AGLI Recortes de Prensa   Sábado 2 Marzo 2019

La 'ley de lenguas' de Casado
José García Domínguez Libertad Digital 2 Marzo 2019

Con solo cuarenta años de retraso sobre el horario previsto –y con Vox pisándole los talones en todas las encuestas– , el PP acaba de anunciar su muy meditada intención de impulsar ahora, cuando ya de casi nada podría servir, una ley de lenguas llamada a impedir la proscripción del uso normalizado de la lengua española en las regiones donde existan idiomas vernáculos con rango estatutario de cooficialidad. A buenas horas, mangas verdes. Y es que, más allá de los repentinos furores electoralistas del PP, de ese mismo PP que se prestó en su día con alegre desparpajo indigenista a blindar los usos institucionales e institucionalizados de las hablas locales en cuantos estatutos de autonomía tuvo ocasión de meter cuchara, estaría por ver, de entrada, que eso se pudiese hacer. No olvidemos que estatutos como el valenciano o el balear, textos ambos elaborados con el concurso activo y entusiasta del Partido Popular, poseen la jerarquía constitucional de leyes orgánicas.

Un rango normativo que implica que ninguna ley ordinaria aprobada por el Parlamento podría contradecir o anular lo que en ellos se establezca en materia de lenguas. Por lo demás, Casado anunció su afán de promover ese tardío brindis al Sol en Barcelona, lo que hace pensar en Cataluña como principal objetivo del proyecto. El pequeño problema es que a estas alturas del desastre Cataluña ya no es una comunidad autónoma dentro del Reino de España sino un Estado dentro del Estado, un Estado cuyos más de doscientos mil servidores profesionales profesan en su inmensa mayoría el ideario separatista, una de cuyas piedras angulares es el desprecio activo por el idioma español. Una circunstancia cerril e insurgente que, sin embargo, no impide que en el Hemiciclo del Parlamento de Cataluña, una cámara legislativa controlada como es sabido por los partidos secesionistas, se hable con toda normalidad el idioma español por parte de muchísimos diputados electos.

Algo, que decenas de parlamentarios de una región oficialmente bilingüe utilicen de modo rutinario el español en sus intervenciones, que sería completamente impensable en Galicia, un territorio gobernado por el Partido Popular desde los tiempos de las guerras púnicas y en cuya asamblea legislativa ni un solo representante alineado con Pablo Casado, ni uno solo, utiliza jamás la lengua común de los españoles para dirigirse a su auditorio. Ni uno. Jamás. Al punto de que si un marciano aterrizase mañana en el Hemiciclo del Parque de la Ciudadela sacaría la muy viva impresión de estar en España y entre españoles, algo que con toda seguridad no le pasaría en el caso de haber ido a dar con sus interplanetarios huesos a Santiago de Compostela. Lo cual demuestra que el principal escollo en ese asunto no son tanto las leyes formales cuanto las prohibiciones de facto. ¿Para qué queremos esa ley de lenguas de Casado si su propio partido, y sin necesidad de ley alguna, ya ha declarado proscrito en la práctica el uso del idioma español en el ámbito institucional de Galicia, Baleares y Valencia? Convenza primero Casado al PP de que no es pecado mortal ni delito de lesa patria chica hablar el castellano en Galicia. Y en Valencia. Y en Baleares. Y después hablemos de leyes de lenguas.

El ‘biscotto’ de la vergüenza
Segundo Sanz okdiario 2 Marzo 2019

Cuando el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sorprendió al respetable en septiembre rescatando la sombra de la duda sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez, no sólo estaba comprometiendo a éste, sino también al presidente del PP, Pablo Casado. Porque el destino ha querido que los mandamases del bipartidismo se batan en duelo en el hemiciclo y en las urnas el próximo 28 de abril lastrados hasta las cejas por su pasado académico: el socialista, con un doctorado fake, y el popular, con un máster que todavía traerá cola.

Por eso mismo, porque ambos saben desde septiembre que se necesitan, que quien golpee más fuerte, el ataque se le puede volver en contra, desde las altas esferas de sendos partidos se ha ido dando forma a lo que en el fútbol italiano llaman biscotto, es decir, el amaño de un empate entre dos equipos que beneficia a ambos.

Hay tres hechos que apuntalan la teoría del biscotto. El primero momento clave llegó en diciembre, cuando, una vez constituida ya en el Senado la Comisión de investigación de la tesis impulsada por el PP –con el apoyo de Ciudadanos–, los populares aplazaron su arranque un mes más por “cortesía parlamentaria” con el PSOE. Así, con el parón navideño de por medio, se pospuso al 1 de febrero, y cuando llegó este día, de nuevo el PP concedió una segunda prórroga hasta este 1 de marzo. Dos meses de retraso en los que ya se podía haber erosionado aún más la imagen de Sánchez, incluso citándole a él, al ex ministro de Industria Miguel Sebastián o a Carlos Ocaña, coautor del libro-tesis. Pero nada de nada.

En paralelo, en lo que parece un acuerdo tácito a varias bandas, durante estos dos meses ni el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ni precisamente el actual portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, salpicado por el Caso Fondos Reservados, como publicó OKDIARIO –la figura aquí de Cosidó es muy importante–, han sido forzados por el PSOE a comparecer en la otra Comisión de investigación sobre la supuesta caja B del PP que se seguía en el Congreso de los Diputados.

La segunda prueba, y quizás la más dramática, ha sido la renuncia del PP, en un giro de última hora, inesperado, a que sus conclusiones de la Comisión de investigación de financiación de partidos fueran sometidas a votación en un Senado con mayoría absoluta de los populares. Casi dos años de trabajos, más de 60 horas de comparecencias, cientos de documentos analizados y la posibilidad de llevar a puerto una comisión de este tipo por primera vez en 30 años en la Cámara Alta se fueron por la borda el pasado jueves negro del parlamentarismo español. De vergüenza. Ni el Senado llevará a la Fiscalía a la presidenta del PSOE, repito, del PSOE, Cristina Narbona, por falso testimonio sobre los contratos del Caso Acuamed —posible desvío de fondos a campañas electorales de los socialistas–, ni tendrá validez legal la conclusión de que Sánchez recaudó más de 100.000 euros de “forma irregular” para sus primarias de 2017.

El informe de conclusiones del PP que iba a aprobar el jueves al Comisión –el reglamento del Senado lo permite, sin que tenga que hacerlo el Pleno– estaba redactado con tal fin, se registró con tal fin e incluso se cambió el orden del día con tal fin. Es más, en la mañana de miércoles se convocó a los periodistas vía WhatsApp a un encuentro justo antes de la comisión del jueves –su último día– para explicarles el documento. Sin embargo, dos horas de después de esa convocatoria a la prensa, el PP canceló el briefing por “problemas de agenda”. Lo mismo que la “cortesía parlamentaria”…

¿Qué sucedió en ese escaso margen de tiempo para que el portavoz del PP en esta comisión, Luis Aznar, tuviera orden de que no se aprobasen las conclusiones de la comisión? Dos acontecimientos en las 72 horas previas dan la pista: el martes, el PSOE permitió que la Comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación del PP se cerrase también sin conclusiones –igualmente tras casi dos años de trabajos–; y el mismo miércoles, y esto es muy relevante, los socialistas salvaron a Casado de comparecer en la Comisión de los másteres de la Comunidad de Madrid, mientras la Fiscalía había pedido tres años de cárcel a Cristina Cifuentes por falsificación de documento oficial.

