AGLI Recortes de Prensa   Martes 19  Febrero 2019

El «voto patriótico» de Vox
 La Razon  19 Febrero 2019

Vox irrumpió en la política institucional española con las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre. Consiguió 12 diputados, lo que permitió que gobernara el PP en coalición con Ciudadanos. Su papel ha sido clave, más importante que el reconocimiento que sus socios le han otorgado en público. Las reservas hacia esta formación no se corresponden con la utilidad que, hasta ahora, han dado sus votos. Fraccionado o no el electorado del centroderecha, lo cierto es que en Andalucía éste estuvo totalmente movilizado y agrupado, escenario que podría repetirse el próximo 28 de abril.

La sociología política, los analistas y politólogos consideraban hasta entonces que España estaba vacunada para la aparición de fuerzas políticas más allá del tradicional partido conservador, el Partido Popular, llámese derecha populista o derecha patriótica, sin considerar que nuestro país no era ajeno a las nuevas corrientes políticas aparecidas en Europa y en los Estados Unidos de Trump, definidas por recuperar la soberanía de los estados que la globalización les había arrebatado y considerar que sus ciudadanos merecen mejor trato y no fórmulas culturales de paródica «corrección política» recetadas por la izquierda.

El fenómeno se ha repetido en otros países, aunque Vox responde, además, al intento de desmantelar la nación española propiciado por el independentismo catalán. Santiago Abascal explicó ayer en LA RAZÓN que el éxito de la formación que lidera se basa en que han puesto a «España en el centro de la acción política». Lo que formulado ahora parece fácil y lleno de sentido común, ha estado olvidado en el conjunto de partidos del arco parlamentario, totalmente absorbidos por la disgregación impuesta por los partidos nacionalistas, marco que ha sido aceptado por la izquierda, algo consustancial a viejas herencias históricas, pero también por la derecha.

Propone una recentralización autonómica y asumir competencias que serían más efectivas e igualitarias si se gestionasen desde el Estado. Se ha especulado mucho sobre a qué responde la aparición de Vox. Hay, por una parte, una razón que tiene que ver con el olvido de la nación española, un mensaje que los grandes partidos decidieron erradicar en sus discursos, borraron de sus programas y de sus intervenciones públicas. Abascal define a Vox como un «movimiento cultural», por lo menos en su actual momento de crecimiento y dentro de un discurso que invoca a los sentimientos y a plantear abiertamente los asuntos que, en mayor o menor grado, interesa al conjunto de la ciudadanía. Citó la «avalancha migratoria», el «feminismo supremacista», el «animalismo enloquecido», el «globalismo multicultural», la «amenaza islamista» o el «desprecio a nuestras tradiciones».

En definitiva, lo que ha definido como creaciones de una «dictadura progre». Vox no esconde que es un mensaje cultural tras un ciclo político en el que han predominado los valores ideológicos de la izquierda y que es necesario hacer valer los valores colectivos nacionales. La prueba de la eficacia de este mensaje se verá pronto en las elecciones del próximo de 28 de abril, donde deberá concretar todo ese discurso ideológico en propuestas políticas, sobre emigración, crecimiento económico, educación, servicios públicos o racionalización administrativa. Ser decisivo en una futura alternativa de gobierno requerirá, si realmente quiere consolidarse, tener un programa. El voto de Vox es, como su líder señaló, un «voto patriótico». Es el momento de darle forma y contenido a una oferta que se ha abierto paso con fuerza.

O Pedro Sánchez y el nacionalpopulismo; o una alianza del centro derecha
EDITORIAL @AntonioRNaranjo esidario  19 Febrero 2019

Nadie debe llevarse a engaño: el próximo 28 de abril se elegirá al presidente de un Gobierno con dos únicas opciones. O se repite, con menos disimulo si cabe, el pacto por acción y omisión de Pedro Sánchez con Podemos y los independentistas; o accede a La Moncloa un Ejecutivo de coalición entre el PP y Cs con la participación decisiva de Vox.

