AGLI Recortes de Prensa   Jueves 28  Febrero 2019

«Liquidar la soberanía nacional»
Editorial ABC 28 Febrero 2019

El de ayer no fue un buen día para los acusados por el intento golpista del 1-O. La fase del juicio para escuchar a más de 500 testigos comenzó con los testimonios del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la que fuera su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Ambos afirmaron haber conocido «acontecimientos de violencia» o de «acoso violento» en Cataluña durante los días previos y en la misma jornada de la consulta ilegal, y también durante la concentración ciudadana del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía de la Generalitat mientras se celebraba un registro judicial. Y ambos desmontaron el «buenismo» pergeñado por algunos acusados, según el cual la declaración de independencia fue un acto simbólico y sin relevancia jurídica. Así, confirmaron cómo pese a los numerosos requerimientos legales para impedir la proclamación de una «república» catalana, Carles Puigdemont provocó de manera deliberada la aplicación del artículo 155 por su intento de «liquidar la soberanía nacional» a sabiendas de que el Gobierno nunca autorizaría la celebración de un referéndum para romper España. Rajoy y Sáenz de Santamaría también eludieron caer en la trampa tendida por alguna defensa para sentar en un virtual banquillo de los acusados a las Fuerzas de Seguridad del Estado, como si la única violencia que se produjo fuese la provocada por ellos. Santamaría fue taxativa en ese sentido al sostener que «hubo violencia, coacciones y acoso masivo y sistemático» por parte de «una muralla» de ciudadanos, que pretendieron impedir que el Estado impusiera el orden público en cumplimiento de distintas resoluciones judiciales que prohibieron expresamente la consulta farsa.

La pretensión de algunas de las defensas de que Rajoy, Santamaría o Cristóbal Montoro se vieran empujados a probar jurídicamente la tipicidad de la violencia vinculada al delito de rebelión, o la malversación de caudales públicos, cayó en saco roto. Por dos motivos: primero porque es improcedente interrogar a testigos en ese sentido a modo de encerrona, y segundo porque el presidente del tribunal, Manuel Marchena, cortó de manera impecable esta treta pseudojurídica para convertir la sala de juicios en un plató televisivo, más orientada a lograr titulares en favor de las tesis separatistas que en convencer al tribunal de los hechos. En este sentido, fue relevante el testimonio de Artur Mas, cuando dejó claro que se opuso a cualquier plan del separatismo para forzar una declaración unilateral de independencia, de modo que su testimonio no resultó especialmente favorable para los acusados. Empieza a haber conclusiones claras, incluso pese a la extraña estrategia de la Abogacía del Estado, que a menudo parece más afín a las defensas de los golpistas que a su papel de acusador: hubo un intento evidente y virulento de aniquilar la soberanía nacional, y hubo una situación política excepcional que forzó la aplicación del 155 para impedirlo.

El peligroso electoralismo de Sánchez
Editorial ABC 28 Febrero 2019

El Gobierno de Pedro Sánchez seguirá aprobando medidas de perfil electoralista por la vía del decreto ley hasta la celebración de las elecciones, a pesar de la disolución de las Cortes, lo cual, además de resultar inédito, pervierte la ética democrática y representa una irresponsabilidad presupuestaria. Para empezar, el próximo Consejo de Ministros dará luz verde al aumento de los permisos de paternidad, la cotización de los cuidadores no profesionales, el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años y el incremento de las prestaciones familiares, cuyo coste ascenderá a 2.300 millones de euros. Y todo ello sin contar la oferta de empleo público, la subida de las pensiones o la transferencia de recursos a las comunidades autónomas que baraja el Gobierno.

Este modo de proceder es peligroso, tanto en la forma como en el fondo. En la forma, porque la figura del decreto ley se reserva para casos de extraordinaria y urgente necesidad, no para alimentar la campaña del presidente, y aún más con las Cortes disueltas, impidiendo así el necesario debate. Y en el fondo, porque disparar el gasto público sin el debido respaldo financiero y al margen de unos presupuestos que fueron rechazados por el Congreso se traducirá en una elevación del déficit, con el consiguiente incumplimiento de los objetivos acordados con Bruselas. Lo más preocupante, pese a todo, es la burda utilización que hace el PSOE de las instituciones al convertir el Consejo de Ministros en una plataforma electoral al servicio de Sánchez. El electoralismo del presidente daña la calidad democrática de España, mina su credibilidad internacional y empaña el papel institucional encomendado al Gobierno.

La soberanía no se negocia
EDITORIAL El Mundo 28 Febrero 2019

De los testimonios de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro en el juicio del 1-O no interesaban tanto los aspectos jurídicos como los políticos. Poca información podían aportar que no se conociera ya de sobra. Pero su presencia como testigos interesaba a la estrategia tanto de la acusación popular ejercida por Vox como de la defensa de los acusados. Los primeros, con obvia intención electoralista, persiguieron retratar la debilidad del Gobierno de Rajoy en su reacción a la intentona golpista -se les llegó a preguntar por qué no decretaron el estado de sitio en lugar del artículo 155, opción que los ex dirigentes ni siquiera contemplaron por afectar a los derechos individuales más básicos de toda la población-, mientras los segundos perseguían todo lo contrario: acusar de represión injustificada a un Ejecutivo que se negaba a dialogar.

