AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 13  Febrero 2019

Impunidad el 23-F y el 1-O
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 13 Febrero 2019

Mis primeros pasos en el periodismo profesional los di como Jefe de Opinión de Diario 16 en el juicio a los máximos responsables del fallido golpe de Estado del 23-F de 1981, lo más parecido al juicio contra los máximos responsables del fallido golpe de Estado del 1-O, que empezó ayer. Y hay una diferencia esencial entre 1982 y 2019: entonces no había ningún partido político legal ni medio de comunicación pidiendo impunidad para los golpistas, que, por otro lado, ni huyeron ni la pidieron, salvo Armada. Y el Gobierno de UCD recurrió su condena a 6 años ante el Supremo, y le cayeron los 30 de Miláns y Tejero. Sólo El Alcázar apoyaba el golpe y hubiera pedido impunidad para los golpistas del 23-F. pero aquel Gobierno de UCD, tan débil en escaños, no estaba trufado de traidores: lo secuestró el 24-F y le hizo la vida imposible hasta que cerró.

Hoy, todas las cadenas de televisión generalista, públicas o privadas, están a favor de la impunidad de los golpistas o favorecen a los que piden el indulto, incluso antes del juicio y la condena. TVE y Telemadrid son el obsceno escaparate del apoyo del PSOE y Podemos a sus socios en la moción de censura que encaramó al Gobierno al Felón. Todas las cadenas privadas, que son, como las radios, concesiones políticas, han favorecido el Golpe -gorilato de La Sexta- o están favoreciendo la impunidad, en clara sintonía con PSOE y Podemos, que ayer reptaban en singular carrera gusanera mendigando el apoyo parlamentario de los partidos golpistas, que, sobre legales, son gubernamentales. TVE3, medio golpista por excelencia -por excrecencia, decíamos los antifranquistas cuando vivía Franco- sigue la línea catanazi de Torra. La SER sigue a El País, que la semana pasada homenajeó a Junqueras. En la COPE ya no se ataca a los obispos pederoseparatistas catalanes. Onda Cero es constitucional por la mañana y compensa por la tarde. Sólo en internet hay una ligera mayoría de medios constitucionales frente al impunismo de los medios de izquierda.

En un juicio largo, los mecanismos que forman la opinión pública son decisivos. Por eso, en el juicio del 23-F, hasta los que querían indultear, se rajaron. En el juicio del 1-O nos pueden salvar los jueces y el descrédito de los medios y sus plantillas de izquierda extrema. Por ellos, el Felón los había indultado anteayer.

Separatistas: ni ceder a su chantaje, ni tratar de sobornarlos
EDITORIAL Libertad Digital 13 Febrero 2019

La felonía perpetrada la semana pasada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez al aceptar públicamente una de las más bochornosas exigencias que las formaciones golpistas catalanas le habían planteado a cambio de su apoyo a los Presupuestos –admitir la figura de un mediador en una negociación bilateral entre el propio Gobierno de Sánchez y la Generalidad del execrable Torra– no puede ni debe dejar en un segundo plano el hecho de que estos Presupuestos constituyen en sí mismos una vergonzosa forma de tratar de comprar el apoyo de los golpistas. Así, recuérdese que pretenden destinar a Cataluña nada menos que 2.251 millones de euros, es decir, un 67% más que en 2018.

Si se tiene presente que –año tras año desde 2012– el Ejecutivo de Rajoy ya trató de aplacar a los liberticidas separatistas elevando sensiblemente las partidas presupuestarias destinadas a la Generalidad –por no hablar de que Cataluña ha sido, con gran diferencia, la gran beneficiaria de la financiación extraordinaria a cargo del FLA–, se puede entender aún mejor el escandaloso hecho de que Sánchez mantenga congelada la dotación presupuestaria para la Comunidad de Madrid en torno a los 1.240 millones de euros o que reduzca la de Galicia de 937 millones a sólo 757.

Así las cosas, no se puede decir que la ministra de Hacienda, la bochornosa María Jesús Montero, haya mentido este martes en el Congreso cuando ha recordado a los separatistas –especialmente al representante de ERC– la pila de millones y el aumento de inversión en Cataluña que contemplan estos nefastos Presupuestos con los que estérilmente trata de comprar su apoyo. Cuando miente la ministra, y además descaradamente, es al decir que de esta mayor dotación presupuestaria se van a ver beneficiadas todas las autonomías por igual.

Lo cierto es que estos Presupuestos constituyen en sí mismos un abominable acto de deslealtad a la Nación y al conjunto de la ciudadanía para privilegiar a una Administración regional como la catalana, en abierto desafío al orden constitucional desde 2012. Eso, por no señalar que, en su conjunto, abocarían una aún mayor presión fiscal y a un mayor nivel de endeudamiento, lo que no vendría sino a incrementar los claros síntomas de desaceleración que ya presenta la economía nacional.

No va a ser la firmeza del Gobierno ante los nacionalistas ni aquel compromiso de Sánchez de celebrar elecciones nada más desbancar a Rajoy lo que vaya evitar a los españoles estos nefastos Presupuestos y haga inevitable el adelanto electoral. Paradójicamente, son la insaciable radicalidad y el maximalismo de los golpistas lo que va a librar a los españoles de unas cuentas públicas letales y a brindarles, muy probablemente, la posibilidad de elegir un nuevo Gobierno en abril. Eso, claro está, si al presunto autor de Manual de resistencia no le da por resistir aferrado a la poltrona hasta 2020 prorrogando los Presupuestos, tal y como ya hiciera en el pasado.

Sea como fuere, queda demostrado por enésima vez que no se debe intentar contentar al que no se va a contentar. Y esto es precisamente lo que ha tratado de hacer Sánchez, para colmo con los golpistas, ya sea mediante unos Presupuestos con aspecto de soborno, ya sea con la aceptación del chantaje del mediador ridículamente maquillado como relator.

Charlotada lazi en el Supremo
Pablo Molina Libertad Digital 13 Febrero 2019

Los separatistas catalanes, y muy especialmente los líderes que desde ayer se sientan en el banquillo de los acusados, tienen un grave problema de percepción de la realidad. Solo así se explica que la estrategia de las defensas de unos tipos que llevan más de un año en prisión acusados de delitos castigados con penas de hasta 40 años de cárcel dediquen la primera jornada de la vista oral a dar un mitin y hacer el ridículo, como si el Tribunal Supremo fuera un plató de TV3.

Sin ir más lejos, el abogado de Junqueras esgrimió la opinión de los tertulianos de TVE como argumento de autoridad para afirmar que no hubo delito de rebelión. Eso, el letrado del acusado que se va a comer el marrón más gordo, lo que nos permite prever el nivel argumental de los que vienen detrás.

Se creyeron por encima de las leyes y que la unidad de España estaba supeditada a sus delirios racistas. Por eso rompían las citaciones del Tribunal Constitucional descojonándose ante las cámaras, desoían las advertencias de sus propios letrados y siguieron dando forma al golpe de Estado sin la menor ocultación. Solo ellos ignoran que son el hazmerreír del mundo civilizado y que sus llantinas por que la puta España no los deja independizarse sólo se las toman en serio, previo pago de su importe, botarates como el pequeño Nicolás o la pobre Talegón.