No hay más combinaciones posibles, pero sí hay diferencias a la hora de reconocerlo: Sánchez, una vez más, esconde sus intenciones, probablemente porque de nuevo esté dispuesto a todo con tal de mantenerse en un puesto que nunca debió de ostentar con los respaldos que obtuvo para su artera moción de censura.

Pero son los mismos, o aún peores, en el sentido de que sus exigencias serán sin duda mayores: Podemos, el partido más complaciente con el soberanismo, pedirá participar en el Consejo de Ministros; y los independentistas pasarán una factura que ya ha sido enorme pero con toda seguridad será, en ese escenario, aún mayor.

Sánchez, sin alternativas
Y no tiene Sánchez otra opción -salvo una inviable mayoría absoluta- porque, además de la evidente negativa de PP y Vox a pactar con su PSOE, Ciudadanos ha anunciado también que no llegará a ningún acuerdo con los socialistas sea cual sea su candidato: se corta así la especie de que, con Sánchez fuera, el entendimiento entre ambos partidos era viable.

Los españoles tienen ante sí, pues, una decisión trascendental de consecuencias complejas pero fácil de enunciar: o respaldan el inestable y tendencioso proyecto de Sánchez, sometido al nacionalismo, al populismo y al revisionismo a la vez; o permiten una alianza de centroderecha en la línea de la práctica totalidad de los países avanzados del mundo.

No hay más, por mucho ruido y confusión que el sanchismo quiera poner a la campaña a efectos de esconder el único debate relevante: si España se da una oportunidad desalojando en las urnas a un presidente nefasto soportado por los peores apoyos o si, por contra, prolonga su degradación renovándole en el cargo.

Dos opciones
La alianza entre PP, Cs y Vox es más difícil para los dirigentes de los tres partidos que para sus votantes y, aunque no está exenta de riesgos, es plenamente coherente: más allá de matices emocionales y de tácticas electorales, los tres partidos comparten una raíz liberal o conservadora más sencilla de ensamblar que el pastiche entre un PSOE desnortado, un Podemos a la deriva y una amalgama de partidos secesionistas que coinciden en la ruptura constitucional y se pelean entre ellos en todo lo demás.

Una campaña de odio intolerable
EDITORIAL El Mundo  19 Febrero 2019

Desde el inicio del juicio contra los golpistas del 1-O, el independentismo ha intensificado su campaña de odio, difamación y desprestigio internacional de nuestra democracia. Como si no fuera España un consolidado Estado de derecho. Pero ante la impotencia del Gobierno, incapaz de frenar la creación de nuevas embajadas en varias ciudades de la UE y de contrarrestar en las principales cancillerías europeas la falaz imagen de un país sin garantías jurídicas, Quim Torra y el prófugo Carles Puigdemont ofrecieron ayer una conferencia en un lujoso hotel de Bruselas en la que no faltó ninguna de las falsedades y los insultos que impunemente repiten sobre nuestro país. Los separatistas volvieron a insistir en su burda estrategia victimista, y acusaron al Gobierno de haber impedido que Torra viajara con escolta, ya que, en aplicación de una instrucción de 2012, el Ministerio del Interior consideró que la integridad física del president no corría peligro.

En esta ocasión, apuntaron también al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que impidió que el acto de propaganda se desarrollara en una sala de la Eurocámara, como pretendían los secesionistas. Atendiendo a una petición de Cs, PP y PSOE, Tajani no autorizó el acto por cuestiones de seguridad y orden público: para evitar altercados como los ocurridos el pasado día 1, cuando miembros de la ANC ocuparon la sede de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en Barcelona. Aunque muy poco a poco, algunos líderes comunitarios han empezado a entender que es falsa la imagen de pacíficos defensores de la democracia que tratan de vender los independentistas catalanes.

Una prueba más de ese carácter violento es la movilización que los CDR han preparado para el próximo domingo, con la intención de boicotear la presencia de Felipe VI en el Mobile World Congress. Conscientes de que el Rey es el símbolo del Estado que pretenden destruir, los ataques al Monarca son cada vez más habituales, incluso desde instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona. La alcaldesa Ada Colau acaba de retirar el nombre de Príncipe de Asturias a una calle de la ciudad con el argumento de que pretende "desborbonizar" Cataluña. Para su primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, se trata de "una dinastía con una huella particularmente infausta y desafortunada (...) en el pasado y aun en el presente". Una declaración inadmisible en un representante público.

