AGLI Recortes de Prensa   Martes 5  Febrero 2019

Los separatistas ni se lo imaginan
José Antonio Zarzalejos elconfidencial 5 Febrero 2019

¿En qué cabeza cabe que un presidente del Gobierno compensaría el apoyo a unos contingentes Presupuestos Generales del Estado con la negociación sobre los más elementales principios constitucionales? Los dirigentes del separatismo catalán se están frotando lo ojos: el viejo Estado español, con una mala salud de hierro, a pesar de los pesares y los errores de sus dirigentes, va a sentar en el banquillo dentro de una semana a los principales protagonistas —fugados al margen— de los hechos de septiembre y octubre de 2017, presuntamente constitutivos de delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Entonces —en aquel otoño patriótico e impune de 2017—, parecía que el Estado era de caucho y las leyes de algodón, y la Constitución, poco más que una declaración de intenciones.

De nuevo los independentistas se están dando de bruces con el principio de realidad. Que consiste en que España es un “Estado social y democrático de derecho” (artículo 1º de la CE); que “la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado” (artículo 1º. 2 de la CE); que la “Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española” al tiempo que garantiza “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas” (artículo 2º de la CE); que “los españoles son iguales ante la ley” (artículo 14 de la CE), y que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley” (artículo 117. 1 de la CE).

¿Qué parte de estas disposiciones —y otras conexas— no terminan de entender los independentistas? Porque todas ellas resultan de aplicación y se están aplicando desde que en octubre de 2017 la Sala Segunda del Supremo admitió la querella del fiscal general del Estado contra los dirigentes de la asonada catalana y echó a andar una instrucción penal y un procedimiento posterior que ni el poder legislativo ni el poder ejecutivo podrían haber detenido, porque en nuestra democracia, con todas la imperfecciones que se quiera, rige el principio de división de poderes.

Poderes no le faltan al presidente del Gobierno (Título IV de la Constitución, artículos 97 y siguientes), pero carece de los que le reclaman los secesionistas para que exima a los encausados ante el Supremo de sus presuntos delitos (si procede, lo hará el tribunal) y no tiene ni uno solo que pueda afectar o infringir los pronunciamientos dogmáticos que protegen tanto la unidad nacional como el autogobierno de Cataluña, una nacionalidad histórica que integra España y que se rige por su Estatuto de Autonomía de 2006, 14 de cuyos 223 artículos fueron declarados inconstitucionales y otros 27 eficaces conforme con la interpretación de la sentencia del propio órgano de garantías constitucionales, dictada en 2010.

El presidente del Gobierno no puede, no debe —y, efectivamente, tampoco quiere—, ni amagar con aceptar el ultimátum de los grupos independentistas, de los que depende la aprobación de los Presupuestos. Puestas las cuentas anuales en un platillo de la balanza y en el otro todo el acervo constitucional en juego, la elección no tiene la más mínima duda si es que cupiera —que no cabe— que Pedro Sánchez la tuviese sobre aceptar o no las imposibles condiciones que ponen encima de la mesa los dirigentes republicanos y neoconvergentes. Si ya se equivocaron tan gravemente en septiembre y octubre de 2017 y años anteriores, contando con una exigua mayoría parlamentaria, pero no social, resulta inexplicable que persistan en el error tratando de persuadir al presidente con el muy romo argumento de que no le aprobarán los Presupuestos del año. Poca cosa en este lance.

ERC votará no a los Presupuestos y registra mañana martes una enmienda a la totalidad

Que no lo hagan y vayamos a elecciones, si así lo decide Pedro Sánchez, o continuemos con el actual Gobierno hasta que su responsable máximo lo decida. Porque, por encima de ideologías, preferencias y aspiraciones, en este momento, lo que está en juego para el Estado es tan importante que los separatistas no llegan ni a imaginarlo.

La amenaza de no apoyar las cuentas del Ejecutivo es mínima y hasta banal ante el reto, el desafío, que tiene ante sí el Estado, que es el de demostrar que en España su democracia hace justicia —la que se refleje en la sentencia que se dicte—, que su Tribunal Supremo (como todos los jueces y demás tribunales) la administra con plenas garantías para los enjuiciados (artículo 24 de la CE) y que se somete voluntariamente desde 1979 a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Ni se lo imaginan los independentistas: la vista oral que se inicia el próximo martes es mucho más importante para el Estado español, para la nación española y para la propia Cataluña que unos anuales Presupuestos. Cuando este episodio tan largo y doloroso concluya conforme al principio de legalidad, la democracia española será —muy al contrario de lo que opinan los secesionistas— más fuerte y más sólida. En definitiva, que unas enmiendas a la totalidad a los Presupuestos resultan puramente inanes ante la gran cuestión que se ventila en estos tiempos oscuros. Ni se lo imaginan —insisto— los dirigentes que ayer —¡qué inmensa torpeza!— amenazaron a Sánchez con tumbar su Gobierno.

