AGLI Recortes de Prensa   Jueves 14  Marzo 2019

Teoría del voto útil
Lorente Ferrer. esdiario  14 Marzo 2019

Con un sistema directamente proporcional, como el que se aplica en las elecciones europeas, y basándonos en la encuesta de NC Report para LA RAZÓN del pasado mes de febrero, las tres derechas hubiesen alcanzado, con el 52,5 por ciento de los votos, la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, pero hay dos argumentos que obligan a la concentración del voto: el primero, la ley d'Hondt, la cual hace difícil el acceso a escaño por parte de los partidos pequeños. Y el segundo, el más disuasorio, la circunscripción provincial, que limita el acceso a dos o tres partidos en la mayoría de las circunscripciones y a dos o uno en las de menos habitantes.

En estas pequeñas y medianas Vox no tiene posibilidades de obtener escaño, existiendo, por lo tanto, la seguridad de que aproximadamente la mitad del voto de Vox no sólo no se traduzca en escaños, sino también vaya a parar a socialistas, comunistas o separatistas.

En 41 de las 52 circunscripciones, el voto de Vox no se traducirá en escaños, y si no se une al voto del PP, favorecerá que al menos en 7 circunscripciones el soberanismo pueda conseguir mayor representación, así como que en otras 32 circunscripciones, PSOE o Podemos, cuenten con la posibilidad de incrementar sus escaños. Y es que, las opciones políticas que se presentan con fragmentación del voto reducen sus posibilidades de obtener representación en las provincias que reparten menos escaños.

¿Que pasaría en el Congreso?
Vox obtiene representación en 11 de las 52 circunscripciones provinciales: en 41 obtiene votos que no se traducen en escaños.

La formación de Santiago Abascal se encuentra en el entorno del 10% del voto nacional, pero su tendencia ya es de contención tras un periodo inicial de escalada.

Sólo el 47,3 por ciento del voto de Vox (1.131.000 sufragios) se convertirá en escaños en el Congreso de los Diputados. El restante 52,7 por ciento (1.260.000 votos) no tendrán aprovechamiento y favorecerá al PSOE.

En la inmensa mayoría de circunscripciones provinciales no tiene posibilidades de alcanzar un escaño.

En las circunscripciones de Soria, Huesca, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Palencia, Segovia, Zamora, Ceuta y Melilla, para conseguir un diputado necesitaría más del 30 por ciento del voto emitido.

Debería superar el 25 por ciento del voto en las provincias de Albacete, Burgos, León, Salamanca, Lérida, Cáceres, Lugo, Orense, Álava y La Rioja.

Tendría que llegar al 20 por ciento en las circunscripciones de Huelva, Jaén, Cantabria, Ciudad Real, Valladolid, Navarra y Castellón.

Requiere de un mínimo del 17% en las de Almería, Córdoba, Toledo, Gerona, Tarragona, Badajoz y Guipúzcoa.

Y debería contar entre el 13 por ciento y 14% en las provincias de Granada, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife, Pontevedra, La Coruña y Vizcaya.

¿Que pasaría en el senado?
El cien por cien del voto de Vox (2.391.000 votos) a la Cámara Alta se desperdiciará, permitiendo al PSOE tener la posibilidad de obtener la mayoría absoluta en el Senado, debido a que la fragmentación del voto de las derechas erigen al PSOE como el primer partido en voto y en la mayoría de las provincias, por lo que se adjudicaría 3 de cada 4 senadores, dejando al PP con solo 1 de cada 4. Si los de Santiago Abascal, como han anunciado, persisten en presentar candidaturas al Senado en toda España, estarán entregando esta Cámara a los socialistas y por lo tanto se imposibilitaría la aplicación del artículo 155.

Unise o perder Navarra y España

Isabel San Sebastián ABC  14 Marzo 2019

Vaya por delante una convicción profunda: el voto pertenece en exclusiva al votante, que lo concede, en uso de su libertad, a quien estima oportuno y conveniente. A partir de ahí, existen ciertos asertos comúnmente aceptados que es preciso desmentir, precisamente con el fin de que podamos votar con toda la información necesaria. La primera y principal de esas asunciones erróneas es la célebre «un hombre, un voto». Nada más lejos de la realidad. En virtud de nuestro sistema electoral, el valor de cada sufragio varía sustancialmente dependiendo no solo de dónde se emita, sino también de qué partido sea su destinatario. Y en ese punto estriba el meollo de una cuestión que levanta ampollas, que a mi compañero Ramón Pérez-Maura le ha valido recientemente un ataque feroz en las redes sociales, procedente de cuentas que se proclaman seguidoras de Vox, y que imagino me traerá idénticas consecuencias, sin restar un ápice de veracidad a lo que ambos exponemos.

Existen en España veintiséis circunscripciones que reparten menos de seis escaños. Se localizan principalmente en las dos Castillas y Extremadura. Se trata de provincias históricamente bipartidistas, en las que las nuevas formaciones apenas han abierto brecha, salvo para restar a uno de los dos grandes un asiento asignado de forma prácticamente automática a su adversario. La mecánica de este proceso es compleja y muy larga de explicar, pero el hecho es que en esas 26 circunscripciones resulta matemáticamente imposible que la cuarta y quinta fuerza obtengan un diputado. A tenor de las encuestas, serán pues PSOE, PP y Ciudadanos (o en algunas tal vez Podemos) quienes compitan por sacar cabeza en esas plazas, con una clara ventaja para los dos primeros y en particular para los socialistas, dado que la fragmentación de la derecha lastra las posibilidades de Casado y beneficia a Sánchez, quien podría obtener entre 25 y 30 asientos adicionales en el Congreso procedentes únicamente de esas demarcaciones. Escaños decisivos, merced a los cuales estaría en condiciones de reeditar la mayoría parlamentaria que le llevó a La Moncloa y gobernar nuevamente con el apoyo del separatismo.

La situación que describo es tan real como lo que nos jugamos el 28-A: cuatro años más de «frente popular», con unas fuerzas independentistas echadas al monte de la autodeterminación y un candidato socialista a la Presidencia cuya ambición de poder supera con creces cualquier escrúpulo o lealtad a la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir. En otras palabras, el futuro.

¿Qué hacer ante este embate de incalculable gravedad? Allá cada cual con su conciencia y prioridades. Vote usted, querido lector, a quien prefiera, pero tenga bien presentes las repercusiones de su decisión. No es igual votar en Madrid o Barcelona que hacerlo en Guadalajara o León. Tampoco es equiparable una política sectorial cualquiera a la unidad nacional que peligra, hasta extremos nunca conocidos, si Sánchez revalida su mandato. Es la hora de la patria y el patriotismo se demuestra con hechos. Navarra acaba de mostrar el camino a seguir, a través de esa candidatura única pactada entre UPN, PP y Cs para las autonómicas, que supone la renuncia a sus respectivas siglas en aras de un propósito muy superior al interés partidista. Porque en esas urnas lo que se dirime es la existencia misma de la comunidad foral, amenazada por el voraz apetito vasco. Es Navarra lo que está sobre la mesa el próximo 26 de mayo. Y el 28 de abril, España.

Concentrar el voto para no beneficiar a Sánchez
Editorial El Mundo  14 Marzo 2019

El fin del bipartidismo y la consiguiente fragmentación parlamentaria, una situación insoslayable desde hace años en nuestro país, tiene la virtud de incrementar las opciones políticas, pero el riesgo de desvirtuar la voluntad del electorado debido a los efectos de nuestro sistema electoral. En primer lugar, por el sistema de reparto de escaños que fija la Ley D'Hondt, pero sobre todo por la reducida población de muchas circunscripciones, en las que hay en juego menos de seis escaños. Concretamente 28 de las 52, en las que para conseguir un diputado hay que alcanzar como mínimo un 15% de los votos, algo que beneficia a los partidos mayoritarios.

