AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 6  Marzo 2019

Sánchez ha arrasado casi 120.000 empleos desde su llegada a Moncloa
ESdiario  6 Marzo 2019

En menos de un año de mandato, el Gobierno que preside ha dejado a 130.000 personas más en las listas del paro, rompiendo la tendencia a la baja.

El paso de Pedro Sánchez por el Gobierno se ha dejado notar en el empleo. Pero para mal. El mismo día en el que el presidente del Ejecutivo ha rubricado el decreto de disolución de las Cortes, el Servicio Público de Empleo Estatal ha dado a conocer los datos de pero de febrero. El número de parados registrados aumentó en 3.279 personas respecto al mes anterior, hasta los 3.289.040 desempleados, siendo el peor dato en un segundo mes del año desde 2013.

Esta cifra de desempleo frena en seco la tendencia a la baja del paro. De hecho, Pedro Sánchez deja más desempleados en España que los que encontró cuando alcanzó La Moncloa tras desbancar a Mariano Rajoy en la moción de censura del 1 de junio. Ese mes, nuestro país contaba 3.162.162 parados. Ahora, son 3.289.040. Es decir, 126.878 parados más.

El paro sube en febrero como nunca en 6 años
Los datos de afiliación a la seguridad social tampoco son buenos. En estos ocho meses de gobierno socialista, el número de trabajadores que cotizan también ha bajado. En junio, la cifra de cotizantes era de 19.006.990. En febrero de 2019, el dato total es de 18.888.472. Es decir, España ha destruido 118.518 puestos de trabajo en menos de un año.

Más datos confirman el negativo impacto económico de la corta pero intensa gestión de Sánchez. El descenso de contratos fijos, la subida del 2.6% de la deuda en diciembre hasta sobrepasar el 1.1 billones o el enfriamiento de las exportaciones y la actividad industrial son otros fenómenos coincidentes con el Gobierno del PSOE.

El PIB, reflejo del panorama general, cerró el último ejercicio completo, el de 2018, con un retroceso de tres décimas con arreglo a las previsiones del Gobierno de Rajoy, limitando con Sánchez su crecimiento a solo un 2.5%.

Sánchez pervierte la precampaña
Editorial ABC  6 Marzo 2019

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está incurriendo en una práctica electoralista obscena e inédita en España. Su decisión de utilizar el periodo previo a las elecciones para aprobar decretos propagandísticos y comprometedores del déficit público solo tienen la finalidad de utilizar el Consejo de Ministros como si fuera una sucursal de Ferraz y, lo que es peor, con el dinero de todos los españoles. Sánchez está haciendo campaña a favor del PSOE con pólvora del rey, y tiene toda la lógica que la oposición esté cuestionando esta práctica de tintes antidemocráticos y lo denuncie ante la Junta Electoral. Las últimas semanas de Sánchez en La Moncloa recuerdan a los últimos meses del Gobierno de Zapatero, aunque es cierto que el expresidente socialista no se atrevió a tanto como pervertir el sentido excepcional de los decretos, su utilidad pública y su carácter de urgencia. Sánchez ha dado una vuelta de tuerca a la capacidad legislativa del Estado a favor del PSOE con un sentido patrimonialista y abusivo de la presidencia del Gobierno. Hay que recordar que Zapatero aprobó los llamados «cheques bebé» o el «Plan E» de obra pública para que después Europa amenazase a España con el famoso «rescate» financiero y le obligase a congelar las pensiones por primera vez en nuestra historia, o a bajar el 5 por ciento del sueldo a los funcionarios. El despilfarro electoralista, como la ideologización sectaria del interés público a través de la memoria histórica, el feminismo mal entendido o las cesiones al nacionalismo, tienen consecuencias.

Más allá del debate jurídico sobre la legalidad o no de las medidas de Sánchez una vez disuelto el Parlamento, sus «viernes sociales» van a ser dudosamente legítimos. Los datos son que Sánchez concurrirá a las urnas con 126.000 parados más que cuando entró en el Gobierno, que su gestión ha ralentizado nuestra economía, y que la aprobación del alza del salario mínimo interprofesional está afectando a la creación de empleo. Además, a Zapatero no le salió bien la jugada: el PP ganó por mayoría absoluta porque la ciudadanía creyó en algo más que la propaganda electoralista. Sánchez no debería argüir como excusa para aprobar sus decretos el hecho de que la mayoría «derechista» de la Mesa del Congreso haya paralizado decenas de iniciativas legislativas. La mayoría de esa Mesa se correspondía con lo que votaron los españoles en 2016, y obviar ese dato es manipular la realidad. Lo que pretende Sánchez, por legal que sea, es saltarse los mecanismos legítimos de selección de proyectos legislativos que quisieron los españoles en las urnas. No deja de ser una trampa más de las muchas a las que nos ha acostumbrado Sánchez en busca de subterfugios para tratar de ganar las elecciones.

No en mi nombre
Rocío Monasterio okdiario  6 Marzo 2019

La huelga convocada para el próximo 8 de marzo por la Comisión 8M no celebra el Día Internacional de la Mujer. Se trata de un entramado más de la izquierda para promover el marxismo cultural como paso previo para alcanzar el poder. Ante la negativa de las clases obreras a embarcarse en la “lucha de clases”, la izquierda se inventó nuevas víctimas. Y cuando existían, las politizaban haciendo uso del dolor ajeno. Porque cuando la izquierda habla de “empoderar” a determinadas víctimas, lo que realmente hace es empoderarse a sí misma. Ya sucedió con las clases obreras y estas les mostraron el camino de salida –cuando no les combatieron– al preferir el sistema de libertades y derechos que ponía el centro de las políticas en la dignidad de la persona a aquellas arengas que no encubrían otra cosa que el totalitarismo.

Las víctimas sólo desaparecen cuando hablamos el lenguaje impuesto por ellos y cuando estos están en el poder –recuérdese aquello del socialista Largo Caballero: “Con nosotros, cuando se quiera; sin nosotros, ni un paso”–. Si, además, se avecina periodo electoral, las autodenominadas feministas crearán más y más víctimas. Pero ahí no acaba la propaganda. También pretenden homogeneizarnos a todas las mujeres a la vez que presentan a los hombres como los causantes de todos sus males. No quieren mujeres libres, quieren mujeres sumisas al credo sectario e identitario de sus ideologías. Se han arrogado la portavocía de todas las mujeres sin ser elegidas ni nada parecido, lo cual se asemeja más al ejercicio del tirano que habla en nombre del pueblo porque el pueblo no tiene representantes que hablen por ellos.

La neomarxista Comisión 8 M afirma sin ningún tipo de vergüenza que “nos convocamos todas, como hicieron nuestras antecesoras, para quebrantar los privilegios de una sociedad patriarcal y capitalista, racista y heteronormativa”. Y yo pregunto, ¿quiénes son esas “todas”? ¿De qué “antecesoras” hablan”? ¿De qué “privilegios” hablan? ¿”Patriarcal”? ¿”Capitalista”? ¿”Racista”? ¿”Heteronormativa”? A estas señoritas, sin más profesión conocida que la de hacer la “guerra de los sexos” con sus smartphones capitalistas, hay que decirles abiertamente que nos dejen en paz y que para privilegios los de la clase dirigente de las narcodictaduras que blanquean; para “patriarcado” el del islamismo que protegen con sus silencios; para “racistas” ellas que quieren leyes especiales en función del sexo, etc.

Por eso, en VOX no cederemos ante quienes quieren que la ley no sea igual para todos. Porque nosotros creemos que los depositarios de los derechos son las personas independientemente de su sexo, raza o nacionalidad y no las identidades que se inventa constantemente la izquierda. Eso sí, la identidad nacional les da alergia y les produce sarpullidos porque el patriotismo es inclusivo y sus políticas se basan en excluir; hablan de igualdad y quieren españoles de primera y de segunda. Al contrario de los ingenieros sociales y el resto de partidos que han caído orgullosamente en el discurso del género en detrimento de la persona –”La ley de violencia de género no se toca: es nuestra”, Pablo Casado dixit– en VOX siempre vamos a reivindicar la igualdad de oportunidades independientemente del sexo.