Lo cierto es que los separatistas chocaron una vez más con los hechos: su agresión al Estado fue unilateral e injustificada, y sus promotores eran perfectamente conscientes de la ilegalidad que cometían. Enfrente tenían a un Gobierno que si de algo pecó no fue precisamente de precipitación sino de exceso de prudencia, por no decir cobardía o incredulidad. Rajoy no quiso aplicar el 155 con el referéndum ilegal de 2014 organizado por Mas porque, según afirmó, no era vinculante (tampoco lo era el de 2017), no hubo declaración de independencia y no existían garantías de los tribunales de que suspender la autonomía por el 9-N fuera proporcionado. El golpe del 1-O no obedeció por tanto más que al temerario proyecto de una élite gobernante reincidente que se creyó impune, pese a las constantes advertencias sobre el coste penal de su empeño segregador.

Montoro fue interrogado por la malversación, algo previsible desde la entrevista a EL MUNDO en la que negó el uso de dinero público para financiar el referéndum, habida cuenta del exhaustivo control financiero de Hacienda. Pero tanto en esa misma entrevista como más adelante ante el juez Llarena, el ex ministro dejaba abierta la puerta a la posibilidad de que el separatismo hubiera burlado sus filtros. Montoro admitió ayer con mayor claridad que la prueba practicada por la Guardia Civil puede fundamentar la malversación.

Sáenz de Santamaría desmontó con facilidad las argucias de la defensa y confirmó que hubo violencia -premisa de la rebelión-, aunque se obstinó en seguir negando la celebración de un referéndum tan ilegal como consumado en la práctica. En cuanto a Rajoy, cuya paciencia con las preguntas ideológicas de Homs podría tomarse por homenaje al garantismo, tuvo el acierto de recordar una vez más el fundamento de la nación constitucional: nunca se planteó negociar el cumplimiento de la ley ni la liquidación de la soberanía porque ni a él ni a ningún presidente le pertenece el poder de decidir por todos los españoles.

Deuda, «llorar» y no echar gota
María Jesús Pérez ABC 28 Febrero 2019

Nuevo tirón de orejas de la Comisión Europea al Gobierno de Pedro Sánchez. Y van... En realidad yo ya he perdido la cuenta, y total ¡para lo que me va a servir! Porque si al presidente no le preocupa, ¡apaga y vámonos! De hecho, por un oído le entra y por el otro le sale. Quizás el Doctor Okupa pensará en aquel dicho tan poco decoroso, y sí grosero, de «para lo que me queda en el convento...», en fin, acábenlo ustedes. Ayer Bruselas avisó de nuevo de que España sigue siendo vulnerable a la alta deuda pública y privada en un contexto de desempleo elevado. El mensaje, muy clarito: mientras no arreglemos el problema del alto endeudamiento del país siempre estaremos en el punto de mira y seremos propensos a volver a caer en desgracia.

Cierto es también que el anterior inquilino de La Moncloa, Mariano Rajoy, al final de su mandato no logró aprobar la asignatura de la deuda, ya que, una vez pasado el testigo al nuevo presidente, apenas había registrado alguna leve reducción en los tres últimos años, al alimón con la recuperación. Echando la vista atrás, en 2011, los populares recibían una deuda sobre el PIB del 69,50% (734.530 millones de euros) que no dejaría de incrementarse en los años siguientes hasta tocar techo en 2014 con una deuda del 100% del PIB (más de un billón de euros). Produciéndose desde entonces un descenso leve hasta cerrar el ejercicio de 2017, último año completo para Rajoy al frente del país, en el entorno del 98% del PIB (1,14 billones de euros) y una deuda per cápita de 24.583 euros frente a los 15.881 euros de hace siete años. Se antojaba pues urgente que el nuevo Gobierno -desde junio de 2018-, continuase con el esfuerzo de reducirla para evitar disgustos futuros.

Pues no. Sánchez desde el minuto uno propuso lo mismo que Zapatero. Subir todos los impuestos para poder despilfarrar a sus anchas con promesas sociales que deben hacerse, sí, pero cuando se pueda y deba. La receta socialista de siempre vamos. Y encima en un contexto internacional que no ayudaba nada a empezar con el derroche -Brexit, guerra comercial, tipos con previsión de revertir la tendencia y, sobre todo, el impacto que pueda tener la desaceleración económica de nuestros vecinos europeos-, sin pensar en colchones futuros por si acaso.

Sánchez recibió también un país saneado, que ingresaba 50.000 millones más de recaudación que en 2011, y en vez de ahorrar, bajar el déficit y amortizar deuda, lanzó brindis al sol con más gasto, aumentando el déficit y subiendo impuestos. Y, para colmo de males, a golpe de decretos. Hoy la deuda del país -herencia para nuestros hijos no lo duden- sigue en el entorno del 97%.

Ahora en plena carrera electoralista, el presidente se compromete a más gasto social para acaparar votos: al menos 2.300 millones. ¿De dónde lo sacará? No sé ya si reír o llorar. Como dijo Charles Chaplin «Ríe y el mundo reirá contigo; llora y el mundo, dándote la espalda, te dejará llorar».

La indolencia de Rajoy no absolverá a los golpistas
EDITORIAL Libertad Digital 28 Febrero 2019

Hasta abril del año pasado Montoro tuvo la desfachtez o la osadia de asegurar que el 1-o no se hizo con dinero público.

No es la primera vez que los líderes del proceso golpista iniciado en 2012 piden la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo de su defensa. Ya con ocasión del juicio por el 9-N, los abogados de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau solicitaron infructuosamente que el entonces presidente del Gobierno compareciera en aquel juicio para explotar en su favor las falaces declaraciones que hiciera pocos días después de aquella primera consulta ilegal, y en las que tuvo la desfachatez de afirmar que había cumplido con su deber de "hacer cumplir la ley" en Cataluña. "El referéndum que dije que no se iba a celebrar no se ha celebrado", sentenció.

