AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 30  Enero 2019

Bauzá y la credibilidad del PP de Casado
EDITORIAL Libertad Digital 30 Enero 2019

Pablo Casado insiste en proclamarse firmemente comprometido con que el PP recupere las señas liberal-conservadoras que tan clamorosamente fueron traicionadas durante la funesta etapa de Mariano Rajoy. La cuestión que cabe plantearse es si el joven líder popular ha llegado demasiado tarde, o si está acometiendo tal tarea con la suficiente energía y determinación.

El silencio que mantuvo Casado durante los años en que su partido se dedicó a hacer justo lo contrario de lo que el propio Casado promueve ahora no ayuda en su difícil labor de recuperación de la credibilidad del partido que durante tanto tiempo presidió Rejoy. Tampoco lo hace el episodio –afortunadamente efímero– en que el actual PP pretendió volver a pactar con el PSOE la composición del Consejo General del Poder Judicial; o su timorata aceptación de la injusta e ineficaz Ley contra la Violencia de Género"; o el no menos contraproducente protagonismo otorgado a Rajoy durante la convención de hace sólo unos días.

Dadas las inevitables servidumbres que exige la militancia en cualquier partido, no se puede esperar que Casado pida abiertamente perdón por lo que supuso para la derecha liberal-conservadora la nefasta figura de Mariano Rajoy Brey, durante cuyo Gobierno esa importantísima parte del electorado se quedó sin genuina representación parlamentaria. Ahora bien, una cosa es que Casado no se disculpe por la histórica desafección a los principios liberal-conservadores registrada en los años de Rajoy y otra muy distinta que otorgara a su predecesor un inmerecido protagonismo en la referida convención, que, para colmo, el expresidente aprovechó para pretender hacer pasar su falta de principios, determinación y carácter como encomiable oposición al "sectarismo" y a los "doctrinarios".

Aun así, todo lo anterior sería peccata minuta si Casado pasara cuanto antes de las palabras a los hechos en, por ejemplo, la lucha contra el nacionalismo. A este respecto, cabe señalar su compromiso –tantas veces traicionado por su partido– en defensa de la libertad de los padres a la hora de elegir la lengua de instrucción de sus hijos. En este asunto, se podrá reprochar al expresidente balear José Ramón Bauzá lo que ha tardado en abandonar una formación que hace tanto traicionó sus principios, o que no espere a ver si Casado ejecuta su prometido cambio de rumbo. Pero lo que no se puede cuestionar es su espléndido diagnóstico de un PP balear entregado a las directrices nacionalistas, y no sólo en matera lingüística.

La pusilánime inacción, rayana en la complicidad, del PP en lo relacionado con el derecho de todos los españoles a que a sus hijos se les enseñe en español hunde sus raíces en tiempos anteriores a Rajoy y no se circunscribe a las Baleares, sino que se extiende a todas las comunidades en las que impera, en mayor o menor medida, la inmersión lingüística en una lengua regional. Aunque la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, se haya comprometido con la "libertad absoluta" de los padres para elegir colegio y lengua vehicular, no es este, desgraciadamente, el caso del presidente del PP balear, Gabriel Company, ni el del presidente de la comunidad gallega, Alberto Núñez Feijóo.

Tal vez Company pueda estar tan desafiantemente confiado como lo está Feijóo en que Vox no va a quitar votantes al PP en sus dominios. Pero si quiere que el PP tenga de nuevo credibilidad, Casado no puede permitirse que un político liberal como Bauzá engrose la lista de referentes populares que han dejado la política o bien se han marchado a otro partido.

Y es que no son precisamente políticos como Bauzá los que sobran en el PP ni los que ahuyentan al escarnecido votante liberal-conservador español.

Sánchez no puede regalar más tiempo a un narcodictador
OKDIARIO 30 Enero 2019

Pedro Sánchez no puede seguir dando la espalda a los venezolanos. Hasta el momento, lo único que ha conseguido el presidente del Gobierno de España con la concesión de ocho días de plazo a Nicolás Maduro para que convoque elecciones libres y democráticas en el país ha sido brindar tiempo y margen de maniobra al dictador. Sin embargo, el tiempo es precisamente lo que apremia en la férrea represión que está viviendo la ciudadanía de Venezuela desde que Juan Guaidó tomó las riendas del país para reinstaurar una democracia que lleva años mutilada.

En apenas unos días, desde el vago ultimátum de Sánchez a Maduro, el régimen chavista ha puesto en marcha una investigación preliminar contra Guaidó y ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia que no permita al presidente de la Asamblea Nacional salir del país, así como la prohibición de operar con sus cuentas bancarias o realizar transacciones de bienes que pudieran salvaguardar su patrimonio de las garras del chavismo. Una nueva arremetida del Gobierno bolivariano contra el disidente que, acorralado por la presión internacional y el presumible desmoronamiento de Maduro, ha optado por su habitual modus operandi desde hace décadas: el acoso, la represión y la violencia.

Venezuela tiene derecho a la restauración de un Estado de Derecho y una democracia real con la que poder expresar con garantías su soberanía popular, pero para conseguirlo necesita del apoyo impasible de aquellas naciones con arrojo que gozan de libertad. Por ello, Sánchez ha errado dando esta prórroga a Maduro, más cuando, además, las manifestaciones en Caracas contra el régimen chavista la semana pasada se han saldado con víctimas mortales y cientos de heridos que sólo querían expresar su rechazo a un sistema salpicado de corrupción que está llevando al país a la más absoluta devastación donde, incluso, la vida humana está perdiendo su valor.

El equilibrista
Pablo Molina Libertad Digital 30 Enero 2019

Dice el papa Francisco que no puede pronunciarse sobre el conflicto entre la tiranía chavista y los esfuerzos de la oposición para recuperar la democracia en Venezuela porque su obligación es ser "equilibrado". Pocas veces nos ha sido dado ver a un Pontífice hablar con tanta sinceridad, gesto que se agradece en un mundo tan abonado a las declaraciones oscuras y las palabras ambiguas como el de la diplomacia vaticana.

El Papa cree que su obligación es la equidistancia. Por eso, entre los esbirros de Maduro y los que están siendo asesinados por ellos a tiros o de hambre, Francisco se sitúa justo a medio camino. Como si en lugar en lugar de jugarse la vida para recuperar la libertad los venezolanos estuvieran en las calles preparando el Carnaval.

Afortunadamente, los hermanos de Francisco en el episcopado venezolano piensan bien distinto. Reunidos en el órgano que los agrupa, los obispos venezolanos consideran a Nicolás Maduro "ilegítimo y moralmente inaceptable" y califican a su régimen de "totalitario, militarista, policial, violento y represor"; un régimen esencialmente "dañino" para un pueblo que solo "pide alimentos, medicamentos, luz eléctrica, sueldos dignos y detener la inflación".

Pero el Papa no. Francisco considera que la tragedia del pueblo venezolano hay que solucionarla con diálogo entre los que la están provocando y sus víctimas, todo ello en términos de plena igualdad.

Afortunadamente, las opiniones del Papa en cuestiones que nada tienen ver con el depósito de la fe son irrelevantes. También para los católicos, los únicos obligados a escucharlo. Su postura cobarde ante la tragedia venezolana es consecuente con la trayectoria reciente de la Iglesia, acentuada con el papado de Francisco, que prefiere no tomar partido entre unos fieles que se juegan la vida y quienes los pretenden asesinar. Es la tesis de la actual Iglesia Católica en China o en los países islámicos, basada en contemporizar con unos y otros sin tomar partido por ningún bando, aunque uno de ellos sea el suyo, que se desangra a chorros sin que el referente mundial de la institución lo defienda para no perder ese equilibrio del que gusta presumir.

Las palabras del Papa sobre Venezuela avergüenzan a los que formamos parte de la Iglesia. Es una pena, pero por suerte los católicos podemos rechazarlas con entera tranquilidad, puesto que nada tienen que ver con cuestiones de Fe. La postura de Francisco en este asunto es simplemente la propia de un peronista descerebrado. Exactamente lo que es.

La sangre ya corre en Venezuela, hipócritas
Carmelo Jordá Libertad Digital 30 Enero 2019

Durante prácticamente toda la dictadura chavista, pero muy especialmente en los últimos años, Venezuela se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo y en los que más probable es morir asesinado. Por si lo anterior no fuese suficiente, Caracas tiene el triste honor de ser la ciudad más peligrosa de todo el planeta (y no lo digo yo sino el muy políticamente correcto El País).