Lo asombroso de estos personajes es que todavía crean que el mundo les debe una explicación y que este juicio es muy bueno para la republiqueta porque van a salir todos absueltos y el que va a quedar por los suelos es el Estado español. Y sin embargo al pío Junqueras probablemente no lo salve ni el Altísimo de treinta o cuarenta años de trullo, como un ecce homo. De ahí hacia abajo habrá graduación de penas, pero raro será que alguno salga con menos de un lustro de cárcel a cuestas. Y lo mejor de todo es que en España no pasará absolutamente nada. Como dijo aquel mozo preclaro, son tan idiotas que no saben que la republiqueta ni existe ni existirá. Todo seguirá como corresponde: ellos en la trena y los españoles teniendo que seguir soportando la tortura psicológica de los lazis y la vergüenza de pagar el sueldo a vagos redomados como Rufián.

La voz del pueblo
Sagrario Sánchez esdiario 13 Febrero 2019

Esta frase, “La voz del pueblo”, ha sido esgrimida en muchas ocasiones como expresión de la voluntad popular, en contra o a favor de acciones o decisiones de carácter público. Representa la fuerza de la opinión de la ciudadanía ante un hecho que le afecta, e incluso ha servido para nominar algún medio de comunicación, con todas las connotaciones de fuerza y poderío que implica la opinión de las personas de cualquier colectivo o sociedad.

La he traiído a colación en mi reflexión de hoy porque es evidente que la manifestación del domingo en la plaza de Colón en Madrid supuso un hito importante en este país. Por fin los ciudadanos que nos consideramos constitucionalistas salimos juntos a la calle, más allá de las siglas de los partidos políticos convocantes.

Lo significativo, para mí por lo menos, es que el centro derecha español se ha unido por un objetivo que va más allá de sus intereses electorales, por una gran causa, han convocado la manifestación de ayer, a la que acudieron: miles, cientos o millones de personas,..muchas en definitiva.

Lo importante, además, es que la capacidad de movilización ya no es sólo patrimonio de la izquierda, o de los populistas. Lo relevante es que las personas creen en lo que defienden, y no están dispuestas a dejarse amedrentar, ningunear…lo significativo, es que los ciudadanos quieren hablar, y decidir. La autoafirmación, la motivación, la ilusión, las ganas, se sienten en cada uno de los manifestantes, e incluso en los que no pudieron asistir.

Pensé como muchos que el Sr. Zapatero se consagraría como “el peor presidente” de este siglo. Evidentemente no calibré la posibilidad de que alguno lo superara. Esta claro que me equivoqué en mis valoraciones y siento que tampoco lo imaginaban los militantes de su partido que un día apoyaron al Sr. Sánchez como secretario general de su partido. Entiendo perfectamente la vergüenza y preocupación que sienten buena parte de sus barones territoriales.

Así mismo, es importante, bueno, que de una vez enarbolemos nuestros símbolos, como identidad de pueblo. Hasta ahora sólo el futbol lo había conseguido. Pero ante la amenaza, los ciudadanos españoles nos envolvemos cada vez más en nuestra bandera, para defender todo lo que simboliza: nuestra bandera, nuestra Constitución y nuestro país, ESPAÑA.

Si nuestro presidente del Gobierno fuera creíble, para mí no lo es por los hechos que le preceden, vería como positivo que diga ahora “no” a la figura del “mediador” o “relator”, que piense en convocar elecciones generales, en respuesta a las peticiones, …..Pero no es creíble, es sólo una estrategia más, un plan previamente diseñado, que no logra hacer dudar ni a una sóla de las firmes voluntades adversarias.

Estamos en una semana clave de nuestra historia más reciente, no importan los Presupuestos del Estado, con todo lo que suponen y nos interesan. Si no que nuestro Estado de Derecho funcione y lo haga bien, porque de ello depende nuestra sociedad y nuestra democracia.

El Supremo no es lugar para mítines
ABC 13 Febrero 2019

El juicio a los golpistas catalanes del 1-O empezó ayer como era previsible, con más soflamas políticas que argumentos jurídicos por parte de los abogados defensores, y con un cuestionamiento de la imparcialidad del Tribunal infantilmente motivado y carente de fundamento. No es preciso ser una lumbrera jurídica para sostener que los letrados de Oriol Junqueras y de los demás acusados en el banquillo exigen la nulidad del proceso sin alegar razón técnica alguna. La solidez de sus peroratas por la supuesta vulneración de derechos fundamentales fue nula. Alegar que es un «proceso político», que se trata de una «causa general prospectiva», que los magistrados están contaminados ideológicamente hasta el punto de erigirse en «salvadores de la patria», o que los acusados han sido tratados como terroristas, es impropio de cualquier asistencia letrada solvente si su interés es salvar a sus clientes de penas de entre 7 y 25 años de cárcel. Más pareció un conjunto de alegaciones a la desesperada para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene al Estado español por abusos inventados, que un discurso coherente en defensa de unos acusados que intentaron romper España pisoteando la Constitución, jactándose de vulnerar la legalidad, y desobedeciendo expresamente a nuestros Tribunales. Si Junqueras y sus cómplices del golpe de Estado quieren afrontar el juicio desde un absurdo victimismo procesal, no pueden estar más equivocados. Ya lo intentaron en su día Artur Mas o Francesc Homs en un proceso penal con acusaciones infinitamente más leves y resultaron condenados e inhabilitados. El Tribunal Supremo no es lugar para mítines.

Los abogados exigieron anular algunas pruebas aportadas a la causa para evitar que pueda demostrarse la existencia de violencia en el delito de rebelión, y lamentaron que no comparezca Su Majestad el Rey. También plantearon el absurdo de que Carles Puigdemont -procesado y huido, y al que solo debería escucharse en la condición de acusado- sea interrogado como testigo desde Bruselas, y se afanaron en trufar cada argumento con connotaciones espurias sin siquiera darse cuenta de que invocaban como una conducta ejemplar lo que no fue sino la vulneración del derecho de los españoles a que nadie fracture su territorio. De facto, se invocaba un derecho legítimo a romper la legalidad, lo cual es inaceptable. Joaquim Torra estuvo presente en la sala apoyando a los procesados. Él está en libertad y nueve de los doce acusados, en prisión, amén de seis fugados. Y si está en libertad es porque de momento no han violado flagrantemente la ley. La diferencia entre Torra y los demás no es política. Es estrictamente penal, y precisamente tener sentado en la sala de juicios, y en plena libertad, a Torra demuestra que no es un proceso político en ningún caso. El argumento para no tener que anular el juicio lo ofrece el propio separatismo con su incoherencia, su sectarismo y sus mentiras.

Si delinques, pagas
Luis Ventoso ABC 13 Febrero 2019

Desde el siglo XX hasta hoy, España ha frenado tres intentonas separatistas de quebrar por la fuerza su unidad, aunque no sin esfuerzo y sufrimiento. El primer envite llegó el 6 de octubre de 1934, cuando Companys, de ERC, declaró atolondradamente la República Catalana en un balcón de Barcelona. El general tarraconense Batet se encargó de cumplir con su deber y reinstaurar la legalidad. Batet, que tenía lo que hay que tener, incluso empleó su artillería contra los insurrectos. Lógicamente, la justicia de la República Española impuso severas condenas a los independentistas que se habían sublevado para romper el país: pena de muerte para los militares cómplices (luego conmutada por cadena perpetua) y 30 años de cárcel para los dirigentes políticos del levantamiento. Además fue suspendida la autonomía catalana. No pudieron con España.