Tampoco es de extrañar que la hayan pedido ahora, pues Rajoy, al tener conocimiento de que Puigdemont y compañía no sólo iban a perpetrar una nueva consulta secesionista en 2017, sino que la coronarían con una declaración de independencia, no destituyó a los gobernantes golpistas y quiso ganárselos mediante una vergonzosa operación Diálogo regada con una multimillonaria y privilegiada financiación extraordinaria a cargo de los Fondos de Liquidez Autonómica que, lejos de abortar el proceso golpista, sirvió para financiarlo de forma indirecta pero absolutamente decisiva.

A este respecto, no tendría por qué ser perjudicial para la defensa de los acusados la comparecencia de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, habida cuenta de que dirigió personalmente –y con no poca cordialidad– esa nauseabunda negociación con la Generalidad golpista, pese al público y persistente compromiso de sus gobernantes de perpetrar aquello por lo que ahora se les quiere y debe condenar.

Con todo, el mayor beneficio que podrían sacar los acusados de una comparecencia de un miembro del anterior Ejecutivo es de la de Cristobal Montoro. Si aquel vampiresco y desastroso ministro de Hacienda tuvo en su día la desfachatez de guardar públicamente silencio respecto de la financiación del 9-N a cargo del contribuyente, a pocos días de la celebración del 1-O tuvo el cuajo de asegurar que no se iba a dedicar "un solo euro público" a ese segundo referéndum. Eso, por no recordar que después del 1-O tuvo el descaro rayano en la complicidad de reiterar, tal y como hiciera en abril del pasado año, de que aquel segundo referéndum "no se hizo con dinero público".

Afortunadamente, no ha reiterado sus palabras en defensa de su ridículo, tardío y parcial control de las cuentas de la Generalidad, intervenidas poco antes del 1-O, que en tan mal lugar dejaban a la acusación por malversación de la Fiscalía y de la acusación popular. Por el contrario, Montoro ha admitido este miércoles la posibilidad de que aquel "riguroso" control pudiera haber sido burlado por parte de los acusados.

En cualquier caso, ni las declaraciones de Montoro, ni las de Rajoy negando haber negociado la soberanía nacional y la existencia de mediadores en su, con todo, inadmisible negociación con los golpistas, ni las de Sáenz de Santamaría, en las que tan bien ha relatado la violencia que rodeó a la ilegal comisión de aquella segunda consulta secesionista, borra la temeraria imprudencia y la cobarde indolencia del Gobierno de aquel infausto PP al negarse a aplicar el artículo 155 y destituir a quienes de forma tan pública y firme se habían comprometido a perpetrar una nueva consulta secesionista y a llevar a cabo una declaración de independencia. En lugar de eso, el Gobierno de Rajoy hizo algo tan surrealista como coordinarse con la propia Generalidad golpista con el objetivo de que no se dedicara dinero público a ese referendum tanto como para evitar que la gente votara en la ilegal consulta.

Con todo, es harto dudoso que quienes tenían tantas razones para estar convencidos de su impunidad salgan impunes de este juicio.

¿Se atreverá la Fiscalía a encausar a Sánchez?
OKDIARIO  28 Febrero 2019

Pedro Sánchez, según ha concluido la Comisión de investigación del Senado sobre la financiación de partidos políticos, habría financiado de manera irregular su campaña para las primarias del PSOE que lo enfrentaron con Susana Díaz y Patxi López tras la imposición de una gestora y la consiguiente expulsión de Ferraz. Si la recepción de fondos del aún presidente del Gobierno no se ajusta a la legalidad, tal y como denunció en su momento el propio PSOE al negarse Sánchez a someterse al sistema de cuentas compartidas del partido, la Fiscalía debe abrir de inmediato una investigación que destape cualquier anomalía financiera.

No estaba errada la gestora socialista de 2014 cuando advirtió a Sánchez que su crowdfunding con Bancal de Rosas no cumplía con la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos y pondría en alerta al Tribunal de Cuentas y, por supuesto, a la oposición presente en la Cámara Alta. En la investigación parlamentaria, Sánchez fue desvinculado de la gestión económica de la campaña de primarias; sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha resultado ser un cazador cazado por su relato en ‘Manual de Resistencia’. En su libro de memorias, el socialista, y así lo argumenta el PP en su informe, muestra un amplio conocimiento el ‘modus operandi’ financiero para conseguir más de 30.000 euros de donaciones privadas.

Según se afirma en el texto que los populares aprobarán este jueves, el presidente del Gobierno financió la campaña que lo hizo regresar de manera triunfal a Ferraz con aportaciones de “amigos” que no estaban bajo la fiscalización del PSOE y a través de una suscripción monetaria con una asociación que “tampoco estaba registrada legalmente”. Ante tales evidencias, la Fiscalía tiene que actuar contra Sánchez, con la misma diligencia y premura que ha actuado en los casos de corrupción con miembros del PP implicados.

El Supremo no es un circo independentista
OKDIARIO 28 Febrero 2019

Los independentistas han intentado convertir el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo en un circo independentista. Un propósito que, afortunadamente, ha sido noqueado con determinación por el magistrado Manuel Marchena. En la jornada de este miércoles, el ex dirigente y concejal de la CUP, Antonio Baños y Eulàlia Reguant, citados como testigos en la causa del 1-O, se han negado a responder a las preguntas del letrado de VOX, Javier Ortega Smith, que representa a la acusación popular. Un privilegio, les ha recordado el magistrado, del que no pueden gozar porque son testigos y no imputados en el proceso. Una negativa que responde, según los antisistema catalanes presentes en la Sala, a una cuestión de “dignidad democrática y antisfascista” porque definen a la formación de Santiago Abascal como “machista y xenófoba”.