Cada año mueren en el paraíso del socialismo del siglo XXI cerca de 30.000 personas. Les daré dos datos para que se hagan una idea de la magnitud de esa cifra: en España, que tiene un 50% más de habitantes, hubo en 2017 menos de 300 asesinatos; en Afganistán, un país también más poblado que Venezuela y que está en guerra permanente, se habla de 10.000 afectados por la violencia en 2017, pero esa cifra incluye muertos y heridos.

Y la cosa sigue: sólo en los últimos días y según los datos de la ONU –que todos sabemos de qué pie cojea– han muerto 43 personas, la mayor parte a manos de las fuerzas represoras del régimen o por los grupos paramilitares que también ha armado y paga el chavismo.

Venezuela es, por tanto, un país que en la práctica está en guerra desde hace no poco, un país que se desangra porque el régimen ha decidido que la proliferación de la violencia y el terror es parte de las condiciones que garantizan su permanencia en el poder y, por tanto, ha hecho todo lo que ha podido para que los delincuentes, entre los que obviamente están casi todos los prebostes del chavismo, campen a sus anchas.

Este es el panorama real de un país que por primera vez tiene una esperanza real de salir de semejante pozo; por eso aquellos que, como el siempre impresentable Bergoglio, se muestran "asustados" ante un posible "derramamiento de sangre" sólo están disimulando su propia miseria moral y colocándose de perfil, porque eso es lo que pueden hacer ahora para tratar de sostener esa infame narcodictadura.

Porque aunque este papaflauta infame y satánico –y otros muchos biempensantes como él, en esto Bergoglio no está sólo– parece no que no se ha querido enterar, en Venezuela hace años que se está derramando la sangre, y por hectolitros. Y además la gente se está muriendo de hambre, y además los enfermos agonizan en los hospitales por falta de medicinas, y además hay detenciones arbitrarias y torturas y toda clase de crímenes políticos. Esta es la realidad del socialismo bolivariano, y lo era mucho antes de que Guaidó reclamase lo que en justicia y según la legalidad le corresponde.

No, la sangre no va a empezar a derramarse ahora en Venezuela por que por fin llegue la libertad: al contrario, echar a los asesinos es precisamente lo necesario para que acaben las muertes. Pero, claro, eso ya lo saben todos estos asquerosos hipócritas, por no decir algo peor.

Nadie se cree estos Presupuestos
EDITORIAL El Mundo 30 Enero 2019

Si los Presupuestos Generales del Estado constituyen la ley fundamental de un Gobierno, aquella que traduce en la práctica sus prioridades políticas, entonces unos Presupuestos sentenciados como irreales por diferentes organismos públicos y privados, españoles y extranjeros, se convierten en un testimonio de la impostura del Gobierno que los presenta. Estas cuentas no se sostienen porque nacen condenadas por el mismo pecado original que franqueó el acceso de Sánchez a La Moncloa: la necesidad de contar con los votos de separatistas con un juicio en ciernes por rebelión y de populistas de izquierda radical que exigen condiciones inasumibles.

Ni la fantasiosa recaudación, ni el falso control de la desviación presupuestaria, ni los errores de computación de los ingresos han pasado desapercibidos a toda institución que ha revisado el proyecto del Gobierno. Según el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, los ingresos previstos están inflados, el objetivo de déficit está desviado unas siete décimas -lo que supone un desfase de más de 8.000 millones de euros- y existe riesgo de que el crecimiento sea inferior al previsto. Funcas, por su parte, elevaba en una décima el desvío del déficit. Para colar sus cifras, María Jesús Montero se sirve de trucos contables tan burdos como la estimación de una recaudación de IVA que contempla un año de 13 meses. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no solo ha rechazado esta añagaza sino que rebaja a la mitad la previsión recaudatoria por la modificación del impuesto de Sociedades y por las tasas Google y Tobin, entre otras medidas que no estarán en vigor durante todo el ejercicio.

Pero el alarde de voluntarismo de este Gobierno no encuentra crédito en Bruselas. Los comisarios Valdis Dombrovskis y Pierre Moscovici han dirigido una carta a Montero y a Nadia Calviño en la que mantienen los «riesgos de no cumplimiento» tanto del ajuste de déficit como de las reglas del Pacto de Estabilidad que rigen el euro, y cuestionan la capacidad recaudatoria de los nuevos impuestos diseñados por Moncloa. Máxime teniendo en cuenta el fuerte incremento del gasto que esperan financiar con esos nuevos tributos y que trae causa de compromisos demagógicos e inviables como el de ligar las pensiones al IPC. Que la Comisión no obligue a Calviño a presentar otro plan no significa que no vaya a imponer medidas adicionales de ajuste.

Nadie solvente se cree los Presupuestos de Sánchez. Pero sus deficiencias técnicas no son más que la lógica consecuencia del empeño en gobernar con 84 diputados mediante alianzas con extremistas. Un presidente que elige esas compañías para su ley más importante solo puede estar pensando en su supervivencia a corto plazo, nunca en el interés general de España, que necesita una política económica de signo opuesto para afrontar la desaceleración.

Denuncia de Martín Tortabú en el Senado
El presidente del Supremo venezolano: “Podemos bloqueó las sanciones de la UE a Maduro”
Carlos Cuesta okdiario  30 Enero 2019

El presidente del Tribunal Supremo venezolano, Miguel Ángel Martín Tortabú, acusó, en su reciente visita a España, a Podemos y al resto de partidos de extrema izquierda implantados en la UE de interferir para evitar las sanciones europeas al régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

Martín Tortabú -que se encuentra en estos momentos en el exilio- describió ante el Senado español hace un mes, con todo lujo de detalles, la financiación recibida por estas formaciones desde la narcodictadura chavista. Y aclaró que esos pagos no eran casuales ni exclusivamente lúdicos. Todo lo contrario: buscaban contar con una estructura de poder político en los países europeos. Algo que se logró pronto en Grecia y Portugal, quienes impidieron con sus posturas las sanciones al régimen de Maduro.

Hoy el esquema se repite con un Podemos que condiciona –como socio– las actuaciones del PSOE. El resultado es una Unión Europea inoperativa en la que no se defienden los derechos humanos internacionales, incapaz de sancionar a dictadores o de reconocer a presidentes legítimos como el venezolano Juan Guaidó.

Martín Tortabú incidió en su explicación en que el dinero procedente de los contratos de petróleo de Venezuela o directamente del narcotráfico implantado en este país “se va a otros lugares. ¿A dónde va ese dinero? Ese dinero no es solo para comprar lujo para una persona o para una familia, es evidente que va mucho más allá, porque lo que están buscando es un control del poder político”, aseguró sin matices.

La estrategia ha perseguido la formación e impulso de partidos de extrema izquierda, cosa que se lanzó desde el “Foro de Sao Paolo creado en 1994 y que sigue hoy vivo”. Un foro que engloba “a toda la extrema izquierda, también de Europa”.

Pero el control político impulsado por la narcodictadura de Maduro no acaba ahí. “¿Por qué digo que es un control del poder político? Porque con el dinero de la corrupción, con el dinero del narcotráfico, se está financiando el terrorismo, y el terrorismo lo que busca es el control del poder político. En la Organización de Estados Americanos, a pesar de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, no se ha activado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque muchos países han recibido prebendas y no votan a favor de la sanción en Venezuela”, señaló en diciembre pasado.

Extrema izquierda
Y puso otro ejemplo que explica la falta de iniciativa de la UE frente a estas dictaduras: “¿Por qué el Parlamento Europeo no votaba a favor de las sanciones en Venezuela? Y ustedes saben muy bien que estaban Grecia y Portugal, y uno decía: bueno, ¿por qué Grecia y Portugal? ¿Qué tienen que ver Grecia y Portugal con Venezuela? Después vimos qué ocurría”. La respuesta se basaba en los partidos de extrema izquierda implantados en cada uno de estos países.

El presidente del Tribunal Supremo fue a más en su explicación y añadió que exactamente igual que en esos países “muchos de estos dineros, repito, han venido aquí, a España, han ido a Andorra o han ido a Estados Unidos. Con Estados Unidos tenemos una cooperación, que está haciendo una revisión, pero Estados Unidos no puede ser el único país que imponga sanciones”.

En España el partido mencionado por Martín Tortabú fue Podemos. Y dos personas de esta formación en concreto: Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, quienes trabajaron para el régimen chavista directamente en Venezuela, tal y como aclaró Martín Tortabú.

“Cuando yo hablo de dinero que ha llegado a Estados Unidos, a España y a otros países, es increíble, porque llega a través de una figura novedosa que nosotros, en Venezuela, llamamos los boliburgueses o los bolichicos”, añadió.