El tercer indicio del ‘biscotto‘ es una pregunta escrita que registraron unos senadores del PP sobre los ingresos de Sánchez con su libro-tesis –éste el meollo del asunto por ser objeto de delito de plagio– y que luego ni siquiera se ha elevado al Ejecutivo con el argumento de que “no parece de la competencia del Gobierno”. Los letrados del Senado, en cambio, sí avalaron que la tesis era una cuestión de “interés general” para que se creara la Comisión de investigación, donde por cierto el PP incluyó en su plan de trabajo conocer esos ingresos de Sánchez a través de la editorial Delta Publicaciones. Para los artesanos del biscotto, bon appetit a tutti; para el resto de ciudadanos, buena jornada electoral el 28 de abril.

El Gobierno no es un instrumento electoralista
OKDIARIO 2 Marzo 2019

El cometido del Gobierno de España es legislar para todos los españoles y no instrumentalizar todos los recursos del Estado con fines electoralistas. Pedro Sánchez, que de manera constante no conoce la frontera que separa al Ejecutivo y al PSOE porque para él ambas cosas parecen ser lo mismo, está utilizando todas las redes sociales oficiales de los Ministerios para promocionar la huelga feminista del 8M. Y por este hecho no resultaba lo suficientemente impúdico, la formación de Ferraz, que aún no sabe si seguirá al frente del país por muy edulcorado que resulte el barómetro del CIS de Tezanos, ha aprovechado TVE –también al servicio del jefe del Ejecutivo– para emitir el vídeo de un joven doctorado de EEUU que tilda de “mequetrefe” a Pablo Casado.

Es inadmisible que el Gobierno, que debe velar por los intereses de todos los ciudadanos –sin distinción– esté usando los medios públicos a su alcance para la consecución de fines políticos. Un Ejecutivo no puede –ni debe– llamar a la paralización de un país entero, para eso ya están los sindicatos y los colectivos feministas, o usar la televisión pagada con el dinero de todos para insultar a su oponente político con el único objetivo de conseguir un puñado de votos de cara al 28-A. No obstante, la instrumentalización de las herramientas públicas es una constante en Sánchez. Recuérdese, y no se trata de un hecho baladí, que el socialista utilizó con descaro el atril del Palacio de la Moncloa para dar un verdadero mitin político y activar la precampaña electoral, aún sin haber anunciado la disolución de las Cortes Generales y la fecha definitiva de los comicios.

El PSOE, qué duda cabe, tiene plena libertad para ser el abanderado del feminismo y la igualdad, para secundar la huelga feminista del 8M si es su deseo y para endurecer las premisas de su estrategia política elevando el tono contra el resto de formaciones políticas para intentar ganar el 28-A. Pero, lo que no debe olvidar Sánchez, y a tenor de los hechos parece haberlo olvidado, es que los recursos del Estado pertenecen a los 48 millones de españoles que forman España, sean o no sean votantes del PSOE, vayan o no vayan a secundar la huelga de la próxima semana con motivo del 8M.

El agujero de Andalucía, espejo para España
Daniel Lacalle elespanol 2 Marzo 2019

“We broke broke broke, we ain’t got it, don’t spend no money”, Kanye West.

Acaba de publicarse el índice manufacturero de febrero para España. El peor dato desde hace más de tres años, y ya en zona de contracción. A ese dato negativo se han añadido los ya mencionados en esta columna de caída de la producción industrial, de la confianza del consumidor y la tendencia económica.

Ante la ralentización, el Gobierno sigue financiando la mayor campaña electoral de la historia pagada contra Presupuestos, aumentando el gasto corriente y consolidable en hasta 2.300 millones de euros, como si no pasase nada. A eso lo llaman “viernes sociales”, pero son “viernes antisociales”, porque no hay nada más dañino que destruir el potencial de la economía para pagar favores de moción de censura y campañas electorales.

Algún día el votante se dará cuenta de que los excesos de gasto de hoy son los que crean la crisis de mañana. No son un regalo, son una hipoteca.

Nadie se puede llamar a engaño. El Gobierno de Sánchez se ha propuesto aumentar al máximo los desequilibrios para dejar las cuentas arrasadas pase lo que pase en las elecciones. Si gana, porque subirá masivamente los impuestos a todos los ciudadanos y familias sin dudarlo, utilizando la falacia de los impuestos “a los ricos” que siempre paga usted. Y si pierde, porque se lo ha gastado ya.

Exactamente lo que ha pasado en Andalucía.

La nueva Administración empieza a sacar a la luz los agujeros dejados por el Gobierno socialista y son alucinantes.

Cuando les digan que no se pueden bajar impuestos porque se reduce el Estado de bienestar, recuerden estas cifras del expolio a costa del contribuyente:

-La Administración paralela de la Junta cuesta más de 6.000 millones de euros anuales y su tamaño ha crecido más de un 20% desde la crisis.

-En un mes ya se han eliminado 84 consorcios UTEDLT (“Unidades Territoriales De Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico”, para poner nombres son unos linces) que no tenían ninguna –NINGUNA- actividad. Se ha eliminado el Consorcio Guadalquivir, también sin actividad. Sólo se ha constatado un acto de presentación que costó más de 250.000 euros. Se ha eliminado la Fundación Mediara, dedicada a la “mediación en la jurisdicción laboral, penal y civil”. Sólo ha analizado 1.000 expedientes de un total de 1,2 millones desde 2009. Tenía un presupuesto de 200.000 euros. Se están auditando 12 agencias públicas “empresariales” sin actividad clara.

-El Gobierno saliente había comprometido más de 2.900 millones de euros en gasto sin respaldo presupuestario. En Fomento, se ha cuantificado en 1.028 millones de euros la deuda existente en las tres agencias públicas que dependen de esta Consejería. La Agencia de Obra Pública tiene 565,2 millones de deuda, 396,6 millones con entidades financieras y 168,5 millones de deuda por sentencias sin cobertura presupuestaria. La Agencia de Vivienda tiene una deuda a 31 de diciembre de 2018 de 378 millones de euros, a los que hay que sumar 65 millones con el Fondo de Liquidez Autonómica. El total es de 443 millones de euros. La Agencia de Puertos afronta una deuda de 14,9 millones de euros.

-El grado de ejecución en Andalucía de los fondos europeos del periodo 2014-2020 solo ha alcanzado el 19,78%. Menos del 20%.

-El déficit en Sanidad es de 1.700 millones, el déficit en Educación de 1.200 millones y 1.028 millones de deudas en las agencias de viviendas, obras públicas y puertos. Más agujeros.

No es difícil llegar a la conclusión de que el 100% del Presupuesto de 2019 ya está dilapidado y con compromisos de gasto ya incurridos por encima de lo aprobado en Presupuestos.

Esto es lo que sale a la luz tras un mes de nuevo gobierno. Veremos en las próximas semanas.

No hay política más antisocial que esta. El exceso constante en burocracia y luego quejarse de que “recaudamos poco” y que gastamos poco. Llevar al país a una crisis “con mucha dignidad” y luego quejarse de los recortes tras el desastre que crean.

¿Lo más inquietante? El 20 de octubre de 2018, Pedro Sánchez afirmaba en Sevilla: "Sois el espejo en el que nos miramos los socialistas de España". Y ese modelo es lo que pretenden imponer en España de nuevo.