En este sentido, tiene coherencia la reflexión de Pablo Casado sobre la necesidad de concentrar el voto del centro derecha para que el PSOE de Pedro Sánchez no se vea favorecido por la dispersión de las papeletas en las provincias donde Vox y Ciudadanos no tienen ni la suficiente implantación territorial ni expectativas electorales. En esos casos, los votos se perderían, produciéndose la paradoja de que votar a esas opciones podría en la práctica bonificar a socialistas y populistas. Hace bien Casado abrir este debate, justo antes de las elecciones, para que todas las formaciones actúen con responsabilidad.

Teoría del inútil o traidor. Se amontona el trabajo para botar al PP, o sea para no votar al PP
Nota del Editor 14 Marzo 2019

Hay que tener una cara dura como una montaña de granito para empeñarse en tratar de convencer a quienes defendemos España y a los españoles a seguir nuestro camino. El voto más inútil es el voto al PP, que ha demostrado siempre su incapacidad, su traición a España y a los españoles. El destino del PP debe ser la desaparición y el olvido (a salvo de las responsabilidades en las que han incurrido por delitos).

¿ Porqué hay tantos empeñados en que todo siga igual, es decir, empeorando ? Son espías, traidores, despistados, incultos, creyentes de la idiotez ? ¿ Porqué no defienden España y los españoles y votan a Vox ?

¿ Cómo se benefician de su traición ? ¿ A quienes siguen destrozando ? sin duda a los españoles.

Vox y sus votantes, sometidos a tortura: aténganse a las consecuencias

Aumenta la presión sobre Vox para que sucumba al voto útil con advertencias apocalípticas. Abascal, de momento resiste y no hace ni caso.
Pilar Díez Libertad Digital 14 Marzo 2019

El Mundo dice que "Casado pide a Vox que no se presente en 28 provincias". Y claro, Vox le ha respondido (no sé si por Twitter, Facebook, Wasap o Istagram) que se vaya al carajo, que no se presente él. Francisco Rosell apoya la propuesta de Casado, ya que "los efectos de nuestro sistema electoral pueden provocar distorsiones en la representatividad". "Tiene coherencia la reflexión de Pablo Casado sobre la necesidad de concentrar el voto del centro derecha para que el PSOE de Pedro Sánchez no se vea favorecido por la dispersión de las papeletas en las provincias donde Vox y Ciudadanos no tienen ni la implantación suficiente territorial ni expectativas electorales. En esos casos, los votos se perderían". A saber. Que le pregunten a Podemos cómo le fue cuando forzó repetir elecciones para ir con IU y absorber sus votos. "Hace bien Casado en abrir este debate para que todas las formaciones actúen con responsabilidad". Este debate lleva abierto hace tiempo. A Rajoy se le planteó varias veces cuando tenía mayoría absoluta que cambiara la ley electoral y dijo que ni hablar, que estas son las reglas del juego. Emilia Landaluce apela a la sesera de los votantes. "A muchos el cuerpo les pide apostar por la formación de Abascal pero en la cabeza retumban dos conceptos en los que insiste toda la prensa conservadora: el voto útil y en lo perjudicial que sería regalar al PSOE la mayoría del Senado. En este sentido Pablo Casado está siendo inteligente". Ay, Emilia, el corazón tiene razones que la razón no entiende. David Gistau se hace un autoelogio por su independencia. En tiempos en que la política "contamina al periodismo" y algunos "cultivan la adhesión ciega a unas siglas" aún quedan profesionales como él, inmunes a cualquier contaminación, inmutables ante el ambiente. "Ya nadie cree al periodista que trata de trabajar sin sentirse obligado a servir a un partido", lloriquea. En concreto se refiere al pucherazo en Ciudadanos. "Expresar preocupación por esto lo convierte a uno en parte de una conspiración del PP que estaría dando a oler a sus mastines la camiseta de un ser infalible y providencial llamado Rivera cuya liquidación ha sido ordenada". Pues en esa conspiración debe estar la práctica totalidad de los periodistas, porque ese disparate lo ha criticado todo el mundo, con algunas matizaciones sobre la reacción de Ciudadanos.

El País abre a todo trapo: "La ONU pide medidas urgentes ante el desastre medioambiental". En fin. El editorial abronca a Torra por negarse a quitar la propaganda lazi. "Recordar al máximo represente del Estado en Cataluña que su deber es cumplir y hacer cumplir la ley podría ser ocioso cuando el único programa político de los independentistas es desafiarla". Pues sí, es una pérdida de tiempo. Se han pasado por el forro las órdenes de todos los tribunales, incluido el Constitucional, y van a obedecer a la Junta Electoral. Los indepes buscan "solo el conflicto por el conflicto y la parálisis por la parálisis, a ver si de este modo consiguen que prenda el odio por el odio". Prueba superada. Y hoy el cronista del juicio del procés, Xavier Vidal Folch, dicta sentencia. "Un sector policial propinó el 1-O palizas a abuelitos y tietes, innecesarias e injustificadas aunque hubieran sido miserablemente usados como escudos humanos de la Nació". Abuelitos y tietes, ya le vale. Muy mal tiene que ver el juicio para perder los papeles de esta manera.

ABC abre con la tesis de Sánchez. "Un engaño tras otro". El editorial también va en la línea de presionar a Vox. "La principal ventaja electoral con la que parte el PSOE es, sin duda, la fragmentación del voto que padece el centro-derecha (…) El surgimiento de Vox hace peligrar la consecución de una veintena de escaños" y por eso "Pablo Casado pidió ayer a Vox que no se presente en las provincias menos pobladas". Rubido entiende el corte de mangas de Abascal. "Aunque el diagnóstico del PP es correcto, la estrategia seguida en este caso no ha sido acertada", hay que ser más discreto, hombre. Isabel San Sebastián se lanza directamente a por los votantes. "Allá cada cual con su conciencia y prioridades. Vote usted, querido lector, a quien prefiera, pero tenga bien presente la repercusión de su decisión (…) Es la hora de la patria y el patriotismo se demuestra con hechos". Madre, qué responsabilidad tan grande. La patria en manos de sorianos, palentinos, turolenses. Pobres, no me gustaría estar en su pellejo.

La Razón, pues lo mismo. "Efecto Álava: más del 50% de los votos de Vox favorecerá a Sánchez". Pero Marhuenda no se queda ahí y da una vueltecita más al potro de tortura. "En el País Vasco la división de la derecha restaría diputados al PP en favor de Podemos y Bildu". ¡Bildu! Esto ya es demasiado. Por cierto, ¿en el País Vasco alguien vota a Vox? El editorial responsabiliza directamente a Abascal del futuro de España. "Abascal sabe lo que se juega España". "La fragmentación de los partidos del centro derecha acabará por favorecer en el reparto de escaños al PSOE, a nivel nacional, y a las formaciones nacionalistas". "Mas de la mitad de los sufragios que los últimos sondeos atribuyen a Santiago Abascal no solo no tendrían aprovechamiento alguno, sino que acabarían por dar la mayoría al PSOE". Son pesaditos, ¿eh? ¿Piensan estar así hasta el 28 de abril? Marhuenda emplaza directamente a los electores para que "actúen en consecuencia", pero eso sí, "la mayor responsabilidad de un resultado electoral que acabara reeditando un Gobierno de Pedro Sánchez, nacionalistas, proetarras y radicales de izquierda correspondería a Santiago Abascal". Que lo sepas, Santiago. Si se rompe España será culpa tuya. Y de tus votantes. Tras la de cal, viene la de arena, la persuasión por las buenas. "Solo en un Gobierno del PP encontraría Santiago Abascal un interlocutor" que le invite a tomar el té, porque si ganan los malos les espera "la demonización y la exclusión" que les extenderá un "cordón sanitario". El infierno, en definitiva. Jo, Abascal, si no te mueres de miedo es que eres un machote.

