AGLI Recortes de Prensa   Martes 12  Febrero 2019

La hora de la Justicia
 Libertad Digital   12 Febrero 2019

Este martes da comienzo uno de los juicios más importantes de la historia reciente de España; un juicio en el que se va a juzgar la responsabilidad penal de los protagonistas del intento de golpe de Estado separatista de otoño de 2017.

En la jornada crítica del 1-O se celebró un referéndum ilegal con el que se pretendía dinamitar el orden constitucional y separar a Cataluña del resto de España. Sus cabecillas se enfrentan a las acusaciones de rebelión y sedición, las más graves que pueden pesar sobre un servidor público, pues, al incurrir en ellas, comete traición a la Nación y a la ciudadanía a las que se debe.

Los hechos no dejan la menor duda sobre la voluntad de los acusados de liquidar la Constitución y las instituciones de autogobierno de Cataluña, para lo que no dudaron en servirse de los medios públicos a su alcance y generar una atmósfera irrespirable, especialmente para los catalanes que no comparten su aberrante ideario liberticida. Sólo la encomiable reacción popular, la audaz intervención del Rey, la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, prácticamente abandonadas a su suerte por el Gobierno del cobarde Mariano Rajoy y la turbia Soraya Sáenz de Santamaría –entrañable amiga del capo golpista Oriol Junqueras–, y la decidida acción de la Justicia, alentada por una oportunísima denuncia de Vox, impidieron que los separatistas se salieran con la suya en esas jornadas infames.

Por fin ha llegado el momento de que los magistrados del Supremo enjuicien unos hechos que pusieron a España en la picota internacional por culpa de una maquinaria de intoxicación informativa alimentada por los propios golpistas y sus execrables aliados nacionales e internacionales.

Los separatistas montarán el consabido circo victimista y exigirán a su socio Pedro Sánchez –jamás se olvide: presidente del Gobierno gracias a ellos– que interfiera en la Justicia para garantizarles impunidad, so pena de retirar su apoyo a los Presupuestos. Quieren, sí, prostituir las instituciones nacionales como ya han hecho con las autonómicas. Lo peor es que en Moncloa tienen quien les escucha y comparte su desprecio a la división de poderes.

La Sala de lo Penal del Supremo comienza sus trabajos con gran presión y muchos elementos en contra. Pero los magistrados que la conforman tienen sólo un deber: hacer justicia en un caso de una gravedad extraordinaria, pues los acusados quisieron acabar con nuestro régimen de libertades y no dudaron en llevar a la sociedad catalana al borde del precipicio. No tienen más remedio ni otra opción que estar a la altura de tan históricas circunstancias.

Lecciones de un 10 de febrero
No está en juego ya la aplicación del 155. Urge ahora la suspensión de la autonomía catalana
Gabriel Albiac ABC  12 Febrero 2019

Planteémonos el dilema a la inversa, para acotar sus vías muertas, las que llevan directamente a lo peor: ante el trance de quiebra de una nación, no empecemos por preguntarnos a quién encomendar su salvaguarda. Procedamos, más bien, por exclusión: el método más seguro para hallar salida en un laberinto es ir tachando los caminos que, con seguridad, no llevan a ninguna parte; para consolidar luego una cartografía segura.

Constatemos la extrema fragilidad del punto al cual hemos acabado por llegar. Los errores acumulados no son de ahora. Que una Constitución llamase «nacionalidades» a las regiones, no era un dengue verbal que pudiera salir gratis. Uno toma el Diccionario de Autoridades de 1732 y lee, como acepción única de Nacionalidad, «afección particular de alguna Nación o propiedad de ella». Uno toma la última actualización del de la RAE (2018) y lee esta tercera acepción de Nacionalidad: «Comunidad autónoma a la que, en su Estatuto, se le reconoce una especial identidad histórica y cultural». En qué consista esa «especialidad» identificadora y a quién competa «reconocerla», es alta y silenciosa teología: nacionalidad es aquello a lo que nacionalidad llamo. Parece una broma. Siniestra.

Ante el trance de quiebra de una nación, ¿a quién no puede jamás ser encomendada su salvaguarda? Parece obvio que a aquellos que han emprendido ya negociaciones para planificar su desguace. Sólo a un perfecto idiota se le ocurriría poner esa salvaguarda en manos de unos independentistas catalanes, ocupados en mercadear los términos de la voladura. Sólo a un perfecto idiota se le ocurriría poner tal misión en manos del interlocutor -relator mediante- de ese mercadeo: un Sánchez que gobierna España con el 24% del Parlamento. Es perfectamente honorable ser un golpista. O rendirse a un golpista. No lo es tanto, ser al tiempo golpista y primer ministro del Estado golpeado.

Son computables sólo, como fuerzas sobre las cuales articular la salvaguarda de la nación, aquellas que no tuvieron parte alguna en el golpe. Y que son casi todas. O que son, por lo menos, amplia mayoría. Ciudadanos, PP y Vox, en primer lugar y por orden alfabético. Pero también esa notable fracción del PSOE que ve la ambición de Sánchez como un cáncer a punto de acabar, más que con las solas siglas del partido, con la reputación misma de un socialismo español, hoy camino de ser históricamente asimilado con el borrado de España.

La política retorna al cero, tras dos años de mareantes bandazos. Y nadie puede jugar a hacer como que ignora el envite. Ni siquiera está en juego ya la aplicación del 155. Urge ahora la suspensión completa de la autonomía catalana, durante el indefinido tiempo que fuere preciso para desmantelar las instituciones golpistas. Toda otra autonomía debe saber que seguirá el mismo destino. Es eso o es el fin de la nación. No puede ser tarea de un solo partido. Ni de dos. Ni de tres. Es tarea de todos. Es tarea de la nación, en la calle ayer. Y no admite dilaciones.

La siniestra alianza
Sánchez es un inmenso peligro para toda la Nación
Hermann Tertsch ABC  12 Febrero 2019

Pedro Sánchez hace saber que, si no le aprueban los presupuestos los separatistas catalanes, habrá elecciones el 14 de abril, una fecha que sirve para evocar aquellas municipales de 1931 que acabaron en un desordenado golpe de Estado que derribó a la monarquía. De golpe en golpe. Porque en abril aun estará España pendiente del juicio a los imputados por rebelión al proclamar una república en una región española y que comienza hoy ante el Tribunal Supremo. En una paradoja tan inaudita como peligrosa, los golpistas juzgados son hoy aliados objetivos de este Gobierno. Es peligroso para la Judicatura, que ha sido sometida a inauditos acosos y presiones por cómplices de los imputados sin que el Gobierno haya hecho nada por impedirlo. Por el contrario, han sido muchas -y alguna de ella obscena- las maniobras del Gobierno para favorecer a unos enemigos del Estado que se reafirman en sus objetivos como irredentos partidarios de la destrucción de España.

El juicio al golpismo tendrá enorme repercusión en un escenario político líquido y en el ánimo de la sociedad española. Algunos lo comparan con el juicio del 23-F. El golpe de Estado actual, el que se mantiene por la comunión de intereses de los golpistas con Sánchez, es mucho más peligroso. Aquél sólo quería reconducir la política nacional frente al terrorismo, el actual ataca la existencia misma de España como nación soberana. Es más pertinente relacionar el golpe de Estado actual con el 11-M y sus bombas de inmensa eficacia para hacer descarrilar la política constitucional española. Con la evidencia de que el 11-M creó las condiciones para que la política de alianzas de izquierdas y separatismo que desde Zapatero nos llevan al actual Frente Popular que se plasmó en la moción de censura.