El odio se ha instalado en Cataluña y está alcanzando cotas de intransigencia alarmantes. Algunos vecinos de Amer, el pueblo natal de Puigdemont, al grito de "desinfectamos, desinfectamos", limpiaron con lejía las calles que el domingo pisó Inés Arrimadas durante un acto público. Deshumanizar a alguien tratándolo como bacteria infecciosa es el primer paso para justificar su aniquilación. Hay líneas rojas que no se pueden traspasar.

Un indulto con otro nombre
Cristina Losada  Libertad Digital  19 Febrero 2019

Los primeros compases del juicio al 1-O han revelado algo importante. El proceso contra los acusados por el golpe separatista no se celebra sólo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es cierto que se celebra allí y no se celebra ni celebrará en ningún otro sitio. Pero, al mismo tiempo, gran parte de lo que se dice y se hace en la sala está condicionado por lo que se pueda decir y hacer en otro lugar. Esa otra ubicación se encuentra en la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos o casi todos los que intervienen en el juicio que se desarrolla en Madrid están pensando en Estrasburgo.

Los acusados y sus defensas están pensando en el TEDH para intentar que ese tribunal condene a España por vulnerar algún derecho durante el juicio. De ahí la obsesión por poner en cuestión la legitimidad del procedimiento, en vez de centrarse en lo propio de una defensa. Los siete magistrados están pensando también en el TEDH, pero con el objetivo contrario, esto es, para evitar cualquier resquicio por el que pueda prosperar allí un recurso y dictarse luego una condena a España. Fue significativo que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, frente a la petición de la acusación popular, permitiera que se portara en la sala el lazo amarillo apelando a una decisión del Tribunal de Estrasburgo.

La cuestión interesante y no del todo evidente es esta: hay terceras partes que pueden estar pensando igualmente en el TEDH. Esas terceras partes son las mismas que están pensando en un indulto como parte de la solución política al problema, pero son conscientes de que indultar a los cabecillas del golpe separatista tiene un alto coste político. ¿Cómo hacerlo, pero evitando el coste? Es ahí donde entra Estrasburgo. Porque una sentencia del TEDH que condenase a España por no dar a los golpistas un juicio justo conduciría al mismo resultado, pero a un precio político mucho más bajo.

Se dirá que no queda otra. Que lo manda el Tribunal de Derechos Humanos. Que lo dice Europa. Las coberturas habituales. Aunque el TEDH no está vinculado a la Unión Europea, sino al Consejo de Europa, y entre sus 47 países miembros los hay que no son Estados democráticos de derecho, sus sentencias se han considerado aquí de obligado cumplimiento. Incluso de urgentísimo cumplimiento. Así ocurrió con la sentencia que puso fin a la Doctrina Parot y permitió poner en la calle a más de sesenta presos de ETA y a una quincena de otros delincuentes de riesgo. O con la que condenó a España por vulnerar derechos fundamentales de Arnaldo Otegi y otros en el caso Bateragune. O la que condenó a España por vulnerar la libertad de expresión de los que quemaron fotos del Rey en Gerona en 2007. Y otras.

Es curioso que el TEDH goce aparentemente, entre la opinión pública y publicada españolas, de un prestigio superior al de la Justicia de nuestro país. Porque si de la española se critica con razón su politización, más habría que criticar la politización de un tribunal como el de Estrasburgo, cuyos miembros son propuestos por los 47 Estados firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entre ellos, por ejemplo, Turquía y Rusia. Se supone que los jueces del TEDH son independientes. Se supone. Pero el caso es que el anterior representante de España, Luis López Guerra, apoyó la condena a España por la Doctrina Parot y es difícil no relacionar su posición con su previo cargo en el Ministerio de Justicia con el Gobierno Zapatero y aquella negociación con ETA.

