AGLI Recortes de Prensa   Martes 29  Enero 2019

Sánchez frena la creación de empleo
ABC  29 Enero 2019

La buena marcha que ha experimentado el mercado laboral en los últimos años contrasta con los crecientes signos de debilidad que se atisban desde el pasado verano, y lo peor de todo es que esta tendencia se mantendrá a lo largo de 2019. La errónea senda económica que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez, sumada a la compleja coyuntura que atraviesa la economía mundial, amenazan con minar el logro más importante que ha traído consigo la recuperación, la reducción del paro. La fuerte creación de empleo iniciada hace cinco años empieza a dar muestras de agotamiento. España cerró 2018 con 2,8 millones de afiliados más y 1,8 millones de parados menos que en el peor momento de la crisis, recuperando así buena parte del empleo destruido durante la larga y dura recesión. Sin embargo, la tasa de paro, que todavía supera el 14 por ciento, está muy lejos del 8 que llegó a registrar justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, de modo que aún queda mucho camino por recorrer. La mayor flexibilidad que propició la reforma laboral de 2012, combinada con la batería de ajustes y reformas estructurales que aprobó el anterior Ejecutivo del PP, no solo lograron cortar la sangría laboral que padecía entonces el conjunto del país, sino que posibilitaron una rápida e intensa generación de puestos de trabajo en cuanto el PIB comenzó a repuntar, evidenciando con ello el acierto de tales medidas. Pero la llegada del PSOE al poder marcará un negativo punto de inflexión laboral. Tal y como reconoce el propio Gobierno, la ocupación aumentará este año un 1,8 por ciento frente al avance del 2,2 del PIB, una diferencia de cuatro décimas, la mayor brecha que arrojan ambas variables desde 2014, en los inicios de la recuperación. Esto significa que España creará unos 120.000 empleos menos que el pasado año. Hasta ahora, todo el crecimiento se traducía en nuevos puestos de trabajo, ya que el PIB y la afiliación a la Seguridad Social evolucionaban de forma similar, pero a partir de ahora el empleo avanzará a un ritmo inferior debido a las nuevas trabas y costes que ha impuesto el Gobierno.

La histórica subida del salario mínimo, tras aplicar un aumento del 22 por ciento sin tan siquiera consultarlo con las empresas, el incremento de las cotizaciones sociales y el nuevo abanico de alzas fiscales que incluye el proyecto de Presupuestos encarecerán la contratación, al tiempo que reducirán el margen de maniobra de las compañías tanto para invertir en nuevos proyectos como para ampliar plantillas. Y todo ello sin contar que la ralentización de la zona euro, la guerra comercial entre Estados Unidos y China o la incertidumbre derivada del Brexit podrían lastrar aún más el crecimiento de España, con el consiguiente agravamiento del frenazo laboral. Los desatinos de Sánchez pasarán factura.

El mito de la solución
Juan Carlos Girauta elespanol 29 Enero 2019

De nuevo el mito de la solución, error de principiante. Disculpable en el joven e imperdonable en el mayor de treinta. Niño: hay cosas complejas que no tienen solución. Oh. Es más, en casos como el catalán, pensar en términos de solución, como Sánchez, es peligroso. Cabe, sí, gestionar el problema, navegar la incertidumbre y atenerse a las normas.

Para empezar, ¿qué entendemos por una solución para Cataluña? Los separatistas exigen el silencio del discrepante, empezando por el primer partido de la comunidad. Nuestros representantes visitan un pueblo y los reciben violentamente. Su alcalde lo celebra. Si no mediaran policías, nos lincharían.

Naturalmente, cualquier vía que requiera el silencio o la desaparición del adversario político debe descartarse sin más. Y ninguna otra cosa complacerá a un nacionalismo que solo admite la unanimidad. Nada hay en el repertorio constitucional que vaya a contentar a un movimiento controlado por el jefe de los comandos separatistas, títere a su vez del fugado Puigdemont. Al de Waterloo le acaban de hacer un homenaje con la gran bandera negra del aspa y la estrella —que significa guerra sin cuartel— y un retrato gigantesco a lo Ceaucescu.

¿Solución? No hay tal cosa en las presentes circunstancias, no la habrá en décadas y acaso no la haya nunca. Alcanzada la conclusión adulta, ¿cómo debe actuar una democracia de primera —España lo es— ante semejante desgracia? Velando por que prevalezca el imperio de la ley y por que se cumplan las sentencias judiciales.

Es una idea pésima especular sobre indultos a los condenados, máxime cuando aún no lo están. La expectativa de impunidad alienta el golpismo. El artículo 155 de la Constitución deberá aplicarse de nuevo, por fin, extendiendo su alcance a la educación, la policía y los medios de comunicación públicos. Hasta que se garantice que una parte del Estado no va a seguir dedicándose a ahondar la hispanofobia ni a debilitar al conjunto. Ni a desprestigiarlo por el mundo. Y que todos podemos movernos tranquilos por cualquier rincón de Cataluña. Y que no se sigue maquinando contra el orden constitucional ni preparando declaraciones de independencia. Y que no se adoctrina en la escuela con libros mentirosos, ni se utiliza a los niños para actos políticos: la escuela es sagrada. Y que no se acosa a los hijos de los guardias civiles. “La solución” es un mito. Los brotes antidemocráticos se gestionan de acuerdo con las normas y principios previstos en la Constitución. No hay nada más.