El segundo gran ataque a la unidad de España comenzó en 1958 y se prolongó medio siglo. Se llamaba ETA y amargó la vida del país hasta 2010, cuando fue derrotada por el Estado. Con una crueldad extrema, que costó más de 800 muertos y 3.000 heridos, el movimiento terrorista trató de imponer la independencia del País Vasco mediante la violencia y el chantaje. Policías, militares, políticos y muchas personas anónimas se dejaron la vida contra aquel bárbaro proyecto totalitario. No pudieron con España.

El tercer y último intentó llegó en octubre de 2017, cuando políticos separatistas de ideario xenófobo desoyeron todas las advertencias del Gobierno central y pisotearon la Constitución y las leyes autonómicas para declarar por fuerza la República Catalana. Además, utilizaron para su golpe las instituciones de todos los catalanes, cuando la mayoría no querían la independencia. Tampoco pudieron con España y ayer comenzaron a ser juzgados por sus gravísimos delitos.

Por mucha mística amarilla que le pongan el separatismo, sus tontos útiles tipo Colau y los nacionalistas foráneos, el asunto resulta sencillo: ningún país permite que una parte de su territorio se desgaje a la brava y violentando las leyes nacionales. Algo así te lleva a la cárcel de cabeza en Francia, EE.UU., China, Rusia... y lógicamente también España. Eso sí, la democracia española garantiza un juicio justo, público y con respeto a la presunción de inocencia (aunque resulta complicado que no te declaren culpable si tú mismo te has jactado con alharaca de cómo te fumabas la ley). Existen una serie de coletillas huecas que el nacionalismo catalán -y el vasco, y el escocés...- repiten como si fuesen mantras sagrados. Por ejemplo: «Decidir no es delito». Uno, gallego al fin, respondería con un «depende». Si decides atracar un banco me temo que habrá delito. Y si machacas la norma medular de un Estado, su Constitución, pues también. Los magistrados del Supremo, juristas eruditos de acreditado prestigio, analizarán las acciones de los doce acusados, las compararán con lo que establece la ley y emitirán su sentencia. Así de simple. Y si Junqueras tiene que cenar una larga temporada en la cárcel, pues tampoco nos deprimiremos en demasía, porque intentar romper un país y destrozar la convivencia de los catalanes no es regalar rositas en Sant Jordi.

Nos roban la cartera y ni nos enteramos
Ramón Pérez-Maura ABC 13 Febrero 2019

Podríamos hacerlo peor como país, pero no es fácil. Gobiernos de uno y otro signo han sido incapaces de combatir la propaganda de los independentistas catalanes que actúan con el dinero que reciben del Reino de España -tiene delito el asunto- y los Gobiernos españoles son incapaces de articular una estrategia alternativa eficiente.

Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se realizó una magnífica estrategia que hizo inútil todo intento de reconocimiento exterior por parte de los secesionistas. Ni siquiera entre los muchos países europeos salidos de una secesión en el último cuarto de siglo encontraron más que apoyos parciales y circunstanciales. Eslovenia es el mejor ejemplo de hasta dónde consiguió llegar la Generalidad de Cataluña. Pero eso sumó nada. En cambio, mientras el secretario de Estado para la Unión Europea de esa época, Íñigo Méndez de Vigo, hacía su trabajo con éxito, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, se dedicaba a organizar seminarios los viernes por la tarde con los funcionarios y políticos de su Ministerio para resolver el problema catalán desde una perspectiva española. Los resultados de su gestión están a la vista.

Por más que me duela reconocerlo como periodista, los grandes medios europeos siguen mostrándose sensibles a la orientación de las campañas publicitarias con las que hacen caja y a los lobbies que acuden a vender su producto. Supongo que España podría haber intentado competir en igualdad de condiciones, pero no lo ha hecho -al menos con éxito- y en estas horas en que la Justicia se pone en marcha en el Tribunal Supremo nuestra posición en los medios internacionales es de enorme debilidad.

Hywel Williams es un miembro de la Cámara de los Comunes por el Plaid Cymru, el partido independentista galés. Ayer publicaba un artículo en «The Times» («Our silence about these show trials in Spain is shameful», Nuestro silencio sobre esta justicia de pandereta en España es vergonzoso). El texto daba una versión de la represión del Gobierno español en Cataluña que ponía los pelos como escarpias. Leyendo el artículo casi me convierto en un votante de la CUP. Claro que este ilustre independentista galés obviaba un dato muy relevante. ¿Qué hubiera ocurrido en el Reino Unido si la Asamblea de Gales hubiera ignorado las leyes británicas y hubiese violado las normas de las más altas instituciones judiciales del país? ¿Cree alguien que se les hubiera permitido actuar con impunidad? Por supuesto que no. Pero este Williams, como casi todos los nacionalistas e independentistas, es un racista que se cree superior a los españoles -y eso incluye a los catalanes, mal que les pese-. Cree que su democracia es de mejor calidad que la nuestra. Y así le va al Reino Unido en esta hora en que votar les ha metido en un callejón sin salida.

La realidad es que el anterior Gobierno español no dio una batalla suficiente y el de Sánchez no tiene el más mínimo interés en hacer nada que pueda molestar lo más mínimo a sus socios que intentan romper España. Y el limpio nombre de España se va arrastrando por los medios de comunicación europeos, en los que la Generalidad ha desembolsado cifras astronómicas salidas de los impuestos de todos los españoles.

De derrota en derrota hasta la victoria final
Fernando Díaz Villanueva. vozpopuli  13 Febrero 2019

No voy a entrar en si la concentración del pasado domingo en la plaza de Colón fue un éxito o un fracaso. Juntar 100 ó 120.000 personas en un día especialmente desapacible de febrero, con sólo tres días desde su convocatoria, tiene su mérito y da fe de que existe cierto hartazgo. Mejor es centrarse en las causas de esa manifestación y no en la manifestación en sí. No se hubiese hablado tanto de lo de Colón de no haber sido por la contumaz torpeza de Pedro Sánchez la semana pasada.

Las prisas por sacar los presupuestos adelante le llevaron de cabeza a un callejón sin salida. A cambio de los votos de ERC y el PDeCAT (17 escaños en total, justo los que necesita para poder comprar un año más en el poder), les prometió abrir una mesa de negociación sobre lo suyo. Los independentistas pidieron un mediador y, con tal de complacerles, les dijo que sí aunque cambiándole el nombre por el de relator, un invento sacado de la chistera que nadie sabía muy bien en qué consistía.

Estaban tan seguros de su oferta que la vicepresidenta Carmen Calvo salió muy ufana en una rueda de prensa el miércoles asegurando que el asunto ya estaba cerrado y que las negociaciones empezarían cuanto antes. En menos de 48 horas todo se les vino abajo. Se produjo una rebelión dentro del PSOE y otra en la oposición. La primera irritó profundamente en Moncloa, porque de todos los fuegos el peor siempre será el amigo. La segunda se tradujo en la convocatoria de la manifestación de marras y en el redoble de tambores que, con un par de meses de anticipo, ha dado por comenzada la campaña electoral de mayo.

No era este el plan de Sánchez. Su idea era engañar a los independentistas, sacarles el sí a los presupuestos en las Cortes y concentrarse en la campaña de las municipales. Pero es que este hombre tan pagado de sí mismo todo lo hace mal, es el tipo más desastroso que ha pasado por la Moncloa y cuidado que tenía el listón alto. Aunque, claro, teniendo en cuenta como había planteado el asunto era imposible que saliese bien.