En un país donde estamos tan pendientes de nuestra imagen exterior, una condena del TEDH sería la coartada perfecta para dar satisfacción a los separatistas sin utilizar la problemática prerrogativa del indulto. Es la vía (falazmente) europea hacia el indulto. Perfecta para la tercera vía. Dentro de muy poco, junto a los sondeos van a aparecer los pactómetros, pero habrá que poner otro gráfico: el del indultómetro. Uno camuflado, con sede en Estrasburgo.

La vergüenza de Venezuela
Amando de Miguel  Libertad Digital  19 Febrero 2019

Los Estados que integran, mal que bien, la sedicente Unión Europea se definen constitucionalmente como democracias. Algunos de ellos formaron en los años 30 del pasado siglo un eje autoritario, por lo que la democracia fue el resultado de haber perdido la II Guerra Mundial. Bien es verdad que Rusia estuvo entre los vencedores y se ha mantenido mucho tiempo como un Estado no democrático. Aún hoy, la democrática Rusia arrastra muchos residuos autoritarios. Aunque de manera muy distinta, está también el caso de España. Considérese solo este detalle: el resiliente presidente de Gobierno de España no ha ganado nunca ninguna elección popular, y no es probable que se vaya a invertir tal tendencia.

El hecho actual, novedoso y plausible, es que los Gobiernos de la Unión Europea, aliados de los Estados Unidos, se aprestan a predicar las virtudes de la democracia por todo el mundo. El último episodio de ese espíritu misionero es el de ayudar a la reinstauración de la democracia en Venezuela (la pequeña Venecia), cuyo régimen chavista o bolivariano es un autoritarismo de libro. Lo curioso es que han tenido que pasar décadas hasta que la Unión Europea se haya decidido a dar el paso de reconocer a la oposición democrática de Venezuela y ordenar tímidamente el derrocamiento del dictador Maduro. Aun así, no ha sido una decisión unánime y pronta de todos los países integrantes del club europeo. España tenía que haber liderado ese movimiento, pero más bien se ha mostrado asaz renuente. Al final, el presidente Sánchez no ha tenido más remedio que sumarse a la intervención en Venezuela, pero lo ha hecho con todas las cautelas y sin entusiasmo. Ha contado poco el enorme peso de la población venezolana residente en España o de la española residente en Venezuela. Ha significado más el factor de los intereses de algunas grandes empresas españolas en Venezuela. Todas ellas han gozado de la protección del chavismo y pretenden seguir siendo hegemónicas con el eventual sistema democrático. Para ello no han dudado en algún caso de utilizar los buenos oficios del otrora presidente Zapatero para echar una mano en ese empeño. El dinero siempre es cauteloso.

Encima, en el caso español está la rémora de un partido con fuerte presencia parlamentaria, Podemos, criado a los pechos del chavismo, que es como decir el imperialismo comunista cubano. El presidente Sánchez ha debido su privilegiado puesto no a los votos del pueblo, sino al apoyo activo de Podemos y al pasivo de los separatistas vascos y catalanes. La democracia es así, señora.

"A buenas horas mangas verdes", se podría decir a propósito de la iniciativa dada por el doctor Sánchez (y con él otros socios europeos) al reconocer a la disidencia venezolana. La incoherencia mayor es por qué los países de la Unión Europea (o los Estados Unidos) no aplican la misma política de contribuir a derrocar los muchos regímenes autoritarios que en el mundo son. Pensemos: Cuba, China, Turquía, Arabia, Irán, etc. Si bien se mira, la mayor parte de los países de la Naciones Unidas son regímenes con tintes autoritarios, aunque pasen por democracias más o menos edulcoradas. Sin ir más lejos, en la España constitucional subsisten muchos restos del franquismo, que casi nadie discute. Por ejemplo, las subvenciones públicas a los sindicatos o al cine, el paternalismo de las 14 pagas en los sueldos, la propiedad estatal de la Radiotelevisión Española, etc.

Bien es verdad que somos muchos los españoles identificados con el destino democrático de Venezuela. Después de todo, Bolívar fue español.

