AGLI Recortes de Prensa   Martes 19  Marzo 2019

El electoralismo destruye empleo
Editorial ABC 19 Marzo 2019

La receta aplicada por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia laboral, consistente en disparar el salario mínimo interprofesional y las cotizaciones sociales, ya se está traduciendo en una menor creación de empleo y, por tanto, en la desaparición de puestos de trabajo en comparación con los datos cosechados en el último lustro. El encarecimiento de los contratos ha frenado el ritmo de afiliación a la Seguridad Social en los meses de enero y febrero, especialmente en las regiones con peores sueldos, como Extremadura y Canarias, donde el empleo crece un 20 por ciento menos. Además, la contratación indefinida ha pasado de registrar un aumento del 18 por ciento interanual en 2018 a caer un 3,2 por ciento en febrero, el primer descenso en cinco años. Y lo mismo sucede con los autónomos, ya que pagarán unos 3.000 euros más al año por cada trabajador contratado, lo que dificulta la generación de nuevos puestos. Sánchez no solo subió el SMI más de un 22 por ciento de forma unilateral -sin contar siquiera con la opinión de los empresarios, que ya habían acordado previamente con los sindicatos un incremento progresivo-, sino que lo hizo ignorando por completo las advertencias lanzadas por los principales organismos económicos, desde el FMI y la OCDE hasta el Banco de España, e incluso la propia Seguridad Social. Y ello sin contar que también pretende derogar, al menos parcialmente, la reforma laboral, la gran artífice de la reducción del paro que ha experimentado España.

La única fórmula para que los sueldos crezcan de forma sana y sostenible es mejorar la productividad. La histórica subida del SMI aprobada por el Gobierno destruirá empleo y perjudicará, sobre todo, a los trabajadores más vulnerables, al igual que las alzas fiscales. Sánchez repite los errores de Zapatero.

La herencia económica que deja el Gobierno de Pedro Sánchez
El Ejecutivo lega un escenario repleto de retos, comenzando por la reducción del segundo mayor déficit de la Eurozona
Javier Tahiri. Susana Alcelay. Guillermo Ginés. ABC 19 Marzo 2019

La economía española observa la desaceleración europea y global mientras celebra elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas, una alineación de urnas que paraliza toda reforma y capacidad de maniobra hasta bien entrado el verano, viendo que la formación de Gobierno será difícil. Porque la economía que dejan los escasos diez meses del Ejecutivo de Pedro Sánchez dibuja un escenario repleto de advertencias y reformas pendientes: desde una desaceleración del crecimiento económico, que en 2018 cerró con un aumento del 2,5% que supone su menor cota en cuatro años, pasando por un consecuente menor aumento del empleo, un deterioro de las exportaciones y del saldo con el exterior y una productividad que, por primera vez en años, fue negativa en 2018. «Hay un riesgo de que la incertidumbre política y las elecciones impacten sobre la economía», añade el decano del Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández.

En un escenario de menor brío de la economía europea y mundial, las arcas públicas apenas tienen margen para reaccionar. La deuda pública, que en 2008 era del 39,5% del PIB, ahora está en el 97,1%, lo que deja al Gobierno sin salvavidas fiscales si estalla una nueva crisis o ante un encarecimiento de la financiación, que se producirá cuando el BCE suba tipos. Realmente el pasivo no bajará con contundencia hasta que no se reduzca un déficit que con el 2,7% del PIB sigue como el segundo mayor de la Eurozona: solo lo superó Francia. Y con el gasto aumentando con fuerza, con un desembolso en pensiones que ya vuela sobre los 153.000 millones este año.

Hasta el momento la desaceleración en el resto de Europa está siendo peor que en nuestro país. El Banco de España asume que la economía nacional muestra una «mayor resistencia» que la Eurozona: con un crecimiento sobre el 2% para este año, será superior al de países como Italia, en plena recesión, o Alemania, que para este año prevé un magro 0,8%. La UE creció en 2018 un 1,9%, seis décimas menos que España.

Pese a ello, la CEOE empeoró hace unos días su previsión de crecimiento al 2,1% por «el menor crecimiento del empleo y de las exportaciones» y «la incertidumbre sobre el proceso de consolidación fiscal». El Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril tiene un ambicioso camino de reformas por emprender.

Un ajuste de 2.000 millones aguarda tras las urnas
La principal preocupación que deja el Gobierno de Pedro Sánchez son las cuentas públicas: el déficit cerró el año pasado en el entorno del 2,7% del PIB y se encamina este año hasta el 2,4% según estimaciones de Hacienda, en lo que supone un desvío de más de 13.000 millones frente al objetivo aprobado hasta la fecha, del 1,3%. Sin embargo, Bruselas pide al Gobierno un ajuste estructural –es decir, más allá de la consecuente reducción por el crecimiento de la economía– del 0,65% del PIB este año: España cuenta con un margen de 0,5 puntos para incumplir a repartir entre este año y 2020 para adecuarse.