Creemos en la capacidad de las personas y en aquellas mujeres que quieren ganarse su futuro por lo que son y no por su sexo. Mujeres que honran a sus padres, sí, al padre y a la madre; y a sus abuelos, sí, a los dos, conquistando el futuro y huyendo del victimismo. Mujeres y hombres que se niegan a que sus hijos sean considerados asesinos por ser varones o que sus hijas tengan que cumplir con los estereotipitos de las autodenominadas feministas. Por todo ello, hay que decir alto y claro, que no en mi nombre.

Que cobran poco dicen... "los políticos irresponsables que nos explotan"
Antonio García Fuentes Periodista Digital  6 Marzo 2019

La “mejor” profesión hoy es ser político puesto que es un negocio donde nadie responde a nada y manejan como quieren el dinero público: Lo que debiera ser vocación inconmovible y entrega máxima para organizar cada vez mejor a la sociedad; ha degenerado tanto que aquí y como ocurriera ya en los Estados Unidos (USA) en el pasado siglo, la palabra político es ya una palabra tan despreciable que roza la de insulto. Desde luego, se necesita tener “garganta de tragasables, cara de cemento armado, y oídos adaptados a no oír nada que no interese al político”, para entrar y luego permanecer en ese “mar de corrupciones y basuras”, que sin embargo se mantiene, sencillamente porque allí está el poder, que es la fuerza y no la razón. Para entender ello, no hay que ser ni inteligente en grado notable, puesto que las realidades que nos hacen vivir lo demuestran al más tonto o lerdo que sepa leer, o simplemente oír bien lo que dicen, esos ejércitos de corruptos. Vean sino cómo “huyen” de la vida privada y donde se debaten las masas, trabajando dónde y cómo pueden, o arriesgándose a poner negocios muchos de los cuales no prosperan y fracasan.

POLÍTICA Y SU DESPRESTIGIO en EEUU AÑOS TREINTA, años treinta del pasado siglo, fue tal, que el Presidente, F.D. Roosevelt se vio obligado a salir al paso con esta recomendación ... “Tenemos que luchar para que la palabra político deje de ser un insulto”. No se puede decir y reconocer más en menos palabras, por cuanto huelgan comentarios... ¿qué nos espera en el presente y el futuro?... me temo que más de lo mismo, tal y como vamos viendo desarrollarse la política nacional, o incluso internacional en mayoría de países. De ahí el que la gente vote cada vez menos.
Tras aquellas declaraciones y en un mundo cada vez más corrompido, dio lugar a la peor y más destructivas de las guerras en este mundo (la denominada II GUERRA MUNDIAL) y la que como todas las anteriores, no ha arreglado nada notable para la raza “dicen que humana”; puesto que se ha llegado hasta grados en que ya lo que se está destruyendo es el propio planeta; y aquí… “Tenemos que vivir todos mientras podamos hacerlo y la degradación sigue como si aquí no pasara nada y los que se dicen poderosos siguen en sus negocios”.

No es la primera vez que me refiero a este “hecho histórico en los pomposos EE.UU.”; pero hoy lo hago por cuanto leo lo siguiente: “Juan Marín: Los altos cargos y consejeros de la Junta de Andalucía cobran poco: El vicepresidente de la Junta, consejero de Turismo, Regeneración , Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha apuntado que los “altos cargos cobran poco”, ya que si quieres a los mejores, o les pagas bien o no vienen” (Diario VivaJaén 04-03-2019 página 10). La declaración “se las trae”; y más en una región que es la más deprimida de toda Europa y además, perteneciente a un país que está en quiebra más que en ruina.

Hay que recordar que este individuo ocupa el alto cargo que tiene (ostenta el de cuatro ministerios regionales y sería normal dijera lo que cobra por todo ello) precisamente por haberse coaligado con otras dos agrupaciones políticas, lograr formar “un triunvirato”, que en conjunto, ha prometido una regeneración y un recorte de costes y corrupciones, demasiado extendidas en Andalucía; y si ahora sale con esas afirmaciones (y son ciertas) lo mejor que haría, es dejar todos los cargos y volver a su Huelva natal y dedicarse (por ejemplo) al cultivo de arándanos o fresones; puesto que en la política andaluza, individuos así, sobran en demasía, por la cantidad extrema de parásitos, ladrones y otras yerbas que mantenemos hace ya cuarenta años o más.

Por otra parte y dicho con la máxima contundencia: Nos sobran ejércitos de políticos y enchufados; y lo que necesitamos, es UNA VERDADERA ORGANIZACIÓN NACIONAL Y PROFESIONAL; nutrida con las profesiones que todo el Estado necesita y que son los que habrían de administrar y gestionar todo lo público, como funcionarios bien preparados para cada cometido; y con ello, se eliminarían todos esos ejércitos de políticos, enchufados y en general parásitos a mantener; que es lo que tiene arruinadas las administraciones de todo tipo; por tanto procuremos que ello sea una realidad y apliquemos lo contrario que confirma el viejo dicho de… “Mientras más gatos más ratones”, puesto que lo que necesitamos es, “Menos ratones y los suficientes gatos como para controlar la plaga que nos ha devorado y nos sigue devorando”; basta ya de “política de panza y bolsillo y vayamos al grano que es lo que funcionaría mucho mejor”.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

Al servicio de Picardo
Emilio Campmany Libertad Digital  6 Marzo 2019

Al PSOE le da urticaria el interés nacional. Por eso, cada vez que hay que defenderlo, cualquier Gobierno socialista cabecea y remolonea y, cuando no tiene más remedio que hacerlo, se emplea a regañadientes, de mala gana y a medias. Pero, si el interés nacional tiene algo que ver con Gibraltar, entonces no es que el PSOE se resista, es que se cierra en banda y tiende hacer lo contrario de lo que la nación demanda. Debe de ser que, como Franco defendió la españolidad de Gibraltar, los socialistas han de hacer lo contrario. Se puede comprender. Pero, ¿es necesario hacerlo con tanto denuedo?

Hemos tenidos tres presidentes socialistas. González, ahora asombro de estadistas y adalid de la unidad nacional, abrió la verja, hizo aun más ricos a los gibraltareños y consiguió para ellos todas las ventajas de ser español sin ninguno de los inconvenientes, singularmente los fiscales. Zapatero les consintió que utilizaran libremente el aeropuerto y permitió conectar la fibra óptica gibraltareña a la red española para que las casas de juego online con sede en la colonia pudieran explotar su negocio en todo el mundo pagando sólo los livianos impuestos gibraltareños. Ahora Sánchez ha dedicado los pocos meses que lleva de gobierno a encontrar el modo en que el Brexit no perjudique a los pobres llanitos, cada día más ricos sin dar palo al agua. Ya ha dado varios pasos en esa dirección, pero, al parecer, todavía no nos ha humillado lo suficiente.

El último baldón es un tratado fiscal, que ha firmado Borrell este martes. Los medios de izquierda resaltan que Campeador Sánchez va a combatir con él el fraude fiscal al pactar con Reino Unido el intercambio de información y acordar que paguen al fisco español quienes de facto residan en España. Falso de toda falsedad. Ninguna de las medidas pactadas contra los llanitos necesitan el consentimiento británico. España tiene sus propias leyes fiscales para quienes hacen negocios en España y puede ignorar la residencia fiscal en Gibraltar si, según sus normas, es fraudulenta. Lo que de verdad hace el tratado es comprometer a las autoridades gibraltareñas a proporcionar la información fiscal de los trabajadores españoles en la colonia, cuyos ingresos, hasta ahora, permanecían ocultos a los penetrantes ojos de la Agencia Tributaria. A cambio, el Gobierno español se obliga a sacar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales para que las inversiones procedentes de la roca no sufran control que hasta ahora padecían. Encima, para que las sospechas de colusión sean ya gigantescas, el Gobierno ha esperado a que las Cortes estén disueltas y el tratado, en su caso, tenga que ser ratificado por la Diputación Permanente, una vez aprobado en Consejo de Ministros. Con gobiernos así, quién necesita enemigos, interiores o exteriores.