Nos hemos enterado por los independentistas de cuál era el esquema con el que Sánchez y Calvo pretendían darles el cambiazo. Les plantearon dos mesas de negociación: una de gobierno a gobierno y otra de partidos. La primera era un disparate porque ningún gobierno autonómico está a la misma altura que el nacional. La segunda sólo incluía a los partidos amigos de la negociación dejando fuera al PP, que es el principal grupo parlamentario en el Congreso, y a Ciudadanos, que es el que más votos y escaños tiene en el Parlamento catalán. Eso sí, según Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalidad, lo que saliese de ahí iría a misa, es decir, tendría que ser asumido por el resto de instituciones.

Que algo así saliese del magín de Quim Torra es comprensible porque este hombre no tiene especial aprecio por la institucionalidad, es más, gobierna no ya en contra de la mitad de los catalanes, sino ignorando abiertamente su existencia. Pero no, el plan salió de Moncloa. Eso por no hablar de la figura del relator, que en sí ya es psicotrópica. Aquí, como bien señaló Felipe González, no hay ninguna guerra y el nuestro es un país en el que se observan escrupulosamente los derechos humanos.

Además, lo que Torra y compañía piden no se lo puede dar el Gobierno. Ni este ni ningún otro. Para satisfacerles haría falta una reforma constitucional muy ambiciosa que requeriría el concurso de prácticamente todos los grupos políticos. Eso Sánchez, que en el Congreso sólo cuenta de una raquítica renta de 84 escaños, debería saberlo.

Pero la intención de los independentistas no era sólo esa. Necesitaban la "mesa de diálogo" para colocar una carga de relojería en el Supremo justo cuando empieza a juzgar a Oriol Junqueras y los exconsejeros de Puigdemont. De haberse materializado sería como verter un chorro de vinagre sobre una herida abierta. Todo para seguir en la Moncloa un año más aún a riesgo de reventar su propio partido y de arrastrar a las instituciones por el fango.

Asumo que a Sánchez esto último no le importa demasiado mientras él esté en el poder. Lo de su partido es otra cosa. Si en mayo el PSOE se hunde en las municipales su carrera habrá acabado. La revuelta interna está garantizada y eso comprometería que pudiese volver a presentarse. No sería de extrañar que, tras la hecatombe, le organizasen otra como la del otoño de 2016.

Los barones del PSOE, asustados
Los barones territoriales están asustados, más aún después de lo que pasó en Andalucía hace dos meses. Aquello fue culpa de Susana Díaz sí, pero también de Pedro Sánchez, un trilero al que se le van acabando las opciones. Puede aguantar como hasta ahora con o sin presupuestos o ir a elecciones y hacerlas coincidir con las de mayo. Aún está a tiempo de disolver las cámaras para que coincidan.

Desconocemos que hará, pero yo me inclino a pensar que aguantará aunque sea con la lengua fuera. De hecho, el "diálogo" con los independentistas no está oficialmente roto. Es probable que lo intenten de nuevo porque el temor de Torra es ir a elecciones y que el tándem Sánchez-Iglesias pierda el poder. Eso sería su final, no podrían seguir ordeñando a la vaca. De modo que es prácticamente seguro que, de una manera u otra, cediendo donde tengan que hacerlo, traten de llegar a un acuerdo.

Necesitan a Sánchez en la Moncloa cuando Marchena dicte sentencia. Lo siguiente será pedir el indulto y ese sí corresponde al presidente del Gobierno. Cada uno hace sus cálculos y los de ambos coinciden en que es mejor entenderse. El equilibrio de fuerzas actual dentro del Congreso les conviene, harán cualquier cosa con tal de mantenerlo, irán de derrota en derrota hasta la victoria final.

Las tres grandes mentiras que comparten separatistas y podemitas: Constitución, Democracia y Justicia
Manuel Llamas Libertad Digital 13 Febrero 2019

Acaba de comenzar el juicio contra los líderes independentistas en el Tribunal Supremo y, tal y como se esperaba, el nacionalismo identitario que, por desgracia, sigue gobernando en Cataluña, no centrará su estrategia de defensa en la exposición y desarrollo de sólidos argumentos jurídicos con el fin de exculpar a los encausados, sino que, una vez más, dirigirá toda su atención y esfuerzo al desprestigio de las instituciones españolas para tratar de deslegitimar toda la causa de raíz.

No en vano, si logran transmitir a la opinión pública, tanto catalana como extranjera, que España es una especie de dictadura en la que se atropellan derechos y libertades fundamentales, el veredicto final de los jueces dará exactamente igual. No será una sentencia, sino una condena política, mientras que los procesados serán concebidos como mártires, siguiendo así el guión de "presos políticos" interpretado hasta la fecha.

Que sean declarados inocentes o culpables es lo de menos, lo importante aquí es sembrar la duda, aunque sea mínima, de que la democracia y el estado de derecho brillan por su ausencia en España. En este sentido, los separatistas siguen a la perfección el "manual del buen populista" que, entre otras formaciones de corte liberticida y totalitario, ponen en práctica los máximos representantes de Podemos y que, en resumen, consiste en cargar abiertamente contra la Constitución, la Democracia y la Justicia, los tres grandes pilares sobre los que se asienta la estructura institucional del país.

En última instancia, lo único que persiguen unos y otros es minar la confianza social en el marco de derechos, libertades y garantías que está vigente en España para, de este modo, poder justificar su derrumbe y sustitución, ya sea mediante la implantación del comunismo en el caso de Podemos o con la consecución de la soñada República Catalana en el caso de los nacionalistas. De ahí que insistan de forma reiterada en que la Constitución no es más que la extensión de la dictadura franquista, que el país sufre un grave déficit democrático o que la justicia no es imparcial.

La desvergüenza de semejantes patrañas es de tal calibre que resulta increíble que haya gente dispuesta a comprar semejantes argumentos, y, pese a todo, son muchos los ciegos e ignorantes que caen en esta particular trampa para elefantes. De todos es sabido que mentir sale gratis, y mucho más en política, donde la mentira es profesión, pero lo cierto es que España, por mucho que les pese a separatistas y podemitas, tiene mucho de lo que vanagloriarse en esta materia.

Empezando por la Constitución, nunca antes en la historia reciente los españoles han gozado de un período de mayor estabilidad y prosperidad como el registrado en los últimos 40 años. Basta observar el siguiente cuadro para percatarse del enorme avance cosechado desde finales de los años 70. El marco constitucional es, sin duda, un caso de éxito, y no sólo en términos políticos, sino también a nivel económico y social.

Desde 1977, la renta per cápita de los españoles en términos reales se ha duplicado, convergiendo desde el 76,1% de la media de la UE al 92% actual; la incorporación de la mujer al mercado laboral es una realidad; el modelo productivo se ha terciarizado, como en el resto de las economías avanzadas; las exportaciones han aumentado de un 13,3% a un 33,1% del PIB, destacando el papel de las multinacionales; y la integración en la UE atrajo inversión extranjera y permitió una mayor estabilidad de precios y tipos de interés, entre otros muchos logros.

Una Constitución que, por cierto, recibió el apoyo cerrado del expresidente de la Generalidad Josep Tarradellas a la hora de ser votada en referéndum con las siguientes y clarividentes palabras: "Cataluña es el pueblo de España que más razones tiene para decir ‘sí’ a la Constitución. Estamos obligados a no dejarnos llevar por la demagogia. Cataluña ha pagado caras sus desviaciones. No hace falta repetirlas".