No es una política de Estado
Carlos Dávila okdiario 5 Febrero 2019

¿Por qué tiene que apoyar la oposición una política exterior errabunda, sectaria, estúpida? El sábado, Sánchez gimió ante los suyos por la deslealtad, dijo, del Partido Popular y Ciudadanos. Según él Casado y Rivera tienen que postrarse de hinojos y decir “sí, señor” a todas sus ocurrencias, las más de las cuales se sitúan más cerca de la izquierda universal que manda en Rusia o en Turquía, que de las naciones occidentales. Sus continuas variaciones sobre qué se podía hacer con el sanguinario –hoy es un tirano, mañana hay que negociar con él– no merecen otro tratamiento que la repulsa. Días y días ha tardado, este personaje que en un país normal no sería ni empleado de una oficina aldeana de Correos, en decidir si él es de Guaidó o del sanguinario Maduro. Lo extraño en todo esto es saber por qué se ha colocado de monaguillo José Borrell –“Pepe” como se le ha llamado siempre–. Se cuenta en los cenáculos, muy activos de Madrid últimamente, que Borrell está muy incómodo, descontento, en este Gobierno de pacotilla de Sánchez. La especie es que el ministro se mesa los cabellos indignado cada vez que contempla cómo viene tratando la televisión socialista, antes denominada Televisión Españoles, los acontecimientos de Venezuela. Borrell, un acomodaticio sin embargo traga con todo; su objetivo es un puesto de comisario en el próximo Gobierno de Europa.

Mientras, viaja como una peonza de un lado otro siguiendo a su bodoque jefe. A éste la realidad, por muy pertinaz que sea, no le importa; para él la realidad es la que pinta el chistoso Tezanos con sus falaces encuestas o la que transmite esa cadena que, según denuncias interiores, “trabaja” todas las noticias hasta convertirlas en fake, una cadena que ha procedido a efectuar la segunda criba, purga más bien, contra periodistas “tibios”, el adjetivo que se empleaba en otro Régimen, el de Franco, para decapitar a los técnicos que no eran afectos totalmente al autócrata general. Ahora, el trío formado por la vicepresidenta Calvo, el gurucillo Iván Redondo, y la comisaria política Rosa María Mateo, se mete en las entrañas de la redacción y ficha o aparta caprichosamente a ovejunos plumillas, en el primer caso, o a profesionales reputados e independientes por otro.

Esta es la doble realidad de la que vive un personaje que ha tenido como principal aliado y asesor en el terror de Venezuela, a su antecesor, Rodríguez Zapatero, que ha actuado durante lustros –prácticamente desde que abandonó el Gobierno– como cómplice del bufón caribeño. Desde la oposición se ha exigido a Sánchez que rechace a Maduro y confirme a Guaidó, pero Sánchez se ha estado llamando andanas articulando unas exigencias, la de unas elecciones difusas, que han coincidido desde el primer momento, con la postura del cruel autobusero de Caracas. Pero, hombre de Dios, ¿cómo puede apoyar la oposición una postura “de Estado” tan cómplice como ésta? El PSOE por lo demás tiene una larguísima tradición de boicot a la política exterior de todos los gobiernos de centroderecha del país.

¿O es que nadie recuerda cómo bloqueó el ingreso de España en la OTAN patrocinada por Calvo Sotelo? ¿O cómo zarandeó a Aznar por su posición en la guerra de Irak? O cómo, muy recientemente, le ha pasado la mano por el lomo a los comunistas en Cuba, un sistema totalitario rechazado sistemáticamente por Suárez, el propio Calvo Sotelo, Aznar o Rajoy. Pero, ¿de qué deslealtad habla este chisgarabís? No hay razón alguna para apoyar a un presidente tan peculiar que ha hecho de la venganza política su razón de existir. Ni una razón. Este hombre no sabe lo que es una política de Estado. Podríamos darle una pista: una política de Estado es exactamente la contraria a la que él desarrolla empotrado en un avión turístico que le pagamos todos los imbéciles contribuyentes.

El régimen de Venezuela ha arruinado al país
José María Rotellar okdiario 5 Febrero 2019

Es terrible comprobar cómo Venezuela se encuentra arruinada, hambrienta y en la más absoluta miseria por las decisiones tiránicas de un régimen que ni respeta las libertades ni respeta a las personas. Maduro es un dictador que tiene a los venezolanos o encarcelados, o perseguidos o exiliados. Quienes no han podido irse, sufren la hambruna que ese régimen comunista provoca. Qué efecto tan potente tienen las medidas comunistas, que hunde en la miseria a un país con unos recursos naturales magníficos y con buena formación en recursos humanos.

Ha llevado al país a una hiperinflación brutal, que el FMI calcula que hará que Venezuela cierre 2019 con una inflación de 10.000.000%. No hay bienes para comer, y los pocos que hay ven variar su precio a ese ritmo, elemento insostenible para cualquier economía. La receta de Maduro no es otra que subir, una y otra vez, el salario mínimo, pero los precios todavía suben más, impulsados por, entre otras, esa mala medida para la economía. Eso es lo que quieren aplicar aquí también los podemitas, que, al fin y al cabo, han nacido al cobijo del régimen bolivariano.