Por ello, al menos deberá aprobar un ajuste de 0,15% del PIB, casi 2.000 millones ya que ahora el ajuste es nulo, para no arriesgarse a que el año que viene la UE le abra un procedimiento de desviación significativa. Como España saldrá en mayo del brazo corrector, a partir de ahora la UE vigilará con mayor celo la deuda pública para que baje al 60% del PIB. Ahora está en el 97,1% y supone la quinta mayor de la UE.

El empleo pierde fuerza por el alza de cotizaciones y del SMI
El mercado laboral se debilita y no ayuda que desde enero las empresas paguen más cotizaciones y un salario mínimo de 900 euros, un 22,3% más. Hay consenso entre los analistas en que la desaceleración del empleo que comenzó el pasado año se mantendrá en 2019 y será más profunda en el segundo trimestre por el menor crecimiento y el alza de costes.

Los datos de afiliación a la Seguridad Social de los primeros meses del año ya apuntan en esta dirección. En enero se perdieron 204.865 afiliados, el peor comienzo de año desde 2013 y en febrero, aunque se generaron 69.172 puestos, fue la menor subida desde 2016. En términos desestacionalizados los ocupados han crecido en algo más de 38.000 personas, tanto en enero como en febrero. Pese al frenazo, los datos anuales reflejan que la afiliación mantuvo la tendencia positiva al incorporar 524.958, nuevos cotizantes. Esto supone el 2,86% más que hace un año, con lo que el ritmo de creación de empleo baja al nivel de noviembre de 2018.

Como ya informó ABC la desaceleración también se está dejando sentir en las contrataciones, que en febrero cayeron un 15,45% y un 3,31% las indefinidas frente a un crecimiento superior al 18% en 2018.

Esta ralentización general del mercado, aunque aún sea leve, se está dejando sentir en el gasto en prestaciones por paro. En enero -llevan un mes de retraso respecto al resto de cifras- crecieron un 11% en el número de solicitudes de prestaciones y ayudas por desempleo; y del 16,6% en el caso de las demandas de prestación contributiva.

«Si por el menor crecimiento, el aumento de la ocupación iba a ser inferior a 2018, cuando se crearon 500.000 empleos, con las nuevas medidas -subida del SMI y de las cotizaciones- el avance del empleo en 2019 será más reducido, por debajo de 400.000 ocupados», dice la CEOE.

El déficit comercial en 2018 fue el mayor en siete años
La aportación del sector exterior volvió a ser negativa en 2018 y el déficit comercial ascendió a los 33.840 millones de euros, su mayor cota desde 2011. Pese a que las exportaciones marcaron récord y crecieron un 2,9%, las importaciones aumentaron con más fuerza, un 5,6%, en parte explicado por el aumento del consumo pero también por la apreciación del petróleo. Para 2019, la CEOE prevé un menor ritmo de crecimiento por el aumento de los costes laborales, ante incrementos de los salarios que ya superan el 2% en febrero por convenio, y el menor fuelle de Europa, principal cliente de España. Ello es un indicio de que la economía puede estar perdiendo competitividad.

Ello explica también que pese a otro año de récord de turistas, el superávit por cuenta corriente de España con el exterior se redujera a la mitad: 10.144 millones frente a los 21.512 de 2017.

La venta de coches es uno de los indicadores que más se ha deteriorado en los últimos meses. Las matriculaciones, que cerraron febrero con una caída interanual del 8,8% tras situarse en 100.701 unidades, acumulan ya un semestre a la baja.

Las asociaciones de fabricantes y concesionarios achacaron los primeros meses de caídas a la entrada en vigor, en septiembre, del nuevo sistema de medición de emisiones, el WLTP. Un condicionante al que se ha añadido, en los últimos meses, la incertidumbre jurídica que rodea a los vehículos diésel tras los anuncios del Gobierno, según explican desde el sector.

La venta de coches es uno de los indicadores que mejor reflejan las perspectivas económicas. Por ello, los expertos avisan que una caída continuada de la estadística puede estar anticipando un frenazo del consumo.

Uno de los principales indicadores de la falta de competitividad de la economía española y de su modelo productividad es la productividad. Por primera vez desde que arranca la serie histórica del INE en 1995, España destruyó productividad en 2018. El desempeño por hora trabajada cayó un 0,25%, lo que contrasta con el 1,1% que aumentó en 2017. Un acontecimiento que contrasta con el aumento de los salarios, del 1% en 2018. El discreto papel del rendimiento se explica por varias razones.

De media, la productividad solo ha crecido un 0,3% entre 1995 y 2013, el segundo menor aumento entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ello se explica por varias razones: en primer lugar por la elevada temporalidad. Los empleados definidos suelen ser menos productivos que los indefinidos. Con un 26,7% del total de los contratos, España es el país de la UE con mayor temporalidad y el tercero de la OCDE, solo superado por Chile y Colombia.

El músculo de sectores poco productivos como el turismo o la construcción -que por cuarto año consecutivo, fue la rama económica que más empleo creó en 2018-, o el elevado abandono escolar que deriva en un mayor porcentaje de empleos con poca cualificación, terminan de explicar este desajuste. A ello se le suma el reducido tamaño de la empresa española media frente a sus pares europeas, lo que también lastra este indicador. Para mejorar, el Colegio de Economistas de Madrid reclama reformas en el mercado laboral, educativas y para las compañías.