Tras los avisos de un paciente Marchena, ambos dirigentes han sido expulsados y multados con 2.500 euros, de acuerdo con el Art. 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y si no rectifican se enfrentan a un delito de obstrucción a la justicia tipificado en el Art. 463.1 de Código Penal que acarrea penas de prisión de tres a seis meses. Por otro lado, y por si la bufonesca teatralización de los separatistas no había provocado suficiente bochorno, Joan Tardá, diputado de ERC, también citado como testigo, ha asegurado con descaro que este juicio en el Supremo “está basado en la venganza”. Una disparatada afirmación que sólo pretende deslegitimar la independencia de la Justicia española de cara a los observadores internacionales y despojar a España de la categoría de democracia plena otorgada por la prestigiosa asociación de magistrados europeos Medel o el ‘Democracy Index’ la revista The Economist.

Una vez más, ya lo demostraron saltándose el mandato del Tribunal Constitucional celebrando un referéndum ilegal en octubre de 2017 y una descabellada Declaración Unilateral de Independencia a finales de ese mismo mes, los separatistas ponen en evidencia que no profesan ningún respeto por la legalidad vigente a la que todo ciudadano español debe adherirse. Ni Tardá, ni Baños, ni Reguant han sido capaces de comparecer ante el Alto Tribunal con el debido respeto que se requiere y han convertido su turno de palabra en un acto verdaderamente infame que deben tener las consecuencias penales pertinentes.

La jungla de los tributos propios: las CCAA cobran 81 impuestos
Beatriz García Libertad Digital 28 Febrero 2019

Los tributos propios son la guinda del pastel de la maraña tributaria autonómica. "Son una jungla inexplorable", aseguraba esta semana el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, en un encuentro con la prensa. Por este motivo, Pich reclamaba a los responsables políticos "una revisión global de los tributos ligados a la financiación autonómica y, en especial, la organización estatal de los elementos esenciales de los impuestos propios".

Las autonomías tienen la potestad de establecer tributos propios, pero siempre que cumplan determinados requisitos, como que no graven hechos imponibles ya gravados por el Estado o que no se apliquen a negocios que tengan la actividad en otra Comunidad Autónoma. Pero como Hacienda tiene gravado casi todo, a las autonomías no les queda más remedio que echarle imaginación si quieren seguir haciendo caja.

Canon eólico, impuesto sobre las estancias turísticas, sobre los premios del bingo, gravamen de protección civil… la creatividad de las autonomías para intentar llenar sus arcas no tiene límites. Tanto es así, que las regiones españolas cargan a los contribuyentes con 81 impuestos propios, tal y como recoge el ultimo informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral del REAF (el órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas).

Cataluña, la que más impuestos propios tiene
Cataluña es la región líder en este tipo de tributos con 18 de estas figuras impositivas aprobadas. A la región de Quim Torra le sigue Andalucía, con 8 impuestos propios, y Asturias, con 7. En el otro lado de la tabla están Castilla-La Macha y Castilla y León, con sólo 2 impuestos cada una.

A pesar del esfuerzo recaudatorio de Cataluña, tres de sus impuestos propios han sido declarados inconstitucionales. El más sonado es el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, que también aplicaban Asturias o la Comunidad Valenciana, y que quedó suspendido por invadir las competencias estatales. La Justicia también ha invalidado en Cataluña el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear y el impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y de la difusión de la cultura digital.

Estos son los impuestos de las CCAA que más figuras tributarias propias tienen:

Cataluña: canon del agua, canon sobre la deposición controlada de residuos municipales, canon sobre la deposición controlada de residuos industriales, canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción, canon sobre la incineración de residuos municipales, gravamen de protección civil, impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, impuesto sobre los depósitos, impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno producidos por la aviación comercial, impuesto sobre la emisión de gases y partículas por la industria, impuesto de la producción de energía eléctrica de origen nuclear, impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas, impuesto sobre las viviendas vacías, impuesto sobre el riesgo medioambiental de elementos radiotóxicos, impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas, impuesto sobre las emisiones e dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica e impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.

Andalucía: impuesto sobre tierras infrautilizadas, impuesto sobre depósito de residuos peligrosos, impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera, impuesto sobre vertidos a las aguas litorales, impuesto sobre depósito de residuos radiactivos, impuesto sobre depósitos de clientes en las entidades de crédito, impuesto sobre las bolsas de plásticos y canon de mejora de infraestructuras hidráulicas.

Asturias: impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua, impuesto sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas, impuesto sobre el juego del bingo, impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, recargo sobre el IAE, impuesto sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente e impuesto sobre depósitos en entidades de crédito.

Como se observa en el gráfico, Cataluña es la región que más recaudó por impuestos propios en 2017, con 610 millones de euros. Canarias es la segunda en el podio debido a que entre sus tributos propios incluyen los impuestos sobre las labores del tabaco.

Cuestan mucho y recaudan poco
Aunque en 2018 las CCAA no han creado ningún impuesto propio más respecto a años anteriores, la tendencia de los años anteriores ha sido al alza. Y todo ello a pesar de que a cierre de 2017 estas figuras impositivas apenas recaudaron 2.196 millones de euros, el 2,1% de la recaudación tributaria total, por lo que suponen una escasa fuente de financiación para las autonomías.

