AGLI Recortes de Prensa   Sábado 26  Enero 2019

El PP y el adiós de Bauzá
Cristina Losada Libertad Digital 26 Enero 2019

José Ramón Bauzá, que presidió el Gobierno autonómico balear entre 2011 y 2015 y era ahora senador, acaba de anunciar que deja el Partido Popular porque es un partido al que, a nivel regional, le resulta imposible votar. Su carta de despedida explica bien las razones de su adiós. Expone las propuestas y declaraciones de dirigentes del PP balear sobre política lingüística con las que no está de acuerdo y que revierten, además, las reformas que hizo él mismo cuando fue presidente. Pero sería una simplificación indebida decir que Bauzá se marcha por la política lingüística del nuevo PP balear, que prácticamente es un calco de la que están aplicando socialistas y nacionalistas.

La política lingüística no es sólo política lingüística. Es un error extendido y persistente reducirla a una política sectorial de efectos limitados. Las medidas que persiguen la exclusión del idioma español en las comunidades donde se hablan dos lenguas afectan a algo más que a determinadas pautas en la enseñanza, la Administración, la función pública, la esfera política y otros ámbitos que van en aumento. Su objetivo tampoco consiste en establecer y garantizar la igualdad, puesto que si así fuera no proscribirían ni estigmatizarían el idioma español, al que tratan como a una lengua impropia, que no pinta nada allí. Lo que pretenden y lo que promueven esas medidas contra la lengua común es debilitar todo lo que es común a los españoles y su propia identificación como españoles. Por eso la política lingüística excluyente es viga maestra de los proyectos separatistas.

De todo esto, el Partido Popular no ha querido saber nada. Nunca. En las autonomías donde se hablan dos lenguas, los populares han seguido la senda que abrió Pujol con su inmersión hace muchos años. Lo han hecho como si la lógica de esa política, perfectamente coherente con la lógica del separatismo, fuera inocua. Hay excepciones raras, como el propio Bauzá. Y no faltan las excepciones ocasionales: cuando están en la oposición profesan un gran respeto y amor por la libertad lingüística, pero ese respeto y aquel amor decaen en cuanto llegan al poder. Entonces vuelven a la senda y al consenso de la exclusión en el que ya estaban antes. Lo aplican con más manga ancha, pero lo aplican. Es la historia que se repite.

En su carta, Bauzá cuenta cómo el PP balear calificó de "errores ideológicos propios de extremistas" sus reformas de la normativa lingüística. Cómo ese PP defiende que el idioma catalán sea requisito sine qua non para el acceso a la función pública. O cómo se negó a enviar representación a la gran manifestación contra el golpe separatista del 8-O en Barcelona alegando que "no interesa la foto" y no hay que "meterse en esos líos". Líos. Pero quien tiene el lío es Pablo Casado. Bauzá lo apunta certeramente en su carta:

¿Cómo es posible que la dirección nacional del PP defienda en sus discursos hasta la aplicación indefinida del 155 en Cataluña mientras permite y potencia que en su propio partido se defiendan las mismas políticas que consideramos aberrantes cuando las promueven otras formaciones políticas?

La respuesta, ésta sí, es simple: Casado puede defender la aplicación a perpetuidad del 155 en Cataluña porque no está en el Gobierno. Y permite que ramas autonómicas de su partido asuman parte del marco ideológico del nacionalismo disgregador porque es lo que han hecho siempre. El Partido Popular está acostumbrado a esa disonancia, sí, pero hoy es mayor que antes. Ahí está Casado, predicando su 155 indefinido, y allí está una aspirante a candidata del PP balear diciendo que le avergüenzan las cargas policiales del 1 de octubre, y que manda mucha fuerza al pueblo catalán en su lucha. Por un lado está Casado con una defensa vehemente de España y lo español y por otro, los PP autonómicos promoviendo la exclusión del español en todos los ámbitos posibles. La disonancia canta cada día más. A este paso, será insostenible.

Dicen en Génova que la marcha de Bauzá es mala noticia. Pero las malas noticias sólo acaban de empezar.

El pulso letal
La vergonzosa actitud europea ha ayudado ya a Maduro
Hermann Tertsch ABC 26 Enero 2019

Lo peor de la vergonzosa actitud de la UE ante los acontecimientos en Venezuela es el balón de oxígeno que ha supuesto para el dictador Nicolás Maduro. Es imperdonable y causará un daño permanente a la UE. La posición europea, cabe sospechar que bajo nefasta y deplorable influencia del gobierno español, ayuda objetivamente al régimen narcocomunista. Incluida esa mafia de generales que el régimen puso a la cabeza de los ejércitos mientras encarcelaba y perseguía a todo general no corrupto. La siniestra junta solo apoyó a Maduro tras verse las fisuras en la comunidad occidental. Entre la firme postura de Washington, Canadá y la mayoría de países iberoamericanos y las indignas tibiezas europea.

Juan Guaidó, presidente proclamado por la Asamblea Nacional, única institución legítima en Venezuela, tuvo que decir frases que no habría querido. «Este movimiento no se va a desinflar. Aquí nadie se rinde». En una actitud defensiva que debería haber sido más propia de los criminales que de los justos. Y volvió hablar de la amnistía para Maduro. Cuando las transacciones a cambio de derecho solo fortalece a quién quiere ganar tiempo. «Elecciones» pedía para Venezuela Pedro Sánchez, ya otra vergüenza nacional como Zapatero. Él, que se las niega a los españoles. Pedir elecciones en Venezuela con Maduro y el SEBIN en el poder es una broma canalla.

Europa ha debilitado a los demócratas y fortalecido a la dictadura. Este hecho innegable aumentará el desapego hacia la UE. Sus petulantes pretensiones de superioridad moral están lejos ya de sus conductas y decisiones. Todos dispuestos a condenar y atacar a un Orban o a Trump, porque discrepan de sus dogmas socialdemócratas. Pero tímidos y comprensivos con criminales comunistas que asesinan, aterrorizan y hunden en la miseria su país. Unaintervención del ejército para frenar la caída del régimen acabaría en matanza. La pedía el comunista Alberto Garzón en un tuit que después borró. Se comprende que los comunistas quieran un Tiananmen en Caracas. Terrible es que no se sepa con quién está la UE en este letal pulso.

IU, Podemos y Maduro: el comunismo de siempre
Malena Contestí okdiario 26 Enero 2019

Estamos pendientes de lo que pasa estos días en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional anunció que se hacía cargo de Ejecutivo del país apoyándose en los artículos de la Constitución 233, 333 y 350. Un artículo que faculta a todo ciudadano, investido o no de autoridad, el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia si la Carta Magna fuese violentada. Un acto del que la oposición acusa a Maduro, por supuesto. Su forma de Gobierno, dicen los venezolanos, se compone de actos violentos, sometimiento, empobrecimiento del pueblo y constante violación de los derechos humanos. El Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio coincide y pidió al Parlamento activar el artículo. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también pidió que se use este mecanismo porque alega que el camino de la democracia debe ser la democratización a través del artículo 233, valga la redundancia.

Y esto es lo que pasa. Un pueblo que tiene que estar buscando comida hasta en las calles, no hay medicamentos, no hay amparo de ningún tipo. Sólo represión. 200 opositores políticos que opinaron en contra del régimen en público están encarcelados. Otros tantos jóvenes asesinados por manifestarse y suma y sigue cada día. El pueblo venezolano no puede más que huir o luchar por sobrevivir. Nos están matando, dicen sus pancartas. Y ahora la Asamblea Nacional, por fin, ha cogido valor para proclamar una salida, quizá la única y se llama Juan Guaidó. Éste se ha hecho cargo del mandato gubernamental venezolano amparado legalmente bajo la Carta Magna para conseguir llevar a su país unas elecciones verdaderas, convocando unos comicios para una transición real que les lleve a la democracia y, en el plazo de un mes, tener la oportunidad de cambiar las cosas.

La respuesta de Maduro ha sido –textualmente–: “Aquí no se raja nadie, aquí no se rinde nadie. Aquí vamos al combate”. El dictador se ha visto apoyado aquí en España por IU y Podemos. Garzón ha dicho que “ojalá fracase el intento para que se preserve la paz en Venezuela”. Pero, ¡qué dice este señor! Y lo califica, además, como la derecha golpista antirrevolucionaria. Alberto, tú y los tuyos sois unos sinvergüenzas. Vosotros, junto a Morales, Díaz Canel, entre otros, sois los únicos que apoyáis esta barbaridad y, la verdad, no sé cómo no se os cae la cara de vergüenza. Vuestra ideología se compone del fracaso, a la miseria o a la dictadura. A eso le llamáis libertad del pueblo y revolución. Y eso, sólo es el comunismo, una gran mentira.