Casado, político honrado
Pío Moa GCT  19 Marzo 2019

Es posible luchar contra la desinformación y manipulación subvencionadas si más y más personas se sienten comprometidas en la tarea Una hora con la Historia es parte de la batalla cultural, base de todas las batallas políticas, por lo que invito a los oyentes del programa a participar en ella, difundiéndolo y apoyándolo económicamente mediante una aportación mensual. La cuenta para la colaboración económica es: BBVA, “Tiempo de ideas”, ES09 0182 1364 3302 0154 3346.

La comparación entre Franco, Churchill y Roosevelt puede ser muy significativa: https://www.youtube.com/watch?v=1wynyIvLcaU
europa: introduccion a su historia-pio moa-9788490608449

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Para difundir en las redes y demás. No olviden enlazar con el blog

*Dicen que Casado es un político honrado. ¿Lo es ahora o lo era cuando seguía en todo la política de Rajoy?

*Dice Casado que la profanación de la tumba de Franco le trae al fresco. El Doctor es más consecuente: planea hacerlo en función de la ley de memoria histórica, una ley de estilo norcoreano. Porque el Doctor es “demócrata” al estilo norcoreano. Como Casado, por cierto, que se limita al papel de ayudante.

*Una de las jóvenes promesas del PP “renovado”, homosexual orgulloso, está abiertamente al lado del Doctor para ultrajar los restos de Franco. He aquí a otro “demócrata” a la norcoreana o madurista.

*El propio segundo de Casado, otro homosexual orgulloso, se jacta de que entre sus jóvenes hay más “gays” que en los colectivos LGTBI. Va a abrir una competición de partidos a ver quién tiene más maricones y nenazas –que diría la ministra– en sus filas dirigentes.

*Se jacta el Casado norcoreano de que su partido aplicó el 155 en Cataluña. No, aplicó y financió todos los pasos hacia la secesión y vació de estado a Cataluña. Se vio forzado a aplicar un remedo de 155 por el discurso del rey y la reacción popular.

*Para el PP no hay enemigo mayor que VOX. Durante años trató de encerrarlo en un gueto protegido por muros de silencio, mientras promovía a Podemos. Roto el muro, intenta ahora desacreditar a VOX: dice que ayuda al Doctor. La farsa en la política española alcanza grados de fusión nuclear.

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El raca-raca del voto util
Cayetano González Libertad Digital 19 Marzo 2019

Déjese que los ciudadanos voten libre y responsablemente, sin exigirles que vayan con una calculadora al colegio electoral.

Faltan cuarenta días para la celebración de unas elecciones que serán trascendentales para el futuro de España. El resultado de las mismas se presenta absolutamente incierto, con una sola incógnita fundamental, que sólo se podrá despejar cuando se recuenten los votos en la noche del 28 de abril: ¿sumaran para poder gobernar el bloque compuesto por el PSOE, Podemos, los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos del PNV y Bildu? O por el contrario, ¿será el bloque del PP, Ciudadanos y VOX quien obtenga esa mayoría? Esta es la cuestión trascendental que está en juego en las elecciones del 28-A: la continuidad del gobierno frankenstein de Sánchez o la de un ejecutivo que defienda la Constitución, la libertad y la igualdad de todos los españoles.

Ante esa disyuntiva, el llamamiento al voto útil vuelve a ser una herramienta de esta larga campaña electoral. Dado el desmoronamiento de Podemos, el PSOE no está necesitando tirar mucho de ese llamamiento, y lo normal es que una buena parte de los cinco millones de votos que el partido morado consiguió en las últimas elecciones generales de junio de 2016 vaya al PSOE o se quede en casa. Donde la batalla tiene más intensidad es en el otro bloque, que se presenta dividido en tres, algo que no había pasado en ninguna elección general desde la transición política.

El llamamiento descarado al voto útil constituye una falta de respeto a los ciudadanos, porque entre otras cosas supone considerarlos poco capacitados para saber lo que tienen que votar. En esta ocasión, quien está liderando esa llamada al voto útil es el PP, so capa de que el sistema de reparto de escaños que establece la ley d’Hondt favorezca, en las provincias donde el número de escaños a repartir es inferior a cinco, al PSOE.

El líder del PP, Pablo Casado, fue un poco más allá de lo razonable cuando la semana pasada pidió públicamente a VOX que no se presentara en esas circunscripciones pequeñas para concentrar el voto en torno a los populares. La respuesta del partido de Abascal estaba servida en bandeja: "retiraros vosotros si queréis". El deseado entendimiento electoral entre estos dos partidos en esas provincias no parece factible en el momento presente, entre otros motivos, porque ¿quién es el que asegura que el PP va a estar por delante de VOX en todos esos lugares?; ¿quizás los que no detectaron ni de lejos que en Andalucía, VOX sacó doce escaños y 400.000 votos? Además, ese tipo de alianzas electorales, para que tengan alguna posibilidad de salir, requieren de tiempo y de una negociación discreta, algo que no se ha dado en este caso. Habrá que esperar a ver cómo queda el reparto de fuerzas entre el PP , VOX y Ciudadanos tras las generales del 28-A y las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo, para establecer el rol de cada uno de esos partidos a partir de entonces.