¿Convocará elecciones Sánchez? ¿Va a cumplir con lo que algo de sentido del honor le habría conminado a hacer hace ya meses? Nadie lo sabe. Su problemática personalidad lo hace imprevisible. Él, Sánchez «y mi persona», como decía en Bilbao, tiene una pulsión profunda por alardear de su poder. Peor, por ejercerlo con absoluta arbitrariedad y sin escrúpulo. No hay razón para creerle ya nada porque es evidente su permanente voluntad de engaño. El pasado viernes, la maquinaria de intoxicación de medios audivisuales al servicio de la izquierda y los separatistas lanzó una campaña masiva para convencer a los españoles de que Sánchez había roto la negociación con los golpistas. Y que ya no era necesario acudir a la manifestación. Es grande la potencia de fuego de esa artillería mediática que gracias a entreguismo, indolencia y cobardía de la derecha está en manos de la izquierda y los separatismos.

Es grotesco ver cómo grandes bancos y corporaciones participan en medios dedicados a favorecer a unas fuerzas que quieren destruir España e imponer una demencial política económica que llevaría al país a la ruina por una senda que acaba en esas escenas de miseria, desolación y niños agonizantes que llegan de Venezuela. Dirán que es un disparate comparar a España con Venezuela. Es lo que decían los venezolanos cuando se comparaba a Venezuela con Cuba hace quince años. Si los españoles no hacen frente a este peligro, pueden quedarse sin bienestar, sin libertad y sin patria. Porque el proyecto de cambio de régimen, división territorial y fin de la monarquía está ahí. En esa alianza de Sánchez con comunistas de Podemos y separatistas antiespañoles que es la mayor amenaza para España desde Stalin. La reacción nacional que volvió a mostrarse el domingo en Madrid habrá de intensificarse hasta ganar el pulso a Sánchez. Para forzar elecciones y ganárselas a esa siniestra alianza dirigida por un caudillo sin freno moral alguno.

Hay que seguir
Cayetano González Libertad Digital  12 Febrero 2019

Todos los medios de la izquierda han querido vender en estas horas, al más puro estilo agitprop, que hubo pinchazo en la concentración de este domingo en la Plaza de Colón de Madrid, ya que habrían acudido menos personas de las previstas por los convocantes. Esos medios se agarran como un clavo ardiendo a la cifra de 45.000 asistentes dada por la sucursal que instaló el inefable Tezanos en la Delegación del Gobierno. Sólo una simple contemplación de los videos y fotos tomadas desde las alturas basta para refutar esa burda mentira. Pero es igual. ¿Qué más da que hubiera 100.000, 150.000 o 200.000 personas? En cualquier caso, había muchas, manifestándose contra la política suicida de Sánchez en Cataluña y orgullosas de portar la bandera de España, entre ellas el histórico exmiembro del PSOE y exministro del Interior José Luis Corcuera.

Lo importante es lo que va a pasar a partir de Colón. En las últimas horas, Moncloa ha filtrado que Sánchez está planteándose adelantar las elecciones al mes de abril, y más concretamente al domingo 14, fecha que, seguro, como diría el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, le pone. ¿Puede ser un globo sonda para meter presión a los partidos independentistas catalanes en las horas previas a que se voten en el Congreso las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos? Puede ser. Pero tendría su sentido que, ante el temor de sufrir un descalabro en las elecciones europeas, municipales y autonómicas del 26 de mayo, Sánchez opte por jugarse todo a una carta adelantando las generales y convirtiéndolas en un plebiscito sobre su persona y sobre el frente popular-populista-independentista que le llevó a la Moncloa.

Convoque o no Sánchez en fechas próximas las generales, el reto que tiene por delante esa parte importante de la sociedad española que estuvo el domingo en Colón, o se adhirió desde la distancia, es el de no cansarse y tener muy claro que el momento que está viviendo la Nación es crucial. No son momentos para flaquear. Este martes se inicia en el Tribunal Supremo el juicio más importante de nuestra historia reciente. Se sentarán en el banquillo políticos catalanes y dirigentes de entidades pseudociviles que intentaron hace diecisiete meses subvertir, desde el Parlamento de Cataluña y desde la calle, el orden constitucional. El simple hecho de la celebración de este juicio pone de relieve que el Estado de Derecho funciona y que tiene mecanismos para defenderse de los ataques que pueda sufrir.

Las próximas elecciones, sean estas en el orden que sean, constituirán la gran oportunidad para echar a Sánchez del poder, porque ha sido, en cerrada competencia con Zapatero –culpable de muchos de los males que ahora estamos viviendo– el peor presidente de la historia reciente de España.

Es cierto que el centro-derecha se presentará troceado en tres a esas citas electorales. Y serán las urnas quienes determinen la fortaleza de cada una de esas opciones y a quién le corresponde el liderazgo en ese espacio del espectro político. Pero lo que parece evidente es que serán necesarios los pactos entre PP, Ciudadanos y Vox para echar del poder, allí donde ahora gobiernan, al PSOE de Sánchez y a los populistas de Podemos. A día de hoy, a quien más incómodo se le nota con esta tesitura es al partido de Rivera. El numerito en la tribuna de Colón para evitar hacerse la foto con Abascal, o el trato que han dispensado a Vox en las negociaciones en Andalucía, no hacen presagiar nada bueno, pero allá ellos. Sí sería exigible a Ciudadanos que aclarase antes de las elecciones si descarta o no pactar en algún sitio con el PSOE actual, con el PSOE de Sánchez, con ese PSOE contra el que se manifestaron el domingo en Madrid miles de personas, también las que votan al partido naranja.

Soberbia, orgullo y egolatría.
Vicente A. C. M. Periodista Digital  12 Febrero 2019

LA GUERRA DE CIFRAS EN LA CONCENTRACIÓN DE COLÓN PRETENDE DEVALUAR EL MENSAJE DE RECHAZO AL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ POR SU RENDICIÓN AL GOLPISMO CATALÁN.

Solo los muy fanatizados negarán el indudable éxito de convocatoria de la concentración de ayer en la plaza de colón en Madrid como principal punto de expresión del rechazo de los españoles a las políticas traidoras del Gobierno de Pedro Sánchez con los golpistas catalanes. Lo normal es entrar en una guerra de cifras que luego las imágenes desmienten con contundencia a unos y otros. Por una parte, la delegación del Gobierno, de Pedro Sánchez, claro, que cifró la asistencia en unos ridículos 45.000 ciudadanos, algo que compraron inmediatamente los golpistas anunciando el “fracaso” de la convocatoria e instando a Pedro Sánchez a retomar las negociaciones. Por otro lado, la soberbia, orgullo y egolatría que caracteriza a Pedro Sánchez, le llevó a declarar en un nuevo acto de partido, diciendo que las derechas se estaban manifestando “contra su persona”. Y no era así, si se hubiera molestado en leer el lema de la convocatoria: “Por una España unida, elecciones ya”.