Pero como dice Garzón en su libro “es fundamental sostener la posición leninista”. Sí, Alberto, 80 millones de muertos históricos, pero eso da igual, ¿verdad? Seguid levantando el puño y cantando vuestras canciones, contando vuestras falacias e ignorando la realidad. Yo le digo a los venezolanos, a los hermanos hispanos, no os rindáis. Que aunque tengamos un Gobierno en España con Pedro Sánchez y sus socios que, por el momento, no quieren reconocer al nuevo presidente para retrasar los apoyos, el resto de españoles estamos con vosotros y deseamos la victoria del pueblo venezolano, del pueblo de verdad. Desde España ánimo y fuerza.

El morro de Felipe González
Juan Manuel de Prada ABC 26 Enero 2019

Afirma Felipe González con gran desfachatez que Venezuela vive «una catástrofe sin precedentes». Pero lo cierto es que cuando él gobernaba, allá por febrero de 1989, Venezuela vivió una catástrofe todavía mayor, el nefando «caracazo», una revuelta popular salvajemente reprimida por el presidente socialista Carlos Andrés Pérez que dejó un saldo pavoroso de muertos y desaparecidos. González y Pérez eran amigos íntimos y juntos perpetraron las trapisondas más sórdidas: así, por ejemplo, el desembarco triunfal de Prisa en Venezuela; así, la venta a precio de saldo de Galerías Preciados (que acababa de ser expropiada por el Estado, en el latrocinio de Rumasa) al empresario venezolano Gustavo Cisneros, que en la reventa obtendría unas desvergonzadas plusvalías de miles de millones de pesetas.

Estas trapisondas se desarrollaban en un marco más amplio de privatización de empresas públicas y sometimiento a las consignas neoliberales que los socialistas González y Pérez ejecutaban con fervoroso entusiasmo. Así fue como Felipe González destrozó los sectores primario y secundario de nuestra economía, mientras sus amiguetes se forraban repartiéndose los despojos. En Venezuela todo fue mucho peor todavía, porque a la adopción de estas políticas que favorecían el enriquecimiento de los amiguetes se sumaron los terribles ajustes decretados por el Fondo Monetario Internacional y una corrupción rampante que dejaba chiquita (¡y ya es decir!) la propiciada por el régimen felipista. Todo este expolio desmelenado fue el que provocó el «caracazo», tan bestialmente reprimido por Carlos Andrés Pérez. Por supuesto, Felipe González no hizo entonces ni la más leve censura a su compinche, que siguió amasando millones de dólares y favoreciendo a sus amiguetes (y a los de su compinche Felipe González), mientras el pueblo venezolano languidecía en la miseria.

Carlos Andrés Pérez siguió contando con Felipe González como máximo valedor, hasta que el Congreso lo obligó a dejar la Presidencia en 1993, para que fuese juzgado por corrupción. El fallido pronunciamiento militar de 1992, en el que participó Hugo Chávez, así como el posterior triunfo del chavismo, resultarían por completo incomprensibles sin la previa devastación perpetrada por Carlos Andrés Pérez, que no vaciló en rapiñar la inmensa riqueza nacional, condenando a la pobreza a una mayoría de venezolanos, que acabarían siendo pasto fácil de la demagogia y el revanchismo.

Y todas aquellas fechorías perpetradas por Carlos Andrés Pérez que darían alas a la revolución bolivariana fueron auspiciadas y aplaudidas por Felipe González, que favoreciendo a sus amiguetes con concesiones en Venezuela hacía aborrecible a los ojos de muchos venezolanos todo lo que viniese de la «Madre Patria». Así, por culpa de Felipe González, España perdió el ascendiente que, por motivos de hermandad, debería haber mantenido sobre la política venezolana, resistiendo las mutaciones de regímenes y gobiernos. Y la asunción por parte de los sucesores de Felipe González -con el nefasto Aznar a la cabeza-de las tesis neocones hizo que España renunciase al papel protagonista que le correspondía por obligación histórica, aceptando un papel indecoroso y lacayuno de sumisión a los EE.UU. Así, España se incapacitó para corregir la deriva tiránica del régimen bolivariano, perjudicando al pueblo venezolano, cada vez más hundido en la miseria. Pero nada de esto habría sido concebible sin la connivencia repulsiva de Felipe González en la rapiña de Venezuela. Que ahora este gran apóstol del «socialismo de amiguetes» pretenda dar lecciones resulta perturbadoramente vomitivo.

Venezuela, el mayor robo organizado de la historia
Daniel Lacalle elespanol 26 Enero 2019

“What are you fat cats doing anyway? Spend my money and flush it down the drain”. Nikki Sixx.

Mucho se ha escrito sobre el desastre económico perpetrado por el chavismo en Venezuela. La magnitud del mismo es simplemente difícil de igualar. Un triste ejemplo mundial de cómo destruir un país rico.

El error que muchos cometen es pensar que ha sido una combinación de incompetencia e insensatez. Y se equivocan. El chavismo ha llevado a cabo el mayor robo organizado de la historia, y lo ha hecho con un plan perfectamente diseñado. Expropiar la riqueza de todo el país para beneficio de unos cuantos líderes chavistas vía expolio, destrucción de moneda y descapitalizacón de la petrolera estatal

Lo que le ha ocurrido a Venezuela no es un desastre o una casualidad, es socialismo.

Primero, citemos las mentiras del narco-régimen:

El inexistente bloqueo. Estados Unidos es uno de los mayores socios comerciales de Venezuela. El comercio entre Estados Unidos y Venezuela en 2018 creció más de un 9%. Venezuela tiene acuerdos bilaterales vigentes y operativos con más de 70 países. El chavismo, igual que el régimen de Castro en Cuba, manipula llamando bloqueo a las sanciones a los miembros del régimen y al uso fraudulento de los fondos del país. El único bloqueo que sufre Venezuela es el del chavismo contra sus ciudadanos.

La inexistente excusa del petróleo. Venezuela es el único país de la OPEP en depresión económica e hiperinflación. Todos los países productores de petróleo han adaptado sus economías sin caer en el destrozo económico y la pobreza generalizada creada por el chavismo en Venezuela. ¿Se olvidan que Chávez dijo “póngame el precio del petróleo a cero y aun así Venezuela no entra en crisis”? No hizo falta, Venezuela dilapidó los ingresos petroleros recibidos durante la primera década con Chávez, cuando el crudo subió exponencialmente, y destruyó todo atisbo de riqueza posteriormente.

El verdadero golpe de Estado. El que perpetró Maduro cuando manipuló unas elecciones cuyo resultado no fue reconocido por la mayoría de países occidentales, con un totalitario proceso constituyente cuya votación no reconoce ni la empresa a cargo del sistema de votación (Smartmatic). El chavismo se ha valido de instrumentos aparentemente democráticos para amordazar a la Asamblea Nacional y perpetuar a Maduro en elecciones fraudulentas.

A estas mentiras se añade la de los defensores extranjeros que dicen que Venezuela no es verdadero socialismo. Si algo ha caracterizado al chavismo ha sido aplicar a rajatabla las recomendaciones y políticas socialistas, ataque sistemático en contra del derecho de propiedad que se estableció en el Plan Socialista de la Nación 2007-2013: expropiar empresas, utilizar la caja de las empresas estatales para fines políticos, imponer precios intervenidos e imprimir moneda masivamente.

Primer robo: las empresas. El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice) calcula que más de 2.500 empresas han sido expropiadas por el Gobierno chavista. De esas empresas, la inmensa mayoría están en quiebra y han sido arrasadas por la gestión socialista. La ONG Transparencia Venezuela, en su informe Empresas propiedad del Estado en Venezuela, califica de “pésima” la gestión de las empresas expropiadas usando criterios ideológicos y políticos: “En vez de aumentar la producción, la ha disminuido”.

Segundo robo: la descapitalización de PdVSA. En 1998, PdVSA producía 3,5 millones de barriles al día, hoy no llega a 1 millón. Mientras tanto, el Gobierno multiplicó los empleados, despidiendo a muchos excelentes ingenieros venezolanos y llenando la empresa de políticos afines, pasando de 25.000 empleados en 1998 a 140.000 en 2017.

