya sea en las absurdas políticas municipales de Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, o en el despropósito gaditano.

Es decir, es el PSOE el que tiene un problema de expresión de identidad, de discurso homologable para toda España. Y es importante destacarlo porque el espejismo de un presidente socialista en La Moncloa no debe hacernos olvidar que sus resultados electorales, los peores desde la recuperación de la democracia, no parecen haber hallado aún su suelo, como se demuestra en Andalucía, donde el PSOE ha pasado del 35,43 por ciento de los votos obtenido en los comicios de 2015 al 27 por ciento del pasado mes de diciembre. Condicionada por las políticas de la dirección de Pedro Sánchez desde Madrid, la candidata socialista, Susana Díaz, tuvo que poner sordina a una cuestión como la crisis independentista catalana que era, así lo advertían todas las encuestas, una de las mayores preocupaciones de su electorado.

No hay, por lo tanto, parangón posible con la actual situación de un Partido Popular que parece tener muy clara su estrategia y cuáles son las cuestiones sobre las que les interpelan los ciudadanos. Con un factor añadido: que la nueva presidencia, que encarna Pablo Casado, ya no parece impresionarse por las «aduanas morales» que levanta la izquierda a modo de nueva religión y está dispuesta a dar la batalla desde sus propiosplanteamientos ideológicos que son, por otro lado, los mismos que sostienen las principales formaciones conservadoras y liberales europeas. Abunda en esta opinión la misma elección de los candidatos populares para el tiquet electoral de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, cuyos discursos de presentación, en la línea de lo que decimos, nos remitieron a la esencia de un partido que pone por encima de todo los derechos individuales, la libre iniciativa y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Es pronto para hacer pronósticos, puesto que quedan 132 días antes de la próxima cita con las urnas, pero si las encuestas se mantienen y es obligado llegar a grandes alianzas, no cabe duda de que el discurso popular y su posición centrada le hace merecedor de vertebrar cualquier pacto en el ámbito del centro derecha español.

Calviñismo
Mikel Buesa Libertad Digital14 Enero 2019

El calviñismo es una especie de macroeconomía de andar por casa cuyos fundamentos son aún ignotos y difíciles de establecer debido a que su principal ideóloga se prodiga poco en escritos y declaraciones. Pero algunas hay y merece la pena detenerse en ellas. Ahora que el doctor Sánchez se ha decidido a presentar sus Presupuestos para este año, siguiendo la costumbre, en el Ministerio de Economía han elaborado un bonito cuadro macroeconómico cuyas cifras no se sabe muy bien qué es lo que reflejan, sobre todo si se tiene en cuenta su incoherencia con las versiones anteriores de tan delicado instrumento de propaganda. He aquí, efectivamente, el quid de la cuestión, pues en el calviñismo lo esencial es el apostolado político y lo secundario la ciencia económica. Es verdad que esto tiene precedentes, principalmente zapateriles, como aquel que se plasmó en la proposición de que "el superávit también es socialista", formulada por el entonces presidente del Gobierno cuando las cuentas públicas le revelaron que había más ingresos que gastos.

El caso es que ahora estamos en la situación inversa y a la ministra Calviño, en vez de entrarle el canguis, lo que le ha venido es un furor por aumentar el exceso de gasto sobre los ingresos públicos porque cree, con fe de carbonero más bien estúpido, que así logrará impulsar el crecimiento económico. Keynesianismo barato, dirán algunos sin percatarse que la interfecta, seguramente, no ha leído nunca a Keynes; y si lo ha leído, no lo ha entendido. No, no se trata de keynesianismo sino de calviñismo; o sea, de esa idea que pone por delante eso que algunos denominan "lo público" en detrimento de lo privado, atribuyéndole efectos taumatúrgicos, sobre todo para el bienestar de los ciudadanos. La ministra de Hacienda, a la que se le notan sus carencias formativas en la materia, lo ha expresado incluso mejor que la Calviño, al presentar los Presupuestos, afirmando que "se ponen las bases de un crecimiento económico más inclusivo, eficiente e inteligente". Tres adjetivos éstos que, pobre de mí, jamás había visto atribuidos al crecimiento en la literatura económica que vengo leyendo desde mi juventud, hace ya cinco añoradas décadas.

Pero vayamos a las ideas calviñistas. Para la ministra Calviño, el crecimiento del año que viene será menor al proyectado inicialmente por el Gobierno porque los senadores del PP son muy malos y le han bloqueado su senda de déficit, obligándole a pasar del 1,8 al 1,3 por ciento del PIB. Esto, según la nueva doctrina, rebajará la tasa de variación del PIB hasta el 2,2 por ciento. Más aún, la señora Calviño sostiene que "si hubiéramos mantenido la senda de déficit del 1,8%, hubiéramos revisado al alza el crecimiento, pero un ajuste fiscal más fuerte supone un menor crecimiento". O sea, si lo decimos de otra manera tenemos que cuanto mayor es el déficit estatal, la economía crece más; y lo contrario ocurre si el déficit disminuye. ¡Amén y viva España! Pero entonces me entran dos dudas irresolubles. La primera entronca con la doctrina zapateril: ¿cómo puede ser socialista el superávit? La segunda es más inquietante: si el déficit nos hace crecer, ¿por qué no lo aumentamos, digamos, hasta el 30 o el 40 por ciento y entonces nos forramos todos, incluso los de derechas, aunque esto no sea ni inclusivo, ni eficiente ni inteligente?