En La Vanguardia leo un titular que llama a la movilización. "ANC y Omnium fletan centenares de autocares para protestar en Madrid". ¡Que vienen los indepes, banderas a los balcones!

El político como primer ladrón del dinero público
Antonio García Fuentes Periodista Digital 14 Marzo 2019

Sí… Y entiéndase que robar no es sólo llevarse lo que no es suyo, sino que robar es, dilapidar, malversar, gastar a troche y moche o en proyectos no sólo no rentables, sino irrecuperables y que lastrarán la economía por tiempos incalculables; y así, se le pueden añadir “etcéteras” interminables por lo variados. Añádanse a ello, que el político hará siempre “sus leyes y para con ellas, cubrirse todas sus impunidades”. Y a la vista de ello, observemos la marcha del mundo y la situación de cada época y en especial la actual; no sólo de España que es donde nací y vivo, sino del resto de este siempre expoliado planeta, por políticos ladrones y que nunca pagaron su latrocinio; que igualmente hundieron a los pueblos que mangonearon y los destruyeron, sumiéndolos en las ruinas y miserias de las que la historia tiene abundantes realidades.

Ahora mismo y aquí donde vivo, se han iniciado ya las luchas implacables por el control del máximo monto de dinero público, a manejar tras las varias votaciones que hay proyectadas para este año. Los frentes son los mismos o similares y se desarrollan en los ámbitos, municipal, provincial, regional o nacional; se habla se insulta se lanzan mentiras de todo tipo, pero todo ello en una batalla sin cuartel, con el único fin de (reitero) controlar el máximo de dinero público; ya que de lo que se trata es de llegar al mismo para repartirlo como mejor puedan, o quieran los conquistadores, que debido a “la manga ancha”, que siempre existe en España, da lugar a todos los fraudes y malversaciones, así como robos descarados, de los que hoy llenan gran cantidad de los juzgados que juzgan la enormidad de casos que hay pendientes, en España y que se van dilatando en el tiempo, para precisamente, que se diluyan en la inmensidad del fraude realizado y que en mayoría, desaparezcan sin que los responsables, ni paguen lo que defraudaron, ni vayan a la cárcel por tiempos suficientes como para crear el miedo que debe ser creado, para que los proclives a estos delitos, lo pensasen mucho antes de iniciar esas aventuras delictivas; y que siempre terminan por arruinar los bienes comunes, de los que al final somos víctimas la inmensa mayoría de habitantes del territorio que sea.

En esta transitura, los que pelean por los puestos a ocupar andan locos removiendo todo lo removible, para llegar a los primeros puestos del mangoneo, donde lo que menos importa, es el pueblo, no así su voto; ya que es el voto el que les dará el salvoconducto para luego lograr los fines que se propongan, el resto les importa poco y más en la actualidad, donde la situación de descontento se va presentando “explosiva”; y es lo que preocupa más a la casta establecida, la que no quiere ser desplazada, puesto que en mayoría, fuera “del dinero público, no son nada, ya que nada hicieron en la vida privada como para sostenerse en un oficio útil y dentro de ella, ya que en esa vida privada, que es donde en general todo bien positivo se produce y consigue, debido a la enormidad de impuestos que la castigan, cada vez es más difícil sostenerse en ella”; y de ahí el miedo de los colocados; pero también el miedo general y las ansias de colocarse “en el dinero público, sea en el puesto que sea”; por lo que de seguir así, esta ya calamidad, epidemia o plaga incontrolable, el final será una vez más lo que ya ocurriera tantas veces; o sea, que el exceso de contribuidos y la falta de contribuyentes, son los que acaban con cualquier sistema o imperio; y al decir ello, me viene a mi mente la terrible frase del emperador romano Caracalla… “Ya somos más los contribuidos que los contribuyentes”; lo que demuestra por sí solo que los que se cargaron el Imperio Romano, no fueron “los bárbaros del norte”, sino los inútiles administradores políticos del imperio que se lo comieron enterito.

De todo ello se desprende una lección que nunca se toma y es la de reducir todos los aparatos oficiales, al mínimo posible; hacerlos profesionales por méritos demostrados; y evitar el acceso a recomendados y nepotes, todo lo demás lleva a los desastres que ya tenemos encima… ¿aprenderán? ¿Surgirán verdaderos inteligentes estadistas para reorganizar los Estados? Lo vamos a ver antes que después… “pues los barcos empiezan a hundirse; y si no se llevan a dique seco y se adecuan a las verdaderas necesidades, el desastre o desastres son seguros”.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

La impotencia de la 'nueva política'
Cristina Losada Libertad Digital 14 Marzo 2019

Incorporar a ciertas figuras de la "vieja política" se puede ver como una agregación de experiencia. Pero también como una forma de tranquilizar a todos aquellos que temen una ruptura con las pautas y redes tradicionales.

El caso de las primarias de Ciudadanos en Castilla y León promete quedarse en el asunto del posible tongo que dio inicialmente la victoria a la ex del PP, Silvia Clemente, frente a su rival, el diputado de Cs, Francisco Igea. Pero lo más interesante no son las irregularidades o errores detectados en el voto. Quedarse ahí sería atender únicamente al síntoma. Aunque el síntoma no deje de ser significativo del problema de fondo. Un problema con el que se encontrará cualquier partido que se proponga desbaratar el modus operandi de aquello que Ciudadanos, entre otros, englobaba en la idea de "vieja política". En regiones y provincias, ese modus operandi, que es condición de un modus vivendi para muchos, tiene especial arraigo.

A fin de cuentas, el fichaje de Clemente, que llevaba veinte años en la política autonómica en las filas del PP, y no en la retaguardia, suponía incorporar a una figura típica de la denostada "vieja política". Alguien que acumula experiencia, pero 'determinado' tipo de experiencia. Un tipo de experiencia que es común a políticos del PP y del PSOE de parecido rango en muchos otros lugares de nuestra geografía. Porque ambos partidos han tenido conductas muy similares a esos niveles que, como suele decirse, son "los más cercanos a los ciudadanos". Y cercanos a otras cosas. He ahí la cuestión. Por decirlo en corto: hablamos -hablemos- de los feudos clientelares. Y de la dificultad de partidos nuevos, con proyectos de 'regeneración democrática', para entrar en esas fortalezas y, no digamos en sus torres del homenaje: los Gobiernos.

Con todo lo difícil que es alzarse con el Gobierno de España desde postulados liberales y de reforma institucional, ese empeño seguramente es más fácil que romper el círculo vicioso de lealtades largamente engrasadas por el poder político en los enclaves autonómicos y provinciales. Sobre el papel, los proyectos de acabar con la 'colonización' partidista de la administración, el sector público económico, los medios de comunicación, la cultura y los organismos de control -esto es, con la partitocracia-, de romper las redes clientelares y de prevenir la corrupción, son impecables, irreprochables y hasta suscitarán aprobación general. Pero en la práctica pisan muchos callos. Asustan. Representan un desafío al statu quo.

Ante el riesgo de que desaparezca, los acostumbrados a beneficiarse de ese estado de cosas van a defenderlo con uñas y dientes. Sería ingenuo limitar la lista de beneficiados a los partidos. Es más amplia y profunda. De ahí la dificultad. Los que hayan salido ganando con el "capitalismo de amiguetes", por poner un ejemplo y citar una imagen popularizada por Luis Garicano -que apoyó a Igea-, no van a saltar de alegría si se propugna que las relaciones con el poder político, que tanto cultivan, dejen de ser la puerta de acceso para contratos públicos y negocios de toda índole. Otros sectores empresariales, verdaderamente competitivos, sí estarán por ello, pero en muchos lugares no tendrán fuerza suficiente. La dependencia de subvenciones, cuyo reparto tiende a estar orientado no por criterios objetivos, sino de favor político, genera otro campo de resistencia. Los famosos chiringuitos también cuentan con su lista de favorecidos y potenciales perjudicados. Y así todo. Para los que tienen un modus vivendi dependiente de la cercanía al poder político, la cuestión es simple: ¿Y si éstos, tan limpios, tan honrados, tan fair play, echan abajo el tinglado?