Amanuense y secretaria de Estado
Ramón Pérez-Maura ABC  6 Marzo 2019

Costaría fiscalizar el precio del asalto sin pudor a las instituciones del Estado realizado por la administración de Pedro Sánchez. Cada vez se demuestra de forma más incontestable que el verdadero objetivo de la toma del poder el pasado 1 de junio era poner todos los instrumentos del Estado al servicio de su elección como presidente en los siguientes comicios. Por eso empezó por incumplir su promesa de celebrar elecciones de forma inmediata. Los ejemplos están a la vista y son difícilmente contestables. El más evidente es el uso torticero de los medios de comúnicación del Estado. Destacadamente RTVE con sus diferentes canales de comunicación: televisión, radio y digital. Pero, además, su capacidad para emplear a los funcionarios públicos en respaldo al Gobierno y sus estrategias electorales. No digo los cargos políticos que, como tales, puedan buscar desde el puesto que ocupan la reelección. Eso es, humanamente, inevitable. El problema es cuando en ministerios como Exteriores se obliga a los embajadores y funcionarios del Ministerio a poner símbolos republicanos en su correspondencia o cuando en otros ministerios se obliga a emplear los logotipos del 8-M, que ha dejado de ser el día de la mujer para convetirse en el día del feminismo izquierdista. Algo muy diferente de lo que en su momento se pretendió que fuera.

Pero igual que digo que es legítimo que un cargo promueva políticas que ayuden a su reelección, en este Gobierno hemos tenido una persona cuyo paso por la Administración ha sido un ejemplo rayano en la usurpación de funciones desde el día que tomó posesión de su despacho. Se trata de la Secretaría de Estado de la España Global que el presidente entregó en octubre a Irene Lozano. Con ese acto se desmanteló el Alto Comisionado de la Marca España que desde junio de 2012 había promovido el nombre de España por el mundo. Lo primero que hizo Lozano al presentar la nueva Secretaría de Estado fue retirar de su logo la bandera de España, que era considerado algo muy carca. La sustituyó por un globo terráqueo de unos colores difíciles de definir, pero que no distan mucho de los de la bandera republicana.

Mientras esas funciones estuvieron en manos del alto comisionado, las desempeñó Carlos Espinosa de los Monteros, que nunca cobró un céntimo por las labores que desempeñó durante más de seis años. Ya se comprende que Lozano no podía ser igual que Espinosa, así que se cambió el nombre del departamento para dificultar las comparaciones entre ambas personas y sus funciones. ¿Qué hizo Lozano cuando llegó a Exteriores el pasado 14 de octubre? Encerrarse en su despacho hasta el 14 de febrero y escribir el libro de «memorias» de Pedro Sánchez. En cuatro meses apenas hizo un viaje a Londres y uno a Bruselas. Su actividad pública fue mínima. Pero ni siquiera dejó trabajando al equipo bien engrasado que durante seis años hizo una gran labor. Destituyó a todos los cargos que pudo y nombró a otros que se tumbaron a la bartola mientras la escritora creaba. Después, su intervención más célebre ha sido la que tuvo el pasado 14 de febrero, cuanto comparó en Sky News el 1 de octubre con la violación de una mujer. Todo un éxito mediático.

Si Sánchez ha demostrado muy poca vergüenza en el uso de la Administración del Estado como herramienta electoral, el caso que supera todo es el de la amanuense con sueldo de secretario de Estado, que, por cierto, es superior al de un ministro. Y lo pagamos usted y yo.

Las vergüenzas históricas de Pedro Sánchez
Javier Caraballo elconfidencial  6 Marzo 2019

Las vergüenzas históricas del Gobierno de Pedro Sánchez han quedado al descubierto cuando, en el estertor de la legislatura, una decisión política sobre el pasado de España, el aniversario del final de la Guerra Civil, se ha superpuesto a otra, el quinto centenario de la conquista de México por Hernán Cortés. La diferencia entre ambas decisiones políticas es que la primera se ensalza y la segunda se oculta; inexplicablemente, el Gobierno elabora y difunde un logotipo para recordar un fracaso, la peor etapa de los españoles en la historia reciente, y, sin embargo, se ignora un acontecimiento triunfante que marcó la historia de la humanidad.

Evidentemente, detrás de ese doble rasero existe una motivación política, y quizá personal, que resume muy bien algunos de los complejos más absurdos de los españoles con su propia historia y la irracional ceguera de algunos políticos cuando lo supeditan todo al interés electoral. Razones políticas y complejos históricos, dos motivaciones, por tanto, impropias de un gobernante que ostente la responsabilidad de representar a España, como es el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La vergüenza de celebrar, recordar y ensalzar lo logrado por Hernán Cortés hace 500 años la conocemos por el propio ministro de Cultura socialista, José Guirao, que es quien nos ha aclarado que lo que no quiere el Gobierno socialista es molestar a México, a los gobernantes mexicanos. “Es que allí ese tema es complicado", dijo Guirao —justificación perfectamente insulsa e impropia de un ministro de Cultura— cuando le preguntaron a principios de este año por los motivos de que el V Centenario de la Conquista de México no figure en el Plan de Acción Cultural en el Exterior del Gobierno de España.

Hace unas semanas, en el Congreso de los Diputados, volvieron a preguntarle y, en esta ocasión, un portavoz socialista adujo que la razón de que no haya celebración es que el Gobierno anterior no lo dejó previsto y el actual no ha tenido ni tiempo ni presupuesto. Al final, con el voto en contra de Unidos Podemos —perdidos, como suelen, en la propaganda ignara del indigenismo— se ha aprobado una moción de Ciudadanos en la que se le pide al Gobierno de Pedro Sánchez que incluya la conmemoración de Hernán Cortés en su agenda para este año. Como es obvio, la legislatura ya ha decaído, se celebrarán elecciones y del centenario de Hernán Cortés nadie se volverá a acordar.

De lo que sí quedará constancia, para lo que sí ha habido presupuesto público, es para recordar el final de la Guerra Civil hace 80 años y el exilio de cientos de miles de españoles: el Ministerio de Asuntos Exteriores ha ideado un logotipo, un ocho y un cero coloreados de rojo, amarillo y morado, como la bandera republicana. ¿Hace bien o mal el Gobierno en recordar el final de la Guerra Civil? A ver, si el interés fuera histórico, si en España la clase política tuviera un interés especial en que los ciudadanos conozcan la historia de España, en su grandezas y en sus miserias, el final de la Guerra Civil y el exilio republicano no deberían tener otro lema, ni otro símbolo, que las palabras que Azaña nos dejó grabadas para el futuro: “Paz, piedad y perdón”.

Pero las razones de Pedro Sánchez no son históricas, no tiene ningún interés en que aprendamos de la historia para no repetir errores. Sus razones son políticas; son meramente electoralistas; por eso lo que exhibe, simplemente, es la bandera de la República. Es decir, lo contrario de lo que necesita España. Lo que conviene ahora, en el momento histórico que vivimos, es respaldar la monarquía parlamentaria y su encaje en la Constitución, esa es la urgencia del momento. Lo que está ocurriendo en estos momentos en España es que un grupo reaccionario e independentista ha iniciado una operación de acoso al Estado de derecho y a la Constitución que, tras la revuelta de octubre de 2017, se intenta ahora prolongar en la figura del Rey de España. Se trata de intentar desprestigiar al Rey, o acosarlo con desprecios, con la certeza de que una hipotética caída de la monarquía nos conduce directamente a la demolición de la Constitución y, por tanto, a la destrucción de la España que conocemos. Ahora hay que ser demócratas antes que republicanos o monárquicos, porque todo eso pasa a un segundo plano cuando lo que está en peligro es la democracia misma.

Bartolomé Bennassar, historiador e hispanista francés fallecido en noviembre del año pasado, uno de los grandes especialistas de la historia de España del XVI y del XVII, incluye un perfil de Hernán Cortés en el espléndido 'Diccionario biográfico' de la Real Academia de la Historia en el que define la conquista de México como “una hazaña militar pero, aún más, una proeza política”. Lo dice en un doble sentido, por la extraordinaria capacidad para derrotar con 500 hombres al imperio más poderoso de América del siglo XVI, gracias a las alianzas que entabló Hernán Cortés con las otras tribus a las que Moctezuma tenía salvajemente sometidas, y, sobre todo, por lo que supuso para el futuro: “La conquista de México es uno de los hechos más importantes de la historia de la humanidad, marcó el inicio de una nueva raza y una nueva cultura y abrió nuevos rumbos en la mentalidad europea”.