Es cierto que sin ese acuerdo electoral previo, se corre el riesgo de que un número de escaños no muy numeroso sean sin embargo decisivos para dar la mayoría al frente popular-populista-independentista liderado por Pedro Sánchez. Pero ante la imposibilidad a día de hoy de un acuerdo pre-electoral PP-VOX, lo que toca ahora es que los ciudadanos sean muy conscientes de lo que está en juego el 28-A; que los partidos constitucionalistas subrayen hasta la extenuación la gravedad del momento, y que eso conlleve una gran movilización del voto del centro derecha a cualquiera de las tres opciones que habrá en las urnas. A cuarenta días de las elecciones, no se puede hacer otra cosa.

Si las urnas certificaran un gobierno presidido por Sánchez con el apoyo de Podemos, independentistas y nacionalistas, entonces será la hora de que en el bloque de centro derecha se produzcan los movimientos necesarios para rehacer ese espacio, y donde todos tendrán que ser muy generosos. Pero de momento, déjese que los ciudadanos voten libre y responsablemente, sin exigirles que vayan con una calculadora al colegio electoral. Más que repetir el raca-raca del voto útil, subráyese la trascendencia del momento y hágase el llamamiento al voto masivo y responsable.

Subversión permanente
PLÁCIDO FERNÁNDEZ-VIAGAS El Mundo 19 Marzo 2019

Cuando Curzio Malaparte escribió su Técnica del Golpe de Estado no previó que en el siglo XXI se pudiera ejecutar simplemente mediante la burla sistemática de la autoridad y la utilización fraudulenta de los instrumentos ofrecidos por el Estado de Derecho, sin necesidad de mayor artificio. Los independentistas catalanes vienen actuando con notable éxito en esta forma mucho antes de los sucesos del 1 de octubre de 2017.

Ahora se niegan a acatar los acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) al parecer con el argumento de que vulneran la libertad de expresión, sin tener en cuenta el dato elemental de que los límites de dicha libertad no pueden ser fijados a su conveniencia. Para colmo, parecen creer que se arriesgan exclusivamente a la imposición de una multa de 300 a 3.000 euros. Lo que pretenden, mediante la utilización de recursos, es que la orden de la Junta Electoral no pueda hacerse efectiva a tiempo, es elemental, y debiera tenerse en cuenta lo siguiente:

Primero.- La Junta Electoral Central, que tiene por específica finalidad garantizar la transparencia, imparcialidad y objetividad de los distintos procesos electorales, debe considerarse como autoridad a los efectos del vigente Código Penal. Quienes se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a sus decisiones, órdenes o acuerdos pueden incidir en los tipos de desobediencia previstos en nuestro ordenamiento. Es verdad que la LOREG prevé la sanción de 300 a 3.000 euros para la infracción de sus preceptos, pero, y se dice expresamente, siempre que no constituya delito. Si lo fuera -es el caso, apunta la JEC-, nos encontraríamos en otro campo.

Segundo.- Cuando el obligado al cumplimiento de un acuerdo de la Junta Electoral Central niega su legitimidad, pone en cuestión el ordenamiento constitucional o utiliza de manera fraudulenta sus recursos para eludirlo, no está infringiendo determinada normativa, que también, vulnera el Código Penal. El que conscientemente se sitúa al margen del Derecho deberá atenerse a las consecuencias. Lo contrario sería una burla no susceptible de ampararse, pues el sistema jurídico rechaza el absurdo. Es a la autoridad judicial a la que corresponderá establecer las sanciones por su desobediencia, adoptando además de inmediato las medidas conducentes a restablecer el orden violado. Es decir, proceder a retirar los símbolos partidistas de los establecimientos públicos.

Tercero.- Con todo esto, se vuelve a poner de manifiesto el absurdo que supone rechazar la aplicación del artículo 155 de la Constitución con la argumentación de que la Generalitat no está dando motivos racionales para ello. ¿Cómo es posible? El delito que pudieran haber cometido los dirigentes del procés, actualmente sometidos a juicio penal, sea rebelión, sedición o desobediencia, el Supremo lo dirá, no ha cesado sus efectos. Igual que se mantiene la presidencia teórica de Puigdemont, se rechaza la autoridad del Rey y del Tribunal Constitucional, y se pone en cuestión la jurisdicción de nuestros tribunales, ahora se niega el acatamiento de las órdenes de la autoridad electoral. ¿No atenta todo ello gravemente al interés general de España? Por supuesto que es necesario el diálogo, pero nunca con quienes quieren destruir el Estado.

Plácido Fernández-Viagas es doctor en Ciencias Políticas y magistrado jubilado.