PdVSA pasó de ser una de las petroleras más eficientes e importantes del mundo a un desastre al borde de la quiebra. De sus estados financieros se desprende que el Gobierno asaltaba hasta 12.000 millones de dólares en algunos años para financiar gasto político, destruyendo la caja y el futuro de la empresa. Un dinero que ha desaparecido en una red de intereses clientelares y cuentas offshore de los dirigentes chavistas. Brutales aumentos de costes, empeoramiento espectacular de producción, márgenes y expolio de la caja para pagar subvenciones al chavismo llevaron a la empresa a endeudarse en más de 34.000 millones de dólares, después de haber sido una de las más rentables y con mejor balance del mundo.

Tercer robo: los ahorros y salarios. La inflación, el impuesto de los pobres. “Imprimir moneda para el pueblo no causa inflación”, repetían los asesores económicos chavistas… Se ha aumentado la masa monetaria a razón de un 3.000% en un solo año, 2018, destruyendo el poder adquisitivo de la moneda.

La actuación es sencilla, la que siempre defiende el socialismo: El estado se lanza a aumentar gasto, subvenciones y empleo público imprimiendo moneda local pensando que los dólares llegan del cielo porque el Gobierno lo diga. Destruye su economía expropiando empresas, hundiendo la iniciativa privada e imponiendo unos precios intervenidos que no cubren el coste de producción por la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Se destruye todavía más, sigue gastando lo mismo en términos nominales y lo financia imprimiendo más papelitos sin valor mientras sus reservas se desploman. Esos papelitos valen cada vez menos y generan hiperinflación y pobreza.

Venezuela es hoy el país más desigual de Latinoamérica (ENCOVI, 2017) y uno de los más pobres. En 2014, la pobreza extrema era del 23,6% y en 2017 del 61,2%. La pobreza total superaba el 87% en 2017 (según estudio de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Simón Bolívar)

Durante la gestión de Maduro, no solo se ha llegado a la hiperinflación, que ya llega a un millón por ciento y el FMI estima que será de 10.000.000% en 2019. Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard, explicaba perfectamente la destrucción vía impresión de moneda: “Cuando Chávez llegó al poder, el dólar estaba a 0,547 bolívares (547 de los viejos). Cuando Maduro llegó estaba a 26 bolívares: 48 veces más caro. Ahora Maduro devaluó a 6.000.000, 231.000 veces más caro que como lo encontró y 11.000.000 de veces más caro que cuando llegó Chávez”. Así, tras varias subidas de salario mínimo en papelitos sin valor, dicho salario mínimo se ha quedado en menos de 17 dólares al mes. “Imprimiendo dinero para el pueblo”.

Europa en llamas: el manifiesto de los patriotas europeos
Europa está en peligro.
Bernard-Henri Lévy* elespanol 26 Enero 2019

Los populismos pueden hacer que las próximas elecciones europeas "sean las más calamitosas que hemos visto", advierten Bernard Henri-Levy y otros 29 intelectuales europeos.
Desde todas partes se levantan y suceden críticas, ultrajes y deserciones.

Terminar con la construcción europea, encontrar el "alma de las naciones" y renovar una "identidad perdida" que a menudo solo existe en la imaginación de los demagogos: ese es el programa común de las fuerzas populistas que se extienden por el Viejo Continente.

Europa está siendo atacada desde dentro por profetas malvados y borrachos de resentimiento que creen que llegó su hora. Está siendo abandonada en el exterior desde el otro lado del Canal de la Mancha y del Atlántico, por los dos grandes aliados que, en el siglo XX, la salvaron dos veces del suicidio. Está siendo presa de las maniobras cada vez menos disimuladas del amo del Kremlin. Europa como idea, voluntad y representación se está desmoronando ante nuestros ojos.

Y es en medio de este clima deletéreo en el que tendrán lugar, en mayo de 2019, las elecciones europeas que, si nada cambia; si nada llega a detener la ola que se hincha, fortalece y eleva; si no se manifiesta un nuevo espíritu de resistencia rápido en todo el continente, corremos el riesgo de que sean las más calamitosas que hemos visto: una victoria de los piratas; una desgracia para aquellos que todavía creen en la herencia de Erasmus, Dante, Goethe y Comenius; un desprecio a la inteligencia y a la cultura; y explosiones de xenofobia y antisemitismo. Un desastre.

Los firmantes de este manifiesto son de los que no se conforman con este desastre anunciado.

Son de esos patriotas europeos, más numerosos de lo que pensamos, a menudo resignados y silenciados, que saben lo que nos jugamos. Saben que estamos ante una nueva batalla por la civilización tres cuartos de siglo después de la derrota del fascismo y 30 años después de la caída del muro de Berlín.

Cuando el populismo ruge es necesario querer a Europa

Su memoria europea, la fe en esta gran Idea que han heredado; la convicción de que solo esta Idea tuvo la fuerza para elevar a nuestros pueblos por encima de sí mismos y su pasado guerrero; y que solo esta Idea tendrá la virtud mañana de conjurar la llegada del nuevo totalitarismo y el regreso sobre la marcha de la miseria propia de las edades oscuras. Todo esto les impide rendirse.

De todo esto nace la invitación a un movimiento.

De ahí sale este llamamiento a la movilización en la víspera de unas elecciones que se niegan a rechazar a los sepultureros.

Y de ahí esta exhortación para volver a encender las llamas de la antorcha de una Europa que, a pesar de sus fracasos, errores y, en ocasiones, cobardías, sigue siendo una segunda patria para todos los hombres libres del mundo.

Nuestra generación ha cometido un error.

Como aquellos garibaldinos del siglo XIX que repetían como un mantra su "Italia se fará da sè", hemos creído que la unidad del continente se dará por sí misma, sin voluntad ni esfuerzo.

Hemos vivido en la ilusión de una Europa necesaria, inscrita en la naturaleza de las cosas, que se consolidaría sin nosotros, por estar en el "sentido de la Historia".

Debemos romper con este providencialismo.

Es a esta Europa perezosa, privada de recursos y pensamientos a la que tenemos que decir adiós.

No tenemos otra opción.

Cuando rugen los populismos es necesario querer a Europa o fracasar.

Es preciso, mientras que amenace por doquier el repliegue soberanista, retomar la voluntad política o rendirse ante quienes imponen por doquier el resentimiento, el odio y su cortejo de pasiones tristes.

Es preciso desde hoy con urgencia que suene la alarma contra los incendiarios de almas que, desde París a Roma, pasando por Dresde, Barcelona, Budapest, Viena y Varsovia, juegan con el fuego de nuestras libertades.

Porque este es el desafío: detrás de esta extraña derrota de Europa que se perfila, detrás de esta nueva crisis de la conciencia europea, empecinada en todo lo que hizo grandes y honorables a nuestras sociedades, está el cuestionamiento de la democracia liberal y de sus valores.

*Estos son los 30 firmantes del manifiesto:

Vassilis Alexakis (Atenas)
Svetlana Alexievitch (Minsk)
Anne Applebaum (Varsovia)

Jens Christian Grøndahl (Copenhague)
David Grossman (Jerusalén)
Ágnes Heller (Budapest)

Elfriede Jelinek (Vienna)
Ismaïl Kadaré (Tirana)
György Konrád (Debrecen)

Milan Kundera (Praga)
Bernard-Henri Lévy (París)
António Lobo Antunes (Lisboa)

Claudio Magris (Trieste)
Adam Michnik (Varsovia)
Ian McEwan (Londres)

Herta Müller (Berlín)
Ludmila Oulitskaïa (Moscú)
Orhan Pamuk (Estambul)

Rob Riemen (Amsterdam)
Salman Rushdie (Londres)
Fernando Savater (San Sebastián)

Roberto Saviano (Nápoles)
Eugenio Scalfari (Roma)
Simon Schama (Londres)

Peter Schneider (Berlín)
Abdulah Sidran (Sarajevo)
Leïla Slimani (Rabat)

Colm Tóibín (Dublín)
Mario Vargas Llosa (Madrid)
Adam Zagajewski (Cracovia)

Vox y la izquierda
Pedro García Cuartango ABC 26 Enero 2019

Afirmaba Albert Camus que la necesidad de ser correcto suele ser la expresión de una mente vulgar. No estoy seguro de ello, pero creo que ser políticamente correcto implica una renuncia a la libertad de pensar.

Hoy la corrección política se ha impuesto en la sociedad española, de suerte que es imposible disentir de las posiciones dominantes en determinadas materias como la violencia de género sin que te tachen de machista, retrógrado o facha.

Reconociendo la gravedad del problema, no entiendo por qué las leyes establecen distintas sanciones penales para el hombre y la mujer por la misma conducta. Que el 99% de las agresiones procedan de hombres contra mujeres es un dato estadístico, pero ello no justifica que la norma sea más benévola con un sexo que con otro. Esa diferencia en la aplicación del Código Penal en función de la identidad lleva a crear un derecho a la carta, que en la práctica niega la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.