Se cumplen 80 años del final de la Guerra Civil, del inicio del penoso y trágico exilio republicano, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que ha hecho es visitar la tumba de Manuel Azaña, lo cual está muy bien, y olvidarse de Hernán Cortés, que lo tienen enterrado en una iglesia de México, con la tumba oculta, camuflada entre otros objetos, y señalada solo por una placa roja. Dicen que a los muertos no se les debe otra cosa que verdad y justicia. En España, ni una cosa ni otra.

No hemos de pagar la campaña de Sánchez
Editorial El Mundo  6 Marzo 2019

La falta de escrúpulos institucionales sigue marcando la pauta de la estrategia sanchista. Tras firmar el decreto de disolución de las Cortes, el presidente del Gobierno se personó en la sede del Ministerio de Trabajo, donde fue recibido por la titular del ramo, y se permitió un discurso de autopromoción en clave electoralista que desgranaba sus supuestos logros en materia de igualdad laboral. El acto estaba auspiciado por una comisión tripartita compuesta por el Estado y los agentes sociales. Como recordamos hoy, el artículo 50 de Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohíbe hacer campaña en un acto organizado con recursos públicos.

Este nuevo abuso se suma a la oleada de decretos ley con coartada social prevista por Sánchez para la Diputación Permanente. La presidenta del Congreso -groseramente descalificada por Adriana Lastra, que la llamó "hooligan" y la acusó de parcialidad por cumplir con su función de contrapoder denunciando el dopaje electoral de su jefe- ya ha solicitado informes sobre la legalidad de esos decretazos a los servicios jurídicos de la Cámara. Es de esperar que la oposición pedirá amparo a la Junta Electoral si Sánchez persiste en su deliberada confusión entre candidatura, partido, Gobierno y Estado.

El juicio (más divertido) del siglo
Pablo Molina Libertad Digital  6 Marzo 2019

La primera pregunta que surge en la mente de cualquiera que siga las retransmisiones del juicio oral a los golpistas catalanes es ¿De verdad estos letrados son lo mejor que puede enviar la abogacía de Cataluña al Tribunal Supremo? La burda estrategia de defensa que comparten sin excepción y la torpeza formal de su desempeño en el interrogatorio a los testigos legitiman al espectador imparcial a cuestionarse el nivel profesional de unos abogados cuya mediocridad resulta casi ofensiva.

Los letrados de los golpistas han empleado en estas semanas todos sus esfuerzos en tratar de demostrar que desde la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre hasta su consumación no hubo violencia en las calles de Cataluña. Ninguno parece haberse dado cuenta de que están luchando en balde, porque si la Sala del Supremo tiene algo claro es que, por supuesto, claro que hubo actos violentos organizados. Esa es una conclusión que no ya los magistrados, sino cualquier espectador que viera las imágenes de los telediarios, asume como hecho probado. La única duda es si esa violencia fue instigada por los acusados y en qué medida, una conjetura de cuya solución se deducirán en las condenas correspondientes o, en su caso, las absoluciones a que haya lugar.

Por eso provoca estupor ver los esfuerzos de los jóvenes letrados de los golpistas por demostrar que los destrozos de los vehículos de la Guardia Civil a las puertas de la consejería de Hacienda el 20 de septiembre fueron solo unos rocecitos de chapa y pintura, o que los tumultos organizados a las puertas del edificio, que impidió durante horas la salida a la policía y a la comitiva judicial, fue en realidad una aglomeración festiva de gente que iba a merendar, como señaló el tragaldabas de Rufián antes de que Marchena lo dejara lívido de un broncazo. Como si estuvieran en un plató de TV3 debatiendo con Pilar Rahola, la representación de los acusados insiste una y otra vez en que el 1 de octubre fue un canto colectivo a la democracia, la paz y los derechos humanos, donde si hubo violencia fue únicamente cosa de los policías, que rompían "uno a uno" los dedos de las señoras y, de propina, les tocaban les tetes.

Pero es que tampoco parecen muy duchos estos abogados indepes en la técnica formal de una vista penal, porque las reconvenciones de Manuel Marchena, presidente de la Sala, a estas jóvenes glorias del foro catalán son las propias de un catedrático a los alumnos más torpes de primero de derecho. Como cuando tuvo que explicar a la abogada de Meritxell Borrás que estaba defendiendo a su representada de un delito por el que no estaba acusada. "Eso espero", fue la respuesta sonriente de esta joya de la abogacía, en un episodio grotesco de los muchos que se suceden prácticamente a diario y que llevan al pobre magistrado Luciano Varela a mesarse los cabellos y taparse la cara, seguramente pensando: "pero no puede ser".

Y lo mejor de todo es que no son abogados novatos ejerciendo el turno de oficio, sino la flor y nata de la profesión en Cataluña, algunos de los cuales forman parte de la junta directiva de los colegios de Abogados más señeros.

El desplome de la burguesía nacionalista ha llegado hasta el esperpento de ver a los representantes la actual generación dando mítines sonrientes en el Tribunal Supremo, como si las penas gravísimas a las que se enfrentan fueran una broma, y a sus abogados hacer el ridículo ante unos magistrados que cada disimulan menos su enfado cuando los tienen que reconvenir de un pescozón.

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El “gobierno hueco” de Rajoy desenmascarado
Fernando González Urbaneja republica  6 Marzo 2019

Los testimonios del martes y miércoles en el Supremo con las declaraciones de los testigos: Millo, delegado del gobierno, de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, y la secretaria judicial de Juzgado 17, dibujan un gobierno Rajoy impotente, incompetente y hueco. También dejan en evidencia la rebeldía de altos cargos del gobierno de la Generalitat, fundamentalmente de su policía y más en concreto de su jefe el comisario Trapero sobre el que se ha dibujado un cuadro completo de conspiración y desobediencia al Poder Judicial.

Los citados testimonios han exigido de los abogados extremar sus defensas para desacreditar a los testigos con resultados muy dudosos. Los testigos resistieron con serenidad las acometidas y el presidente del Tribunal mezcló tolerancia y firmeza en los interrogatorios.

Que la cosa no va bien para los acusados (peor para algunos que para otros) se notó a primera hora del miércoles cuando la portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi, recurrió a la magia tramposa del lenguaje, al uso abusivo de las palabras, en una comparecencia en la que utilizó el concepto “negacionismo” para descalificar la narración de hechos de los testigos Millo y de los Cobos. Artadi sostiene que ambos pretenden negar de la violencia policial el día 1 de octubre.

La manipulación resultará escandalosa para quienes conocen el alcance de ese concepto de “negacionismo”: “quien niega la realidad para evadir una verdad incómoda”; Hay “negacionistas” del cambio climático, del Holocausto, de la teoría de evolución de las especies… pero extender ese concepto a los hechos conocidos, probados, del “procés” es un exceso propagandístico muy malicioso.

Pero si los responsables del “procés” salen malparados de los interrogatorios de estos días, tanto o más queda el gobierno Rajoy con el presidente a la cabeza. Los testimonios la semana pasada de Rajoy y de su vicepresidenta y del ministro del Interior, fueron irrelevantes, irresponsables, inconsistentes y lamentables. No se enteraron de nada, no hicieron nada, no entendieron nada. Ni defendieron al estado, ni cumplieron su juramento de defender de la Constitución. Tampoco han dado explicaciones.

De hecho, el gobierno Rajoy ratificó la hipótesis de los responsables del “procés” sobre la ineficacia y debilidad del estado español. El gobierno fue inane, pero no lo ha sido el Estado que va más allá del gobierno. El desarrollo del juicio ante el Supremo pone de relieve que hubo y hay un poder judicial que exige responsabilidades y que defiende la Constitución.