Vil y miserable
OKDIARIO  19 Marzo 2019

Álvaro Cano, uno de los sargentos de la Guardia Civil agredido en Alsasua en 2016 por proetarras, ha pedido formalmente el traslado de destino después de recibir una carta amenazante contra la integridad de su hija de un año y medio de edad. Han transcurrido más de dos años desde las brutales agresiones contra los agentes y sus parejas, sin embargo, y a tenor de este hecho, se sigue respirando esa violencia ideológica que tras la disolución de ETA creíamos olvidada y derrotada. Amedrentar a ciudadanos que cumplen con sus obligaciones cívicas y profesionales a través de la intimidación y la amenaza, tal y como hacen los agresores proetarras blanqueados desde las instituciones por EH Bildu, es de una vileza indescriptible que debería tener una respuesta inmediata desde el Gobierno.

No obstante, y a pesar de los hechos probados, todavía hay quienes defienden que el salvaje ataque en Alsasua fue una simple refriega de bar. Los hay que, incluso, niegan que en Navarra y País Vasco aún perviva esa atmósfera de rencor e intolerancia contra todo lo que procede del Estado español que, jamás lo olvidemos, dejó por el camino a más de 800 víctimas mortales. Una de la cuales, recuérdese, murió de manera sangrienta en esta misma localidad navarra. Sebastián Arroyo, un guardia civil que había abandonado el cuerpo y se ganaba la vida como operario en la fábrica alsasuana de Igartex, fue asesinado sin escrúpulos y a quemarropa por los pistoleros de ETA mientras regresaba a su casa junto a su esposa y sus cuatro hijos.

En ambos casos, aunque afortunadamente con dispares desenlaces, su único pecado es el de pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que velan por la integridad de todos. Es indigno que desde el entorno abertzale pidan prebendas para los etarras encarcelados, pero lo que resulta aún más bochornoso es que el Ejecutivo se las conceda, aun sabiendo que va en detrimento de la armonía democrática quebrada durante años por el terrorismo de ETA. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no debería obviar la gravedad de esta amenaza al sargento Cano y amparar de una manera efectiva a los agentes que están bajo la protección de su cartera. Sólo la determinación y la firmeza de las instituciones públicas contra los proetarras que no respetan ni la ley ni el marco constitucional serán capaces de cohesionar una sociedad que, a todas luces, aun sigue necesitada de sutura.

Los "chulos" españoles
Pablo Planas Libertad Digital 19 Marzo 2019

Que el separatismo es pura manipulación se demuestra no sólo en las deposiciones de sus acusados y cuadros en el Tribunal Supremo sino en la interpretación y adjetivación de los medios afines respecto a sus actos y manifestaciones. Así, la proclamación de la república en el Parlament fue un acto simbólico sin trascendencia jurídica, Trapero iba a detener a Puigdemont y los manifestantes de Cibeles, 18.000 según la Delegación del Gobierno de la capital, eran en realidad 120.000 titanes que protagonizaron un acto histórico, superlativo, colosal y relleno de dignidad, coraje y blablablá. Y nada menos que en el nido de la serpiente, el corazón del Estado represor, la Caverna, Madrid. ¡Qué fuerte, nen!

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) daba por bueno el recuento de cuarenta mil personas de la Delegación del Gobierno relativo a la manifestación de PP, Ciudadanos y Vox en Colón y se había propuesto superar esa cifra con holgura. Ese era el objetivo, dar una lección a la derecha carpetovetónica, pero las imágenes de Colón y Cibeles no aguantan la comparación. El acto separatista fue un pinchazo de manual, un fiasco de convocatoria definido por los organizadores y sus medios como un éxito sin precedentes con el que el independentismo demostró en la capital de España su carácter cívico, pacífico, festivo y familiar. Lo que viene siendo otra jornada histórica.

La conversión de una excursión con degustación de salchichones en una incursión épica tras las líneas enemigas es una práctica habitual del separatismo. La propaganda es una de sus estructuras de Estado y los medios operan en un régimen de monopolio ideológico capaz de ensalzar al mayor Trapero y linchar al comisario Castellví por decir exactamente lo mismo en el juicio a los golpistas. En Cataluña, la realidad es lo de menos, por lo que conclusión generalizada en una parte de la sociedad es que sus "presos políticos" y letrados van ganando el juicio por goleada, que Puigdemont es el mejor, Junqueras, un santo, Trapero, un caballero y en Madrid hubo 120.000 personas. Y chimpún. Las "fake news", un juego de niños.

Los separatistas no se cansan de dar lecciones en las asignaturas de democracia, dignidad, coraje, etcétera, etcétera. "Históricos" de la talla de Artur Mas o Carles Sastre, el asesino fundador de la banda terrorista Terra Lliure, se dieron cita junto a Quim Torra y Gabriel Rufián en la cabecera de la marcha. Ni una papelera lastimada, ni un papel en el suelo, acentúan los medios independentistas, más preocupados por el mobiliario urbano que por las personas a tenor también de las preguntas que no hacen cuando entrevistan a exterroristas. Otra clase magistral de urbanidad de los buenos catalanes, esta vez a domicilio.