Lo que sí es de resaltar es que ha sido la primera manifestación donde coinciden los dos principales partidos de la oposición, el PP con 134 escaños en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado y por otro lado, CIUDADANOS (C’s) con 32 escaños en el Congreso. Eso por sí solo tiene el peso suficiente como para que no se intente deslegitimar el fondo de la protesta por una simple valoración mal intencionada de la asistencia, que en ningún caso fue tan limitada como intentan vender desde el otro lado. Y haría muy mal Pedro Sánchez en aplicar su manual de resistencia y acudir de nuevo a las bambalinas para ceder a las exigencias de los golpistas fuera de luz y taquígrafos. Porque la realidad es que su “oferta final” dejaba todo abierto para poder pactar esa figura del mediador en la mesa de partidos a nivel estatal, que es esencialmente inconstitucional empezando por su composición en la que no van a estar los partidos de la oposición que, como he dicho representan a casi la mitad de los españoles.

Lo que supuestamente parece inamovible, aunque no me la creo, es la posición de JxCAT, véase Carles Puigdemont que por su títere Joaquim Torra lanza un aviso a Pedro Sánchez diciendo que “ya sabe lo que ha de hacer si quiere que le tramitemos los presupuestos”. Añade que el PSOE nunca se ha sentado con ellos para hablar de los presupuestos y que para tramitarlos existen tres condiciones: “Debe haber concreción del relator internacional, el derecho a la autodeterminación y el fin de la represión”. O lo que es lo mismo y sin tantos vericuetos lingüísticos, elegir a un mediador internacional, incluir en el debate el derecho a la independencia de los catalanes y no procesarles por los delitos cometidos. Y es que ya está bien de “vestir la mona” para que se minimicen las injurias que los golpistas siguen vomitando contra España, contra la Constitución, contra nuestra democracia y contra nuestra Justicia. Cataluña es parte indivisible de España y lo seguirá siendo porque así lo decidieron los españoles en la Constituciónde 1978. Y así seguirá siendo mientras no se acepte otra propuesta diferente vía referéndum al conjunto del pueblo español. Y eso no se va a resolver en una mesa de partidos fuera de la Soberanía Nacional.

Porque los partidos políticos son solo eso, opciones diferentes dentro del arco ideológico que caracteriza a las democracias. Y la española es tan buena que acepta incluso a aquellos partidos que quieren destruirla, algo insólito en el resto de las democracias consolidadas. Y si ya es una situación anómala el tema de las listas cerradas en las elecciones y la descarada división por circunscripciones y la famosa ley D’hont por la que los votos no tienen el mismo valor dependiendo de donde esté uno empadronado, más lo es el que esos partidos se arroguen atribuciones para las que no están legitimados para tomar decisiones. El tema de la Soberanía Nacional no admite discusión, y nadie puede negociar un cambio en algo tan esencial de la Constitución sin contar con el apoyo parlamentario exigible de los dos tercios y cumplir con lo estipulado en la propia Constitución para llevarlo a efecto. No basta con que lo apruebe una mayoría parlamentaria mínima, como puede ser pactar la celebración de una consulta a nivel autonómico para decidir si sus ciudadanos quieren o no independizarse de España. Y eso es lo que los golpistas pretenden hacer pidiendo “coraje” a Pedro Sánchez y que se siente a hablar de la “autodeterminación” que no es otra cosa que la independencia y no ese “autogobierno” que mezquina e ilegalmente ofrece Pedro Sánchez.

Lo preocupante es el estado de absoluto pánico que ha invadido al Gobierno de Pedro Sánchez, que es consciente de su extrema debilidad y su dependencia de los votos de sus socios golpistas. La pregunta es si está dispuesto a comprar a cualquier precio su permanencia en la Moncloa unos meses más y con la amenaza de que se le presente una querella por su cesión a los golpistas, cuando públicamente había manifestado no aceptar nunca como punto de debate el tema de la independencia (estoy harto de que no le llamen al pan, pan y al vino, vino. Autodeterminación es lo mismo que independencia). Mañana empieza la sesión de aprobación o rechazo de los Presupuestos Generales del Estado y se votarán las enmiendas a la totalidad presentadas por los diferentes grupos, entre los que se encuentran PP, C's, ERC y PDeCAT. El tiempo corre y Pedro Sánchez deberá optar por asumir su derrota o por desafiar a la legalidad vigente y delinquir.

Lo único que une a la oposición actual es la confluencia de intereses para que se convoquen ya elecciones generales y hasta ahí. Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno de España tiene la potestad exclusiva de convocarlas y casi nadie tiene duda de que la edición de su libro “Manual de Resistencia” avisa de sus intenciones de prolongar su estancia en la Moncloa lo máximo posible. Por eso desprecia la multitudinaria manifestación de ayer y por voz de su Ministro de Interior, Grande Marlaska, insinúa que existe la posibilidad de retomar las negociaciones con los golpistas. Pero esa posibilidad pasa por ceder a las tres exigencias que Joaquim Torra le ha planteado y eso le expone demasiado judicial y políticamente. Porque lo absurdo, aunque nada extraño en este personaje, es que su resistencia sea gobernar prolongando los PGE del PP aprobados días antes de su entronamiento vía moción de censura y usar los Decretos Ley como hasta ahora, exponiéndose a que sean rechazados.

Quedan escasas horas y estoy seguro de que los teléfonos y el chat de Carmen Calvo echan fuego, intentando lograr un pacto de mínimos "in extremis", como gusta a los indepes golpistas, que convenza al golpismo de cambiar su posición y conceder una prórroga al Gobierno de Pedro Sánchez, con la promesa formal de no rechazar ninguna línea de diálogo incluida la de la independencia vía consulta pactada, no vinculante pero de peso político suficiente. Tanto como para pedir en el Parlamento la reforma de la Constitución, como primer paso para el “autogobierno pleno” y con vistas a la creación de una República Federal, con la transferencia a Cataluña de todas las competencias que ahora son exclusivas del Estado. Y eso pasa por el abandono de las FFyCCSE del territorio de la autonomía, y la adquisición por Cataluña de un estatus financiero equivalente al del Concierto Vasco o el de los Fueros de Navarra, sin intervención alguna del Estado.

Un escenario que puede desencadenar un proceso de imitación por parte de otras autonomías donde la componente independentista tiene ya una notable influencia y sigue muy de cerca los pasos de la Generalidad de Cataluña. Por supuesto que me refiero a aquellas que comparten con ligeras diferencias, la lengua, cultura y un intenso incremento en sus sociedades del sentimiento de exclusividad y de pertenencia a una comunidad diferente de la española.Eso que llaman plurinacinalidad y los diferentes pueblos de España. Tal es el caso de Baleares y, en menor medida, de la Comunidad de Valencia. Un sentimiento arraigado por la permisividad y complicidad de todos los partidos estatales PSOE y PP, por colaborar en la diferenciación exclusivista en el tema educativo y social y que se arrincone, se ignore y se desprecie todo lo que tenga que ver con España, su cultura y su idioma.

Y esta desbandada ocurrirá siempre que los golpistas catalanes logren sus objetivos. Por eso es tan importante el que los que amamos España y defendemos su Unidad, nos mantengamos firmes en nuestra posición de luchar contra sus enemigos que solo intentan destruirla. Los socios de Gobierno de Pedro Sánchez son enemigos declarados de España y de su Unidad y no esconden su pretensión de independizarse. Pedro Sánchez deberá decidir si sigue cediendo a sus exigencias a cambio de su apoyo a la gobernabilidad, convirtiéndose en cómplice y también en enemigo de España y de los españoles, o bien renuncia a esos apoyos y convoca elecciones para que sean los españoles los que elijan libremente unos representantes que les garanticen esa Unidad, justicia social e igualdad ante la ley sin privilegios de ningún tipo.