También la corrección política ha generado clichés negativos contra los toros, la caza, la pesca y el trato a los animales. A mí, por ejemplo, no me gustan los toros, pero me parece un acto de intolerancia prohibirlos. Hoy se exigen en algunos lugares casi los mismos requisitos para llevarse a un perro abandonado que para adoptar a un niño. Hay que tratar bien a todos los animales y resulta repudiable cualquier crueldad, pero no hay que olvidar que un can no puede tener los mismos derechos que una persona.

Otro estereotipo correcto políticamente es que uno se puede burlar de la religión o de los símbolos nacionales, pero si se trata de las banderas nacionalistas o de algunos de los tabús de la izquierda cualquier comentario crítico suscita el calificativo de franquista. Cuando los CDR han cortado autovías en Cataluña, han causado destrozos en el mobiliario urbano y han atacado las sedes de Ciudadanos, he oído a los independentistas reivindicar que eso era una protesta cívica.

Por eso me resulta sorprendente que haya gente que se lleve las manos a la cabeza por el crecimiento de Vox y sus favorables expectativas electorales. Lo verdaderamente raro es que no haya surgido antes un partido de estas características.

Dicho esto, no me gustan las propuestas de Vox ni creo que sus recetas puedan solucionar los graves problemas que tiene la sociedad española. Lo que sostengo es que este discurso de lo políticamente correcto y el sectarismo de la izquierda han contribuido a crear el caldo de cultivo en el que se ha desarrollado el partido de Abascal.

En lugar de hacer autocrítica por sus errores, Podemos y el PSOE persisten en presentar a Vox como una amenaza contra la democracia y predican aislar a sus dirigentes como apestados. Eso no hace más que darles más votos.

A Vox se le combate con ideas, con argumentos y no con un catastrofismo impostado que no resulta creíble y menos cuando, como ha hecho Susana Díaz, se recurre a estos clichés para intentar mantenerse en el poder.

Investiga "discriminaciones" en Cataluña
La ONU vigila el respeto a las minorías... en España
www.latribunadelpaisvasco.com 26 Enero 2019

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR) ha decidido enviar a España a Fernand de Varennes, un “relator” (“experto”) para que recorra varias comunidades autónomas “con el fin de detectar alguna anomalía en el tratamiento de las minorías”.

Según se informa desde la Asociación por la Tolerancia de Barcelona, el viaje encargado por la ONU “responde a ‘urgentes’ peticiones de los nacionalismos llamados periféricos, cuya ‘angustiosa’ situación de ‘opresión’ en uno de los estados más descentralizados del mundo requiere, al parecer, la vigilancia de las Naciones Unidas. Nuestras sospechas se transforman en certezas, cuando vemos que el relator Varennes tiene en agenda entrevistarse (en Cataluña y, de forma similar, en otras comunidades) con representantes de los grupos proclives al separatismo nacionalista”.

En una carta que el presidente de esta asociación ha enviado a Fernand de Varennes, la Asociación por la Tolerancia explica al “Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que sabemos que está en Barcelona entrevistándose con distintas asociaciones de carácter marcadamente nacionalista y con solo una no nacionalista (AEB) para evaluar el estado de posibles discriminaciones hacia minorías de distinta índole. La verdad es que nos preocupa que ese desequilibrio pueda llevar a conclusiones algo sesgadas y quisiéramos exponerle los puntos de vista de nuestra veterana asociación. Sabemos que su agenda ya está cerrada para hacernos un hueco a nosotros pero le rogamos encarecidamente que por lo menos se lea con atención esta carta”.

“Como usted quizás sepa”, prosigue el presidente de la Asociación por la Tolerancia, Eduardo López, “en Cataluña hay dos lenguas abrumadoramente mayoritarias: el castellano o español, lengua materna del 55,1% de la población, y el catalán, lengua materna del 31% (últimos datos sobre hábitos lingüísticos del Instituto de Estadística de Cataluña de 2013). Hay que subrayar el diferencial de 24 puntos a favor del español. Estas cifras dejan claro que el grupo minoritario en este caso es el de lengua catalana, pero es el que ostenta todo el poder y, por tanto, el grupo de los extraordinariamente favorecidos. Aquí se da la misma paradoja que se daba en Sudáfrica con los negros que, siendo mayoría, era el grupo minorizado y discriminado por carecer de poder y derechos. En este caso, es la comunidad hispanohablante la que merecería atención y estudio para determinar el grado de discriminación que padece”.

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El precio de una traición
Mikel Buesa Libertad Digital 26 Enero 2019

El nacionalismo y el socialismo se entrelazan una vez más en trasiegos de poder que dan lugar al olvido de quienes cayeron por la libertad.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha desvelado hace unos días cuáles son las contrapartidas del apoyo que el PNV le presta al doctor Sánchez para que pueda sostenerse en el poder. Esas contrapartidas son, sin duda, el precio de la traición que tal apoyo supuso a los compromisos que ese partido adquirió con Mariano Rajoy en el momento de aprobar los presupuestos del año pasado y, aparentemente, despejar el camino de la legislatura. No fue así porque, aprovechando el descrédito del PP y del propio Rajoy con ocasión de la sentencia del caso Gürtel, se cruzó por en medio la moción de censura en cuyo éxito fue crucial el deslizamiento del PNV para conceder la presidencia al PSOE. Se vio entonces que los vascos no son gente de fiar y que la palabra de un político vasco vale incluso menos que la de cualquier otro político, mesetario o periférico, porque los incentivos para su deslealtad son enormes.

En la exposición de Erkoreka puede encontrar el lector la expresión de esos incentivos. Se trata de un catálogo de 33 "competencias" que reclama el Gobierno vasco —parte de las cuales ya ejerce por su cuenta— para que se las transfiera, con su correspondiente presupuesto, el Estado en el plazo de un año. Los jeltzales y la Administración de Sánchez ya han acordado el calendario, de manera que en el curso de los próximos meses veremos desgranarse las decisiones gubernamentales para desprenderse de sus responsabilidades en favor de la Administración vitoriana.

En el catálogo hay de todo. Una buena parte de sus enunciados son mera retórica destinada a rascar un trozo del presupuesto estatal a fin de reducir aún más el cupo que ya se recortó, tirando de contabilidad creativa, tras la negociación de los vascos con Montoro. Otras tratan de completar el mapa de los servicios públicos que gestiona el Gobierno vasco, como los ferroviarios, la meteorología o el salvamento marítimo. Un tercer grupo promete introducir nuevas fisuras en la unidad del mercado español, como los seguros, el crédito y banca, el reconocimiento de títulos universitarios, los puertos y aeropuertos, la matriculación de vehículos, el transporte por carretera, las ayudas a la pesca o el mercado de valores. Hay también elementos que son una mera expresión del ejercicio del poder —y del reparto de puestos de relumbrón, naturalmente— como la participación en los consejos de las empresas públicas estatales y, en un ámbito completamente distinto, el régimen electoral municipal. Y queda, finalmente, la guinda del pastel: las prisiones.

Las prisiones son, en efecto, lo que más interesa políticamente al Gobierno vasco y, por eso, según ha señalado Erkoreka, le queda un "sabor agridulce" debido al hecho de que se han ubicado en el final del calendario. Ese interés tiene un solo nombre: ETA. Pues de lo que se trata es de dar el carpetazo final al incómodo problema de los presos terroristas cuando desde el fascio abertzale le recuerdan todos los días a Urkullu el sufrimiento de esos patriotas. Por eso, el Gobierno vasco ha diseñado ya una nueva política penitenciaria en la que se incluyen propuestas sobre el cumplimiento de las penas por los etarras —para que duren lo menos posible, naturalmente— y también un programa de reinserción social —porque a los héroes hay que darles ayudas, pues no son como los demás reclusos que salen de la prisión—.

No es raro, por ello, que entre las víctimas del terrorismo hayan saltado todas las alarmas, de manera que, como ha destacado Covite, cunde el temor a que se "ceda el derecho a la legítima justicia de las víctimas del terrorismo a los nacionalistas cuyo único objetivo es lograr la impunidad de los terroristas". En eso estamos. El nacionalismo y el socialismo se entrelazan una vez más en trasiegos de poder que dan lugar al olvido de quienes cayeron por la libertad. Y ahí se quedan sus deudos como unos apestados incómodos. Ya lo dijo hace mucho tiempo Albert Camus: "las víctimas se fastidian".

Españolazos
Miquel Giménez. vozpopuli  26 Enero 2019

Así nos sentimos la mayoría de catalanes según el CEO de la Generalitat. Gracias, separatistas.