De esa cifra, el 61,1% de la recaudación proviene de los impuestos propios ambientales, siendo el 58% sobre temas relacionados con el agua. "Los impuestos medioambientales son muy complicados, difíciles de calcular y necesitan personal especializado", explicó la experta del REAF, María José Portillo. Por ello, Portillo pidió "consenso" a las regiones para acabar con el "trabajo de chinos" que supone este tipo de tributación.

El REAF avisa de que el gasto de personal de técnicos autonómicos, los jueces por los litigios existentes, el personal de apoyo o los gastos asociados a la gestión tributaria están engordado una factura que no se ve compensada con la poca recaudación de los impuestos propios. Uno de los casos más llamativos y que explican las deficiencias de este tipo de tributos es el impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales, que ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la UE y solo había recaudado 17 millones de euros entre las tres autonomías que lo tenían implantado.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

«Liquidar la soberanía nacional»
Editorial ABC 28 Febrero 2019

El de ayer no fue un buen día para los acusados por el intento golpista del 1-O. La fase del juicio para escuchar a más de 500 testigos comenzó con los testimonios del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la que fuera su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Ambos afirmaron haber conocido «acontecimientos de violencia» o de «acoso violento» en Cataluña durante los días previos y en la misma jornada de la consulta ilegal, y también durante la concentración ciudadana del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía de la Generalitat mientras se celebraba un registro judicial. Y ambos desmontaron el «buenismo» pergeñado por algunos acusados, según el cual la declaración de independencia fue un acto simbólico y sin relevancia jurídica. Así, confirmaron cómo pese a los numerosos requerimientos legales para impedir la proclamación de una «república» catalana, Carles Puigdemont provocó de manera deliberada la aplicación del artículo 155 por su intento de «liquidar la soberanía nacional» a sabiendas de que el Gobierno nunca autorizaría la celebración de un referéndum para romper España. Rajoy y Sáenz de Santamaría también eludieron caer en la trampa tendida por alguna defensa para sentar en un virtual banquillo de los acusados a las Fuerzas de Seguridad del Estado, como si la única violencia que se produjo fuese la provocada por ellos. Santamaría fue taxativa en ese sentido al sostener que «hubo violencia, coacciones y acoso masivo y sistemático» por parte de «una muralla» de ciudadanos, que pretendieron impedir que el Estado impusiera el orden público en cumplimiento de distintas resoluciones judiciales que prohibieron expresamente la consulta farsa.

La pretensión de algunas de las defensas de que Rajoy, Santamaría o Cristóbal Montoro se vieran empujados a probar jurídicamente la tipicidad de la violencia vinculada al delito de rebelión, o la malversación de caudales públicos, cayó en saco roto. Por dos motivos: primero porque es improcedente interrogar a testigos en ese sentido a modo de encerrona, y segundo porque el presidente del tribunal, Manuel Marchena, cortó de manera impecable esta treta pseudojurídica para convertir la sala de juicios en un plató televisivo, más orientada a lograr titulares en favor de las tesis separatistas que en convencer al tribunal de los hechos. En este sentido, fue relevante el testimonio de Artur Mas, cuando dejó claro que se opuso a cualquier plan del separatismo para forzar una declaración unilateral de independencia, de modo que su testimonio no resultó especialmente favorable para los acusados. Empieza a haber conclusiones claras, incluso pese a la extraña estrategia de la Abogacía del Estado, que a menudo parece más afín a las defensas de los golpistas que a su papel de acusador: hubo un intento evidente y virulento de aniquilar la soberanía nacional, y hubo una situación política excepcional que forzó la aplicación del 155 para impedirlo.

Pruebas ante la farsa separatista
 larazon 28 Febrero 2019

Hasta la sesión de ayer en el Tribunal Supremo, los acusados por los sucesos del 1-O han relatado sus motivos y han rebatido la exposición de los hechos por parte de la Fiscalía y la abogacía del Estado –ninguno quiso responder a la acusación popular–, creyendo que con su visión tan edulcorada convencerá a los magistrados de su inocencia. Es un derecho que tienen garantizado, aunque sirva de poco. Junqueras, Romeva, Turull, Sánchez o Cuixart han sido prolijos en sus motivaciones políticas humanistas, incluso confían su inocencia en la buena fe con la que habían movilizado a las masas para impedir la acción de una comisión judicial o el incumplimiento, nada más y nada menos, de un mandato de Tribunal Constitucional. Su «relato» puede ser muy verosímil para el «relato» del independentismo, que considera que por encima de la soberanía del pueblo español está el mandato recibido en el Parlament con la «declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo catalán» (23 de enero de 2013), pero lo que se está dilucidando estos días en el Tribunal Supremo es otra cosa: la responsabilidad de los dirigentes de la Generalitat en unos hechos concretos que supusieron la abolición de la legalidad democrática y su plasmación en los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Ayer, los hechos que tan bondadosamente han ido exponiendo los encausados a lo largo de dos semanas han empezado a confrontarse con las versiones de los primeros testigos y, en especial, con los responsables del Gobierno que tuvo que hacer frente al desafío secesionista, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, presidente y vicepresidenta, respectivamente, en aquellos días críticos. Algo quedó claro: el 7 de septiembre de 2017 el TC suspendió la Ley del Referéndum –aprobada el día antes en el Parlament– y la celebración de la consulta el 1-O por su inconstitucionalidad. A pesar de ello, se celebró, provocando los graves sucesos de violencia que tuvieron lugar aquel día y la irresponsabilidad con la que actuaron los dirigentes de la Generalitat haciendo un llamamiento a la ciudadanía a acudir a los centros de votación, a pesar de que las fuerzas del orden, Policía Nacional y Guardia Civil, debían ejecutar una orden judicial.