Nada de esto es política social ni Estado de bienestar. No es socialdemocracia. Es peronismo a la española, lo que ha llevado a mi querida Argentina al desastre. Es la receta de la próxima crisis.

Decretazos electorales
 larazon 2 Marzo 2019

Que Pedro Sánchez iba a gobernar en precario, pocos lo dudaban. Que lo hiciera a golpe de decretos, ya nos lo anunció sin el menor rubor al comprobar él mismo su absoluta minoría.

El decreto es un recurso legislativo que se emplea por razones de urgencia –aunque luego deba convalidarse en el Congreso en el menor tiempo posible; un mes es lo prescrito–, pero siempre por ser un «caso de extraordinaria y urgente necesidad», como indica la Constitución en su artículo 86. Otra cosa es utilizar esta prerrogativa de forma abusiva motivado por la minoría política en la que se encuentra el Gobierno, como es el caso, obligado a convocar elecciones por no conseguir el apoyo de sus socios para aprobar los Presupuestos, según el motivo oficial esgrimido.

El pasado 16 de noviembre, el presidente del Gobierno advirtió de que si no encontraba respaldo para sacar adelante las cuentas «nos iremos a modificaciones de reales decretos de los presupuestos heredados de la época de Rajoy». Es decir, decretos a cargo de partidas inexistentes. Es cierto que todavía no se habían celebrado las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, la pérdida de la Junta y la única lectura posible del resultado: el electorado socialista castiga el «diálogo» con los independentistas.

Si bien es el propio gobierno quien decide cuando existe una «urgente necesidad», es evidente que en la batería de decretos aprobados ayer, a unos días de la disolución de las Cortes –el martes 5– y antes de la celebración de los comicios del próximo 28 de abril, hay una clara intencionalidad electoralista. Lo que el Gobierno no ha sido capaz de legislar en nueve meses lo quiere hacer con el calendario electoral deshojándose, dado, por un lado, lo improvisado de su moción de censura y la falta de programa y, por otro, su precaria mayoría dependiente de los partidos independentistas, cuya misión no es precisamente la de gobernabilidad.

No hay ningún motivo para que los tres decretos aprobados ayer no hubiesen sido presentados antes en el Congreso, cuando, además, no están reflejados en los Presupuestos. El primero, el que se refiere a las medidas en materia de vivienda y alquiler había sido tumbado anteriormente por Unidos Podemos, socio principal del Gobierno. El segundo, sobre igualdad salarial entre hombre y mujeres, que incluye la ampliación progresiva del permiso de paternidad, podría haberse debatido en sede parlamentaria, siendo un tema en el que hay más consenso que lo que el sectarismo gubernamental está interesado difundir, aunque está claro que la celebración la semana próxima del Día de la Mujer, el 8-M, es realmente tentador electoralmente. El tercero, referido a los planes de contingencia para el caso de un Brexit duro, en el supuesto de que se produzca, es un tema que hubiese requerido la participación de la oposición a pesar de que son medidas de límite temporal y unilaterales.

En definitiva, Sánchez ha vuelto a hacer un uso patrimonial –de su propia imagen y de su partido– del Consejo de Ministros, un hecho que el líder del PP, Pablo Casado, ha definido de «escandaloso», ya que es una anormalidad que el Gobierno apruebe decretos con las Cortes disueltas y, en todo caso, use electoralmente la Diputación Permanente, algo inédito hasta ahora. El final de la legislatura podría haber sido más honroso para la labor de las cámaras, pero desde la constitución de este Gobierno con un pacto con los independentistas hacía inviable una labor más positiva. Era evidente que con 84 diputados no se puede gobernar, incluso más allá de una ambición desmedida. El uso abusivo del decreto tiene el riesgo de que las Cortes pierdan su papel de control. Si, además, hay un uso electoralista, se está produciendo un daño que ningún régimen parlamentario serio puede soportar.

Aquí ya todo vale
Plantar un logo republicano en los correos de la diplomacia española es inadmisible
Luis Ventoso ABC 2 Marzo 2019

Hay fábulas que resultan tan ridículas, tan imposibles, que no tiene sentido ni planteárselas. Por ejemplo: ¿Se imaginan que un presidente de EE.UU. ordenase que la bandera confederada apareciese en todos los correos de sus diplomáticos a fin de conmemorar la batalla de Gettiysburg, la gran derrota sureña en la guerra civil? ¿Sería concebible que los embajadores y cónsules de la V República Francesa fuesen forzados a poner a pie de sus mensajes electrónicos un símbolo del Gobierno de Vichy? Parecería un disparate completo, algo inimaginable. En sus comunicaciones oficiales de Estado, y muy especialmente en las de la diplomacia, los países normales solo utilizan la bandera nacional y los símbolos y escudos constitucionales.

Pero estamos en la España de Sánchez, donde ya nada importa plegar lo institucional a los intereses partidistas del Ejecutivo. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha ordenado a nuestro cuerpo diplomático que en la rúbrica de sus comunicaciones -cartas, correos electrónicos- se incorpore un símbolo que conmemora los «80 años del exilio republicano». El logo lleva los colores de la bandera de la Segunda República. El resultado final es que los mails de nuestros embajadores lucirán en su pie la bandera europea y la bandera constitucional de España, y a su lado, los colores de la II República.

La intensa campaña de manipulación de la opinión pública que ha lanzado el sanchecismo, que lo primero que hizo fue convertir a TVE y al CIS en arietes del PSOE y del pensamiento único progresista, está siendo tan intensa que las tragaderas de la ciudadanía se han ensanchado. Todo vale y nada importa. Los mayores abusos comienzan a pasar desapercibidos, envueltos en la vaselina de una atosigante propaganda oficialista. Así que es posible que muchas personas consideren «normal» lo de plantar un logo republicano en la correspondencia de nuestra diplomacia. No lo es. Supone un extraordinario abuso, e incluso puede constituir una ilegalidad. La bandera republicana no es un símbolo constitucional. De hecho representa la antítesis del marco legal sobre el que hoy se asienta el Reino de España. Servidores públicos leales a España; al Jefe del Estado, Felipe VI, y a la Constitución de 1978 van a ser forzados por Sánchez a violentar sus obligaciones de altos funcionarios españoles y sus conciencias para incorporar en sus cartas una simbología alusiva al régimen republicano de comienzos del siglo XX (que además resultó en su momento un dramático fracaso en todos los órdenes). Es la penúltima felonía de un Sánchez que en el libro de memorias que le ha escrito una secretaria de Estado tiene el cinismo de ufanarse de su supuesta complicidad con el Rey. Con amigos así...

Si ese logo acaba siendo obligatorio en las cartas de nuestros diplomáticos simbolizará la erosión que están sufriendo los pilares de nuestra democracia.

La investigación de la tesis ‘fake’ concluye que Sánchez usó recursos públicos para defenderse de OKDIARIO
Carlos Cuesta okdiario  2 Marzo 2019

La Comisión de Investigación del Senado constituida para investigar la tesis falsa de Pedro Sánchez no está dispuesta a que el parón por el adelanto electoral haga fracasar su trabajo: no sólo pretende continuar con su labor sino que, además, ha elaborado ya las conclusiones iniciales de las principales irregularidades detectadas. Y entre ellas se encuentra una dura acusación: la de que Pedro Sánchez usó fondos y recursos públicos para defenderse desde La Moncloa de las informaciones publicadas por OKDIARIO esos días desvelando la falsedad de su doctorado ‘cum laude’.