¿Qué ultimátum?
Cristina Losada Libertad Digital 29 Enero 2019

La posición de la UE sobre Venezuela se ha calificado de ultimátum a Maduro. No lo es. Lo que ha hecho la Unión es darle a Maduro un plazo de ocho días y ese plazo, en momentos cruciales como estos, transforma al supuesto ultimátum en un regalo. Es un regalo de tiempo al régimen chavista. Cuando cada hora cuenta para inclinar la balanza, ocho días es un tiempo precioso que se le entrega a Maduro para que pueda reforzarse. Igual que lo es para disuadir a aquellos elementos –militares, por ejemplo– que estén tentados a abandonarlo. Y no sólo por lo estrictamente temporal. El aplazamiento europeo refleja dudas e indecisión, de tal manera que aquello que transmite es que está a la espera. Lo quiera o no, esa es la impresión: la UE no le da un plazo a Maduro; se lo da a sí misma para ver si en el ínterin se perfila el caballo ganador. Hasta los dictadores de tercera saben lo que significa.

Las contradicciones de la posición europea, que es la de España, son evidentes. Demasiado. Le piden a un presidente al que consideran despojado de legitimidad democrática que convoque unas elecciones con garantías democráticas. Lo tachan de ilegítimo por renovar su mandato en unas presidenciales que "no fueron justas, libres ni creíbles" pero creen que ahora puede organizar unos comicios impecables. Como si bajo su presidencia, y en las condiciones de falta de libertades y acoso a la oposición que existen desde hace años, se pudieran realizar unas elecciones que cumplan perfectamente todos los estándares. Como si bastara poner las urnas y enviar a unos observadores internacionales para garantizar unas elecciones libres en un país que vive en un régimen dictatorial. ¿Dónde se ha visto tal milagro?

Los partidarios del aplazamiento, o del esperar a ver quién gana, se encomiendan a la prudencia. Prudencia para evitar un derramamiento de sangre. Aparte de la ya derramada, claro está, que esa parece que no la cuentan. Pero cuanto más fuerte se sienta la cúpula chavista, más abierta y frontalmente podrá recurrir a la represión, incluso para organizar un nuevo escarmiento de los que hagan época. La vía para evitar más muertes, detenciones y torturas pasa inevitablemente por debilitar a Maduro y, por lo tanto, por fortalecer la posición de Guaidó. Así podrá agrietarse además la lealtad del Ejército al dictador, de modo que no se atreva a recurrir a la fuerza armada para reprimir el desafío con ese baño de sangre del que nos advierten los prudentes. Lo prudente es hacer ver a Maduro y a sus fieles escuderos que sólo tienen una opción menos mala: dejar el poder. Cuanto antes.

En la resistencia a reconocer a Guaidó como presidente encargado, investido por la Asamblea Nacional –reconocida por la UE como la institución democrática legítima de Venezuela–, hay miopía política sustentada en una Realpolitik cutre. Resulta, dicen, que el poder real no está en manos de Guaidó, sino en las de Maduro, por lo que la autoridad la tiene este último, mientras el primero no tiene nada detrás (salvo a la población que se moviliza a su favor). Benditos fácticos. En Filipinas, en 1986, estos fácticos tampoco habrían reconocido a Cory Aquino, que juró su cargo de presidenta antes de que la dictadura de Marcos se viniera abajo. Lo hizo aupada por una movilización popular en Manila, y después de algunas defecciones de militares, que fueron en aumento. Pero en el instante en que Aquino tomó posesión del cargo Marcos era el presidente oficial y real. Reelegido en unas elecciones trucadas, por cierto. Horas después, eso sí, subía a un helicóptero norteamericano para no volver.

No hay un modelo patentado para acabar con las dictaduras. Pero el que parece tener en mente la posición europea sobre Venezuela es un sinsentido. En un trance decisivo, opta por un aplazamiento que resta fuerza a quienes pueden hacer una transición democrática y, en consecuencia, se la da a Maduro.

Sánchez terminará engañando a Guaidó
Carlos Dávila okdiario 29 Enero 2019

Ahora o después, lo engañará. En su patética e insultante comparecencia del sábado sólo quedó clara esta intención de Sánchez: intentar el engaño, una lidia en toda regla, a Guaidó al que debe tomar por un caribeño idiota. Le dijo la sartén al cazo. La prórroga a Maduro no fue otra cosa: al aún presidente propuso un plazo de ocho días por ver si mientras tanto el autócrata convoca elecciones y con un poco de suerte y mucha trampa, las gana. De hecho, esta trapisonda golfa es un reconocimiento al dictador, es otorgarle, porque él dirige el país, la posibilidad de convocar elecciones. Con todos los medios a su alcance, con todos los resortes de un Estado pútrido a su favor. Así, a lo peor, se llevaría el gato al agua. Eso es lo que le gustaría a Sánchez, el aún presidente contra todas las luces de la razón democrática y decente. Su hombre no es Guaidó, es Maduro.