Para más inri, la señora Calviño ha dicho también que nuestra senda de crecimiento es "sólida" y "notable"; y además ha señalado que "todo apunta a que el cuarto trimestre de 2018 sería incluso mejor que los anteriores". Si esto fuera verdad, lo que podríamos pensar es que la tasa de crecimiento anual del PIB superará, cuando se publique su estimación, el 2,4 por ciento en el que estaba a final de septiembre, según el INE. Y dado que el valor añadido que refleja esa variable macroeconómica se genera en la producción de bienes y servicios, podría esperarse un mayor optimismo en las previsiones oficiales. Pero no es así porque el calviñismo todo lo centra en el consumo público –que, por cierto, va como un tiro–, sin pensar que, con menos déficit estatal, a lo mejor los ciudadanos corrientes tendrían más dinero para gastar y ahorrar, y los empresarios para invertir. Claro que, entonces, no se podría "blindar el Estado de Bienestar" al estilo sanchista, según ha señalado la ministra Celaá.

Visto lo visto, no me cabe la menor duda de que Nadia Calviño va haciendo méritos para acabar ocupada en la Comisión Europea, siempre que el doctor Sánchez logre alargar su mandato al menos hasta que llegue el momento oportuno para proponer los nombres de los futuros comisarios españoles. Espero que no lo sea en el área de economía, porque sería terrible: ¡el calviñismo convertido en doctrina oficial!.

Inepto, prepotente, perverso
Juan Manuel de Prada ABC14 Enero 2019

Una verdad incómoda

Afirmaba Santo Tomás que el Gobierno debe confiarse a quienes exceden en virtud e inteligencia al común de los mortales. No hay gobierno digno de tal nombre sin un sentido natural de la jerarquía o una anuencia de los espíritus que reconoce y encumbra a quien descuella sobre los demás. Encumbrar lo que es de naturaleza inferior es siempre una monstruosidad; pero aún en la monstruosidad hay grados.

Los clásicos distinguían tres tipos de gobernantes dañinos; el inepto, el prepotente y el perverso. El gobernante inepto es achaque propio de las monarquías, sobre todo si son hereditarias (pero también de las electivas, si quienes eligen son memos o malintencionados). De vez en cuando, hasta en las estirpes más egregias, surge un hombre débil con pocas dotes de mando, con pocas luces, con poca energía, con poca capacidad de sacrificio. Y a estos hombres, precisamente porque tienen poca autoridad, les gusta exagerarla, del mismo modo que el hombre alfeñique y pichafloja suele ser también el más rijoso. Como tienen la íntima convicción de no merecer el mando, se vuelven mandones y aspaventeros. Pero sus aspavientos dan más risa que miedo.

Mucho más temible que el gobernante inepto es el gobernante prepotente, que es achaque propio de dictaduras. Al gobernante prepotente lo caracteriza el apetito de poder, el placer de imponer su voluntad sobre los gobernados, que es una concupiscencia aún más peligrosa que la carnal. Al concupiscente de pasiones carnales, una vez satisfechos sus apetitos, lo invade el hastío; mientras que el concupiscente de poder, una vez satisfecho el capricho de alcanzarlo, quiere perpetuarse en él, incluso endiosarse, como hacían los emperadores romanos. Inevitablemente, el gobernante prepotente perpetra todo tipo de manejos para satisfacer su ansia de mando: oculta o simula sus fracasos, recurre a la intriga, la mentira y la venganza, se rodea de una camarilla corrupta; y, en fin, envenena la convivencia, hasta hacerla irrespirable.

Pero todos sus desmanes no son, sin embargo, tan dañinos como los del gobernante perverso, tan característico de las democracias. El gobernante perverso es una «voluntad pura» que sólo se nutre de sí misma; y en su ebriedad puede llegar hasta la voluptuosidad de destruir, pues la destrucción es el acto supremo de dominio. Al gobernante perverso le gusta destruir todo en derredor, convirtiendo al prójimo en instrumento de su ansia de dominio: es un felón que hace concesiones y pacta oscuros contubernios con los enemigos de su pueblo; es un sacamuertos que disfruta resucitando odios ancestrales; es un corruptor que obtiene un placer supremo pervirtiendo a sus gobernados. Para que su perversión pase inadvertida y se convierta en hábitat natural, envenena las fuentes educativas (para que los niños sean el día de mañana jenízaros dispuestos a defender la perversión con uñas y dientes) y envisca a sus gobernados entre sí, alentando todas las formas de demogresca posibles, incluso las que afectan a las formas de solidaridad más necesarias para la supervivencia de la sociedad, como es la solidaridad entre hombres y mujeres. Detrás del gobernante perverso anida siempre la úlcera del resentimiento, la más turbia de las pasiones humanas, que -como la adicción a las drogas- necesita de constantes satisfacciones que no hacen sino exacerbarla más. Y nada satisface más al gobernante perverso que anegar con la pasión turbia del resentimiento al pueblo que gobierna, enviscando a ricos contra pobres, a mujeres contra hombres, a andaluces contra catalanes. Pobre España, en manos de gobernantes perversos (que, para más inri, son también prepotentes e ineptos).

La calle es y va a ser de todos
Pedro de Tena Libertad Digital 14 Enero 2019

Tenía pensado escribir sobre la necesidad que tiene Andalucía de un gran arquitecto político-jurídico capaz de, circulando de la ley a la ley como lo hizo Torcuato Fernández Miranda en la meritoria transición del franquismo a la democracia, desmontar la tela de araña tejida a lo largo de cerca de 40 años. Pero, claro, para eso hace falta que los partidos que van a gobernar quieran realmente que una democracia liberalizante suceda a un régimen monopartidista que se erigió, a menudo tramposamente, con la ley en la mano. Los que nunca hemos tenido partido que nos ladre, y mucho menos que nos mande, dudamos de esa buena voluntad y estamos atentos a los hechos, que siempre son verdad porque son. Pero, además de un gran diseñador, va a ser necesario que quienes queremos vivir sin la hemiplejia orteguiana derecha-izquierda estemos dispuestos a que la calle no sustituya a las urnas –operación ya en ciernes–, y a que nadie se apodere de una calle que es de todos.