Dos pequeños detalles evidencian algunas miserias de los defensores de los “indepes”: uno de los abogados requirió a Millo para que precisara si sabía quién había escrito en una pared “Millo muerte”. El testigo fue concluyente, no lo sabe, pero sí que quien lo borró fue su hija. ¿Alguno de esos pacíficos y benéficos “indepes” ha pedido disculpas o se ha solidarizado con Millo al sufrir una amenaza semejante? Otro de los abogados manifestó su reserva a que no se emitiera por televisión el rostro de la agente judicial acosada en la consejería de economía que comparecía como testigo. ¿Por qué quería que se difundiera su imagen?

El valor de este juicio público y televisado, al margen de la sentencia final y los recursos posteriores, es que desnuda la verdad, los hechos, y desenmascara a los embozados de pacifismo y educación democrática. También muestra lo hueco que era el gobierno Rajoy.

El desarrollo del juicio una de las personas más deslucidas en sus actuaciones es la representante de la abogacía del Estado, designada por el gobierno Sánchez para sustituir a quien se había ocupado del caso previamente, que conocía el expediente y contaba con experiencia penal acreditada. El relevo, con clara intencionalidad política, acredita poco conocimiento del expediente y del Código penal. Entre reconocidos abogados del estado causa una mezcla de asombro y vergüenza el bajo nivel de su colega. Quizá es que el gobierno trató de bajar el nivel de la acusación.

EDITORIAL Libertad Digital  6 Marzo 2019
Lo que pasa cuando se deja al mando a unos golpistas
Para evitar, que no para castigar, cosas mucho menos graves que las que ahora se juzgan, se introdujo en la Constitución española el articulo 155


Las últimas sesiones del juicio celebradas contra el ilegal proceso secesionista liderado por Carles Puigdemont han servido para poner de manifiesto algo por otra parte por todos conocido, como es la determinación con la que los cabecillas del golpe, que a su vez eran los máximos representantes del Estado en Cataluña, perpetraron su largamente anunciada ilegal consulta secesionista del 1 de octubre de 2017, así como el grado de complicidad que le otorgaron sus subordinados mozos de Escuadra, así como el carácter organizado y violento de los tumultos que trataron de impedir que la policía nacional y la guardia civil cumplieran su obligación de hacer cumplir las leyes y los mandatos judiciales.

Si el ex delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha afirmado que llegó a contabilizar "entre 100 y 150 acciones" de tipo violento ante edificios públicos, tanto antes como durante la jornada de aquel 1 de octubre, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha relatado cómo agentes de los Mossos d'Esquadra llegaron incluso a espiar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la jornada de votación del referéndum ilegal para entorpecer su labor.

No menos elocuentes fueron las declaraciones del lunes ante el Tribunal del ex secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que llegó a declarar la "surrealista" impresión que le causó el hecho de tener que trasladarse en las visperas del 1-0 a coordinar con los mandatarios autonómicos y máximos responsables del golpe de Estado el dispositivo policial encaminado a impedir la celebración del referéndum ilegal que el propio Puigdemont había convocado. Para colmo, Nieto ha desvelado cómo el infame gobierno de Rajoy llegó a plantear a los golpistas la posibilidad de celebrar su desafío al Estado en forma de "referendum simulado" en las plazas o en lugares abiertos donde no se violentara la literalidad del mandato judicial que ordenaba impedir el 1-0 en los colegios electorales.

Por surrealista y escandaloso que sean todos estos capítulos –así como la ocultación que el gobierno de Rajoy hizo de las fotografías de los policías agredidos o del hecho de que los manifestantes separatistas pusieran fayri en la entrada de los colegios para que los policias se cayeran y pudieran ser pateados en la cabeza-, recordemos que fue Gobierno de Rajoy el que se negó a aplicar el articulo 155 dejando que llegara la fecha del 1 de octubre con los mandatarios golpistas al frente de la administración autonómica y al mando de los mozos de Escuadra.

A pesar de que el compromiso de los golpistas con hacer caso omiso a los que dijeran "Tribunales y Constituciones" era público y notorio desde que Artur Mas lo adquiriera a finales de 2012, Rajoy se negó a destituirlo incluso cuando los golpistas pusieron fecha y pregunta al primer referendum ilegal que se celebraría el 9 de noviembre 2014. Rajoy siguió sin activar la suspensión de la administración en rebeldía aun cuando sus nuevos mandatarios anunciaron, con muchos meses de antelación que volverían a perpetrar otra consulta secesionista a finales de 2017. Los golpistas pudieron así consumar su segundo gran desafío al Estado sin haber dejado de ser en ningun momento los máximos representantes del Estado en Cataluña pues esa es la condición que tienen como máximos mandatarios autonómicos.

La determinación de los golpistas sumada a la indecente y temeraria dejadez del gobierno de Rajoy (con el visto bueno de toda la clase política con representación parlamentaria) estaban conformando una "tormenta perfecta" que, llegado el 1 de octubre de 2017, podía ofrecer capítulos tan surrealistas y vergonzosos como los que se han relatado y ahora recordamos. Pero no dejan de ser consecuencia lógica de algo tan absurdo y temerario como que unos golpistas, públicamente comprometidos con la voladura de nuestro orden constitucional, siguiesen ostentado el poder al frente de una administración autonómica, único lugar desde donde prodrían financiar, organizar y celebrar los delitos que ahora se enjuician. Para evitar, que no para castigar, cosas mucho menos graves que estas, se introdujo en la Constitución española el articulo 155, copia literal de un articulo que también figura en la Ley Fundamental para la República alemana.

Lo peor es que lo que se permitió con Mas y con Puigdemont se sigue permitiendo con Quim Torra; lo mejor, que ya no son sólo Vox y UPyD los únicos partidos en mostrarse favorables a la suspensión de una autonomía mientras sus mandatarios sigan comprometidos con la voladura de nuestro ordenamiento constitucional.

Editorial El Mundo
La violencia del independentismo


Nieto, Millo y De los Cobos, amén de avalar la rebelión, pusieron al descubierto la voluntad rupturista de las autoridades catalanas

La imagen de esplai y cadenas humanas con la que el independentismo labró su imagen de movimiento pacífico no se compadece con la violencia institucional y la presión callejera ejercidas en otoño de 2017. El procés no fue una revolución de las sonrisas, sino un plan articulado desde el aparato institucional de la Generalitat cuyo objetivo era desbordar el marco legal para alcanzar la secesión de Cataluña. Las fuerzas políticas y sociales separatistas nunca mostraron una voluntad real de alcanzar un acuerdo con el Estado, sino que impusieron una consulta con el fin de arrogarse el derecho de autodeterminación, que no tiene cabida en el ordenamiento constitucional español ni europeo. El referéndum ilegal 1-O, organizado en un clima previo de acoso y violencia, era parte de una hoja de ruta que incluía, en el caso de consumar la separación, la promulgación de una Constitución que amparaba la retirada de la nacionalidad por razones arbitrarias y contrarias a derecho.

EL MUNDO revela hoy el borrador de la futura Constitución catalana, descubierto por la Policía Judicial en el marco de la investigación del 1-O. El borrador de la Carta Magna de la República catalana confiscado al ex juez Santiago Vidal establece que "no podrán obtener ni conservar la ciudadanía catalana aquellas personas que, no siendo catalanes de origen, hayan sido militares profesionales y/o fuerzas de orden público militar o civil del Reino de España". Además, contempla la posibilidad de "analizar caso por caso y otorgarles la nacionalidad catalana si renuncian a la de origen", y prevé el cese de todos los funcionarios del Estado español, la derogación de la Monarquía y la confiscación del patrimonio propiedad del Estado. Estas disparatadas previsiones constitucionales se incardinaban en la Ley de Transitoriedad Jurídica, en sí misma una aberración despótica que contemplaba la deposición de jueces desafectos.

Esta planificación encaja con las declaraciones de José Antonio Nieto, Enric Millo y Diego Pérez de los Cobos en la vista oral del 1-O. El ex secretario de Estado de Seguridad, al contrario que el ex ministro Zoido -que descargó la responsabilidad del despliegue policial en los mandos operativos-, ofreció datos para avalar la inacción de los Mossos tanto en el asalto a la Consejería de Economía el 20 de septiembre como en el referéndum, contraviniendo así el mandato judicial. El ex delegado del Gobierno describió el acoso previo a la consulta, de la que responsabilizó a Puigdemont. Y el coordinador policial para el 1-O -designado por el fiscal jefe del TSJC- aseguró que siempre dudó de los Mossos antes del referéndum, confirmó el "ambiente tenso" en la Junta de Seguridad y dejó claro que Trapero mostró su disconformidad con su nombramiento. Estos tres testigos de cargo, amén de avalar la rebelión, pusieron al descubierto la deslealtad y la voluntad rupturista de las autoridades catalanas.