Podemos mantiene en estos momentos una posición predominante en el apoyo al Gobierno de Sánchez. Traducido: si Podemos deja de respaldar al Gobierno, Sánchez perdería por completo su estructura de gobernabilidad. Y esa fuerza le da una influencia en un presidente de España que sigue a fecha de hoy sin reconocer a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

A Maduro le llegó su San Martín
Fernando Díaz Villanueva. vozpopuli  30 Enero 2019

Nicolás Maduro tiene ante sí el mayor desafío de cuantos se ha encontrado en los seis años que lleva en el poder, al que llegó por designación digital directa del difunto Hugo Chávez. Han sido seis años de espanto, todo le ha salido mal, y no por causas ajenas, sino por su culpa.

Cuando accedió a la presidencia tras el último viaje de Chávez a La Habana -del que ya no regresaría con vida- el régimen hacía aguas por los cuatro costados. Ya en 2013 Venezuela se encontraba en una situación económica muy delicada. La inflación y el desabastecimiento general daban sus primeros avisos. Chávez dejó la economía venezolana devastada tras trece años de dirigismo soviético, expropiaciones y corrupción a granel. Todos los indicadores estaban en rojo aunque el régimen insistía en que nada pasaba, que las dificultades se debían a una "guerra económica" que la burguesía había declarado a la revolución.

Maduro pudo haber reconducido la situación aplicando un severo plan de ajuste y devolviendo la cordura a la enloquecida política económica de su antecesor, pero no estaba ahí para eso. Lo habían puesto los hermanos Castro después de gestionar con calma la sucesión de Chávez durante los meses que mantuvieron su cadáver en Cuba metido en un frigorífico. La misión de Maduro era culminar la revolución bolivariana y llevarla a sus últimas consecuencias.

Eso mismo es lo que tenemos ahora delante de nuestras narices, una revolución socialista que ha alcanzado la meta. Nada nuevo. A lo largo del último siglo han sido muchos los países que emprendieron ese camino y en todos los casos terminó mal. No hay un sólo caso de revolución socialista exitosa, pero, a pesar de ello, a esta doctrina se la sigue juzgando por sus intenciones y no por lo que se deriva de la aplicación de su programa.

Políticamente la Venezuela que dejó Chávez era ya una democracia muy deficiente en la que se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los opositores, y se practicaba de continuo el fraude electoral en los tres niveles de la administración. Se perseguía al disidente y se hostigaba a los medios de comunicación críticos. La ideología del partido gobernante permeaba las instituciones del Estado, incluido el Ejército, que desde años antes ya había adoptado el lema "Patria, socialismo o muerte".

La cubanización acelerada de los últimos años no podía sino acabar con la poca democracia que quedaba y dar paso a la dictadura abierta, que es donde Venezuela se encuentra ahora. Todas las instituciones a excepción de la Asamblea Nacional han sido cooptadas por el partido. Esta última fue desposeída de todas sus competencias y sustituida el año pasado por otra asamblea afín al presidente. Querían evitar un revocatorio y, sobre todo, perder las elecciones presidenciales que habrían de celebrarse este año.

Entre medias, el precio internacional del crudo descendió a aproximadamente la mitad. Pero esa no ha sido la causa de la quiebra de Venezuela, tal y como repiten incansablemente los terminales mediáticos del régimen. Venezuela no es el único país que produce petróleo. Hoy, de hecho, no está ni entre los diez primeros a pesar de que hace veinte años era el tercer mayor productor de del mundo. Todos los demás han notado el impacto de la cotización del barril, pero ninguno se encuentra en bancarrota.

La conexión cubana
De tres años a esta parte Maduro y los suyos se mantenían sobre una represión creciente y el apoyo más o menos interesado de potencias gobernadas por líderes autoritarios -cuando no directamente por dictadores- como Rusia, China, Irán o Turquía. Este equilibrio precario es el que se rompió la semana pasada con la proclamación de Juan Guaidó y su reconocimiento por parte de EEUU y los países del Grupo de Lima. La Unión Europea ha preferido quedarse sobre el alambre, pero ha puesto fecha a su ambigüedad. Si en una semana Maduro no da paso a elecciones libres y transparentes reconocerá a Guaidó y en Miraflores sumarán otro problema a los muchos que ya les atormentan.

Y es aquí donde surge el dilema. Si acepta que se celebren elecciones reconocerá que no tiene legitimidad de origen y que su toma de posesión del pasado 10 de enero fue un desafuero. Eso le inhabilita para presentarse. A él y a todo su Gobierno. Algo así no lo hará. Maduro no se practicará el seppuku por su propia mano. Otra cosa es que se lo practiquen desde La Habana. Venezuela es un protectorado cubano. Si las cosas se complican podrían sacrificar a su peón en Caracas y tratar de colocar a otro. Lo que Díaz-Canel no se puede permitir es perder Venezuela porque el crudo venezolano es vital para la supervivencia del castrismo.

¿Cómo podrían complicarse las cosas? Si Maduro no permite que se celebren elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Bruselas se unirá a Washington en el reconocimiento de Guaidó. La capacidad de presión internacional de tres Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU es considerable. Hoy por hoy al régimen de Maduro lo sostienen China y Rusia. ¿Hasta qué punto Venezuela es estratégico para estas dos potencias? Hasta un punto relativo.

China es acreedor del Gobierno venezolano y lo que quiere es cobrar lo que les deben, básicamente petróleo que Chávez comprometió a futuro para obtener liquidez durante su último mandato, cuando la economía ya había gripado. Para Rusia es aún menos importante. Venezuela ha sido durante años un buen cliente de armas rusas, pero desde hace tiempo no tiene con qué pagarlas. El país queda, además, muy lejos del área de influencia del Kremlin. No creo que estén dispuestos a arriesgar demasiado por un aliado como Maduro, especialmente si Donald Trump sabe ser generoso en otros ámbitos que le caen a Putin mucho más cerca.

Pero, incluso con Rusia y China señalándole en el Consejo de Seguridad, Maduro podría seguir amarrado al poder mientras controle al ejército y la policía. Esa es la gran cuestión ahora mismo. Maduro está haciendo lo posible por mantener a las fuerzas de seguridaddel Estado a su lado. Hay una crisis de confianza entre los altos mandos -engolfados en el narcotráfico y en un sinfín de delitos- y los oficiales de rango inferior, pero aún no se ha materializado en nada tangible. Como siempre sucede en estos casos, todos contienen la respiración en espera de que un valiente dé el paso y se la juegue.

Con todo, la debilidad de Maduro se palpa en el ambiente. No ha arrestado a Guaidó ni ha declarado el estado de sitio. Probablemente es lo que desearía hacer para poner fin a este asunto cuanto antes, pero en La Habana saben que ese sería su final. Si a Guaidó le pasa algo el repudio internacional sería masivo y podría ocasionar una revuelta en la fuerza armada, lo que desencadenaría el colapso final del régimen.

Claro que la situación presente no se podrá mantener durante mucho tiempo. Por primera vez en veinte años no depende del Gobierno chavista permanecer en el poder. A poco que Estados Unidos preste apoyo decidido a la oposición, -tanto desde el punto de vista diplomático como financiero- es cuestión de tiempo que Maduro caiga. Tiene demasiados enemigos y los pocos amigos que le quedan son por interés. En el momento en el que ese interés se esfume su San Martín habrá llegado. Y será motivo de celebración.

Las vergüenzas venezolanas de Podemos
Antonio Pérez Henares diariosigloxxi 30 Enero 2019

MADRID, 28 (OTR/PRESS) El drama venezolano, la tragedia de aquella nación y aquel pueblo, tan profundamente sentido por los españoles y estos, esperemos, últimos estertores de lo que ha devenido en cruda y dura dictadura y en sangrienta tiranía, han tenido en nuestro país un efecto de no pequeño calado. Han servido para retratar a una izquierda con las vergüenzas al aire. Clamorosa y clamoreada en sus proclamas de ayer, aunque torticeramente ocultada en sus enjuagues, trinques y dineros, por Podemos, aunque ahora Errejón borre tuit a centenares y, antes del ultimo estallido, Iglesias fingiera hacer unos pucheros de pena y el PSOE siguiera en su juego de una doblez agusanada con Zapatero convertido en pajecillo de Maduro y con Sánchez engolando spot en la nieve otorgando plazos y legitimidades al tirano. Aunque si finalmente el presidente del Gobierno hace lo que ya debía haber hecho y liderado en vez de retrasar, habremos de congratularnos.