Puede que Pedro Sánchez se enorgullezca de su resistencia, pero debe saber que la del pueblo español es muy superior y lo ha demostrado a lo largo de su Historia. No debería actuar como Nicolás Maduro despreciando al pueblo.

¡¡¡GOBIERNO OKUPA DIMISIÓN!!! ¡¡ELECCIONES GENERALES YA!!
¡Que pasen si pueden y su conciencia se lo permite un buen día!

Por qué la manifestación fue de VOX
Pío Moa gaceta.es 12 Febrero 2019

El cuarto o tercio de millón de manifestantes ayer en Madrid han sido, como dije, de VOX. No porque sean votantes de VOX, pues muchos siguen embaucados por los otros dos partidos sino porque lo que se expresaba, lo que aplaudía la inmensa mayoría, era la línea de VOX, es decir, la defensa de España y de la democracia. Cosas que en boca de los otros dos partidos no pasan de ser una farsa lúgubre. Y fue de VOX también porque allí se dijeron algunas verdades, acusando al grotesco Doctor de traidor a España, pisoteador de la ley y amenaza para la libertad de todos…, aun sin mencionar la consecuencia lógica: ese repugnante sujeto debe terminar en la cárcel. Nada de esto tiene que ver con la trayectoria de PP y C´s. Lo suyo ha sido y será el chanchullo y complicidad con los que quieren destruir a España.

Y al ser de VOX, no podía alcanzar la masividad precisa, no ya para llevar al banquillo al Doctor, sino simplemente para echarle. Lo cual demuestra que, a pesar de los éxitos recientes, queda por delante a ese partido una dura brega por ganar a la opinión pública, en gran parte ignorante de lo que significa la democracia e indiferente a España, razones por las que siguen votando a partidos tan infectos como PP y PSOE. Pues en el análisis de la situación no debe olvidarse el factor embrutecimiento: una masiva y agresiva propaganda de la falsedad histórica durante 40 años, combinada con otras campañas de infantilización de la gente, han tenido su efecto. Así pues, la manifestación fue al mismo tiempo un gran éxito y un gran reto.

La defensa de la Constitución, no digamos ya de España, por C´s y PP es una farsa descomunal. C´s sueña con la desintegración de España en una UE de cultura anglosajona. Lo expresa Naranjito a la perfección en su presentación en tuíter: “My future, Europe”. Solo que, en esa perspectiva, a C´s los separatismos no le gustan, mientras que el PP hace a todo: combina la misma perspectiva “europeísta” con las complicidades proseparatistas. Y ambos partidos, por supuesto, muy antifranquistas: como Torra, como la ETA, como Urkullu, como el Puchimón, como el Doctor…

¿Por qué, entonces, han presentado PP y C´s una apariencia de frente común con VOX? Por dos razones: porque estaban asustados ante el auge del sentimiento patriótico, y porque creían tener a mano un nuevo reparto del poder antes de que VOX siguiera creciendo. Porque la permanencia del Doctor en la Moncloa no dejará de atraer militantes y votantes al partido de Abascal, a costa, inevitablemente, de los otros. Pero sospecho que a los naranjitos y a los señoritos cutres se les habrá pasado algo el susto: no era para tanto lo de VOX, de modo que se dejarán de “excesos verbales” y volverán probablemente a los “diálogos” de siempre.

Desde un punto de vista más general, el sistema montado en la transición, de reparto del poder entre PP (UCD al principio), PSOE y separatistas, se halla en descomposición,. La estrategia de VOX debería tener esto en cuenta: no se trata de cambios menores dentro de un régimen estable. Se trata de acabar con ese régimen, que en su putrefacción amenaza la continuidad de España y de la democracia.

En una España democrática no cabe la manipulación
OKDIARIO  12 Febrero 2019

El Gobierno de Pedro Sánchez está ocultando las imágenes aéreas del 10-F grabadas por la Policía Nacional. Es más, la Delegación del Gobierno, dirigida por el ex secretario de Laicidad del PSOE, José Manuel Rodríguez Uribes, ha dado orden interna en los agentes de no proporcionar imágenes para evitar que la verdadera cifra de asistentes a la concentración vea la luz. Un número que, a juzgar por las imágenes grabadas desde los altos edificios del Barrio de Salamanca que han circulado de manera masiva por las redes sociales, dista mucho de las 45.000 personas establecidas de manera oficial por el organismo madrileño.

Por el momento, del vídeo grabado por las citadas aeronaves, sólo se ha proporcionado una foto fija, la cual no permite hacer una valoración real de la concurrencia ciudadana que acudió a pedir a Sánchez una inmediata convocatoria de elecciones. Un modo de proceder que, por otro lado, llama clamorosamente la atención, pues el perfil social de la Policía es muy activo y jamás silencia el material audiovisual del que dispone. El socialista, obcecado en camuflar el triunfo de los constitucionalistas, cree que la protesta organizada por PP y Ciudadanos tras conocerse la figura del relator internacional en la mesa de partidos con los independentistas no ha sido un ataque contra su Gobierno, sino contra su persona. Ciertamente, una sorprendente declaración que demuestra que Sánchez está tan seducido por el poder y, a la vez, tan aterrado con la posibilidad de perderlo, que ya no es capaz de discernir entre la realidad y la ficción.

El único objetivo del Gobierno, que ha sentido el descontento generalizado de los españoles contra las cesiones al separatismo catalán, es el de ocultar que la manifestación en Colón por la unidad de España celebrada este domingo fue un rotundo éxito. Una vez más el Ejecutivo ha caído en la opacidad, un atributo que se ha convertido casi en una marca personal de Sánchez, una práctica de manipulación que sólo ponen en marcha aquellos países que viven en una falsa y velada democracia, tal y como hemos visto en las últimas semanas con la crisis de Venezuela cuando el régimen bolivariano ha maquillado las cifras de personas que condenaban en las calles las acciones de Nicolás Maduro. Sánchez tiene que dejar de usar los instrumentos de los que dispone el Gobierno con fines partidistas y dar a conocer la cifra real de asistentes del 10-F, aunque ésta no sea beneficiosa para su supervivencia política.

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No se dejen engañar
Ignacio del Río republica  12 Febrero 2019

Tenemos un Gobierno de España dedicado por completo al marketing político. No tiene la menor intención de gobernar, consciente de que su minoría en el Congreso y la contaminación que le traslade el voto de independentistas y Bildu le bloquea naturalmente los proyectos legislativos.

Sánchez tenía la opción de haber intentado reconstruir la mayoría a tres bandas, PSOE, Podemos y Ciudadanos que trasteó tras las elecciones generales de 2015. Pero el puente con Rivera que había olido sangre en la moción de censura contra Rajoy estaba roto, porque el momentum les había situado en las antípodas.

Ambos, Rivera y Sánchez, son competidores directos no solo en un porcentaje sensible del espacio electoral que comparten, sino también en lo estrictamente personal. Así lo quiere plantear Rivera que es el retador.

Este análisis de la situación es tan obvio que es perfectamente conocido en La Moncloa. Siempre han sido conscientes que no se aprobarían los Presupuestos de 2019.

Porque si fuéramos alemanes habría habido una gran coalición, PP y PSOE, con dos objetivos en esta atípica legislatura: consolidar la recuperación económica con una nueva agenda limitada de reformas estructurales y dar una respuesta al independentismo catalán con toda la fortaleza de un Gobierno con un respaldo mayoritario.