Hay que recordar que Pedro Sánchez -tal y como adelantó OKDIARIO- usó un ‘negro’ –Carlos Ocaña, jefe de Gabinete del Ministerio de Industria- para elaborar su tesis; plagió discursos, informes y trabajos oficiales o de otros autores en su tesis; y además se benefició de un tribunal plagado de anomalías.

El documento de la Comisión de Investigación del Senado al que ha tenido acceso OKDIARIO confirma que “D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha mentido o ha hecho mentir a otros sobre el porcentaje de plagio [de la tesis] utilizando recursos públicos, ya que se ha utilizado la página del Ministerio de Presidencia desde Moncloa para publicar los resultados de informes antiplagio falsos y/o inexistentes que arrojaban conclusiones más favorables sobre el porcentaje de plagio de la tesis doctoral”.

De hecho estos informes no sólo tuvieron que ser enmendados por una de las empresas antiplagio, sino que, en comunicaciones posteriores de su Portal de Transparencia, “el propio Ministerio de Presidencia reconoce que dichos informes no existían y que fueron aportados de forma personal por el afectado”.

La demanda que no llega
Además, las conclusiones iniciales de la Comisión señalan que “D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha dado por válidas, indirectamente, un porcentaje muy alto de las críticas realizadas desde la prensa sobre el plagio y falta de autoría de su tesis doctoral”. La afirmación hace referencia precisamente a la amenaza de acciones legales contra OKDIARIO por la publicación de la falsedad de la tesis del presidente.

“Así se desprende de la siguiente situación: Ante las críticas vertidas desde la prensa en relación con el potencial plagio de la tesis doctoral, D. Pedro Sánchez amenaza con querellarse a los medios de comunicación ABC, El Mundo y OKDIARIO. Éstos reciben un burofax a título personal del presidente del gobierno el 14 de septiembre de 2019 en el que expresa su reserva para ejercer cuantas acciones correspondan en caso de no rectificación de determinadas informaciones. Los medios de comunicación respondieron que no rectificarían la información, a la que daban por válida y D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón no ha llegado a ejercer sus derechos”.

Adicionalmente, “dado que en el burofax solo se exigía la rectificación de datos muy concretos, los medios de comunicación han interpretado que el propio Pedro Sánchez Pérez-Castejón da por válida el resto de información publicada en la que se hacía referencia al plagio y posible co-autoría de la tesis doctoral”.

Hay que recordar que, de hecho, OKDIARIO fue el primer medio que publicó la tesis y que desveló la existencia del ‘negro’. Y pese a la amenaza de acciones legales, esas informaciones en concreto nunca fueron ni tan siquiera barajadas por el presidente como potencialmente querellables.
Además, señalan la conclusiones, “D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón mostró sus dudas ante su propia tesis doctoral en junio de 2018 al borrarla de los méritos que formaban parte de su cv, disponible en la página web del PSOE”.

La comisión del Tesisgate detecta irregularidades en el tribunal de la tesis ‘fake’ de Sánchez
Carlos Cuesta okdiario 2 Marzo 2019

El PP no renuncia a cerrar en falso la Comisión de Investigación por la tesis ‘fake’ de Pedro Sánchez y ha elaborado ya las conclusiones de las irregularidades detectadas. El presidente del Gobierno -tal y como adelantó OKDIARIO- usó un ‘negro’ para elaborar su tesis. Su nombre era Carlos Ocaña -jefe de gabinete del ministro de Industria Miguel Sebastián-. Además, plagió discursos, informes y hasta trabajos oficiales o de otros autores en su tesis.

Pero, además de todas esas irregularidades, Sánchez contó con un tribunal plagado de anomalías que el PP ha confirmado con su investigación y que ha decidido plasmar en un documento en el que exige la inmediata aclaración por parte del presidente del Gobierno ante la evidencia del fraude que implica.

El documento que contiene todas estas irregularidades, y al que ha tenido acceso OKDIARIO, engloba este apartado bajo el nombre “irregularidades en relación con la falta de idoneidad en la composición del tribunal”. Y entre ellas detecta un interminable número de anomalías clamorosas: “No participa ningún catedrático. Ningún miembro destaca por tener una trayectoria investigadora reconocida con lo que no se cumple el requisito de contar con experiencia investigadora reconocida. Hay miembros del tribunal recién doctorados. Algún miembro del tribunal es coautor de uno de los trabajos previos publicados por D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Esos trabajos se incorporan casi literalmente en la tesis sin ser citados ni referenciados”, destaca la enumeración.

Además, hubo “exceso de miembros del tribunal pertenecientes o relacionados” con la Universidad; “probablemente hubo un exceso de participación de los miembros suplentes, lo que despierta sospechas razonables sobre las razones que llevaron a los miembros titulares a no participar en el acto de defensa de la tesis doctoral”, y, por si fuera poco, se detectaron “irregularidades en la adaptación del proceso de defensa y publicación a la normativa universitaria, como se deriva que la documentación presentada por la UCJC no considere la disposición transitoria primera del RD99/2011”.

Hay que recordar que OKDIARIO adelantó que “el tribunal de la tesis de Pedro Sánchez se trampeó para incluir a profesores amigos sin experiencia investigadora. La ley exige este requisito sin concretarlo, pero en el caso del tribual de Sánchez lo cierto es que es imposible acreditar prácticamente ninguna experiencia porque muchos eran miembros recién doctorados.

Un tribunal sin experiencia
Ni tenía esa experiencia la directora de la tesis, ni la tenían más de la mitad de los miembros del tribunal. Lo que sí tenían, eso sí, es cercanía plena a la universidad, a Sánchez o a la propia directora de la tesis. “Experiencia investigadora acreditada”, esa es la exigencia para que el tribunal sea independiente, exigente y profesional. Y eso es justo lo que se burló en el tribunal de tesis de Sánchez. Porque era preferible meter a miembros del tribunal dispuestos a conceder cum laude a algo que ni tan siquiera parece una tesis y que es un compendio de informes oficiales del Ministerio de Industria.

El Real Decreto 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales señala claramente los requisitos: “Artículo 21. La tesis doctoral. 3. Para la elaboración de la tesis doctoral, la Universidad asignará al doctorando un director, que será un doctor con experiencia investigadora acreditada”.

En su punto 5, el mismo artículo añade más: “El tribunal que evalúe la tesis doctoral se compondrá de acuerdo con las normas que establezca la universidad. Todos los miembros deberán tener el título de doctor y experiencia investigadora acreditada”.

El Real Decreto 99/2011 específico de enseñanzas oficiales de doctorado refuerza el requisito: “Artículo 14. 2. La totalidad de los miembros que integren el tribunal deberán estar en posesión del título de Doctor y contar con experiencia investigadora acreditada”.

Incluso las normas internas de la universidad emitidas un año después constataron lo que de facto se exigía ya en la Universidad. En su artículo 28 señalan que, para la composición del tribunal de la tesis, “la Comisión Académica facilitará un listado de 8-9 posibles miembros, todos ellos doctores con experiencia investigadora acreditada, de los que se seleccionarán los 5 miembros titulares y los 2 suplentes del tribunal”. ?La inmensa mayoría de universidades españolas han concretado esta experiencia investigadora acreditada en un sexenio.