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El malentendido separatista
Pablo Planas  Libertad Digital 19 Febrero 2019

Ahora resulta que la declaración de independencia de Cataluña fue una mera resolución sin ninguna trascendencia jurídica que, a mayor abundamiento, ni se publicó en el Boletín Oficial del Parlament (BOP) ni en el Diario Oficial de la Generalidad (DOG). Lo que viene siendo un vacile sin más, puro brindis al sol, pamema y pantomima. Eso es lo que depuso el exconsejero de Interior Joaquim Forn en el Supremo y a lo que se remiten los golpistas.

Según esta tesis, el delito no se habría llegado a consumar. Ni siquiera habría sido una tentativa, toda vez que no consta en los registros oficiales de las instituciones catalanas. No cabe por tanto mayor injusticia que ser juzgado por algo que ni siquiera pasó exactamente. Es decir, que sí se votó una propuesta de resolución en la que se afirmaba que Cataluña era un "Estado independiente en forma de república", en virtud de los resultados de un referéndum ilegal celebrado 27 días antes, pero, cosas de la vida, como no lo dejaron por escrito en el BOP ni, ojo, en el DOG, la conclusión es que no hay caso, si acaso un malentendido.

En TV3 no sólo se suscribe esta peculiar teoría sino que se aportan unas imágenes en las que se ve perfectamente cómo el secretario general del Parlament y un letrado de la Cámara, los dos funcionarios de mayor rango, se ausentan de la Mesa durante la votación, lo que restaría aún más importancia a lo sucedido. Es directamente sensacional. Tras haber despreciado cinco requerimientos del Tribunal Constitucional, la ausencia de dos funcionarios en el momento filipino es convertida por el golpismo en argumento de peso para considerar papel mojado la proclamación de la república.

Además de tener la cuestión burocrática a favor, los encausados contarían con otro factor de calado: que son buenas personas, tal como declaró Junqueras en su sermón del Supremo. O sea, que un grupo de gente que no haría daño ni a una mosca, según dicen, está en la cárcel o en rebeldía por haber dicho en sede parlamentaria que Cataluña es una república como podrían haber dicho que Cataluña es un truño.

Esta teoría de las buenas personas no sólo significa que los golpistas se consideran unos santos varones, sino que quienes no comulgan con sus ideas son unos desalmados capaces de cenar todas las noches mientras están en la cárcel los herederos de Gandhi, Mandela, Luther King y Walesa. Insisten mucho en ello porque, como lo volverán a intentar, según han dicho también, conviene que la gente se vaya haciendo a la idea de quién es buena gente y quién sobra en la república del pío Junqueras y el pillo Puigdemont.

¡Aúpa, Santi!
FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ El Mundo   19 Febrero 2019

Brve historia de nuestra democracia. El primer jefe de gobierno fue un equilibrista con mucha mano izquierda que nos legó el Estado de las Autonomías, insufló oxígeno a la socialdemocracia de su antiguo jefe, que era el Caudillo, y sacó de su estado catatónico al partido socialista.

Todo sería hoy distinto si Campechano hubiese dado su bendición a Areilza, que aquella tarde ya tenía el Dom Perignon en el cubitero. Llegó y no cuajó el golpe de los espadones. Calvo-Sotelo, que era todo un señor, pagó el pato a la naranja amarga del marrón heredado y pasó por el gobierno como lo habría hecho un ectoplasma. Willy Brandt hizo el juego a Washington y puso en suerte a Felipe González, que envió al banquillo a Alfonso Guerra, su goleador, inauguró la Era del Pelotazo y convirtió el país en tablero de Monopoly y patio de Monipodio. Fraga pidió árnica al Santo dos Croques, armó a los gaiteros y nos dejó sin jubileo.