Pero el obsceno destape de los podemitas y sus apéndices de izquierda ha resultado estremecedor. Sin dudarlo un instante se han puesto del lado de la dictadura y acusado de golpistas al pueblo venezolano, que arrolló en las urnas, constituyó una Asamblea Nacional a la que el chavismo ha querido destruir y cambiar por una especie de órgano designado por los "suyos" cuyo símil más cercano sería el de las Cortes Franquistas. En versión bolivariana. La patochada de unas elecciones presidenciales donde la oposición no participó, pues la mayoría estaba presa, ni tampoco un enorme porcentaje del pueblo venezolano, la comunidad internacional entendió como un fraude absoluto, pues tenían la calidad democrática no consiguieron legitimar a un Nicolás Maduro traspaso definitivamente la línea hacia la dictadura. La Asamblea nacional, legitimada por el voto, y una mayoría de 2/3 ha optado por entonces a Juan Guaidó como Presidente interino para pilotar el país hacia unas inmediatas elecciones y el retorno de las libertades.

Esta es la disyuntiva. Dictadura y democracia. Todo lo demás son, en este momento y ocasión, nada mas que excusas. Y en el caso de España y de Podemos lo que enseñan son la verdaderas entrañas de un maridaje del que un día se alardeaba a voces, luego callaba pero que emerge en toda su obscena componenda. Sus dirigentes, Iglesias, Errejón, Monedero, Bescansa sirvieron y cobraron, mas de 7,2 millones de dólares hasta el 2014 a aquel régimen. Y siguieron cobrando de manera taimada como aquellos 425.000 dólares que se ingresaron en las cuentas de Monedero y que para la prensa que siempre les ha otorgado bula el único problema era que no habían cotizado a Hacienda y ello quedó en un pis-pas resuelto. ¿Pero y por qué los habían pagado con dinero público, no sería por aquella milonga de la moneda fantasma y a qué bolsillos llegaron? ¿A los de Monedero?. ¡Vaya pastón de millonario por una nada!. O a su organización ¿y a eso cómo le llamamos?. Por cierto el papel de Monedero no era baladí en absoluto. Era un alto y relevante miembro del entorno más cercano a Chaves. En septiembre del 2008, Monedero se reunió en un hotel de Caracas en nombre del gobierno chavista, con un nutrido grupo de conocidos periodistas españoles. No hablo de oídas, yo estaba entre ellos. Tenía despacho en Miraflores y vivienda de lujo como correspondía a su cargo de jefe de la formación de Cuadros Bolivarianos en el Centro Miranda. Y sueldo mensual de más de 5.000 dólares. Podemos, sumido en una implosión interna que lo está haciendo saltar en pedazos, teme ahora también que si el régimen venezolano cae, los cascotes de su relación y sus dineros con ellos caigan también sobre sus cabezas. Y que el pueblo venezolano les exija que devuelvan lo que esquilmaron en complicidad con el régimen que les ha oprimido.

Venezuela, de la revolución al crimen
Luis de la Corte Ibáñez ABC 30 Enero 2019

Desde hace varios días, Venezuela vive momentos cruciales. Pudiendo desembocar en una nueva oleada represiva o incluso una contienda civil sangrienta, cabe la opción de que los acontecimientos coronados con el juramento de Juan Guaidó como «presidente encargado» dieran inicio a un proceso de transición que acabe con el régimen «bolivariano» instaurado en 1998. Este es el punto crítico al que el fallecido presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, han llevado al país caribeño en su carrera por implantar el «socialismo del siglo XXI», arruinando la economía de una nación rica en recursos, aumentando la desnutrición y mortalidad infantil hasta tasas trágicas y provocando un éxodo de tres millones de personas (casi un 10% de la población venezolana) huidas desde 2014. Por supuesto, las políticas populistas aplicadas durante dos largas décadas han contribuido a esos resultados, pero seguramente el fracaso no hubiera llegado a tales extremos si el régimen bolivariano no hubiera tomado la senda autoritaria y criminal por la que ha transitado, sobre todo, durante los últimos años.

Que el régimen fuera promovido por un militar previamente implicado en un golpe de Estado (1992) y encontrara en la dictadura cubana su primer aliado internacional ya apuntaba desde el principio que el interés de Chávez por las formas y procedimientos democráticos podía resultar meramente retórico e instrumental. A medida que los ingresos obtenidos del petróleo fueron mermando, reduciendo con ello subvenciones y gastos sociales ingentes, primero Chávez y luego Maduro fueron dando los pasos necesarios para ir erosionando la división de poderes y concentrarlos en el Ejecutivo, mientras el resto de instituciones perdían su anterior independencia. El triunfo electoral de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2015, respondido con estratagemas diversas, hasta inventarse en 2017 una asamblea alternativa integrada solo por elementos afines al gobierno, dio la puntilla a la democracia venezolana. Cuando las reglas e instituciones democráticas dejaron de servir a la revolución la democracia pasó a ser una simple etiqueta con la que camuflar el despotismo cuyo ejercicio se había vuelto indispensable para mantener el poder. Esta deriva política se reflejaría en medidas dirigidas a limitar la libertad de expresión y un número creciente de casos relacionados con la persecución y el encarcelamiento de opositores políticos, violaciones a los derechos humanos, actuaciones brutales contra manifestantes e incluso ejecuciones extrajudiciales. A consecuencia de ello, en junio de 2018 Naciones Unidas informó que la impunidad por violaciones de derechos humanos en Venezuela era «generalizada».

Por si los anteriores perjuicios no fueran bastantes, la evolución del régimen bolivariano propiciaría que Venezuela se convirtiera en uno de los países más inseguros, violentos y corruptos del mundo. Aunque esa tendencia deba bastante a las nefastas políticas económicas desarrolladas desde finales del siglo pasado, el avance del triángulo perverso de corrupción, inseguridad y violencia no solo se explica por la necesidad, sino también por la torpeza con la que los gobiernos de Chávez y Maduro intentaron contener la delincuencia e instrumentarla a su favor. Por ejemplo, se cometió el error de ceder el control de las prisiones venezolanas a los «pranes», o líderes criminales surgidos en su interior, facilitando así los negocios ilícitos dirigidos por esos individuos dentro y fuera del sistema penitenciario y dando lugar a la formación de numerosas estructuras delictivas («megabandas») que ganarían millones de dólares gracias a su implicación en operaciones extorsivas, secuestros y la distribución local de drogas. El desarrollo de una criminalidad organizada interior también fue un resultado no deseado de la estrategia callejera promovida por Chávez para asegurarse apoyos políticos extraoficiales mediante la creación, en 2001, de las agrupaciones políticas irregulares inicialmente conocidas como «círculos bolivarianos» y luego como «colectivos». La disposición de esos grupos a intimidar y reprimir a críticos y opositores se convertiría en un recurso cada vez más valioso para un régimen que no solo los financió y armó generosamente mientras pudo, sino que les transfirió el control de la seguridad de algunos barrios, mientras toleraba el crecimiento de sus ingresos relacionados con la extorsión y la distribución de drogas, el tráfico de alimentos y medicinas y el juego ilegal.

Finalmente, el crimen también llegaría a contaminar al Estado. La infiltración de los poderes públicos por elementos delictivos se había dado antes en Iberoamérica, generando daños enormes a países como Colombia, por citar solo el caso más prominente. Por lo general, tales infiltraciones derivan en la depredación de recursos públicos o, peor aún, en cierta influencia criminal sobre decisiones y resultados políticos, de manera que organizaciones de delincuentes consiguen manipular al Estado, para sangrarle y protegerse de él. Pero en la Venezuela de los últimos años la relación entre crimen y Estado alcanzaría una dimensión casi simbiótica. Debida sobre todo a la codicia de una parte de la dirigencia venezolana y de muchos funcionarios de más alto nivel (incluyendo a muchos altos mandos militares) y facilitada por una corrupción generalizada, las dos formas fundamentales mediante las que se ha consumado la criminalización parcial de las estructuras estatales venezolanas han sido la malversación de fondos públicos (varias decenas o centenas de miles de millones de dólares, según distintas estimaciones) y la colaboración directa con organizaciones autóctonas e internacionales involucradas en el tráfico de cocaína procedente de Colombia. Dicha colaboración se tradujo en la emergencia de múltiples redes criminales descubiertas gracias a investigaciones policiales y judiciales internacionales que han fundamentado acusaciones contra numerosos mandos militares y cargos públicos venezolanos, relativas a su presunta implicación en operaciones de narcotráfico, incluyendo varias dirigidas contra familiares del presidente Maduro y uno de sus vicepresidentes. Siendo imposible cuantificar con fiabilidad los beneficios extraídos de esa relación, no existe duda de que Venezuela lleva camino de convertirse en uno de los puntos neurálgicos del tráfico de cocaína a nivel mundial. Junto con todo lo anterior, en eso se cifra el legado que la revolución bolivariana ha dejado a Venezuela y la suma de razones que han llevado a la oposición a reconocer una presidencia alternativa a la de Nicolás Maduro.
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Luis de la Corte Ibáñez es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

La izquierda violenta
Samuel Vazquez /ECV esdiario 30 Enero 2019

Las nuevas formaciones de izquierdas se creen por encima de la democracia y sus reacciones son más violentas cuanto más radicales se crean y más capacidad de movilizar tengan.