La inversión local es casi inexistente en Venezuela, la extranjera no va ya desde hace tiempo, ya que no hay ninguna seguridad jurídica que respete las inversiones, y el país se descapitaliza por todos los costados. Esa hiperinflación crece y crece, habiendo alcanzado ya el 1.000.000% de inflación, para incrementarse en un único año hasta la cifra indicada anteriormente, según estimaciones del FMI. ¿Por qué? Porque el banco central de dicho país no deja de crear dinero, de imprimir papel, para financiar el gasto público. Esto hace que ya nadie quiera ahorrar, si es que tiene recursos que pueda ahorrar, porque el alto valor que pierden es instantáneo. Todo ello, con una disminución de la producción de crudo, que, además, sólo puede ir a pagar deudas.

Esto lleva al colapso económico, originado por la tiranía encabezada por Maduro, que se apropió de un poder que no le correspondía. Todos los países deben reconocer a Guaidó como presidente interino, porque es la única legalidad que existe. España debería haberlo reconocido desde el principio, en lugar de arrastrar los pies para no molestar a Podemos. Es intolerable todo el daño que esas personas han hecho en Venezuela. Ojalá pronto se restituya allí la libertad y con la ayuda humanitaria y un nuevo rumbo, dentro de esa libertad y democracia que ahora no tienen, puedan remontar.

Reconocimiento atinado y tardío
EDITORIAL El Mundo 5 Febrero 2019

Una vez concluido el plazo del ultimátum dado a Maduro sin respuesta por parte del tirano, como era previsible, el Gobierno español reconoció al fin ayer a Juan Guaidó. Pedro Sánchez no quiso moverse un milímetro de la calculada jerga diplomática por la que se considera al líder de la Asamblea Nacional venezolana "presidente encargado" para convocar elecciones "en el menor tiempo posible", como si le costara aceptar a Guaidó como el legítimo dirigente de la nación caribeña: el único democrático. Pero en todo caso, y aunque el Gobierno se haya sumado al reconocimiento tarde y a rastras, es todo un alivio que se haya acabado produciendo, si bien la secuencia de los hechos de los últimos ocho días confirma lo incomprensible de tanta tardanza.

Es cierto que casi todos los países de la UE aguardaron a ayer para saludar, en cascada, a Guaidó, en cumplimiento del plazo acordado por todos los estados miembros. Pero la firmeza y el empuje que en este asunto han demostrado gobiernos como el francés o el británico -que ayer mismo adelantó la posibilidad de implementar sanciones contra el chavismo- contrastan con la actitud timorata de Moncloa, que por desgracia no ha ejercido entre los Veintiocho el liderazgo que le correspondía por nuestras especiales relaciones con toda la comunidad iberoamericana. No es comparable la influencia y la responsabilidad que en una crisis política tan grave como la venezolana debe ejercer Madrid con la de cualquiera de los demás socios comunitarios. Y así se explican los ataques tan furibundos que Nicolás Maduro lanzó ayer contra Sánchez, tildándolo de "traidor" y "pelele de Trump". Se lamía así las heridas por el daño que causa en la dictadura bolivariana la decisión de España; y con ella, de casi todos los integrantes de la UE, aunque no se haya logrado, tristemente, una declaración común de los Veintiocho sobre Venezuela por la oposición de cancillerías como la de Roma.

Llegados a este punto, el reconocimiento a Guaidó no puede quedarse en mera formalidad, en el limbo de la retórica. Se hace tan imprescindible como urgente adoptar medidas que contribuyan a acelerar la transición democrática en Venezuela. Es hora de pasar a los hechos a través de iniciativas como el Grupo de Contacto porque, como se está demostrando, solo la presión decidida de la comunidad internacional está logrando poner contra las cuerdas a la dictadura. Es preciso redoblar esfuerzos para convencer a Rusia y China de que no pueden mantenerse como únicos sostenes de Maduro, entre otras razones para atajar la ola de represión que el tirano planea recrudecer.

Como destacó ayer el presidente Guaidó, la hoja de ruta de los demócratas ya cuenta con un espaldarazo imparable en todo el mundo. Nada puede truncar ya la conquista de la libertad por la que el pueblo venezolano lleva tantos años luchando y sufriendo lo indecible.

Lo que la crisis de Venezuela nos enseña (por ahora)
Jorge Mestre okdiario 5 Febrero 2019

Poco sorprende que a casi dos semanas de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente legítimo de Venezuela el statu quo en aquel país no sólo se haya mantenido, sino que no hay nada que haga pensar que Nicolás Maduro abandone el poder de forma inmediata y por voluntad propia. Este lunes varios países de la Unión Europea cumplieron con el ultimátum de los primeros días y pasaron a reconocer a Guaidó como presidente legítimo. De los 28 países miembros de la UE, ni siquiera la mitad han dejado de reconocer a Maduro en sus funciones presidenciales. Este hecho, junto a otros de enorme importancia, forman parte de lo que considero las principales enseñanzas de la crisis venezolana.

En primer lugar, con Trump o sin Trump, la política hegemónica de EEUU sigue vigente. Por muchos eslóganes a favor del “America First”, a Trump, como a todo el resto de sus predecesores, le gusta “abrir un melón” en la escena internacional que sirva para distraer la atención sobre otros asuntos. Al mandatario estadounidense le llueven críticas diarias en su país y en otros, pero con Venezuela ha encontrado la oportunidad para mostrarse a los ojos del mundo como el estadista que defiende de la libertad en todos los rincones del planeta.