Los apparátchiki del trilerismo sociata zancadillearon a Borrell, optaron por Almunia y propiciaron la llegada al gobierno del mejor presidente que hemos tenido, pero no era perfecto. Cometió tres errores de bulto: irse, nombrar sucesor a Rajoy, el Percebeiro, y no volver cuando las cosas empezaron a ponerse feas. Y muy feas se pusieron cuando Bin Laden y/o Eta -¡vaya par de dos!- llevaron a la Moncloa a Zapatero, aunque peor llegarían a estar cuando los beneficiarios de ese café para todos con mucho azúcar y un pellizco de angostura que es el sufragio universal decidieron que el discípulo amado del petit philosophe Petit siguiera haciendo de las suyas.

Y entonces llegó don Tancredo, digo, Rajoy, escoltado por el Vámpiro Esdrújulo, digo, Montoro, se desdijo de su programa, financió el desguace del país, lo transformó en infierno fiscal e hizo algo que parecía imposible: pasar los trastos de matar a alguien que lo ha hecho todavía peor que él. En esa carrera de obstáculos, la que empezó el día en que el Rey eligió a Bellido Dolfos, han ido cayendo, una tras otra, las mejores cabezas políticas de nuestra historia reciente -las dos eran de mujer- y han llegado a la Moncloa, con una sola excepción, presidentes que siempre hacían añorar al anterior. Asombroso es el estropicio provocado por mi homónimo, que en el limbo político descanse. En el tablero sólo quedan tres alfiles: Casado, Rivera y Abascal. Uno de ellos, en mayo, llegará a Reina. Jaque al futuro. Hagan juego, señores. Yo ya lo he hecho.

Lo que está en juego el 28-A
Cayetano González  Libertad Digital  19 Febrero 2019

Las elecciones generales del 28 de abril van a ser sin duda las más importantes que se han celebrado en España desde la Transición. Se podría decir que también lo fueron las del 15 de junio de 1977, las primeras tras los cuarenta años del régimen franquista. Cuarenta y dos años más tarde, en las elecciones del 28-A lo que está en juego es nada más y nada menos que la unidad de la Nación y el régimen constitucional de 1978.

Por eso, es evidente que la lucha contra el desafío separatista tiene que ser el eje central de la larga campaña que ya ha dado comienzo. El PP ha sido claro al respecto. En boca de Pablo Casado, ha anunciado que si llegan al Gobierno aplicarán un 155 sine die y que afecte a todas las estructuras de la Generalitat, TV3 incluida. Es decir, lo que no hizo Rajoy. Ciudadanos no es sospechoso de ser tibio en esta cuestión, aunque se equivocó gravemente cuando exigió a Rajoy que, junto a la aplicación light del 155, procediera a convocar elecciones cuanto antes, como así hizo el político gallego. Y en cuanto a Vox, nadie duda de cuál es su idea sobre lo que hay que hacer en Cataluña. Su personación en el juicio contra los políticos catalanes que intentaron dar un golpe al Estado como acusación particular hace innecesaria cualquier explicación.

Tampoco en el flanco de la izquierda hay dudas. El Gobierno de Sánchez no ha ocultado sus cartas en Cataluña: so capa de esa palabra que para algunos resulta tan arrebatadora, diálogo, el pastel quedó al descubierto cuando se supo que Moncloa había ofrecido a la Generalitat una mesa de partidos y un relator-mediador. Algo que provocó la indignación de muchos españoles que se sintieron ofendidos y humillados por esa actitud vergonzante del Gobierno del Reino de España.

Por no hablar de la humillación que supuso que Sánchez aceptara sin más, en su reunión de diciembre con Torra, el papel con los 21 puntos que este le entregó, sin tener la dignidad y el coraje de romperlo en pedazos delante de sus narices y dar por concluida la reunión.

En cuanto a Podemos, un partido que negocia en la cárcel los Presupuestos Generales del Estado con Oriol Junqueras, que está siendo juzgado por los graves delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos, poco más hay que añadir. Podemos siempre ha estado y estará al lado de los que tienen como objetivo la destrucción del régimen constitucional del 78, Monarquía incluida.

Por eso sería bueno para la salud de nuestra democracia que el 28-A se cumplieran los pronósticos de las encuestas que auguran un pésimo resultado a los de Pablo Iglesias.