Obama ganó en USA y ¿qué pasó?, nada.
Dilma ganó en Brasil ¿y?, nada.
Aquí ganaron Carmena y Colau, y como si nada.

La derecha se resignó en la derrota, dio la enhorabuena al vencedor y aceptó los resultados… de eso va la democracia.

¿Pero qué pasó cuando ganó Trump?
Disturbios en todas las ciudades, coches quemados, comercios saqueados, gritos de odio y gran parte del establishment multimillonario de las teles, las celebrities y demás farándula alentando a “los de abajo” a salir a las calles.

Lo mismo sirve para Bolsonaro, o aquí en nuestro país para los resultados en Andalucía.

Que ya hay que tener dos neuronas en la cabeza y además tenerlas enfadadas para que un tío desde una mansión en Galapagar mientras el servicio le sirve el té con pastas decrete una alerta antifascista para tomar las calles y tú salgas a tomarlas, pero bueno, esa ya es otra historia más relacionada con la inmadurez intelectual, o con ser tonto del culo directamente.

Un chalet en Galapagar, una tumba en Madrid

¿Por qué la izquierda no sabe perder?, ¿Por qué alienta la violencia cada vez que no sale en las urnas?
¿Por qué cuando ganan es la voz del pueblo la que ha hablado, y cuando pierden “no pasarán”?
Pues porque les hemos dejado jugar a un juego en el que no creen, y nunca han aceptado las reglas.

En la II Guerra Mundial se derrotó al Fascismo, Hitler murió en un búnker y Mussolini acabó colgado boca abajo en una plaza de Milán junto a otros líderes de su sanguinaria cruzada. Empero no se derrotó al comunismo, con los bolcheviques se pactó el reparto de Europa y se les permitió seguir adelante con su también sanguinaria cruzada.

Al final, el comunismo murió de viejo, fracasado, dejando un rastro de muerte que nunca antes había conocido la historia, pero revive cada cierto tiempo en las cabezas descerebradas de nuevos mesías adoctrinados por Gramsci o Laclau, con verborrea juvenil de cafetería de facultad y un poso intelectual que da para tirar hora y media de tertulia televisiva.

"Malcriados"
Como quiera que nadie les dijo que lo que hacían estaba mal, sino que tuvieron que descubrirlo ellos mismos, sólo los que lo vivieron están vacunados contra su peligro. Al otro lado del muro sin embargo, sus teorías acampan libres en las mentes de niños malcriados por el capitalismo, que siempre tuvieron de todo, y por lo tanto nunca valoraron nada.

Después de la caída del muro les permitimos jugar al juego de la democracia como si tal cosa, como si fueran de los nuestros, a pesar de que todo el que haya leído y viajado un poco sabe que comunismo y democracia son palabras antagónicas; y ellos encantados claro, pero siempre con un plan b… si no hay consenso, hay asalto.

Por eso esa reacción violenta lo es más cuanto más a la izquierda esté situado el o los partidos políticos con capacidad de movilizar.

Durante años, con un PSOE que supo abandonar el fracaso del socialismo para ingresar en la socialdemocracia mayoritaria en Europa, se respetó la derrota. Al aparecer Podemos, con un líder que daba golpes contra la mesa de un plató de televisión mientras afirmaba: “Sí, yo soy comunista”, lo de respetar a la mayoría se acabó, nunca jamás un régimen comunista pervivió sin violencia.

Las reglas
Así que lo de que las calles serán siempre suyas de los cachorros de la CUP es lo mismo que lo de asaltar los cielos de Pablo Iglesias, y viene a querer decir: sois tan tontos que nos dejáis jugar a este juego de la democracia, nosotros somos tan listos que aceptamos jugar, pero desde luego no somos tan democráticos como para respetar las reglas.

Y ahí es donde la policía juega un factor básico a liquidar, porque son los policías los que arrebatan las calles a las minorías violentas y se las devuelven al pueblo, son los policías los escudos de la democracia para todos sus desmanes y sus dejes totalitarios de macabra dictadura roja.

Lo hemos visto en Cataluña con claridad meridiana.

Lo primero que hicieron los ayuntamientos del cambio en Madrid, Zaragoza o Barcelona fue acabar con las unidades de orden público de las policías locales. No pueden permitir el coste electoral de enfrentar a sus policías contra sus votantes.

"En las calles"
Tendremos que resignarnos, no queda otra, al menos hasta que aparezca un líder al que no le asuste el coste electoral de defender la democracia en las mismas calles donde es atacada cada vez que el pueblo decide ir por libre y no seguir las consignas del mesías de turno, que vive a cuerpo de rey a costa de hacer de la revolución una profesión muy lucrativa.

Hasta ese momento, ¡Nos vemos en las calles camarada!

Madrid… Andalucía… Cataluña… bueno no sé dónde, pero en algún sitio estará la tumba del fascismo…

Si buscan bien igual la encuentran en Galapagar, no tiene pérdida, verás un coche de la Guardia Civil en la puerta.

No es un ejército, es la Mafia
José García Domínguez Libertad Digital 30 Enero 2019

Mal asunto el de Venezuela. Muy mal asunto porque el problema real no es ese ridículo patán verborreico. El problema serio, el de verdad, es el Ejército. Un ejército, el de Venezuela, que, a diferencia de lo que siempre ha sucedido en tantas repúblicas sudamericanas, no se ha constituido sólo en un poder autónomo. Porque las Fuerzas Armadas Bolivarianas son otra cosa muy distinta. No encarnan un simple poder dentro del Estado, sino que son un Estado dentro del Estado. Y un Estado que, como todos los que en el mundo han sido, defiende con uñas y dientes su soberanía frente a cualquier injerencia exterior. Sin entender eso, hoy no se entiende Venezuela. De ahí que tenga tan mala salida lo que está pasando. Maduro no deja de ser, en el fondo, una broma de mal gusto. El Ejército, en cambio, no es ninguna broma. El genuino Estado militar que hay detrás –y al margen– de ese charlatán de taberna embutido en un chándal del Caprabo fue la causa oculta de que la Asamblea Nacional, el único órgano institucional del país dotado de legitimidad, resultara disuelta por el Gobierno cuando el autogolpe que puso fin al barniz democrático que hasta entonces había cultivado el régimen. Y es que lo más grave de la disolución forzosa del Parlamento a instancias del Ejecutivo no fue el hecho en sí, sino la razón vinculada a los intereses empresariales de los militares que operó como catalizador. Razón oculta que respondía por Arco Minero del Orinoco, una extensa zona selvática que abarca más de 220.000 kilómetros cuadrados y que alberga en su subsuelo una de las mayores verás de oro y de coltán que existen en todo el planeta. El tan acusado interés de China, de Rusia y de Turquía, entre otros, por Venezuela responde a las inmensas reservas minerales sin explotar que esconde esa selva virgen.

Un negocio llamado a generar réditos extraordinarios que tampoco pasó inadvertido para la jerarquía castrense. Por algo las Fuerzas Armadas son, en realidad, el mayor grupo empresarial del país. Porque los espadones de Maduro no se limitan a corromperse con los trapicheos típicos del contrabando y el saqueo más o menos encubierto de fondos públicos. Lo clásico en tantos otros rincones del continente. Además de eso, que también, los uniformados poseen y gestionan su propio banco comercial, el Banco de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas; su propia empresa de explotaciones agrícolas, la Empresa Agropecuaria de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas; su propia empresa de transportes, la Empresa Militar de Transportes; su propia cadena de televisión comercial, la Televisión de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas; su propio fondo de inversión en valores de renta fija y variable, el Fondo de Inversión Negro Primero; su propio consorcio de empresas constructoras e inmobiliarias, la Empresa Constructora de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas; su propia planta embotelladora de agua mineral, Aguas Tiuna; su propia compañía de extracción y refinado de petróleo, amén de comercialización de gas para usos civiles, la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas. A esas labores de mover dinero sin cesar se dedica todos los días el grueso de los cuatro mil generales (sí, cuatro mil) que hay ahora mismo en el escalafón. Se comprenderá que el gran negocio en ciernes del Arco Minero del Orinoco estuviera, y nunca mejor dijo, en su punto de mira.