Lamentablemente, y también lo anticipó Ortega, como tantas otras cosas, el tipo de hombre (y de mujer, que exigen las del género) que hoy predomina está poseído por la básica creencia de que él lo sabe ya todo –es, por definición, no el hombre de la calle, sino el hombre al cabo de la calle, el hombre que no sabe no saber–, el fanático (y la fanática). Ocurre de manera desmesurada y congénita en una izquierda decrépita que se atribuye la omnisciencia infusa a partir de su mini biblia dialéctica de hace casi dos siglos. Descabellante ha sido el comentario del gran Rodríguez Braun sobre el tuit de las pipas de Teresa Rodríguez. Pero comienza a ocurrir asimismo en un presunto centro –lo de Rivera, ya más excéntrico que céntrico, es libertinaje político donde nada vale porque todo vale lo mismo– y la nueva derecha creciente, tentada por la simplificación conceptual, por el cultivo de la sinrazón y, empujada por sus enemigos, por la sustitución del debate por la fuerza.

La democracia, como sistema menos malo, exige el respeto al resultado de las urnas si este ha sido legítimo y legal. En las urnas, cada cual, secreta y libremente, según sus intereses y su voluntad, decide un rumbo para una comunidad de vecinos, una institución, región, nación o suprarregión. Pero, con las papeletas aún calientes, otra vez se amenaza con la calle. Hay una izquierda enferma de totalitarismo que sólo respeta las urnas cuando gana y las desprecia y descalifica cuando pierde. Repásese la historia de España, que algunos no repasan, sino que deforman. Al final ese comportamiento, esencialmente violento, acaba arrastrándolo todo, en el aterrador juego de la acción y de la reacción, a la trituradora de la democracia.

Por tanto, los partidos que tienen la responsabilidad de sacar a Andalucía del antiguo ruedo vicioso del atraso y la dependencia –mientras insiste el mequetrefe incesante de la Moncloa prevaricando contra la legalidad constitucional con nuevas regalías para el separatismo y el izquierdismo– deben, no sólo encontrar a su gran constructor de la reposición democrática exigible, sino reanimar y rearmar el debate racional de altura frente el abuso antidemocrático de la calle contra las urnas que ya resopla por muchas esquinas. Den más medios a la comunicación y el debate de ideas. Den voz y altavoz a quienes se ha hecho casi enmudecer durante 40 años. Ya.

La calle es de todos, no sólo de algunos. Si hay quienes quieren apropiarse de ella para menospreciar ideas y urnas, habrá que demostrar que la mayoría de los andaluces, y de los españoles, ya hemos dicho ¡basta! a esa usurpación.

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Pedro: después de mí, nadie
RAÚL DEL POZO El Mundo 14 Enero 2019

Los grupos independentistas comentan que el presidente del Gobierno ha llegado a Barcelona y no ha hecho ningún propuesta importante a Quim Torra para conseguir el apoyo a los Presupuestos. Aunque lo nieguen, los del procés están locos por pactar y volver a un neopujolismo disimulado. Mis fuentes en Canaletas explican que los dos bloques separatistas, para salvar los muebles, tienen que abrazarse a Pedro Sánchez pareciendo que no lo hacen. Interpretan nuevos papeles en una función inédita, y como escribe Josep Pla, el teatro catalán es mediocre. "Los países que han producido un gran teatro son aquéllos que han tenido corte estable". Sabían que la independencia no iba en serio pero les gustaba ser aclamados por las masas como héroes y no pitados como villanos. Ahora desde la prisión ya no se atreven a decir a la gente que la independencia va para largo y necesitan pactar, luchando con sutileza, pero encarnizadamente, para volver a un nuevo virreinato pactista.

Pedro Sánchez ha llegado a Barcelona y los del procés no han creído que trajera regalos; no quieren promesas, sino cheques y un toque a los fiscales del Tribunal Supremo. Pero Sánchez en el mitin del PSC se ha venido arriba, ha dicho que en siete meses, gracias a él, España es más igualitaria, justa y feminista; ha llegado a creerse que es un presidente del Gobierno como el que sale en las fotos. Le ha dado un ataque de jactancia y ha llamado a los líderes del PP, Ciudadanos y Vox «voxonaros»; mientras, Iceta, en el papel de mozo de espadas, los llamaba «trifachitos». Luego Pedro ha desafiado a Rivera, a Casado y a todos los españoles sentenciando: "Que esperen sentados, vamos gobernar hasta el 2020". Esperar sentado es una chulería de chispero de Cuatro Caminos. Significa que lo que desean sus adversarios no va a ocurrir nunca nunca. Sólo le faltó decir ante la afición lo que dijo Guerrita: "Después de mí, naide".

Se presentó ante los catalanes como la única garantía de parar a la ultraderecha. Cree que los ha salvado y que salvará también al PSOE, mientras barones y veteranos runrunean que con él el PSOE va a retroceder 40 años, que carece de aparato consistente, excepto en Andalucía, y que el partido está desorientado y desfondado. Que vuelva la socialdemocracia no asusta a nadie ni en España ni en Europa; lo que sí asusta es la complicidad de Sánchez con el supremacismo que le exige autodeterminación, soltar los presos y una república Barataria. Si por seguir en el complejo de la Moncloa cede en alguna de esas exigencias, los españoles no le van a esperar sentados.