Por otro lado, España es hoy una de las democracias más consolidadas del mundo, a la altura de otros países ricos tales como Reino Unido, Alemania, Holanda, Austria, Luxemburgo, Canadá, Noruega o Suecia, ya que forma parte del reducido grupo de "democracias plenas", según el ranking internacional que elabora anualmente The Economist Intelligence Unit. En concreto, ocupa el puesto 19 del mundo, con una nota de 8,1 puntos, de un total de 167 países, por encima de EEUU (puesto 25), Francia (29) o Bélgica (31), tan admirada últimamente por los nacionalistas catalanes tras convertirse en el refugio del prófugo Puigdemont.

Y, por último, aunque no menos importante, España figura entre los países menos condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde se dilucidan las garantías procesales para la consecución de un juicio justo, así como la protección efectiva de derechos y libertades fundamentales del individuo. Entre 1959 y 2017, el número de condenas en el caso español asciende a un total de 157, muy lejos de las más de 3.000 de Turquía, las 2.000 de Rusia e Italia, las 900 de Grecia, las 500 de Reino Unido, las más de 300 de Alemania o las 242 de Bélgica…

Los datos son los datos, el resto pura y simple demagogia. Pese a todo, seguro que muchos asumen como propias las falacias urdidas por nacionalistas y podemitas contra los pilares institucionales del país, al margen de su desconocimiento sobre la materia o incluso de su posicionamiento político. Y es que en España también somos muy dados a la flagelación y el demérito injustificado.

Prueba de ello es que apenas el 20% de los españoles cree que su cultura es superior a la de otros, el porcentaje más bajo de Europa, a años luz de griegos (89%), rusos (69%) o noruegos (58%) y muy por debajo de italianos (47%), portugueses (47%), británicos (46%), alemanes (45%) o franceses (36%). Algunos quizá lo tilden de humildad, pero se trata más bien de falta de autoestima, de lo cual se aprovechan los populistas de todos los colores para tratar de vender una alternativa "mejor" -la suya- a sus huestes. Los españoles, sin embargo, tienen mucho de lo que enorgullecerse.

Derrotas culturales
MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO El Mundo 13 Febrero 2019

Los últimos días de los dirigentes socialistas en el Gobierno de la Junta de Andalucía tuvieron que ser frenéticos. Durante las negociaciones para la investidura Vox reclamó la derogación de la ley 2/2017, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Ante la posibilidad de que el PP se lo tomara en serio, el patio político, cultural y mediático de las izquierdas puso el grito en el cielo. Las condiciones eran adecuadas para la sobreactuación: en plena ola de aspavientos por el ascenso de la "extrema derecha", cómo no advertir sobre el riesgo que corría la Memoria Democrática. Además, cómo no aprovecharse de un PP errático que pasaba de la indiferencia -ese asunto no había estado en su programa- a una improvisada propuesta de ley de Concordia.

Ante esta "terrible" consecuencia de la alternancia democrática, la Dirección General de la Memoria Democrática se apresuró a publicar en el Boletín andaluz algunos desarrollos en materia de Lugares de Memoria Democrática. Esta actitud es significativa de la importancia que las izquierdas han concedido siempre a las cuestiones culturales. Contrasta vivamente con el comportamiento reciente de la derecha en el gobierno limitándose a criogenizar el tinglado de la Memoria. En el caso de Andalucía, una lectura detenida de la ley 2/2017 muestra que para el PSOE este no es un asunto menor. Hace tiempo que empezó a competir con la izquierda antiliberal y anticapitalista para no perder el voto de los frustrados con la democracia realmente existente. Al hilo de la peligrosa senda abierta por Rodríguez Zapatero, necesita demostrar que el posibilismo de los tiempos de González y la Transición está muerto. Además, eso de la Memoria refuerza esa confortable sensación de estar por encima de sus adversarios con independencia de los resultados electorales.

La exposición de motivos de la ley 2/2017 es una manifestación tan elocuente del uso político del pasado que lo llamativo no es que sea un recién llegado como Vox el que quiera aglutinar a los descontentos prometiendo su derogación, sino que el Partido Popular y Ciudadanos se abstuvieran cuando se aprobó. En el segundo se disculpa por su condición de socio de investidura de los socialistas en 2015, amén de por su perfil camaleónico cuando se trata de ciertas cuestiones. En el caso del PP podría parecer un enigma digno de investigación doctoral, pero tal vez no sea para tanto.

El partido conservador es una organización que, pese a sus refundaciones, nunca ha encontrado una forma cómoda de relacionarse con el pasado. Podría decirse que le incomoda hablar sobre la violencia de la posguerra y otros aspectos de la dictadura e incluso de la Transición. Pero el problema va más allá de sus filas. El avance progresivo de los denunciantes de un "olvido transicional" ha arrinconado a las voces moderadas del socialismo que pedían que no se confundiera Memoria e Historia. Aunque Podemos no haya logrado el ansiado sorpasso, en materia cultural los grupos y asociaciones que le son próximos han puesto al PSOE contra las cuerdas. Que los populares, remisos a estas cuestiones, estén sobrepasados, es normal; se han ido encerrando en una posición de reivindicación de la Transición y la amnistía en la que se están quedando solos.

Susana Díaz pasará a la historia por la aprobación de la ley 2/2017. Y no porque con ella haya derrotado a un tímido PP, sino porque, por primera vez, ha llevado a su partido a donde querían verlo los impugnadores de la Transición. La ley afirma con la arrogancia propia de la izquierda radical que: "Es imprescindible que no quede en el olvido el legado histórico de la Segunda República Española, como el antecedente más importante de nuestra actual experiencia democrática". Pero lo hace, además, desbordando algunos límites que el PSOE de Rodríguez Zapatero no quiso cruzar en 2007: no hay una defensa explícita de la ley de amnistía de 1977 y se considera que "el derecho a conocer" la "verdad" no se refiere sólo a los crímenes relacionados con la Guerra y la dictadura franquista, sino que abarca también los años previos a la aprobación de la Constitución. Es decir, como se venía reclamando en los entornos asociativos de la izquierda radical, el PSOE de Díaz reconoce implícitamente que el período constituyente, en el que se fragua la concordia que reivindica el PP, es parte del problema por ser una continuación de la dictadura.

A partir de esto, el PP y Cs deberían entender que ya no se trata (solamente) de un debate técnico sobre cómo facilitar la exhumación de las víctimas no identificadas, promocionar las actividades rigurosas y fiscalizadas de investigación histórica o mejorar el acceso de los investigadores a los archivos. El desafío es otro. El desplazamiento de uno de los puntales del acuerdo constituyente hacia posiciones radicales cambia el juego. Es una manifestación de lo que el partido conservador no ha querido ver en estos últimos años: la disputa cultural puede parecer irrelevante a tenor de las preocupaciones expresadas por los españoles en las encuestas, pero sirve a medio y largo plazo para modificar la forma en que los ciudadanos dotan de significado a su identidad política. El discurso tramposo y maniqueo de los impugnadores de la Transición ha colonizado el campo de la izquierda hasta arrinconar a los que confiaban en que prevalecería la Historia sobre la Memoria. La ley 2/2017 es elocuente: deja en manos de una comisión política la decisión sobre lo que es verdad o mentira respecto del uso de la violencia en el pasado; apela constantemente a la Memoria y margina el valor de la Historia como ciencia productora de certidumbres; y pontifica sobre el pasado, repartiendo credenciales de demócrata en función de una interpretación partidista de lo ocurrido entre 1931 y 1939.