Nadie se extrañe, entonces, de que, junto a los enormes consorcios industriales chinos, rusos, norteamericanos y canadienses que aportaron el capital y la tecnología para poner en marcha la explotación de esas reservas minerales, la Compañía Militar de Industrias Mineras, sociedad mercantil cuyo cien por cien de las acciones pertenece al Ejército, fuese la única empresa venezolana autorizada a participar en las excavaciones. Por lo demás, todo fue bien hasta que al Parlamento, el legítimo y democrático luego dispersado a la fuerza, decidió meter la nariz en el suculento negocio de los militares. Una injerencia, la de los diputados electos, consistente en tratar de legislar sobre la regulación de la actividad de las empresas concesionarias de autorizaciones industriales en el Arco Minero del Orinoco. Fue lo último que hicieron antes de ser disueltos por el Gobierno. Pero es que la Asamblea Constituyente, el órgano chavista de pandereta que sustituyó y usurpó las funciones del verdadero Parlamento, nació siendo desposeído por el Tribunal Supremo de la potestad teórica de… legislar sobre la creación de empresas mixtas en el Arco Minero del Orinoco. No es un ejército, es la Mafia.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
La ‘aurea mediocritas’ del correlindes

Emilio Campmany Libertad Digital 30 Enero 2019

Está comúnmente admitido que en la centralidad ideológica están los grandes caladeros de votos. No sólo, sino que es en el centro donde habitan la mayor parte de los electores que con facilidad cambian su voto. Se supone que la moderación en el mensaje es generosamente remunerada por el electorado y que la vehemencia y la inflexibilidad son reiteradamente castigadas. Esto es discutible, sobre todo ahora, en clara crisis de los partidos tradicionales y pleno auge de los populistas. En cualquier caso, es lo que cree Iván Redondo, y por eso le aconseja a Pedro Sánchez colocarse en todo asunto en la equidistancia, con el fin de aparentar la mesura de la que groseramente carece.

Ya antes de que irrumpiera Vox, la exigencia de PP y Ciudadanos de que interviniera en Cataluña permitió a Sánchez presentarse como la opción central, la calle de en medio entre los independentistas y los del 155. Él finge ser el moderado capaz de resolver el problema con diálogo sin permitir, por un lado, que se viole la Constitución y sin tener a la vez que recurrir a medidas extremas.

Lo mismo pasa con su reacción a los buenos resultados de Vox en Andalucía. Para parecer que él está en el centro compara a Vox con Bildu, situándolos en el mismo plano pero en extremos opuestos. El planteamiento ha hecho fortuna y ha sido imitado por otro de la misma calaña, un tal Juan Carlos Cano, del PP vasco.

Estallada la crisis de Venezuela, ha seguido el mismo patrón de conducta. Sánchez se sitúa entre quienes temerariamente pretenden reconocer a Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela y quienes arteramente defienden a Maduro. Por eso, propone una absurda solución supuestamente intermedia consistente en dar al segundo un plazo para que convoque unas elecciones que no puede ni quiere convocar y que, aun en caso de convocadas, no serían libres.

Más allá de que sea o no cierto que la moderación es la mejor arma con la que ganar elecciones en España, el turbio Pedro Sánchez está muy lejos de ser un moderado. Nada tiene que ver con la moderación gobernar, no ya con comunistas de extrema izquierda, sino con quienes quieren destruir el mismo objeto que gobierna, que no es otro que la nación española. Tampoco la hay en colocar en el mismo plano a quienes defienden una acción política consistente en romper España por medio del terrorismo con quienes defienden su unidad y su Constitución. Porque, si hoy los etarras no matan, no es porque no crean en la legitimidad que tienen de hacerlo, sino porque tácticamente no les conviene.

Pero lo peor es lo de Venezuela. Esa calle de en medio que ha encontrado Sánchez no es en realidad otra cosa que un plazo graciosamente concedido a Maduro para que detenga y encarcele a Guaidó y reconduzca la situación. Si Maduro consigue tal cosa antes del sábado, ya no tendrá caso reconocer a Guaidó y el dictador se habrá salvado gracias a nuestro presidente.

Un correlindes muy peligroso, este Sánchez.

El Tribunal Supremo cierra flecos.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 30 Enero 2019

EL TRIBUNAL SUPREMO DENIEGA LA LIBERTAD DE LOS PRESOS ENJUICIADOS POR EL GOLPE DE ESTADO EN CATALUÑA. RECHAZA CAMBIAR LA SEDE DEL JUICIO A CATALUÑA Y LA ASISTENCIA DE LOS PRESOS A LA COMISIÓN DEL 155.

A pocos días de que se inicie el juicio por el golpe de Estado en Cataluña el 27 de octubre del 2017, y a escasas horas de que se produzca el traslado de los presos enjuiciados por los delitos de rebelión y otros, el Tribunal Supremo ha emitido un Auto rechazando por enésima vez la libertad de estos presos. El Auto vuelve a incidir en los argumentos dados en anteriores ocasiones, haciendo especial relevancia a la existencia de una estructura independentista en el extranjero que podría dar cobertura en caso de huida de los solicitantes. Es decir, se asegura que existe ahora un mayor riesgo de fuga. Por otro lado, se ha respondido a la petición de los abogados de la defensa de celebrar el juicio en Cataluña y usar el catalán como lengua materna de los enjuiciados.

En relación con esa estructura el Auto indica que: “Es un hecho notorio la existencia fuera del territorio español de estructuras de poder organizadas, puestas al servicio de aquellos procesados que han tomado la determinación de sustraerse al llamamiento de esta Sala. De hecho, algunas autoridades y miembros actuales del Gobierno y el Parlamento de Cataluña -como han publicitado ampliamente los medios de comunicación- se han desplazado para mantener reuniones con las personas integrantes de tales estructuras, algunas de ellas también procesadas en esta causa y declaradas en rebeldía. Esta realidad intensifica claramente el riesgo de fuga, pues pone de manifiesto la existencia de cierta infraestructura en el extranjero -con presencia, insistimos, de procesados en esta causa ya huidos de la justicia- que podría facilitar la fuga de los procesados”. Creo que no se puede decir más claro señalando sin citar a casos como el del actual Presidente Joaquim Torra que además de visitar asiduamente al fugitivo Carles Puigdemont, le prometió lealtad y se ha marcado como prioridad su investidura como Presidente legítimo de la Generalidad en el discurso de constitución del nuevo partido parido por aquél, la "Crida per la República".

En cuanto al empeño de los abogados de los presos de equiparar la situación de estos con la de un diputado turco encarcelado, sobre el que el TEDH de Estrasburgo se pronunció instando al Gobierno turco a excarcelarlo, -cosa por cierto que no ha llevado a efecto-, el Tribunal Supremo indica que: “conviene destacar, por otra parte, un dato que singulariza y distingue las dos situaciones que las defensas, en su legítimo discurso impugnativo, pretenden igualar. El Sr. Demirtas era un líder opositor cuyo encarcelamiento -sin entrar en otro orden de consideraciones acerca de las notas definitorias del sistema jurisdiccional turco y de la pervivencia de preceptos penales difícilmente conciliables con el Convenio de Roma- podía llegar a implicar una ruptura de la legitimidad democrática”. Y añade que: “los hechos que delimitan el objeto de la presente causa especial no se atribuyen por el Fiscal, el Abogado del Estado y la acusación popular a líderes de la oposición. Antes al contrario, la mayor parte de los procesados eran líderes políticos integrados en el Gobierno de una comunidad autónoma en la que asumían la máxima representación del Estado en ese ámbito territorial. No expresaban, por tanto, la silenciada voz discrepante frente a una política hegemónica que se impone sin contrapesos. Los políticos cautelarmente privados de libertad, cuya situación las defensas identifican con el cautiverio del Sr. Demirtas, se hallaban plenamente integrados en las estructuras de ejercicio del poder autonómico”.

Como conclusión afirma con rotundidad que: “No existe persecución por las ideas. No se criminaliza una ideología. De hecho, la ideología que con tanta legitimidad democrática profesan los recurrentes, sostiene ahora al mismo gobierno autonómico y está presente en las instituciones de las que la mayoría de los procesados formaban parte. No está en cuestión una forma de pensar, una concepción rupturista de las relaciones entre los poderes del Estado. El día a día de la actividad política enseña la libertad con la que esas ideas son defendidas en las instituciones y en los foros nacionales e internacionales de debate político”.