Que las encuestas las carga el diablo es tan sabido como que dan los resultados que más agradan a quien las paga. Atendiendo estas dos cuestiones, el Govern de Torra debería incluir en esos pactos con Sánchez de los que no se nos está explicando nada, por cierto, contar con los buenos oficios de José Félix Tezanos, alquimista del CIS y en otros tiempos intelectual orgánico de la cosa socialista, sea lo que sea eso. Al menos, al PSOE las encuestas le dan unos éxitos que para sí los hubiera querido Napoleón mientras que, en cambio, el CEO catalán deja al Govern hecho unos zorros.

El último ha sido como para hacérselo mirar. Solo un 22’5 por ciento de los encuestados afirma sentirse catalán y nada más. De ochenta por ciento, mayoría social abrumadora, tot un país, nada de nada. Por el contrario, un setenta por ciento dice sentirse, en mayor o menor medida, español. Repetimos: español. Dentro de ese mayoritario grupo reina la sensatez, ya que un 41’2 se siente tan español como catalán. Uno se pregunta que habría pasado si los gobiernos neo convergentes se hubieran centrado en gastar la catarata de millones que destinaron al adoctrinamiento de las masas en cosas como sanidad o educación. ¿Serían tan españoles los catalanes, más, menos? Pues igual, porque aquí la gente lo único que se plantea es si va a poder pagar los plazos de la hipoteca y no si le emociona más una sardana que unas bulerías o la escudella es mejor que el caldo gallego. La gente no está por gilipolleces, porque el día a día es algo más que pasarse el día babeando ante una bandera. El catalán, según Pla, es un perfecto español al que le han dicho toda la vida que tenía que ser otra cosa. Y así nos ha ido, remataba el genio de Palafrugell. Aquí ha existido siempre esa pulsión y lo único que ha querido el catalán de a pie es que le dejasen ser español en su lengua, y poco más. O sea, que somos unos españolazos y quien lo dude que se acuerde del general Prim y sus voluntarios catalanes en la guerra de Marruecos.

Si algo ha hecho el separatismo desmadrado de los últimos años es despertar una conciencia de españolidad adormecida en Cataluña, bien por las políticas de ingeniería social de Pujol, bien por la complicidad cuando no colaboración de la pseudo izquierda acomplejada. Ahora la gente se muestra española sin complejos como, por otra parte, debería haber sido siempre, pasando de medios corrompidos por el lazo o de políticos aferrados con desesperación a sus prebendas.

La nota que el CEO otorga al Govern separatista es paradigmática. Si tanta mayoría social en pro de la independencia hubiera, el resultado no sería ese parco 4’6, que no llega ni al aprobado. El cero pelotero es bastante común entre los entrevistados, el quince por ciento, ojo. Más de la mitad de catalanes, un 53’1 cree que el gobierno de Torra no tiene ni idea acerca de como resolver los problemas del país, y solo un mísero 3’8 está convencido de que sí que los está resolviendo. Desconocemos si este porcentaje guarda relación alguna con las ventas de Ratafía, pero no sería nada extraño. Vamos, que ni los suyos, jartos de vino, bueno, de licor, se creen que lo que vivimos en Cataluña tenga el menor sentido ni propósito.

En una empresa privada, todos esos genios de guardarropía estarían ya de patitas en la calle porque sus resultados son desastrosos. Incluso para esos fines que dicen perseguir, aunque la trampa vaya descubriéndose incluso ante la mirada de sus acólitos que comprueban como pasan los días y aquí lo único que sucede es que los dirigentes viven espléndidamente a costa de fingir una lucha que jamás pensaron llevar hasta el final. No cabe aquí el tópico de quien se desengaña con su pareja diciéndole “Como has cambiado”, con tristeza irreprimible, porque estos siguen igual que siempre, instalados en sus torres de marfil de los barrios altos, atrincherados detrás de barricadas de legalismos y estupidez por parte del Estado y convencidos de ser infinitamente superiores a la plebe. Todas las mentiras acaban por caer desplomadas por el peso de la realidad, un peso mucho más grave y fatal que cualquier otro.

Y aunque todos tengamos presente que hay tres tipos de mentiras, a saber, las pequeñas, las grandes y las estadísticas, lo cierto es que sí marcan tendencias, indican por donde va la cosa y, a poco que uno sepa leer entre líneas, dan aviso acerca de lo inminente, lo posible, lo que va a suceder. Habida cuenta de todo esto, quizá Torra debería aprender flamenco, como ha aconsejado el abogado Cuevillas al fugadísimo de Bruselas. Quién sabe. A lo mejor en Bruselas están esperando a un abogado ex editor y ex cargo público fracasado. Cosas más raras se han visto.

Como que la mayoría de personas que vivimos aquí nos sintamos unos españolazos. Tengan presente esto quienes hablan despectivamente de “los catalanes”, metiéndonos sin distinción a todos en el mismo saco, separatistas y constitucionalistas. Sería de agradecer, porque tan peligrosos son los separatistas como los separadores.

El TSJC ordena a tres colegios catalanes preservar la identidad de las familias que piden educación bilingüe
Marina Alías vozpopuli.es 26 Enero 2019

Los magistrados piden al Departamento de Enseñanza que cambie el modelo lingüístico en tres escuelas para que los hijos de seis familias que defienden la educación bilingüe reciban el 25% de las clases en castellano

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado por primera vez a tres colegios catalanes preservar la identidad y la intimidad de las familias y los alumnos que han interpuesto recursos en defensa de la educación bilingüe, según informa la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y consta en un auto al que ha tenido acceso este diario.

Las resoluciones de los magistrados responden a las denuncias de seis familias que pedían más castellano para sus hijos en el colegio. Como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, la Justicia obligaal Departamento d Enseñanza a cambiar el modelo lingüístico de los centros que, en este caso, se ubican en Barcelona y Tarragona. Como novedad, los dictámenes judiciales incorporan la mencionada orden de salvaguardar la identidad de los alumnos.

El TSJC reitera en sus seis autos -que afectan a tres escuelas- la doctrina por la que se reconoce el derecho de los recurrentes "a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña".

La Generalitat deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán.

La orden de preservación de la identidad recoge la petición expresa de protección que han formulado las familias que defienden la educación bilingüe desde 2015

Los alumnos recibirán como mínimo el 25% de las clases en castellano. La resolución del TSJC obligará de esta forma a impartir un mínimo de 6,25 horas -de las 25 semanales- en castellano, lo que supone usar el castellano "además de en el área, materia o asignatura correspondiente a su aprendizaje, en otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal".

La orden de preservación de la identidad y la intimidad de los padres y alumnos que defienden la educación bilingüe recoge la petición expresa de protección que han formulado las familias desde los incidentes acontecidos en la ciudad de Balaguer en septiembre de 2015.

Ese año, una familia se vio obligada a abandonar el colegio de la localidad después de sufrir el aislamiento del profesorado, autoridades y vecinos de la localidad por haber pedido más castellano en la escuela.

En resolución de 22 de noviembre de 2016, el Síndic de Greuges se vio obligado a requerir al Departamento de Enseñanza que aprobara un protocolo destinado a proteger la intimidad de los niños cuyas familias solicitasen la educación bilingüe. Hasta la fecha este protocolo no ha sido elaborado y tampoco consta a la AEB que el Síndic de Greuges haya reiterado su petición.

En marzo de 2018, el TSJC dictó sentencia y reconoció el derecho de la madre denunciante "a que sus hijos reciban, junto con sus condiscípulos, una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular, fijando la presencia mínima del castellano en un 25%".

Argumentario contra la manipulación nacionalista de las lenguas
Desmontando 25 falacias sobre la imposición lingüística en España
Asociación Hablamos Español  latribunadelpaisvasco.com 26 Enero 2019

(Extracto del Informe sobre situación lingüística en España enviado a la ONU por la Asociación Hablamos Español) Documento íntegro
https://hispanohablantes.es/documentos/Informe_Final_Situacion_Hispanohablantes.pdf

1º.- Como mejor aprende un alumno cualquier materia no lingüística es estudiándola en su lengua. Estudiarla en una lengua diferente de la suya, le supone, inevitablemente, un doble coste de oportunidad: menor conocimiento de la materia en cuestión y menor dominio de su lengua, especialmente en su registro culto, y en lo que se refiere al vocabulario específico de la materia.

2º.- La única razón por la que a un alumno le podría interesar estudiar una materia en una lengua diferente de la suya es que tenga un especial interés en alcanzar un buen dominio de aquella lengua.