Sánchez y su equipo de Moncloa han jugado desde el minuto 1 a proyectar su imagen como candidato con la vista puesta en las elecciones generales y a desgastar a la oposición en sus propias contradicciones. De aquí que el Gobierno bonito de Sánchez sea una realidad que solo se percibe por los seguidores de los fenómenos paranormales.

La condolencia del Presidente Sánchez por el resultado socialista en Andalucía tiene la misma veracidad que la de las plañideras a sueldo en los entierros. De una tacada, ha conseguido anular el incordio para él de Susana Díaz; precipitar la crisis de Podemos que se ha convertido en un partido inútil para articular una mayoría desde la izquierda; y resituar a Ciudadanos en la derecha que ha protagonizado un sainete ridículo en su relación con VOX, en un espectáculo de magia con el título, ahora te veo, ahora no te veo.

En la relación con los independentistas, Sánchez les ha dado cuerda. Todo lo que ha podido. La estrategia ha sido dialogo hasta la eternidad.

¿Quieres Torra que me siente contigo? Pues te voy a ver con mi Gobierno a Barcelona ¿Quieres gestos con los presos? Te los mando a Lledoners que tiene un clima más suave que el de la estepa madrileña. Que quieres un juicio suave. Pues devalúo la acusación con la Abogacía del Estado y le saco el engaño al nuevo PP en forma de pacto para la renovación del Poder Judicial que al final falló por lo burdo que era.

En definitiva, el mensaje de Sánchez con la filtración de elecciones el 14 de abril a la cadena EFE, es decir a su director, cargo de confianza del Gobierno, es una manipulación más de la factoría Moncloa, interpretada en sus papeles secundarios por Ábalos y Celaa.

De acuerdo con el manual de manipulaciones para resistir, la versión original que no se publica es la siguiente. Hoy no era nada casual. Tras la manifestación de Madrid que los voceros del Gobierno han devaluado inmediatamente, Sánchez fija las elecciones en un día tan significativo históricamente como el 14 de abril, con el objetivo de recomponer el Frente popular que le aupó a la Presidencia del Gobierno que hoy está diluido.

Al mismo tiempo advierte a lo secesionistas que como le dejen solo van a soportar lo que ha definido el tuit del PSOE en lenguaje guerracivilista como fascismo, por lo que tendrán un 155 duro y ningún indulto sus políticos por las sentencias que dicte el Supremo.

Pedro Sánchez no habrá leído El Concepto de lo Político de Carl Schmitt, pero sigue su filosofía: “Si, en consecuencia, desapareciese hasta la eventualidad de la distinción entre amigo y enemigo, en tal caso habría un acepción del mundo, una cultura, una civilización, una economía , una moral , un derecho , un arte, un ocio, etc, químicamente libres de la política, pero no habría ya ni política ni Estado.”

Por ello, remover los restos de Franco es el último episodio de la factoría Moncloa: Pedro Sánchez contra el fascismo.

No se dejen engañar. Las elecciones no serán antes de octubre y puede que en marzo, según se den los resultados del último domingo de mayo.

Ockham y el procés
Los inculpados se refugian en una pretendida e inverificable voluntad colectiva
Pedro García Cuartango ABC  12 Febrero 2019

Siete siglos después de su muerte, la figura del fraile franciscano Guillermo de Ockham se sigue agrandando como el gran innovador de la filosofía medieval. Fue el padre del nominalismo, que sostenía que los conceptos sólo existen en la mente como meras abstracciones. Dando la vuelta a Platón, aseguraba que lo real no es lo universal sino lo particular, la pluralidad de los seres.

Fue este monje heterodoxo el que se enfrentó al poder del Papa Juan XXII y de los dominicos en defensa de la pobreza franciscana como expresión de la autenticidad de la fe, una idea que la jerarquía encontró perturbadora. Ockham fue confinado y tuvo que exiliarse bajo la protección del emperador Luis IV de Baviera.

Tras ganarse numerosos enemigos, vivió dedicado al estudio y nos legó una extensa obra, pero la aportación por la que todavía se le recuerda es por la llamada «navaja de Ockham». El fraile afirmaba que la hipótesis más verdadera suele ser la más simple. Por ello, sostenía que, si un fenómeno se explica por sus causas lógicas y aparentes, no hay necesidad de recurrir a otras teorías de imposible verificación.

Bertrand Russell adoptó este enfoque y lo bautizó como principio de parsimonia, mientras que Noam Chomsky construyó su investigación de las reglas del lenguaje a partir del postulado de Ockham, cuya validez sigue vigente todavía como una norma para no perderse en la complejidad.

La navaja de Ockham podría ser muy útil para los siete magistrados del Supremo que tienen que juzgar a los líderes independentistas a partir de hoy. Y ello porque los abogados de los políticos que se sientan en el banquillo han construido una fantástica y retorcida fabulación que pretende negar cualquier tipo de responsabilidad en sus actos.

Los inculpados no asumen la simple y obvia explicación de que quisieron forzar la independencia de Cataluña al margen de la ley y contra las resoluciones del Constitucional y se refugian en una pretendida e inverificable voluntad colectiva tras la que esconden sus actuaciones.

Los siete jueces del Supremo van a estar sometidos a una permanente presión del mundo independentista, que ya ha anunciado que no aceptará otra sentencia que no sea la absolución. No hay más que leer los escritos de los abogados para comprender que su defensa se va a basar en enmarañar la causa y lanzar cortinas de humo para ocultar lo esencial: que vulneraron la ley. Eso y no otra cosa es lo que se juzga.

No son presos políticos, son políticos presos. Y no están en el banquillo por sus ideas sino por intentar subvertir la Constitución mediante una farsa de consulta y una declaración unilateral de independencia, que ahora intentan banalizar.

«No hay que multiplicar los entes sin necesidad», decía Ockham. Pues bien, la explicación más simple, verdadera y convincente es que los acusados hicieron lo que todos vimos y de lo que se jactaron cuando decidieron desafiar al Estado confiando en que sus actos no tendrían consecuencias.

Los cinco errores de Sánchez con Torra
Jorge Mestre okdiario  12 Febrero 2019

No se puede dialogar con quien no quiere escuchar. Este es uno de los principios esenciales en cualquier negociación y que, al parecer, no pareció importarle en exceso al presidente Sánchez –primer error– cuando le dio la credibilidad suficiente a su interlocutor Torra para abordar la crisis catalana. La escenificación producida en los últimos días de que Pedro Sánchez no parecía dispuesto a seguir negociando con la Generalitat tenía que haber llegado el mismo día 20 de diciembre cuando ambos mantuvieron su encuentro y Quim Torra le hizo entrega de los incendiarios 21 puntos –segundo error–. Seguramente Sánchez fue dominado por las emociones de ver un posible acuerdo en el horizonte, de dotarse un halo de mesianismo similar al que le había llevado a La Moncloa y de creer que iba a conseguir lo que nadie antes había logrado. Todo ello le impidieron pensar claramente en las consecuencias del caramelo envenenado que estaba dispuesto a desenvolver –tercer error–.