La política real de los partidos hegemónicos en autonomías y provincias ha ido conformando un ecosistema político y social donde dominan los refractarios a cualquier modificación de esa manera de hacer las cosas que se resume en cinco palabras: las conexiones políticas lo son todo. Es un modus operandi tan probado y, todo hay que decirlo, enraizado, que los partidos que lo amenacen se encontrarán ante un dilema. O se resignan a un papel más o menos testimonial o contemporizan con las pautas establecidas. Porque nuestra sociedad civil, si por eso se entiende algo autónomo respecto de la política, es débil. Esa es la gran limitación. Y este, el diagnóstico pesimista: no hay todavía masa crítica. Con esta hipótesis, los fichajes de Clemente y otros similares toman otra perspectiva. Incorporar a ciertas figuras de la "vieja política" se puede ver como una agregación de experiencia. Pero también como una forma de tranquilizar a todos aquellos que temen una ruptura con las pautas y redes tradicionales.

La pejiguera de las dos Españas
Amando de Miguel Libertad Digital 14 Marzo 2019

La maldición que pesa sobre la vida pública española de la época contemporánea es la constante disputa entre las llamadas "dos Españas" en términos de clase social o de orientación ideológica. La apoteosis de tal confrontación fue la crudelísima guerra civil de 1936, cuyos vencidos fueron anatematizados por el franquismo.

Con el famoso "consenso" de la democracia pareció que se iba a cerrar el maleficio, pero sucedió algo curioso. Las autoridades políticas y culturales de los últimos 40 años han puesto tanto empeño en reivindicar el dolor de los vencidos en la guerra civil que da la impresión de que esa contienda la ganaron los republicanos. Tómese una escueta ilustración. En las películas que se han hecho sobre la guerra civil o sus consecuencias a lo largo de los últimos 40 años los "buenos" han sido casi siempre los republicanos. Han sido casi todas películas subvencionadas por el Gobierno de turno, fuera de izquierdas o de derechas. Después de todo, en España la industria del cine ha estado siempre en manos de personas de izquierdas. Lo de la subvención al cine fue una política del franquismo que permanece viva. Pasa algo parecido con otros muchos aspectos de la vida cultural. Compárense los homenajes que ha merecido Antonio Machado durante los últimos 40 años y el silencio oficial sobre otro gran escritor de la generación del 98, Ramiro de Maeztu. Este último fue fusilado por los republicanos a comienzos de la guerra civil. Sigue siendo el gran olvidado.

Siempre se podrá decir que es de justicia homenajear a los españoles eminentes que fueron de izquierdas. Pero, después de 40 años de democracia, lo verdaderamente equitativo sería que el mundo oficial reconociera públicamente a los epónimos de las dos Españas. No hay ningún indicio de que se esté produciendo una cosa así. Más bien tiene lugar la decisión contumaz de eliminar del callejero a los personajes que fueron de derechas. Es más, en la vida pública actual el mínimo reconocimiento de la España tradicional o conservadora es calificada automáticamente como "fascista" o "facha" a modo de insulto.

Por si fuera poco, el Gobierno actual (socialista y feminista) se ha propuesto como objetivo principal la exhumación de los restos de Franco, enterrado que fuera en su día en el Valle de los Caídos. Es una forma decidida de ahondar todavía más la herida de las "dos Españas". A estas alturas se habla de levantar un censo con las víctimas del franquismo; hay que suponer sus descendientes. ¿Y el censo con los descendientes de las víctimas de la República? No creo que lo exijan los parientes que queden de José Antonio Primo de Rivera, fusilado por los republicanos. Por cierto, también se halla enterrado en el Valle de los Caídos. ¿También será exhumado?

Empieza a ser irritante la obsesión de la izquierda actual por ensalzar las figuras históricas de su ideología, incluidas las que no pasaron de mediocres. No es solo una iniciativa intelectual, sino que se traduce en los programas electorales.

Está por hacer un análisis de contenidos de los textos de la enseñanza obligatoria en España. Los datos parciales que tenemos nos indican que muestran un sesgo sistemático al exaltar los personajes que en vida pasaron por izquierdistas o progresistas. No existe ningún organismo oficial que vigile el sesgo ideológico de los textos escolares. Así pues, lo lógico es que, en la mentalidad de los egresados de la enseñanza obligatoria, continúe el enfrentamiento de las "dos Españas". Con la particularidad de que parece que la de izquierdas o progresista siempre va a ser la que tenga la razón. Demasiado simplista para ser verdad.

El PSOE extremeño deja sin ayudas públicas a los pueblos con nombres franquistas
Teresa Gómez okdiario 14 Marzo 2019

El Ayuntamiento de Badajoz ha demandado a la diputación por exigirle que le devuelva subvención de 90.000 euros concedida en 2017. En la última resolución de ayudas del Plan Dinamiza, publicada esta semana, se han excluido a Villafranco del Guadiana y Guadiana del Caudillo por no renunciar a los vestigios franquistas.

La diputación de Badajoz, presidida por el socialista Miguel Ángel Gallardo, ha retirado las subvenciones del Plan Dinamiza -destinada para empleo, obras y servicios- a los pueblos con topónimo franquistas que se han negado a cambiar el nombre de sus municipios.

Las localidades afectadas han Villafranco del Guadiana y Guadiana del Caudillo, dos pedanías surgidas del Plan Badajoz, aprobado durante la dictadura de Francisco Franco en 1952 cuyo objetivo fue mejorar la producción y la agricultura pacense, y que ahora incumplen presuntamente la Ley de Memoria Histórico aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde 2018, ni el Ayuntamiento de Badajoz (del que depende la pedanía de Villafranco del Guadiana) ni el municipio de Guadiana del Caudillo han recibido subvenciones procedentes de la diputación. La última resolución se ha hecho pública esta semana y estos han sido los dos únicos municipios de la provincia excluidos del reparto de ayudas del Plan Dinamiza 4, dotado con 12.838.505 euros, el paquete de inversiones más potente que reciben anualmente.

Llega a la Justicia
Este asunto se ha trasladado a la Justicia. OKDIARIO se ha puesto en contacto con el alcalde pedáneo de Villafranco del Guardiana, dependiente del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Sánchez, quien argumenta que ya se han interpuesto cinco demandas contra la diputación por la retirada de subvenciones: una correspondiente al 2017, tres ayudas en el 2018 y una en el 2019.

Explica que la Diputación ha cambiado de estrategia a mediados de año, y ha pasado de conceder subvenciones a todos los municipios con la reserva de poder reclamarla si no cumplen los requisitos del comité de expertos de la Ley de Memoria Histórica, a no anticipar las ayudas a los pueblos que sigan manteniendo sus vestigios franquistas.

Ahora, el socialista Miguel Ángel Gallardo reclama al Ayuntamiento de Badajoz (del que dependen la pedanía de Villafranco del Guadiana) la cuantiosa suma de 90.960,00 euros correspondientes a las ayudas otorgadas en 2017. OKDIARIO ha tenido acceso a la demanda remitida por el Ayuntamiento pacense tras recibir la orden de devolver esta subvención recibida hace dos años.

El PSOE extremeño deja sin ayudas públicas a los pueblos con nombres franquistas
Denuncia por la retirada de subvenciones en 2017.

A esta pérdida se suma las ayudas que perdió esta pedanía en 2018, valoradas en 55.224 euros, por no cambiar el nombre.