3º.- No existe un sólo país civilizado en el mundo, ya no digamos democrático, fuera del anómalo y aberrante caso de España, en el que a un alumno se le impida recibir toda la enseñanza en su lengua si ésta es la única oficial en todo el territorio nacional, y además hablada por cientos de millones de personas en el mundo, para obligarlo, siquiera en parte, a recibirla en una lengua que no es la suya y que además es muchísimo menos hablada en el mundo.

A este respecto merece la pena tratar el denominado modelo del “trilingüismo” o “plurilingüismo”, que no se aplica de manera generalizada en ningún país del mundo. La estafa pedagógica es desmontable con los argumentos expuestos en este argumentario. La estafa ideológica se debe a que no es más que una cortina de humo para no reconocer algo tan normal como es la libre elección de lengua. Se trata en muchas ocasiones de un sistema implantado con prisa y sin rigor. Se prefiere enseñar alguna asignatura en un idioma extranjero, habitualmente en inglés, aunque en muchos casos ni alumnos ni profesores estén preparados para ello. No importa que no se adquieran conocimientos en las mejores condiciones, muchos centros se aprestan a colgar an la fachada el cartel de Centro plurilingüe, aunque sólo se imparta una asignatura en inglés y sin garantías.

4º.- El registro culto de una lengua (CALP, por sus siglas en inglés), salvo en casos de familias muy especiales, sólo se aprende en la escuela, por lo que es sencillamente ridículo y falaz afirmar que el español “ya se aprende en la calle”, o viendo la televisión.

Nadie puede creer que en tales ámbitos un alumno va a adquirir el vocabulario específico de ciertas áreas de conocimiento y ciertas construcciones sintácticas y teóricas.

En el caso de la lengua escrita la falacia es todavía más clamorosa: la única manera de aprender a escribir correctamente una lengua es, precisamente, leyendo y escribiendo en ella, y fuera de la escritura de mensajes de los que se usan en WhatsApp, la inmensa mayoría de las personas en edad escolar, no escriben apenas nada que no esté relacionado con las tareas académicas.

5º.- Es un insulto a la inteligencia afirmar que un determinado alumno que reciba toda la enseñanza en una lengua regional va a tener igual o mayor dominio del español que si ese mismo alumno recibiese la enseñanza en esta lengua, sobre todo si es la suya o si tiene un conocimiento aceptable de ella. Es evidente que un alumno conocerá mejor una lengua cuanto más lea y estudie en ella.

6º.- Otro argumento falaz lo constituye la afirmación de que obligar a un alumno a recibir toda o parte de la enseñanza en una lengua regional provoca que el alumno tenga una mejor capacidad de aprendizaje de cualquier otra materia y sobre todo de otras lenguas diferentes del español.

El conocimiento de una segunda lengua facilita, en efecto, en mayor o menor grado, el conocimiento de una tercera lengua próxima a esta, y así sucesivamente; pero ello supone un gran esfuerzo y un coste de oportunidad. Debería permitirse que los alumnos pudiesen elegir qué segunda, tercera lenguas prefiere aprender; ya que si a una persona le interesa aprender, por ejemplo ruso, no tiene sentido estudiar previamente búlgaro con el argumento, y este sí que no es falaz, de que si sabe búlgaro, luego le será más fácil aprender ruso. Si le interesa aprender esta lengua, la aprenderá directamente.

7º.- En relación con el argumento anterior, ha de decirse también que cualquier actividad de tipo intelectual contribuye a desarrollar la mente y a ejercitarla. Nos es necesario que se trate del aprendizaje de una lengua. A este respecto es necesario insistir en que en los países más desarrollados y con mejores modelos educativos, la enseñanza usando dos o tres lenguas como vehiculares (los llamados modelos CLIL por sus siglas en inglés) es voluntaria y en absoluto generalizada: los alumnos cuya lengua es oficial en el territorio, sobre todo si se trata de la única oficial en todo el país, reciben la enseñanza en su lengua, y las otras lenguas las estudian como materia.

8º.- Las lenguas no sienten, no sufren, carecen de derecho alguno y de territorios, de la misma manera que éstos carecen de lenguas. Los nacionalistas manipulan el lenguaje y argumentan como si las lenguas fuesen seres capaces de sentir, de sufrir, de haber sido perseguidas y oprimidas y, sobre todo, como si fuesen objeto de derechos, sobre todo en el territorio en el que se generaron. Esto lo hacen, sobre todo, para provocar sentimientos de compasión en los más jóvenes, que desconocen que esa argumentación que apela a sus idealismo e inclinación a proteger a los más débiles, en realidad oculta los intereses políticos y económicos de ciertos partidos políticos y de los lobbis lingüísticos.

Sin la asunción de estos falaces presupuestos, toda la presunta legitimidad de este deplorable tipo de políticas lingüísticas se viene abajo, ya que no cabe hablar de, por ejemplo, lenguas en “situación de desigualdad”, lenguas que no “están en igualdad de condiciones”, y ya no digamos de afirmaciones como que una lengua tiene derecho a “ocupar el lugar que le corresponde en su territorio”. Las lenguas no tienen derechos ni necesidades, por sí mismas no le corresponde lugar alguno, y les da exactamente igual que las personas las usen más o menos.

9º.- La igualdad de derechos lingüísticos, está en que cada cual pueda ejercer la opción que le parezca mejor o mejor se ajuste a sus intereses, y a cambiarla a lo largo de su vida, ya que se trata de opciones compatibles en su ejercicio individual, aunque como consecuencia de ello, cada vez haya una que es ejercida menos por las personas. Los poderes públicos carecen de legitimidad para tomar como rehenes de una determinada opción a los ciudadanos, restringiendo o anulando el derecho de elección.

La igualdad de derechos lingüísticos nada tiene que ver con que las lenguas en cuestión sean utilizadas por igual por parte de la población, y respetándose los principios anteriormente expuestos, puede haber igualdad de derechos y que una de las lenguas sea utilizada por menos del 10 % de la población (caso del irlandés en Irlanda o del sueco en Finlandia).

10º.- El respeto al derecho de libre elección entre opciones compatibles en su ejercicio individual, es la manera de alcanzar la cohesión social de una manera democrática, mientras que obligar a todos a ejercer una determinada opción, aunque sea la mayoritaria, no es más que un acto de totalitarismo. Por supuesto, que los que defienden este tipo de políticas totalitarias en ciertas comunidades autónomas, restringiendo la libre opción por el español, bajo el pretexto de que es lo que prefiere la mayoría, serían los que de manera más ruidosa protestarían si en el conjunto de España, en aplicación de su argumento, se obligase a todos a recibir la enseñanza en español. Curiosamente son los mismos que se niegan sistemáticamente a que los padres sean preguntados sobre la lengua que preferirían como vehicular para sus hijos.

11º.- Se afirma por parte de los que se oponen a que, los que así lo deseen, puedan estudiar en español, que esta ha sido una lengua impuesta en ese territorio, a veces incluso de manera violenta. Al margen de las matizaciones que habría que hacer a esta afirmación, el caso es que, en el debate que nos ocupa son irrelevantes las razones por las que muchos de los residentes en ese territorio tienen como su lengua el español y desean recibir los servicios públicos en esta lengua. Justamente porque no son las lenguas las titulares de los derechos lingüísticos, y porque cerecen de territorio, no tienen derecho a “recuperar hablantes en su territorio”. Es decir, lo relevante es si a día de hoy hay personas que quieran recibir los servicios públicos en español, especialmente si ésta es su lengua. Y no hay poder público legitimado para determinar qué lengua ha de asumir una persona como suya: esto es algo que corresponde exclusivamente a cada persona.

12º.- Es evidente que todas las personas hablan una lengua “impuesta”, ya que ninguna persona lleva la lengua en los cromosomas. Todos adquirimos una lengua porque otras personas nos la “imponen”, especialmente en nuestra temprana infancia. Son los padres y el entorno familiar próximo los únicos legitimados para decidir qué lengua “imponen”, como materna, a sus hijos, y los poderes públicos carecen de legitimidad para modificar semejante elección, tomando a los niños como rehenes lingüísticos en las escuelas. En España, en muchas ocasiones, esto se hace, incluso en la etapa de Infantil.

13º.- Una falacia muy celebrada por los detractores de la libre elección de lengua en la enseñanza es que los alumnos deben conocer por igual las dos lenguas oficiales en el territorio en que las haya. También afirman que, como el español predomina en muchos ámbitos de la vida de los individuos – curiosamente, en los que el Estado no puede ejercer de manera tan eficaz su coacción – ha de hacerse predominar, e incluso usar de manera exclusiva, la lengua regional en la escuela y otros ámbitos.