Siempre se habla de la derrota cultural del PP, pero la del PSOE es clamorosa. En estas circunstancias, cabe preguntarse si el partido conservador debe hacer bandera de una ley de reconciliación. Porque, cuanto más insista en este punto, más corre el riesgo de dejar el campo abierto para que la derecha radical arrastre a quienes ya no quieren escuchar los motivos del pacto constituyente, sino hablar de la irritante utilización partidista del pasado a la que se está prestando el PSOE. No significa esto que el PP pueda permitirse abandonar la moderación y el legado de la Transición, pero ha caído en aguas pantanosas: con el PSOE fuera del consenso, cuanto más reivindique la concordia, más armará ideológicamente a la izquierda radical y desarmará a los suyos.

Porque la idea de concordia sólo tiene sentido en un contexto en el que dos partes asumen previamente su cuota de responsabilidad por el pasado. Si la izquierda radical ha llevado al PSOE a una posición en la que la "cultura democrática" solo es patrimonio de quienes se declaren herederos de la Segunda República y, por derivación, de una caricatura del antifranquismo, cabe esperar que llegue pronto el día en que el PP y Cs no encuentren un interlocutor dispuesto a justificar la aprobación de ley de amnistía de 1977. Si el PP no es el heredero del franquismo, como es evidente, no tiene tampoco la obligación de ser un partido aferrado a la nostalgia de la Transición. Para fortalecer la democracia tiene también que ocuparse de la identidad política de aquellos a los que quiere movilizar; y hacerlo aconseja acostumbrarse a hablar más y mejor sobre el pasado. Se puede defender sin histrionismos la derogación de la ley 2/2017. Se pueden promover, además, normas que incentiven la investigación de la violencia, e incluso que persigan la apología de ideologías y regímenes dictatoriales sea cual sea su origen. Lo que no se puede es aferrarse a una bandera simbólica como la reconciliación cuando se constata que ese registro no opera en los mismos términos que en 1978: muchos ciudadanos han sido o están siendo socializados en la idea de que las derechas impidieron la construcción de la democracia en España y las izquierdas, víctimas de la represión y la dictadura, transigieron aun a costa de su propia Memoria. Con esas claves, no es difícil que otros les convenzan de que la reconciliación fue un trágala de las derechas para imponer una Transición sin justicia ni reparación. Así, el PP se enfrenta a lo que no ha sabido evitar: la debilidad de los supuestos culturales que aportan sentido a su defensa de la reconciliación.

Manuel Álvarez Tardío es catedrático de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Rey Juan Carlos.

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Se juzga en Madrid, no en Estrasburgo
 larazon 13 Febrero 2019

No por presumidos, se deben pasar por alto los planteamientos ajurídicos que han mantenido la mayoría de las defensas de los acusados en el juicio del «procés», en procura de una nulidad de las actuaciones basadas tanto en la conculcación de los derechos fundamentales de los acusados como en la supuesta parcialidad de los magistrados actuantes. Persiguen, ciertamente, mantener la ficción victimista de la persecución de unas ideas supuestamente legítimas, como sería la autodeterminación de Cataluña, en una suerte de causa general ya prejuzgada.

Por supuesto, los alegatos de los letrados, con la excepción de Javier Melero, que representa al ex consejero de Interior, Joaquim Forn, no pretendían abrir brecha en el ánimo del Tribunal juzgador, sino cuestionarlo con vistas a un hipotético recurso ante la Justicia europea. El problema es que la vista se celebra en Madrid y no en Estrasburgo, y responde a una causa penal y no ideológica.

Es, si se quiere, un juicio con innegables connotaciones políticas, pero éstas vienen dadas, precisamente, por la propia naturaleza de los delitos encausados y la consideración institucional de la mayoría de los acusados. Dicho más claramente: sólo desde los cargos públicos que ocupaban podían adquirir las herramientas necesarias para acometer la agresión al ordenamiento constitucional español. En efecto, que los principales representantes de las instituciones del Estado en Cataluña, obligados a cumplir y a hacer cumplir la Ley, se alzaran contra la norma fundamental, circunstancia absolutamente determinante en toda esta causa, viene siendo olímpicamente desdeñada en la estrategia de unas defensas que ayer, en sus consideraciones previas, volvieron a insistir en cuestiones ya tratadas a lo largo de la instrucción –como el derecho a la doble instancia o al juez predeterminado– o, simplemente, se perdieron en alegatos extemporáneos sobre la supuesta suspensión de derechos políticos, la criminalización de la disidencia o el uso del derecho penal del enemigo.

Por el contrario, ayer asistimos a una apertura de procedimiento oral en la que se guardaron, como no podía ser de otra forma, todas las garantías procesales de los acusados, con concesiones, incluso, poco habituales en los usos de los tribunales, pero que entendemos plenamente justificadas ante la trascendencia pública de un juicio que se retrasmitía libremente a toda la ciudadanía. No podemos especular sobre las decisiones que tomen los magistrados en relación con algunas de las consideraciones previas, más técnicas, suscitadas –como la acumulación de la causa con la que instruye la Audiencia Nacional por los mismos hechos–, pero sí cabe afirmar que si los abogados defensores se mantienen extramuros del ámbito procesal, harán un flaco favor a sus clientes, puesto que nos hallamos ante la cristalización del proceso penal, donde lo que verdaderamente cuenta son la pruebas que sustentan las acusaciones.

Tal vez, la actitud seria y circunspecta de quienes se sentaban ayer en el banquillo, conscientes de la gravedad de las penas de prisión que solicitan la Fiscalía y la acusación popular, pero, también la Abogacía del Estado, sea el mejor exponente de lo que decimos. Porque en el exterior de la sala de audiencia del Tribunal Supremo, el nacionalismo catalán mantiene el mismo discurso denigrante de la Justicia y de la democracia española y su sempiterno memorial de agravios. Pero ni se juzga a Cataluña ni se pretende escarmentar al independentismo catalán ni se dilucidan políticas. Con todas las garantías de nuestro Estado de derecho se juzgan unas actuaciones constitutivas de delitos claramente definidos en el Código Penal.

Entre el marciano del 'Times' y las lunáticas de Vox
Enviados de periódicos internacionales ven el 'procés' como una chiquillada, y hay hueco para el sarcasmo entre el público.
Cristian Campos elespanol 13 Febrero 2019

Tengo la suerte de que me toque hacer cola para entrar al Salón de Plenos del Tribunal Supremo junto al periodista del The Times Graham Keeley. Keeley es un hombre dilatado a lo alto, parlanchín e inescapable que considera un detalle menor, textualmente "una broma", el hecho de que su diario haya encabezado su editorial sobre el juicio a los líderes del procés con el título La Inquisición española.

También cree Keeley que Pedro Sánchez está apaciguando los ánimos que Mariano Rajoy encrespó al aplicar el 155, que Pablo Casado está actuando "de forma estúpida" y que el juicio a los líderes del golpe a la democracia de septiembre y octubre de 2017 es una sobrerreacción del Estado español que sólo hará que incrementar la producción de independentistas en Cataluña. Si no llega a ser por el acento de Keeley, habría jurado que hablo con un periodista de La Vanguardia.