Esta argumentación es la que claramente va a usar el Tribunal Constitucional en el pleno del próximo 12 febrero para abordar en profundidad el recurso presentado por Oriol Junqueras y Joaquim Forn de violación de sus derechos constitucionales. Un planteamiento impecable basado en los hechos acaecidos desde del 6 de septiembre hasta el 27 de octubre del 2017 con la declaración unilateral de independencia. Todo el Gobierno de la Generalidad cesado como una de las medidas de intervención basadas en el artículo 155 y aprobadas por el Senado de España fue parte activa y decisiva tanto en la aprobación de leyes inconstitucionales y que además violaban el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como en llevar a efecto el igualmente inconstitucional referéndum del 1 de octubre del 2017, manifestaciones posteriores del 3 de octubre y la declaración final de independencia en una sesión vergonzosa del Parlamento de la C.A. de Cataluña con la única presencia de partidos independentistas y afines como los Comunes, bajo la cobarde modalidad del voto secreto para eludir responsabilidades penales individuales.

Por otra parte, también el Tribunal Supremo se pronunció sobre la petición del Parlamento autonómico de Cataluña de que los exconsejeros presos provisionales acudiesen como testigos a declarar ante la Comisión de Control integrada exclusivamente por los partidos golpistas para analizar lo relativo a las medidas de intervención del 155. En este caso ha hecho suyas las argumentaciones de la Fiscalía en cuanto a la interferencia con el juicio que está a punto de iniciarse, dejando la posibilidad de que la Mesa del Parlamento vuelva a solicitar esa citación para otro momento procesal. El Auto argumenta que: “La inminencia del inicio de las sesiones del juicio oral y el hecho evidente de que muchos de los aspectos sobre los que versaría la comparecencia ante la comisión parlamentaria están íntimamente ligados con los hechos objeto de acusación, introducen un elemento que ha de ser necesariamente valorado en el momento de resolver la solicitud”.

Todo lo anterior se suma al intento desesperado de llevar el juicio a Cataluña, para que sea el TSJC el que se encargase del juicio y así posibilitar, entre otras cosas, que en las sesiones se usase el catalán y no el español, con la excusa de que es la lengua materna de los enjuiciados. Una débil excusa en un país cuya Constitución contempla el uso de las lenguas autóctonas reconocidas como oficiales en los territorios donde se habla, pero en igualdad con el uso del español que es la lengua oficial del Estado. En concreto la Constitución dice en su artículo 3 lo siguiente:

“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.”

Que se sepa, todos los procesados son españoles, aunque ellos no se consideren como tales. Así que tienen el deber de conocer, que es sinónimo de entender y expresarse sin ninguna dificultad, en castellano, conocido mundialmente como lengua española o español. Aunque es verdad que, gracias a una política excluyente independentista se ha logrado que las nuevas generaciones de españoles nacidos en Cataluña hayan recibido una enseñanza dirigida, tergiversada y sectaria en catalán casi de forma exclusiva, relegando al español a una lengiua extranjera, por la que muchos de esos jóvenes son incapaces de expresarse y escribir en español de manera correcta, debido a la nula práctica del idioma oficial de España. Una lamentable realidad donde los diferentes Gobiernos de España han sido cómplices necesarios por la dejación de funciones y falta de control en algo tan esencial como la enseñanza de las nuevas generaciones de españoles. Algo que demuestra el error de haber delegado competencias estatales tan esenciales como la Sanida, la Seguridad ciudadana y la Enseñanza.

El próximo viernes 1 de febrero es la fecha prevista para el traslado de los presos a cárceles de Madrid para estar a disposición de la Sala del Tribunal Supremo durante las sesiones del jucio que comenzaría previsiblemente la siguiente semana, tras haber resuelto todos los recursos presentados por las defensas en un intento de dilatar el inicio inundando a la Sala con multitud de argumentos reiterativos añadiendo, como en el caso del diputado griego, matices sin ninguna relación con los delitos imputados. Una actitud que bien podría ser sancionada como obstruccionista de la Justicia,

Lo mejor es que, aunque lenta y prudente, la Justicia una vez iniciado el paso no hay obstáculo que la pare hasta llegar a su meta. El juicio se iniciará, día arriba o día abajo, y finalmente se emitirá sentencia. Lo que bien haría la delegacin del Gobierno en Madrid es nodejar que los golpistas monten escraches y algaradas en las inmediaciones de la Sala. Y por supuesto ha de garantizarse el traslado de los presos nopermitiendo rodeos a las cárceles donde se hayan ahora, ni cortes de vías de comunicación por las que debe pasar el convoy. Espero que no dejn todo a la improvisación y no vuelvan a confiar en los Mossos que ya se ve como actúan con los CDR.

¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día”

Ayuntamiento de Madrid
C’s se abstiene ante el ‘cordón sanitario’ del PSOE y Carmena contra VOX en Madrid
OKDIARIO 30 Enero 2019

El grupo municipal de Ciudadanos se ha abstenido este martes a la hora de votar en el Pleno de Madrid una proposición referida indirectamente a VOX.

La proposición presentada por la portavoz socialista en la capital, Puri Causapié, pide blindar el Consistorio de la capital “de quienes cuestionan la violencia de género”, en clara referencia a VOX. Ha sido aprobada con los votos de Ahora Madrid y PSOE. El Partido Popular ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido.

De esta forma, el PSOE ha sacado adelante el siguiente texto: “Rechazar la adopción de cualquier acuerdo, explícito e implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de la mujer dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar esta lacra social”. En los pasillos de Cibeles, la edil ha reconocido su “preocupación” por “la presencia de la extrema derecha” en los últimos sondeos municipales.

El grupo municipal de Ciudadanos, liderado por Begoña Villacís, ha protestado porque no se le ha permitido llevar a votación una enmienda referida a los partidos independentistas y proetarras.

Causapié ha rechazado directamente la enmienda ‘naranja’ que decía: “Rechazar igualmente la adopción de cualquier tipo de acuerdo con formaciones que plantean la separación de alguna de las comunidades autónomas del resto del estado, poniendo en riesgo la soberanía nacional y cuestionando la igualdad de todos los ciudadanos de nuestro país. Así como con formaciones que no hayan roto de manera clara el apoyo a la actividad de bandas terroristas o condenado la violencia terrorista”.

El sentido de la votación ha sido igual al resultado de la votación hace una semana en la Asamblea de Madrid con el pleno regional.

En su discurso, vistiendo una chaqueta violeta, Causapié ha cargado contra quienes “buscan una confrontación entre hombres y mujeres cuando el feminismo busca la igualdad”. “No es una guerra de hombres y mujeres sino que hay gente decente que lucha contra la violencia machista y los monstruos. Ustedes eligen dónde quieren estar en las próximas elecciones”, ha declarado por su parte la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, a las bancadas de PP y C’s.

“Toda acción a favor de las mujeres ha sido seguida por la reacción, sin ideología propia y oponiéndose a las conquistas sociales, ya desde las sufragistas. Lo nuevo es que esos grupos reaccionarios encuentran apoyos de PP y C’s, que apoyan esas barbaridades (que dice VOX)”, ha agregado Mayer.

La concejala ‘naranja’ Sofía Miranda ha afirmado que esta proposición es la reacción del PSOE porque “no ha superado la pérdida del gobierno en Andalucía”. “¿Dónde estaban las feministas andaluzas cuando el PSOE malgastaba el dinero de los andaluces en formación de los trabajadores en prostíbulos? ¿Dónde estaban cuando Sánchez aceptó el acuerdo con Podemos cuando no aceptaron el pacto de Estado contra la violencia de género?”, ha preguntado.

“Feminismo instrumentalizado”
El portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, ha acusado a Causapié de “instrumentalizar el feminismo para obtener un rédito político” porque “la izquierda se ha apropiado del concepto del feminismo”. “No lo vamos a permitir”, ha espetado el edil, que ha rechazado “lecciones de la izquierda en igualdad” cuando “dan carnets de buenos y malos entre los hombres”.

C’s se abstiene ante el ‘cordón sanitario’ del PSOE y Carmena contra VOX en Madrid
La alcaldesa Carmena junto a Almeida (PP), Causapié (PSOE) y Villacís (C’s). (Foto: Madrid)

Causapié le ha contestado que su postura es la misma que la de su presidente, Pablo Casado, “que mezcla violencia de género y doméstica para negar la primera”. También ha criticado las declaraciones de la candidata del PP a la Presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, que llegó a decir que “no hay nada más trasnochado que el feminismo que sólo habla de mujeres”. “No hay nada más trasnochado que el machismo y el sexismo”, ha replicado la portavoz socialista.

A las críticas se ha sumado Celia Mayer, que ha afeado a Almeida que “en cuatro años nunca haya hablado” de estas cuestiones y que sólo lo hace “cuando defiende los intereses de VOX”. La delegada ha puesto sobre la mesa la transversalidad del feminismo y que lleva a los “reaccionarios” como Donald Trump o Jair Bolsonaro a apoyarlo.