Naturalmente, este argumento es falaz, ya que parte, una vez más, de que son las lenguas los sujetos de derechos, y que las dos han de ser conocidas por igual por toda la población. Es absurdo e inalcanzable que, de manera generalizada, los habitantes de un territorio conozcan por igual su lengua que otra que no es la suya. En España, además, es innecesario, ya que los ciudadanos de comunidades bilingües se entienden y muy a menudo ejercen un sano semilingüsimo. Un territorio se denomina bilingüe cuando hay dos comunidades lingüísiticas pero, obviamente, ello no implica que todos sus habitantes tengan que ser bilingües.

14º.- Más ridícula que la anterior, aunque conectada con ella, es la falacia que consiste en afirmar que si una persona no conoce las dos lenguas oficiales por igual, no es libre para escoger cuál prefiere usar. Se está confundiendo libertad nada menos que con capacidad. Imaginemos este argumento aplicado a otros ámbitos de la vida. Una persona que no es competente en una determinada lengua puede tener información sobre si le interesa aprenderla en mayor o menor grado antes de empezar a estudiarla, y por ello hay mayor demanda de aprendizaje de unas lenguas que de otras en el mundo. Es decir, la libertad de usar una lengua incluye la de aprenderla; si no, se estaría convirtiendo un derecho en un deber, y la libertad de usar una lengua en la obligación de aprenderla ¡Menudo concepto de la libertad!

15º.- Los poderes públicos reconocen como lenguas oficiales en un territorio aquéllas que sean las lenguas de una proporción apreciable de nacionales residentes en dicho territorio, y lo habitual en las democracias es que se permita a los ciudadanos elegir en cuál de las lenguas reconocidas como oficiales se relaciona la administración con ellos o les presta los servicios públicos. Y da igual donde se hayan generado las lenguas en cuestión, o las razones históricas por las que una determinada lengua es hablada por los habitantes de esos territorios. Una lengua oficial es aquella en la que los poderes públicos se avienen a relacionarse con los ciudadanos en el ámbito oficial, pero ese reconocimiento ha de ir regido por la realidad social y el fin de que los ciudadanos gocen del mayor grado de libertad posible, no por un absurdo “bienestar de las lenguas”.

16º.- En el ámbito privado, por definición, no cabe hablar de lenguas oficiales o de pretender que un particular, al relacionarse con otro particular, use una lengua en concreto.

17º.- Es absurdo no asumir que a un hablante promedio de una lengua muy hablada en el mundo no le interesa demasiado tener una alta competencia en una lengua poco hablada en el mundo, sobre todo si con los hablantes de ésta pueden comunicarse en la suya o en otra mucho más hablada. Por el contrario, a un hablante promedio de una lengua regional y poco hablada, suele interesarle mucho tener una alta competencia en una lengua mucho más hablada.

La mayoría de los holandeses o daneses tienen una buena competencia en inglés, mientras que es raro ver a un anglófono con buena competencia en neerlandés o danés. Ya no digamos si analizamos el caso de irlandeses anglófonos o irlandófonos, o de los suizos germanófonos o grisonófonos del cantón de los Grisones. Será muy difícil encontrar algún anglófono surafricano que prefiera recibir la enseñanza en una lengua bantú a recibirla en inglés, pero seguro que hay muchos ejemplos de hablantes de lenguas con muchos menos hablantes que prefieren recibir la enseñanza en inglés. No es una cuestión de mayor o menor aprecio, se trata de la utilidad que se aprecia en la utilización de esa lengua.

18º.- Que nadie se engañe, uno de los fines que pretenden los que se oponen a que los alumnos puedan recibir la enseñanza en español, es lograr que incluso los niños cuya lengua materna es el español, no se sientan seguros usando esta lengua, en muchos ámbitos de conocimiento, por no conocer suficientemente la terminología específica de ellos y sus construcciones sintácticas más o menos complejas. Claro que seguirán teniendo fluidez a la hora de expresarse oralmente en español en el registro coloquial, incluso más que en la lengua en que se les ha obligado a estudiar; pero la intención es la que es: crear una suerte de diglosia en el sentido inverso a la que ellos tanto critican que se produjo en tiempos pasados por parte de los hablantes nativos de las lenguas regionales. Se trata de un programa de ingeniería social, una verdadera planificación lingüística de la sociedad, propia de regímenes totalitarios, y que provocará serios daños en la enseñanza de muchos niños hispanófonos, y también en la capacidad de comunicación en español de muchos niños no hispanófonos, en contra de los deseos de sus familias, algo que no les beneficiará, sino todo lo contrario.

19º.- Otra de las falacias más burdas y deleznables de los que se oponen a la libre elección de lengua es acusar a los que la defendemos de “segregacionistas”. Es otra de las muchas manipulaciones del lenguaje de los detractores de la libre elección, ya que es ridículo equiparar la “segregación” a la libre elección entre opciones compatibles en su ejercicio individual, a no ser que se refieran a que cada cual se “segrega” a sí mismo. Imaginemos lo que supondría aceptar semejante argumento al campo de la práctica religiosa o en cualquier otro ámbito de la vida en el que existan diferentes opciones compatibles en su ejercicio individual.

Se trata de un disparate tan mayúsculo que supondría acusar a gobiernos de países como Finlandia, Noruega, Irlanda o el Reino Unido de permitir la práctica de semejante “segregacionismo”. Pero el colmo del ridículo es que sería acusar de “segregacionistas” nada menos que a personajes como Nelson Mandela o Desmond Tutu, ya que el primero implantó, tras el régimen del apartheid, y con el apoyo del segundo, un modelo de libre elección lingüística entre las lenguas oficiales de cada provincia (entre tres y cuatro). Segregar es un acto que alguien, por ejemplo, los poderes públicos, realiza sobre terceros, pero al margen de la voluntad de éstos e incluso en contra de la misma, y justamente para provocar una desigualdad de derechos.

20º.- Otra burda falacia es la equiparación del derecho a poder elegir la lengua vehicular con el derecho a no tener que cursar una determinada materia; es decir, que los padres puedan elaborar el currículo. Es evidente que se trata de dos ámbitos totalmente distintos; aparte de que, a partir de ciertos niveles, también los alumnos pueden elegir qué materias cursar y qué materias no cursar, dentro de un determinado espectro. Pero la prueba definitiva de que se trata de dos ámbitos diferentes es que en los países en los que los padres pueden elegir lengua vehicular, no tienen derecho a vetar que sus hijos cursen las materias que el currículo establece para alcanzar una determinada titulación.

21º.- En conexión con la falacia anterior, ciertos tribunales (¡!) han llegado a afirmar, que si se deja elegir a los padres la lengua vehicular en la que sus hijos reciben la enseñanza, los poderes públicos estarían incumpliendo su deber constitucional de elaborar una programación general de la enseñanza. Es evidente que, en el mejor de los casos, tales juristas estarían demostrando que desconocen que el adjetivo “general” lleva a reconocer el derecho, como ya hemos señalado, a partir de ciertos niveles, de que los propios alumnos configuren su currículo en cuanto a las materias que han de cursar. Pero la mayor evidencia de lo sorprendente de semejante afirmación, es que se estaría acusando, también, a los poderes públicos de países como Noruega, Finlandia, Irlanda, Eslovenia, etc., de incumplir un deber tan importante como el de elaborar una programación general de la enseñanza.

22º.- Otra de las falacias más celebradas por los que se oponen a que los demás puedan elegir una opción diferente de la que ellos prefieren, (porque de eso se trata), es hablar de la riqueza que supone que en un determinado territorio se hablen dos lenguas. No deja de ser una manipulación del lenguaje asumida por la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos españoles para justificar lo injustificable. Según estos postulados, si en lugar de hablarse dos lenguas, se hablasen tres, mayor riqueza, y ya no digamos cuatro, cinco o...trescientas. Qué gran riqueza tendrían los Estados Unidos si en cada uno de sus 50 estados se hablase una lengua diferente. Gran riqueza asimismo la existente en Camerún con más de 250 lenguas; riqueza que en este país conlleva a que los alumnos hayan de estudiar o bien en francés o bien en inglés, curiosamente, lenguas que no se generaron en el territorio de ese país.

Lo que es irrebatible es que, en el mejor de los casos, la existencia de dos lenguas en un territorio supone un gasto nada desdeñable si se quiere que rija una verdadera igualdad de derechos lingüísticos. En España, además de ese gasto (¿alguien se imagina el ahorro que supondría que todos los libros de texto estuviesen en España en una sola lengua?), hemos de asistir a que se restrinja de manera grave la libertad de opción lingüística de muchos ciudadanos, con la aplicación de políticas lingüísticas propias de regímenes totalitarios, que tratan de planificar lingüísticamente a la sociedad, poniendo a los ciudadanos al servicio de la conservación o fomento del uso de una determinada lengua. Para los únicos que supone una riqueza es para los que viven de este negocio de la restricción y de la planificación lingüística. La existencia de más de una lengua en un territorio no es en sí una riqueza, sino una realidad que hay que afrontar garantizando los derechos lingüísticos de sus hablantes en el ámbito oficial, con especial esmero en el de la enseñanza.