Y, pese a esas exigencias, dos de los vocales, Juan Padilla Fernández-Vega y Alejandro Blanco Fernández, se doctoraron prácticamente sólo un año antes que la persona a la que iban a examinar: Pedro Sánchez. Ambos se doctoraron en septiembre y junio de 2011, respectivamente. Es más, tanto Padilla como Blanco contaron como jefa de tesis con la misma directora de Sánchez, Isabel Cepeda. Y, ambos, nueva casualidad, se doctoraron en la misma universidad: la Camilo José Cela. Y ni Padilla ni Blanco Fernández tenían, ni podían tener, una gran experiencia investigadora con esa antigüedad.

El último atropello de Calvo con la excusa de la igualdad
EDITORIAL Libertad Digital 2 Marzo 2019

El feminismo del PSOE es otro gran cuento ideológico para ganar votos a base de problemas inventados o, como mínimo, desvirtuados y exagerados.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha arrancado este viernes su particular campaña electoral a cuenta del bolsillo de todos los contribuyentes haciendo un uso abusivo e ilegítimo del decreto ley en el último Consejo de Ministros ordinario de la presente legislatura, previa disolución de las Cortes. Y aprovechando que la manifestación femicomunista del próximo 8 de marzo está a la vuelta de la esquina, el PSOE no ha dudado en aprobar un nuevo atropello de libertades, tanto a nivel de empresa como de familia, con la excusa de la manida igualdad de género para sacar el consabido rédito electoralista.

El plan en cuestión, centrado en el ámbito laboral y presentado a bombo y platillo por la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, dispara los permisos de paternidad a un total de 16 semanas para equipararlos de forma progresiva con los de la madre, pero fijando un plazo mínimo obligatorio de seis semanas tras el nacimiento para que los dos miembros de la pareja cuiden de su hijo a la vez. Es decir, el Estado obliga a los padres a dejar de trabajar por ley, lo cual, por mucho que se quiera revestir de buenismo, constituye un ataque directo a los derechos fundamentales del individuo. Los políticos están para administrar los asuntos públicos, no la vida privada de las personas, y aún menos para imponer vía decreto el reparto de tareas y horarios que estipule libremente cada familia en función de los deseos de uno u otro partido. La igualdad real entre hombres y mujeres que tan insistentemente persigue la izquierda no es más que pura ingeniería social, uno de los muchos reflejos del nefasto totalitarismo de antaño, cuya única finalidad es moldear las personas a imagen y semejanza de una determinada ideología política.

Al PSOE no le importa nada el bienestar de la madre, y aún menos del niño, sino transmitir esa ansiada imagen de igualdad de sexos mediante la imposición de una baja obligatoria por parte de ambos. Ni padre ni madre pueden trabajar, con independencia de lo que piensen o de sus particulares circunstancias. El Gobierno bien podría haber elevado a un total de 32 semanas el citado permiso y que los padres se lo repartieran como quisieran, pero no, aquí lo único que importa es la absurda y maniquea igualdad real que pretende imponer por la fuerza la ideología de género.

Y lo mismo se podría decir del resto de medidas que contiene el plan, empezando por la aberrante publicación de los sueldos de los trabajadores en función del sexo, lo cual atenta directamente contra la protección de datos y el principio esencial de la libre empresa. Sánchez aplica aquí la tan peligrosa y lesiva presunción de culpabilidad, de modo que todas las empresas son consideradas machistas hasta que se demuestre lo contrario, lo cual no solo resulta ridículo, sino que vulnera el más esencial sentido común. Si los empresarios pagaran menos a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, el paro femenino, simplemente, no existiría.

Pero es que, además, la propia Inspección Laboral reconoce que la discriminación laboral por razón de sexo es inexistente en España, por mucho que feministas y socialistas pretendan elevarla a categoría de epidemia estructural. Ni hay discriminación laboral ni hay brecha salarial. Hombres y mujeres cobran lo mismo a igual trabajo, como no puede ser de otra forma. De hecho, España, a diferencia de lo que vende el PSOE, es uno de los cinco mejores países del mundo para nacer mujer debido a su alto nivel de inclusión económica y laboral, protección legal, seguridad y, muy especialmente, ausencia de leyes discriminatorias. El feminismo del PSOE es otro gran cuento ideológico para ganar votos a base de problemas inventados o, como mínimo, desvirtuados y exagerados, sin importar el golpe que se le asesta de nuevo a derechos y libertades básicas.

Aprobada la denominada 'Ley de Memoria Democrática'
Asturias impone en los colegios una asignatura con la “verdad incontrovertible” de la guerra civil
Agustín de Grado okdiario 2 Marzo 2019

Asturias ya tiene su propia ley para imponer una "verdad histórica incontrovertible" sobre la guerra civil y el franquismo. Con los votos del PSOE, Podemos, IU y Ciudadanos, la normativa impondrá a los alumnos de la ESO y Bachillerato una nueva asignatura cuyo contenido será previamente destilado por un autodenominado ‘Consejo de la Memoria Democrática’ en el que no participarán historiadores.

Nuevo paso en el adoctrinamiento de los alumnos españoles en la ‘verdad’ institucionalizada sobre las páginas más controvertidas de la reciente historia de España: la II República, la guerra civil y el franquismo.

Asturias cuenta desde hoy con su propia ley de “Memoria democrática”. La norma ha salido adelante este viernes en el pleno de la Junta General del Principado con el voto de IU -que impulsó la iniciativa- PSOE, Podemos y Ciudadanos. PP y Foro votaron en contra por considerarla innecesaria y porque ven en ella un uso interesado de la historia que, más que propiciar la reconciliación, ahondará en la división de la sociedad.

A imagen y semejanza de otras leyes de memoria histórica impulsadas por la izquierda política en España, la norma asturiana crea una ‘comisión de la verdad’ (denominada en este caso Consejo de la Memoria Democrática) que estará integrada por partidos, políticos, las denominadas ‘entidades memorialistas’… pero en el que no figurarán, curiosamente, historiadores.

Por encima del Consejo estará el ‘Instituto de la Memoria Democrática’, que “desarrollará las funciones establecidas en la ley” y dependerá jerárquicamente de la Consejería del gobierno regional que se ocupe de la materia.

De tal forma que el contenido de lo que la ley denomina como “memoria democrática” estará en manos de políticos, que serán quienes determinen uno de los grandes objetivos de la ley, los alumnos asturianos, plasmado en una nueva asignatura: “La memoria democrática estará incluida en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, como elemento de fortalecimiento de los valores democráticos” (artículo 37).

Nueva asignatura
Por tanto, el gobierno asturiano procederá a “la actualización de los contenidos curriculares para ESO y Bachillerato en las áreas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, con el fin de garantizar que estos ofrezcan información veraz, extensa y actualizada sobre los acontecimientos del pasado vinculados a la memoria democrática del Principado de Asturias, incorporando los nuevos enfoques y resultados de la investigación historiográfica en los últimos años e incluyendo la perspectiva de género”.

Por si una nueva asignatura fuera poco, la ley insta a “la implementación de actividades extraescolares que refuercen suficientemente los contenidos curriculares, incluyendo la realización de visitas a rutas y lugares de memoria”.