A Keely le explico que lo ocurrido en Cataluña no ha sido una broma como la de los titulares de The Times, sino un golpe de Estado. Luego le explico que entre la paz y la justicia, con frecuencia incompatibles en los países que han sufrido terrorismo, guerras civiles o golpes de Estado, el Estado español parece haber optado, con acierto desde mi punto de vista, por la segunda. "Mejor un conflicto generado por la aplicación de la justicia que una paz basada en la impunidad del separatismo", le digo.

"Eso que dices es muy triste", me responde Keeley, y las dificultades para convencerle a él me convencen a mí de que el principal obstáculo que van a tener los líderes secesionistas para lograr sus objetivos es que al resto de Europa le importa tan poco el procés y la independencia de Cataluña que ha acabado viéndolos como un simulacro de alzamiento solventable con doce multas y una leve regañina. Una chiquillada política y con graves consecuencias sociales y económicas, sí. Pero chiquillada al fin y al cabo.

El peso del Estado
Es poco probable que haya muchos otros lugares de España donde se perciba de forma tan diáfana la fuerza de gravedad generada por el peso del Estado como en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Hasta el aire parece más denso y sólo a un inconsciente le pasaría desapercibida esta particularidad.

Ese parece ser el caso de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, que invierte buena parte de la primera sesión del juicio sonriendo a diestra y siniestra, saludando a sus conocidos y girándose hacia la prensa mientras las defensas hablan de derechos fundamentales violados.

La duda que nos queda a la periodista de El Confidencial Ángeles Caballero y a mí es si Cuixart está echándole dientes a la desgracia o si la perspectiva de ser condenado a entre ocho y sesenta y dos años de prisión le deja tan frío como los alegatos de los abogados de sus compañeros.

Antes de que la sesión dé comienzo, un grupo de observadores internacionales pertenecientes a organismos y asociaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa o la European Lawyers for Democracy and Human Rights, entre otras, pretende entrar al Salón de Plenos con la toga a cuestas. Como España no es Zimbabue, una funcionaria pequeña pero letal y con el punto justo de castiza belicosidad les obliga a quitarse la toga. También informa a los observadores de que en este juicio no hay observadores internacionales, sino público. Dicho de otra manera: en el Salón de Plenos no entra nadie disfrazado.

Los acusados y sus abogados entran en el Salón en primer lugar, protegidos por un biombo para evitar fotos inoportunas. Luego entra la prensa. Y entre ella, Pedro García Cuartango y Arcadi Espada, que más que serio anda grave. La suerte de los acusados es que el presidente del Tribunal es Manuel Marchena y no Espada.

Después entran en el Salón los familiares y los acompañantes de los acusados. En ese grupo están Quim Torra, Damià Calvet y Ester Capella, que se sientan en primera fila. Finalmente, lo hace el público. Dos mujeres de mediana edad sonríen con sarcasmo cuando pasan frente a un par de familiares que visten blusas amarillas. "Qué guapas estáis", les dicen. "Vosotras también", les responden. "¡Viva Vox!" cierran el debate las primeras. Son las cuestiones previas a las cuestiones previas del juicio al procés.

Las cuestiones previas
A Andreu Van den Eynde Adroer, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, le corresponde iniciar la fase de cuestiones previas. Aquella en la que la sala decide sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales, pruebas no admitidas o posibles causas de suspensión del juicio.

El abogado del líder de ERC defiende la tesis de que los acusados representan a la mayoría de los ciudadanos catalanes, confundiendo al 47% de sus votantes con la mayoría en el Parlamento autonómico catalán de la que disfrutan los partidos separatistas. Una confusión habitual en Cataluña, donde el nacionalismo suele atribuirse, sin ampararse ni a Dios ni al diablo, la representación de todos los catalanes.

Recuerda también Andreu Van den Eynde Adroer que el juez de instrucción Pablo Llarena abrió "sólo" dos caminos a la independencia de Cataluña. Una reforma de la Constitución o la guerra. De ahí, el abogado de Junqueras llega a la conclusión de que Llarena "no deja espacio para una vía pacífica hacia la independencia". A pocos se le escapa la ironía de la afirmación. Los mismos líderes del procés que niegan cualquier tipo de violencia a lo largo de los meses de septiembre y octubre de 2017 consideran "violentos" los requisitos, laboriosos pero democráticos, que establece la Constitución para la reforma de su Título Preeliminar.

Tras Van den Eynde Adroer intervienen el resto de abogados de la defensa: Javier Melero, Jordi Pina, Ana Bernaola, Olga Arderiu, Francesc Homs, Mariano Bergés… Salvo en el caso de Francesc Homs, que pasa turno y se reafirma en su escrito sin mayor aspaviento, el resto de los abogados sorprenden por dos razones.

La primera es la inexistencia de argumentos novedosos que vayan más allá de los reiterados una y otra vez en y por los medios de comunicación catalanes. Indefensión, inexistencia de violencia, el mensaje de WhatsApp de Ignacio Cosidó hecho público por EL ESPAÑOL, la restricción de derechos fundamentales, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, la reivindicación de un derecho a la autodeterminación que no existe tal y como lo describen los abogados de la defensa, la imposibilidad de atribuir a los acusados los actos puntuales de violencia llevados a cabo durante las distintas manifestaciones independentistas y la supuesta obligación de ejecutar el mandato popular de avanzar hacia la independencia. Entre otros.

A vueltas con la traducción simultánea
La segunda es su insistencia en que los magistrados acepten la traducción simultánea para que los acusados puedan hablar en catalán sin verse interrumpidos cada dos o tres minutos por la traducción del intérprete. Una queja tan lógica como ilógica.

Lógica porque, como afirma Jordi Pina, abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, parece esencial que el tribunal perciba las vacilaciones, las dudas y las inflexiones de voz de los acusados mientras estos responden, en su lengua materna, a las preguntas de abogados, fiscales y acusación popular.

Ilógica porque, tal y como reza la mitología nacionalista, todos los catalanes hablan con la misma destreza el catalán y el español. Y eso gracias a un sistema de inmersión lingüística que le permite a los escolares de la región obtener mejores resultados en lengua castellana, con sólo dos horas de clase a la semana, que el resto de escolares españoles que estudian la mayoría de sus asignaturas en español.

Llega el turno de Vox
El miércoles será el turno para que Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular respondan a las cuestiones previas planteadas por las defensas. Se espera con expectación la intervención de Javier Ortega Smith-Molina y Pedro Fernández Hernández, de Vox. La intuición vaticina marejadilla.

Luego, los magistrados del Tribunal Supremo deberán decidir si resuelven dichas cuestiones previas en el acto o retrasan su resolución hasta la sentencia de la causa, lo que podría desembocar en la paradoja de que el juicio fuera anulado tras haberse desarrollado en su totalidad a lo largo de tres meses. Por supuesto, eso no ocurrirá.

Tras la fase de cuestiones previas dará comienzo la fase de prueba, que hará las delicias de televisiones, radios y medios de prensa. Será aquí donde declaren acusados, testigos y peritos, y en la que se presenten las muchas pruebas documentales de la causa especial 20907/2017. Ahí la marejadilla se convertirá en marejada, quizá incluso fuerte marejada, y se empezará a despejar la principal incógnita de este juicio. Saber si al sustantivo de "golpistas" puede borrársele ya, de forma definitiva, el calificativo de "presuntos".