Sánchez reinstaura el Estatut ilegal
José García Domínguez Libertad Digital 14 Enero 2019

La única duda es si lo dijo por ignorancia o por mala fe, aunque yo me inclino por la segunda opción. Y es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tal como recogía el pasado sábado la prensa toda y sin mayor escándalo de ningún editorialista capitalino, anunció con gran solemnidad tras el último Consejo de Ministros que los Presupuestos Generales del Estado de 2019 "cumplirán con el Estatut en materia de inversiones". Una afirmación, de entrada, chocante. Pues, en una primera interpretación de sus palabras, habría que entender que la ministra prometió con suprema alharaca retórica que el Gobierno espera aprobar una ley (los PGE) que va a ser respetuosa con otra ley en vigor (el Estatut). O sea, una enfática perogrullada, dado que todas las leyes que se aprueban en el Congreso, absolutamente todas, deben cumplir con ese obvio requisito de partida. Pero lo que quería decir sin decir la ministra era otra cosa bien distinta. Porque a lo que estaba apelando Montero, aunque sin atreverse a mentarlo de modo expreso, era a aquella célebre disposición adicional tercera del Estatut cuyo redactado acababa de facto y de iure con la soberanía de la Nación española representada en las Cortes Generales.

Recuérdese, hablamos de la apostilla final recogida en una simple y vulgar ley orgánica, que no otra cosa distinta resulta ser el Estatut, que obligaba a los 350 diputados del Parlamento español a destinar a Cataluña no las inversiones públicas territorializables que en cada ejercicio considerase oportuno aprobar la mayoría del Congreso de los Diputados, sino la cantidad de dinero que se les ordenase desde la propia Cataluña. Así, la disposición de marras, esa que ahora se apresta a resucitar de entre los muertos la ministra andaluza por orden expresa del presidente Sánchez pese a que el Tribunal Constitucional la declaró enteramente nula, imponía al Estado que destinara a Cataluña anualmente una cantidad proporcional al peso del PIB de la región en el conjunto nacional, aproximadamente un 16% del total. Pero, como hasta cualquier analfabeto jurídico podría entender sin mayor esfuerzo, no resulta concebible que una norma de ámbito territorial pueda determinar una materia de exclusiva competencia estatal. Como broma jurídica, que el Parlament de Cataluña le dijese a las Cortes Generales cómo y en qué tienen que gastar el dinero de sus propios presupuestos acaso pudiera tener algún recorrido. Pero más allá de la broma no podía tener ninguno.

Y así lo entendió el Constitucional al zanjar la cuestión, y para siempre, en los siguientes términos: "No puede admitirse que la disposición adicional tercera vincule a las Cortes Generales en sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (...) pues es al Estado a quien le corresponde en exclusiva decidir si procede dotar, en su caso, y en qué cuantía aquellas asignaciones en virtud de la competencia exclusiva que sobre la materia le atribuye el artículo 149.1.14 de la Constitución". En consecuencia, proseguía la sentencia sobre el Estatut del Constitucional, la disposición adicional tercera "debe, pues, interpretarse en el sentido de que no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones". Más claro, agua. Bien, pues la muy andaluza Montero ha decidido estrenarse en la plaza pasándose por el puente de Triana el mandato inequívoco del Constitucional con el único fin de premiar a la Generalitat frente a los andaluces y el resto de las comunidades autónomas de España. Ahora pagan. Pero lo pagarán.

Sánchez paga el ‘sí’ de Torra a los Presupuestos: otros 1.400 millones para la Generalitat
Carlos Cuesta okdiario 14 Enero 2019

Pedro Sánchez ha anunciado que adjudicará a Cataluña un peso en inversión en infraestructuras similar a su peso en el PIB. Y lo ha cifrado en un 18%. El cálculo, para empezar, no está bien hecho: en 2017, el peso de Cataluña fue del 19,1%. Pero al margen de ello, Sánchez no ha mencionado que fuera de las infraestructuras es donde, no sólo se alcanza ese porcentaje reclamado por los separatistas, sino que, además, se rebasa.

El resultado final es una ampliación de inversiones totales de 2.200 millones de euros, tal y como adelantó OKDIARIO y como hoy muestra la página web de los socialistas en Cataluña. “Después de 7 años de recortes y asfixia de los gobiernos de derechas, el del PP y el independentista a la Generalitat, hemos retrocedido en igualdad de oportunidades, en cohesión social, en libertades y derechos, en calidad democrática y en convivencia”, señala el documento recogido en su web por el PSC.

“Es urgente revertir las cicatrices de la austeridad, coser la brecha social, reducir la desigualdad, la precariedad y la pobreza, recuperar el pacto con la ciudadanía, y una de las claves para ello está en los Presupuestos Generales del Estado”, aclaran los socialistas catalanes.

Estos presupuestos supondrán “2.200 millones de euros más para Cataluña. Para construir infraestructuras, incrementar el número de mossos para garantizar la Seguridad y sanear las finanzas de la Generalitat”, concluye el texto de los socialistas de Miquel Iceta.

Y es que todo ello forma parte de un pacto: el cerrado por Pedro Sánchez con los partidos golpistas de la Generalitat y sus alianzas a cambio de mejorar su situación económica, ceder en materia constitucional y buscar una “solución” para los golpistas procesados y presos por el referéndum ilegal del 1-O.