Pero la capacidad de ejercer presión por EEUU es cada vez más débil y su potencial para ejercer el poder que le otorga ser primera potencia va menguando. Desde que Obama amenazara al presidente sirio, Bashar al-Assad, de una intervención en Siria y luego no cumpliera con sus advertencias, el país estadounidense ha mostrado una pérdida de músculo en la comunidad internacional. Ese desvanecimiento progresivo se ha materializado este lunes con el número de países de la UE que han dejado de apoyar a Nicolás Maduro. Apenas llegan a la decena. De los 28 países que conforman la UE, que sólo haya menos de la mitad dando ese paso es para hacérselo mirar.

En 2003 había más países europeos respaldando la intervención militar en Irak que los que ahora respaldan a Juan Guaidó, lo cual es un ejemplo de la desunión y diferencia que impera en el seno de la UE. La falta de consenso ante una crisis política y humanitaria de inalcanzables proporciones es indicativo de que ese clima de desacuerdo no sólo es pasajero, sino que presagia una verdadera sacudida que removerá los cimientos comunitarios a partir de las elecciones europeas de mayo.

La desunión europea es la escenificación también de la batalla entre “globalistas” frente a “nacionalistas”. Los primeros, de los que hablaré en un próximo artículo, son la punta de lanza del establishment, de la vieja política y de la oligarquía económica dispuesta a repartir credenciales de buenos y malos para justificar intervenciones selectivas en según qué países. Ayer mismo, siguiendo el guión de la acción estadounidense en el exterior, el presidente Trump anunció que la militar es una opción en Venezuela, pero sin entrar en más detalles. En marzo de 2002, el entonces presidente George W. Bush decía que su gobierno no tenía planes para atacar a corto plazo a Irak en el contexto de su campaña contra el terrorismo. Un año después, la invasión militar era una realidad.

Frente a los “globalistas” están los “nacionalistas”, los que afirman que cada estado como entidad soberana es libre de hacer lo que le dé la gana sin admitir injerencias desde el exterior. Es el argumento que defienden los gobiernos de Italia, Hungría, Turquía, Rusia o China, principal acreedor de Venezuela. Precisamente es a un medio chino al que Guaidó ha concedido una de sus primeras entrevistas. Y todo para aclarar que las deudas del régimen de Maduro serán asumidas por él. Una verdadera declaración de intenciones para no incomodar a la primera potencia en ciernes o para alumbrarnos sus planes futuros. Es decir, vino para quedarse.

La voz de las víctimas
Cayetano González Libertad Digital 5 Febrero 2019

Una de las noticias más positivas de los últimos días ha sido la decisión de Vox de presentar a Francisco José Alcaraz como candidato a senador por designación del Parlamento de Andalucía. Esta propuesta es posible gracias a los doce diputados que sacó el partido de Abascal en las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre.

Alcaraz es una víctima del terrorismo que perdió a su hermano Pedro y a dos sobrinas, Esther y Miriam, gemelas de tres años de edad, en el atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza (diciembre de 1987). Fue presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en los años en que Zapatero negoció políticamente con la banda terrorista. Alcaraz lideró –con el apoyo de contadísimos medios de comunicación, entre ellos esRadio, Libertad Digital y muy pocos más– la denominada Rebelión Cívica, que sacó a la calle en varias ocasiones a miles y miles de ciudadanos que se oponían a ese proceso de negociación con ETA bajo el lema "En mi nombre, no". Fue la época más brillante y activa de una asociación, la AVT, que habían fundado en 1981 tres mujeres con mucho coraje: Ana María Vidal Abarca, Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel O’Shea.

Ahora, Alcaraz, a petición de Santiago Abascal, ha decidido dar el salto a la política, y se convertirá en el primer cargo institucional a nivel nacional de un partido, Vox, que cuenta en sus filas desde su fundación con otro referente moral para muchos españoles: el exfuncionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que estuvo secuestrado por ETA 532 días en un inmundo agujero construido en una nave industrial de Mondragón, hasta que fue liberado por la Guardia Civil.

Es fundamental que se oiga la voz de las víctimas del terrorismo en las instituciones. Alcaraz no va a ser la primera víctima que ocupe un puesto institucional. Antes que él lo han hecho otras: Enrique Múgica fue ministro de Justicia, diputado y Defensor del Pueblo; Maite Pagazaurtundua, Teresa Jiménez Becerril o Bárbara Durkopp, eurodiputadas; Marimar Blanco, Jaime Mateu y Eduardo Madina, diputados; María Caballero, senadora; por no citar a todos los concejales de PP, UPN y PSE que ocupaban su puesto en diversos ayuntamientos del País Vasco, Navarra y otras partes de España cuando fueron asesinados por ETA.

Esa voz de las víctimas sigue siendo imprescindible, más aun en unos tiempos en los que han sido arrinconadas y declaradas molestas por el poder político, porque al final son como la voz de su conciencia al recordar a ese poder algunas actuaciones que ha tenido en el pasado. El anuncio de Alcaraz, hecho este lunes en Es la Mañana de Federico, de que exigirá que se hagan públicas las actas de la negociación llevada a cabo por Zapatero con ETA, y que están depositadas en el Centro Henry Dunant, es un buen ejemplo de la aportación positiva que las víctimas pueden hacer desde plataformas institucionales.