Uno de los líderes de la oposición venezolana en España, William Cárdenas, lo adelantaba así horas antes del paripé sanchista: “Cualquier cosa que no sea el inmediato reconocimiento de Guaidó no nos lo vamos a creer”. Tampoco se ha complacido con ese plazo de ocho días que La Moncloa ofreció gentilmente para martingala de propios y extraños. Otra cosa es que Guaidó se tragara el sapo de su incredulidad y se complaciera tibiamente con la promesa del aún presidente español. ¿Qué va a hacer un líder que necesita aglomerar todas las voluntades internacionales para derribar al sanguinario tirano con el que los socialistas se han sentido extraordinariamente cómodos? Y, ¿qué decir de los socios comunistas, Podemos, de Sánchez que han sido los mamporreros del dictador? O, ¿es que alguien en España aún piensa que nuestro aún presidente va a disgustar más a Pablo Iglesias, su conmilitón, en plena crisis de su partido? Sánchez, con trapisondas infinitas, se ha ido refugiando en la Unión Europea para no tomar la única decisión digna que puede adoptar una Nación hermana de Venezuela: exigir la renuncia de Maduro. En Europa, sépase, Maduro y su régimen criminal sólo importan a sus cómplices: Rusia y Turquía. A los países de la Unión Venezuela les trae exactamente por una higa.

Un par de muestras: el sábado, el principal periódico alemán: el Frankfurter Allgemeine Zeitung no incluía en su primera página de Internet ni una referencia para este gran asunto; sus desvelos informativos eran para Trump, los negocios de China, naturalmente la Bundesliga, y, ¡fíjense¡ el drama del niño malagueño que recogía así: “España apesadumbrada por Julen”. En el diario francés Le Figaro estaban un poco más atentos a la gran tragedia iberoamericana, y en un cuerpecillo tipográfico –permítaseme la anticuada licencia– escribían: “Venezuela rechaza el ultimátum”. O sea, convocar elecciones cuanto antes. Ya sabe Guaidó en consecuencia cómo se las gastan los divididos estados de la Unión. Por poca información que maneje debe de ser consciente de que la identidad de pareceres en Bruselas es imposible, disparidad que es precisamente la miserable baza que lleva utilizando Sánchez días y días para no empapelar a Maduro, echarle de Venezuela y sentarle en el banquillo del Tribunal de La Haya para que allí se le juzgue, por lo menos, por corrupción y por crímenes de lesa. Humanidad.

Para el Gobierno español el gran informante de lo que pasa en Venezuela es un chisgarabís de tomo y lomo llamado José Luis Rodríguez Zapatero, al que le hemos estado pagando viajes sin fin, primero para darse el morro –¡hay que ver el gusto!– con Maduro y, segundo, para engañar vilmente a la Iglesia Católica que en algún momento aceptó a regañadientes la mediación del que fue presidente de España. Hoy ya únicamente faltan cinco días muy apretados para que venzan los ocho que concesivamente Sánchez ha puesto en bandeja al autócrata del Caribe. Antes en Bruselas se votará un no se qué sobre Venezuela. Atentos a la pantalla. Los españoles ya sabemos mayoritariamente que Sánchez intentará de nuevo proteger a Maduro. Guaidó no es su hombre; Maduro le es más próximo que este muchacho caribeño que se ha alzado con el liderato de la oposición venezolana.

A todos nosotros sólo nos queda una pírrica esperanza ya prácticamente deshilachada: que el canciller español, Borrell, tome el mando se deje de maniobras en la oscuridad y obligue a su jefe a decapitar para siempre al asesino que todavía duerme en Miraflores. Es una cortísima esperanza que muy probablemente se va a quedar en nada, porque Borrell depende para su ambición de ostentar una Comisaría en el nuevo Gobierno de Europa de Sánchez. O lo hace caso o se queda toda la semana en Madrid con la señora Narbona, que ya es decir también. Escribo con toda crudeza que Sánchez va a intentar de nuevo enredar al voluntarioso Guaidó. ¿Cómo lo hará? De entrada sostendrá, vía telefónica –convenientemente retratada al efecto por su reportero de confianza el gurucillo Redondo– que en la Unión Europea no encuentra unanimidades, luego seguirá buscando permanentemente, como Bush Jr. en Irak, armas de destrucción masiva. En definitiva, lo que debe saber Guaidó es que si tiene que contar con Sánchez para derrocar democráticamente a Maduro se le va a hacer de noche. En España, cuando aconsejamos a alguien que no se fíe de si interlocutor, nos expresamos así: “¡Que te conocemos, ciruelo!”. Pues eso, Guaidó.

Maduro, Erdogan, el oro venezolano e Irán
Marcel Gascón Barberá Libertad Digital 29 Enero 2019

Ankara y Teherán, están siendo cómplices activos en el saqueo chavista de Venezuela y le ayudan a superar la asfixia financiera del régimen.

Un día después de que Juan Guaidó se proclamara presidente y las principales democracias de América le reconocieran como única autoridad legítima en Venezuela, el dictador turco Recep Tayyip Erdogan transmitió su apoyo a su "hermano" Nicolás Maduro y le pidió que se mantuviera "fuerte".

Dos días después de la juramentación de Guaidó, un rastreador de aviones informaba en Twitter de un viaje sospechoso entre Venezuela y Turquía. Un avión turco propiedad de un magnate cercano a Erdogan había salido unas horas antes de Estambul con destino Rusia, desde donde se desplazó a Caracas para emprender el camino de vuelta al Bósforo después de una brevísima parada en suelo venezolano.

Qué (o a quién) iba a llevarse de Venezuela el avión en tan urgente visita es de momento una incógnita. De lo que sí hay más información es del tórrido romance entre Maduro y Erdogan, al que el caudillo chavista llama siempre "Endrogán".