¿Qué aprenderán los alumnos asturianos en sus colegios? La ley lo avanza en su preámbulo, donde se convierte en historiador y le basta un par de párrafos para resumir, y reducir a una cosa de buenos y malos, lo que define como “una verdad histórica incontrovertible”, por lo que se entiende que no incluya la necesidad de historiadores en ni el Consejo ni en el Instituto que controlarán los fines de la ley.

La ‘verdad incontrovertible’
¿Cómo llegó España a la guerra civil?. La ley asturiana lo explica en un párrafo, sin alusiones a la Constitución republicana, la persecución religiosa, el golpe revolucionario del 34 en Asturias precisamente o los fraudes electorales, entre otros factores coadyuvantes destacados por muchos historiadores: “El 18 de julio de 1936 se produjo un golpe militar contra el Gobierno de la República. Como consecuencia de su fracaso, y por la resistencia de defensores de la legalidad constitucional de la Segunda República española, se desencadenó la Guerra Civil, que en Asturias duró quince meses, y a la que siguió una Dictadura que impuso un largo y cruel período de represión, a consecuencia del cual centenares de miles de personas, entre ellas miles de asturianos, fueron víctimas de asesinato, torturas, encarcelamientos arbitrarios, detenciones ilegales y trabajos forzados. Esa es una verdad histórica incontrovertible”.

Y basta un segundo párrafo para describir qué propició a España el franquismo, sin alusión alguna al desarrollo económico, por ejemplo: “La represión durante el período bélico y en la posguerra fue de una dureza extrema: campos de concentración, batallones de trabajos forzados, encarcelamientos masivos, ejecuciones extrajudiciales, exilio, etcétera, fueron la tónica de la primera posguerra, junto con la resistencia, principalmente en los montes asturianos, de grupos guerrilleros republicanos hasta los años 50 del siglo XX. Desde los inicios del movimiento contra la legalidad republicana, los golpistas desencadenaron un auténtico baño de sangre que tenía por objeto la eliminación de aquellos a los que consideraban enemigos de España”.

Tres apuntes sobre el antisemitismo que viene
Bernard-Henri Lévy elespanol 2 Marzo 2019

En ningún momento he dicho, como afirma la grosera de la señora Le Pen, que el antisemitismo sea "el corazón" de los chalecos amarillos.

Pero, a una pregunta de Nikos Aliagas en Europe 1 en la que me comentaba que este se desarrollaba "en los márgenes" del movimiento, respondí: "No, en los márgenes no; va muy encaminado, por desgracia, a llegar a la cabeza y al corazón de este acontecimiento".

Dicho de otro modo, no todos los chalecos amarillos son antisemitas.

De la mayoría, de hecho, hasta que se demuestre lo contrario, hay que suponer que no lo son.

Y no habrá solamente que suponerlo, sino darlo por hecho el día que les digan a algunos de sus líderes como Éric Drouet, Maxime Nicolle u otros, que se revuelcan en el conspiracionismo: not in our name.

Pero algunos, en el corazón del movimiento, sí que lo son.

Hemos asistido a ese extraño fenómeno, que no llamaría de radicalización, sino de destilación del grupo que se está fusionando y que, ahora, está en proceso de evaporarse.

Un movimiento social: sí. Pero que, al pasar por el embudo de los quince sábados reveladores, ha visto aparecer este precipitado faccioso, lleno de odio y hostil a la República y sus símbolos, que agrede a los periodistas, homófobo, violento con las mujeres (véase, recientemente, lo que le ha sucedido a Ingrid Levavasseur) y, además, abiertamente antisemita.

Se reclamaba un referéndum de iniciativa ciudadana, pero en Montparnasse se oye "sucio sionista".

Y, la verdadera moratoria que los chalecos amarillos han conseguido no es tanto la de aquel impuesto, que si carbono sí o no, sino una de corte moral, la del rechazo al más antiguo de los odios.

Se creía ir contra los "poderosos", los "ricos", los "parlamentarios", pero, al final de esta espiral propia de la "ideología francesa", encontramos la figura que todo lo resume y que se entrega a la venganza y a los golpes.

En definitiva, se han caído las caretas.

Los patinazos son tan frecuentes que acaban por marcar el rumbo.

Y, la verdadera moratoria que los chalecos amarillos han conseguido no es tanto la de aquel impuesto, que si carbono sí o no, sino una de corte moral, la del rechazo al más antiguo de los odios.

Queríamos Rousseau… tenemos Doriot.

Ante eso, ante el retorno a una situación que ya nos es de sobra conocida por los tiempos del boulangismo y del caso Dreyfus, donde vimos antirrepublicanos de las dos orillas unirse alrededor de un programa común que es la condena a los judíos, la República se ha recuperado.

No fueron en las manifestaciones monstruosas en el cementerio judío de Carpentras y en la sinagoga de la calle Copérnico.

Sin duda, hubo algunas rencillas y ajustes de cuentas personales que empañaron las concentraciones.

Por no hablar del debate grotesco entre las personas a las que se había invitado deliberadamente y las que se invitó con la boca pequeña, oficialmente invitados o secretamente indeseados, sin hablar de aquellos para quienes la República es una cena de gala y quienes necesitarían invitación para acudir a reforzar el campo de la dignidad y el honor.

Pero, en lo esencial, las fuerzas vivas del país estaban ahí.

Llamaron, a una sola voz, a manifestarse en contra de las cruces gamadas que ensucian nuestros cementerios, asesinan el diálogo nacional y ultrajan a los héroes como a los mártires.

Esa fue la ocasión de un hermoso abrazo republicano entre demócratas de izquierda y de derecha, unidos en sus diferencias, los que creen en el cielo y los que no.

Yo estaba en Estados Unidos.

Pero sentí que París compartía una misma emoción que imperaba entre las masas congregadas un día de julio, cuando presentaron sus respetos a Simone y a Antoine Veil al ser trasladados al Panteón.

Esa es la razón por la que, ante la pregunta recurrente que se me plantea: "¿Ha llegado el momento de que los judíos abandonen Francia y Europa?", sigo respondiendo, "¡No! ¡Ni muchísimo menos! Ahora, más que nunca, es momento de resistir y no abandonar el campo de batalla y dejárselo a los canallas!".

Estaría bien ver cómo dejan este país, que los judíos han ayudado a construir, en manos de estos bandidos iletrados que, al contrario que las "élites" contra las que cargan, solo se han molestado en nacer.

Aún queda la cuestión de los medios de los que disponemos para bloquear esa marea negra.

El antisemitismo, en otros términos, será antisionista o no será.

Al menos por el momento, no soy partidario de recurrir al poder legislativo. Ni tampoco estaba a favor de una nueva ley que asimilase antisionismo con antisemitismo; y no porque crea que la comparación carece de fundamentos. De hecho, llevo décadas hablando de ella.

Llevo exactamente cuarenta años predicando, a menudo en el desierto, que no solo es necesario decir "el antisionismo es una cara del antisemitismo", sino "ese antisemitismo, como la hidra de la leyenda, nunca muere, siempre policéfalo, no paran de crecerle nuevas cabezas, por lo que, hoy en día, si quiere encender un gran número de almas, tiene que convertirse en antisionista; el antisemitismo, en otros términos, será antisionista o no será".

En resumidas cuentas, no creo que este asunto pase por la ley.

En este mundo en que los judíos, sus amigos y los amigos de la democracia, han de ser, a la vez, Aquiles y Ulises, fuertes y sutiles, ansiosos de devolver cada golpe, pero, a su vez, de forjar alianzas fuertes y auténticas, aún estamos a tiempo de hablar, presentar alegaciones y convencer.