23º.- Siguiendo con el cúmulo de falacias de los planificadores lingüísticos, conviene ocuparse con la equiparación de la biodiversidad y de la diversidad lingüística. Es una falacia menos burda que la afirmación de que permitir que una lengua desaparezca o, más bien, deje de usarse, es equiparable a contaminar el medio ambiente. Estas manipulaciones parecen se basan en obviar que una persona no tiene derecho a deteriorar de cualquier manera el medio ambiente, o a acabar con la biodiversidad, porque estaría vulnerando el derecho de otras personas a que el medio ambiente no se deteriore y se mantenga la biodiversidad; mientras que el hecho de que unas personas prefieran utilizar unas lengua no impide que, los que así lo deseen, puedan usar otra, y si una deja de usarse porque las personas prefieren no usarla, no se vulnera derecho alguno, y moralmente es indiferente usar una lengua que otra.

Equiparar una lengua a una especie animal o vegetal es una una burda manipulación del lenguaje. Y a eso hay que añadir que se confunde una conducta de no realizar una acción (contaminar un río, por ejemplo), con una conducta de obligar a realizar una determinada acción (usar una lengua); es decir, equiparar una norma prohibitiva a una preceptiva, siendo las preceptivas mucho más restrictivas de la libertad que las prohibitivas, cuando, además, el hecho de que una persona use una lengua en nada perjudica a los que prefieren usar otras en sus derecho y libertades (otra cosa son sus “intereses”, pero “interés” y “derecho” son dos conceptos diferentes).

24º.- Lo realmente llamativo es que los que dicen estar en contra de que los padres puedan elegir la lengua en la que sus hijos reciban la enseñanza, simplemente mienten: por supuesto que a ellos les gusta poder elegir la lengua en la que estudian sus hijos; pero como son personas de ideología totalitaria, quieren imponer su opción a todos los demás. Si la mayoría de los españoles decidiese, mediante los cambios constitucionales adecuados, imponer como única lengua vehicular el español en toda España, entonces, como ya se ha dicho, veríamos a estos detractores de la libre elección de lengua poner el grito en el cielo y usar gruesas palabras. Y es que no sólo son totalitarios, sino que una parte de ellos son, desgraciadamente, verdaderos fanáticos, ya que si algo los caracteriza es no poder soportar el simple hecho de que otros puedan ejercer una opción diferente de la suya, pero compatible con ella. Y no nos olvidemos de los muchos que gana mucho dinero gracias a estas políticas restrictivas de la libertad.

25º 1.- Muchos detractores de la libre elección afirman que, según la doctrina del TC, la CE prohíbe que los padres puedan elegir la lengua en la que sus hijos reciben la enseñanza. Es un argumento falaz, ya que, como mucho, la doctrina del TC establece que de la CE no emana (directamente) tal derecho, pero que puede ser reconocido por Ley. Es decir, que el TC sostiene que, dado que no se reconoce expresamente tal derecho de elección en la CE, pueden ser – no tienen que ser – los poderes públicos los que determinen en qué proporción se usan las lenguas oficiales como vehiculares en la enseñanza, con la cautela de que el español no puede ser excluido como lengua vehicular. De hecho, el derecho de libre elección, sobre el papel, está reconocido por Ley en el País Vasco.

25.2.- Muchos detractores de la libre elección afirman que la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, tal y como ha sido ratificada por España obligan a que todos los alumnos de las CCAA en las que haya lengua regional cooficial han de recibir toda, o casi toda, la enseñanza en la lengua regional. Esto es radicalmente falso, ya que los términos en los que fue ratificada por España, esa Carta tan sólo obliga a garantizar la enseñanza en las lenguas regionales cooficiales a los alumnos cuyos padres así lo deseen, y en absoluto impide que puedan recibirla en español los que así lo deseen. Esto queda demostrado sin más que comparar lo que se hace en países que ratificaron la citada Carta en términos similares a los de España; por ejemplo, Finlandia respecto al sueco, Reino Unido respecto al galés, Eslovenia respecto al italiano, Eslovaquia respecto al húngaro y Rumanía respecto al alemán y al húngaro. No hay más que leer los informes elaborados al respecto por los diferentes Comités de Expertos.

25.3.- Es cierto que el TC, en su sentencia 337/1994 – dictada bajo la amenaza de Jordi Pujol de hacer caer al gobierno en minoría del PSOE – se afirma que no emana de la CE el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular (llevando el asunto, “erróneamente”, al artículo 27 de la CE, cuando no debería verse bajo el prisma del mismo, como bien explicó Díez Eimil en su voto particular), sino que pueden ser los poderes públicos los que, si así lo estiman oportuno, determinar la proporción en la que se usan como vehiculares las distintas lenguas oficiales en un territorio. Para empezar, semejante afirmación supone una quiebra del principio de que son los ciudadanos los que eligen en qué lengua oficial se les presta un servicio público, no la administración. Si no se acepta este principio, se podía incluso vaciar de contenido la declaración de oficialidad de una lengua en un territorio, negando al ciudadano esa libertad de opción, que es justamente para lo que tiene interés en que sea oficial en el territorio la lengua de su preferencia.

La demostración de que se trata de una sentencia dictada por razones de oportunidad política, y no jurídicas, es que en su argumentación el TC asume, al menos implícitamente que son las lenguas los sujetos de derechos, hablando de que una lengua “pueda ocupar el lugar que le corresponde en su territorio”, de “situaciones de desigualdad heredadas históricamente”, cuando no cabe hablar de “situaciones de desigualdad” entre lenguas (recordar simplemente que el artículo 14 de la CE habla de “los españoles”, y se refiere naturalmente a personas), etc. Es decir, se asume el lenguaje falaz de los nacionalistas, y hasta se citan de manera incompleta y manipuladora sentencias anteriores del propio TC y del TEDH, referida a un caso de un padre belga que quería enseñanza subvencionada en una lengua que no era oficial en el territorio. En resumen, una sentencia bochornosa.

Realmente, si se quiere hacer compatible la STC 137/1986 – que declaraba constitucional la libre elección de lengua por parte de los padres – con los compromisos adquiridos por España al ratificar la Carta Europea de las Lenguas, ha de implantarse un modelo de libre elección en aquellos territorios en los que haya una lengua cooficial con el español que permita que puedan recibir toda la enseñanza en la lengua regional todos los que así lo deseen y se respete lo dispuesto en el FJ 1 de la STC 137/1986, en el que se pueda leer lo siguiente:

“El primero de los problemas esbozados ha de considerarse resuelto tras nuestra TC 82/1986, de 26 de junio, en la que se analiza la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, llamada Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera. Por las razones que allí se señalaron, no puede ponerse en cuestión la legitimidad constitucional de una enseñanza, en que el vehículo de comunicación sea el euskera, que es lengua propia de la Comunidad Autónoma y lengua cooficial en el territorio de dicha Comunidad, junto con el castellano, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3.2 de la Constitución y en el art, 6.1 del Estatuto de Autonomía.

Tampoco puede decirse que la organización de enseñanzas en la referida lengua constituya discriminación del resto de la población que no pueda o no quiera utilizarla. El preámbulo de la Ley, que es indiscutible parámetro de interpretación de su sentido, dice claramente que el nuevo ordenamiento jurídico garantiza el respeto y la protección de las diversas modalidades lingüísticas así como la libertad de creación de centros educativos, no teniendo la Ley otro alcance que el de ofrecer soluciones institucionales que consoliden las aspiraciones populares contenidas en la experiencia del movimiento de las ikastolas.

Por todo ello es preciso reconocer que el Instituto que en la Ley aquí examinada se crea, puede promover la creación de ikastolas y atender a las ya existentes, sin perjuicio de que en esta actividad, como es lógico, hayan de respetarse las normas constitucionales, las Leyes Orgánicas y las demás reglas de Derecho estatal que sean aplicables. Asimismo es preciso reconocer la legitimidad constitucional de la coexistencia de enseñanza en euskera y enseñanza en castellano, siempre y cuando queden garantizados, en igualdad de condiciones, los derechos de los residentes en el País Vasco para elegir con libertad real uno u otro tipo de enseñanzas.”


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