Además, cuando lo que está en juego en estos momentos es contar la verdad de lo que ha supuesto el terrorismo de ETA durante más de cincuenta años e impedir que el nacionalismo vasco o el mundo que rodea a la banda terrorista falseen la realidad, tener a un grupo de víctimas del terrorismo en las Instituciones es también una garantía de que la batalla para que no se tergiverse la historia se va a dar.

Vox ha acertado plenamente con la propuesta de que Alcaraz sea senador por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los que conocemos bien al futuro senador estamos convencidos de que seguirá siendo ese espíritu libre incómodo para el poder, porque lo que le mueve es la Memoria de sus seres queridos y del resto de víctimas del terrorismo, que se respete la Dignidad de estas y que se haga Justicia con los asesinos. Ni más ni menos.

Fundación Valores y Sociedad, Fundación Villacisneros y Fundación Universitaria San Pablo CEU
Tres fundaciones se unen contra el debilitamiento de España
www.latribunadelpaisvasco.com 5 Febrero 2019

La Fundación Valores y Sociedad, la Fundación Villacisneros y la Fundación Universitaria San Pablo CEU han firmado un convenio de colaboración por el cual la Fundación Universitaria San Pablo CEU se incorpora como co-organizador a los ciclos de conferencias que desde el año 2016 vienen organizando las Fundaciones Villacisneros y Valores y Sociedad, siempre en colaboración con el movimiento ciudadano Qveremos, con el objetivo de lograr un diagnóstico y buscar soluciones para la profunda crisis de debilitamiento que sufre España.

Esta nueva edición lleva por título “Alternativas al Frente Popular: un debate cultural”. La primera sesión tendrá lugar el próximo 18 de febrero, y en ella se analizará “La civilización cristiana frente a la dictadura del relativismo”. Más adelante se tratarán asuntos como la cultura de la vida, el matrimonio, la familia y la educación.

El acuerdo con la Fundación Universitaria San Pablo CEU, institución educativa obra de la Asociación Católica de Propagandistas, tiene como finalidad contribuir a difundir las ideas que promueven estos ciclos de conferencias a un público más joven, así como organizar actividades complementarias para apoyar las sesiones.

Desde que se inició el Ciclo de Conferencias en 2016, numerosas y relevantes personalidades de la política y la sociedad han intervenido en las mismas y han analizado la situación de España desde diferentes puntos de vista, con la intención de impulsar cambios, de promover el compromiso personal y de desarrollar líneas de reflexión sobre las modificaciones necesarias para fortalecer la nación española.

Al igual que en años anteriores, el lugar de celebración será el Auditorio de Mutua Madrileña en Madrid (C/ Eduardo Dato, 20).

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Hez inquisitorial
Cristina Losada Libertad Digital 5 Febrero 2019

Una de las grandes paradojas de los separatistas, que nunca se expondrá suficientemente en el exterior, es la de presentarse como oprimidos cuando han estado en el poder en Cataluña durante décadas.

En Cataluña, los CDR han vuelto a manifestarse como el brazo armado de heces del separatismo al sabotear otra vez las sedes judiciales con la materia prima que tanto les gusta. Pero es fuera de España donde el ataque separatista a la Justicia de nuestro país despide la mayor fetidez. Cosa natural porque emplea el material más hediondo: la mentira. La mentira de que el juicio contra los cabecillas del golpe separatista del 1-O es una operación política para castigar ideas y expresiones democráticas. La mentira de que los procesados no tienen garantías. La mentira de que el juicio demuestra que en España hay presos políticos y han de exiliarse los que disienten. La mentira de que España no es un Estado de derecho. La mentira de que no respeta derechos fundamentales. Hay más, pero con esto ya tenemos una montaña de heces importante.

El separatismo catalán se encuentra, de nuevo, en su posición narcisista favorita: "El mundo nos mira". Favorita, incluso por encima del narcisismo de las pequeñas diferencias que cultiva internamente. Convencido de su inmensa superioridad (racial, moral y de todo tipo), así como de la abyecta inferioridad de España, cree que el escenario internacional es el suyo por excelencia. Que es, en fin, suyo. Que es ahí donde está con sus iguales, mientras que en España sólo está o con sus eternos opresores o con sus criados seculares. Será por eso que sus acciones de propaganda exterior destinadas a sembrar la mentira sobre España y su sistema judicial despiden, junto a otros hedores, el de la fatal arrogancia.

Cierto, hay quien les compra el estiércol. Ahí estaba, el otro día, un editorial de The Times que presentaba el juicio contra "the Catalan 12" bajo un título evocador: "Spanish Inquisition". Evocador, esto es, de la Leyenda Negra. Deliberadamente elegido para que cualquier lector relacione al instante el proceso a los golpistas con el imaginario de tópicos sobre la Inquisición. Para que ese lector, sólo con ver el título, se forme la opinión de que los doce catalanes, apóstoles pacíficos e intachables, están siendo sometidos por los Torquemadas del Supremo al potro de tortura y van a ser condenados a la hoguera por permitir que los catalanes expresaran su opinión en las urnas. Lógicamente, el enlace al editorial fue difundido con entusiasmo por la grey separatista, aunque es dudoso que fuera también leído: era de pago. Desde la entrevista al etarra De Juana Chaos durante aquella huelga de hambre suya no se veía una manipulación tan burda sobre España en el periódico londinense.