Desde que la comunidad internacional empezara a aislar a Venezuela (2017), Turquía se ha sumado a China y a Rusia en el club de países importantes que siguen dando apoyo al régimen comunista de Caracas. La clave de esta estrecha relación son las grandes reservas de oro que tiene Venezuela.

La asfixia financiera del régimen chavista
Durante el año 2017, el entonces presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, puso en marcha una estrategia tan poco vistosa como dañina para la dictadura de Maduro. En una serie de cartas y encuentros con directivos de embajadas, bancos e inversores internacionales, Borges mostró a sus interlocutores las consecuencias que tendría para sus países seguir financiando un régimen como el chavista.

Después de la victoria opositora en las legislativas de 2015, la Justicia del régimen despojó de todas sus atribuciones al Parlamento. La emisión de deuda y otros contratos internacionales que, según la ley, deben ser refrendados por el Parlamento habían pasado a aprobarse por el Ejecutivo y el resto de poderes chavistas, sin la necesaria sanción del Legislativo. Todos los acuerdos que se cerraban con la Venezuela de Maduro eran por tanto ilegales, y eran además perjudiciales para la imagen de las entidades que los firmaban, porque daban oxígeno a un Gobierno autoritario que no respeta los derechos humanos.

La estrategia de Borges funcionó. Cuando en mayo de 2017 compró bonos venezolanos por valor de 2.800 millones de dólares, Goldman Sachs se vio envuelto en un escándalo que dañó su reputación y sirvió de aviso a otros bancos de inversión que pensaran seguir financiando la revolución chavista. Muchos posibles socios de Venezuela empezaron a cuidarse de seguir haciendo negocios con Maduro, y en agosto de 2017 llegaron las sanciones estadounidenses.

En lo que era la primera medida concreta de la comunidad internacional contra el chavismo, Trump prohibió a quienes operan en Estados Unidos comprar deuda venezolana o prestar dinero al Gobierno de Caracas. El grueso de tenedores de bonos interesados en Venezuela tienen su sede en Estados Unidos, por lo que la medida de Washington –que también ha prohibido comprar oro venezolano– secó lo que había sido, junto a la venta de petróleo, la gran fuente de financiación de la revolución chavista desde el principio.

Con la posibilidad de endeudarse prácticamente cerrada, a Maduro le queda el petróleo, que vende sobre todo a Estados Unidos, pero la fallida PDVSA revolucionaria extrae cada vez menos. El régimen obtiene también inyecciones de dinero puntuales de Rusia y China, pero estos dos aliados ya hicieron sus grandes préstamos a Venezuela, que ahora los devuelve con concesiones energéticas y minerales obscenamente ventajosas para estas potencias extranjeras.

Erdogan, al rescate
En esta situación, Maduro necesitaba desesperadamente otra fuente de financiación para seguir comprando la lealtad del Ejército, y así apareció su amigo Endrogán. Maduro empezó a presumir de que a veces le llaman "sultán", y Venezuela envió a Turquía en los primeros 9 meses de 2018 cargamentos de oro por valor de 900 millones de dólares. Además del dinero que tanto necesita por el metal, el régimen chavista recibe de Turquía los alimentos que reparte en las bolsas de comida subsidiada CLAP, de las que dependen hoy día millones de venezolanos por culpa de (o gracias a, desde la perspectiva comunista de la dictadura) la inflación provocada por las políticas económicas de Chávez y Maduro.

Venezuela no solo vende oro a Turquía. Empresas turcas extraerán oro al sur del Orinoco, y el Banco Central venezolano ha pasado a refinar en el país euroasiático el oro con que intenta llenar las arcas que la revolución ha vaciado para pagar la tremenda deuda pública que contrajo Chávez. Hasta ahora Venezuela refinaba su oro en Suiza, pero en marzo de 2018 el país europeo congeló los bienes de siete capitostes del régimen, que teme que las sanciones puedan alcanzar pronto a su oro. Ante esta posibilidad, la aliada Turquía de Erdogan es una opción más segura para procesar las nuevas reservas venezolanas.

(Además de las sanciones y de ser recientemente declarado ilegítimo, el régimen está implicado en negocios de narcotráfico y otras actividades ilegales, por lo que los bancos de todo el mundo han extremado sus precauciones a la hora de mover dinero venezolano. Maduro lleva semanas intentando repatriar 1.200 millones de dólares de oro que guarda en el Banco de Inglaterra, que se niega a liberar el cargamento a petición de Estados Unidos. El secuestro definitivo de este oro podría ser la primera consecuencia concreta del reconocimiento de Guaidó como presidente legítimo).

'Oro de sangre' para Turquía
Buena parte del oro que Venezuela manda a Turquía proviene del llamado Arco Minero del Orinoco, que se extiende por los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. El diputado opositor por el estado Bolívar Américo de Grazia me explica que la práctica totalidad del oro que se envía a Turquía y otros países es extraída de minas ilegales, que operan bajo supervisión del Ejército sin las concesiones públicas elegidas por la ley. "Para entregar una concesión de acuerdo con nuestra normativa constitucional hay que contar con el aval de la Asamblea Nacional [el Parlamento]. Al no tener el visto bueno de la Asamblea Nacional, toda la actividad minera se convierte en una actividad ilícita", me dice De Grazia.

Estas minas, prosigue el legislador, están controladas por grupos organizados mafiosos, que se quedan una parte de los minerales y venden el resto al Estado, que lo lava haciéndolo pasar por oro extraído por la empresa pública de minería Minerven. En realidad, afirma De Grazia, "Minerven no produce ni siquiera un kilo de oro", pero es la fachada legal que se utiliza para canalizar el oro hacia las empresas compradoras turcas.