Miente el presidente
Gabriel Albiac ABC 14 Marzo 2019

Sánchez miente acerca de su tesis doctoral. Está en su derecho de hacerlo. El ciudadano Pedro Sánchez Pérez-Castejón está legitimado para mentir en defensa propia. Ni más ni menos de lo que lo está cualquier otro sujeto. En el plano judicial, las legislaciones europeas contemplan incluso el derecho a la mentira como parte de las estrategias defensivas de un acusado. Miente todo ciudadano para eludir los perjuicios que amenazan caer sobre su cabeza. Es algo que se corresponde con un principio de elemental sensatez en los legisladores: no se debe legislar lo inaplicable. Pedir que un acusado se comporte de modo heroico contra sí mismo es alzar una ficción candorosa. El derecho del acusado a mentir ante sus jueces es parte de nuestra civilización garantista europea. No de cualquier otra. No de la estadounidense, por ejemplo.

¿Acoge al presidente del Gobierno el mismo derecho a mentir que protege al ciudadano Pedro Sánchez Pérez-Castejón? Por supuesto que no. En la verdad o mentira de un gobernante no se solventa -al menos en su punto de partida- una cuestión penal: ésa podrá venir después, si fuera el caso, sobre la cabeza del ciudadano, con nombre y apellido, que ostenta el cargo; porque los cargos no delinquen, delinquen las personas que los ejercen. En la verdad o mentira que emite un gobernante, se dirime la condición básica de esa representación que el ciudadano elector transfiere formalmente a aquellos a los cuales encarga ejercer las tareas políticas.

Bajo las condiciones de los Viejos Regímenes pre-burgueses, la rendición de cuentas se efectuaba sólo ante una entidad trascendente: el gobernante representaba una legitimidad venida del más allá y sólo ante ella debía dar razón verdadera de sus actuaciones. Es, naturalmente, lo que dice sin equívoco la fórmula protocolaria que explicita cómo esa potestad se ejerce «por la gracia de Dios». El paso crucial sobre el cual nacen las democracias europeas cabe en su trueque por otra fórmula: la que afirma que el poder está siendo ejercido «en el nombre de la nación». Ni está legitimado el monarca absoluto para mentir ante Dios, ni está legitimado el gobernante moderno para mentir ante la nación, esto es, ante el pueblo soberano. Violar ese pacto es letal para ambas partes.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón plagió su tesis: es algo que, a la vista de los pasajes coincidentes que publicó en su día ABC, constituye un dato material incontrovertible. ¿Está en su potestad de negar ese plagio? Lo está. Aunque el cúmulo de páginas idénticas pone difícil acometer esa proclama sin hacer un ridículo aún más espantoso que la mentira. Pero, como muy bien pontificó Carmen Calvo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón es Pedro Sánchez Pérez-Castejón y el presidente del Gobierno de España es el presidente del Gobierno de España. Lo que era legítimo para el primero, no lo es para el segundo. Así son las cosas. Nadie le obliga a uno a optar a presidir el consejo de ministros. Pero si decide hacerlo, se somete automáticamente a la regla que hace de la mentira violación mayor del contrato entre ciudadano y gobernante.

La Moncloa -no ya sólo el presidente- ha mentido, al afirmar (con fecha del 14 de septiembre de 2018) lo que esta semana desmiente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: que la tesis presidencial hubiera sido sometida a un programa antiplagio del cual saliera airosa. Es mentira: es un dato; no una valoración. Mentira sobre mentiras: violación del vínculo que une al ciudadano con su representante.

Sánchez Dragó entrevista a Abascal: "La vida, la libertad y España son nuestras líneas rojas"
Planeta publica un libro en el que el veterano escritor conversa pausadamente con el líder de Vox, una obra que la propia editorial denomina una "confesión general" del dirigente político
 vozpopuli.es    14 Marzo 2019

El más que veterano escritor Fernando Sánchez Dragó se ha aventurado a entrevistar al líder de Vox, Santiago Abascal. Ambos se han ido a la casa que el primero tiene en Soria para estar cómodos y abordar las ideas que propone el máximo dirigente de la formación que ha sorprendido en las elecciones andaluzas y que ha anunciado que estará tanto en las generales como en las municipales y autonómicas que se celebran en las próximas semanas.

Sánchez Dragó y Planeta han titulado la larga entrevista 'Santiago Abascal. España vertebrada', un rótulo que ya de partida invita a pensar más en un diálogo en el que el líder de Vox explica a fondo sus propuestas que en un interrogatorio crítico que pone en duda los conceptos del nuevo partido político. "Esas son nuestras líneas rojas: la vida, la libertad y la unidad de España. La última es tan importante como las otras dos. Hay quienes dicen que se podía resolver mediante un referéndum. Nosotros no lo aceptamos. España no se puede suicidar", dice Abascal en un momento de la entrevista.

"Vox ha irrumpido como un vendaval en la vida política española. Unos los temen, otros los imitan y muchos se han entregado a seguir con fervor a este partido. Por primera vez, su líder se ha prestado a la prueba de fuego de una confesión general. El texto recoge muchas horas de interrogatorio por parte de Sánchez Dragó. De todo se habla. Abascal no rehúye el bulto, dando respuesta así a muchos interrogantes. Desde la influencia de su padre a su paso por el PP, la crisis con ese partido y el empezar de cero, hasta el feminismo, el europeísmo, los inmigrantes, las autonomías, la familia, los impuestos, el aborto, la mili o el amor y el divorcio", explica Planeta en un comunicado.

Planeta opta por Abascal tras dar voz el pasado mes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una polémica autobiografía, la primera de un jefe del Ejecutivo estando aún en el sillón de Moncloa. 'Manual de resistencia' habla de los años en primera línea de política de Sánchez, tiene 320 páginas y cuesta 20,50 euros, apenas 40 céntimos menos que el volumen del líder de Vox, que cuenta con 352 páginas.

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El 'procés' sigue en marcha
Editorial El Mundo  14 Marzo 2019

Que la asonada independentista continúa en marcha es una evidencia palmaria en las amenazas lanzadas por Torra y Puigdemont, en la voluntad rupturista verbalizada en la exigencia del derecho de autodeterminación y en la burla consumada ayer a la Junta Electoral para retirar los lazos amarillos. A ello hay que sumar las presiones del soberanismo a los funcionarios que prestan declaración como testigos en el juicio del 1-O. Si el ex jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos, Manel Castellví, recibió coacciones en las redes sociales, amén de descalificaciones en los medios afines al separatismo, tras poner al descubierto la connivencia de la policía autonómica en el golpe separatista, no es difícil atisbar la presión social que supone testificar en contra de la línea sostenida por las defensas. Extremo que permite constatar que el desafío separatista, lejos de amainar, sigue prolongándose y además con el apoyo institucional intacto desde la Generalitat.

El clima de acoso y de omertà forjado por el independentismo explica las evasivas lanzadas ayer en el Supremo por Albert Royo, máximo responsable del Diplocat durante el procés, o las incoherencias de Enric Vidal, que gestionó la impresión de carteles de apoyo a la votación. También los titubeos y las respuestas con monosílabos que deslizó Jaume Mestre, encargado de contratar las campañas publicitarias del 1-O. Su inconcreción fue tal que Marchena no dudó en espetarle: "Es evidente que hay algunas preguntas que está eludiendo". Cabe recordar que el testigo que incurra en falso testimonio, contemplado en el artículo 460 del Código Penal, delinque no sólo mintiendo, sino también pronunciando respuestas absolutamente evasivas, tal como le recordó el presidente de la Sala. El testigo reconoció la evidencia y ello llevó al fiscal a pedir, por primera vez en este juicio, la imputación del mismo por falso testimonio, medida que el tribunal aplazó a la sentencia. Se trata de una petición plenamente motivada que reafirma el papel central y la excelente preparación de los interrogatorios que está esgrimiendo la Fiscalía en la vista oral.