Entretanto, estamos en noviembre de 1899, en el momento en que los partidarios de Dreyfus, a punto de ganar, se reunían en la plaza de la Nación para ese bello momento de fraternidad y rechazo a lo peor que fue la inauguración de la estatua broncínea de "El triunfo de la República", del escultor Jules Dalou.

Francia está en un momento decisivo.

Ganará… y yo volveré.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Ahora necesitan un dictador
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 2 Marzo 2019

El 28-A se votará no solo por la unidad de la España constitucional, sino también contra la dictadura en una Cataluña secuestrada por la camarilla golpista.

Antes de que el hartazgo de tirios y troyanos pusiera fin a la canonjía del inservible Pedro Sánchez en la poltrona (o el colchón) presidencial, escribí (LD, 15/2) que este traficante de soberanías se había confabulado, al margen de la ley, con los okupantes de Cataluña para designar un mediador, con funciones de alcahuete, que supervisaría las negociaciones de entrega de la mayoría social catalana, amordazada y maniatada, a sus explotadores, como si de un cargamento de esclavas sexuales sin papeles se tratara.
Reiteración del delito

Fracasada la tentativa de proxenetismo político, los supremacistas ensayan dos tácticas para completar la operación que quedó trunca.

Por un lado, están los enjuiciados que se burlan simultáneamente de la justicia y de sus propios seguidores, aduciendo que, sin renunciar a sus convicciones secesionistas, en el curso del conflicto se ciñeron a la ley y que las declaraciones de ruptura unilateral no fueron más que un estimulante retórico utilizado para sostener la fe y el fervor de las masas. No agregaron "incautas" para no estropear el efecto, pero se sobreentendió. Lo corrobora Lola García ("Conclusiones sobre el juicio", LV, 24/2):

Todos los que fueron preguntados al respecto reconocieron sin ambages que la DUI fue un mero gesto, una resolución parlamentaria que no se votó, que no se publicó y que el Govern no aplicó porque no había nada preparado para el día después.

Por otro lado, hubo reos, como Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Cuixart, que transformaron el tribunal en tribuna para pronunciar arengas inflamatorias en las que convertían lo que sus camaradas ya habían mostrado como un farol para engañar bobos, en una Ítaca digna de los mayores sacrificios, incluida una larga estancia en la cárcel. La contumacia jactanciosa de estos pirómanos justifica que el juez Llarena dictara la prisión preventiva para evitar la fuga y la reiteración del delito. Si el delito lo están reiterando aun presos, quién sabe en qué desafueros incurrirían si se hallasen en libertad. Y sería el colmo de la torpeza engrosar con otro pelotón de cobardes el contingente de renegados que ya se fugaron y se pasean por el mundo con documentos españoles difamando España.

Fuerza bruta y mano dura
¿Y ahora qué? Ahora necesitan entronizar un dictador. Un proceso totalitario encaminado a amputar cuatro provincias del territorio del que forman parte, el Reino de España, levantando una nueva frontera para cortar vínculos económicos, culturales, sociales y familiares en perjuicio de la inmensa mayoría de sus habitantes y contra la voluntad de estos, es algo que solo se puede hacer creando un Estado artificial, gobernado por la fuerza bruta y con mano dura, y enfrentado con el resto de Europa y el mundo civilizado. No exagero ni fabrico teorías conspirativas. Lo dice, con más sutileza pero idéntico criterio práctico, uno de los acompañantes más fieles de la cruzada identitaria. Escribió Francesc-Marc Álvaro con la rotundidad de los convencidos ("Silla vacía, nadie al timón", LV, 21/2):

El independentismo debe conjurar el peligro del día de la marmota y debe reescribir sus prioridades. Necesita dar con un timonel antes de que el timón se rompa.

El artículo tiene miga porque refleja un clima de descomposición que, a veces, quienes estamos en la orilla opuesta no alcanzamos a discernir y del que deberíamos extraer enseñanzas. Álvaro reprocha que en el puesto de mando del independentismo "no hay nadie al timón pero hay mucha gente de un lado para otro, haciendo no se sabe exactamente qué". Artur Mas, "que tenía un timón colgado en su despacho presidencial (…) quiso ser el timonel del procés, pero no disfrutó nunca de la confianza de sus socios, todo lo contrario". Tampoco Carles Puigdemont cumple con los requisitos:

A pesar de ser un independentista de toda la vida, no fue nunca percibido ni tratado como timonel único del proceso; el protagonismo del vicepresident Junqueras y el papel indispensable de los diez diputados cuperos pesaban demasiado.

Ni hablar de "liderazgos compartidos, circunstancia que algunos vendieron como el descubrimiento de la pólvora". Y el hecho de que el nombre de Quim Torra ni siquiera aparezca mencionado en la lista de aspirantes al puesto de timonel que cita Álvaro, confirma la toxicidad del testaferro racista y el desprecio al que se ha hecho acreedor incluso en las filas de su propia tropa.

La voz de alarma
¿El clamor por el timonel único encierra un eufemismo para ocultar que solo un dictador dueño del poder absoluto podría imponer obediencia en una repúblika malparida contra la voluntad de la mayoría social? ¿Sería posible implantar una dictadura en una Cataluña cercenada de España?

¡Sorpresa! Cataluña vivió sometida durante 23 años a una dictadura unipersonal. Lo diagnosticó Josep Tarradellas después de abandonar la presidencia. En una conversación con un grupo de periodistas que recogió el diario El País (2/11/1985), el patriarca dio la voz de alarma con dotes proféticas:

La gente se olvida de que en Cataluña gobierna la derecha, que hay una dictadura blanca muy peligrosa, que no fusila, que no mata, pero que dejará un lastre muy fuerte.

Hoy vivimos abrumados bajo el peso del lastre que dejó tras de sí aquella dictadura blanca. Si la Corona, las instituciones, la sociedad civil y los jueces no paran a tiempo a los caudillos que siguen usufructuando el poder -caudillos cuya zafiedad probablemente avergüenza al embaucador astuto que descubrió la ganga y la explotó junto con su familia durante veintitrés lucrativos años- la dictadura blanca puede degenerar en negra o roja.

El 28-A se votará no solo por la unidad de la España constitucional, sino también contra la dictadura en una Cataluña secuestrada por la camarilla golpista.

Las nueces de Arzalluz
JORGE BUSTOS El Mundo 2 Marzo 2019

Si a Monedero le fluyó un Orinoco por los lagrimales cuando Chávez palmó, Iglesias se ha licuado en condolencias por la marcha de "un dirigente de estatura política gigantesca" llamado Arzalluz. La fascinación del neomarxismo mesetario por el PNV es uno de los engendros más vistosos de nuestro zoo de malformaciones ideológicas. Uno se hace de izquierdas para luchar contra el privilegio de los ricos sostenido por la explotación de las clases trabajadoras y la excepción fiscal, que es exactamente lo que gracias al cupo viene haciendo el PNV desde la Transición. Privilegio que Arzalluz arrancó a los constituyentes con la preciosa cooperación de ETA. ¿Dices, Bustos, que la actual prosperidad de Euskadi, envidiable como una Dinamarca cantábrica, se debe en alguna medida a niños destripados por bombas, hombres desnucados a balazos y mujeres enviudadas tras el giro de una llave en el contacto del coche familiar? Sí: digo justo eso. Porque la violencia no solo es eficaz en política: es muy eficaz. Por eso Arzalluz les dijo a los polimilis que no se les ocurriera disolverse, que él negociaba mejor el Estatuto de Guernica con determinadas fotografías encima de la mesa. Eso es el PNV, queridos niños.