Además de organizaciones criminales comunes, en las zonas mineras venezolanas "entraron a operar el ELN colombiano y Hezbolá, que también lavan el oro a través de Minerven". De Grazia explica que el grupo terrorista subordinado a Irán extrae oro y diamantes en el río Caroní, algo completamente prohibido y que afecta al embalse del Guri y a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, que funciona en la represa y es la cuarta central eléctrica del mundo.

La explotación indiscriminada de minerales que promueve el régimen chavista para seguir financiándose tiene efectos devastadores para la naturaleza. La deforestación y la contaminación avanzan a un ritmo alarmante debido a la actividad minera, que se extiende a lugares protegidos como el Parque Nacional Canaima y amenaza también a parte del Amazonas. Los más afectados por esta fiebre del oro desesperada son los indígenas de la zona, que sufren la violencia de la guerrilla y otros grupos criminales y son expulsados a menudo de su territorio por quienes controlan la extracción de estos "minerales de sangre".

"Pasamos del rentismo petrolero a la barbarie del extractivismo minero de todo género y de toda índole, porque es un saqueo generalizado lo que está ocurriendo en nuestro territorio", concluye el diputado De Grazia, que advierte de las ridículas ganancias que obtiene el Estado venezolano de la venta de oro si se comparan con el daño a largo plazo que se están haciendo al patrimonio natural del país.

La conexión iraní
Las implicaciones del negocio del oro entre Maduro y Erdogan comienzan en las comunidades indígenas venezolanas y llegan hasta Turquía, pero no acaban ahí. El Gobierno estadounidense sospecha que el dictador turco envía parte del oro que recibe a Irán, una teocracia islámica con un programa nuclear en marcha que aboga abiertamente por la aniquilación de Israel. La violación por parte de Erdogan de las sanciones contra el mayor patrocinador mundial de terrorismo internacional no es precisamente una novedad.

Las relaciones comerciales ilegales entre Ankara y Teherán quedaron al descubierto con el arresto en 2016 en Estados Unidos del empresario turco-iraní Reza Zarrab, me refiere el periodista turco en el exilio Turkmen Terzi. La colaboración de Zarrab con la Justicia estadounidense permitió conocer la existencia de una red delictiva constituida por empresarios, banqueros y miembros del régimen turco para permitir a Irán sortear las sanciones y exportar gas y petróleo a cambio de oro que Teherán convertía después en dinero líquido.

Virtu
El acercamiento entre Turquía y Venezuela supone la consolidación del club de países conocido como Virtu (Venezuela, Irán, Rusia y Turquía). Los regímenes que lo conforman tienen en común su naturaleza totalitaria y su desprecio por valores surgidos en Occidente como los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia liberal y el respeto a la legalidad internacional. Todos están sancionados por la comunidad internacional democrática, son dictaduras que no han de responder ante la opinión pública y operan sin ningún escrúpulo moral para proteger sus intereses, que son en realidad los de sus cúpulas dirigentes.

En realidad, el Virtu no es más que una actualización del movimiento comunista internacional que destruyó la vida de media Humanidad liderado por la URSS y disfrazado de movimiento de países no alineados en algunas partes del mundo. Por fortuna, parece que ha llegado la hora de que al Virtu se le caiga la V, pero sus integrantes harán todo lo posible por evitarlo.

© Revista El Medio

SE DESCONOCE EL NÚMERO DE IMPLICADOS
Ocho rastros de ADN sin identificar, las chapuzas del 11M
Agencias. España gaceta.es 29 Enero 2019

Ocho presuntos implicados en el 11M, cuyos perfiles genéticos fueron detectados en muestras de ADN extraídas de los distintos escenarios relacionados con los atentados, no han podido ser identificados hasta el momento.

Ese ha sido el motivo de la detención en Francia de Mustapha B., cuyo ADN coincide con uno de los encontrados en el piso de Leganés (Madrid) donde se inmolaron los autores de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, aunque los investigadores por el momento no lo vinculan directamente con los ataques.

Fuentes jurídicas consultadas han asegurado que no es la primera vez que se detecta a un individuo con un perfil genético coincidente con uno de esos ADN que quedaron sin identificar, si bien las pesquisas al respecto no trascendieron a la opinión pública y no permitieron establecer una relación directa con los atentados.

Según el auto de procesamiento, que recoge una serie de informes policiales referidos a los análisis de ADN, en los distintos escenarios de los atentados se lograron extraer ocho “perfiles genéticos anónimos” que, en algunos casos, incluso se repiten.

Uno de estos perfiles, el P 12, “solo aparece en Leganés” y “se encuentra en efectos muy variados, algunos de ellos de uso exclusivo personal”, lo que llevó a concluir que tenía “una relación estrecha y de confianza con los moradores del ‘piso franco’ o de seguridad, hasta el extremo de deducir su relación o inclusión en la célula”.

Otro, el P 39, “anónimo de varón”, aparece en tres lugares relevantes: la finca de Chinchón en la que fueron preparados los artefactos colocados en los trenes; el piso de Leganés en el que se suicidaron siete de los responsables del 11M; y el coche Skoda Fabia que fue encontrado en Alcalá de Henares el 13 de junio de 2004, todos ellos municipios madrileños.