A cambio, eso sí, los partidos de PDeCAT y ERC -los mismos que comandaban el golpe separatista- se han comprometido a, cuando menos, permitir la tramitación de las cuentas públicas del Estado y no respaldar ni impulsar enmiendas a la totalidad ajenas o propias contra los Presupuestos.

Ese es el pacto. Y si no los partidos separatistas no apoyan hasta el final las cuentas del Estado lo que ocurrirá será, simplemente, que no verán aprobar esas mejorar financieras, de gasto social y de inversiones. Una decisión que deberán sopesar ellos mismos ante el peligro de que, hacerlo, le regale voto ‘social’ al PSOE.

Una legislatura en manos de los separatistas
EDITORIAL El Mundo 14 Enero 2019

Pedro Sánchez ha retado a la oposición a desalojarlo del poder antes de 2020, pero lo cierto es que tal bravuconada se topa con su dependencia de las formaciones independentistas. Por mucho que el presidente se empeñe en prolongar su estancia en La Moncloa, el trámite de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 marcará el devenir de la legislatura, condicionada al hecho de que el Ejecutivo socialista logre sumar los mismos apoyos que hicieron prosperar la moción. En caso de fracasar en su intento de sacar adelante las cuentas públicas, Sánchez debería aplicar por imperativo ético el artículo 115 de la Constitución, que establece la prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno de disolver las Cortes y convocar elecciones generales.

Pese a las claudicaciones constantes de Sánchez y las regalías contempladas en los Presupuestos, tanto ERC como el PDeCAT continúan sin desvelar el sentido de su voto. Tienen tiempo y margen para decidirlo y, por tanto, para seguir presionando a los socialistas, teniendo en cuenta los vericuetos del trámite parlamentario. El plazo para aprobar las cuentas del Estado para el próximo año podría superar su primer obstáculo el próximo 13 de febrero si el independentismo rechaza presentar enmienda a la totalidad de las cuentas del Estado. En todo caso, la norma presupuestaria aún tendría que superar todavía varias docenas de votaciones -entre 30 y 40 dependiendo de la estructura que adopte el proyecto del Gobierno- en las que el resultado estaría siempre en manos de ERC y el PDeCAT, que aglutinan 16 escaños decisivos. Por tanto, el camino que le espera a Sánchez para poder atar su supervivencia será largo y tortuoso, y someterá al Estado a una humillación ante las mismas fuerzas que perpetraron el golpe contra el orden constitucional durante el procés. Resulta evidente que el independentismo aprovechará el impacto por el inicio del juicio del 1-O para seguir obteniendo contrapartidas.

Lo que resulta oneroso es que el presidente siga empecinado en contentar a los secesionistas. Y que lo haga, además, con argumentos trapaceros. No es cierto, tal como ha esgrimido la ministra de Hacienda, que el Gobierno tenga la obligación de invertir en Cataluña lo que establece la disposición adicional tercera del Estatuto, que recoge un nivel de financiación en esta comunidad equiparable a su peso en el PIB del Estado. Así lo establece la Abogacía del Estado desde 2006. En consecuencia, si Sánchez quiere elevar del 13% al 18% las inversiones en Cataluña, que tenga la gallardía de admitir que es una nueva cesión a los separatistas en detrimento del principio constitucional de solidaridad. Lo contrario es seguir engañando a los españoles, que no merecen ni un minuto más alargar la rendición de un Gobierno exangüe.

Utopías masocas
Revirtiendo la cabezonería nacionalista, Cataluña e Inglaterra mejorarían al instante
Luis Ventoso ABC

A veces los pueblos y sus líderes extravían la brújula del sentido común y deciden suicidarse, rápido o a plazos. Les ocurrió a los alemanes de entreguerras, marchando ilusionados tras Hitler. Les pasó a los argentinos con el virus ya endémico del peronismo. Les sucede a catalanes y británicos, que hace tres años decidieron pegarse un tiro en el pie en nombre de sendos arrebatos nacionalistas, fruto de su complejo de superioridad.

Para entender la mala idea que supusieron «procés» y Brexit basta una pregunta: ¿qué ocurriría si hoy mismo ambos planes quedasen en suspenso y catalanes y británicos retornasen a la cordura económica y la solidaridad con sus vecinos? Imaginemos, aunque es mucho imaginar en un fanático, que Torra asumiese que la ruptura unilateral ha resultado un callejón sin salida y que el único modo de defender sus ideas es a través del cauce constitucional, como hizo Ibarretxe. No sería nada raro. En realidad es lo civilizado y normal en toda democracia reglada: la líder escocesa, Nicola Sturgeon, es tan separatista como Torra y Junqueras, pero jamás se le ocurriría saltarse a la torera los arreglos constitucionales para intentar proclamar la independencia a la brava, como ha ocurrido en Cataluña. Si la Generalitat pusiese en suspenso el «procés», Cataluña comenzaría a beneficiarse al día siguiente. Sus grandes firmas retornarían. El guerracivilismo que lastra la convivencia y encabrona las discusiones familiares se mitigaría. La comunidad volvería a parecer un destino interesante para el capital, que hoy escapa de un lugar donde unos iluminados amenazan con desgajarse traumáticamente de un gran país del primer mundo.