Resulta completamente inexplicable que Mestre, cuya declaración testifical es crucial para el delito de malversación, sostenga que no abordó la difusión ni el abono de la campaña del 1-O con la directora de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales(CCMA). El director de TV3, Vicent Sanchis -imputado por desobediencia-, tuvo la desfachatez de afirmar en su reciente declaración en el juzgado 13 de Barcelona que emitió la propaganda del 1-O porque su "deber era informar". Es muy grave que funcionarios y empleados dependientes de la Generalitat sigan instalados en la falsedad. La realidad es que las facturas emitidas por la CCMA al departamento de Presidencia, cuyo titular era Jordi Turull, acreditan el uso de fondos públicos para el referéndum.

Abascal sabe lo que se juega España
 larazon   14 Marzo 2019

Dado el sistema electoral español, que distorsiona el voto en la mayoría de las circunscripciones provinciales menos pobladas, es un hecho que la fragmentación de los partidos del centro derecha acabará por favorecer en el reparto de escaños al PSOE, a nivel nacional, y a las formaciones nacionalistas en las regiones donde tienen más implantación, como Cataluña y el País Vasco. En este sentido, el caso de Álava es paradigmático, puesto que los votos que las encuestas otorgan a VOX en esa provincia supondría, nada menos, que el PP se quedaría sin representación, pues el cuarto diputado pasaría a Bildu o a Podemos, sin que el partido de Santiago Abascal tuviera la menor opción de traducir sus apoyos en un escaño. Esta circunstancia reza igualmente para todas las provincias donde se eligen seis o menos representantes, pero con especial incidencia en Soria, Guadalajara, Huesca, Teruel, Cuenca, Ávila, Palencia, Segovia, Zamora y las ciudades de Ceuta y Melilla, donde VOX debería superar el 30 por ciento de los votos para obtener un diputado.

En definitiva, que más de la mitad de los sufragios que los últimos sondeos atribuyen a Santiago Abascal –1.260.000 votos–, no sólo no tendrían aprovechamiento alguno, sino que acabarían por dar la mayoría al PSOE. Es, pues, muy importante que los electores no se dejen confundir por el «efecto Andalucía», ya que en el conjunto de España la ley D´Hont opera esos efectos perversos que hemos denunciado, y actúen en consecuencia. Sin embargo, a nadie se le escapa que la mayor responsabilidad de un resultado electoral que acabara reeditando un Gobierno de Pedro Sánchez, forzosamente supeditado a los apoyos de nacionalistas, proetarras y radicales de izquierda –que no han dudado en alinearse con «el derecho a decidir» en el mayor ataque sufrido por la Nación española desde la Transición–, correspondería a Santiago Abascal, que ayer, frente a las razonables demandas del líder popular Pablo Casado, reiteró su negativa a retirar las candidaturas de VOX en las circunscripciones más comprometidas, incluso las que se presentan al Senado, cuyos votos serán perfectamente inútiles.

Sabe Abascal, al menos debería ser consciente de ello, de que en estas elecciones está en juego la idea de España tal y como la conocemos. Que la más que probable conjunción entre unos nacionalismos que se han saltado todos los principios constitucionales, una extrema izquierda radical y un PSOE llevado a la deriva populista de la mano de Pedro Sánchez amenaza con dinamitar la ya maltrecha estabilidad política de la Nación. Pero es que, además, si la aritmética parlamentaria de la moción de censura se repite, si el bloque constitucionalista se queda sin opciones, los valores y los principios que defiende VOX no tendrían valedor alguno.

Sólo en un Gobierno del Partido Popular encontraría Santiago Abascal un interlocutor dispuesto a sentarse a la misma mesa de negociación y proclive a atender sus propuestas, que, por otra parte, no están en la antípodas de las que mantienen los populares. El otro escenario es de sobra conocido: la demonización y exclusión de la formación verde, tildada de extrema derecha, cuando no directamente de fascista, por un jefe de Gobierno que ha anunciado reiteradamente su intención de extender un cordón sanitario sobre Abascal y todo lo que representa. Por supuesto, la decisión de coordinar una estrategia electoral favorable con Pablo Casado no es sencilla ni fácil de explicar a sus votantes, muchos de los cuales proceden de la abstención o están desencantados con las políticas que ha llevado a cabo el PP. Pero el riesgo para los intereses generales es tan cierto, tan evidente, que la apelación al voto útil nos parece no sólo pertinente, sino absolutamente necesaria.

Vamos a votar al PP para que sigan  tomándonos por idiotas

Nota del Editor   14 Marzo 2019

Y dale, están empeñados en seguir insultándonos, quieren que votemos al PP para que todo siga igual, es decir, empeorando.
Se quieren cargarse España y no saben como silenciar a quienes nos oponemos. ¿ Porqué no dicen a los creyentes del PP que ya es hora de que abran los ojos y se den cuenta de la basura que es el PP de sus creencias ?

¿ Qué interés tienen en que todo siga igual, es decir empeorando?

¿Dónde está el Gobierno que no hace cumplir la ley?
OKDIARIO  14 Marzo 2019

El Gobierno de Pedro Sánchez debe abrir todas las vías disponibles para que Quim Torra cumpla con el mandato de la Junta Electoral Central y retire todo símbolo independentista de los edificios públicos. El presidente de la Generalitat, mal que le pese, no está por encima de la ley, y el Ejecutivo debe hacérselo saber a través de todas las herramientas de las que dispone el Estado de Derecho. Isabel Celáa y Josep Borrell han afirmado que, efectivamente, tienen recursos para frenar la afrenta separatista de Torra, sin embargo, y los hechos recientes lo avalan, es improbable que el PSOE busque un enfrentamiento con los socios que llevaron a Sánchez hasta La Moncloa.

Desde el Ejecutivo deben dejar de tratar a Torra como un rehén de la enajenación independentista y actuar con determinación por su desobediencia a los fallos de los órganos judiciales españoles. La negativa de Torra es un nuevo desafío al orden establecido y, sin duda, una manera más de instrumentalizar las instituciones de todos los catalanes con fines electoralistas. Con la legislación por bandera, el Gobierno, en virtud del Art. 12.3 de la Ley Contencioso-Administrativa, debe solicitar de inmediato a un juez que ejecute la orden de la Junta Electoral Central a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si Torra no atiende a razones, que será un hecho probable si nos atenemos a sus antecedentes, el presidente de la Generalitat estaría incumpliendo la Ley de Seguridad Ciudadana y podría ser castigado con hasta 30.000 euros o, si va más allá, incurrir en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal que acarrea penas de hasta un año de prisión.

Si el Gobierno no actúa de inmediato y deja hacer a los separatistas evidenciará, una vez más, que Sánchez está dispuesto a lo indecible para no cerrarse pactos tras el 28-A y que no posee ninguna deferencia por la legalidad vigente. No obstante, si el Ejecutivo no actúa contra la instrumentalización de las instituciones públicas, la Fiscalía General del Estado sí debería velar por los derechos de todos los catalanes e iniciar las denuncias oportunas por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia al no retirar los lazos amarillos y las banderas independentistas, tal y como lo ha dispuesto el fallo de la Junta Electoral Central.

Que los lazos amarillos se retiren “sin fuerza y con derecho”
Juan Gonzalo Ospina okdiario 14 Marzo 2019

Conocíamos la obligación que le ha impuesto la Junta Electoral Central a la Generalitat para retirar los lazos amarillos de los inmuebles públicos, y otra vez más nos encontramos con el chulesco envite independentista que termina en la manifestación clara de la voluntad de no cumplir la ley; y, lo peor, quienes así proceden lo hacen desde las instituciones públicas, trasladando la impresión de que ellos están por encima de la ley. Pero obviamente no es así.