Su ADN fue extraído “en diversos efectos, (algunos de ellos de uso personal -cepillo de dientes-), sin mezcla con otros perfiles, con control de acceso a dichos lugares (especialmente el piso de Leganés -y con un periodo de tiempo limitado: desde que fue alquilado hasta la explosión provocada por los suicidas)”.

Los informes policiales destacaban también el perfil P 11, perteneciente a un varón y que apareció “en un lugar y en un efecto especialmente trascendente para la investigación (protector de la bolsa desactivada procedente de la Estación de El Pozo)”.

No obstante, respecto a este perfil se planteaba la posibilidad de que correspondiera a un contacto accidental “de alguna persona ajena a los presuntos implicados, desde el momento de su recuperación hasta la recogida de muestras”.

Por tanto, según los investigadores, “podía tratarse de uno de los autores materiales de los atentados”, o de “una persona que tras los mismos cogió dicha bolsa y dejó su huella genética”.

La existencia de estos perfiles anónimos llevó a deducir que el número de implicados directos en estos hechos tampoco se ha podido determinar aún con exactitud.

Los citados así lo indicaban al concluir que hasta que sean identificados dichos perfiles “aparecen determinadas variables no susceptibles de ser aclaradas” y “que llevan a considerar que el número de presuntos implicados directos en los hechos objeto de esta instrucción judicial no puede cifrarse con la debida certeza y seguridad”.

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Idiotas morales
Quien prefiere a Iglesias y Otegi a Abascal y Ortega Lara no tiene planes sanos
Hermann Tertsch ABC 29 Enero 2019

Federico, que ausente Lorca es Jiménez Losantos, dice que Alfonso Guerra es un mentiroso incorregible incapaz de verdad alguna. Los más damnificados por aquel tándem de tahures que eran Felipe y Alfonso de jóvenes no aceptan que la edad los haya podido mejorar. Pero a Guerra sí se le escucha últimamente alguna verdad. Aunque, como a otros ilustres socialistas que ahora denuncian el daño devastador para España causado por el PSOE de Zapatero y Sánchez, le asalte la pulsión por la verdad cuando ya nada significa. A Guerra se le han revuelto en las redes las jaurías izquierdistas, esas que reaccionan ante la verdad como un vampiro ante los ajos, por decir que hay dictaduras y dictaduras. Que todas son malas, faltaría más, pero que hay algunas que consiguen el desarrollo económico y otras que son una catástrofe sin paliativos porque a la falta de libertad y la represión se suman miseria y hambre. Lo hizo con la comparación de la dictadura de Pinochet con la de Maduro. Habría sido un exceso que Alfonso Guerra pusiera la de Franco como ejemplo de dictadura evolutiva, racional y próspera frente a la brutalidad paralizante y pauperizante de los satélites soviéticos centroeuropeos. Aunque probablemente no lo niegue en privado. Es la perogrullada de decir que la dictadura de Primo de Rivera no fue lo mismo que la albanesa de Enver Hoxha.

La jauría se ha echado encima de Guerra para insultarlo ante lo que consideran una herejía, es decir, la verdad. En estos tiempos hay que agradecer a Guerra que sepa distinguir entre lo claramente distinguible. Y que solo cobardía, ideología y tontería logran mezclar y confundir. Esto se ha llenado de idiotas morales intoxicados por el pensamiento débil socialdemócrata de izquierdas, derechas y extremo centro, que todo lo confía a la trampa intelectual y la mentira hecha hábito. Todo por conveniencia. Ahí tienen a ese Juan Carlos Cano del PP en el País Vasco, menguante partido que tras haber tenido a Gregorio Ordoñez y María San Gil hoy tiene a Borja Semper y a Javier Maroto. Y a Cano, claro. Dice Cano que para él son lo mismo Vox y Bildu. Es decir Santiago Abascal y Jose Antonio Ortega Lara son para él lo mismo que Arnaldo Otegui o José Ternera. Como Juan Benet, uno entre tantos idiotas morales de los juntaletras de nuestra Transición, que decía que Alexander Soljenitsin era, no ya igual, peor que Stalin.

No crean que estas confusiones son exclusivas del PP. Ahí tienen a Ciudadanos, que se queja, con razón, de que separatistas y ultraizquierdistas agreden a sus militantes. Pero después se sientan con los agresores a firmar un cinturón sanitario que prohíbe las alianzas, no con los agresores, golpistas y filoterroristas, no. Las prohíbe con Vox. En la cadena amiga del golpismo, La Sexta, se junta Inés Arrimadas con Irene Montero, la del partido comunista franquicia de un régimen criminal que ahora agoniza. Como antes Albert Rivera confraternizó con Pablo Iglesias, partidario de esa mafia de Maduro que asesina, trafica, roba y siembra el terror. Jamás se oyó eso del cinturón sanitario contra ese partido creado para destruir la democracia, la monarquía y la unidad de España. Lo hubo contra el PP y lo hay ahora contra Vox. Lo querrá siempre la izquierda contra quien haga peligrar su hegemonía en el mensaje y en el lenguaje. Ciudadanos verá lo que hace. Con ese cordón entregaría todo el poder municipal a la izquierda. Y en las generales quedaría de vagón socialdemócrata en via muerta. Sánchez debería facilitar la elección. Quien quiera restablecer la ley en toda España ha de contar con Vox. Si no, está a otra cosa.