Otro tanto sucede en el Reino Unido. El carajal del Brexit resulta descorazonador. La fuga de firmas desde la City a Frankfurt y París es un hecho. La divisa se ha devaluado, encareciendo la bolsa de la compra y las vacaciones-bicoca en el continente. El capital global ya no aspira a instalarse en Londres, sino a escapar de Londres. La sociedad está rota y envilecida por un debate cansino y estéril, que enfrenta a jóvenes (europeístas) con sus abuelos (brexiteros), a los más formados (europeístas), con la Inglaterra deprimida, que ha elegido a Bruselas como chivo expiatorio de su decadencia. El sector inmobiliario se ha pegado un costalazo (basta con ver los escaparates de las inmobiliarias). El PIB ha pasado de crecer un 0,7% trimestral a solo un 0,1%. Mañana May llevará al Parlamento su acuerdo de salida. Los politólogos vaticinan que perderá. Se habla incluso de un golpe parlamentario para despojar al Ejecutivo de la iniciativa legislativa y entregársela a los Comunes, que pasarían a dirigir el Brexit. John Major, aquel primer ministro tory hijo de un trapecista de music-hall, un tipo pragmático, pidió ayer abiertamente que se posponga la salida, prevista para el final de marzo, y se convoque otro referéndum, que dé a elegir al pueblo entre el acuerdo de May o seguir como miembros plenos.

A veces, de manera misteriosa, a pueblos antaño magníficos les da por asomarse a un acantilado... y saltar.

El okupa
David R  latribunadelpaisvasco.com 14 Enero 2019

El año 2018 nos dejó, y en lo político el fin de año nos ha dejado las peores imágenes en mucho tiempo que hemos tenido que visualizar los españoles, gracias al okupa y a su caterva de miserables acólitos que configuran una especia de peligrosa secta.

En Barcelona vimos cómo en un vergonzoso acto de genuflexión el okupa era recibido por el Quim Torra, en un acto que, excepto él, hasta en China interpretaron como una cumbre bilateral entre Estados; se lo había puesto muy fácil a los destructores de España, mientras tanto, a cien metros, en la principal calle de Barcelona, la Avenida Diagonal, los violentos hacían de las suyas con la ya habitual cobertura de la Generalidad y la inacción de los Mossos.

Al día siguiente, el okupa nos regaló un Consejo de Ministros que fue el colmo del disparate, porque para celebrarlo con un mínimo de seguridad, la que no tienen muchos catalanes, no es cierto que tuviesen que movilizar a 9.000 agentes, eso es falso y un nuevo insulto a la inteligencia de las personas que sabemos contar y que conocemos los entresijos de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de los dispositivos de seguridad: se movilizaron para este cometido más de 14.000 agentes de diferentes cuerpos, descontados los servicios habituales. El okupa es un mentiroso compulsivo.

Pero después de mostrar pleitesía al racista y de cenar con unos empresarios que le abuchearon, el okupa ya había desayunado, no con la mujer que ganó las elecciones en Cataluña, no lo hizo con Inés Arrimadas sino, como no podía ser de otra manera, con Ada Colau, la maestra de los okupas, ella misma veterana okupa y maestra y defensora de okupas. No es extraño que se lleven tan bien como para hacer esperar más de media hora a todos sus ministros siervos, porque de okupa a okupa la relación debe ser muy cercana y bonita, probablemente nuestra mentes no sean capaces de imaginar qué hablan entre sí dos okupas de éste nivel.

Pese a necesitar tan amplísimo y costoso dispositivo, su secta insistió en decirnos que todo se había producido con normalidad, en un ambiente de normalidad dentro de un entorno de normalidad: más de 14.000 agentes movilizados, más de 80 heridos, de ellos 35 agentes autonómicos, 1 de cada 3 tiendas del centro de Barcelona (una de las ciudades más importantes de Europa) cerradas por miedo a la violencia, las principales vías de comunicación cortadas (C-58, B-23, C-31, C-32, etc.), 23 tramos cortados y por supuesto la AP-7, de la que hace tiempo se apropiaron los CDR, que cabe recordar que es la vía principal del corredor mediterráneo. Tanta era la normalidad que los ciudadanos decidieron no circular por la ciudad con sus vehículos y que remitiéndose a los hechos los CDR ahora se autodefinen como "los ingobernables", y tienen razón porque están fuera de control.

En la Comunidad Autónoma Vasca sabemos de estos extremos.

No pasa nada, el okupa se regala unas vacaciones en Canarias que nos cuestan a los españoles más de 40.000 euros al día, incluido un aberrante blindaje de los gastos personales que genera su mujer, a los que a partir de ahora no tendrán acceso ni los ministros ni el Congreso, gastos que han quedado más blindados que los mismísimos fondos reservados. No le basta con vivir de okupa en un palacio (de La Moncloa) con más séquito que un monarca, siempre quiere más, los españoles tenemos mucho dinero para que él y su mujer se lo gasten en lujos y asuntos privados.

Es absurdo pretender que la Fiscalía actué contra el okupa por la presunta comisión de múltiples y constantes delitos, algunos de ellos de difícil calificación, pero que afectan a muchos millones de personas. Pero desde estas líneas pido a quién tenga el poder suficiente que promueva acciones legales contra este personaje porque motivos jurídicos sobran, y si bien es cierto que en este país no disponemos de un procedimiento de ‘impeachment’ también lo es que nuestro código penal permite acciones contra cualquier ciudadano con la única excepción de Felipe VI.

Es hora de que el okupa sea denunciado, a los españoles nos está saliendo muy caro en muchos aspectos. Que personas históricas de su propio partido (que también está destruyendo) digan que "está haciendo bueno a Zapatero" es sorprendente, que señores históricos como Redondo no paren de insistir en la peligrosísima acción del okupa para España y para el PSOE es más que significativo. Y que el señor y caballero Múgica tenga que pedir la baja del partido, y no se produzca ni un solo apoyo por parte del Okupa, da la razón al más sumiso, o debería.