En el ámbito de la negociación se aconseja no sólo poner en valor la fuerza negociadora de la otra parte, sino la de uno mismo para saber qué alternativas se tiene en caso de no llegar a un acuerdo. Es lo que Roger Fisher, famoso negociador estadounidense en la crisis de los rehenes de Irán, acuñó como BATNA en su best-seller ‘Obtenga el sí: El arte de negociar sin ceder’. Conocer tu propio BATNA y el de la contraparte es lo que ayuda a establecer el ritmo y velocidad en una negociación. Este lunes Sánchez insinuó que podría haber elecciones en dos meses –su BATNA–. Se trata de una amenaza, creíble o no, hacia los independentistas para que vuelvan a la mesa de negociación y que no sobrepasen determinadas líneas rojas, so pena de que salga un nuevo gobierno dispuesto a aplicar nuevamente el 155. El presidente del Ejecutivo deja entrever que los independentistas van a encontrar en él una condescendencia imposible de hallar si gobierna el PP.

Ante esta situación, Torra tiene dos opciones, aceptar el ultimátum del presidente del Gobierno, o bien considerarlo como una declaración teatral vacía de contenido. Hasta ahora había considerado –y el ejemplo de aceptación de la figura del relator lo demuestra– que Sánchez iba a ceder en, al menos, parte de sus demandas para poder agotar la legislatura –cuarto error–. La mejor alternativa a la negociación para el líder de los independentistas es la de seguir construyendo un relato victimista, seguir acaparando adeptos a su causa y prolongar el conflicto. Todo ello lo tiene más fácil con un gobierno que le tiemble la mano a la hora de aplicar el 155 que con un Ejecutivo más combativo y con amplio respaldo parlamentario. Por ello, creo que Torra va a apoyar finalmente los Presupuestos, dándole una de cal y otra de arena al presidente del Gobierno, porque es en ese terreno donde el independentismo se siente más cómodo. La propuesta de máximos de los 21 puntos es imposible de alcanzar en el corto plazo y los independentistas lo saben, pero troceados en unidades más pequeñas es otra historia.

Cualquier negociación puede ser cooperativa o competitiva. En el primer ejemplo, las dos partes son conscientes de que hay dejaciones por el camino, pero creen que el interés superior los debe llevar al entendimiento. En el otro caso, una de las dos partes o las dos observan el proceso de negociación como un juego de suma cero, en el que uno gana y el otro pierde. Ese es el planteamiento que Torra ha impuesto sobre la mesa y por el que ha conducido a Pedro Sánchez –quinto error–. Toda una demostración inaceptable de fuerza.

Un golpe a la democracia, ante la Justicia
 larazon  12 Febrero 2019

Hoy da comienzo el juicio más trascendental que se haya celebrado en España desde la restauración democrática –al margen el del 23-F, que tuvo lugar bajo jurisdicción militar–, a la altura de la propia causa: un golpe contra la legalidad democrática, la ruptura de la unidad territorial y la proclamación de una «república catalana».

Se produce en un momento político especialmente crítico, cuando Pedro Sánchez depende de que los independentistas que le llevaron a La Moncloa aprueben los Presupuestos y cuando se ha desvelado que estaba dispuesto a poner encima de la mesa de negociación medidas de dudosa constitucionalidad para ganarse el voto a sus cuentas y a su continuidad.

La importancia de este juicio reside en que los procesados eran miembros del gobierno de la Generalitat –un vicepresidente y siete consejeros– y la presidenta del Parlament, además de dos dirigentes de sendas asociaciones independentistas, Òmnium y ANC. A ninguno de ellos se les juzga por sus ideas, que, por otra parte, llevan defendiendo desde la Generalitat y otras instituciones de autogobierno hace décadas con profusión de medios y dinero público, algo que permite nuestra Constitución, en contra, por ejemplo, de lo aceptado en Francia y Alemania.

Lo que se juzga son unas acciones constitutivas de delito claramente tipificado en el Código Penal: rebelión (art. 472), malversación (art. 432.1) y desobediencia (art.410.1). El nacionalismo catalán, ahora independentista, no ha ocultado sus planes ni cuál fue su pretensión en la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre: «Constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano». A continuación, dispuso la «entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República». Otra cosa es que sus dirigentes se dieran a la fuga o que no tuvieran preparadas las «estructuras de Estado».

Se equivocan los independentistas y la mayor parte de las defensas de los encausados en convertir la vista oral en un espectáculo de denuncia política. De nada servirá querer deslegitimar al Tribunal Supremo ni exhortar ante Europa que España no es un régimen democrático. La propaganda adormece a los acólitos, pero no suele ocultar la realidad de los hechos. Que los procesados están condenados de antemano es un grave insulto a la Justicia española que da medida de la escasa inteligencia del que injuria y un flaco favor a sus defendidos, no porque altere en algo las conclusiones de la vista, sino porque se va a juzgar sobre la base de un sumario, instruido por el magistrado Pablo Llarena –capítulo aparte es la presión y coacción a la que ha sido sometido por los nacionalistas y sus medios de comunicación–, ocho meses y medio después de que el fiscal general del Estado presentara las dos querellas por los hechos que desembocaron en la declaración de independencia, sobre la declaración de quinientos testigos y otras pruebas. Importan los hechos y no la propaganda.

Deberían saber –y lo saben– que las artimañas para entorpecer el proceso no van a tener efecto. Mostraron tener un gran interés en retrasar la tramitación de la causa para que el juicio coincidieran con las elecciones del 26 de mayo y que el impacto que en una parte de la opinión pública catalana pueda tener el ver a los que fueron sus gobernantes sentados ante el Supremo pueda beneficiarles. Lo único cierto es que este proceso ante la élite de la magistratura española cuenta con todas las garantías y que la Comisión Europea fue clara: «No tiene constancia de ninguna quiebra del principio de separación de poderes o de ningún hecho que afecte a la independencia del poder judicial español» (5 de diciembre).

Juicio al golpe independentista
EDITORIAL El Mundo  12 Febrero 2019

Aunque el independentismo intente sembrar sospechas sobre la Justicia española, el juicio que hoy arranca en el Tribunal Supremo a los impulsores del referéndum de ruptura ofrece plenas garantías. El desafío soberanista lanzado en otoño de 2017 constituye el mayor ataque a la Constitución en cuatro décadas. No fue una revolución de las sonrisas, como torticeramente alegan sus autores. Tampoco un proceso democrático, porque nada hay más antidemocrático que pisotear la ley. Fue un intento de crear un Estado catalán en forma de república -así consta en las resoluciones parlamentarias aprobadas por JxSí y la CUP- con el que las autoridades catalanas pretendían liquidar la soberanía nacional saltándose los procedimientos de reforma contemplados en la legislación y quebrando el autogobierno amparado en el Estatuto de Autonomía. Conviene recordarlo.

La fortaleza de la democracia española, especialmente representada en la solidez de nuestro ordenamiento jurídico y en el decisivo papel que jugó el Rey tras su discurso del 3-O, impidió que el independentismo consumara su hoja de ruta rupturista. Ello no es óbice para enjuiciar la concatenación de hechos políticos y jurídicos ejecutados por la Generalitat que motivó la querella de la Fiscalía por rebelión y sedición. Entre los acusados que se sentarán en el banquillo no está el prófugo Carles Puigdemont, cuya cobardía retrata su minúscula estatura ética y por quien la Corte de Schleswig Holstein desacreditó la figura de la euroorden. Tal como explicamos en el Documentos que hoy publica EL MUNDO, los 12 principales acusados de haber organizado la asonada separatista -la ex presidenta del Parlament;el ex vicepresidente del Govern Oriol Junqueras, que se enfrenta a una petición de condena de 25 años de cárcel; y ocho ex consellers- deberán responder por la flagrante vulneración del artículo 2 de la Constitución mediante la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O, que culminó en la posterior declaración de independencia. Todo ello se llevó a cabo apoyado en el aparato institucional y los fondos de la Generalitat, con una planificación coordinada y mediante la coacción violenta en la calle.