La debacle, la violencia y las mentiras del procés, al descubierto
EDITORIAL @AntonioRNaranjo esdiario  6 Marzo 2019

El exquisito celo de la sala de Supremo que enjuicia a los cabecillas del Golpe institucional en Cataluña ya fue, desde el primer momento, un espléndido antídoto contra esa idea manipulada del Tribunal que el independentismo ha querido esparcir desde el primer momento.

El brillante juez Marchena y todos los magistrados han evidenciado, como podía ser de otra manera, un escrupuloso respeto a los procedimientos que en sí mismo acalla todo el ruido previo, pero también una independencia para dirigir el juicio sin someterse a los intereses ni caprichos de nadie: ni se ha dejado amedrentar por el soberanismo ni, tampoco, han evidenciado deseo alguno de ejercer de justicieros antes que de jueces.

Con pruebas
Solo por las formas el varapalo al soberanismo, un movimiento retrógrado que se sustenta en la mentira y la propaganda, ha sido ya notable. Una sensación que se confirma, de manera contundente, con la abrumadora existencia de pruebas, documentos y huellas de todo tipo sobre lo que todos estos dirigentes llevan haciendo desde 2012.

Lo que se está viendo en el Supremo hace aún más inaceptable que cualquier partido se apoye en soberanistas para poder gobernar

Los testimonios del exsecretario de Estado, del letrado del Parlament, del exdelegado del Gobierno y del coronel de la Guardia Civil al frente del operativo de seguridad aquel infausto 1-0 rematan, casi definitivamente, a los acusados, pues evidencian no sólo la reiteración y dimensión de sus tropelías; sino su comisión a sabiendas, de manera premeditada y plenamente conscientes de lo que hacían.

A la fuerza
Sin un Estado de Derecho sólido, hoy Cataluña sería independiente, a la fuerza, saltándose la ley y por imposición de un conglomerado de partidos que aspiran al imposible de que haya democracia sin respetar las normas, arrogándose una autoridad mayor que no reconoce a nada ni a nadie.

En si mismo, ese discurso y las decisiones que se tomaron es violencia, pues la provoca, la incita y finalmente lleva a su comisión. Por mucho que algunos hayan tratado de convertir la respuesta al procés en un acto de represión policial y judicial; lo que el Supremo está enjuiciando, con hechos y testimonios documentados, es un atentado palmario a la Constitución que hace aún más desalentadora la posibilidad de que prosiga un Gobierno amparado por quienes lo cometieron.

La diversidad, ¿una bendición?
FÉLIX OVEJERO El Mundo    6 Marzo 2019

España no está mal. Figuramos entre los primeros países en calidad democrática, esperanza de vida, libertades, sentencias judiciales avaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, liberalidad de costumbres, sanidad, movilidad social, seguridad ciudadana y algunas otras cosas no menos importantes. Es razonable sentirnos orgullosos. No son simples designios, azares sobrevenidos como el buen tiempo, desprovistos de mérito o esfuerzo, sino resultados de acciones o decisiones institucionales. Los más entregados sostienen que también podemos estar orgullosos de nuestra diversidad lingüística; "cultural", confunden algunos. No estoy seguro de que tengamos motivos. Después de todo, esa diversidad nos sucede, como ser morenos o bajitos, que ya no tanto. Además, ni siquiera es verdad, tampoco en Europa, si nos atenemos al índice de fragmentación étnico lingüística, esto es, la probabilidad de que dos personas cualesquiera de un país elegidas al azar tengan distinta lengua materna. La diversidad no depende de la cantidad de lenguas existentes sino de la ausencia de lenguas francas: cuando hay lengua franca, la diversidad es mínima.

Pero, bueno, admitamos la diversidad. La duda es si es buena cosa. Si así fuera, cuanta más, mejor. Europa, sin ir más lejos, un paraíso, con sus 225 lenguas. ¡Qué riqueza y qué diversidad! Y qué lío. Como si tuviéramos 225 sistemas de pesos y medidas. Si, por ejemplo, las instituciones tuvieran que respetar a todas las lenguas, cada una de las lenguas, para empezar tendría que traducirse a cada una de las otras. Les ahorro las cuentas: 50.400 direcciones de traducción (225 x 224). Un festín para los intérpretes y los vendedores de diccionarios; una desgracia para la economía y el entendimiento entre las gentes. Por supuesto, habrá beneficiarios circunstanciales. También se benefician los psiquiatras y la industria farmacológica de las debacles económicas.

Los entusiastas de la diversidad están muy presentes en el debate político. Acostumbran a defender tesis conservacionistas, según las cuales, tendríamos el deber moral de conservar las lenguas. Sería un modo de preservar identidades y concepciones del mundo, añaden los más fantasiosos y desinformados. Para evitar la desaparición de las lenguas habría que asegurarles hablantes. Las lenguas, por así, decir, tendrían derecho a tener hablantes. Es una de las justificaciones más comunes de las llamadas -sin inocencia- políticas de normalización: hay que cuidar a las lenguas en peligro. El español, con tanto hispano, no peligra; el euskera, sí. Nuestras políticas en España encontrarían su justificación última en la fecundidad de los mexicanos. Un despropósito. Permítanme un experimento mental. Supongamos que se descubriera una isla en mitad del océano con millones de catalanoparlantes, una posibilidad que quizá no debamos descartar si hacemos caso a la tesis de la catalanidad de Colón defendida por el Institut Nova Història. Y quien dice el océano dice otro planeta. En tal caso, habida cuenta de que la preservación del catalán estaría asegurada, deberíamos cambiar nuestras políticas educativas en Cataluña. ¿Un poco raro, no?

En realidad, las políticas conservacionistas, tomadas en serio, resultan de imposible aplicación. Y cuando no son imposibles, resultan contraproducentes para el bienestar y la libertad de las personas. Veamos.

Por lo que sabemos, una lengua, para sobrevivir, requiere como mínimo 100.000 hablantes. Si tenemos en cuenta que de las 7.000 lenguas inventariadas la mitad es hablada por menos de 10.000 personas, y 1.500, por menos de 1.000, la conservación se complica. Y aún más cuando hay lenguas en competencia, lo más común. El 96% de las lenguas son habladas por el 4% de la población mundial y más del 80% de los idiomas están confinados a un solo país o, más comúnmente, a un área geográfica limitada. Muchas lenguas compiten por pocas gentes. Dicho de otro modo: salvo que redistribuyamos hablantes de las grandes lenguas, no hay personas suficientes. Para que unas vivan otras deben morir. Por ejemplo, la consolidación del euskera batúa requirió la extinción de las diversas variantes del euskera.

Claro que cabría la posibilidad de convertir a cada persona en políglota. Mediante costosas ingenierías sociales podríamos dedicar poblaciones enteras a la conservación de las lenguas. En México, donde 300 lenguas conviven en un territorio limitado, para preservarlas, los campesinos, muchos de ellos analfabetos, deberían ocupar sus vidas en aprender varias lenguas. Para las lenguas, bien. Para las gentes, no tanto. Si lo que nos importa es su bienestar, su libertad o su felicidad, seguramente hay alternativas mejores que convertirlos en protagonistas involuntarios de parques temáticos de identidades.

Estas cosas suenan absurdas, pero no irreales. Tampoco lejanas: ahí tenemos a los habitantes del valle de Arán, entregados a preservar el aranés, una lengua con poco más de 2.000 hablantes y vehicular en la enseñanza. Hay más. Algunos lingüistas -y algunos políticos- sostienen que todos los españoles deberían aprender todas las "lenguas propias". Los españoles o sus representantes. Una ensoñación que, en realidad, es un sinsentido. Y es que, con el tiempo, los hablantes siempre acaban por buscar una lengua común. Se lo llama economía de red. O mano invisible, que, por cierto, no es lo mismo que el mercado. Es el mismo mecanismo que nos lleva a escoger la senda más despejada para avanzar por un bosque o a preferir el metro a las leguas y los kilos a las arrobas. Se recala en un equilibrio y, a partir de ahí, el pulso de la vida se encarga del resto. Cada uno con su decisión allana el camino a los demás, consolida caminos comunes para bien de los que llegarán más tarde.