La propaganda tiene sus éxitos, sus hits. Pero la mentira separatista sobre el juicio a los golpistas es demasiado escandalosa como para tener recorrido más allá del modo tabloide. O del equivalente al espacio de publicidad comprado. La idea de que el proceso juzga a los exconsejeros por sus ideas separatistas –y no por quebrar la ley y el orden constitucional– contrasta peligrosamente con la realidad. ¿Acaso no hay un Gobierno autonómico catalán que es separatista de arriba abajo y de abajo arriba? No sólo lo hay, sino que se dedica, empleando dinero público, a volcar heces sobre la democracia y la justicia españolas en distintos lugares de Europa. Una de las grandes paradojas de los separatistas, que nunca se expondrá suficientemente en el exterior, es la de presentarse como oprimidos cuando han estado en el poder en Cataluña durante décadas. Y cuando han tenido un papel decisivo en la formación de no pocos Gobiernos de España, como el actual. Ahora mismo tienen la capacidad –y el poder– de chantajear a Sánchez con su voto a los Presupuestos esos oprimiditos perseguidos, según el Times, por una espantosa Inquisición.

Un país en absoluto desgobierno

OKDIARIO 5 Febrero 2019

Pedro Sánchez tiene a España sumida en el más absoluto desgobierno. Sólo siete meses en La Moncloa han servido para demostrar que el socialista no está a la altura de las medidas, la imagen y la estabilidad que nuestro país necesita para seguir prosperando económica y socialmente. De entrada, los delirantes Presupuestos elaborados por Economía y Hacienda, que disparan el gasto público y prevén unos ingresos irreales procedentes de gravámenes que aún no se han aprobado –como la ‘Tasa Google’ o la ‘Tasa Tobin’–, van a ser tumbados en el Congreso. ERC y PDeCAT, sus socios en la moción de censura, atisbando el final de un Gobierno absolutamente deteriorado y liderado por un dirigente desgastado, han anunciado que con su ayuda no van a sacar adelante las cuentas públicas. Con un juicio por el procés en ciernes, los separatistas han pedido a Sánchez un gesto con respecto a los golpistas encarcelados por el 1-O, sin embargo, el socialista no puede –ni debe­– interferir en la independencia del Poder Judicial, razón por la que los independentistas no lo sostendrán en el poder por más tiempo. Ellos lo pusieron y ellos forzarán su caída.

Sánchez, además, está atrapado en sus propios números y, a falta de una proeza económica mesiánica, cosa que parece harto improbable a tenor de la ralentización del PIB en 2018 –que cerró en el 2,5%, una décima menos de lo previsto y el peor dato desde 2014–, no podrá cumplir con la senda del déficit marcado en el 1,3% del PIB, tal y como le han advertido desde la Comisión Europea y la AIReF. Dos entes que, tras analizar las cuentas públicas, detectaron que el Gobierno para cuadrar el déficit había recurrido a la argucia de cambiar el sistema de recaudación de IVA e ingresaría un total de 13 meses y no 12 meses. Según argumentaba el Ejecutivo, a la hora de justificar el elevadísimo gasto público, los Presupuestos estaban destinados a solventar las desigualdades de la crisis de 2008; sin embargo, sus planes no progresan hacia una salida solvente. Sólo un mes más tarde del anuncio en Barcelona –lugar al que Sánchez acudió a rendir pleitesía a Quim Torra– de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para contentar a Podemos, otra de las patas que sostienen al socialista en La Moncloa, se ha dado de bruces con la realidad: se han destruido 200.000 puestos de trabajo y el paro ha subido en casi 83.500 desempleados, el peor comienzo de año desde 2013.

Para sostener nuestro Estado de bienestar, España necesita de un presidente del Gobierno creíble –que elabore su propia tesis doctoral sin plagios– y ambicioso que fomente la construcción de un tejido productivo que venga­ de la mano de la inversión, tanto nacional como extranjera, sobre todo ahora que tantas compañías salen de Reino Unido por la inestabilidad del Brexit. Atraer este capital a nuestro país debería ser uno de los objetivos primordiales de Sánchez, sin embargo, sus planes pasan por elevar los impuestos de sociedades y elevar las cotizaciones sociales alejando a pasos agigantados la inversión privada. El poder, tal y como sucede a menudo, consume rápidamente las siglas de los partidos que gobiernan, pero en el caso de Sánchez el tiempo ha sido récord. Por ello, sin dilación alguna el socialista debería disolver las Cámaras y convocar unas elecciones que dejen paso a un nuevo ciclo político más prometedor que el que ofrece su Gobierno.