Propuesta anti VOX
La propuesta del PSOE plantea que el Ayuntamiento refuerce y siga poniendo en valor las medidas del Pacto contra la Violencia de Género y manifiesta su repulsa a todas “las manifestaciones de dicha violencia, el compromiso con las víctimas y la tolerancia cero con los maltratadores”.

También manifiesta su “rechazo absoluto” a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de la mujer frente a la violencia machista, que no reconocen la existencia de la violencia de género e ignoran el drama social y las consecuencias que tienen para las víctimas.

Del mismo modo, los grupos se comprometen a trasladar a Madrid los acuerdos del pacto estatal y que el Ayuntamiento garantizará el cumplimiento del Convenio de Estambul. El Pleno apoya las movilizaciones de las organizaciones feministas y hace suyo el lema ‘Ni un paso atrás en igualdad’.

Independentismo en Cataluña
Adoctrinamiento en las aulas: Torra hace fijos a los 40 inspectores contratados a dedo desde 2007
Raquel Tejero okdiario 30 Enero 2019

Quim Torra, el presidente de la Generalitat, ha asignado 40 plazas de funcionarios como inspectores de enseñanza a 40 personas que han ido siendo colocadas a dedo durante los años del ‘procés’.

Jordi Pujol era presidente de la Generalitat cuando en 1990 dio a conocer el Programa 2000. En el capítulo 2, dedicado a la Enseñanza, en el apartado 6 de Actividades Fundamentales, se podía leer lo siguiente: “Reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza. Vigilar de cerca la elección de este personal”.

Siguiendo esta pauta se creó un cuerpo de inspectores, que no se consideraban funcionarios en sí, pero sí eran dependientes de Enseñanza.

En 2007 se aprueba la primera resolución de méritos para las plazas de inspector de Educación. Eso sí, en comisión de servicios. Esto significa que, a pesar del concurso de méritos, eran designados a dedo. Con este personal afín a la causa se podía empezar la “catalanización de los programas de enseñanza” sin ningún impedimento. Este tipo de resolución se repite constantemente hasta el año 2015.

La polémica surge cuando, haciendo coincidir con el aniversario de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, el consejero de enseñanza, Josep Bargalló, firmó una resolución en la que se hacía pública una lista de personas que habían superado un concurso de oposición al cuerpo de inspectores de educación.

El dato significativo es que los convertidos en funcionarios son los inspectores que habían accedido al puesto durante los años precedentes sin necesidad de oposición.

Ahora, la voz de alarma la ha dado la Asamblea Nacional de Tabarnia (ANT), una plataforma creada para dar voz a los catalanes que han sido silenciados por el auge del independentismo. La ANT ha pedido a los partidos políticos que “conforme al artículo 67, siguientes y concordantes del Reglamento del Parlamento de Cataluña, se den los pasos necesarios para la creación de una Comisión de Investigación para que se aclare porqué se han hecho fijos en 2018 a casi un 20% de los Inspectores d´Ensenyament”.

La asociación plantea preguntas clave como: “¿Se ha hecho una convocatoria completamente abierta para cubrir las plazas de Inspector de Educación?” O “¿Ha ayudado el actual conseller d’Ensenyament Don Josep Bargalló a implementar el susodicho Programa 2000?”.

Una policía educativa
Estos puestos tenían como objetivo vigilar que se siguiese con los criterios de catalanización de la enseñanza. Este tipo de prácticas se conoce actualmente como el ‘adoctrinamiento’ que sufren muchos niños en Cataluña y que les lleva a cosas tales como estudiar una Historia completamente diferente a la que se estudia en otros colegios de España.

Durante el año 2017 el Ministerio de Educación estudió más de 200 casos concretos, con datos y pruebas, de politización en las aulas.

Alberto y Ascen sí que merecen nuestro homenaje
Teresa Jiménez-Becerril ABC 30 Enero 2019

Para mí todos los días son 30 de enero, porque el olvido no ha ganado en mi mente su batalla contra la memoria. Pero, por fortuna, aún son muchos, no sólo sevillanos, sino de todos los rincones de España, los que recuerdan esa lluviosa madrugada en la que se les heló el alma al escuchar que la organización terrorista ETA había asesinado no sólo al teniente alcalde de la ciudad de Sevilla, Alberto Jiménez-Becerril, sino, en su extrema crueldad, también a su mujer, Ascensión García, dejando a tres niños de corta edad huérfanos de padre y madre.

Eso vamos a revivir hoy por la mañana en el cementerio de San Fernando, donde en dos negras lápidas de mármol están grabadas, en grandes letras mayúsculas, dos simples palabras: ALBERTO y ASCEN, como se conoce a estos dos jóvenes españoles, héroes de nuestra libertad. Y para seguir honrándolos, por la tarde lo haremos ante la Virgen de los Reyes, en la catedral de Sevilla, en esa misa donde repetimos desde hace veinte años, ese adiós que tanto nos costó darles el 30 de enero de 1998. Entonces no nos teníamos en pie del dolor, pero nos sosteníamos gracias a la ayuda de Dios, a la solidaridad de tantos españoles y a la fuerza que Alberto y Ascen nos daban para seguir viviendo por ellos, por sus hijos y por esos valores que los terroristas quisieron destruir sin conseguirlo.

Los mataron y desgarraron nuestros corazones, pero no nos doblegaron, y ese regalo de rendirnos ante su objetivo de romper España y acabar con nuestra democracia ni ayer, ni hoy ni mañana se lo vamos a entregar a los terroristas y a sus cómplices. Y por eso vamos a revivir cada 30 de enero el espíritu de Alberto y de Ascen, el de la concordia, el de la conciliación y el de la paz verdadera, la que representaban los tres claveles que Ascen llevaba para que sus hijos celebrarán el día de la paz en el colegio y que quedaron tirados en el suelo, como quedaron tantos sueños incumplidos.

Por eso no debemos admitir más paz que la que nace de la memoria, la dignidad y la justicia. Se lo debemos a Ascen, a Alberto y a las víctimas de ETA que ven cómo se habla de derrota, del fin de la organización terrorista, de nuevos tiempos, mientras se celebran continuos homenajes a los asesinos de sus seres queridos con la mayor impunidad. Se nos dice sin pudor que, como ETA ya no mata, no tiene sentido la dispersión ,y van a acercar a los terroristas al País Vasco. Yo me pongo a temblar pensando en lo que viene después, que no es otra cosa que los beneficios penitenciarios y las excarcelaciones.

No, Alberto; no, Ascen. La paz que queremos no es esa, sino la que nace de la justicia sin atajos. Por eso, si quieren los etarras favores que no merecen, que colaboren con la justicia en los más de trescientos crímenes de ETA que quedan sin resolver. Demos la verdadera paz a esas familias que tienen derecho a saber quién asesinó a sus familiares. Hasta que no haya verdadera libertad en el País Vasco, hasta que la Guardia Civil y todos los ciudadanos que defienden la igualdad de todos los españoles puedan vivir sin miedo a las agresiones y al rechazo social, no podremos hablar de fin de ETA.

Lo que yo veo es el fin de los tiros y las bombas, que no es poco, pero la verdadera batalla, la de la libertad, aún está en juego, y hasta que no ganemos esa no debemos rendirnos. Si admitimos como normal que haya políticos en España que brinden y compartan mesa con un terrorista como Otegui y otros que lo inviten al Parlamento Europeo a hablar de paz, seremos cómplices del blanqueo de cincuenta años de terrorismo en España. Y, sobre todo, estaremos violando la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo.

No sé ustedes, pero al menos yo no voy a permitir que se pierda esa herencia que me dejaron mi hermano y su mujer. Ni consentir que se destruyan esos valores por los que dieron sus vidas y que deberían ser los cimientos de una España libre y unida, donde nuestros jóvenes sepan distinguir el bien del mal y tengan claro que un terrorista, que mata a tiros a un concejal y a su mujer y deja a tres niños sin padre ni madre, no merece más que la cárcel de por vida, el desprecio y el olvido. Y sus víctimas son las que deben recibir todos los homenajes, el apoyo y el reconocimiento por su extremo sacrificio.

Por eso, este 30 de enero hagamos un ejercicio de esa memoria tan necesaria, esa que ETA, sus cómplices y tanto acomodado de esta política sin principios quieren cancelar, y honremos a Alberto y a Ascen como merecen, con respeto, gratitud y con la dignidad y el amor a España por bandera.
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Teresa Jiménez-Becerril es eurodiputadadel Partido Popular


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