Con frecuencia, el conservacionismo, al defender la prioridad de las lenguas sobre los hablantes, acude a un argumento de autoridad de filólogos o lingüistas, muchos de ellos defensores de la diversidad. Y es cierto: para ellos, como estudiosos, la diversidad puede resultar interesante, como el feudalismo para los interesados en el románico. También las enfermedades resultan interesantes para los médicos. Pero cuando se trata de la vida compartida, de derechos y recursos, las opiniones de filólogos o lingüistas tienen el mismo valor que las del dermatólogo para terciar sobre discriminación racial.

Estamos ante problemas de derechos. Más exactamente de igualdad. Por supuesto, los conservacionistas también apelan a la igualdad. A la igualdad de las lenguas y, si acaso, derivada y quiméricamente, a la de las personas. Para que todos estemos en igualdad de condiciones, todos deberíamos conocer todas las lenguas y, a la vez, todas las lenguas cooficiales deberían ser oficiales en todas partes del país. Como los campesinos mejicanos de nuestro ejemplo. Así nadie se sentiría discriminado. Una consideración que descuida lo más obvio: que ya tenemos una lengua común. Por no hablar del horizonte europeo. Vidas enteras a aprender lenguas. Cansinos Assens, a lo sumo, llegaría a primaria. Nuestro querido George Borrow, con sus 40 lenguas, tal vez podría acabar el bachillerato. No nos hagamos trampas. La igualdad que importa es la de las personas, no la de las lenguas, y el mejor modo de asegurarla es que todos aprendamos competentemente la lengua compartida.

La igualdad se pone en peligro cuando las lenguas se utilizan como filtros arbitrarios para el acceso a las posiciones sociales y laborales. Una precisión: la igualdad que importa es la de todos los ciudadanos. Por eso no vale acotar la unidad de valoración a las autonomías. El problema, con serlo, no es que por no saber catalán muchos mallorquines no puedan trabajar como médicos en un hospital público o como músicos en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, sino que no puedan hacerlo sevillanos o vascos. La igualdad deja de serlo si solo se contabiliza la igualdad de unos cuantos. La igualdad no se parcela.

Félix Ovejero es profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona. Su último libro es La deriva reaccionaria de la izquierda (Página Indómita).

El legado de Arzalluz
Cayetano González Libertad Digital  6 Marzo 2019

El legado de Arzalluz tiene muchas más sombras que luces.

Xabier Arzalluz Antía, fallecido la pasada semana en Bilbao a los 86 años de edad, ha sido, sin ninguna duda, el político vasco que más poder ha tenido desde la transición política. Un poder que le vino dado por ocupar la presidencia del partido hegemónico en el País Vasco, el PNV, durante veintiun años. Antes, Arzalluz había sido diputado en el Congreso de 1977 a 1980, es decir, durante el periodo de elaboración de la Constitución y de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Gernika.

Ese poder de Arzalluz se puso de manifiesto en la crisis interna que vivió su partido a mitad de la década de los años 80 por el enfrentamiento entre la dirección del PNV y el entonces lehendakari Garaikoetxea, que acabó en escisión y en el nacimiento de Eusko Alkartasuna. Aquella fue una ruptura traumática en el seno de la familia nacionalista y el papel jugado por Arzalluz sirvió para que el PNV ganara en pocos años el pulso lanzado por Garaikoetxea.

Arzalluz fue todo un personaje. Hijo de un carlista que participó activamente en la toma de Azpeitia por las tropas de Franco, tuvo también su experiencia religiosa a través de la Compañía de Jesús de la que fue miembro durante un corto periodo de tiempo, ya que decidió dedicarse a la política para lo que se afilió al PNV. A la hora de hacer un balance de su actividad política, habría que destacar ante todo que Arzalluz siempre tuvo claro que sus compañeros de viaje tenían que ser los amigos de ETA, los de la izquierda abertzale. Eso nunca lo ocultó, y, es más, en su última intervención pública hace unos meses, apostó y animó a la actual dirección del PNV a ir juntos con EH-Bildu. En esa tesis, su máximo colaborador dentro del PNV siempre fue el guipuzcoano Joseba Eguibar.

Pero esa postura de fondo no le impedía a Arzalluz, por ejemplo, decir en un mitin del "Alderdi Eguna" (Día del Partido) que si un día llegaba la independencia a Euskadi "todos a plantar berzas", o que si en el hipotético caso que el mundo de ETA llegara a gobernar en el País Vasco "todos seríamos balseros, como en Cuba". Como tampoco tuvo problema a la hora de establecer una relación estrecha con Aznar en los años anteriores a que este llegara a la Presidencia del Gobierno. Incluso llegó a hacerse una foto en la sede del PP en la calle Génova, ofreciendo una rueda de prensa con el entonces logo popular, la famosa gaviota, encima de su cabeza.

En cuanto a ETA, Arzalluz los veía como los hijos descarriados que un día se fueron de la casa del Padre, es decir, del PNV. Es famosa su terrible "reflexión" hecha en una reunión en 1991 con dirigentes de la denominada "Koordinadora Abertzale Sozialista" (KAS): "no conozco de ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan. Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas". Posteriormente, intentó aclarar que esa frase se refería a Herri Batasuna y no a ETA, como si hubiera alguna diferencia entre ambos.

En las dramáticas cuarenta y ocho horas transcurridas en julio de 1997 entre el secuestro de Miguel Ángel Blanco y su asesinato a manos de ETA, en una reunión de la Mesa de Ajuria-Enea, Arzalluz le espetó a Carlos Iturgaiz, presidente en aquel entonces del PP vasco lo siguiente: "Iturgaiz, no te equivoques. Ahora estamos todos subidos a la cresta de la ola, pero cuando la ola baje, cada cual cogerá su camino". Palabras premonitorias –seguramente porque ya estaba en ello- de lo que luego pasó: el PNV, tras el asesinato del joven concejal popular de Ermua, se fue a Estella a pactar con ETA.

El legado de Arzalluz tiene muchas más sombras que luces. Su nacionalismo identitario, su condescendencia cuasi paternal hacia ETA, su carácter retorcido en exceso, no exento de cierta soberbia intelectual, son seguramente las causas de ello. Pero a la hora de su muerte, mi deseo personal, más allá de la infinita distancia con su pensamiento y quehacer político, es que Xabier Arzalluz, Descanse en Paz.

Fernando José Vaquero Oroquieta: "El navarrismo está tardando en reaccionar"
www.latribunadelpaisvasco.com  6 Marzo 2019

La Tribuna del País Vasco se ha sumergido de lleno en la edición de libros impresos con la publicación del volumen “De Navarra a Nafarroa. La otra conquista”, un ensayo con el que Fernando José Vaquero Oroquieta, articulista habitual del periódico en su columna “Disidente por obligación”, trata de analizar el proceso político, social y cultural que ha llevado a la comunidad de Navarra, pilar de España tal y como hoy la conocemos, a situarse históricamente sobre la cuerda floja al sumergirse en un convulso y doloroso proceso de “panvasquismo, filoterrorismo y euskolaboracionismo”.

“De Navarra a Nafarroa. La otra conquista”, que solamente puede adquirirse en la web de La Tribuna del País Vasco o en Amazon, agrupa 45 ensayos que, a través de 229 páginas y a modo de catas específicas, diseccionan la realidad actual de Navarra, especialmente a través del análisis de determinados acontecimientos acaecidos en los últimos años, con algunas incursiones en la historia, la cultura, la sociología práctica, la espiritualidad... Una particular perspectiva de fuerte calado metapolítico.

¿“De Navarra a Nafarroa. La otra conquista” es un libro pesimista?
No del todo. Entiendo que mejor calificativo sería el de realista, pues no por adornar la realidad evitaremos sus consecuencias.