La necesidad de responder
Ramón De España cronicaglobal 29 Enero 2019

Gracias a la legendaria vagancia de Mariano Rajoy, el discurso en torno al prusés lo monopolizaron los indepes. Parece que Mariano no se ponía al teléfono cuando llamaba la prensa extranjera --mientras los otros, que hablan idiomas, intoxicaban impunemente a quien se les ponía a tiro-- y que consideraba que no valía la pena construir un discurso alternativo al independentista, no se sabe muy bien si por su tendencia a no dar golpe o por la confianza en que el agit prop del adversario se desinflara solo. El caso es que, durante años, aquí nadie ha movido un dedo para defender la imagen de España en el mundo y contrarrestar la eficaz campaña de trolas de los indepes, que cosechó hace unos días un nuevo éxito gracias al PEN catalán, que, en teoría es una asociación de escritores en lengua catalana --conocí hace años en Cambridge a uno de ellos, que hablaba en inglés con sus colegas sudamericanos para no rebajarse a utilizar el castellano-- que vela por los intereses de sus socios, pero que en la práctica es una covacha de nacionalistas implicada a fondo en la desautorización procesista de la democracia española.

Ahora que el gobierno del PSOE se ha decidido a hacer algo al respecto --con la creación, vía Josep Borrell, de esa España Global que dirige Irene Lozano--, los indepes (cree el ladrón que todos son de su condición) se han indignado, y ERC pide explicaciones parlamentarias al respecto. Es decir, reivindican su supuesto derecho a intoxicar sin tasa y sin que nadie les lleve la contraria. Lo suyo, ya se sabe, es democrático a más no poder, mientras que el contraataque español se considera, además de una provocación (como la presencia de Ciudadanos en el pueblo de Dolors Bassa), un intento del régimen franquista y seudo turco por acallar la voz de la verdad, que es la de los soberanistas. Según ellos, su noble labor se va a ver empañada por la andanada de fake news que van a lanzar los españoles en foros internacionales, donde ahora solo hablaban ellos. Cual taxistas airados ante los conductores de VTC, los indepes quieren dejar fuera de la discusión a la competencia, ignorando la tradicional dinámica acción-reacción.

Argumentan --vía Albert Batet, el rústico de la barba, no confundir con Eduard Pujol, el hirsuto lumbreras al que acosaba por las calles de Barcelonas un señor montado en un patinete-- que esta campaña desintoxicante se va a financiar con el dinero de los catalanes y las catalanas, ¡cómo si nos salieran gratis a los no procesistas de por aquí las maniobras orquestales en la oscuridad de nuestros próceres! Para empezar, dudo mucho que el sueldo de la señora Lozano se acerque al de Chis Torra, el embustero en jefe, al que le estamos pagando su puente aéreo permanente con Bruselas, por no hablar de lo que nos cuesta una televisión al servicio de la mitad de la población pero que sostenemos todos, tanto si la vemos como si no.

Al igual que los taxistas, nuestros políticos independentistas necesitan ponerse al día y reconocer el derecho a la libre competencia. Si ellos van por ahí echando pestes de España, no debería extrañarles que España eche pestes de ellos. Donde las dan las toman, ¿no? Si hasta ahora habían disfrutado en exclusiva del uso del megáfono era por esa desidia del Gobierno central con la que Borrell ha decidido acabar. Así pues, menos rasgarse las vestiduras y a apechugar. Preparémonos, eso sí, para un recrudecimiento de los insultos al de Lleida en los digitales del odio, si tal cosa es posible.

Juicio: hacia la nulidad
RAÚL DEL POZO El Mundo 29 Enero 2019

Los presos independentistas van a ser trasladados a las Salesas desde el hotel Las Rejas de Cataluña. En el juicio no sólo se va a empaquetar a los independentistas sino a la Justicia española. El juicio va a ser retransmitido en vivo y en directo como un partidazo y la democracia española se juega su prestigio. Con el pie en el estribo dice Junqueras que en Alemania sería impensable que un abogado de la extrema derecha acusara a un demócrata; también sería impensable que, en Europa, un supremacista conspirador contra la soberanía de la República Federal fuera considerado un demócrata.

Mis fuentes en el mundo de las puñetas y de los ensotanados sugieren que el juicio del siglo va a salir mal para todos. "Para los que van a ser condenados y para España, en su imagen exterior y también internamente, porque se fortifica el conflicto y se profundizan las trincheras". Según esos expertos se cometieron dos errores. "Primero, la prisión provisional resulta jurídicamente indefendible. Es la imagen de una Justicia anticuada". Cuando les contesto que los héroes del procés tienen tendencia a aligerarse por la verdú, contestan: "Si se escapan, al enemigo que huye...". Continúan: "Segundo gran error, se cargan la imagen democrática de la Transición. Que los juzgue en primera instancia el Tribunal Supremo lo condiciona todo; quizás sea el mayor error. Se ha visto cuestionado por tribunales de provincia de tres países europeos. Contra su sentencia no cabe recurso a un tribunal superior, y ello según la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos afecta al derecho a la tutela judicial efectiva y causa indefensión, por lo tanto puede desembocar en la nulidad del proceso". Según estas fuentes, que estén enrejados los procesados es una medida desproporcionada y estéticamente injustificable. "Tanto tiempo encerrados, ni que fueran asesinos o narcotraficantes. Verlos entrar esposados al Tribunal Supremo después de un año de prisión es un borrón para la democracia española. El juicio no debió celebrarse en el Tribunal Supremo sino en la Audiencia Nacional o en los juzgados de Cataluña".