Otra torpeza que saldrá cara
Ana I. Sánchez ABCwww.latribunadelpaisvasco.com 5 Febrero 2019

La impericia del Gobierno en el manejo de la crisis catalana está alcanzando cotas realmente sorprendentes. La secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, fue elegida con un único cometido: mejorar la percepción de nuestro país en el extranjero. A las puertas del juicio del «procés» su único propósito debería ser divulgar que España es una gran democracia que respeta la ley, la separación de poderes y en la que no existen presos políticos. Es decir, desmontar las mentiras del independentismo y restarle toda credibilidad en el plano internacional. Sin embargo, se ha estrenado en la BBC haciendo todo lo contrario, brindando un argumento al secesionismo. Lozano ha concedido una entrevista en la que afirma que los líderes separatistas cometieron delitos penales, saltándose la presunción de inocencia ante un escaparate que observan millones de personas. A una semana del juicio, lo mínimo que puede pedirse a los miembros del Gobierno es que sepan diferenciar entre lo que piensan -ellos y casi toda España- y las declaraciones que pueden realizar con carácter oficial para no dar bazas al independentismo. Recuerden la respuesta de Julio César a las matronas del patriarcado tras su divorcio de Pompeya: «La mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo». España es ya una sólida democracia pero la crisis catalana le obliga a reflejarlo, porque la partida contra los independentistas no solo se gana con los juzgados, sino también en la imagen. En defensa de Lozano cabe decir que las entrevistas en inglés pueden generar malas pasadas para quien no domina el idioma y que las respuestas sobre temas jurídicos son difíciles de ajustar en otra lengua. Pero si éste es el caso de Lozano, no debería haber cometido la imprudencia de conceder la conversación. Y menos sin haberse preparado con antelación la respuesta a un tema que cualquiera se hubiera imaginado que sería objeto de pregunta. España no puede cometer impericias como ésa: el independentismo no descansa y no dudará en utilizarlas.

La torpeza de Lozano es la última pero no la más grave cometida por el Gobierno socialista, cuya gestión de la crisis catalana empieza a dar para preguntarse si no debería especificarse la negligencia política dentro del catálogo de imprudencias castigables por la ley. Por depuración de responsabilidades, pero también por prevención de conductas temerarias. ¿O no es una imprudencia cruzarse de brazos mientras el presidente de una autonomía alienta a seguir la vía eslovena contra el Estado? ¿O mirar hacia otro lado mientras los mossos que cargan contra los CDR son acosados? ¿O permitir que un movimiento político como el independentista divida una sociedad inventando embustes y mentiras con impunidad? No se trata de maniatar la acción política, sino de evitar su uso de manera temeraria. Las conductas negligentes de quienes juegan a ser líderes no deberían salir gratis.

La quimera de la cooficialidad lingüística
Jesús Rul. vozpopuli  5 Febrero 2019

El tratamiento lingüístico en comunidades con lenguas cooficiales da lugar a distintos modelos en función de criterios constitucionales y normativos. No obstante, nuestra propia experiencia pone en evidencia que la voluntad de poder e influencia es capaz de modificar e incluso transformar el modelo inicial.

Si nos atenemos a los hechos de casi todas las comunidades españolas con lenguas cooficiales, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Baleares, resulta que los desarrollos lingüísticos que se dan en ellas distan del modelo constitucional y, en su lugar, se desarrollan políticas que optan por el dominio de la lengua cooficial en detrimento del castellano, tanto en comunidades gobernadas durante décadas por nacionalistas (País Vasco y Cataluña) como en las gobernadas por PSOE y PP (Baleares y Valencia).

El tratamiento de la cooficialidad lingüística tiene capital importancia, tanto sociopolítica y cultural como personal y ciudadana, por lo que debe ordenarse y cuidarse con esmero porque afecta de lleno a los derechos civiles y al futuro sociocultural de las sociedades. Cuando no se hace así es motivo de conflictos y litigios que expresan malestar social porque se vulneran derechos y expectativas razonables de las personas.

La arquitectura básica del tratamiento lingüístico está definida en la Constitución española (CE):

El deber de conocer y el derecho a usar el castellano como lengua oficial del Estado. Las otras lenguas españolas serán oficiales en las respectivas CCAA de acuerdo con sus Estatutos. Respeto y protección a la riqueza lingüística de España (art. 3).

Competencias de las CCAA -con lengua cooficial- en el fomento de la enseñanza de la lengua (art. 148,17 CE).

En resumen, los ejes lingüísticos son claros: en España hay una lengua oficial, el castellano o español, patrimonio de derechos y deberes de todos los españoles. Las otras lenguas de España son cooficiales en sus respectivas CCAA que fomentarán su enseñanza, pero faltan las concreciones sociolingüísticas propias de un modelo lingüístico que debería tener su desarrollo mediante una ley orgánica ya que afecta a derechos fundamentales (art. 81.1 CE). El propio Tribunal Constitucional establece que “El Estado puede regular las garantías básicas de la igualdad del castellano como lengua oficial (…), así como las garantías del cumplimiento del deber de conocimiento del castellano, entre las que se halla la obligatoriedad de enseñanza de este idioma” (STC 82/96).

El resultado es un evidente desequilibrio lingüístico y la utilización de la lengua como arma de identidad y de influencia ideológica con fines de ingeniería social

A lo largo de los últimos 40 años, desde la aprobación de la CE, ningún gobierno de la Nación Española ha promovido un modelo lingüístico de España, ni las Cortes Generales han legislado sobre estos derechos y deberes ciudadanos. Quienes lo han hecho con profusión han sido, en efecto, los gobiernos nacionalistas catalán y vasco a través de sus estatutos de autonomía, el desarrollo legislativo y reglamentario y, posteriormente, por distintos gobiernos en Baleares, Valencia y Navarra. El resultado es evidente: desequilibrio lingüístico, utilización de la lengua como arma de identidad y de influencia ideológica con fines de ingeniería social, vulneración de derechos individuales, conflictos y judicialización con el efecto anómalo de desnaturalizar y corromper el orden lingüístico constitucional.