¿Cómo ve el futuro político de la comunidad navarra a corto plazo?
Ciertamente partimos de una situación muy difícil. El cuatripartito en el poder (Geroa Bai, EH Bildu, las dos facciones de Podemos e I-E) viene realizando una formidable labor de deconstrucción de la identidad navarra en clave panvasquista. Ya tenía mucho trabajo anticipado desde las instituciones, la iniciativa social, la calle y la inhibición de los gobiernos anteriores. En estos casi cuatro años, y sin complejos, ha acelerado los “tiempos” de la “construcción nacional vasca”. Pero la oposición navarrista, en las instituciones y en la vida pública, ha ido por detrás de los acontecimientos. Por el contrario, en la calle se han desarrollado iniciativas populares importantes, caso de dos grandes manifestaciones en Pamplona: una en defensa de los símbolos de Navarra y otra frente a la imposición lingüística. Así, han surgido nuevas entidades culturales, como son Doble 12, Azpilicueta Center, Sociedad Civil Navarra... La actividad en redes ha sido desbordante. Varios libros se han editado en respuesta a las políticas panvasquistas, caso de "Cuatripartito Kanpora" y "20 años de letxe y miel". A nivel de presencia callejera, el colectivo Navarra Resiste ha realizado un trabajo extraordinario, mediante la colocación de miles de pegatinas, pintadas, la celebración de la Hispanidad con pancartas... Hay ganas de trabajar, de responder, de resistir y de tomar la iniciativa. Y los partidos no ofrecen cauces para todo ello.

¿Se reeditará, en su opinión, el cuatripartito?
No es imposible. Si bien Podemos saldrá muy “tocado” de su crisis interna, especialmente grave en Navarra, su voto recalará bien en el PSN- PSOE, bien en otros grupos de izquierda. De este modo, otro cuatripartito es posible; pero con el PSN-PSOE en lugar de EH Bildu.

¿No hay otras alternativas?
Dependerá de la matemática parlamentaria. A no pocos analistas del constitucionalismo navarro les encantaría una coalición entre UPN-PPN, Ciudadanos y el PSN-PSOE; pero, en principio, no salen las cuentas. Y dependerá en última instancia de los resultados nacionales de los socialistas y de sus directrices desde Madrid. Es más, Ciudadanos bien puede quedarse sin representación en el Parlamento navarro de nuevo. Y de momento, en coherencia con pronunciamientos anteriores de Cerdán, Chivite, etc., los socialistas navarros parecen vetar a UPN por su acuerdo con el PPN.

VOX, ¿puede jugar algún papel?
De entrada, el de recoger el voto descontento a la derecha de UPN y PPN, que lo hay. Pero, con todo, está por ver si consigue alguna representación institucional. De entrada, este bisoño partido mantiene un debate interno entre los centralistas “jacobinos”, por denominarlos de alguna manera, frente a los fueristas más pragmáticos, quienes parece imponerse, al menos de momento. En cualquier caso, tiene un espacio propio: ya cabalgando la “ola VOX nacional”, bien a resultas de los cambios sociológicos que sufre Navarra y que, ante el desconocimiento general de los Fueros, puede inducir a nuevos sectores de electores a votar sin miedo a un partido que no prioriza el fuerismo y sí la lucha contra la ideología de género, una posición intransigente frente a los ataques a la unidad de la nación española y un pragmatismo a nivel económico. En cualquier caso, su único juego posible sería en coalición con UPN-PPN y Ciudadanos. Es más, su concurrencia puede acarrear que unas decenas de miles de navarros se queden sin representación parlamentaria. Pero, por coherencia interna, deberían acudir a las elecciones. De este modo, cada espacio político colindante se retrataría, y a partir de esa foto, debieran ponerse a trabajar.

Entonces, ¿tenemos cuatripartido para rato?
Seguramente. El navarrismo está tardando en reaccionar. Ha habido algunos movimientos interesantes, ya los hemos mencionado, pero UPN ha demostrado que, pese a la voluntad de algunos de sus dirigentes de transformar su naturaleza de “partido de gobierno” a otra de presencia y acción militante sectorial, no lo han conseguido en absoluto. Y guste o no, cualquier alternativa al cuatripartito pasa por UPN.

En su libro parece desdeñarse la acción política frente al poder de las ideas. ¿Es correcta esta apreciación?
No exactamente. La política institucional es muy importante, pero sin presencia callejera, sin diálogo con la sociedad, sin impulsar el “combate de las ideas”, sin instrumentos apropiados para captar el voto joven..., es una batalla perdida de antemano. Más aún cuando el antagonista se sirve de cualquier medio y no tiene escrúpulo moral alguno. Y no me refiero únicamente a la persistencia de los efectos más perversos del terrorismo.

Antonio Gramsci, ¿goza de buena salud?
Mejor que nunca. Además, tenía razón: el cambio cultural antecede al cambio político. En realidad, la izquierda radical-progresista-nacionalista sigue sus propuestas estratégicas a pies juntillas desde los años 50 del pasado siglo. Y le ha ido muy bien: han modelado una “nueva mentalidad común” y pretenden eliminar cualquier vestigio “del pasado” en su control de la hegemonía. Por su parte, en el navarrismo empiezan, ahora, a descubrirlo. Y sus activistas culturales más aventajados parten de esas concepciones para analizar y plantear una batalla cultural a largo plazo. Por ello, los análisis de los partidos navarristas, que siempre se realizan a corto plazo en base a objetivos de cuota electoral, no sirven para comprender qué viene acaeciendo en la sociedad navarra desde hace décadas.

Los dos ensayos más extensos del libro corresponden al carlismo y a la ideología de género. ¿Por qué?
Con la extinción del carlismo, Navarra sufre, paralelamente, su transformación más radical de los últimos siglos a nivel de estructuras sociales y mentales. La ideología de género, por su parte, convierte a Navarra en laboratorio privilegiado y aventajado de la globalización. En tal sentido, no es un libro sólo para navarros: se habla de problemas comunes a toda España.

Y el nacionalismo vasco, ¿qué pinta en todo ello?
Algo que no acaece en todas las regiones españolas: viene edificando una contrasociedad alternativa, en clave identitaria, que sintetiza, en expresiones comunitaristas, los vectores operativos de la globalización: ultrafeminismo, nuevos derechos sociales, ecologismo radical, animalismo... Y con mucho empeño y atractivo.

Tratándose de Navarra es inevitable plantearlo: ¿qué pasa con los Fueros?
Señalemos, en primer lugar, que son los grandes desconocidos... en nuestra propia tierra. Casi todo el mundo habla de ellos, se apasionan, se encienden por la causa..., pero arañas la superficie y muy pocas personas conocen su historia y operativa. Por otra parte, desde el actual Gobierno, mediante los cambios propuestos para el Fuero Nuevo, se están desnaturalizando, al fracturarse su “adaptación” de la experiencia y perspectiva cristiana de los antecesores que los forjaron. Además, se tiende a reducirlos al Convenio; es decir, a una mera técnica contable. Por último, su estudio ya no cuenta con el privilegiado elenco de expertos que contó en décadas pasadas. Los Fueros, en resumen, están en una encrucijada muy delicada, acaso terminal. En Diálogos en Pamplona le dedicaremos al tema varias sesiones más. Cómo síntoma señalaré que cualquier otra temática genera, en nuestros modesto encuentros, más interés... y asistencia.

¿Algún nuevo libro en el horizonte?
Tengo ya materiales e ideas para un par de ellos; pero la vida manda y se imponen otras obligaciones. Además, me gustaría, con otros amigos, impulsar un buen libro recopilatorio de artículos de nuestro amigo prematuramente desaparecido Pascual Tamburri. Se acumulan proyectos, uno es consciente de sus muchos límites, y no dejo de ser un 'outsider' de la producción cultural. De modo que los políticos no hacen nada por entendernos a quienes nos movemos en otros parámetros, y los “agentes culturales” de lo políticamente correcto se han constituido en cerrada secta en connivencia con los medios de comunicación; verdaderos oráculos de lo que hay que pensar y decir. Por ello, el título de mi modesta columna sigue vigente: 'Disidente. . . por obligación'. Y es que pensar e ir por libre tiene su coste, pero con la inmensa satisfacción de sentirse libre.


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