Nada de esto atendieron los líderes independentistas, que, en definitiva, es lo sustancial y lo que el Tribunal deberá sopesar para dictar sentencia. Ni siquiera los aspectos más políticos tienen peso, según revelaron Rajoy y Sáenz de Santamaría, ni porque el entonces presidente se entrevistase seis veces con Artur Mas y dos con Carles Puigdemont para tratar sobre la crisis catalana, aunque dejando claro que encima de la mesa no se iba a poner la soberanía nacional, o que fueran a defender en las Cortes el plan de desconexión, algo que no hicieron. Este hecho puede que ya no tenga ningún significado político, a tenor de que todo indica que el plan de ruptura no tenía vuelta atrás, como quedó patente.

Ni los dos requerimientos del Gobierno antes de aplicar el 155: el primero para aclarar la redacción «deliberadamente confusa», según Rajoy, y la segunda tres días después, a la que la Generalitat respondió sin aclarar si se había declarado o no la independencia. Sería demoledor para el separatismo catalán oír decir a sus líderes ante el Tribunal Supremo que todo fue una farsa. Tal vez ya sea tarde. El independentismo tiene una visión de la realidad instalada en lo «paralegal», con una gran dosis de fantasía ideológica y un fanatismo que ciega todo atisbo de razón, algo con lo que pueden superar las exigencias de sus seguidores, pero no las del Alto Tribunal. Sólo la evidencia de las pruebas servirán para que los líderes independentistas salgan del ensueño de que el 1-O no lo pagó nadie o que les acogía algún derecho más allá de la ley, que nunca se sabe, aunque servirá de muy poco.
 
Horcas festivas y participativas
Carmelo Jordá Libertad Digital 28 Febrero 2019

Creo que ya he comentado alguna vez que uno de los mayores problemas de la sociedad catalana es que tiene una visión bastante distorsionada de sí misma: como el borracho que se ve simpático, dicharachero y hasta seductor pero en realidad es un baboso balbuceante y asqueroso, Cataluña se mira y ve una realidad paralela que se parece tanto a la verdad como Junqueras a Delon, por usar aquella comparación que hizo fortuna a la luz de los desbarres sobre el ADN del profeta de ERC.

Justo es decir que cuando digo "Cataluña" quizá debería decir mejor "una parte de Cataluña", pero es que es la oficial y la oficiosa, la de la inmensa mayoría de las instituciones, la de los medios, la de TV3 y Rac1, la de la ficción en catalán, la de los docutrolas de Mediapro y, por supuesto, la de los que van por esos mundos de Dios internacionalizando el conflicto a cuerpo de rey. Esa Cataluña que se mira y se ve independentista –sobre todo independentista–, monolingüe, moderna, civilizada pero rodeada de barbarie, rica pero víctima de un robo masivo más o menos desde los tiempos de Viriato, antifranquista y, por supuesto, democrática, pacífica y festiva. Lo más de lo más, vamos, un ejemplo de poble para Europa y el mundo.

Esa misma Cataluña que contemplaba horrorizada y al mismo tiempo complacida la corrupción en España, ¡qué primitivos!, mientras los Pujol se forraban en familia, el Palau era una pocilga y el 3% era la tarifa para los amigos.

La Cataluña, en fin, que sigue hablando de un procés democrático y poco menos que idílico cuando se ha reventado la legalidad, se camina hacia una dictadura y se inventan cada tres por cuatro fórmulas pacíficas de extender el terror: las pintadas, el reparto de heces o los muñequitos ahorcados en las autopistas, por poner sólo unos ejemplos.

Después de estas cosas, al mismo tiempo que hacen estas cosas, los santones del separatismo tienen los bemoles de ir al Tribunal Supremo a defender que lo suyo siempre ha sido la paz y el amor. Puede que simplemente mientan, sí, pero yo creo que el asunto es más complejo que una simple mentira: yo pienso que de verdad creen que esa imagen que les devuelve el espejo de los medios separatistas es la real, y que cuando ahorcan a un muñeco o llenan de mierda un juzgado es simplemente un chiste, una gracieta que sólo debe tomarse como tal, que las horcas pueden ser festivas y participativas y que de hecho lo son, que era broma chico, que no hay ponerse así, que somos catalanes.

Cuixart, no tomes el nombre de Parks en vano
Cristina Seguí okdiario  28 Febrero 2019

Una de las frases más viralizadas de la declaración de Jordi Cuixart en el Tribunal Supremo ha sido la de “yo soy hijo de una carnicera murciana. También soy medio español”. Y no es que su autor tuviera el más mínimo interés en reivindicar sus raíces carnico-hispanas, apelar a la nostalgia de ser hijo de la Paqui que en julio veranea en Totana como oropel o inspirar lástima o empatía al Alto Tribunal por ser un español a medio cocer. No, lo hizo porque la realidad es que ‘El Jordi‘ ha sido, y todavía es desde el presidio, el mentor de patrullas civiles en Cataluña diseñadas para rodear en la calle a periodistas extranjeros nacidos en Madrid, el ejecutor de planes de acoso y seguimiento a Policías y Guardia Civiles desde la puerta de sus hoteles. Ha sido el instigador de planes de segregación en las escuelas para evitar hasta la consanguinidad entre los hijos de la inmersión y los vástagos de la benemérita asediados hasta el grado de tener que emigrar a otras comunidades autónomas. ¿Y por qué? Sólo por ser españoles, como su madre. Una mujer de la que, por cierto, interesaría testimonio para saber si ser la madre de uno de los padres del nuevo hombre de la nación catalana, la ha convertido a la fuerza en una Rufián de la vida o, si como parece tras las palabras de Cuixart, ha sido un hándicap genético superado por su propio hijo a la hora de convertirse en un hombre hecho a sí mismo frente al Estado español. Algo así como ser una estrella del rugby o un icono sexual de conejitas Play Boy, a pesar de sufrir enanismo hipofisario.