La envergadura del proceso y la cifra de testigos, que supera los 500 declarantes, permite augurar que el juicio puede prolongarse más allá de los tres meses previstos. Pese a que su inicio coincide con un momento de gran tensión política, nada ni nadie puede interferir en la decisión de los sietes jueces encargados de dictar sentencia. A ninguno de los miembros de la sala presidida por Manuel Marchena les arredrará ni la debilidad del Gobierno, que rebajó la acusación de la Abogacía del Estado como pago en especie al chantaje soberanista, ni tampoco las presiones al tribunal de los comandos separatistas y las amenazas de Torra. Que el peso de la ley caiga sobre los ejecutores del golpe independentista a la Constitución.

Este es un Gobierno separatista
Carlos Dávila okdiario   12 Febrero 2019

No sólo es separatista, es que, además, está conchabado con los más peligrosos independentistas catalanes. Leer las últimas declaraciones del ministro Marlaska produce vómitos. ¿Qué ha sido de ese juez martillo de etarras y de sus conmilitones? Nada, se ha evaporado en su propia desvergüenza como monaguillo de un ególatra que le tiene comido el coco encaramado como está en el Ministerio del Interior. Realmente Marlaska, el magistrado que antaño coqueteaba con la derecha porque, según sus colegas, no encontraba en la izquierda a nadie que defendiera la Justicia independiente, no merece más comentarios. Perdón, sólo uno más: los CDR –los gudaris violentos del independentismo– son la misma cosa que ETA, no matan porque a lo bestia, pero sin apretar todavía el gatillo, producen igual convulsión que aquellas acémilas vascas a los que Marlaska, cuando era uno hombre de principios y no un cómplice del separatista Sánchez, combatió sin piedad.

Dejemos a un lado a Marlaska. No se engañen: su jefe, ‘el ratero de La Moncloa‘, no ha roto con Torra y su cuadrilla, simplemente el viernes se dieron tiempo para edulcorar la reacción de todo el centro derecha español. No escribo a humo de pajas: verán, hay actores sociales y económicos en Cataluña que avisan de que todo está planeado y bien planeado, dirigentes de lo que un día se llamó la aplaudida burguesía catalana –hoy de vacaciones definitivas– que convienen, con Sánchez y Torra, en que no hay salida judicial para el desafío de los secesionistas; únicamente hay una solución política. Y ellos, como Torra y su privilegiado interlocutor, Pedro Sánchez, dibujan tal solución en cuatro trazos o puntos de obligado cumplimiento. El primero es la presión insoportable sobre la Fiscalía para que ésta rebaje la petición de penas de los sediciosos. A este respecto, refiero la confesión de un antiguo fiscal de la Audiencia Nacional que, con enorme conocimiento de lo que está ocurriendo, me dice: “Que se sepa, nunca han existido tantas sugestiones directas a indirectas para que un fiscal actúe de una u otra forma”. Queda dicho.

El segundo capítulo es aún más sibilino: se trata de que procesalmente el juicio se desarrolle de tal forma que, llegado el momento preciso de las sentencias, las penas nunca rebasen los diez años de prisión. El tercero, consecuencia y efecto del anterior, será que si se cumple esta estimación, lo más probable es que ninguno de los reos cumpla más de un año de internamiento. Y el último, el más grosero, el más abyecto de los acuerdos de negociación, es que inmediatamente el Gobierno otorgue los indultos correspondientes, previos, claro está, la rogatoria de cada uno de los presos. Esta hoja de ruta no es, ni mucho menos, una hipotética previsión, es un anticipo de lo que se ha venido pactado entre dos gobiernos separatistas, separatista sí el de Sánchez también porque ambos, los dos Ejecutivos de pacotilla, trabajan en la misma dirección para conseguir parecidos objetivos.

Al denominado Govern nada le interesa más que esta capitulación se asiente. Uno de sus consejeros, probablemente el más torpe, ya ha reconocido que el Gobierno de Madrid es un auténtico chollo, y que en el futuro no encontrarán un interlocutor tan simpático, tan rendido a la causa como el de Sánchez. Por eso, hay que preguntarse: en estas condiciones, ¿le vale la pena a Torra y a sus secuaces, propinarle un patadón para dejarle fuera de juego a su fiel cómplice? Pues no; pero si los socios se tiran de los pelos y no llegan al consenso para aprobar las cuentas de la lechera, arbitrarán otras posibilidades, una de ellas ya está estudiada, consiste en alargar la legislatura dejando que el aún presidente siga en el machito gobernando con decretos ambiciosos. Como suele decir el PNV, otro de los interesados en que nada cambie: “No pasa nada, esta no sería la primera vez que el Parlamento funciona así”. Desde este punto de vista unos de los eslóganes más coreados en la amplísima concentración del domingo: “¡Sánchez, dimisión!” se puede quedar en la nostálgica exigencia de un país que no le soporta ni un momento más. Los separatistas, aliados bochornosamente con Sánchez, lo tienen claro: “Mejor con Sánchez que con nadie”. Es difícil que vuelva a encaramarse al poder un individuo con tan pocos escrúpulos como el socialista. Eso, como en el chiste del chino que no se moría porque su color amarillo era de nacimiento y no de hígado, le va a salvar. Una desgracia para España.

Juicio al Golpe: un acto de defensa de la España democrática
EDITORIAL @AntonioRNaranjo esddiario  12 Febrero 2019

Lo menos edificante del juicio que hoy arranca en el Tribunal Supremo es la ausencia del principal cabecilla del Golpe constitucional: la fuga de Carles Puigdemont le quita al Estado de Derecho la posibilidad de enjuiciar al político más irresponsable y peligroso que ha alumbrado la democracia de su nacimiento. Y ha confinado en prisión preventiva a sus compañeros de asonada, por el riesgo de huida certificado por su líder.

Que el proceso comience con un presidente en Moncloa deudor de los golpistas y con éstos manteniendo el desafío, con distintos métodos pero idéntico objetivo y desprecio por la ley, atestigua la calidad de la democracia atacada, que tiene en la separación de poderes uno de sus pilares más definitorios.

Amén de una barrera a las tentaciones evidentes de Sánchez de aceptar el chantaje del soberanismo para proseguir en un puesto que debieron darle los votos pero se lo concedieron, a cambio de un precio inadmisible, los mismos partidos cuyos dirigentes se sientan hoy en el banquillo y alguno más como Bildu.

El peligro de Sánchez
De no estar activados la Justicia, el Congreso, el Senado y la propia sociedad civil, ¿alguien cree de verdad que Sánchez, el mismo que antes del asalto defendía aplicar un 155 más contundente y endurecer el delito de rebelión, no cedería lo que fuera con tal de sobrevivir?

Frente a quienes dicen que un problema político no puede responderse con una reacción judicial, cabe sostener lo contrario: un conflicto no puede dirimirse sin respeto a los procedimientos

El juicio a los golpistas no es un acto de venganza ni de represión, sino la consecuencia democrática de una barbaridad que ha dividido Cataluña, la a ha enfrentado con el resto de España y ha puesto a prueba la resistencia de una democracia joven frente a la de otros países de nuestro entorno.