Desde su supina ignorancia, se queda tan agusto renombrando el aeropuerto de El Prat, que mantenemos todos los españoles con nuestros impuestos y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero ponerle el nombre de una persona que firmó muchas penas de muerte y proclamó la independencia de una parte de España es una barbaridad, y pensar que eso contenta a los que ahora quieren hacer lo mismo que hizo Compayns en 1934 es ser un ignorante.

Alerta Borroka'
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS Libertad Digital 14 Enero 2019

Este fin de semana se han producido toda clase de actos de violencia contra Vox, partido cuyo primer punto de acuerdo con el PP en Andalucía, aún no leído por los columnistas finos, es la defensa de la unidad nacional y del orden constitucional que, como en todas las Constituciones que España ha tenido hasta la fecha, se basa en la soberanía nacional. No en la propia Constitución, tautología que pretende imponer la neocátedra mediática de patriotismo constitucional, no sé si por la exaltación moral que provoca en todo ciudadano tal o cual disposición transitoria, porque pretenden diseñar una patria sin patriotas, una nación por lo contencioso-administrativo que sancione como delito de género el sentir nacional y que, como ya satirizó inútilmente Larra, a España se le llame, con una mueca de hastío, Estepaís.

La mayor parte de las agresiones a Vox, en el terreno físico, han sido en Cataluña, pero en Zaragoza, donde ya un izquierdista asesinó a un señor por llevar unos tirantes con la bandera nacional, a un dirigente de Vox le han roto la nariz con un extintor. Susana Díaz e Izquierda Unida llaman a la "alerta antifascista" que proclamó Pablo Iglesias tras su fracaso electoral. Y como en 2002, cuando la izquierda temió perder por muchos años el poder y se echó a la calle hasta con la ETA, el PSOE se alinea con la extrema izquierda, incluidas todas las variantes de matonismo etarroide, con los CDR, las SA del catanazi Torra, a la cabeza. Los que pusieron a Falconetti.

Pero igual que la violencia etarra venía precedida por una campaña de señalamiento y criminalización política, y que el Pacto del Tinell fue alimentado en todos los medios nacionalistas y de izquierdas, la campaña contra Vox ha alcanzado un nivel de brutalidad mediática asombrosa. Una asociación feminista de periodistas de Castilla y León ha pedido a la Junta, mientras le rompían las narices con el extintor al de Zaragoza, que no ceda locales a Vox para actos políticos. Estas periodistas contra la noticia recuerdan al Gramma que insulta a los disidentes que, a continuación, los CDR cubanos apalean en sus actos de repudio. En su día, la demagogia sexista del caso de La Manada, inseparable del de Juana Rivas, llevó a una de sus asociaciones a llamarse Manada Antifascista. Ahora declaran la alerta borroka. Ni que fueran columnistas.

Manos manchadas
Rosa Cuervas-Mons gaceta.es 14 Enero 2019

Primero fue el ‘apreteu’ de Torra; después, la ‘alerta antifascista’ de Pablo Iglesias. Son las dos últimas -pero no las únicas- manifestaciones irresponsables de los líderes políticos enfadados con la libertad, con la ley, con el orden social.

Y son dos irresponsabilidades que han tenido ya consecuencias. Las hemos visto este fin de semana en forma de pintadas, amenazas de muerte y agresiones físicas. ¿El objetivo? Las mesas informativas de VOX; sus propios líderes, atacados, insultados y amenazados por los tontos útiles del separatismo y la izquierda radical, que dinamitan la convivencia social mientras disfrutan de una tarde de domingo en el salón con chimenea del chalet de la sierra o mientras preparan su última escapadita a Waterloo -gastos pagados- para trabajar por eso de la república.

Lo dijo el presidente de VOX, Santiago Abascal, tras escuchar la llamada de Iglesias a salir a las calles a ‘combatir al fascismo’: serán responsables de la violencia los que llaman a ella. Y lo son. Separatismo y extrema izquierda tienen las manos manchadas con la violencia de quienes han seguido al pie de la letra sus instrucciones. Y de toda esa violencia deben responder ante las urnas y ante la justicia. No todo vale… ni siquiera en política.

Comunidad Foral de Navarra
Barcos planifica la expulsión de la Guardia Civil de Navarra: 27 millones y 180 agentes forales más
Agustín de Grado okdiario 14 Enero 2019

El gobierno de Navarra ya sabe cuánto le costará prescindir definitivamente de la Guardia Civil y cumplir así la histórica aspiración del nacionalismo. A la policía foral sólo le quedan por asumir las competencias en seguridad para convertirse en un Cuerpo exclusivo, como la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra.

La Guardia Civil tiene los días contados en Navarra si el próximo mes de mayo no se invierte la mayoría política. Una vez arrancadas al Gobierno socialista de Pedro Sánchez las competencias en Medio Ambiente, Tráfico y Seguridad Vial, a la policía foral sólo le quedan por asumir las competencias en Seguridad Ciudadana para alcanzar el estatus de la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra. El ejecutivo que preside la nacionalista Uxue Barcos tiene hechos los deberes para cuando ese momento llegue: necesitará 180 agentes más y 27 millones de euros para pagarles.

El plan director de la Policía Foral 2016-2020, elaborado en virtud del acuerdo que Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra alcanzaron para gobernar Navarra, evalúa, cuantifica y presupuesta el modelo policial de exclusividad. Es el escenario más ambicioso de los tres contemplados por el plan, dado que en la actualidad sólo el País Vasco y Cataluña disfrutan de policía propia. Y, por supuesto, el modelo al que aspira la coalición nacionalista gobernante.