Ante el juez Marchena, Cuixart se ayudó de Rosa Parks porque había que compensar con algo de épica la paradoja de ser un “empresario de éxito” que pide un préstamo de “500.000 euros para longanizas” al Estado que quiere volar por los aires. La epopeya para superar la plebeya realidad de ser el hijo de la carnicera, oficio materno dignísimo para cualquiera que no sea ‘El Arnold Schwarzenegger de Laboratorio’ de la delirante república catalana atrapado en el cuerpo psicopático de Ted Bundy o Albert Fish, pero todavía más enano. De Ghandi, al que también utilizó, sin duda, ha copiado su cualidad innata para empujar a los demás a vivir como mendigos para ser dignos. Algunos de ellos se postraban el martes en la calle diputación de Barcelona para seguir la declaración de Cuixart con la misma pulsión de los catalanes de los 60 y los 70 que recibían a Franco como si fueran las cheerleaders de los Boston Celtics.

En su testimonio, el absurdo de este tipejo alcanzó la cota máxima del desvarío cuando ante Marchena cuando citó a Parks. Ésta, una figura vital en los 50 por haberse negado a ceder el asiento a un hombre blanco y moverse a la parte trasera del autobús cuando la segregación racial tenía categoría de ley en el Estado de Alabama. Entonces, la Constitución de EEUU sacó a la activista de la cárcel y la protegió como la Constitución española protege a las Parks contemporáneas.

Porque Rosa Parks es la familia de Balaguer acosada desde 2015 por pedir educación bilingüe para sus hijos. Porque Rosa Parks es Dolores Agenjo, la directora del instituto que no cedió las llaves del instituto para celebrar el referéndum ilegal del 9-N. Porque Rosa Parks también son los propietarios de pequeñas tiendas multados por no rotular en catalán. Rosa Parks son, además, las dos seguidoras de la Selección Española agredidas en Barcelona al grito de “putas españolas, fuera de aquí os vamos a matar”. Porque Rosa Parks son las mujeres de los Guardias Civiles de Calella que consuelan a sus hijos después de que los profesores llamen a sus padres “asesinos” frente a todos sus compañeros de clase. Todas esas víctimas de la segregación étnica decretada por Òmnium y la ANC que gracias a su estoicidad han logrado que este par de engendros estén siendo gozosamente sometidos al imperio de la ley. Cuixart, no tomes el nombre de Parks en vano.

El caso Cifuentes / Qué es extrema derecha
Pío Moa gaceta.es 28 Febrero 2019

La guerra civil y los problemas de la democracia en España (Nuevo Ensayo)Cristina Cifuentes era un paradigma de político del PP: mujer y “muy liberada”, partidaria del aborto, de la homosexualidad, por supuesto antifranquista, intelectualmente vacía y, lo que es peor, inculta, con un toque de infantilismo señoritil, arrogante con un matiz de chulería, atenta a “las tendencias” para trepar sumándose a ellas, indiferente a los procesos de disgregación de España o de promoción de los etarras, agente de la satelización cultural y política del país, habilidosa en el lenguaje “politiqués”…

Señalo lo de mujer, no porque los políticos varones del PP no sean iguales o peores, sino porque eso le añade un plus promocional: vivimos en tiempos de lo que he llamado “tiorrillas”. Cualquiera de esos políticos podría estar perfectamente en el partido de Zapatero o de Sánchez, o en el de Rivera. Sin intercambiables. Cierto que en el PP hay otros menos impresentables, pero están en segundo o tercer plano, siempre fueron muy timoratos y no se atreven a “presentarse”.

Y corruptos, por supuesto. Moralmente corruptos. En el caso de Cifuentes, está lo del máster, que por otra parte no es un caso aislado, sino que muestra la influencia corruptora de los actuales políticos sobre una universidad muy degradada, como sobre todo lo que tocan, cajas de ahorros y demás. Ahora le piden tres años de cárcel. Está bien. Entonces, ¿qué se debe pedir, por un doctorado falso? Por lo menos el doble. Pero los corruptos del PP y del PSOE han llegado a un acuerdo bajo la mesa para no sacar esos trapos sucios. A Cifuentes le tocó ser la primera y, con toda su chulería y habilidades, convertirse en el chivo expiatorio de otros como ella.

**************
Sorprendentemente, los dicterios de “extrema derecha” “facha” y similares siguen teniendo un efecto intimidatorio. Incluso, según parece, en algunos políticos de VOX. Ya en la Transición obligaron a UCD a hacerse “antifranquista” y adoptar cada vez más el discurso de la izquierda y los separatistas. Ello se debe a la ausencia de un verdadero discurso político en la derecha y a su incapacidad para defender las posturas en las que muchos de ellos creen, pero tibiamente.

En fin, hay que replicar con claridad. Si es de “extrema derecha”

… Cortar el paso a los separatismos que quieren fragmentar España en varios estaditos impotentes y hostiles, juguete de potencias exteriores.

… Defender la independencia de España frente a quienes quieren satelizar al país a potencias exteriores y disolver su soberanía en ellas.