Utilizar el Parlamento catalán para impulsar leyes ilegales, servirse de la Generalitat -cuya existencia misma deriva de la Constitución- para convocar referendos ilegales y cebar todas las herramientas civiles e institucionales -desde los Mossos hasta Omnium o la ANC- para endurecer el pulso merece una respuesta nítida que desde este martes comenzará a perfilarse.

La selva
Frente a quienes dicen que un problema político no puede responderse con una reacción judicial, cabe sostener justo lo contrario: un conflicto político no puede dirimirse sin el respeto a los procedimientos y las leyes, que definen la convivencia y la hacen viable en una sociedad necesariamente plural que sin reglas del juego se transforma en una selva.

Que el juicio termine con condenas por rebelión o sedición es menos relevante que su simple celebración. A juicio de muchos hubo violencia, pues ésta no necesita de muertos ni de disparos para ser evidente, pero lo que hubo y hay para todos los que respeten los hechos y valoren nuestra democracia es un Golpe nefando que exige una respuesta ejemplar.

El «procés», un golpe coral «sincronizado» para imponer la secesión de Cataluña
Junqueras, que se enfrenta a 25 años de cárcel, lideró el desafío del Govern separatista
Jesús Hierro ABC  12 Febrero 2019

Los papeles para el gran golpe del «procés» estaban bien delimitados. Los promotores habían diseñado una estrategia perfectamente «planificada, concertada y organizada» con el único objetivo de declarar la independencia de Cataluña y obligar al Estado a acatarla. El plan de los secesionistas no descartaba ningún medio para alcanzar sus objetivos. Incluso, llegado el caso, contemplaban usar la «violencia necesaria» para imponer por la fuerza su proyecto, según considera la Fiscalía, que acusa a la mayoría de los procesados de rebelión.

Tres fueron los pilares básicos alineados y sincronizados para sus aspiraciones secesionistas. El Parlamento catalán, presidido por Carme Forcadell, se ocupó de tramitar y facilitar la aprobación de leyes y normas abiertamente inconstitucionales - incluida la declaración de independencia- para dar cobertura al nuevo Estado. El Govern de la Generalitat, encabezado por el fugado Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras, tuvo como misiones principales convocar el referéndum ilegal -con el que justificar internacionalmente su plan secesionista- y crear las estructuras para un Estado independiente. Y una tercera pata de la maquinaria procesista la representaban las entidades independentistas, especialmente la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Tenían un «papel crucial», según la Fiscalía, para movilizar a las masas y obligar al Estado a capitular frente a la secesión.

Como es sabido, el plan fue un fracaso estrepitoso. La perfecta planificación que, según la Fiscalía, habían ideado y puesto en práctica los secesionistas para alcanzar la independencia se desbarató una vez se proclamó el 27 de octubre de 2017. El Senado bajó el telón de las ensoñaciones separatistas con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y los actores se quedaron sin guión. Unos, como el «expresident» Puigdemont y otros consejeros, huyeron al extranjero. Lo hicieron, además, ocultando su plan de fuga a buena parte del elenco de líderes procesistas. Junqueras, por ejemplo, no fue informado de ello. Mientras unos se dieron a la fuga, otros se quedaron en España. Son los que ahora se sentarán en el banquillo del Tribunal Supremo. Un total de doce procesados, de los que nueve están en prisión provisional: Junqueras; los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull; los líderes de las entidades independentistas Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium), y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell. También los exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, que están en libertad. Los fugados verán el juicio por televisión.

Orillar la legalidad
En su escrito de acusación, en el que el Ministerio Público pide un total de 177 años de cárcel para todos los procesados, se sostiene que el plan urdido por Parlament, gobierno de la Generalitat y agitadores callejeros consistía en « orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria e impedir el cumplimiento de resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquélla para conseguir declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio». Para ello, agrega, los procesados contemplaron la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia.

El error de Pedro Sánchez
Alejandro Tercero cronicaglobal  12 Febrero 2019

Uno de los principales errores de los sucesivos gobiernos y partidos de ámbito nacional en los últimos 40 años es haber perdido la batalla del lenguaje frente al nacionalismo por incomparecencia.

La mirada cortoplacista de los que ostentaban el poder y de los que querían alcanzarlo les ha llevado siempre a ceder ante los que pretenden fracturar el país, también en aspectos aparentemente inocuos, como es el uso de las palabras. Un despropósito en el que han colaborado activamente los acomplejados por temor a ser tildados de anticatalanes.

Así, no ha habido respuesta cuando se ha hablado de buscar el “encaje” de Cataluña en España --en verdad, se trataba de contentar a los nacionalistas--; de “normalización lingüística” --en vez de imposición del catalán--; de “federalismo asimétrico” --un oxímoron en toda regla--; de “hecho diferencial” --en realidad, una justificación para obtener privilegios--; de “derecho a decidir” --en vez de referéndum secesionista--; de “transición nacional” --en vez de intento de secesión unilateral--; de “elecciones plebiscitarias” --cuando eran autonómicas--; de “España y Cataluña” --como si fueran dos realidades ajenas independientes y en el mismo plano--; de “movimiento vasco de liberación” --para referirse a la banda terrorista ETA--; de “catalanismo” como algo positivo, moderno y progresista, frente a “españolismo” como algo negativo, antiguo y rancio; de “lengua propia” --para referirse al catalán y situar el español como una lengua ajena, impuesta o extranjera--; de “Estado español” --para referirse a España, salvo en el caso del lema “España nos roba”--; de “un solo pueblo” --para justificar la uniformización nacionalista y negar el “un solo pueblo” a nivel español--; de “presos políticos” --en vez de presos acusados de rebelión--; de “exiliados” --en vez de huidos de la justicia--; de “presidente legítimo” --en vez de expresidente de la Generalitat fugado-- y, en los últimos tiempos, de “una república proclamada pero pendiente de implementar”.

Ahora, el Gobierno de Sánchez vuelve a cometer el mismo error. Aceptar la figura de un “relator” para negociar con los independentistas es lo mismo que admitir que hace falta un “mediador” para solucionar el desafío del nacionalismo catalán. Y, al contrario de lo que señalan los terceristas, no es una cuestión inofensiva. Es otra gran victoria del independentismo. Supone asumir que España no es un Estado de derecho democrático pleno capaz de hacer frente a los problemas internos a través de sus instituciones. Si finalmente el Gobierno acaba mercadeando bajo la mirada del relator --y pese al teatrillo del viernes pasado, todavía no se ha dicho la última palabra en esta cuestión--, sería un precedente de trascendencia histórica y con repercusiones internacionales.

En cualquier caso, todo este despropósito tiene su origen en otra batalla del lenguaje perdida por el constitucionalismo: la de tildar el desafío nacionalista como un “conflicto político”. No, el desafío secesionista no es ningún conflicto político, se trata únicamente de que los dirigentes políticos independentistas, al constatar su incapacidad para cambiarlas, han optado por saltarse las leyes en vez de gestionar la frustración.

Sánchez tenía la oportunidad de haber plantado cara a quienes ya han demostrado estar dispuestos a todo para fragmentar el país. Podía haberse presentado en la batalla del lenguaje, de la tergiversación, de la perversión de los conceptos, de la propaganda nacionalista, de la posverdad. Pero, como hicieron todos sus antecesores, ha preferido huir a cambio de un plato de lentejas que le permita seguir en la Moncloa un año más. Y encima, para su desgracia, puede que ni siquiera consiga esas migajas y tenga que adelantar las elecciones.


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