En las próximas elecciones generales básicamente está en juego el futuro de España. No sólo, aunque sé en una parte muy importante, por cómo se afrontará desde el próximo Gobierno el pulso secesionista, que a buen seguro seguirá desde Cataluña, mucho más si hay una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. También está en juego si los españoles quieren que en la Moncloa siga un presidente al frente de un proyecto frentista-populista-independentista que no se para en nada y ante nada con tal de estar en el poder, o si, por el contrario, se opta por un Gobierno de centro-derecha, cuyo liderazgo dirimirán las urnas, pero que en la lógica de los hechos tendrá que estar integrado por los tres partidos que son netamente constitucionalistas.

Serán unas elecciones y una campaña a cara de perro, donde los partidos del centro-derecha tienen que salir sin complejos, dejando a un lado esa pseudomoderación que algunos les piden. No son momentos para andarse con medias tintas o mensajes políticamente correctos. Propuestas firmes, claras y que los ciudadanos elijan.

Desmontando el independentismo catalán
Vox invitado por primera vez al Parlamento Europeo para desmontar el discurso separatista catalán
M. Jamardo y L. Sela okdiario  19 Febrero 2019

Los de Abascal han sido invitados por el grupo conservador para analizar la realidad de Cataluña y trasladar al aforo de la Eurocámara los avances y desarrollo del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas catalanes acusados de sendos delitos de rebelión y sedición agravada con malversación.

Será el próximo día 6 del mes de marzo en una de las salas anexas a la Eurocámara de Bruselas. VOX intervendrá oficialmente como formación política, por primera vez, en el Parlamento Europeo en una conferencia bajo el título “Cataluña, una región española”.

A instancias del Grupo Europeo de Conservadores y Reformistas e invitados por el presidente del mismo, el polaco Kosma Zlotowski, los de la formación de Santiago Abascal serán recibidos en la sede belga de la cámara de representación europea para analizar la realidad de Cataluña y “desmontar la propaganda” del separatismo catalán.

La delegación estará encabezada por el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, que se encargará del análisis técnico-jurídico del juicio al ‘procés’ que se está celebrando en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas catalanes acusados de sendos delitos de rebelión y sedición, agravada con malversación.

A Ortega Smith le acompañarán, además, el historiador Jesús Lainz; la vicepresidenta de relaciones institucionales de VOX en las Islas Baleares, Malena Contestí; la periodista Rosa Cuervas Mons y el portavoz de VOX en Barcelona, Jorge Buxadé.

Todos ellos defenderán ante un foro europeo, por primera vez de manera oficial, cómo Cataluña es “una región española” que “tras décadas de inacción por parte de los Gobiernos centrales intentó un golpe de Estado” con la intención de violentar la unidad territorial.

Puigdemont y Torra tendrán que celebrar su acto sobre derechos fundamentales de la UE fuera de su sede parlamentaria

Cómo “años de adoctrinamiento educativo para crear una historia falsa sobre Cataluña” han contribuido a esta situación y enfrentado a España a su mayor reto político “y de legalidad desde la aprobación de la Constitución de 1978”, serán otros de los puntos a tratar en el desarrollo de las diferentes intervenciones.

Todo ello se confirma días después de que el Parlamento Europeo decidiese prohibir la celebración, en sus instalaciones, de un acto en el que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña fugado de la Justicia española, Carles Puigdemont, y su actual sucesor en el cargo, Quim Torra, intervendrían como ponentes en una conferencia política orientada a analizar la situación de los derechos fundamentales en Europa. Ambos líderes independentistas habían sido invitados al foro por miembros belgas del mismo grupo parlamentario que ahora facilita la presencia de VOX.

El propio presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, confirmaba la cancelación del speech de Puigdemont y Torra tras escuchar los informes resultantes de la “evaluación de seguridad” realizados por miembros de su equipo y atender a las peticiones de los populares, socialistas y Ciudadanos con representación en Europa. Tajani estimó que el evento programado por el PdCat suponía “un alto riesgo para el mantenimiento del orden público en las instalaciones de la Eurocámara”.
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