Un día después de la exhibición, el consejero regional de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalidad, Jordi Puigneró, respondía en Twitter a unas declaraciones de Pedro Sánchez contrarias a la independencia en los siguientes términos traducidos del catalán: "Llevan 300 años perdiendo territorios, pero por chulos que no quede... No han aprendido nada de la historia. De hecho no han aprendido nada". ¡Ojo! Palabra de Puigneró. "Chulos" españoles, zoquetes que no entienden nada de nada, lentos, que somos unos lentos. Y así todos los días.

Una carta contra su integridad
El sargento apalizado por los proetarras deja Alsasua tras ser amenazada su hija de año y medio
Segundo Sanz okdiario 19 Marzo 2019

Un acoso que recuerda al patrón de odio seguido durante años por la organización terrorista ETA, remitente de misivas intimidatorias contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, políticos, empresarios o periodistas, entre otros.

El guardia civil de los dos agredidos en Alsasua que todavía permanecía destinado en esta localidad navarra tras el ataque de encapuchados proetarras en octubre de 2016 se ha visto obligado a solicitar un traslado, que le ha sido concedido, según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO de fuentes del Instituto Armado.

La decisión tomada por el sargento Álvaro Cano y su pareja —también agredida en el episodio del bar Kotxa— se ha producido tras recibir una carta amenazante contra la integridad de su hija, de sólo año y medio de edad, apuntan las mismas fuentes.

Un acoso que recuerda al patrón de odio seguido durante años por la organización terrorista ETA, remitente de misivas intimidatorias contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, políticos, empresarios o periodistas, entre otros.

El sargento llevaba destinado en Alsasua apenas 20 días cuando en la madrugada del 15 de octubre de 2016, vestido de paisano, fue objeto de la brutal paliza junto a su compañero teniente y las novias de ambos. Tenía entonces 33 años y ya han transcurrido más de dos.

Hostigamiento
En su declaración en el juicio, en abril de 2018, la pareja del sargento describió lo difícil que seguía siendo su situación en Alsasua. Como residentes en la localidad navarra, dijo que ella y su compañero eran sometidos “a un juicio de valor en el que te sientes la agresora en vez de la víctima”. “Vivimos constantemente pidiendo perdón y dando explicaciones”, resumió la mujer. El hostigamiento de la ignominia.

Por su parte, el sargento afirmó al tribunal que él estaba “acostumbrado a situaciones violentas, de estrés, por mi trabajo, pero esa situación nunca la he vivido. Temí por mi vida porque estábamos en inferioridad y esa sensación de odio y de rencor que tenían por ser guardia civil no la he sentido nunca”, enfatizó.

Cano también relató que la vida de su pareja era “inexistente”, limitándose a estar en la casa-cuartel con las mujeres de los otros guardias civiles e ir a hacer la compra una vez a la semana a un supermercado. También dijo que evitaban ir al médico en Alsasua y que lo hacían en un pueblo cercano. Además, contó que al año de la agresión, ella perdió un pecho y tuvo que amamantar a su niña sólo con uno.

Ahora, esa ira de los radicales dirigida contra la pequeña ha sido la gota que ha colmado el vaso, llevando a los padres a evitar un mayor riesgo. Un hecho de extrema gravedad que les ha conducido a solicitar el traslado, siendo aprobado por los superiores de Cano.

Por su parte, el teniente Óscar Arenas, del que se supo el pasado octubre que se encontraba en un nuevo destino, en este caso Alfafar (Valencia), ha mantenido desde entonces su preocupación por sus compañeros del cuartel de Alsasua y, sobre todo, por el sargento. Ahora, esa carta siniestra contra la hija de este último confirma su sospecha y corrobora su inquietud.

“Discriminación”
El pasado 7 de marzo, la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional confirmó las penas de prisión de entre 2 y 13 años para siete de los ocho radicales condenados por agredir a los dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua. En su resolución, los magistrados desestimaron la tipificación de delito de terrorismo que había solicitado la Fiscalía, pero ratificaron el “agravante por discriminación ideológica”.

Lengua y encuestas
Francesc Moreno cronicaglobal 19 Marzo 2019

Llama la atención la falta de encuestas sobre un tema tan controvertido como el modelo lingüístico escolar catalán basado en el uso exclusivo del catalán como lengua vehicular. Ni CEO, Ni CIS, ni encuestadores privados preguntan sobre la preferencia de los catalanes en materia de lengua y escuela.

Como nada es casual en política, y menos en una cuestión tan polémica como esta, habrá que pensar que esta falta de interés por conocer la opinión de los catalanes a este respecto responde a razones políticas, concretamente a no poner en cuestión la tesis oficial de la Generalitat, los partidos nacionalistas y el PSC y los comunes. Según esta tesis oficial, no existe ningún problema, toda va viento en popa, es un modelo de éxito, los alumnos --milagro-- con dos horas a la semana de lengua castellana tienen el mismo nivel que en el resto de España, lo de algunos políticos cuasianalfabetos en castellano es una anécdota y, salvo algún desarraigado, todo el mundo da por bueno el sistema. Según la tesis oficial, el escrache al que son sometidos los padres y los niños que piden el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo sobre el uso del castellano como lengua vehicular en un 25% de las materias carece de relevancia a la hora de desincentivar las peticiones individuales.