Los separatistas van a hacer mucho ruido. Como dice Antich, y dice bien: "España ha perdido la batalla de la explicación". Los independentistas entran en el Capitolio como si fuera el Parlament, no salen de Harvard, son bien tratados por los grandes periódicos. El agitprop independentista ha derrotado al Estado español, que despertó muy tarde para contraatacar a la gigantesca fake news del procés como ha declarado Irene Lozano, secretaria de Estado para la España Global: "Ellos quieren desprestigiar la democracia y el Estado español todo lo que puedan".

¿Por qué Mas se fue de rositas tras el 9-N?
OKDIARIO 29 Enero 2019

Artur Mas, el ex presidente de la Generalitat, fue el primer dirigente en encender la virulenta llama del independentismo al llamar a las urnas a los catalanes durante la consulta del 9-N en 2014. Una llamada para los catalanes separatistas que, como se pudo comprobar tres años más tarde, fue el germen que condujo a las votaciones ilegales del 1-O en 2017 y se saldó con una decena de dirigentes acusados de los delitos de rebelión y sedición. Sin embargo, Mas, a pesar de haber puesto en marcha un proceso consultivo irregular, salió airoso de la imputación de dichos delitos e, incluso, se atrevió a afirmar que el juicio por el 9-N respondía al “espíritu de venganza” de Soraya Sáenz de Santamaría.

Este es un aspecto que quizá Mariano Rajoy –citado como testigo– pueda esclarecer a los abogados de VOX –acusación popular en el proceso de instrucción del 1-O– cuando le interroguen en el Tribunal Supremo, ya que el ex convergente afirmó en su declaración al juez Llarena que las condiciones de la consulta del 9-N se habrían negociado en reuniones mantenidas con el ex presidente del Gobierno. Una aseveración que, de ser cierta, resultaría clave para determinar el marco en el que se fijó la opción de hacer una consulta pactada en Cataluña, así como concretar las concesiones, si es que las hubo, por parte del Ejecutivo popular que más desembocaría en uno de los episodios políticos más graves de las últimas décadas como lo ha sido el 1-O.

Finalmente, y de manera sorprendente, tras el juicio del 9-N Artur Mas fue condenado por el Supremo a un año y un mes de inhabilitación, pero no por convocar una consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, sino por desobedecer el mandato del citado ente. A las puertas del juicio del procés, es importante aclarar las razones por las cuales la Justicia imputó delitos desiguales a Mas y a los golpistas en prisión preventiva si todos ellos incurrieron en la misma ilegalidad: celebrar una votación prohibida desobedeciendo el mandato constitucional.

Independentismo en Cataluña
VOX derrota a Òmnium ante el juez: multa de 200.000 € por recoger “datos ideológicos de los catalanes”
Raquel Tejero okdiario 29 Enero 2019

La Audiencia Nacional ha condenado a la entidad independentista Òmnium Cultural al pago de una multa de 200.000 euros por recopilar “datos ideológicos de los ciudadanos” con la intención de utilizarlos en su propio beneficio político. Los hechos, denunciados por VOX, incumplen la ley en materia de protección de datos personales.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a VOX y a la Agencia Española de Protección de Datos. La entidad independentista Òmnium Cultural ha sido sancionada con una multa de 200.000 euros por vulnerar la Ley de Protección de Datos, al realizar una encuesta a los catalanes en la que se les preguntaba acerca de sus ideas sobre el separatismo.

Los hechos se remontan a finales del año 2014 cuando, tanto la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) como Òmnium Cultural, diseñaron y lanzaron una campaña dirigida a más de tres millones de domicilios en la que se indagaba sobre su posicionamiento político. Una de las preguntas era, por ejemplo: “¿Irá a votar el día 9 de noviembre?” , a lo que los ciudadanos podían responder eligiendo entre múltiples opciones: A) iré a votar y ya tengo decidido mi voto; b) iré a votar y ya decidiré mi voto y C) no iré a votar”.

VOX denunció por los hechos a ambas entidades separatistas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que – tras abrir el correspondiente expediente de inspección- verificó cómo la aplicación informática desarrollada por los separatistas archivaba datos de un total de 82.814 encuestas, que incluían tanto respuestas como datos personales de los encuestados.

Ahora tendrá que pagar
De dicha investigación y las ilegalidades descubiertas se derivó una resolución administrativa que obligaba a la ANC al pago de una sanción 240.000 euros y de otros 200.ooo euros a Òmnium. Ésta última, sin embargo, se negó a abonarlos y decidió recurrir la misma ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Ahora, la Audiencia Nacional, tras desestimar dicho recurso, confirma la decisión y el pago “a dicha entidad de una sanción de 200.000” ratificando plenamente la sanción impuesta con carácter previo por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y estimando en su totalidad la denuncia de VOX que la motiva.

La sentencia, además, verifica que la encuesta estaba orientada a la recogida de “datos ideológicos de los ciudadanos” y que dicha recopilación se produjo a través de dos métodos: por correo postal y a través de los más de 30.000 voluntarios, distribuidos por diferentes áreas territoriales, que visitaron puerta a puerta los hogares de varios municipios catalanes.

Tras la recogida y almacenaje de los datos resultantes, ambas asociaciones independentistas clasificaron y utilizaron los mismos para fines políticos, en su propio beneficio, para la confección de mensajes y comunicaciones personalizadas dentro de varias campañas de divulgación, adoctrinamiento y propaganda separatista.


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