El reequilibrio del sistema requiere el desarrollo de los criterios lingüísticos constitucionales dotando a la Nación de un Modelo Lingüístico garante de los derechos lingüísticos de todos con equidad, pero creando las condiciones efectivas de su cumplimiento para el ejercicio de los deberes lingüísticos a ciudadanos, administraciones, instituciones y poderes públicos. Como es sabido es más difícil corregir lo que se hace mal que empezar de nuevo, pero este es el reto al que nos enfrentamos. Para estos fines se cuenta con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, así como con las aportaciones de los estudios lingüísticos.

La doctrina jurisprudencial ha incidido en los siguientes desarrollos en materia lingüística que rigen para la función legislativa y la administrativa:

El carácter vehicular de las lenguas cooficiales (STS 796/2009, STC 31/2010). Es decir, ambas lenguas son un medio –vehículo- de comunicación entre personas en todos los ámbitos de la vida social, administrativa, escolar, laboral ciudadana.

La necesidad de una proporción significativa y razonable de presencia vehicular en castellano que, en ausencia de legislación de las Cortes Generales en esta materia, establece un mínimo del 25% de horas en castellano (6,25 horas semanales) como lengua vehicular que incluye: “aprendizaje de la lengua castellana y de una asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga” (STS 23.04.2015) tiendo en cuenta el precedente de la Sentencia del TEDH de 23.07.1968. El Tribunal Supremo ha tenido que intervenir como garante mínimo de derechos lingüísticos de los ciudadanos ante la pasividad irresponsable del las Cortes Generales y de los Gobiernos de la Nación.

Articular un modelo lingüístico en el marco de una ley orgánica comporta desarrollar los factores analíticos que lo conforman y definir los criterios que rigen con relación a derechos y deberes incluyendo las faltas y sanciones. Sobre estos contenidos remito al artículo ¿TieneEspañaunmodelolingüístico? publicado por Vozpópuli el 20.09.2018.

La Generalitat niega derechos fundamentales a ciudadanos y alumnos por la exclusión fáctica de la lengua oficial de España en la vida escolar

Para comprender el grado de desmesura al que se ha llegado, puede considerarse el tratamiento de la cooficialidad lingüística en Cataluña:

El Estatuto de Autonomía dice: “Todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas” (art, 32), pero en la práctica se discrimina a las personas al exigirles como requisito un determinado grado de conocimiento del catalán para acceder a puestos de trabajo; se presiona e incluso se sanciona a las empresas por rotular su negocios en castellano. De hecho los negocios, empresas y grandes cadenas y supermercados optan por la megafonía y la rotulación solamente en catalán e incluso inglés obviando la lengua oficial de España. También es discriminatoria la “atención escolar individualizada en castellano” (STS 19.02.2013).

La Ley de Política Lingüística 1/1998, de 7.01, dice: “Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su propia lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano” (art. 21.2), pero a la práctica se discrimina a los alumnos al imponerles la inmersión lingüística obligatoria en catalán y al excluir el castellano, como lengua oficial de España, de los usos y costumbres orales y escritos de la vida escolar.

El Estatuto de Autonomía dice: “Todas las personas tienen derecho a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan...” (art. 34), pero a la práctica en la vida escolar y en toda la administración pública se habla y se escribe únicamente en catalán hasta el punto de ser atípico e incluso anómalo hacerlo en castellano.

La Administración de la Generalitat de Cataluña obliga a las familias a defender sus derechos lingüísticos por vía jurisdiccional al no asumir globalmente el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo, ni del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como es de Derecho, para garantizar un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano, limitándose a aplicar, caso a caso, el fallo de los tribunales a las denuncias de familias concretas que sienten lesionados sus derechos lingüísticos.

El criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo, reiterado por sucesivas sentencias posteriores del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, establece que ambas lenguas cooficiales, castellano y catalán, son vehiculares en igualdad de condiciones y que, como mínimo, el 25% del tiempo lectivo semanal sea en castellano. La Administración catalana debería aplicarlo a la totalidad del sistema escolar por lealtad al ordenamiento jurídico. No hacerlo así niega derechos fundamentales a la comunidad escolar por la exclusión fáctica de la lengua oficial de España en la vida escolar, y a las familias de Educación Primaria cuyos hijos sólo tienen 2 horas lectivas semanales de castellano cuando les corresponden, como mínimo, 6,25, lo que supone una sustracción fraudulenta de un total de 4,25 horas lectivas semanales en castellano.
 

La indispensable anulación de todas las leyes de lenguas regionales
Nota del Editor  5 Febrero 2019

Por mas vueltas que le den al tornillo de la locura de la imposición de las lenguas regionales, no se sostiene y la única salida es la derogación de todas las leyes de lenguas regionales.

Hay una peculiaridad "maligna" en el artículo anterio: ¿ porqué no incluye Galicia?, ¿se trata de un amiguete del PP ?.


 


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