La policía foral de Navarra cuenta en estos momentos con 1.050 agentes. La asunción de las competencias de Tráfico, Seguridad Vial y Medio Ambiente pactadas por Barcos con Sánchez conllevará, según el plan director, que el Cuerpo deba incorporar 109 agentes más. Se necesitarán 180 policías más cuando la seguridad ciudadana pase a ser responsabilidad exclusiva del gobierno navarro.

Llegado ese día, la Guardia Civil y la Policía Nacional prácticamente habrán desaparecido de Navarra, consumándose una reivindicación histórica del nacionalismo y el separatismo vasco. Sus labores pasarán a ser residuales: fronteras, antiterrorismo, expedición del DNI y poco más. Es lo que en la actualidad ocurre en el País Vasco y en Cataluña, con la Ertzaintza y los Mossos funcionando como policías bajo mando directo de sus respectivos gobiernos autonómicos.

El gobierno navarro ha cuantificado la incorporación de los 180 agentes necesarios para garantizar la seguridad ciudadana: 27 millones de euros. Previamente, el gobierno foral habrá debido incorporar los 109 agentes (17 millones) para las recién asumidas competencias en Medio Ambiente, Tráfico y Seguridad Vial.

El plan es abastecer al Cuerpo con ofertas públicas de empleo, pero no se descarta reconvertir en forales a los guardias civiles y policías nacionales sobrantes mediante la activación de una “pasarela” que permita a los agentes interesados mudarse de un Cuerpo a otro.

El plan director advierte, no obstante, que deberán realizarse análisis estratégicos más detallados sobre el despliegue territorial (revisión de emplazamientos de algunas comisarías, construcción de otras nuevas, etc) que podrían redundar en otros esfuerzos presupuestarios.

Transparencia oculta el informe sobre el adoctrinamiento en libros de texto catalanes
Rechaza el recurso de un abogado de Plasencia que persigue que el documento, de "gran interés público", salga a la luz.
El Gobierno cambia de criterio e investigará el adoctrinamiento en los libros de texto de los escolares catalanes.
El adoctrinamiento independentista llega a las asociaciones de madres y padres de colegios públicos.
Carmen Lucas-Torres cronicaglobal 14 Enero 2019

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo dependiente del Gobierno de España y encargado de promover la transparencia de la actividad pública, niega el acceso a un documento oficial sobre el adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña.

El texto, elaborado por la Alta Inspección del Estado, fue encargado por el anterior Ejecutivo, pero ni el Ministerio de Educación del Gobierno de Rajoy ni el de Sánchez han querido hacerlo público.

A pesar de ello, se sabe que en el informe, donde se analizan 102 libros de Geografía, Historia y Lengua Catalana de Bachillerato, Primaria y Secundaria, los expertos afirman que algunos de estos manuales utilizados en las aulas catalanas "incitan al separatismo" y "contravienen la Constitución".

El pasado 17 de septiembre, tras la publicación en medios de comunicación catalanes de parte del contenido del informe, la ministra Isabel Celaá explicó en una rueda de prensa las razones del Gobierno para mantenerlo en secreto: lo encargó el Ejecutivo anterior, no sabe quiénes fueron sus autores y tampoco la metodología que utilizaron. "Dada la falta de rigor de los textos -afirmó Celaá ante los medios de comunicación-, el Gobierno no puede asumir su contenido ni los hará públicos, como tampoco los asumió ni hizo públicos el Ministerio anterior, que fue quien los encargó".

La batalla de un abogado extremeño
Ante tal negativa, un día después, el 18 de septiembre, el abogado de Plasencia (Cáceres) Isaac Ibáñez García presentó ante el Ministerio de Educación una solicitud de acceso al informe al amparo de la Ley de Transparencia de 2013, como puede hacer cualquier persona ateniéndose a su derecho a acceder a la información pública.

El Ministerio inadmitió su solicitud porque consideró que el documento "contiene opiniones personales de los autores" y "no se trata de un informe preceptivo". "El documento no tiene relevancia para conformar la opinión del Ministerio sobre este asunto ni se ha incorporado como motivación de una decisión final", contestaba el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ateniéndose también a la Ley de Transparencia.

Tras la negativa del Ministerio, Isaac Ibáñez presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -paso previo a la presentación de un recurso contencioso administrativo ante los Juzgados Centrales- alegando que el informe tiene "un evidente interés público que justifica la publicidad o el acceso al documento". En dicha reclamación recordó que otro documento de similar contenido sí ha sido publicado. Se trata del informe El pluralismo en las escuelas de Cataluña como garantía del no adoctrinamiento, del Síndic de Greuges de Cataluña.

El pasado viernes, 11 de enero, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno también denegó el acceso al documento. Sus razones, que el documento tiene una naturaleza auxiliar y que las competencias en materia de Educación corresponden a las comunidades autónomas.

Así se expresó en la desestimación de la solicitud, firmada por el subdirector general de Transparencia, Javier Amorós: "Dicho informe es más un instrumento de gestión interna y de toma de contacto con la realidad educativa en un determinado territorio español que información relevante para el proceso de toma de decisiones, que finalmente no han tenido lugar, especialmente cuando las competencias en materia de educación corresponden a las Comunidades Autónomas".

Una explicación que no ha convencido al solicitante, que considera que tanto la decisión del Ministerio como la del Consejo "suponen un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información".


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