… Acabar con los abusos y corrupciones de unas autonomías cada vez más insolidarias, arbitrarias e hispanófobas.

… Defender la cultura y la lengua común de España frente a quienes la atacan o buscan colonizarla por el inglés.

… Defender las libertades y la dignidad de los españoles frente a leyes totalitarias, radicalmente antidemocráticas, como las de memoria histórica o de género.

… Defender el legado de Franco, básicamente la unidad nacional, la paz, la prosperidad y la reconciliación, que han permitido la democracia, frente a los que viven de mentir y sembrar eodios, corrompiendo todo lo que tocan y atacando la unidad nacional.

… Defender la independencia del poder judicial, cada vez más atacada por los actuales partidos.

… Propugnar un aumento de la natalidad para evitar un envejecimiento de la población peligrosa en todos los sentidos; y un control de la inmigración evitando que perjudique a los trabajadores españoles…

Entonces cuanta más “extrema derecha” y menos extrema patraña haya, mejor irá la sociedad española. En realidad el extremismo antidemocrático y antiespañol es el de los partidos promotores de las leyes de “memoria histórica” y de “género”, el de los rescatadores de la ETA, financiadores de los separatismos, etc. En otras palabras el extremismo del tercer frente popular, compuesto como siempre de totalitarios y separatistas, a los que se sumaron el PP y C´s.

**************
Preston y compañía, no tanto contra Franco, sino contra la verdad histórica, y con una tosquedad que asombra, pero impuesta por personajes como Ansón y Cebrián. En “Una hora con la Historia”:

https://www.youtube.com/watch?v=S5iW87zLNQ4

El PP prohibirá exigir lenguas cooficiales para empleos públicos
JUANMA LAMET El Mundo 28 Febrero 2019

Promete una ley para acabar con la discriminación del castellano en Cataluña, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana o Galicia

Pablo Casado va a redoblar su apuesta por la defensa del castellano en las comunidades con lengua cooficial. El PP incluirá en su programa una ley orgánica para blindar el español como lengua oficial del Estado y prohibir que la lengua cooficial sea un requisito indispensable a la hora de acceder a un empleo público. «El conocimiento y uso del castellano será un requisito indispensable para el acceso a un empleo público. Las lenguas cooficiales podrán considerarse un mérito, nunca un requisito excluyente», rezará el programa electoral de los populares, en el que se incluye esta reforma, según el texto al que ha tenido acceso EL MUNDO.

De esta manera, Casado da un nuevo paso para blindar el uso del español en Cataluña (sobre todo), Baleares, País Vasco, Galicia y la Comunidad Valenciana, frente al perfil bajo que siguió en este ámbito su predecesor, Mariano Rajoy.

Durante los últimos años han proliferado las barreras lingüísticas que «discriminan» a los funcionarios. Este mismo mes, el sindicato de la función pública CSIF ha denunciado que Baleares ha excluido de las convocatorias de empleo de Salud a unas 800 personas por no saber catalán. En Cataluña, el mismo sindicato recurrió el año pasado la convocatoria de docentes por primar el conocimiento del catalán por encima incluso de tener un máster.

Casado quiere que el español sea la lengua vehicular no sólo de la enseñanza, sino, también, de la Administración. Por eso la Ley de la Lengua del PP abogará por «reforzar el carácter oficial del castellano en los actos administrativos».

Es decir, todas las comunicaciones públicas «siempre deberán hacerse en castellano, además de la otra lengua cooficial» y sin perjuicio de ella. De hecho, el PP estipula que las autonomías «elaborarán planes de formación» para garantizar la atención la lengua cooficial que elija «voluntariamente» cada ciudadano.

Multas, en español
El programa del PP coloca un cepo económico para asegurarse de que los gobiernos autonómicos cumplirían la norma: «Nadie podrá ser sancionado si no se le ha comunicado en castellano una infracción». Esto es, la hacienda regional no podrá cobrar multas o reclamar recargos tributarios si éstos no se comunicaron en español.

Además, las señales de tráfico, los paneles y las placas urbanas e interurbanas «utilizarán siempre, al menos, el castellano».

El equipo de Pablo Casado cree que el refuerzo de la lengua común es la mejor manera de fomentar la vertebración autonómica y la igualdad de oportunidades de los españoles, vivan donde vivan y provengan de una autonomía bilingüe o no. Por eso esta medida se presenta bajo el epígrafe de «Cohesión territorial».

El programa del PP habla de «desarrollar el artículo 3 de la Constitución», que protege las lenguas de España, ya que, mientras que se ha producido un desarrollo normativo en el ámbito autonómico, no ha ocurrido lo mismo a nivel estatal. Ello ha provocado que haya sido el Tribunal Constitucional quien haya tenido que ir definiendo las garantías de protección del castellano como lengua común. Por ejemplo, en una sentencia de 2010 el Alto Tribunal enfatizó que la Generalitat «no puede tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales». Los residentes en Cataluña «tienen derecho» a utilizar ambas en sus relaciones con la autoridad, pero sólo tienen la «obligación de conocer el castellano».

España es uno de los pocos países plurilingües que no tiene una Ley de Lenguas Oficiales.

PP:  caraduras, desalmados, traidores, inútiles, etc.
Nota del Editor 28 Febrero 2019

La única ley necesaria para terminar con este disparate es la que derogue todas las relacionadas con lenguas regionales. Y si hay alguien que aún se fía del PP, pues eso, que siga para que todo siga igual, empeorando.


Recortes de Prensa   Página Inicial