La lechuza
Éste es el verdadero Proceso. Todo aquel delirio coral del destino manifiesto acababa ante los ropones del Supremo
Ignacio Camacho ABC 13 Febrero 2019

Si no te gusta oír paparruchas, si te irritan las majaderías, no escuches nada del juicio a los independentistas. Porque te vas a endemoniar con sus monsergas extrajurídicas, con su argumentario sobre la represión de sus aspiraciones legítimas, con su retahíla de tópicos victimistas destinados a presentar la causa como una venganza política. Porque quizá no entiendas que esa exhibición de propaganda, esa reiterada arenga colectiva, forma parte de los derechos que les concede el procedimiento de garantías que el tribunal debe amparar con pulcritud exquisita. Durante meses, los acusados y sus defensores se van a dedicar a una tentativa insistente de desacreditar a la Justicia. Ya empezaron ayer, en una mañana de alegatos plañideros trufados de la farfolla pesadísima que hace años sirve de esqueleto retórico al proyecto golpista. No tienen otra estrategia que la de hablar para fuera de la sala, para la tropa adicta y para una opinión pública extranjera siempre seducida por el imaginario romántico de la rebeldía. Lo más chocante de todo, no te rías, es verlos apelar a la Constitución que declararon abolida para implantar como única norma su voluntad exclusiva de someter a toda Cataluña al designio procesista.

Pero éste es el verdadero Proceso, no el que se inventaron, ebrios de fatuidad autocomplaciente, en su delirio mostrenco. Un sumario con sus atestados, sus testimonios y sus pruebas para trazar el relato fehaciente de lo que hicieron. Una vista con su banquillo, sus ropones y toda la imponente liturgia del Supremo. La del poder del Estado, presente al fin en la escena después de tanto tiempo de incomparecencias, de omisiones, de lánguidas evasivas, de titubeos, y al que tal vez creyeron incapaz de defenderse de un ataque frontal contra sus fundamentos. La República no existe, como dijo aquel mozo de escuadra tan explícitamente sincero, pero el Estado sí y estaba esperando al final del trayecto. La brillante revolución de las sonrisas, la quimera del destino manifiesto, la escenografía coral de las masas, la alegre euforia del referéndum, acababan en esto. En una docena de reos muy serios sentados bajo una pintura al fresco en la que la alegoría de la Justicia triunfa sobre el delito encarnado en una siniestra lechuza de plumaje negro.

Por eso, aunque te sulfures, no debes alarmarte ante el derroche de elocuente cinismo con el que van a tratar de revestir de gloria insurgente sus (presuntos) delitos. La batalla publicitaria hace mucho que España la ha perdido por desistimiento de sus convicciones y principios. Pero la historia final de la sublevación no será la que divulguen los pregoneros del separatismo ni sus arúspices oportunistas sino la que quede escrita en la prosa aburrida y contundente del veredicto. Tendrás que esperar, pero hazlo con el ánimo tranquilo: en las sentencias judiciales no hay sitio para los mitos.

Los canallas planean un crimen estúpido
Pío Moa gaceta.es 13 Febrero 2019

Es muy importante aprovechar el crimen que planea el gobierno para aclarar al mayor número posible de españoles qué significó históricamente Franco. Y no solo para España, también para Europa.

Los Mitos Del Franquismo (Bolsillo)

El grotesco Doctor y su banda de tiorras perturbadas anuncian que por fin van a ultrajar los restos del Caudillo “sí o sí”, como dicen en su estilo macarra. La derecha quiere interpretarlo como una salida por la tangente para disimular sus problemas y entretener a los ciudadanos. Nada más lejos de la realidad. El Doctor Makarra y los suyos saben muy bien lo que representa Franco, mientras que la derecha hace como que no se entera, por una mezcla de miseria moral y de necedad política. Saben que Franco significa históricamente la derrota del Frente Popular totalitario-separatista que estuvo a punto de hundir definitivamente la nación española. Saben que Franco no solo salvó a la nación sino también a la Iglesia y la cultura católica de un exterminio programado. Saben que a Franco se debe la monarquía. Saben que a Franco se debe la prosperidad y el olvido de los odios que destruyeron la república, odios que son el agua turbia en que el gobierno, su partido y los separatistas se desenvuelven, en la que nadan y se encubren para perpetrar sus fechorías. Lo más grotesco es su argumento de que una democracia no puede tolerar un monumento a un dictador, como si ellos fueran demócratas o la democracia se debiera en lo más mínimo a ellos…

El ultraje al Caudillo es el ultraje a España, a la Iglesia, a la monarquía y a la democracia. Franco representa, pues, todo lo que odia el nuevo Frente Popular. Que por fin empieza a enfrentarse con una oposición real, gracias a VOX, que no a C´s o PP, colaboradores en todos esos procesos y que, como la Iglesia, como la monarquía, se hacen los desentendidos.

Pues bien, es evidente que legalmente no podrán ultrajar los restos del Caudillo. Simplemente les será imposible. El problema aquí es que a ellos la ley nunca les ha importado pisotearla. ¿No han impuestos una ley norcoreana contra la verdad histórica y otra antijurídica contra los hombres y por tanto contra las mujeres? ¿No han destrozado el estado de derecho rescatando a la ETA y recompensando sus asesinatos, haciendo de sus crímenes un modo común de hacer política? ¿No se han corrompido ellos y corrompido las instituciones?

Y en esto último radica el fondo de la cuestión: ¿ha llegado la corrupción institucional hasta el punto de que el expulsado no sea el infecto gobierno delincuente, sino la ley misma? Porque cuando la legalidad cae por tierra solo queda una alternativa: someterse a la tiranía o recurrir a la legítima defensa por todos los medios. Un proceso así intentó el Frente Popular del 36. Debiera servir de experiencia histórica para evitar estupideces peligrosas.

Gregorio Marañón definió muy bien al Frente Popular y a los republicanos en general: “Estupidez y canallería”. Podríamos decir que las izquierdas y sus aliados separatista son canallas que cometen crímenes estúpidos. Y el PP y otras derechas, estúpidos que cometen canalladas.
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Para tuíter, feisbu y demás:
*Dice mi amigo García Domínguez que las manifestaciones en la calle son propias de totalitarismos, no de democracias. Así nos enteramos de que Usa, donde las manifestaciones masivas son una constante, es un régimen totalitario.

* No se olvide esto: cuando hablamos del Doctor estamos hablando del Registrador de la propiedad. Y de ZP.

* Los graves defectos del sistema del 78 admitían corrección, y el último período de Aznar, cuando por fin se aplicó a la ETA el estado de derecho, permitían cierto optimismo. A continuación vino el Zapo a desmontar la democracia. Y luego el Registrador a incrementar el desmán. El sistema es ya hoy incorregible. Es preciso ir disolviéndolo.

* Tanto la Iglesia como la monarquía deberían ser conscientes de la enorme responsabilidad histórica que adquieren en el asunto del ultraje a los restos de Franco.

* ¿Quiénes quieren ultrajar los restos de Franco? Los separatistas y sus cómplices, los etarras, los corruptos socialistas. Ya solo mencionarlos se entiende la cuestión.
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La Reconquista tiene un triple interés actual: demuestra la mayoritaria inanidad, rayana en la estupidez, de la historiografía universitaria del momento; recuerda las raíces de España, el país que se empeñan en destruir los partidos del sistema del 78; y plantea hoy una especie de nueva reconquista, que no debe alargarse.

La Reconquista Y España (Historia)
 


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