No obstante, sí que existe al menos una encuesta, de GAD 3, empresa líder en el ranking de encuestadoras en los últimos años por su acierto, encargada por SCC hace unos años y que ha pasado desapercibida por el poco interés mediático. Ya sabemos de que pie cojean los medios públicos y los del editorial conjunto.

La encuesta, con una muestra de 1500 personas, preguntaba: según su opinión, ¿cómo cree que debería ser la enseñanza básica en Cataluña?:

-trilingüe (igual catalán, castellano e inglés), 33,8%
-bilingüe (igual catalán que castellano), 28,2%
-la mayor parte en catalán y alguna asignatura en castellano, 19,8%
-sólo en catalán, 14,4%
-la mayor parte en castellano, 2,1%
-sólo en castellano, 1,1%
-NS/NC, 0,6%

Para los desconfiados sobre la muestra, señalar que la misma encuesta dio resultados muy parecidos a los del CEO y el CIS en preguntas como el sentimiento de pertenencia o sobre la independencia. En concreto el 52,9% se declaraba no independentista y el 44,25% independentista. Sobre el sentimiento de pertenencia, el 26,1% se declaró exclusivamente catalán y el 34,6% tan catalán como español, por resaltar lo más significativo.

Así pues, volviendo sobre la lengua en la enseñanza, cuando se pregunta a los catalanes de forma directa sobre sus preferencias, responde lo que me parece lógico: mejor que los niños y niñas aprendan en dos o tres lenguas, que en una. Y esta es una respuesta no sólo de castellanohablantes sino también de muchos catalanohablantes que consideran que el conocer correctamente el castellano --no sólo entenderlo o expresarse bien oralmente para hacerse entender más o menos-- es una riqueza cultural y una ventaja de cara al mercado laboral en Cataluña, en España y en el mundo.

Vivimos tiempos en que cualquier argumento que ponga en duda lo políticamente dominante es criminalizado. Si se critica el velo islámico por machista, como hace cualquier feminista en un país musulmán, serás acusado de racista o --misterios de la vida-- de antifeminista. Si se defiende la enseñanza trilingüe en Cataluña, eres un fascista que quiere la desaparición del catalán. Hasta la propia Generalitat ha sido cuestionada cuando ha intentado corregir, aunque fuera ligeramente, la aberración actual. En Cataluña, como ha quedado claro en el TS, los gobernantes se pliegan a los ayatolás de las redes sociales para tomar sus decisiones.

Mi lengua materna es el catalán. Mi educación, en francés y castellano. Siempre he tenido dificultades para tener un léxico técnico en catalán y escribirlo sin faltas. Seguramente por ser mucho más torpe que la mayoría, si hago caso a la doctrina oficial en Cataluña.

No es ni ético, ni democrático, ni responde a los intereses objetivos de los catalanes, imitar a Franco pero a la inversa. El objetivo de ingeniería social es criar patriotas independentistas que identifiquen el castellano como algo ajeno y que su desconocimiento refuerce su vinculación emocional con el independentismo. Poca confianza tienen los indepes en la fortaleza de sus ideas. Si la tuvieran, recordarían que la mayoría de independencias se han hecho en la lengua de la metrópolis y que querer tener voto cautivo a base de amputar los conocimientos idiomáticos de los ciudadanos no es propio de patriotas sino de déspotas. A pesar de todo, soy optimista: el nacionalismo franquista no consiguió sus objetivos, el nacionalismo secesionista tampoco lo hará.

Nacionalismo franquista o eficacia
Nota del Editor 19 Marzo 2019

Esto de las preferencias de los catalanes suena a raro, porque primero hay que definir quien es catalán y eso si que es complicado. Y si se puede hablar de las preferencias catalanes, ¿que hacemos de las preferencias de los otros ? Según esto, los otros carecemosn del derecho a decidir. La cuestión de las lenguas regionales no es polémica, es un atropello a los derechos humanos, constitucionales y al sentido común.

Respecto al nacionalismo franquista, hay que recordar que en esa época estaban las calles de Cataluña llenas de los cadáveres que la Policía Nacional y la Guardia Civil habían hecho de todo aquél que se atrevió  a utilizar en público la lengua propia de Cataluña, en vez del español. Y cuando se despertaron ya eran independientes.

Profesores españoles en el extranjero arremeten contra Cambridge por su vínculo con el independentismo
El Foro de Profesores, un grupo de más de 200 docentes y profesionales ubicados en doce países, envía una carta a la Universidad para pedirle que no solo acoja discursos nacionalistas
Marina Alías vozpopuli.es 19 Marzo 2019

El Foro de Profesores, un grupo de más de 200 docentes y profesionales ubicados en doce países, ha enviado este lunes una carta abierta a la Universidad de Cambridge con copia al rector para protestar por la colaboración entre la reconocida institución británica "con el nacionalismo supremacista" del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su entorno.

La iniciativa llega una diez días después de que un grupo de alumnos españoles que estudian en la Universidad de Cambridge trasmitiesen a la dirección del centro sus quejas a través de otra misiva por haber permitido que la Catalan Society organizase una charla con la ex consejera fugada Clara Ponsatí y su abogado Aamer Anwar.