Hoy, colonizado hasta el último caserío, los tentáculos de la criatura del padre Xabier abrazan la imaginación de los leninistas amables que no confiesan su embeleso, salvo aquella vez en que a Iglesias le grabaron loando la perspicacia de ETA por rebelarse contra la continuación camuflada del franquismo que sería el régimen del 78. En la fantasía de un mitómano acneico de póster del Che, un rojo sin violencia no es más que un socialdemócrata chupatintas. La voladura de Carrero marca el clímax de esa libido criminal que palpita en la entrepierna del buen comunista. Pero Iglesias y los politólogos afines no admiran al PNV por su Dios y sus leyes viejas, por el racismo ridículo o el historicismo de boina calada, sino por la implacable retícula de su poder. El PNV ha establecido la identidad partido-patria propia de las sociedades totalitarias sin dejar de respetar formalmente las garantías democráticas. ¿Alguien concibe que la gaviota pepera fuera asumida por todos los madrileños? Así ocurrió con la ikurriña diseñada por Arana. La hegemonía se ha cumplido. Gramsci era vasco y no lo sabía.

Aitor Esteban es un profesional, cierto. Él viene a Madrid, le juran su prerrogativa feudal el PSOE o el PP y luego traiciona a quien convenga con los mismos escrúpulos con que los jeltzales se unieron a Mussolini en Santoña en 1937. "He conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe", se ufanó Arzalluz entonces como se mofó Aitor de la nación española mientras apuñalaba a Rajoy la tarde de la censura. Ha muerto sin arrepentirse de nada. Con las nueces en la mano.

Carta de la Asociación Hablamos Español a Pablo Casado
Gloria Lago. Presidente de la Asociación Hablamos Español  latribunadelpaisvasco.com 2 Marzo 2019

Estimado Sr. Pablo Casado, Presidente del Partido Popular:

Hemos recibido la *propuesta electoral* de su partido, encaminada a aliviar la restricción de *derechos lingüísticos* que padecemos las personas que preferimos usar el español, sobre todo los niños que tienen esta lengua como materna, en las *CCAA bilingües de España*.

Antes de enviarle nuestra respuesta, en la que señalaremos aspectos importantes que no recoge su propuesta, y en la que le pediremos que aclare algunos términos que resultan ambiguos, permítanos que le hagamos llegar la siguiente relación que recoge algunas de las discriminaciones que soportan los hispanohablantes en Galicia, la única Comunidad Autónoma bilingüe donde ustedes están gobernando.

1 En la enseñanza, el español está relegado a las asignaturas con menos interés lingüístico. En Primaria, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales se imparten en gallego y Matemáticas en español, y en ESO, solo Matemáticas, Tecnología, y Física y Química, son obligatorias en español.

2. El español está prohibido por Decreto en la administración educativa de Galicia. Boletines, notas, comunicaciones con padres y alumnos, cartelería, etc. Todo ha de estar solo en gallego. Esto es así hasta el extremo de que se está amenazando con expedientes a profesores por usarlo en las comunicaciones por escrito con sus compañeros.

3. En las actividades lúdicas de la Xunta dirigidas a niños y jóvenes solo se usa el gallego.

4. En los concursos para fomentar la creatividad en los jóvenes, está prohibido usar el español en todas sus especialidades.

5. Las ayudas para la publicación de tesis y trabajos de fin de grado solo existen para quienes usan el gallego.

6. Los edificios administrativos de la Xunta son un ejemplo de monolingüismo en gallego.

7. En las campañas informativas e institucionales de la Xunta solo se usa el gallego.

8. En las redes sociales de la Xunta solo se usa el gallego.

9?. En todas las intervenciones públicas en Galicia del gobierno gallego y del presidente de la Xunta solo se usa el gallego. Ningún diputado interviene en español en el Parlamento de Galicia.

La hipocresía de Ciudadanos en el parlamento europeo
Ramón Pérez-Maura ABC 2 Marzo 2019

Todavía quedan unas semanas para finiquitar legislatura en el Parlamento Europeo, pero todo indica que se va a llegar al final sin que Ciudadanos haya hecho lo necesario para expulsar del Grupo ALDE de la Eurocámara al eurodiputado del PDECat Ramón Tremosa. Es incomprensible que un partido que se dice constitucionalista y defensor de la unidad de España haya permitido la continuidad en su grupo parlamentario del único diputado de una formación que promueve la independencia de Cataluña y que se pasa las horas en Waterloo dando cariño al prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont i Casamajó. Una persona que por sí sola está colmada de méritos para ser expulsado del grupo. Por ejemplo, se le ha pillado reiteradamente mintiendo, entre otros casos al atribuirse falsos apoyos a la causa independentista de relevantes personalidades europeas. Pero quizá Ciudadanos esté contagiado por la nueva política de Pedro Sánchez que hace de la mentira un instrumento legítimo de gestión. Por algo no son pocos los que dudan de la palabra de Rivera de que no pactará con Sánchez después de las generales. Ambos tienen en común más de lo que parece.

Como ya hemos contado otras veces, Albert Rivera disimuló esta situación el pasado noviembre cuando se celebró en Madrid el Congreso del Partido ALDE -que es diferente del Grupo Parlamentario ALDE. Donde hay dinero es en el Grupo parlamentario, que es donde se reparte. En el partido hay que contribuir, no se recibe. Pues bien, los de Ciudadanos han tenido hasta ahora la amabilidad de echar al PDECat del Partido, pero lo han mantenido en el Grupo Parlamentario. Ingresan y no contribuyen. El escenario soñado.

No solamente eso, el eurodiputado Tremosa sigue siendo el coordinador de Economía del Grupo ALDE, lo que le da una tribuna de enorme importancia. El Grupo ALDE está encabezado por el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt, que es en esta elección el candidato del ALDE a presidir la Comisión Europea. A Verhofstadt lo único que le importa es tener el mayor número posible de miembros en su grupo, y si eso genera incongruencias ideológicas tampoco le parece que tenga mayor importancia. Lo que sorprende es que a Rivera le preocupe tanto tener que gobernar en Andalucía con el apoyo de Vox y no le importe estar aliado al PDECat en Estrasburgo. Porque lo menos que cabría esperar sería el que a lo largo de estos años hubiera intentado expulsarlo del grupo. Pero no hay constancia de ello. Mientras que sí la hay de los reiterados intentos de otro diputado del grupo, el español Enrique Calvet Chambón, que fue elegido en las filas de UPyD y hoy continúa en el grupo como independiente y con una labor de control efectiva al independentismo catalán. Como se demostró cuando denunció que en la oficina de las instituciones europeas todo estaba rotulado en catalán -que no es un idioma oficial de la UE- y nada en castellano -que sí lo es. El abuso idiomático fue corregido.

Yo no sé si en el último minuto del partido Rivera pedirá a Verhofstadt la expulsión del PDECat para emplear la foto en la campaña electoral. Lo que sí sé es que a lo largo de los últimos cinco años han consentido con esta situación que es mucho más grave para España que el auge de Vox en Andalucía.
 


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