La Generalitat ni es la ley ni como institución puede ni debería desacatarla: al contrario, debería dar ejemplo de su cumplimiento. Los ministros Borrell y Celaá anunciaban que el Estado tiene recursos para hacer cumplir con la exigencia de la Junta Electoral. Y así es, sin fuerza y con derecho, sin entrar en escenas absolutamente evitables como las protagonizadas con torpeza y poca previsión aquel infausto 1-O.

El Estado, en efecto, goza en su estructura y en su propia praxis de armas normativas lo suficientemente poderosas para exigir a los responsables políticos y a los funcionarios cumplir la ley. Por un lado, están las acciones administrativas y la posibilidad de, en virtud del Art. 12.3 de la Ley Contenciosa-Administrativa, solicitarle a un juez que se ejecute la orden instada por la Junta Electoral, con el fin de requerirle a las fuerzas del orden que identifiquen a los responsables de los inmuebles para que éstos insten a retirarlas. De no cumplir las órdenes de los agentes, sus responsables podrían incumplir la Ley De Seguridad Ciudadana Art. 36.4 cometiendo infracciones graves de hasta 30.000 euros. Si la negativa continuara, podríamos estar ante un proceso penal de desobediencia de acuerdo con el Art. 556 del Código Penal con penas para sus autores de hasta un año de prisión.

Todo ello sin olvidar que la Fiscalía podría iniciar de oficio las oportunas denuncias por prevaricación y desobediencia para aquellos funcionarios y dirigentes políticos que, apercibidos formalmente para retirar los lazos o las enseñas ideológicas, vulnerando una orden de un juzgado y la neutralidad, no actuaran, pudiendo por lo consiguiente ser investigados e inhabilitados en sus funciones. La vieja, manida, caprichosa e infundada excusa de que estamos ante un acto de libertad de expresión es pura demagogia; porque nadie está por encima de la ley. Lo que busca la Junta Electoral no es limitar la libertad de expresión sino contener el partidismo ideológico de quienes, desde las instituciones, se aprovechan de su posición para hacer, ilegítimamente, actos de partido. La Señera, la bandera de España y la Constitución, son la ley, y con la ley en la mano, estas son las insignias que se han de exhibir en los edificios públicos que son de todos.

Puigmamón & Co
Cristina Seguí okdiario 14 Marzo 2019

Hace mucho que cada vez que Carles Puigdemont aparece en televisión me recuerda al Mocito Feliz. Lo recordarán, seguro, era aquel calvo y barbas malagueño que perseguía a la Pantoja y a los personajes del mundo rosa. Recuerdo cómo el tío persiguió a Julián Muñoz hasta la cárcel de Alhaurín. Aquel Mocito, que a estas horas imagino panza arriba en alguna playa de Motril, es la analogía carismática que me asalta espontáneamente la cabeza cada vez que veo a Puigdemont en un total televisivo desde Waterloo. Desde el día que salió de la “República” como conejo agazapado en el maletero junto a la rueda de cambio y el orinal del coche de su esposa. Transportarle acojonado desde el salón de casa hasta el túnel de Gerona, donde se cambió de ropa y de coche para esquivar a la Policía y la Guardia Civil, fue el más alto servicio que le rindió Marcela Topor, la mujer que el ex presidente de la Generalidad se compró por catálogo.

Ahora Puigdemont sigue haciendo de ‘Mocito chupacámaras‘ forzoso para compensar el martirio de Junqueras, quien le llama “Puigmamón” en las partidas intimistas de dominó jugadas en el presidio, e intenta, además, recuperar notoriedad asegurando que va a volver a Madrid con inmunidad para recoger su acta de eurodiputado. En una aparente prueba de rebeldía que sólo se creería un lobotimizado nivel Beatriz Talegón o aquel que no recuerde como el trilero, cagado hasta los tobillos, rogó a Rajoy “inmunidad jurídica” como condición para adelantar las elecciones autonómicas en la última semana de octubre de 2017. Desde entonces, Puigdemont, lleva dos años viviendo del diezmo del “Estado español” y haciendo de su día a día un truco para disfrazar al mayor cobarde y subsidiado del S. XXI de una especie de Rob Roy MacGregor del independentismo.

No vendrá a firmar su acta europea. Hace dos años, en lugar de ir a “votar” y de ser detenido por la Policía para convertir su existencia en un momento de gloria terrenal ante la cámara, salió pitando de “La República” como un vulgar camello que, una vez, vi en Mobilete huyendo de los Monegros. El 10 de octubre, en los mismos términos, y con el mismo miedo, en lugar de proclamar lo que tantas veces anunció que proclamaría en los días previos, hizo el simulacro de medio declarar la independencia para cancelarla acto seguido, creando hasta la desazón hormonal en sus propias filas y ofreciendo al Estado carta blanca para actuar e intervenir Cataluña por fin.

A su fama de chupacámaras sólo la mejora la de gallina. Puigdemont es jefe. Pero ser jefe del hospicio de cagados del independentismo no creo que le sirva de consuelo. “Carles” se cagó ante el Rey el 3-O, se cagaba con asiduidad ante la CUP cada vez que le amenazaban con no aprobarle los Presupuestos y mandarle a su granja de Gerona, y lo volvió a hacer cuando no se atrevió a parar el 1-O para no salir hecho fuet payés del Parlament. Se cagó ante aquel entrevistador belga la noche que éste le dijo en un debate que “si quería ganar un poco de dignidad, debía volver a España y encerrarse en prisión con sus amigos en lugar de estar en aquel estudio”. Como él, todos los que le seguían, ahora están escondidos esperando a que Puigdemont eche una meada para considerarlo un hecho histórico: Luís Llach, el duermeovejas oficial que chupaba suelo en el Parlament esperando a que le cayera lo suyo. Gabriel Rufián, el catalán psico de Súmate que empezó cobrando del paro mientras trabajaba para ERC. David Raventós, el huelguista de hambre indepe que acabó ingresado en un psiquiátrico. Sor Caram, la monja criolla trotaplatós con pulsión por los defraudadores, Messi y Artur Mas. Jubilatas paseándose en pijama de rayas por el Paseo de Gracia con una bola de corcho atada al pie, una bolsa amarilla, un gorro paquistaní y una bandera acubanada. Qué plantel, escolti, noi.

Los lazos invisibles
Teresa Giménez Barbat okdiario 14 Marzo 2019

La tuitera Elsa Artadi ha respondido a la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos ante las próximas elecciones generales, con una cita de Ana Frank, lo que demuestra que su desfachatez no tiene suelo. Bastaría con recordarle que los partidos europeos que más se han significado en el apoyo a Puigdemont flirtean con la xenofobia, empezando por el Vlaams Belang, referente de la ultraderecha flamenca y siguiendo por la Liga Norte, sin olvidar a Alternativa para Alemania ni a la Nueva Alianza Flamenca de Theo Francken, habitual en los homenajes a Bob Maes, orgulloso colaboracionista nazi –fue miembro de la Juventud Nacional Socialista de Flandes– y fundador en los años 50 de la milicia ultraderechista Vlaamse Militanten Organisatie, ya disuelta. El ministro consejero de la Embajada israelí en España, Assaf Moran, ha calificado de “vergonzosa” la comparación de Artadi, si bien esa categoría, ya digo, queda fuera del perímetro moral de la consejera de Presidencia.

Abyección y cursilería al margen –no es raro que vayan de la mano–, las palabras de Artadi, que en su extravío ha llegado a decir que España prohíbe los colores en Cataluña –no se ha atrevido a lamentar que la JEC condene a los catalanes a una existencia en blanco y negro, pero todo se andará–; su declaración, decía, evidencia también hasta qué punto el nacionalismo ha interiorizado que las instituciones son de su propiedad. La lazificación de las sedes gubernamentales tan sólo añade aparatosidad a una práctica habitual en Cataluña, una comunidad donde, no lo olvidemos, un presidente de la Generalitat llegó a decirle a un adversario –al único real, de hecho– cuán permisivos eran ‘ellos’, que le autorizaban a hablar castellano en TV3, y donde el Gran Timonel hizo bandera de la permanente identificación entre Cataluña y él mismo. Donde las sedes de las consejerías, en fin, siguen haciendo ostentación de toda clase de simbología procesista y nada, ni siquiera el 155, ha logrado impedirlo.