Tal y como publicó este diario, Anwar -que es a su vez representante de los estudiantes de la Universidad de Glasgow, en Escocia- habría asegurado que cuando terminase el juicio por el 'procés', "España debería ser juzgada en La Haya por crímenes contra la Humanidad", de acuerdo al testimonio de los alumnos españoles.

El Foro de Profesores, fundado por Alfonso Valero, antiguo profesor de litigios internacionales y derecho deportivo de la Universidad Nottingham Trent, solicita a la Universidad de Cambridge que, en aras a un debate equilibrado, dé también voz a las posiciones no nacionalistas.

Los firmantes de la carta buscan trasmitir su "decepción" al ver que la institución ha programado y anunciado recientemente charlas sobre política catalana por parte de Anwar e, incluso, de Torra. Finalmente, la del presidente de la Generalitat no se produjo. "Reconocemos y respetamos su derecho institucional a proporcionar un foro abierto y gratuito para la discusión de ideas legítimas", aseguran en el texto.

Sin embargo, los docentes españoles explican al centro académico que tanto Torra como el abogado de Clara Ponsatí "forman parte de una campaña internacional dirigida a cuestionar el estado de derecho, el separación de poderes y los mismos cimientos de la convivencia pacífica dentro de la democracia española".

Democracia plena
"España es una de las 20 democracias plenas en todo el mundo según los criterios objetivos establecidos por The Economist Intelligence Unit, y su sistema judicial tiene una de las tasas más bajas de las apelaciones permitidas al TEDH entre el sistema transparente basado en los derechos de la UE. El juicio del procés se televisa en vivo desde el Tribunal Supremo", explican a la Universidad de Cambridge.

Entre otros puntos, los profesores del foro fundado por Alfonso Valero inciden en que el "etnonacionalismo del tipo que predican sus invitados está detrás de algunos de los peores pasajes de la historia de Europa".

Según los académicos españoles en el extranjero, la llamada Constitución catalana que Quim Torra y sus aliados "intentaron aprobar ilegalmente para reemplazar el orden democrático de España y Cataluña" buscó, entre otras medidas "totalitarias", "negar la ciudadanía a un número significativo de personas, incluidos todos los funcionarios públicos del Estado".

Además, destacan que a los niños hispanohablantes se les impide estudiar en su lengua materna en Cataluña, perpetuando la marginación de algunos de los segmentos más vulnerables de la sociedad catalana. "La Generalitat multa sistemáticamente a los propietarios de pequeñas empresas por el uso del idioma español. mientras que el catalán, árabe o chino, por ejemplo, puede usarse sin prejuicios". señalan.

Malestar alrededor de Societat Civil por su giro catalanista
Su presidente pide que el Estado sea «generoso» con los presos del «procés»
Àlex Gubern ABC 19 Marzo 2019

«Los grupos de whatsapp están que arden contra Bosch». Societat Civil Catalana (SCC) tiene previsto aprobar un nuevo plan estratégico el próximo 29 de marzo que dará un giro a la entidad constitucionalista para situarla en el vagón de las asociaciones catalanistas. Una decisión que no está gustando a todos los socios, los colaboradores y los seguidores de una entidad que lideró el frente contra el secesionismo en 2017.

Con este enfoque, desde hace unas semanas, su presidente, Josep Ramon Bosch, viene desmarcándose de la línea que hasta ahora había seguido la entidad y que, en los últimos meses, compartía básicamente con lo defendido por el PP y Ciudadanos respecto a sus posiciones en relación al independentismo que lideraron Artur Mas y Carles Puigdemont, antes, y, ahora, Quim Torra.

Uno de los fundadores de SCC, que prefiere que no se publique su nombre, asegura que «las bajas de colaboradores y de los que ayudan económicamente se están notando». El motivo es que la nueva posición catalanista de SCC, que Bosch expone en sus entrevistas (en contra de aplicar el 155, a favor de la inmersión lingüística, a favor de que el Estado sea «generoso» con los procesados por el procés...), no se ajustan con el motivo fundacional de la entidad ni con la línea defendida por la asociación hasta la fecha.

De momento, esta deriva ha supuesto ya la salida de dos socios de SCC (la entidad tiene unos 120 aproximadamente y una red de miles de colaboradores): Susana Beltrán, ahora diputada autonómica de Cs, y Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe. También ha renunciado a participar en un próximo acto de la asociación Félix Ovejero, un referente intelectual en el constitucionalismo catalán, y se han mostrado en contra de las palabras de Bosch exdirigentes de SCC como José Domingo y Rafael Arenas.

En respuesta a los críticos, el propio Bosch, en un apunte en su cuenta de Twitter se defendió: «Curiosos “patriotas” en España, que me insultan y escupen desde sus sofás. Estuve en primera línea contra el separatismo y estaré en primera línea por la convivencia». Bosch, que ocupó la presidencia de SCC desde su fundación, recuperó el cargó en enero cerrando la crisis abierta durante la etapa de José Rosiñol.
 


 


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