Así lo ha propiciado un inercia de casi 40 años de gobiernos nacionalistas, un periodo en que la normalización del catalán corrió pareja a la del credo de sus normalizadores, al punto que lo anómalo fue que en un edificio oficial no hubiera algún tipo de excrecencia ideológica, ya fuera en forma de cartel, adhesivo o díptico. Se trataba de que el común de los ciudadanos se enterara de quién era el dueño de la finca, que notara el aliento del poder. Tal vez la escuela ha sido el medio en que la coerción se ha manifestado de forma más grosera, pero no ha sido el único: todos los ámbitos y niveles de la Administración se han caracterizado por una especie de electrificación que le hacía saber al usuario que aquello que pisaba era algo más que una oficina de atención al ciudadano, algo más que una dirección general, algo más que una delegación.

El PSOE, que ya en noviembre tumbó en el Congreso la proposición de ley sobre símbolos que plantearon Ciudadanos y el PP, no ha tenido más remedio que reclamar, sin apenas alharacas, que se cumpla la resolución de la Junta Electoral, instada por Ciudadanos. Una atonía que vuelve a poner de manifiesto que Sánchez no tiene ningunas ganas de incomodar a quienes considera sus aliados naturales. Y que demuestra que la decisión de Rivera de no pactar con él no carece de fundamento.

Torra se monda, el golpe
Pablo Planas Libertad Digital 14 Marzo 2019

Que dice Torra que le da la risa, toda vez que arriesga una multa de entre trescientos y tres mil euros y la remota posibilidad de un procedimiento penal por desobediencia.

El presidente de la Generalidad, Quim Torra, acaba de "desestimar" la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos, banderas esteladas y la propaganda separatista de los edificios públicos de la administración autonómica. Que dice el representante ordinario del Estado en Cataluña que le da la risa, toda vez que arriesga una multa de entre trescientos y tres mil euros y la remota posibilidad de un procedimiento penal por desobediencia, que es un delito tan venial y de postín que ni siquiera implica un cuarto de hora de cárcel.

Los edificios que lucen lazos amarillos son todos aquellos en los que, de momento, el golpe de Estado va ganando o como mínimo no ha perdido. Los hay de todo tipo, empezando por el palacio de la Generalidad y la casa consistorial de Barcelona y desde hospitales hasta consejerías, delegaciones, oficinas y almacenes de las administraciones regional y locales.

La república no existe, pero existe. Es como el famoso gato de Schrödinger, cuya suerte se conocerá casi con toda seguridad el próximo 28 de abril. Si el separatismo queda en condiciones de condicionar el Gobierno de España, la república estará más viva que nunca. Tal vez por eso, por si acaso, no debe estar previsto que ante la negativa de Torra la Junta Electoral Central inste al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a que ordene a los Mozos de Escuadra retirar la propaganda partidista de los edificios públicos. Y mira que los comisarios de los "Mossos" que han pasado hasta ahora por el Tribunal Supremo se han declarado fans de la autoridad judicial. Seguro que ante la más mínima sugerencia de cualquier señoría, los policías de la Generalidad se ponían a arriar esteladas y quitar lazos a todo trapo. Podrían empezar mismamente por la sede de consejería de Interior.

El golpe se juzga en el Tribunal Supremo, pero el golpe continúa activo, como la paradoja del felino. Los lazos amarillos en las dependencias públicas se pueden interpretar como una prueba de rebelión o como una muestra de adhesión al actual orden vigente en Cataluña, que es en el que Torra pasa millas de la Junta Electoral y en el que la república es inminente, un par de años no más si en las próximas generales se confirman los pronósticos de una mayoría de socialistas, podemitas y separatistas.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de que Santi Vidal se reincorpore a la carrera judicial. Santi Vidal es el juez que redactó la constitución catalana que negaba de entrada la ciudadanía catalana a los nacidos fuera de Cataluña y con más motivo si eran o habían sido funcionarios del Estado español. Se prohibía además cualquier partido que cuestionara que Cataluña sea una nación o su presunto derecho a un Estado propio. Vidal figura como investigado en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Fue denunciado por Vox porque presumía de que la Generalidad había conseguido de manera ilegal todos los datos fiscales de los residentes en Cataluña. Fue en sus tiempos de senador de ERC. Había sido suspendido por el Consejo General del Poder Judicial al trascender que redactó la "Constitució". El hombre dijo que aprovechaba sus ratos libres para diseñar la arquitectura jurídica del estado catalán en compañía de una decena de colegas que se negó a identificar. Tuvo que dimitir de senador por bocazas a la que el 13 admitió la querella de Vox, pero se le dio un cargo en un consejo asesor de la Generalidad. Y ahora vuelve a la judicatura que odia.

Se teme Vidal que le asignen un juzgado en Melilla y ha lamentado en TV3 no regresar a la vida judicial como magistrado de la república independiente de Cataluña. Sin embargo, afirma que tomará posesión, aunque sea en Las Hurdes. De nuevo el amigo Schrödinger. El juez a la fuerza, un juez atenazado por una justicia que juzga injusta pero de la que vive y a la que representa, el juez que anhela una nueva justicia catalana.

Vidal aceptará el juzgado que sea no sea que ganen Vox, Ciudadanos y el PP y permanecerá a la espera de mejor ocasión para derribar al Estado que le paga y contra la Constitución que juró o prometió cumplir. Y eso es posible como es posible que Torra se ría de la Junta Electoral. Mientras tanto, las defensas de los golpistas se quejan de que no hay igualdad de armas e interrumpen a la Fiscalía cuando les rota. Cosas que pasan cuando se juzgan delitos que no sólo se han cometido sino que se están cometiendo.

Bronca en C’s en Baleares: el portavoz en el Parlament critica al candidato al Govern por su política sobre la lengua
OKDIARIO  14 Marzo 2019

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament balear, Xavier Pericay, ha criticado este miércoles en Twitter al candidato de la formación a la presidencia del Govern, Marc Pérez Ribas, por atribuirse "la potestad de modificar a su antojo, basándose en un supuesto deseo de no se sabe qué gente, uno de los pilares fundacionales del ideario del partido".

Así se ha expresado Xavier Pericay en alusión a las declaraciones de Pérez Ribas sobre la posición de C’s Baleares en temas lingüísticos, en las que el candidato apuntaba que durante la legislatura la formación se había “centrado en exceso” en este asunto y avanzaba que la lengua no sería un tema “capital” a la hora de negociar acuerdos.

En declaraciones a los medios este lunes, Pericay recalcó que en las primarias del partido “no estaba en juego ninguna orientación ideológica de C’s” y que en el proceso no se elegía al presidente de Ciudadanos en las Islas.

El portavoz parlamentario -que también es miembro del Comité Ejecutivo en Madrid y responsable del área de Educación del partido- consideró a Pérez Ribas “el justo ganador” y descartó integrarse en su lista.

Otro cargo del partido también ha reaccionado en la red social a las declaraciones del recién escogido candidato. El diputado de C’s en el Congreso por Baleares, Fernando Navarro, ha recordado que “C’s es el proyecto ilustrado nacido para combatir el tribalismo excluyente nacionalista”, y que ello “incluye combatir la perversión que supone utilizar la lengua para la construcción identitaria nacionalista”.

Marc Pérez, antiguo secretario de la Agrupación de Palma de Ciudadanos, ganó las primarias con el 49 por ciento de los votos, en un proceso con un 54 por ciento de participación.


 


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